Tras una inspección bajo estrictos protocolos de seguridad nacional, la Contraloría concluyó que el contrato para la adquisición de los aviones Gripen, firmado con la empresa sueca Saab, se ajustó a la ley y respondió a las necesidades estratégicas del país. Aunque el proceso y sus documentos están clasificados como información secreta y ultrasecreta, el ente de control tuvo acceso total al expediente y verificó cada una de las etapas de la negociación.De acuerdo con las conclusiones preliminares, la compra se realizó mediante contratación directa, una modalidad permitida para el sector Defensa, y estuvo precedida por un análisis de aeronaves ofrecidas por fabricantes de Estados Unidos, Francia, España y Suecia. Sin embargo, solo las propuestas de Saab y Dassault contaban con información técnica y financiera suficiente para una comparación real. En esa evaluación, la oferta sueca resultó la mejor, al ser más económica, con un valor contractual de 3.135 millones de euros, precio fijo y respaldo de vigencias futuras, además de iniciar entregas en un plazo más corto, clave para el reemplazo de los Kfir.La Contraloría también destacó que el contrato incluye la adquisición de 17 aeronaves nuevas, acompañadas de entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico y armamento estratégico de última generación. En la evaluación técnica realizada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que analizó nueve variables y 157 subvariables, el Gripen obtuvo el mayor puntaje, especialmente por su menor costo por hora de vuelo, su facilidad para operar en pistas cortas —incluso carreteras— y sus menores costos de sostenimiento al ser una aeronave monomotor.Otro punto clave fue el esquema de compensaciones (offset), que no incrementa el valor del contrato. El 85 % de estos beneficios tendrá un componente social liderado por el Ministerio de Comercio, mientras que el 15 % estará destinado a fortalecer la industria aeronáutica nacional y las capacidades de la Fuerza Aeroespacial. En materia financiera, el acuerdo contempla un anticipo del 40 %, pagadero entre 2026 y 2031, y el restante 60 % contra entrega entre 2028 y 2032, con garantías de cumplimiento, calidad y cláusulas penales bajo ley colombiana.Con base en esta revisión, la Contraloría informó que no encontró inconsistencias en la estructuración del contrato ni en el proceso de selección y anunció que, debido a la magnitud económica del negocio, mantendrá un seguimiento permanente a su ejecución durante el primer semestre de 2026.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y la aerolínea Satena confirmaron este miércoles el fallecimiento de los 15 ocupantes de la aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, tras accidentarse en Norte de Santander. "No hay sobrevivientes en el accidente de avión de Satena en Norte de Santander", puntualizó la ministra Rojas, al tiempo que la aerolínea emitía un comunicado oficial lamentando la pérdida de los 13 pasajeros y dos tripulantes que cubrían el vuelo NSE 8849 en la ruta Cúcuta-Ocaña.Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil señaló que se puso disposición "los equipos técnicos de investigación para establecer, con rigor y transparencia, las causas de este lamentable accidente, conforme a los protocolos nacionales e internacionales”.Así quedó el avión de SatenaCampesinos de la zona fueron los primeros en divisar los restos de la aeronave. Según testimonios y registros desde el lugar, el avión se encuentra en una zona de alta nubosidad, factor que pudo incidir en el siniestro, aunque falta la confirmación. La aeronave, operada por la firma Searca, despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m. y perdió contacto a las 11:54 a. m., agotando formalmente su autonomía de vuelo a las 2:00 p. m.La aerolínea Satena expresó sus condolencias y publicó el listado oficial de las víctimas, entre las que figuran líderes políticos, profesionales y la tripulación al mando:Pasajeros:Diógenes Quintero Amaya (Representante a la Cámara)Carlos Salcedo (Candidato a la Curul de Paz)Juan Pacheco Mejía (Exconcejal de Ocaña)Maira Sánchez CriadoRolando Peñaloza Gualdrón (Médico)Natalia Acosta SalcedoMaría Álvarez BarbosaMaría Díaz RodríguezMaira Avendaño RincónAnayisel QuinteroKaren Parales VeraAnirley Julio OsorioGineth RincónTripulantes:Cap. Miguel Vanegas (Piloto)Cap. José de la Vega (Copiloto)Satena informó que dispondrá de todos sus recursos para la atención humanitaria de las familias y colaborará activamente con la Aeronáutica Civil para esclarecer las causas de la tragedia. Por su parte, el Puesto de Mando Unificado (PMU) coordina ahora el traslado de los organismos judiciales a la vereda Curasica para realizar las labores de levantamiento y traslado de los cuerpos a Medicina Legal.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
En una operación conjunta desarrollada en la vereda Palma de Vino, en el municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), fue abatido Wilson Darío Ruiz Vélez, alias Moisés o 07, señalado cabecilla de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo. En el mismo operativo murieron cuatro hombres que integraban su esquema de seguridad y fueron capturados otros dos miembros de la organización.Durante la acción de la Policía y la Fuerza Aeroespacial, las autoridades incautaron fusiles, pistolas, proveedores y munición, además de equipos de comunicación como celulares, radios, memorias USB y una grabadora, así como material de intendencia utilizado por el grupo armado. El golpe se dio en una zona estratégica para la movilidad y el control territorial de esta estructura criminal en el centro del departamento.Alias “07” tenía una trayectoria criminal cercana a los 20 años, tras haberse desmovilizado de las antiguas AUC y reincidir en actividades ilegales. Dentro del Clan del Golfo había ocupado cargos de alto nivel, entre ellos segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y, posteriormente, jefe de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, consolidándose como uno de los hombres de confianza del mando regional.Su prontuario lo vinculaba con homicidios múltiples y selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y enfrentamientos armados con otras organizaciones criminales por el control de corredores de narcotráfico. Con su caída, las autoridades consideran que se debilita de manera significativa el accionar de esta estructura en el Magdalena y se impacta su capacidad de expansión hacia zonas del departamento del Cesar, reduciendo la presión criminal sobre comunidades rurales y urbanas de la región.
El anuncio de Ecuador de incrementar en más del 900 % la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) encendió las alarmas en el sector petrolero colombiano, especialmente en el sur del país, donde una parte clave de la producción depende de esta infraestructura para acceder a mercados internacionales. La medida, que elevaría el costo de transporte de cerca de 2,7 dólares por barril a aproximadamente 30 dólares, tendría un fuerte impacto económico y logístico para Colombia.El uso del SOTE se convirtió en una alternativa estratégica luego de la suspensión del Oleoducto Transandino (OTA), en el tramo Orito–Tumaco, en octubre de 2023. Las constantes interferencias ilícitas y pérdidas operativas, estimadas en cerca del 27 % del crudo transportado, hicieron inviable su operación, elevando el costo de transporte hasta unos 12 dólares por barril. Ante este escenario, los productores optaron por redireccionar las exportaciones a través de Ecuador, donde el SOTE ofrecía costos considerablemente más bajos y mayor estabilidad operativa.Sin embargo, el nuevo esquema tarifario anunciado por Ecuador, sumado a la decisión de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, cambia de forma drástica el panorama. Según el documento técnico, el incremento de 27,3 dólares por barril generaría un sobrecosto diario cercano a los 531.000 dólares, lo que equivaldría a unos 194 millones de dólares anuales, suponiendo que se mantenga el flujo actual de exportación.El impacto es especialmente sensible para la producción de la cuenca Caguán–Putumayo, que en 2025 exportó en promedio 19.452 barriles diarios a través del SOTE. Campos como Cohembi, Costayaco, Caribe, Orito y Moqueta concentran buena parte de este volumen, con una producción conjunta superior a los 22.000 barriles diarios. Este crudo pertenece tanto a Ecopetrol como a compañías privadas como Gran Tierra Energy, Parex Resources y Geopark, que hoy dependen de la infraestructura ecuatoriana para evacuar su producción.Frente a este escenario, los operadores evalúan rutas alternativas, entre ellas la exportación por el terminal de Coveñas, utilizando transporte terrestre como opción contingente. Aunque esta alternativa implica mayores retos logísticos, sería más competitiva que asumir el sobrecosto derivado del uso del SOTE bajo las nuevas tarifas.Expertos coinciden en que Colombia debe activar de manera prioritaria los canales diplomáticos y técnicos con Ecuador para revisar las condiciones de transporte y buscar una solución concertada que devuelva previsibilidad al comercio de crudo. De forma paralela, el país enfrenta el reto de reducir su dependencia de infraestructura externa y avanzar en soluciones estructurales, como la eventual reactivación o construcción del oleoducto Orito–Tumaco, que permitiría fortalecer la autonomía logística del sector petrolero en el sur del país.
Tras varios meses de seguimiento, investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, a través de una orden judicial, hicieron efectiva la captura de alias ‘Fresa’, señalado de ser el presunto autor material del asesinato de padre e hijo, hechos ocurridos en abril de 2025 en zona rural del municipio de La Plata, en el occidente del Huila.De acuerdo con el material probatorio de las autoridades judiciales, alias ‘Fresa’, acompañado de otras personas, llegó hasta la vereda El Retiro de esa localidad y, con arma de fuego, disparó contra la humanidad de Álvaro Cantillo Cerquera, de 62 años, y su hijo Jesús Javier Cantillo, de 29 años de edad, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.“Las labores investigativas continúan con el objetivo de identificar, judicializar y capturar a otros posibles responsables, tanto materiales como intelectuales, de este hecho criminal. Para ello, se mantiene el análisis riguroso de nuevas evidencias que permitan establecer plenamente los móviles y la participación de otras personas en este hecho”, dijo el teniente coronel Andrés Felipe Ávila, comandante operativo de la Policía del Huila.De acuerdo con las autoridades, el capturado, alias ‘Fresa’, registra en el sistema SPOA de la Fiscalía anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.Alias ‘Fresa’ fue imputado por los delitos de hurto y homicidio y, luego de las audiencias de legalización de captura, un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
La escalada en la tensión comercial entre Colombia y Ecuador, que incluye la aplicación de aranceles del 30 %, empieza a generar efectos negativos en varios sectores productivos del país. Uno de los más afectados es la industria del calzado en Bucaramanga, que mantiene una alta dependencia del mercado ecuatoriano.De acuerdo con Wilson Gamboa, vocero de Asoinducals (Asociación de Industriales del Calzado y Similares), entre el 15 % y el 18 % del calzado producido en Bucaramanga tiene como destino Ecuador, lo que convierte a ese país en un socio comercial clave para los fabricantes santandereanos.El dirigente gremial explicó que, aunque las exportaciones no se han paralizado por completo, el escenario actual ha obligado a los empresarios a modificar sus estrategias comerciales. “Estamos atravesando una coyuntura compleja. En muchos casos, se está negociando la mercancía en zona de frontera, mientras los compradores ecuatorianos analizan cómo ingresar los productos al país”, señaló.Según Asoinducals, los últimos envíos de calzado se realizaron entre noviembre y diciembre y, desde entonces, el flujo comercial ha disminuido considerablemente. Las pérdidas económicas para el sector ya se estiman entre 500 mil y 700 mil dólares, una cifra que preocupa al gremio por el impacto que tiene sobre el empleo y la sostenibilidad de las empresas.Gamboa recordó que, tras el debilitamiento del comercio con Venezuela, Ecuador se consolidó como uno de los principales mercados para el calzado fabricado en Bucaramanga. Hacia ese país se exportaba principalmente calzado femenino, con una composición aproximada del 70 % en material sintético y un 30 % en cuero.Ante esta situación, los empresarios del sector, con el acompañamiento de ProColombia, están explorando nuevos destinos internacionales y fortaleciendo contactos comerciales para reducir la dependencia del mercado ecuatoriano.Paralelamente, se mantienen diálogos con empresarios del vecino país, con el fin de preservar relaciones comerciales directas pese a las restricciones actuales.Gremios económicos advierten que la crisis comercial entre Colombia y Ecuador no solo afecta al sector del calzado, sino que también podría impactar una amplia canasta de productos, que incluye manufacturas, agroindustria y bienes del mar, si las medidas se prolongan en el tiempo.
Nuevamente, el departamento del Cauca es el escenario del terrorismo, pues un ataque con explosivos lanzados desde drones fue perpetrado en la tarde de este martes en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia.El hecho se registró en inmediaciones del parque central de esta población, muy cerca de la estación de Policía, donde se encontraba un numeroso grupo de personas que estaban exigiendo claridad sobre la muerte de dos jóvenes, ocurrida días atrás.En medio del ataque murió una persona, quien al parecer también transportaba explosivos. Otras 14 personas resultaron heridas, las cuales fueron atendidas en el Hospital de El Plateado; una de ellas, una niña de ocho años de edad, quien resultó lesionada por las esquirlas."La menor de ocho años es la de mayor gravedad, la cual fue remitida a Popayán. Los otros pacientes siguen atendidos en el hospital del corregimiento, con lesiones leves por esquirlas y aturdimiento. Es muy lamentable esta situación; la emergencia sigue siennfo atendida y la comunidad continúa en pánico", señaló la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo.Las autoridades iniciaron el despliegue en la zona para evitar nuevos ataques; mientras tanto, se inició una investigación para determinar qué grupo armado ilegal estaría detrás de este hecho, pues en la zona delinquen la disidencia 'Carlos Patiño', al mando de alias 'Iván Mordisco', y el ELN."La situación es confuza, triste y lamentable. Se repiten episodios de tiempos que considerábamos en el pasado, pero el conflicto sigue y la alteración al orden público nos afecta de nuevo. Nuestras vidas están corriendo muchísimo peligro", indicó el alcalde de Argelia, Cauca, Osmán Duan.
El presidente Gustavo Petro generó una nueva polémica al asegurar que Nicolás Maduro estaba secuestrado en Estados Unidos. El mandatario colombiano dijo esto solo días antes de su reunión en Washington con Donald Trump en la Casa Blanca.Algunos sectores políticos consideran que estas declaraciones podrían llevar incluso a la cancelación de la reunión.“¿Serán sus declaraciones una excusa para no asistir a la reunión? Tal vez porque sabe que la reunión es políticamente riesgosa para su base ideológica. Aquí eleva el tono antes del encuentro creando un clima que justifique tal vez un enfriamiento o incluso una cancelación”, dijo la representante a la Cámara del partido Conservador Juana Carolina Londoño, quien integra la Comisión Segunda.Por su parte, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien fue embajador en Washington, dijo que las declaraciones de Petro son una "vergüenza".“Es una vergüenza lo de Petro. No solo se va para Washington a pedir que le devuelvan la visa y que lo saquen de la lista Clinton, en lugar de ir a trabajar por los colombianos, por proteger los intereses de Colombia, ahora peor anuncia que va a ir a abogar por un criminal como es Nicolás Maduro, jefe de un cartel que fue precisamente llevado a prisión en una operación militar”, dijo Pinzón.La representante a la Cámara por Cambio Radical Carolina Arbeláez también se refirió al tema.“Defiende a Maduro, legitima tribunales de bolsillo y calla frente a la barbarie iraní. Pero eso sí, da lecciones morales hablando de Gaza. Con esa hipocresía gobierna el ‘cambio’,” agregó la congresista Arbeláez.Mientras tanto, el candidato Enrique Peñalosa aseguró que estas declaraciones pueden afectar a los colombianos.“Los colombianos que vieron al presidente Petro diciendo que los Estados Unidos deben liberar a Maduro, sinceramente, ¿creen que estaba en su sano juicio o que estaba bajo algún efecto? Y recordemos que él tiene programada una cita con el presidente Trump que él mismo buscó. Y le pregunto a los colombianos, ¿ustedes creen que eso que dijo Petro les sirve a los colombianos? Recordemos que los Estados Unidos es el país que más compra en el mundo productos colombianos cuya producción generan decenas de miles de empleos en Colombia”, señaló Peñalosa.Mientras que el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero dijo que Petro actuaba como un defensor de Maduro.“¡Qué vergüenza que el presidente de Colombia se convierta en el defensor de oficio del dictador Maduro y pida que lo devuelvan para que lo juzgue un tribunal de bolsillo en Venezuela! Y sigue hablando de Gaza mientras calla sobre la barbarie de sus amigos del régimen iraní”, señaló Forero.Otra de las reacciones llegó por parte del expresidente Andrés Pastrana.“Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump en Estados Unidos”, dijo el exmandatario.
El presidente Gustavo Petro se refirió este viernes al retiro de las armas que hacían parte de la seguridad de la Casa de Nariño por parte del Gobierno de Estados Unidos.“El Palacio de Nariño quedó desarmado. Un gesto de gratitud, pero también me dio mucha rabia porque no sabía, me pareció indigno de nosotros, porque la mayor parte de las armas que cuidaban el Palacio de Nariño, 150 en total fusiles casi todas, incluido el antidrón, eran propiedad del Gobierno de Estados Unidos”, dijo Petro.El mandatario también señaló que había llegado una carta del Gobierno de Estados Unidos pidiendo esas armas y que él dio la orden de entregarlas todas a la embajada americana en Colombia.“Y me parece un acto, de nosotros indigno, el haber estado cuidándonos aquí con armas de otro Gobierno. Del Gobierno de Estados Unidos un mensaje: ‘no nos importa si lo matan’. Ya veré cómo me defiendo”, agregó Petro.Esta decisión del Gobierno de Estados Unidos de solicitar las armas se da justo después de que al presidente Petro le retiraran la visa tras un discurso que dio en Nueva York en el que señaló que el Ejército de Estados Unidos debía desobedecer a Donald Trump y obedecer a la humanidad.
Rufino será el reemplazo del actual viceministro de Comercio Exterior Luis Felipe Quintero. El economista ahora estará a cargo de asesorar al Ministro las políticas de comercio exterior que son viables para el país, además de ejecutar y dirigir todos aquellos programas que favorecerá el posicionamiento y competitividad del país, convirtiéndose en la representación internacional del país para poder participar y ejecutar negociaciones en el exterior.Tito Rufino llega luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, anunciara que finalizará el Tratado de Libre Comercio con Israel y reformará el Tratado con el país noteamericano, Estados Unidos, esto como respuesta a la oposición de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y el aumento de la tensión diplomática entre ambos países.Según se muestra en su hoja de vida, Tito Rufino realizó una maestría en economía y un doctorado en ciencias finalizado hacia el año 2009. El economista ha trabajado en diferentes empresas como Fedesarrollo, la secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el Banco Mundial, la Universidad Nacional de Colombia, obteniendo una larga trayectoria en el sector de más de 20 años.
La operación de manejo de deuda más ambiciosa de la historia de Colombia, que implica compromisos de pago del Gobierno por unos 40 billones de pesos en el próximo año, se realizó sin tener que consultar al Congreso. Además, hay dos congresistas que se quejan de que desde el Ministerio de Hacienda les han negado información en repetidas oportunidades sobre la naturaleza de la operación, su magnitud o sus riesgos.Desde antes de su llegada al Ministerio de Hacienda el hoy director de crédito público, Javier Cuellar, venía trabajando en la idea de contratar un TRS para que el país se gane la diferencia de tasas entre la deuda colombiana y el mercado en Suiza y, desde octubre de 2024, se venía cocinando la idea. El objetivo de la operación es ahorrarse unos 10 billones de pesos en deuda, sin embargo, lo que hay sobre la mesa son unos 9.300 millones de dólares por los que el país tiene que responder el 31 de julio de 2026 (o antes).“Definitivamente, esta operación no es un movimiento menor, porque estamos hablando de una suma alta para la deuda del país y con un término de vencimiento muy corto. Le he preguntado muchas veces a la Comisión de Crédito Público por esta operación, pero en cada ocasión no nos responden, no nos informan y es algo que no está concertado”, dijo la representante Saray Robayo.Para Robayo el hecho de que la operación se haya planteado para un plazo menor a un año “va a evitar los filtros institucionales que permiten plantear medidas de control”.El Gobierno reconoció a Blu Radio, en un derecho de petición, que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no fue consultada. El argumento es que no existía obligación legal de buscar un concepto y que esta no es una operación de nueva deuda sino de manejo de la existente.“Las operaciones de crédito público respecto de las cuales la Ley 80 de 1993 establece como requisito el concepto previo de la CICP (Comisión Interparlamentaria de Crédito Público), corresponden a aquellas de naturaleza externa de la Nación y aquellas operaciones respecto de las cuales la Nación otorgue su garantía, siempre y cuando las operaciones tengan plazo mayor de un año; en este sentido, considerando que la operación respecto de la cual se refiere su petición corresponde a una operación de corto plazo, no es requisito contar con el Concepto de la CICP”, dijo la entidad.El Ministerio de Hacienda respondió con evasivas una seguidilla de derechos de petición del Representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez, sobre los riesgos e implicaciones de la operación bajo el argumento de que las alternativas aún estaban bajo análisis.“El Congreso es un órgano de control político y tiene que conocer los pormenores de ese tipo de operaciones. El Gobierno está obligado a suministrar la información que no vaya a poner en peligro y que no vaya a significar un mayor costo de la misma (operación). Porque esta es una operación con un altísimo riesgo cambiario, es decir, que se suba el dólar, el franco suizo y el euro, es decir, que se debilite el peso colombiano. Es un enorme riesgo y todo indica que puede haber presiones que conduzcan a ello. Y el riesgo de refinanciación, dentro de un año o menos nos puede salir costoso. Dos puede salir caro. El perfil de la deuda queda muy concentrado en el corto plazo. Se critica lo del Fondo Monetario Internacional dizque que por ser de corto plazo, pero hacemos lo mismo con esta operación y no por una suma equivalente a lo del Fondo Monetario, es por casi el doble”, dijo Pérez.Tras el cierre de la operación, el Gobierno hizo una llamada con inversionistas y agentes de mercado y, también, publicó documentos en la SEC en Estados Unidos con los detalles del cierre. En Colombia, sin embargo, no se ha hecho una rueda de prensa y la información a los medios ha estado fragmentada.La operación es tan grande que el Gobierno estima que se ganó 85 millones de dólares solo con una cobertura de riesgos cambiarios que contraró para la primera fase de la operación."Preocupa de sobremanera la falta de transparencia en esta operación, al no haberse compartido buena parte del detalle de la misma con el Congreso de la República. Preocupa también el riesgo en que puede estar incurriendo el país y que, derivado de esta serie de operaciones, Colombia tendría un riesgo gigantesco en la renegociación de deuda pública en el corto plazo", aseguró el rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.Gobierno quiere triplicar el pago de comisiones a bancos de inversión y el Congreso está a punto de aprobarloEsta semana, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, argumentó que las ‘onerosas’ comisiones del FMI eran uno de los argumentos para haber cancelado del acuerdo de la línea de crédito flexible; sin embargo, el Gobierno se prepara para triplicar el pago de comisiones relacionadas con el servicio de la deuda en 2026.Según la exposición de motivos de la ley de presupuesto, que se debate en el legislativo, el pago por comisiones para el servicio de la deuda pasarían de 497 mil millones, este año, a 1.4 billones de pesos el próximo año. En contraste el pago del capital de esas deudas bajaría de 50.7 billones a 27.6 billones. El Congreso no modificó los recursos para el pago de deudas durante el primer debate del proyecto.Así cerró la operación en francos suizos y así está el calendario de pagos al mercado en el próximo añoColombia adquirió un TRS, que es derivado financiero, por unos 9.300 millones de dólares. El Gobierno se comprometió a pagar una tasa fija del 1.5% y, a cambio, recibirá las tasas de un portafolio de títulos de deuda colombiana que está amarrado a la operación y que varía entre el 3.4% y el 13.1% dependiendo del título.Esta semana, el Gobierno anunció que se ganó unos 85 millones de dólares con una cobertura de la variación del precio del franco suizo durante la recompra de los bonos colombianos en dólares que se usaron para el TRS.Por otro lado, el próximo año, el Gobierno tiene una apretada agenda de vencimientos de deuda por unos 40 billones de pesos, debido a la emisión de títulos de corto plazo. El Gobierno ha estado emitiendo títulos de forma semanal por lo cual ha ido ‘pateando’ la deuda hacia adelante y no necesariamente tendrá que pagar en efectivo el total de la emisión.Este es el calendario de vencimientos.
El presidente Gustavo Petro respondió a la dura intervención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que el embajador Michael Waltz cuestionó las políticas de seguridad de su Gobierno y advirtió sobre un eventual retiro del apoyo a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. El mandatario aseguró: “Le solicito respetuosamente al Gobierno de los EE. UU. no entrometerse en la política interna de Colombia“, señaló Petro en X.Durante su pronunciamiento, Petro indicó que el Consejo de Seguridad solo acompaña, a solicitud del Estado colombiano, el proceso de paz con las Farc, el cual, dijo, se está cumpliendo.Asimismo, rechazó lo que calificó como una posición equivocada de Estados Unidos frente a temas como el narcotráfico, la trata de personas y ahora el proceso de paz, señalando que el trasfondo de estas críticas es presionar un cambio en la postura de Colombia frente al conflicto en Gaza.“La posición errada de los EE. UU. en materia de narcotráfico, de trata de personas y ahora del proceso de paz con las Farc, que busca es el cambio de nuestra posición sobre el genocidio de Gaza, no es aceptada por nuestro Gobierno”, señaló Petro en su Cuenta de X.Las declaraciones del presidente se dan después de que Waltz acusara a su Gobierno de tener políticas de seguridad “irresponsables”, sin planificación ni coordinación, lo que según dijo ha aumentado la violencia y la inestabilidad en el país. El embajador también criticó lo que denominó “retórica incendiaria”, al referirse al llamado de Petro en Nueva York para que soldados estadounidenses desobedecieran órdenes relacionadas con la guerra en Gaza.Otro de los puntos planteados por Estados Unidos fue la preocupación por el rumbo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que, según Waltz, ha desviado su mandato de supervisar la desmovilización de las FARC hacia otros temas como justicia transicional y apoyo a minorías. El diplomático advirtió que Washington revisará si la continuidad de dicho mandato sigue siendo efectiva.
Recientemente, el país conoció la primera sentencia de la JEP y fue contra quienes hicieron parte del último secretariado de las Farc. Ellos deberán cumplir unas sanciones restaurativas por ocho años. Estos proyectos buscan reparar a las víctimas y están enfocados en la restauración ecológica, el desminado humanitario la búsqueda de desaparecidos y la memoria de las víctimas de secuestro.Blu Radio conoció el salvamento parcial de voto de la magistrada Zoraida Chalela, quien hace parte de la Sección encargada de imponer la sanción contra los exFarc. Chalela se apartó de algunas de las decisiones que hay en la sentencia e hizo las explicaciones sobre el tema."Previo a adentrarme en la argumentación detallada de mis aclaraciones y de mi disenso parcial, hago explícito mi apoyo a la que es probablemente la decisión central de la Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001-2025 de 16 de septiembre de 2025: reprochar los secuestros, privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes perpetrado por las FARC-EP contra más de 21.000 personas a cambio de beneficios económicos, políticos o militares. En efecto, los integrantes del último Secretariado de esta guerrilla son responsables de este patrón macrocriminal y deben cumplir con la sanción propia que les corresponde en aras de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, en los términos establecidos por la Constitución Política", se lee en el salvamento de voto de la magistrada Chalela.Sin embargo, lo que explica la magistrada, es que, al final de la sentencia, se toman algunas decisiones que no tienen un pleno desarrollo y explicación. En una primera medida, Chalela dice que debió haberse explicado con amplitud las razones por las que la JEP considera que los exjefes de la guerrilla aportaron a la verdad en los casos de secuestro."Aclaro mi voto sobre este aspecto en el sentido de que la sentencia debería demostrar la contribución efectiva a la verdad, mostrando la forma en la que la información aportada por cada compareciente ha esclarecido hechos específicos. En otras palabras, la sentencia debió ejemplificar, con claridad y suficiencia, la manera en la que su compromiso con la verdad efectivamente se materializó y, en consecuencia, permitió tanto el esclarecimiento del patrón bajo análisis, otros hechos del conflicto armado bajo el conocimiento de otras instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). A pesar de que las piezas que conforman el expediente, en efecto, demuestran que los comparecientes sí han esclarecido aspectos relevantes del patrón macrocriminal, considero que era pertinente que este análisis hubiera quedado explícito en una decisión de tan alta relevancia en el proceso y en la construcción del relato judicial que lidera la JEP", señaló la magistrada.Sanción a ocho años para los exFarcLa magistrada Chalela también dice que la sentencia no propone interpretaciones completas que permitan determinar que los comparecientes deben cumplir una sanción de ocho años, tal como quedó estipulado."Debo apartarme de esta decisión en el sentido de que una justificación sobre la materialización de estos criterios era necesaria en el cuerpo de la sentencia para efectos de dar suficiente certeza sobre la valoración que condujo a que esta Sección impusiera la sanción de ocho (8) años"; dice Chalela.Sanciones contra los exFarcSobre las sanciones impuestas contra los exintegrantes de las Farc, la magistrada considera que los componentes restaurativos y retributivos no fueron adecuadamente definidos. Además, dice que, aunque la sentencia es por ocho años, no es claro el momento ni las características de las actividades que deberán ser adelantadas por los comparecientes para garantizar el cumplimiento."Esta Magistrada encuentra que existe una alta indeterminación sobre el momento de inicio en la ejecución de las sanciones propias, derivado de la ausencia de claridad frente a: (i) el contenido, alcance y momento de desarrollo de los proyectos restaurativos que harían parte de las sanciones propias y, como de esto, (ii) no se definió de manera clara la correspondiente restricción de derechos y libertades y, así mismo, (iii) el mecanismo de consulta con las víctimas, que fuera anunciado por esta Sección en el auto de correspondencia de este caso", explicó la magistrada.Chalela también dice que reconoce que ha habido dificultades en la articulación con el Gobierno para lograr la materialidad de los proyectos restaurativos, pero cuestiona que en la sentencia no haya proyectos que se puedan realizar de inmediato."No puedo dejar de advertir que en la sentencia no existiera, al menos, un proyecto de sanción propia que fuera efectivamente viable e inmediatamente ejecutable, una vez proferida la decisión, aspecto que, sin duda, riñe con el desarrollo y materialidad de otros aspectos relevantes de la condena como es la definición clara de su componente retributivo – conforme a lo dispuesto en los artículos 127 y 141 de la Ley 1957 de 2019 – o el anunciado mecanismo de consulta", señaló Chalela.La magistrada también se refiere al daño que le causaron los exintegrantes de las Farc a las más de 20.000 víctimas de secuestro y si las sanciones corresponden con las afectaciones sufridas."La problemática que motiva mi salvamento parcial, redunda en que, más allá de un aspecto simbólico y de reconocimiento de lo padecido por las víctimas, esta caracterización de los daños puede no corresponderse con el marco de proyectos restaurativos inicialmente determinados por la SeRVR en la sentencia, lo cual, de un lado, desconoce las competencias propias de la JEP en la materia, y de otro, genera unas expectativas complejas hacia las víctimas frente a lo que puede hacer o no esta Jurisdicción para atender las afectaciones identificadas, bajo el sustento de una aproximación mínima entre el daño o afectaciones identificadas y la acción en concreto. De lo contrario, podría existir una falta de correspondencia entre las afectaciones identificadas y la medida restaurativa propuesta", se lee en el salvamento de voto.La sentencia dice que las víctimas estarán al tanto del desarrollo de las sanciones, sin embargo, la magistrada considera que esto no se podría lograr hasta que haya certeza sobre el lugar y forma de desarrollo de los proyectos.Participación política de los exFarcLa sentencia señala que los derechos políticos de los exFarc no se verán afectados, pero que prima el cumplimiento de las sanciones y las actividades reparadoras. La magistrada también se refirió al tema y señaló que, nuevamente, hay una indeterminación sobre cómo podría haber una tensión entre sanciones y proyectos."En todo caso considero que, al no existir claridad en la sentencia sobre el contenido, alcance y duración de las sanciones propias lo que redunda en la indeterminación frente a cómo se daría la restricción de derechos y libertades de los comparecientes dada la indeterminación de los proyectos; y desconociéndose también las circunstancias de cada caso donde se predique dicha incompatibilidad, considero que esta Sección no podía llegar a una conclusión generalizada que puede resultar contraria al espíritu del proceso transicional, al momento de aplicarse a un contexto o circunstancia específica. Igualmente, estas tensiones no pueden presuponer un marco de prevalencia, como hace la sentencia de primera instancia, más cuando el mandato normativo se centra en la compatibilización de uno y otro escenario, según se desarrolló en este acápite", explicó Chalela.Además, agregó: "Me aparto de la decisión adoptada por la SeRVR, plasmada en el ordinal CENTÉSIMO VIGÉSIMO TERCERO, que indica una prevalencia del cumplimiento de las sanciones propias en el escenario de tensiones con la participación política de los comparecientes, cuando el marco normativo y jurisprudencial aplicable es claro en establecer un mandato de compatibilidad que debe valorarse caso a caso. Lo anterior, dado que no se cuentan con elementos y claridad frente al contenido de las sanciones propias, aspecto que impediría llegar a una conclusión general y abstracta como la anteriormente enunciada".
La incertidumbre crece en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la identidad de las 15 personas que viajaban a bordo del avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, al servicio de Satena, desaparecido desde el mediodía de este miércoles. Entre los ocupantes del vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, se encuentran destacados líderes políticos de la región.Tripulación y PasajerosEl reporte oficial consolida los siguientes nombres de los 13 pasajeros y 2 tripulantes:Diógenes Quintero: representante a la CámaraCarlos Salcedo: candidato a la Curul de Paz.Juan David Pacheco: exconcejal del municipio de Ocaña.María Sánchez: esposa del exconcejal Juan David Pacheco.Rolando PeñalozaNatalia Cristina Acosta SalcedoTorcoroma ÁlvarezMaira AvendañoMaría Del Carmen DíazAnirley JulioKaren ParalesAnayisel QuinteroGineth RincónMiguel Vanegas: piloto.Jorge Trujillo: copiloto.Último contacto y operativo de rescateLa aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m. y registró su último contacto con la torre de control a las 11:54 a. m., apenas 12 minutos después del inicio del vuelo. El radar ubicó el avión por última vez en una zona montañosa de difícil acceso entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de búsqueda con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC).
Momentos de tensión se viven en Norte de Santander luego de que se confirmara la desaparición de un avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña y que perdió todo contacto con los radares cuando se aproximaba a su destino.La aeronave, que prestaba servicios a la aerolínea estatal Satena, despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 de la mañana de este miércoles y tenía previsto aterrizar minutos después en el aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña. Sin embargo, a las 11:54 a. m., los sistemas de control aéreo reportaron la pérdida total de comunicación.A bordo del vuelo NSE 8849 viajaban 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato a las curules de paz Carlos Salcedo, y un exconcejal del municipio de Ocaña, quien se movilizaba junto a su esposa.Tras cerca de tres horas de la desaparición, el equipo del representante se pronunció informando que "seguimos sin contacto con el representante y nuestra asistente de agenda, Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña".Agregaron que "aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue". El equipo finalizó pidiendo oración por los tripulantes.Las labores de búsqueda y rescate se concentran en una zona montañosa y de compleja geografía del Catatumbo, entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, punto donde se habría registrado el último rastro del avión.La Fuerza Aérea Colombiana desplegó un helicóptero desde la base aérea de Palanquero, con el objetivo de realizar sobrevuelos de reconocimiento, mientras que equipos en tierra intentan establecer posibles puntos de impacto.Por su parte, Satena informó en un comunicado oficial que: "La aerolínea de los colombianos informa a la opinión pública que el vuelo NSE 8849, que despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero".
Una aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709 y operada por la firma Searca al servicio de Satena, desapareció este miércoles 28 de enero en Norte de Santander. El vuelo, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, perdió contacto con los radares a las 11:54 de la mañana, minutos antes de su aterrizaje previsto en el aeropuerto Aguas Claras. A bordo viajan 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes.Entre los ocupantes se confirmó la presencia del representante a la Cámara Diógenes Quintero, reconocido líder del Catatumbo. Junto al legislador viajaban Carlos Salcedo, también candidato a la Curul de Paz, y un exconcejal del municipio de Ocaña en compañía de su esposa.La búsqueda se concentra actualmente en la zona rural situada entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, donde se registró la última señal del radar. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplazó un helicóptero desde la base de Palanquero para realizar un barrido visual en este sector crítico de la geografía nortesantandereana.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que la Dirección de Investigación de Accidentes ya recopila datos técnicos sobre la pérdida de comunicación. "Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones", declaró la funcionaria.Detalles técnicos de la aeronaveEl Beechcraft 1900 involucrado es un avión turbohélice con cabina presurizada, ideal para las condiciones topográficas de la región. Aunque Satena adelanta un proceso de modernización de su flota propia (compuesta por modelos ATR y Embraer), la estatal utiliza el esquema de alquiler de equipos de alto rendimiento de Searca para cubrir trayectos específicos como el de Cúcuta-Ocaña.El Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (GRAC) continúa trabajando en la verificación de coordenadas exactas para localizar el aparato y sus ocupantes.
Una emergencia aérea se registra este miércoles 28 de enero en el departamento de Norte de Santander, luego de que se confirmara la desaparición de una aeronave Beechcraft 1900 de la aerolínea Satena, cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.De acuerdo con la información oficial, el avión, identificado con matrícula HK-4709, había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:40 de la mañana y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 del mediodía. Sin embargo, el contacto con la aeronave se perdió minutos antes de su llegada.En un comunicado, Satena confirmó que a bordo del vuelo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, y que el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a. m.“El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. del día de hoy”, indicó la aerolínea en su pronunciamiento oficial.Según el reporte preliminar, el avión se perdió en una zona montañosa entre Ocaña y Cúcuta, un sector de difícil acceso en el nororiente del país, donde se concentran las labores de búsqueda.Ante la situación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate, desplegando un helicóptero desde la base de Palanquero, con el fin de rastrear el área donde se perdió el rastro del vuelo.Satena informó además que se activaron todos los protocolos de emergencia en coordinación con la Aeronáutica Civil y los organismos de socorro, y habilitó una línea telefónica para brindar información a los familiares de los ocupantes.“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, señaló la compañía en su comunicado.Las autoridades continúan con las operaciones de búsqueda mientras se espera un nuevo reporte oficial sobre el paradero del avión y el estado de las personas que viajaban a bordo.
La incertidumbre reina en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la pérdida de contacto con una aeronave que cumplía rutas comerciales para la aerolínea Satena. La aeronave, que debía aterrizar en el mediodía de este miércoles, ha activado todas las alarmas de los organismos de socorro y las autoridades aeronáuticas del país.De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave —con capacidad para 15 pasajeros— perdió comunicación con los centros de control de tráfico aéreo poco antes de su llegada prevista al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, la cual estaba programada para las 12:10 p. m.El último registro de los radares ubicó al avión en una zona geográfica compleja, comprendida entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en el corazón de la región del Catatumbo. Ante la desaparición, la aerolínea Satena procedió de inmediato a la cancelación de los trayectos subsiguientes que el aparato debía cubrir hacia Cúcuta y Tibú.Este es el avión de Satena que desapareció en Norte de SantanderSegún la información técnica recolectada, el avión en el que se movilizaban 15 personas, 13 pasajeros y 2 tripulantes, se identifica con la matrícula HK4709.La aeronave es de la empresa Searca (vuelos privados y comerciales) bajo servicios para Satena y es un modelo Beechcraft 1900. El vuelo cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, pero nunca llegó a su destino.Detalles de la desaparición del avión de SatenaSatena informó a la opinión pública que el vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 de la mañana de este 28 de enero.La aeronave había despegado a las 11:42 a. m. y tenía previsto aterrizar alrededor de las 12:05 p. m., según detalló la aerolínea en su comunicado oficial.Pronunciamiento oficial de SatenaTras perder contacto, Satena activó de inmediato todos los recursos disponibles para adelantar las labores de búsqueda y localización de la aeronave.Estas acciones se desarrollan en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, entidades encargadas de coordinar y apoyar las operaciones técnicas correspondientes.Adicionalmente, la aerolínea habilitó la línea telefónica (601) 919 3333 para brindar información oficial a los familiares de las personas que se encontraban a bordo. Satena reiteró que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.
Una emergencia aérea se registró este miércoles 28 de enero de 2026 en el noreste del país, luego de que se confirmara la desaparición de una aeronave de la aerolínea estatal Satena, en la que se movilizaban 15 personas.El avión se perdió en una zona montañosa ubicada entre Ocaña y la capital de Norte de Santander, según el último registro de la plataforma de seguimiento aéreo. La aeronave volaba a una altitud aproximada de 7.900 pies y se desplazaba con rumbo oeste cuando desapareció del radar. Preliminarmente se conoció que al avión le faltaban entre 7 - 8 minutos de vuelo para llegar a Ocaña, exactamente 20 millas.De acuerdo con el plan de vuelo, la aeronave debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras a las 12:10 del mediodía, lo que no ocurrió, motivo por el cual se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.Según información preliminar, los radares ubicaron por última vez el avión en la región del Catatumbo, en un sector comprendido entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, una zona de difícil acceso. Hasta ese punto se desplazaron unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico, que adelantan labores para establecer el paradero del avión y de sus ocupantes.Entre tanto, en el municipio de Ocaña, el alcalde Emilio Cañizares Plata lidera una mesa de crisis junto a las autoridades locales y directivos del aeropuerto, con el fin de coordinar la atención de la emergencia y mantener comunicación con los organismos nacionales.Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los pasajeros ni las causas de la pérdida de comunicación, a la espera de información oficial conforme avancen las labores de búsqueda.
Una situación de emergencia aérea se vive en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la desaparición de un avión Beechcraft 1900 de la aerolínea Satena. La aeronave, identificada con la matrícula HK-4709, realizaba el trayecto entre Cúcuta y Ocaña tras haber cumplido una ruta inicial desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Según el reporte oficial actualizado, a bordo del aparato viajan 15 personas: 13 pasajeros y 2 tripulantes.El vuelo despegó de la capital nortesantandereana a las 11:40 a. m. y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 p. m. Sin embargo, el contacto se perdió minutos antes de su llegada. Ante la gravedad de los hechos, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplegó un helicóptero de búsqueda desde la base militar de Palanquero para sobrevolar la zona del Catatumbo, donde se registró el último rastro del radar.La desaparición movilizó de inmediato al Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC), que ya coordina esfuerzos con las autoridades locales de Ocaña y el concesionario del aeropuerto en Medellín. Según fuentes de la empresa Searca, propietaria de la aeronave que opera bajo la modalidad de alquiler para Satena, se están verificando las coordenadas exactas entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.Detalles técnicos de la aeronave desaparecidaEl Beechcraft 1900 es un avión bimotor turbohélice de alto desempeño, diseñado para operar en geografías difíciles como la colombiana. Estas son sus especificaciones principales:Capacidad: hasta 19 pasajeros (en este vuelo viajaban 13).Velocidad: 440 kilómetros por hora (240 nudos).Alcance: cabina presurizada capaz de volar hasta los 25,000 pies de altura.Autonomía: hasta 6 horas y 30 minutos de vuelo continuo.Ante la pérdida de comunicación, la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informó que se encuentra en la etapa de recolección de información técnica y operativa. "Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU (Puesto de Mando Unificado)", señaló la entidad a través de sus canales oficiales, enfatizando que trabajarán de la mano con el Ministerio de Transporte para coordinar la respuesta.¿Qué tipos de aviones tiene Satena?La flota actual de la compañía se consolida con 19 unidades: diez ATR 42, cinco ATR 72, dos Embraer ERJ 145 y dos Twin Otter. Esta infraestructura se complementa, como en el caso del vuelo desaparecido, con servicios de terceros para cubrir otras rutas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este miércoles a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, el ofrecimiento de un diálogo para tratar los problemas comunes, entre ellos el narcotráfico y la guerra arancelaria en la que están inmersos los dos países."Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos", dijo Petro dirigiéndose a Noboa, con quien coincidió hoy en Panamá en la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF, que reúne a ocho mandatarios de la región con el objetivo de buscar nuevos caminos para su inserción en el escenario global.El pasado 21 de enero, Noboa anunció que a partir del 1 de febrero Ecuador aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.Según Petro, la guerra contra las drogas "no ha servido para detener el narcotráfico", que en su opinión, "crece, crece y crece, y no es regional, presidente Noboa, es mundial y universal"."La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana o en la frontera ecuatoriana o en otros lugares no es de mafias colombianas, los compradores, ni siquiera podría decir que es de mafia latinoamericanas, es una multinacional internacional", agregó.En ese negocio ilícito "hay latinos, hay albaneses, hay franceses, hay suecos, hay alemanes, españoles, hay norteamericanos, hay mexicanos y hay estadounidenses", señaló Petro, quien subrayó que "el camino" en esa lucha "es la integración policial"."Es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencia", manifestó.Lucha fronterizaEl presidente agregó que entre Colombia y Ecuador hay "una de las grandes fronteras de la droga" y por eso "hay que construir necesariamente integración policial y no solamente es ecuatoriana y colombiana que ya la tenemos, sino abrirla, para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto".Tras el anuncio ecuatoriano de los aranceles, el Gobierno colombiano apeló al principio de reciprocidad e impuso una sobretasa del 30 % a más de 50 productos ecuatorianos, lista que será ampliada próximamente, además de suspender las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Ecuador retrucó el lunes con una nueva medida, la subida de tres a 30 dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).El pasado sábado Petro manifestó por primera vez su disposición a reunirse con Noboa para hablar de la lucha conjunta contra el narcotráfico, que fue la manzana de la discordia con Ecuador."Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos", dijo Petro en su cuenta de X.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo ayer que se le propuso a Ecuador una reunión de Petro y Noboa hoy en Panamá, pero que no ha habían recibido una respuesta a esa solicitud.En la agenda de Petro en Ciudad de Panamá hoy figuran tres reuniones bilaterales pero con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.
La investigación administrativa por la muerte de Valeria Afanador Cárdenas, la menor de 10 años que desapareció y fue hallada sin vida en Cajicá, Cundinamarca, avanza, pues el abogado Julián Quintana, representante legal de la familia, confirmó que recibió recientemente un radicado de la Gobernación de Cundinamarca en el que se informa que desde noviembre pasado fue emitido un auto de formulación de cargos contra el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.De acuerdo con el apoderado, el documento marca un hito procesal relevante porque equivale, en términos administrativos, a una acusación por presuntas negligencias en el cuidado de la menor. “¿Por qué es importante? Porque es como una acusación. Y, precisamente, es por la negligencia en el cuidado. Nos enteramos hasta ahora, porque ayer nos llegó el oficio, pero es muy importante, porque es la primera acusación en un proceso, ahora disciplinario, frente al colegio”, explicó Quintana.El abogado señaló que esta actuación se suma a otras decisiones como la medida cautelar de la CAR. “Siempre ha mantenido ellos la tesis de que no ha pasado nada, que nunca les han llamado la atención, entonces ya son dos cosas: la medida cautelar de la CAR y ahora el pliego de cargos de la Gobernación. Dicen allí que en marzo ya tendrán decisiones”, precisó.En el radicado oficial, la Gobernación de Cundinamarca detalló el estado actual del proceso disciplinario contra la institución educativa. “A la fecha, nos permitimos informar, en lo que resulta hito procesal relevante, que desde el pasado 5 de noviembre fue emitido auto de cargos en contra de la institución, el cual fue notificado a la representante legal el día inmediatamente siguiente”, señala el documento.La comunicación agrega que el colegio, a través de su apoderado, ya presentó descargos y que el proceso se encuentra en la fase probatoria. “Nos encontramos en emisión de auto que decreta pruebas, las cuales son de tipo documental aportadas por el establecimiento educativo; de igual forma, se decretaron testimoniales, los cuales serán escuchados en audiencia, y se requirió allegar video de cámaras de seguridad del Colegio Gimnasio Campestre Laureles”, se lee en el oficio.Según la autoridad departamental, esta etapa probatoria se espera concluir el 23 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual se abrirá el término para la presentación de alegatos de conclusión. “Agotadas las etapas mencionadas, se emitirá decisión de fondo, la cual podría habilitarse para el mes de marzo del año que avanza, entendiendo que pueden presentarse acciones que, conforme al ordenamiento jurídico, pudieren variar excepcionalmente tal contexto”, puntualiza el radicado.
El informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil entregó los primeros hallazgos oficiales sobre el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá, en el que murieron el cantante Yeison Jiménez, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave, una Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA.De acuerdo con el documento, la aeronave había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al accidente, tras haber sido sometida a mantenimiento reciente en el motor izquierdo, específicamente “el cambio de anillos a tres cilindros y el cambio de magnetos”. El 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, el avión realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de Medellín, el cual se desarrolló sin novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.Según el informe, el día del accidente se había programado un vuelo desde el aeródromo Juan José Rondón hacia Medellín, con seis ocupantes a bordo, una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía de tres horas y media. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y, aproximadamente a las 16:09, hora local, comenzó la carrera de despegue.“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto”, señala textualmente el informe preliminar de la DIACC.Como consecuencia del impacto y del incendio posterior, la aeronave sufrió daños estructurales severos y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal. El accidente ocurrió en condiciones de luz diurna y meteorología visual, sin evidencia de tormentas, cortantes de viento o fenómenos convectivos en el área.Lugar del impacto y dinámica del accidente donde murió Yeison JiménezLa inspección de campo permitió ubicar el sitio del accidente en la finca Marengo, vereda Romita, en zona rural de Paipa, a una elevación aproximada de 8.238 pies. La aeronave quedó localizada a 1,97 kilómetros del umbral de la pista 23 del aeródromo Juan José Rondón.El informe describe una dinámica de impacto de alta energía inicial, con un punto primario de contacto contra el terreno y un desplazamiento lineal mínimo, lo que indica una rápida pérdida de sustentación tras el despegue.“La aeronave impactó contra el terreno con indicios de un relativo alto ángulo de impacto, lo que se tradujo en una dinámica con un impacto inicial y un desplazamiento aproximado de 21 metros hasta su posición final”, detalla el documento.Testigos citados en la investigación afirmaron que la aeronave impactó y rebotó antes de detenerse definitivamente, quedando con los planos a nivel, sin evidenciar volcamiento. La DIACC fue enfática en señalar que no hubo fuego previo al impacto, descartando una explosión en el aire.“No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que denotaran un fuego preimpacto”, precisa el informe.El incendio se originó posteriormente, cuando la ruptura estructural afectó los tanques de combustible, lo que produjo la deflagración al entrar en contacto con secciones calientes de los motores.Estado de la aeronave y hallazgos técnicosLa inspección detallada de los restos permitió establecer que todas las secciones de la aeronave fueron halladas en el sitio del accidente, descartando cualquier rompimiento estructural en vuelo. Las alas, motores, hélices y empenaje presentaron daños compatibles con impacto y fuego postimpacto, y las hélices evidenciaron marcas de baja energía, un dato clave para el análisis de potencia al momento de la colisión.La DIACC confirmó que la aeronave, fabricada en 1982, contaba con certificación de aeronavegabilidad vigente, un tiempo total de vuelo de 8.788,95 horas y estaba equipada con dos motores Lycoming TIO-540-J2B y hélices Hartzell. Asimismo, se confirmó que no contaba con registradores de vuelo, ya que la normativa no exigía su instalación para este tipo de aeronave.El piloto al mando, de 38 años, contaba con licencias vigentes, certificado médico válido y una experiencia acumulada de 1.650 horas de vuelo, además de un chequeo satisfactorio en la misma aeronave realizado en marzo de 2025.El aeródromo Juan José Rondón fue descrito como no controlado, autorizado para operación, con una pista de 1.540 metros, señalización adecuada y sin servicios de tránsito aéreo ni información meteorológica. Los análisis satelitales y de modelamiento atmosférico indicaron nubosidad baja dispersa, alta humedad y una altitud densidad de 9.719 pies, sin evidencia de fenómenos meteorológicos adversos.La Aeronáutica Civil aclaró que este es un informe preliminar y que la investigación continúa bajo los lineamientos del Anexo 13 de la OACI, con participación de la NTSB de Estados Unidos, la FAA y los fabricantes de la aeronave, motores y hélices.Por ahora, el documento no establece una causa definitiva, pero deja claro que el accidente ocurrió segundos después del despegue, sin fallas estructurales previas en vuelo y con un incendio generado únicamente tras el impacto, elementos que serán determinantes para las conclusiones finales.