En Colombia, vivir en unión libre con la pareja no significa quedar por fuera de las obligaciones legales que surgen durante y después de la convivencia. Así lo dejó claro la Corte Constitucional al pronunciarse sobre un tema que, con frecuencia, genera dudas cuando una relación termina y una de las partes queda en una situación económica compleja.En los últimos años se ha abierto el debate sobre si es posible solicitar una cuota alimentaria entre excompañeros permanentes. La respuesta de la Corte fue clara y marca un precedente importante para quienes compartieron años de vida en pareja sin haber contraído matrimonio. El alto tribunal reiteró que la unión marital de hecho también genera derechos y deberes, incluso después de la separación.Corte Constitucional aclara cuándo aplica la cuota alimentaria en unión libreDe acuerdo con la Sentencia T-372 de 2025, la Corte analizó el caso de una mujer que convivió con su pareja por más de dos décadas y con quien tuvo dos hijos. Tras la ruptura, quedó en una situación económica desfavorable, mientras su expareja conservó estabilidad financiera. Frente a ese escenario, la Corte concluyó que, una vez demostrada la existencia de una unión marital de hecho, el excompañero que se encuentre en condiciones de debilidad puede solicitar una cuota alimentaria.El fallo recordó que la unión libre está protegida por la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005, normas que reconocen derechos y deberes similares a los del matrimonio. La clave, según la Corte, está en probar que existió una convivencia estable y permanente por un período mínimo de dos años, lo que permite hablar de la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.Este pronunciamiento refuerza la idea de que el vínculo jurídico no depende únicamente de un acta o un contrato formal, sino de la realidad de la vida en común y del apoyo mutuo que caracterizó la relación.No se necesita escritura pública para reclamar derechos en unión maritalUno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que la ausencia de una escritura pública, un acta de conciliación o una sentencia previa no puede convertirse en un obstáculo automático para negar una cuota alimentaria. La Corte fue enfática en señalar que los jueces no deben limitarse a revisar formalidades, sino analizar el caso de fondo y verificar si la unión existió en la práctica.Para demostrar la unión marital de hecho, se pueden presentar diferentes tipos de pruebas que acrediten la convivencia y el proyecto de vida en común, entre ellas:Testimonios de familiares, amigos o vecinos.Afiliaciones conjuntas al sistema de seguridad social.Registros civiles de los hijos en común.Documentos que evidencien convivencia, apoyo económico o administración conjunta del hogar.Publicaciones en redes sociales que reflejen una vida en pareja estable.Estos elementos permiten reconstruir la relación más allá de la ausencia de documentos formales y ayudan al juez a establecer si existió una verdadera unión libre.Ahora bien, la Corte también puso el foco en lo que ocurre después de la separación. No basta con probar que hubo convivencia; es necesario demostrar que una de las partes quedó en una situación de vulnerabilidad económica frente a la otra. Si se acredita que el excompañero tiene capacidad económica y que la ruptura afectó el mínimo vital de quien solicita la cuota, el juez puede ordenar el pago de alimentos a favor de la expareja.Eso sí, el fallo recordó que las acciones relacionadas con la sociedad patrimonial tienen plazos definidos. La Ley 54 de 1990 establece que la disolución y liquidación de dicha sociedad prescriben, por regla general, al año contado desde la separación definitiva. Un detalle clave que no se debe pasar por alto al momento de iniciar cualquier reclamación.
Son siete las personas que están siendo atendidas en puestos de salud y centros hospitalarios de Villavicencio tras presentar graves afectaciones médicas.La entrega de un plato de comida a población en condición de calle por parte de un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama por el sector de Ciudad Porfía, en Villavicencio, terminó convirtiéndose en un grave problema de salud para estas personas.Dos horas después de consumir la lechona entregada por este desconocido, se presentaron desmayos y malestares estomacales en quienes ingirieron el alimento, por lo que fueron trasladados a puestos de salud y centros hospitalarios de la ciudad.Tres personas presentan pronóstico reservado y cuatro más se encuentran intubadas por problemas cardiorrespiratorios. Las autoridades sanitarias realizan un barrido en centros clínicos para identificar si se registran más personas intoxicadas tras consumir este alimento.La secretaria de Salud de Villavicencio, Yaned Sierra, se pronunció al respecto: “Medicina Legal y la Policía están al frente de la investigación, porque aparentemente se trata de un caso que presenta indicios de haber sido premeditado”.Las autoridades no descartan un posible caso de envenenamiento contra habitantes de calle de esta zona, ya que la grave reacción en la salud de estas personas se debería, presuntamente, a intenciones premeditadas.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que se declararía la emergencia económica y aseguró que los decretos se basarán en los mismos criterios que las comisiones negaron al hundir la reforma tributaria.El mandatario aseguró que su gobierno se endeudó para pagar la deuda de anteriores administraciones y también culpó al Banco de la República por sus decisiones sobre la tasa de interés. En la misma publicación, advirtió sobre una crisis económica si el poder judicial tumba el decreto que preparan y que, a la fecha, no ha sido publicado.“Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza, sino simple economía de primer semestre”.El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que esta declaratoria vía decreto ya fue firmada la semana pasada; sin embargo, el documento aún no ha sido publicado y, por ende, no ha entrado a regir. El presidente Gustavo Petro insiste en que afectará a los megarricos; sin embargo, lo que se conoce hasta ahora es que subiría el gravamen a los movimientos financieros, más conocido como 4x1000, al 5x1000 para 2026, y habría nuevos impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos, así como a los cigarrillos y al tabaco.
La posible declaratoria de una emergencia económica por parte del Gobierno Nacional sigue generando inquietud entre analistas y exfuncionarios del sector económico. Más allá del debate jurídico, el impacto real se sentiría en el bolsillo de los colombianos, en un contexto de inflación aún sensible y finanzas públicas presionadas.En entrevista con Blu Radio este 21 de diciembre de 2025, la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, explicó que las medidas que se estudian no solo tendrían efectos inmediatos sobre consumidores y empresas, sino que abrirían un precedente complejo en el manejo fiscal del país, especialmente de cara a 2026.En ese escenario, Soto fue directa al describir las consecuencias del decreto en discusión. “Lo primero es que a todos los colombianos se nos suben los impuestos”, advirtió, al señalar que el borrador conocido contempla un aumento inmediato del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del 4 por 1.000 al 5 por 1.000, encareciendo las transacciones del sistema financiero.Advierten más impuestos y presión sobre el bolsillo de los colombianosSegún la exfuncionaria, el impacto no se limitaría al GMF. También habría mayores cargas para personas naturales de altos ingresos mediante un nuevo impuesto al patrimonio, así como para empresas de sectores como hidrocarburos, carbón, licores y tabaco. “Son mayores precios que va a tener que pagar el consumidor y que se van a ver reflejados en presiones al alza de la inflación”, explicó.Soto subrayó que, aunque el objetivo sea cerrar un hueco fiscal, el efecto agregado sería un golpe al consumo y un aumento del costo de vida, en un momento en el que buena parte de la población aún enfrenta restricciones económicas.Emergencia económica: un precedente fiscal cuestionadoLa excodirectora también puso el foco en el precedente institucional. Para ella, acudir a una emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento envía un mensaje problemático. “No pasa la ley en el Congreso y entonces se saca por decreto. Es un precedente cuestionable para el manejo de las finanzas públicas”, afirmó.Desde su perspectiva, la negativa del Legislativo no constituye un hecho sobreviniente, sino una expresión normal de la autonomía de poderes. “Que el Congreso no apruebe lo que quiere el Ejecutivo no es una emergencia, eso es la democracia”, puntualizó.Soto también cuestionó la reciente colocación directa de deuda por 23 billones de pesos. “Es una decisión sin precedentes, atípica y con mucha opacidad”, dijo, al advertir que este tipo de operaciones generan desconfianza en los mercados y un costo reputacional para el país.A su juicio, el mayor daño podría no ser inmediato ni solo económico, sino institucional, afectando la credibilidad y la transparencia del mercado de deuda pública colombiano en el largo plazo.
Las publicaciones en redes sociales ya hacen parte del día a día de la gente, pues a diario se está creando contenido que es consumido por millones de personas en el mundo. No obstante, existe un peligro latente al hacer esa información pública.De acuerdo con las autoridades, las redes sociales se han convertido en una fuente de información valiosa para los delincuentes. Lo que para muchos parece una foto o comentario inofensivo, para los criminales significa una oportunidad para cometer delitos.Por ello, revelar datos personales como el número de cédula, ubicaciones fácilmente identificables, números telefónicos, placas de vehículos o rutinas diarias, permite al delincuente anticipar movimientos e identificar oportunidades para cometer hechos delictivos.Lo que no debe publicar en redes socialesLas personas no deben cometer los siguientes errores al publicar en redes sociales, ya que están incrementando el riesgo de seguridad personal y patrimonial:No publicar viajes en tiempo real ni compartir fotografías que evidencien que la vivienda está sola, ya que esto puede facilitar el hurto a residencias.No mostrar placas de vehículos, lugares habituales de parqueo ni detalles sobre la compra de un carro nuevo, pues esta información puede ser usada para el marcaje y posterior robo.No exponer información personal sensible, como datos laborales, familiares o financieros, que podrían ser aprovechados para extorsiones.No compartir imágenes de documentos, carnés, tiquetes aéreos u otros elementos que permitan la suplantación de identidad.No publicar ubicaciones en tiempo real ni recorridos diarios, ya que esto aumenta el riesgo de acoso digital y seguimiento.No difundir rutinas fijas, especialmente aquellas relacionadas con horarios, trayectos frecuentes o actividades cotidianas.No exponer información sobre niños, niñas y adolescentes, como colegios, actividades o ubicaciones, para reducir riesgos de acoso o situaciones de vulnerabilidad.En síntesis, las autoridades sugieren evitar vivir “en modo público” en redes sociales e internet, pues esto implica un peligro constante. Por ello hay que tener en cuenta que cada dato compartido puede convertirse en una herramienta para quienes buscan cometer delitos.
En diciembre, cuando llega la prima, es normal que muchas personas piensen en viajes, regalos o incluso compras de ropa, entre otros planes. Sin embargo, en un mercado laboral cada vez más competitivo, ese dinero también puede usarse para asegurar un buen trabajo en 2026 e incluso para buscar el ansiado aumento salarial, que según expertos puede alcanzar hasta el 70%. Eso sí, el secreto está en la forma en la que se invierte ese ingreso extra.Hoy la educación dejó de ser solo un requisito y pasó a convertirse en una estrategia para blindarse profesionalmente. La automatización, la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos que enfrenta el mundo han transformado oficios y profesiones, creando nuevas exigencias para quienes buscan mantenerse vigentes y competitivos en el mercado laboral.Usar la prima para estudiar y asegurar el empleo en 2026De acuerdo con Emiro Stig Romero Arias, director de Finanzas y Negocios Internacionales y de la Especialización en Finanzas de UCompensar, la formación es la mejor defensa frente a la incertidumbre del campo laboral. “La mejor forma de blindarse ante la automatización es invertir en educación. Los trabajadores que actualizan su conocimiento aumentan sus ingresos potenciales, encuentran empleo más rápido y tienen mayor estabilidad laboral”, explica el experto.Según Romero Arias, en sectores como tecnología, finanzas y análisis de datos, contar con certificaciones y programas formales puede representar incrementos salariales de hasta un 70%. No se trata solo de estudiar por estudiar, sino de saber elegir programas con alta demanda laboral y una proyección clara a mediano plazo.Por qué estudiar hoy puede mejorar el salario y la estabilidad laboralInvertir la prima en educación ofrece ventajas claras frente a otros gastos típicos de fin de año, entre ellas:Protege frente a la automatización: la tecnología está reemplazando tareas repetitivas, pero también abre oportunidades para quienes desarrollan habilidades digitales, analíticas y humanas.Genera un retorno real y medible: fortalecer el perfil profesional aumenta las opciones de ascenso, cambio de sector o acceso a mejores salarios.Es un activo que no se deprecia: a diferencia de bienes materiales, el conocimiento se mantiene en el tiempo y se adapta a distintos contextos laborales.En un entorno en el que los salarios no siempre crecen al mismo ritmo que la inflación, capacitarse se convierte en una forma concreta de cuidar el ingreso futuro.Qué tener en cuenta antes de invertir la prima en educaciónDe acuerdo con el experto, antes de decidir qué estudiar es clave evaluar con calma varias variables. Se recomienda elegir una formación alineada con los intereses personales y las metas profesionales, revisar su impacto en la empleabilidad y optar por modalidades que permitan estudiar sin dejar de trabajar.“Invertir la prima o las cesantías en educación es una decisión financiera que debe ser estratégica. Cuando se elige bien, la formación se convierte en una de las inversiones más seguras y valiosas que una persona puede hacer”, concluye Romero Arias.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
Al menos 12 cadáveres fueron localizados en los últimos tres días en una zona boscosa en la periferia este de Ciudad de Guatemala, en un aparente caso ligado a las pandillas, informaron este domingo socorristas y el gobierno.Guatemala es azotada por la violencia criminal, principalmente por el accionar de las temibles pandillas Bario 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" por el país centroamericano y Estados Unidos.Los cuerpos encontrados estaban en una ladera de una carretera usada como basurero clandestino, donde la delincuencia suele arrojar cadáveres, según reportes de los bomberos y la prensa local.El portavoz de los Bomberos Voluntarios, Hans Lemus, dijo a periodistas que el viernes fueron localizados dos cuerpos en el sector y el sábado tres cadáveres y una osamenta humana.Lemus explicó que este domingo, con apoyo de perros adiestrados, localizaron otros seis restos humanos y cadáveres "envueltos" en sábanas y bolsas plásticas.Después de varias horas, los bomberos finalizaron el rastreo y colocaron en hilera sobre la carretera los cuerpos dentro de camillas metálicas, de acuerdo con imágenes divulgadas por la entidad de socorro.En un mensaje enviado a los medios, el Ministerio del Interior señaló que el múltiple crimen podría estar vinculado a un "reacomodamiento" de las pandillas "en su afán por dominar territorios en los que operan otros grupos al margen de la ley".A finales de octubre, socorristas encontraron nueve cuerpos abandonados entre la maleza bajo un puente en el poblado de Palencia, cercano a la capital.Casi la mitad de la violencia en el país es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Según datos de Migración Colombia, este año emigraron 174 connacionales con destino a Ucrania. De ellos, 75 argumentaron que viajaban por trabajo, mientras que el resto indicó motivos como turismo, residencia, eventos, estudios y negocios. Del total, 25 fueron mujeres y el resto, hombres entre los 30 y 38 años.Ucrania es uno de los destinos, junto con Sudán, donde el fenómeno de los mercenarios colombianos se ha convertido en un problema creciente. Desde el Congreso, el representante Alejandro Toro impulsó un proyecto de ley que ya pasó a sanción presidencial y que busca tipificar como delito esta práctica.“Son datos escabrosos. Unos 1.500 mercenarios en Sudán, con grupos paramilitares entrenando niños de 12, 13 y 14 años. Además, según información del sector funerario, están llegando entre 15 y 20 cuerpos por semana desde Ucrania, de colombianos que fallecen en ese conflicto”, aseguró el congresista.Toro denunció que las empresas que reclutan connacionales para combatir en guerras extranjeras convirtieron en un negocio la no repatriación de los cuerpos de quienes mueren en estas actividades, ya sea argumentando que no fueron encontrados o cobrando por la repatriación sin realizarla. Señaló, además, que no solo estarían llevando militares retirados, sino también médicos y enfermeros, a quienes entrenan entre 20 y 30 días antes de enviarlos a zonas de combate.La ley aprobada busca frenar estos casos. “Lo que creamos es un marco para que exista el delito, que es la principal dificultad que tenemos hoy en Colombia. Actualmente, cualquier empresa puede hacer financiamiento, entrenamiento y reclutamiento sin que tengamos herramientas para decir que eso es ilegal”, explicó.La Cancillería está respaldando esta iniciativa.
El Gobierno nacional anunció que en el transcurso de esta semana podría reanudarse la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, esta vez mediante aspersión terrestre controlada con drones, en zonas donde grupos armados ilegales estarían obligando a campesinos a sembrar hoja de coca.Si bien el anuncio ya se había hecho oficial el sábado por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el ministro encargado de la cartera de Justicia quien confirmó que esta misma semana se retomaría esta práctica.Esto, luego del Consejo de Seguridad y Paz liderado por el presidente Gustavo Petro este fin de semana. Según explicó Idárraga, la medida busca intervenir exclusivamente en territorios donde se haya identificado coerción por parte de estructuras armadas y se aplicará bajo estrictos protocolos técnicos y ambientales.El ministro de Justicia (e) explicó que la aspersión se realizará a través de drones que operarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre la planta, lo que permitirá una aplicación focalizada del químico directamente sobre la hoja de coca. De acuerdo con Idárraga, esta tecnología permitiría cubrir hasta una hectárea en aproximadamente 30 minutos, reduciendo riesgos para la fuerza pública, las comunidades cercanas y el medioambiente.Sobre el cronograma, el ministro afirmó que la autorización ambiental debería quedar en firme en los próximos días, lo que permitiría que la aspersión comience a más tardar entre jueves y viernes de esta semana, marcando así una nueva fase en la política antidrogas del país.Esta decisión del Gobierno nacional parte de la complicada situación de orden público que atraviesan varias regiones del país. En ese sentido, se espera que la erradicación con glifosato inicie en el Cauca.
Tropas del Ejército y la Policía lograron la incautación de más de una tonelada de marihuana destinada al tráfico internacional. El procedimiento tuvo lugar en el sector conocido como Dos Islas, zona rural del municipio de Carurú, a unas cinco horas del casco urbano por vía fluvial. En este punto, las autoridades ubicaron una caleta escondida a la orilla del río Vaupés, en la que fueron encontrados cerca de 1.300 kilogramos de marihuana, con un avalúo aproximado de $2.860 millones de pesos.Según informaron las autoridades, el resultado operativo fue posible gracias al trabajo articulado de inteligencia, las labores de verificación en el área y la coordinación entre las unidades del Ejército y la Policía, lo que permitió anticiparse a los movimientos de las estructuras criminales que delinquen en esta zona de frontera.Las investigaciones preliminares indican que el estupefaciente tenía como destino final el Estado Federal de Brasil, haciendo parte de una ruta transnacional utilizada para la exportación de sustancias alucinógenas. Estas actividades ilícitas estarían siendo lideradas por las disidencias de las Farc, al servicio de alias ‘Iván Mordisco’.“Para las autoridades, esta incautación representa una afectación significativa a las finanzas de los grupos criminales, además de impedir la circulación de una gran cantidad de droga en mercados internacionales y reducir el impacto del narcotráfico en la región amazónica”, indicó el Ejército.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
El Valle del Cauca sigue de luto tras el grave accidente de tránsito registrado el viernes 19 de diciembre en la vía que comunica a Buga con Buenaventura, a la altura del corregimiento de Córdoba. En el siniestro murieron Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, pareja de esposos y comerciantes reconocidos en el sector de Bellavista, propietarios de un supermercado llamado Judas. De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo en el que se movilizaban junto a sus dos hijos fue impactado por una tractomula que se habría quedado sin frenos, generando un choque múltiple.El hecho ha causado conmoción luego de que se conociera un video grabado instantes antes del choque, en el que se observa a la familia compartiendo un momento durante el viaje. En las imágenes se evidencia que uno de los hijos, llamado Julio, descendió del vehículo para orinar a un costado de la carretera, mientras su madre lo grababa entre risas y se despedía diciendo: “Chao, Julio”.Según confirmaron las autoridades, los dos menores sobrevivieron al accidente y actualmente reciben atención médica y acompañamiento psicológico especializado debido al trauma emocional provocado por la pérdida de sus padres.También se conoció un video de una cámara de seguridad donde se ve el momento en que la tractomula de color rojo se estrelló contra el automóvil, aplastándolo y dejándolo completamente irreconocible.A la tragedia se sumó una situación que ha generado rechazo e indignación ciudadana, luego de que habitantes de la zona denunciaran el presunto saqueo del establecimiento comercial de la familia en medio de la confusión por el accidente.Desde las autoridades de tránsito se reiteró el llamado a conductores y transportadores para reforzar las medidas de precaución, especialmente en el cierre de año, periodo en el que aumenta de manera significativa el flujo de vehículos en las principales carreteras del departamento.
En el marco de la campaña Viaje Seguro en esta Navidad, la Novena Brigada del Ejército Nacional instaló 21 puestos de control en los corredores viales del Huila para acompañar y garantizar la seguridad a propios y turistas durante la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año.Asimismo, en los municipios, en las principales vías y en los lugares turísticos hay presencia de 2.900 soldados y también del Gaula Militar, brindando orientación sobre eventuales casos de secuestro y extorsión a viajeros y conductores que por estos días visitan y salen del departamento.“En el marco de esta estrategia, tenemos instalados 21 puestos de control en los principales corredores viales del departamento en los que más de 720 soldados, articulados en 30 pelotones, se encuentran desplegados apoyando a los viajeros, en acciones de prevención, así como de reacción ante cualquier situación que pueda afectar la movilidad o la tranquilidad en la carretera”, dijo el coronel César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Agregó el oficial del Ejército Nacional que más de 1.000 hombres en 38 pelotones realizan patrullajes continuos y operaciones de control en áreas rurales en aquellas zonas, donde se han presentado problemas de orden público o casos de extorsión contra gremios de la región.Es importante mencionar que la dirección nacional de la Policía también envío 90 patrulleros hombres y mujeres que estarán fortaleciendo las estaciones de policía en los 37 municipios del Huila.
El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares cuestionó la declaratoria de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional y aseguró que, a su juicio, no se cumplen los requisitos constitucionales para acudir a este estado de excepción.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Linares explicó que el debate va mucho más allá de una discusión económica. Según dijo, lo que está en juego es el sistema de frenos y contrapesos y el principio democrático de separación de poderes. “Lo que estamos discutiendo es si cuando el Congreso niega una reforma tributaria, el Gobierno la puede adoptar por decreto”, señaló.El exmagistrado recordó que la Constitución consagra el principio de que no puede haber tributación sin representación, es decir, que los impuestos deben ser aprobados por el órgano democrático por excelencia, el Congreso de la República. En ese sentido, afirmó que el hecho de que el Legislativo haya negado una reforma tributaria no constituye, por sí mismo, una razón válida para declarar una emergencia económica.¿Es viable decretar emergencia económica?Para Linares, el punto central es determinar si existen hechos sobrevinientes o una calamidad pública que justifiquen la medida. “Yo no veo cuáles son los hechos sobrevinientes”, afirmó de manera enfática.Consultado sobre si identificaba algún hecho nuevo distinto a la negativa del Congreso, Linares mencionó únicamente la reciente operación de crédito público realizada por el Gobierno. Según explicó, el viernes pasado se emitieron cerca de 6.000 millones de dólares, lo que representaría el ingreso de aproximadamente 24 billones de pesos a las finanzas públicas. “Esa cifra es muy superior a los 16 billones que se pretenden recaudar con los nuevos impuestos”, señaló, agregando que pensó que con esa operación desaparecía la necesidad de la emergencia económica.Sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Linares recordó que, con base en el artículo 215 de la Constitución, la Corte ha sido clara en exigir un hecho sobreviniente o una calamidad pública para justificar una emergencia. Puso como ejemplo la emergencia económica decretada para La Guajira, en la que la Corte fue flexible, pero limitó los efectos de la declaratoria exclusivamente a medidas relacionadas con el acceso al agua. En contraste, insistió en que la negativa del Congreso a aprobar una reforma tributaria “no es un hecho sobreviniente”.Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de que la Corte Constitucional actúe durante la vacancia judicial. Linares consideró que la Constitución no puede “irse de vacaciones” y afirmó que el presidente de la Corte tiene la facultad de convocar una Sala Plena extraordinaria para repartir el decreto de emergencia una vez llegue al alto tribunal. Según explicó, esto podría hacerse incluso de manera virtual.Frente a la opción de una suspensión provisional del decreto, el exmagistrado señaló que sería una figura inédita en este tipo de casos, pero no descartó que la Corte pueda “estrenarla” si considera que existe una violación flagrante de la Constitución. A su juicio, así como el Gobierno está innovando al acudir a la emergencia económica, la Corte podría responder con medidas igualmente extraordinarias.Finalmente, al referirse a las posibles mayorías dentro de la Corte Constitucional, Linares dijo no tener “bola de cristal”, pero sostuvo que los magistrados son serios e institucionales.
Mientras el país espera que el gobierno nacional publique los decretos de emergencia económica, luego de la caída de la reforma tributaria en el Congreso de la República, con la que pretendía recaudar 16 billones de pesos, la Contraloría le pide al gobierno nacional centrar sus objetivos en cumplir con la la ejecución presupuestal para 2026 con estrategia “responsable, austera y equilibrada”.A través de un comunicado, el ente de control aseguró que al Ministerio de Hacienda solo le resta el camino del recorte del gasto para el próximo año y recordó que el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un claro desequilibrio entre fuentes y usos.“Para el ente de control es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo”. dice el documento.La Contraloría también llamó la atención en lo que denominó como “una marcada rigidez” frente a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones.En este sentido, consideró que luego de una evaluación, el Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos. “En el caso de la inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también presenta restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras comprometidas. En este espacio, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con alto impacto macro-regional y que mejoren la estabilidad económica y la transformación productiva del país”Insistió en que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda debe mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, superando los niveles observados en años recientes.“En 2024, del total del presupuesto solo se obligó el 83,1 %, y en el caso de inversión el porcentaje fue apenas del 57%. En la presente vigencia (2025), al corte del 15 de diciembre, se presenta una ejecución del 79,9 %, sin embargo, preocupa especialmente el rubro de inversión con apenas el 52,8 % obligado, faltando quince días para finalizar el año”, señaló el organismo de control.También le pidió a la Dian, acelerar su proceso de modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el fin de aumentar el recaudo tributario efectivo.
El secuestro de 18 militares del Ejército en un resguardo indígena del Chocó dejó en evidencia la compleja relación entre algunas comunidades y la Fuerza Pública en esta zona del país. Los uniformados fueron retenidos el pasado domingo cuando realizaban una operación contra el ELN, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como un “secuestro” y aseguró que los soldados fueron rodeados por más de 200 personas y trasladados por la fuerza hasta un resguardo indígena.Ante este hecho, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó que los militares se encuentran con vida. “Básicamente sabemos que están bien. Hemos tenido contacto con la comunidad indígena directamente con el suboficial comandante de la unidad”, explicó el oficial.Comunidades indígenas impidieron operación militar en ChocóSegún lo revelado por el general Caicedo en entrevista con Mañanas Blu, la retención ocurrió cuando una unidad se encontraba en el resguardo La Puria, perteneciente a la comunidad indígena de Río Claro, en el municipio de Carmen de Atrato. “Fueron rodeados por aproximadamente entre 200 y 220 personas y, bajo presión, llevados hasta la escuela de la comunidad indígena, lugar donde se encuentran desde el día anterior”, señaló.Así mismo, Caicedo reiteró que el Ejército no requiere autorización para operar en el territorio nacional. “Usualmente nosotros hacemos las operaciones militares en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización alguna”, afirmó. No obstante, reconoció que en varios casos se busca concertar el ingreso con las comunidades, algo que en esta ocasión no fue posible debido a la presencia del ELN en la zona.Ejército señala presencia activa del ELN en la zonaEl objetivo del operativo era una estructura del ELN que, de acuerdo con el Ejército, continúa operando en el área. “Había una estructura del ELN que aún permanece allí, de aproximadamente 16 hombres en armas, con alias Ramiro, cabecilla de comisión, el tercero del Frente Manuel Hernández El Boche”, explicó Caicedo. Según el oficial, este grupo estaría vinculado a extorsiones, quema de vehículos y constreñimientos armados en vías del Chocó.Para el general, la actuación de algunos integrantes de la comunidad resulta contradictoria. “No debería ser así, es todo lo contrario. Deberían capturar, si tienen una guardia indígena, a los miembros de cualquier estructura armada ilegal, porque la legalidad es lo que debe prevalecer”, sostuvo.Caicedo advirtió además que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por el ELN. Recordó que en operaciones recientes se han registrado capturas y muertes en combate, incluso de integrantes de comunidades indígenas. “Sí están siendo instrumentalizados. También se está presentando mucho el delito de reclutamiento ilegal de menores”, denunció.Sobre el armamento de los soldados retenidos, el general aclaró que permanece bajo control militar. “El armamento estaba ubicado a un lado de donde estaban ellos, pero el control lo tenía la unidad”, dijo, explicando que la decisión de desarmarse se tomó para evitar una tragedia. “Eran 500 indígenas contra 18 soldados”, agregó.Mientras avanzan las gestiones de la Gobernación, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación, el Ejército insistió en que no suspenderá sus operaciones. “No vamos a frenar, las operaciones se van a seguir desarrollando”, advirtió Caicedo, quien concluyó con una reflexión: “Cuando se piden garantías de seguridad, pero no se permite que la Fuerza Pública se desplace, se abre el camino para que los grupos armados ilegales ingresen al territorio”.
En una operación coordinada entre la Dijin de la Policía y la Fiscalía, se ejecutaron de manera simultánea siete intervenciones de extinción de dominio que permitieron a las autoridades afectar un total de 431 bienes vinculados a redes de narcotráfico, delincuencia organizada, minería ilegal y grupos armados.Las acciones, que se llevaron a cabo en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander, Antioquia y Bolívar, llegaron hasta los bienes obtenidos a través de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir y explotación ilícita de yacimientos mineros. El avalúo total de los inmuebles, entre los que se encuentran vehículos, sociedades, animales y activos financieros, supera los $445.115 millones de pesos.Uno de los golpes más significativos se registró en Medellín y varios municipios de Antioquia, donde las autoridades impusieron medidas cautelares sobre un hotel, apartamentos, establecimientos comerciales, vehículos, sociedades, títulos valores y más de 200 semovientes, por un valor cercano a los $375.000 millones. Estos bienes pertenecían a la red de alias ‘Horqueta’, cabecilla del Frente Capitán Mauricio del ELN, señalada de financiarse mediante la explotación ilegal de oro con maquinaria amarilla amparada en sociedades mineras.En Urabá y el Valle de Aburrá también fue afectada la estructura financiera de alias 'Cholo Banano', narcotraficante de cuarta generación al servicio del Clan del Golfo. En total, 81 bienes, entre lotes, casas, apartamentos, cuentas bancarias y vehículos, fueron ocupados con fines de extinción de dominio, con un avalúo de más de $23.000 millones.La operación se extendió a Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander y Nariño, donde fueron ocupados bienes pertenecientes a alias ‘Marlon’ y ‘Gerson’, cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias. Las investigaciones revelaron que varias de estas propiedades funcionaban como laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, cultivos ilícitos, depósitos de armamento y centros logísticos para la expansión criminal.En Pereira, Risaralda, las autoridades golpearon el patrimonio del Grupo Delictivo Organizado Cordillera. Cinco bienes avaluados en más de $5.400 millones, pertenecientes al núcleo familiar de alias ‘Viejo’, ‘May’ o ‘Lalo’, fueron sometidos a medidas cautelares. Según las pesquisas, esta red obtenía estupefacientes en Cauca y Valle del Cauca, los trasladaba a Pereira y los distribuía al menudeo cerca de colegios y zonas comerciales.La ofensiva también alcanzó esquemas de lavado de activos con alcance internacional. En Valle del Cauca y Quindío fueron extinguidos 12 bienes vinculados a la organización liderada por alias ‘Valentina’, señalada de operar un sistema transnacional de recolección de divisas en Estados Unidos y depósitos fraccionados para evadir controles bancarios, modalidad conocida como ‘pitufeo’.En Antioquia y Cartagena, Bolívar, fueron afectados 19 bienes asociados a alias ‘Lindolfo’ y ‘Diego Chamizo’, cabecillas de la Oficina de Envigado. Esta estructura, según las autoridades, ejerce control sobre cerca del 65 % de los combos delincuenciales de Medellín, incluidos grupos como ‘Los Chatas’, ‘Caicedo’ y ‘La Terraza’.Finalmente, en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca, fue impactado el aparato financiero del Comando de Frontera, disidencia del GAO-r. Un total de 37 bienes, avaluados en más de $13.600 millones, pertenecientes a alias ‘Flaco Alberto’ y su núcleo familiar, eran utilizados para el procesamiento de drogas, cultivos de coca y ocultamiento de armamento, en una zona estratégica que conecta con corredores del narcotráfico hacia el Pacífico.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
El caso de Zulma Guzmán sigue dando de qué hablar y genera preocupación sobre lo que depara el futuro judicial de la mujer señalada como presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, hechos que además dejaron a otros dos jóvenes gravemente afectados, todos en el norte del país.Aunque en un inicio la mujer había afirmado que no estaba huyendo de las autoridades y que se encontraba en un viaje de negocios en Argentina, recientemente fue detenida en el Reino Unido. La captura se produjo luego de que se activara una alerta roja de Interpol y de que Guzmán fuera identificada, presuntamente, con intenciones de quitarse la vida en el río Támesis, en Londres.Según lo revelado oficialmente, Guzmán fue localizada por las autoridades británicas tras un rastreo internacional que permitió establecer que salió de Colombia y se movilizó por varios países. La Fiscalía había señalado que la mujer viajó a Argentina, Brasil, España y, finalmente, al Reino Unido, país al que llegó en noviembre. Desde entonces, la Agencia Nacional del Crimen británica se mantenía en la búsqueda de su paradero.Relacionan a Zulma Guzmán con otros presuntos casos de envenenamientoEl proceso judicial dio un nuevo giro tras relacionar a Zulma Guzmán con la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. Oficialmente, Graham murió por cáncer, pero en su organismo se habrían encontrado rastros de talio.De acuerdo con lo que se ha conocido, Graham habría sido envenenada en dos oportunidades con esta sustancia, pese a que el dictamen médico señaló cáncer como causa de muerte. Ante este escenario, los investigadores buscan establecer cómo llegó el químico al entorno familiar en plena pandemia, cuando la familia se encontraba aislada en fincas ubicadas en Sutatausa y Ubaté, en Cundinamarca, zonas a las que no llegan servicios de domicilio.En una entrevista con Focus Noticias, Zulma Guzmán aseguró que las frambuesas hacen parte de su dieta regular. Además, señaló a la familia De Bedout al afirmar que varios caballos de polo, propiedad de Juan de Bedout, habrían sido envenenados con talio en un club.Esta información encendió las alertas de la Fiscalía, pues se trata de un dato que sugiere que Guzmán conocía los efectos de este tipo de sustancias, lo que abre la puerta a una investigación más amplia sobre posibles envenenamientos reiterados.Zulma Guzmán y su situación de salud mental en Reino UnidoMientras la investigación avanza, y tras su detención en el Reino Unido, Zulma Guzmán permanece bajo un régimen de salud mental. La mujer aseguró padecer problemas psicológicos, condición que, le impediría enfrentar de manera inmediata los cargos en su contra por el presunto doble homicidio.Este régimen también permite que el proceso de extradición sea suspendido de forma temporal, mientras las autoridades evalúan el estado de salud mental actual de Guzmán y determinan si está en condiciones de responder ante la justicia colombiana.
Al menos 18 militares fueron retenidos el domingo por pobladores del departamento del Chocó, en el oeste del país, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.El ministro tildó la acción de "secuestro" y detalló en X que los uniformados "fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena".Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia", anotó el ministro.La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras "la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena", llamó a un "consejo de seguridad extraordinario" para buscar la liberación de los uniformados.Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar "pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección"."Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares", añadió el ministro.En septiembre 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes de las extintas Farc.Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.
El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las Farc, anunció este domingo un cese de operaciones contra la fuerza pública por las festividades navideñas y de fin de año, para que las familias puedan pasar estas fechas en paz."Hemos dado la orden a nuestras unidades en todo el territorio nacional de suspender las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, con el objetivo de que las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada", informó esa disidencia en un comunicado.El anuncio se produce el mismo día en que la guerrilla del ELN informó de un cese al fuego unilateral que se iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 3 de enero de 2026.La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio del ELN con "cierto alivio, pero también con angustia", al advertir que, pese a que invoquen el respeto a la población civil, las acciones recientes de los grupos armados han causado daños a comunidades en varias regiones del país.Marín pidió que estos gestos se traduzcan en hechos concretos, como la liberación de personas secuestradas y la reducción real de las confrontaciones armadas, y recordó que ceses similares anunciados en el pasado no evitaron nuevas violencias, entre ellas, desplazamientos masivos y miedo generalizado en zonas como el Catatumbo.Hace unas horas, el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), otra disidencia de las Farc que opera en el Catatumbo anunció, mediante un video divulgado por medios locales y del que no se ha podido comprobar su autenticidad, otro cese indefinido de acciones ofensivas contra la fuerza pública.Intensificación de ataques guerrillerosEstos anuncios coinciden con la persistente crisis humanitaria en varias regiones del país, en particular en el Catatumbo, donde desde enero de este año se han intensificado los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 del EMBF, que han dejado cerca de un centenar de muertos y provocado desplazamientos masivos, confinamientos y otras afectaciones a comunidades campesinas.El EMC es liderado por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el hombre más buscado del país, por el que el Gobierno ofrece una millonaria recompensa y quien no participa actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.En contraste, el Ejecutivo mantiene conversaciones con otras organizaciones disidentes, entre ellas el EMBF, con el que en noviembre pasado alcanzó acuerdos para no reclutar menores de edad, promover el acceso a la tierra y proteger el medioambiente, en el marco de la política de 'Paz total' del presidente Petro.Tanto el EMC como el ELN perpetraron en los últimos días violentos ataques contra la Policía y el Ejército en los departamentos del Cauca y Cesar.En Buenos Aires, una toma del EMC que duró más de siete horas dejó ocho policías heridos y varias edificaciones de ese pueblo destruidas, mientras que en Aguachica, el ELN mató a siete soldados y dejó 31 más heridos en un ataque con drones contra una base del Ejército.
En un análisis sobre el cierre del año político y los retos que enfrenta Colombia de cara a las elecciones de 2026, el profesor y analista Juan Carlos Flores expresó en entrevista con Sala de Prensa Blu su preocupación por la falta de liderazgo y de propuestas claras en los sectores de oposición. En diálogo con Blu Radio, el experto abordó temas como el impacto de la inteligencia artificial, la crisis de representación política y la necesidad de construir un proyecto de país que conecte con la ciudadanía.Inteligencia artificial: una herramienta sin concienciaDurante la entrevista, Flores se refirió al avance de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito académico, destacando su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo. No obstante, advirtió sobre sus límites frente al pensamiento humano.“Estamos ante un sistema de compilación extraordinario que nos permite hacer repasos a una velocidad que antes era inimaginable”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esta tecnología aún carece de una dimensión creativa propia: “Ella aún no permite que vislumbremos lo nuevo, no nos presenta nuevos escenarios”.Críticas a la oposición y al debate electoralAl analizar el panorama político nacional, Flores manifestó un “profundo desconcierto” frente a la estrategia de la oposición, señalando que el debate se ha reducido a cálculos electorales y alianzas sin contenido programático. Según el analista, la discusión se ha centrado en nombres y no en ideas capaces de generar un verdadero cambio.En ese sentido, fue contundente al afirmar que “la oposición en Colombia no ha logrado encontrar un camino distinto del simple rechazo al gobierno”. Para Flores, la experiencia de líderes como Gustavo Petro, Donald Trump o Javier Milei demuestra que el respaldo ciudadano se construye a partir de la conexión con las aspiraciones del electorado, algo que hoy no se percibe en los sectores opositores.“Mi crítica a la oposición es que por ese camino van directo a la derrota en la segunda vuelta”, advirtió, al considerar que la falta de una propuesta atractiva podría traducirse en un nuevo fracaso electoral.Un llamado a pensar el futuro del paísFinalmente, Flores llamó la atención sobre la pérdida de talento humano en Colombia, impulsada por la falta de oportunidades y de un proyecto nacional sólido. A su juicio, la dirigencia política debe enfocarse en ofrecer soluciones reales y en “construir un futuro para el país”, dejando de lado discursos anclados en la “revancha social” o la “amargura por el pasado”.De no hacerlo, concluyó el analista, Colombia podría enfrentar un escenario cada vez más complejo, marcado por la frustración ciudadana y un camino político “áspero y duro” sin una visión clara de largo plazo.