El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga presentó la segunda rendición de cuentas de su actual administración, un informe de puertas abiertas a los habitantes que dio cuenta de los avances de estos dos años de gobierno en el trabajo emprendido para recuperar a la ciudad en temas como seguridad y convivencia; empleo y reducción de la pobreza; salud física y mental; educación y cultura; infraestructura; confianza ciudadana e inversión transparente de los recursos públicos.En medio de los retos sociales, el mandatario local destacó que la ciudad va por buen camino y que ya se superó la meta propuesta a la fecha en el cumplimiento del Plan de Desarrollo. En mitad del actual gobierno, la ejecución avanza en un 56 %.“Hay tres instrucciones muy claras. Austeridad al 100 transparencia al 100 y eficiencia en el gasto. Nos quedan dos años más de gobierno, vamos por encima de las metas, pero tienen que ser mucho mejores los indicadores, tenemos que generar más empleo, más condiciones de vida, para que más personas salgan de la pobreza, como ya lo han hecho tantas familias”, expresó el alcalde.Este logro tuvo una importante influencia de la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la gestión pública y se evidencia en el pago de impuesto predial y de industria y comercio. De igual forma, se redujeron los fondos fijos de alrededor de $289 millones en 2023 a $1,2 millones en 2025, un 99.7 % menos.“Logramos estabilizar la ciudad del desastre que la recibimos, hay transparencia, recorte en el gasto de funcionamiento, austeridad y eficiencia en la administración de los recursos, y sobre todo hay confianza. Más del 80 % de los ciudadanos de Medellín hoy se sienten orgullosos de su ciudad”, agregó el mandatario local.La apuesta por la inversión transparente y eficiente de los recursos para aumentar el bienestar de las familias ha dado buenos resultados. Medellín reporta la tasa con la menor desocupación en el país, con 6,7 % en el corte de agosto a octubre, según cifras del Dane. En el Distrito se han realizado 136 Ferias de Oportunidades, 50.000 personas han sido acompañadas para la generación de ingresos y 41.390 han iniciado la ruta de la empleabilidad. Esto se suma a la recuperación del trabajo conjunto con el sector privado, que genera el 97 % de los empleos.La Administración Distrital ha fortalecido el ecosistema emprendedor con 12 programas y 2.600 emprendedores acompañados, lo que ha derivado en un 59 % de crecimiento en sus ventas y un 49 % de aumento en empleos desde este sector. De igual forma, en los cinco corregimientos se implementaron 15 proyectos de inversión y se han beneficiado 1.650 productores campesinos con ventas de $20.878 millones en Mercados Campesinos, un 21 % más frente a 2024.En este año que cierra el Distrito se consolidó como epicentro de grandes eventos, que dejaron una derrama económica de 365 millones de dólares, beneficiaron a 4.254 emprendedores, generaron 169.000 empleos directos e indirectos y aumentaron las ventas en un 26 % frente a 2024. A esto se suman 23 ruedas de negocio nacionales e internacionales que han dejado expectativas de negocios de 168 millones de dólares.Movilidad social: reducción del hambre y la pobreza En su segundo año de mandato, el alcalde Gutiérrez Zuluaga resaltó los logros en materia social, con resultados tan importantes como la reducción de la pobreza del 27 % al 22 % y la disminución del hambre del 28 % al 19 %, lo que se traduce en un descenso de personas que comen menos de tres comidas al día.La primera infancia ha sido prioridad. Se impulsaron estrategias como Buen Comienzo 365, que aumentó sin precedentes los días de atención a niñas y niños, así como Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, que acompaña a 18.000 menores de 5 años, a mujeres gestantes y lactantes; además, permitió la entrega de 197.000 paquetes alimentarios.Esto ha contribuido a una reducción histórica en los índices de desnutrición, al pasar del 1.1 % al 0.4 % en la actualidad, que se suman a cero muertes por esta causa entre 2024 y 2025, cuando en 2023 se registraron cuatro.El Programa de Alimentación Escolar (PAE) también creció su cobertura y llegó a 244.000 estudiantes, mientras que la Alianza Medellín Cero Hambre permitió la entrega de 5 millones de platos de comida y 38.000 paquetes alimentarios a las familias más vulnerables, en una apuesta que reúne al sector privado y social y que hoy cuenta con 200 madrinas aliadas.Por otro lado, Tejiendo Hogares, del Despacho de la Primera Dama, presenta avances significativos en el acompañamiento de las familias para reducir los niveles de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y promover la crianza amorosa. 76.169 personas fueron orientadas con talleres para fortalecer los vínculos en los hogares, 2.334 participaron en la Gran Escuela para la Familia y 2.800 menores de edad víctimas de violencias sexuales fueron atendidos con un modelo renovado en los hogares de protección. La formación se extendió a empresas de transporte, instituciones educativas y al sector privado.En materia social también se abrieron nueve círculos de cuidado, se brindaron oportunidades de empleo y becas a 8.000 mujeres y se entregará el primer centro de lavado comunitario en Manrique, que permitirá ahorrar cada semana al menos seis horas en tareas de lavado, secado y doblado de ropa, una apuesta que se extenderá a otras comunas.En estos dos años, la Administración Distrital ha entregado 1.630 subsidios para compra de vivienda, ha invertido $6.000 millones para compra de crédito hipotecario, $16.164 millones para subsidios de cuota inicial y $124.000 millones en mejoramientos. A la par de facilitar un techo digno, con el programa Unidos por el Agua se avanzó en el acceso de 7.257 hogares a agua potable y alcantarillado.Además, en estos dos años, Medellín registra un hito en protección y bienestar animal. Solo en 2025, el número de adopciones de perros y gatos se incrementó en un 21 %, con lo cual se superó la meta propuesta.Educación, juventud y culturaProgramas como Parceros y Referentes dan un voto de confianza a las nuevas generaciones. El primero ha formado a 8.041 jóvenes en la meta de llegar a 15.000 en el cuatrienio, todo con el fin de que aquellos que están en mayor riesgo de ser reclutados por estructuras criminales tengan opciones de empleo y educación para construir sus proyectos de vida. Con Referentes, 50 jóvenes han sido certificados en liderazgo público en la Universidad EIA.En este segundo año de gobierno, se logró la tasa de deserción más baja en 20 años, con 2,5 % frente a 3,18 % en 2024 y 5,40 % en 2023; esto se traduce en 5.000 estudiantes que regresaron al sistema educativo, gracias a estrategias como 238 recorridos de búsquedas activas en los barrios, 10.742 beneficiarios con transporte escolar gratuito y 11.960 estudiantes en riesgo de deserción beneficiados con modelos flexibles.A esto se suman las oportunidades de estudio con los programas de Sapiencia, Matrícula Cero y Ruta N, además de las posibilidades que se les brindan a los docentes de realizar posgrados formados desde Mova. Este año, Medellín logró que más jóvenes ingresaran a la educación superior, con alrededor de 31.200 beneficios de Matrícula Cero.Adicionalmente, 16.912 personas fueron formadas en habilidades digitales con Estud-IA, otras 21.000 en inglés y más de 96.000 se matricularon en programas ofrecidos en @Medellín.Además, aumentó la participación en los eventos culturales de la ciudad, principalmente en los estratos 1 y 2; han sido invertidos más de $430.000 millones en cultura: conciertos, ,visitas a centros históricos, museos, galerías, cines, proyecciones y asistencia a musicales. El talento juvenil también se fortaleció: en 2025, 316 jóvenes accedieron a formación gratuita en industria musical y creativa, a través de Music Lab.Salud física y mentalEntre 2024 y 2025, se invirtieron más de $77.600 millones en salud mental en la ciudad, que permitieron atender a 45.596 personas en los 21 Centros de Escucha, orientar a 17.673 en la Línea Amiga, capacitar a 643 profesionales de salud, consolidar 71 Escuchaderos en la ciudad y brindar 165.001 intervenciones psicológicas.Esto va de la mano del fortalecimiento de la red pública de salud, con una inversión de $383.000 millones entre 2024 y 2025, de los cuales $183.618 millones se destinaron este año. Solo en el Hospital General de Medellín, que esta administración recibió en una crítica situación, se invirtieron en los dos años $197.788 millones. Esto permitió logros como el aumento en un 46 % de ayudas diagnósticas, un 39 % en atenciones de urgencias y un 31 % en las cirugías. Por su lado, para la recuperación de la red deMetrosalud se invirtieron $174.047 millones en ambos años, y en el Hospital Infantil Concejo de Medellín, $11.296 millones. Seguridad y reducción de delitos Medellín registra la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, alrededor de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, se registró reducción en todas las modalidades de hurto y en la extorsión. Los resultados también se han visto reflejados en golpes a las estructuras criminales, incautaciones, personas capturadas y vehículos recuperados. Asimismo, se fortaleció el sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad, al llegar a un total de 3.261.Este año, se desarrollaron 962 allanamientos, se aplicó extinción de dominio a 34 bienes de estructuras criminales avaluados en más de $15.000 millones, se capturaron 16 cabecillas, 85 coordinadores y 286 integrantes. Igualmente, se fortaleció la capacidad de la Fuerza Pública: se invirtieron alrededor de $36.700 millones para dotar de parque automotor a la Policía, Fiscalía y Ejército.Medellín es la primera ciudad no capital en contar con una oficina de Interpol, que ha dejado importantes resultados en la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, 131 personas han sido capturadas por este delito, entre ellos alias ‘Lili’, condenada a 21 años por proxeneta, y siete extranjeros. Además, se hicieron 63 inadmisiones por alertas migratorias y del sistema Angel Watch, lo que representa un aumento del 52 % frente al año anterior.Grandes proyectos estratégicos de infraestructura Medellín cierra 2025 con avances cruciales en uno de los hitos de ciudad: la mayor inversión en un solo cuatrienio para proyectos estratégicos de infraestructura física, una de las apuestas primordiales del alcalde Gutiérrez Zuluaga. Son casi $8 billones para infraestructura educativa de calidad, espacio público renovado, mejores escenarios deportivos y recreativos, obras de impacto que mejoran la calidad de vida de los habitantes y aportan a la equidad.La ciudad tiene más de 1.800 obras activas, entre las que se destacan la intervención de todas las sedes educativas oficiales de la ciudad, la construcción de 10 nuevos megacolegios y siete jardines infantiles de Buen Comienzo; la renovación de 282 escenarios deportivos solo este año con la meta de llegar a 1.044 antes de finalizar 2027.La ciudad también tendrá siete nuevos ReCreo Deportivos y cinco ReCreo Culturales. El compromiso con la generación de más espacio público para el disfrute de los medellinenses abarca la construcción de dos grandes parques para la ciudad. El Parque Primavera Norte, que beneficiará a casi un millón de personas, y el Gran Parque Medellín, que tendrá un área de 21 hectáreas para agrupar escenarios deportivos que hoy están sin conexión y que presentaban un estado de deterioro avanzado: la pista de BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle, ambas ya en mantenimiento; así como el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, que va a dar paso a un complejo de piscinas, dos olímpicas y dos semiolímpicas. Todo esto sumado a zonas verdes, espacios de recreación y lagunas artificiales para que las familias disfruten juntas.El estadio Atanasio Girardot tendrá una inversión de más de $750.000 millones para convertirlo en uno de los mejores de América Latina: aumentará su aforo de 45.000 a 60.000 espectadores, con un tercer nivel, una cubierta que abarcará todo el escenario, silletería renovada, una mejor cancha y una fachada novedosa.“Vamos a seguir mejorando la calidad de vida de la gente, a seguir administrando bien la ciudad y a seguir trabajando. Yo estoy dedicado a que a la ciudad le vaya bien. No estamos en discusiones de izquierdas, derecha o centro, estamos enfocados a hacer que las cosas pasen y que la gente viva bien”, concluyó el alcalde.*Información tomada de la Alcaladía de Medellín por acuerdo comercial con Blu Radio
Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto que declara la emergencia económica, el debate sobre el déficit fiscal en Colombia tomó un nuevo aire. Esta vez, el sector minero-energético reaccionó con fuerza frente a la posibilidad de que los impuestos a la exportación de carbón, petróleo y otros minerales, creados bajo esta figura excepcional, se conviertan en permanentes.La respuesta llegó desde uno de los gremios más representativos del sector. En entrevista con Blu Radio, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), lanzó una dura crítica al Gobierno por las consecuencias que, a su juicio, tendría esta medida sobre la minería formal y, en general, sobre la economía del país.Para Nariño, las decisiones anunciadas no solo afectan a un sector específico, sino que representan un golpe a la institucionalidad y terminan trasladando el costo a la ciudadanía. Según explicó, acudir de manera reiterada a figuras excepcionales para resolver problemas fiscales que ya eran previsibles abre un escenario complejo para el manejo de las finanzas públicas y la confianza en las reglas de juego.Nariño cuestiona impuestos decretados en emergencia económicaEl presidente de la ACM fue enfático en señalar que el debate no pasa únicamente por el cobro de impuestos, sino por a quiénes se les está exigiendo el esfuerzo fiscal. “La trampa aquí no está en cobrarle impuestos a un sector específicamente, sino a las empresas formales de minería”, afirmó durante la entrevista.En ese contexto, advirtió que mientras las compañías legales asumen mayores cargas, la minería ilegal se ve favorecida por los altos precios internacionales del oro y otros metales. Para Nariño, este desequilibrio genera un incentivo perverso. “Cuando los impuestos pasan un límite se convierte en un estímulo a la informalidad”, señaló, comparando el fenómeno con lo que ocurre históricamente con el contrabando.Desde su perspectiva, este escenario no solo debilita a las empresas que cumplen la ley, sino que fortalece estructuras criminales que operan al margen del Estado, sin controles ni obligaciones tributarias.Minería ilegal, impuestos y efectos en la economía colombianaOtro de los puntos que puso sobre la mesa fue el impacto ambiental y social de esta situación. Nariño recordó que las empresas formales están sujetas a estrictas normas técnicas y ambientales, algo que no ocurre con la minería ilegal. “Las empresas formales no usan mercurio, pero los beneficiaderos ilegales sí, porque nadie les pone el tate quieto”, aseguró.A esto se suma la caída en la producción y exportación de carbón. De acuerdo con sus estimaciones, Colombia cerraría 2025 con exportaciones cercanas a las 48 millones de toneladas, muy por debajo de las más de 60 millones que se alcanzaron en años anteriores. Para el dirigente gremial, esta reducción se traduce directamente en menos empleo, menos regalías para las regiones y un menor recaudo para el Estado.El impacto, advirtió, no se queda únicamente en el sector minero. “En el fondo lo que hay son familias, empleos y oportunidades en el territorio”, afirmó Nariño, al explicar que miles de comunidades dependen de la actividad minera legal. Además, señaló que encarecer el carbón termina afectando la matriz energética del país y el costo de vida. “Eso hace que los colombianos paguemos más, el de la tienda de la esquina y la pequeña industria”, concluyó.Mientras la Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad y los alcances de la emergencia económica, el sector minero insiste en que las decisiones fiscales deberían enfocarse en fortalecer la legalidad, la estabilidad económica y la competitividad, y no en castigar a quienes operan dentro de las reglas.
Los colombianos siguen con atención la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el estado de emergencia económica y social, una medida que reavivó el temor por posibles incrementos de impuestos de cara al año 2026. La preocupación no es menor, sobre todo en un contexto marcado por el costo de vida, el ajuste fiscal y las dificultades del Gobierno para sacar adelante proyectos clave en el Congreso.La declaratoria quedó en pie con la firma del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Con este acto, el Ejecutivo activó una figura constitucional que no es nueva en el país y que, en los últimos 30 años, ha sido utilizada en al menos nueve ocasiones por distintos gobiernos para enfrentar crisis consideradas excepcionales.Por qué Petro declaró emergencia económica en ColombiaSegún lo expuesto por el Gobierno Nacional, la decisión responde a una escasez de recursos que no puede resolverse por los mecanismos ordinarios del Estado. En palabras del propio Ejecutivo, el país atraviesa una crisis fiscal “excepcional”, provocada por deudas acumuladas, fallos judiciales con impacto presupuestal y la falta de aprobación de proyectos clave en el Legislativo.Uno de los puntos centrales fue el hundimiento de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto general de 2026. Sin esos recursos, advirtió el presidente Petro, el Estado se vería obligado a aplicar un recorte severo del gasto, reduciéndolo a 530,7 billones de pesos.Con esta nueva declaratoria, el mandatario completa cuatro estados de emergencia durante su gobierno, un hecho que ha generado debate político y jurídico sobre el uso recurrente de esta herramienta constitucional y sus implicaciones económicas, especialmente en materia tributaria.Estados de emergencia económica en Colombia desde 1997El estado de emergencia económica no ha sido exclusivo del actual Gobierno. Desde 1997, Colombia ha recurrido a esta figura en distintas coyunturas, algunas de carácter fiscal y otras asociadas a desastres naturales o crisis sociales.Entre los antecedentes más relevantes se encuentran:En 1997, el entonces presidente Ernesto Samper declaró la emergencia por la situación de las finanzas públicas, aunque la Corte Constitucional terminó tumbando la medida.En 1998, Andrés Pastrana acudió a esta figura para enfrentar la crisis financiera derivada del colapso del Upac.Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se decretó en tres ocasiones:En 2010, por la fuerte temporada de lluvias que afectó a más de 1,7 millones de personas.En 2015, por la crisis migratoria con Venezuela.En 2017, tras la avalancha ocurrida en Mocoa.En 2020, el entonces presidente Iván Duque decretó la emergencia en medio de la pandemia del covid-19, con el objetivo de mitigar el impacto sanitario y económico de la parálisis del país.En el caso del gobierno de Gustavo Petro, ya se han decretado tres estados de emergencia antes del actual. En 2023, se declaró la emergencia en La Guajira, agravada por el fenómeno de El Niño, con anuncios en sectores como agua, energía, salud y educación. En 2025, se decretó otra por la crisis de orden público en el Catatumbo, medida que incluyó un paquete de impuestos extraordinarios para recaudar más de un billón de pesos.Ese mismo año, el aumento de casos de fiebre amarilla llevó a una nueva declaratoria, aunque en ese caso no se implementaron medidas económicas adicionales.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno nacional se alista para reanudar la erradicación de cultivos de hoja de coca mediante aspersión con glifosato usando drones, una modalidad que, según explicó, será terrestre, focalizada y bajo estrictos controles ambientales y de seguridad.De acuerdo con Idárraga, los primeros territorios donde se implementará esta estrategia están ubicados en el departamento del Cauca. “Hay predeterminados 17 municipios en el departamento del Cauca”, señaló el ministro, tras precisar que la decisión se adoptó luego de que el comité técnico interinstitucional PCAT aprobara la aspersión terrestre con siete votos a favor de los siete asistentes.El jefe de la cartera de Justicia explicó que, una vez surtida esta aprobación, el proceso pasa a la última revisión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Cuándo y dónde comenzará la aspersión con glifosatoSi ese visto bueno se otorga, el Gobierno espera que las operaciones comiencen la próxima semana. “Esperaríamos que más tarde, la próxima semana arranquemos, reitero, por el departamento del Cauca”, afirmó.Idárraga aclaró que, aunque ya se habla de 17 municipios, la definición final de los puntos específicos estará a cargo del Ejército y la Policía, debido a que estas operaciones requieren acompañamiento y control de la Fuerza Pública en terreno. “Esa operación, sea en el Cauca o en cualquier otro lugar, requiere un cubrimiento de Ejército”, indicó.Sobre la modalidad, el ministro insistió en que no se trata de aspersión aérea, como la que en el pasado se hacía con avionetas. Según explicó, los drones operan a muy baja altura y son controlados visualmente desde tierra, lo que, desde el punto de vista técnico y normativo, los clasifica como aspersión terrestre. “No es masiva, es controlada y supervisada desde tierra”, dijo.El ministro también detalló que esta estrategia será complementaria a otras acciones contra los cultivos ilícitos y no reemplazará programas como la sustitución voluntaria. En ese sentido, aseguró que la fumigación con drones se enfocará únicamente en zonas donde, según el Gobierno, los campesinos están siendo obligados por estructuras criminales a sembrar hoja de coca. “No estamos involucrando territorios de grupos étnicos ni zonas donde hay sustitución voluntaria”, afirmó.Cómo se realizará la aspersión con glifosatoEn cuanto a la seguridad, Idárraga confirmó que las operaciones estarán custodiadas por la Fuerza Pública debido a los riesgos que persisten en estas zonas. Reconoció que, aunque el uso de drones reduce la exposición directa del personal, siguen existiendo amenazas como ataques o asonadas. Por ello, insistió en que la definición de los territorios será una decisión conjunta entre Ejército y Policía.El ministro explicó además que los drones serán operados por la Policía Nacional, entidad que los adquirió desde 2018 y que cuenta con personal entrenado para su manejo. Según Idárraga, esta tecnología permite reducir la llamada “deriva”, es decir, la dispersión del químico hacia cultivos o zonas no objetivo, lo que minimiza impactos ambientales.Finalmente, indicó que aún no es posible precisar cuántas hectáreas serán intervenidas bajo esta modalidad, debido a que se trata de una estrategia focalizada y no masiva. “Cuantificar el nivel de hectáreas a las que se le va a apuntar en este momento no es determinable”, concluyó.
Los testimonios de personas que aseguran haber muerto y luego haber regresado a la vida son escasos y, en muchos casos, generan asombro. Uno de esos relatos es el de Dean Braxton, un ciudadano estadounidense de 68 años, quien afirma haber permanecido clínicamente muerto durante casi dos horas y haber vivido una experiencia que transformó por completo su vida.El hecho ocurrió en 2006, cuando Braxton fue hospitalizado en el estado de Washington para someterse a una cirugía por cálculos renales. Lo que parecía una intervención de rutina se complicó gravemente tras una infección severa que desencadenó un paro cardíaco. Durante más de una hora, los médicos intentaron reanimarlo sin éxito y, ante la falta de respuesta, comenzaron los procedimientos para trasladar su cuerpo a la morgue.De manera inesperada, Braxton volvió a presentar signos vitales, sorprendiendo al personal médico, que no solo había dado por terminados los intentos de reanimación, sino que tampoco esperaba que sobreviviera sin secuelas neurológicas. Contra todo pronóstico, el hombre despertó sin daño cerebral alguno.“Una alegría imposible de describir”Lejos de relatar miedo o angustia, Braxton asegura que durante los 105 minutos en los que estuvo clínicamente muerto experimentó una profunda sensación de paz, consuelo y felicidad. Según su testimonio, fue llevado a un lugar que interpreta como el cielo, donde afirma haberse reencontrado con familiares fallecidos, ángeles y figuras espirituales como Jesús y Dios.“Sentí que todo estaba vivo. No solo las personas, sino todo lo que me rodeaba. Era inteligente, tenía una actitud buena y parecía alegrarse de mi presencia”, ha contado en distintas entrevistas.Braxton afirmó que fue recibido por varias generaciones de antepasados, incluso por familiares a quienes nunca conoció en vida, encabezados por su abuela Mary. Ese encuentro, según explicó, le permitió comprender la importancia de los vínculos familiares, algo que asegura no valoraba de la misma manera antes de esa experiencia.El momento de regresarEn su relato, el hombre señala que llegó a lo que describió como “el borde del cielo”, una especie de límite que no pudo explicar físicamente, pero que percibió como una frontera entre ese lugar y la vida terrenal. Fue allí donde, según él, escuchó una voz que identificó como la de Jesús, quien le dijo en repetidas ocasiones: “No es tu hora. Regresa”.Aunque no deseaba volver, Braxton recuerda haber observado su propio cuerpo sin vida en la cama del hospital, así como a sus familiares y al personal de salud que lo rodeaban. Minutos después, su corazón comenzó a latir nuevamente, lo que provocó una reacción inmediata del equipo médico, sorprendido por su recuperación.Braxton sostiene que, aunque su cuerpo no cambió físicamente, su forma de ver la vida sí lo hizo de manera radical. “Regresé siendo una persona diferente”, dijo, al punto de reconocer que su esposa tuvo que adaptarse a un hombre con una visión completamente nueva del mundo.Desde entonces, dedica parte de su vida a compartir su testimonio y el mensaje que, según él, recibió durante el tiempo que estuvo al borde de la muerte, convencido de que su experiencia tenía un propósito más allá de lo personal.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La historia de Paola Mejía se remonta a mayo de 2023, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, cuando una relación sentimental que parecía normal terminó en un caso de feminicidio.El 5 de mayo, tras regresar de realizar un pedido, la joven fue atacada dentro de su vivienda por su entonces pareja, quien la sometió y la mantuvo retenida contra su voluntad. Paola relató en entrevista con El Sistema Podcast que, durante la agresión, el hombre le dijo con frialdad: “Eso tú te lo buscaste, Paola, esto es tu culpa”.Según su testimonio, en los días posteriores fue privada de la libertad, agredida y posteriormente trasladada bajo amenazas hasta el estado de Nayarit, sin saber que en el patio de su propia casa permanecía oculto el cuerpo de su madre, María Enedelia, de 57 años. Semanas después, los hermanos de Paola, alertados por las sospechas de la joven sobre movimientos inusuales en el patio, realizaron una revisión del lugar y hallaron los restos de la mujer bajo un tanque de agua. Las autoridades confirmaron que presentaba múltiples lesiones causadas con arma blanca. Paola, quien se encontraba detenida, recordó el impacto emocional al conocer los resultados forenses: “Yo tenía la esperanza de quizás no es el cuerpo de mi mamá, esa no es mi mamá”.El caso avanzó judicialmente y, tras un proceso en el que el delito fue reclasificado como homicidio calificado, un juzgado de Chalco declaró responsable a Kevin y lo condenó a más de 62 años de prisión en agosto de 2025. No obstante, el 12 de noviembre de 2025, el Tribunal de Alzada de Texcoco revocó la sentencia y ordenó su libertad inmediata, argumentando insuficiencia probatoria y cuestionando la credibilidad de la víctima. Paola denunció que fue revictimizada durante el fallo, señalando que en la resolución se afirmaba que su relato “no es creíble porque Paola tuvo muchas oportunidades de pedir ayuda y nunca se escapó”.
La Cancillería de Colombia confirmó que un nuevo país de Europa dejará de exigir visa a los turistas colombianos. Se trata de la República de Belarús, también conocida como Bielorrusia, que entró oficialmente en el acuerdo de exención mutua de visados para estadías de corta duración entre ambos países. Esta medida permitirá que los ciudadanos colombianos ingresen al territorio bielorruso sin la obligación de tramitar visa cuando el viaje tenga fines turísticos.El convenio comenzó a regir antes de finalizar el año 2025 y establece una modalidad de libre tránsito e ingreso al país europeo, fortaleciendo así la movilidad internacional de los colombianos en Europa, según lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con este acuerdo, Colombia continúa ampliando el abanico de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar con menos trámites migratorios.Cancillería confirma exención de visa para colombianos en BielorrusiaDe acuerdo con lo confirmado por la Cancillería, el convenio entró en vigor el 19 de diciembre de 2025, luego de que el documento fuera firmado el pasado 9 de abril y se completaran los procedimientos internos de formalización entre Colombia y la República de Belarús.La exención mutua de visados permite estadías de corta duración y aplica para ciudadanos colombianos que cuenten con pasaporte ordinario o de emergencia. Bajo este esquema, los viajeros podrán entrar, salir, permanecer y transitar por el territorio bielorruso por un período no superior a 90 días calendario.No obstante, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se aclaró que esta medida está destinada exclusivamente a visitas de corta duración con fines turísticos. Por lo tanto, no podrá utilizarse para actividades laborales, académicas ni de residencia permanente.Este paso también busca dinamizar las relaciones bilaterales entre Colombia y Bielorrusia, facilitando un mayor contacto entre ciudadanos de ambos países y contribuyendo al impulso del turismo y el comercio. Para el Gobierno colombiano, este tipo de acuerdos representan una herramienta clave para fortalecer la presencia del país en Europa y abrir nuevas oportunidades de intercambio cultural y económico.Qué hacer en Bielorrusia y a qué otros países europeos se puede viajar sin visaPara quienes estén considerando viajar a Bielorrusia, el país ofrece una combinación de historia, cultura y naturaleza. Entre los principales atractivos se destacan:Minsk, la capital, donde sobresalen el Museo de la Gran Guerra Patriótica y la parroquia de Santa María Magdalena.Brest, reconocida por su fortaleza histórica y el Museo de Trenes.El Palacio de Mir, declarado Patrimonio de la Humanidad, ideal para quienes disfrutan de la arquitectura histórica.Polotsk, una de las ciudades más antiguas del país, con la catedral de Santa Sofía como punto emblemático.En materia de turismo natural, el Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha es una parada obligatoria. Allí se encuentra el bosque más antiguo de Europa y es posible observar al bisonte europeo en su hábitat natural. En cuanto al clima, la mejor época para viajar es durante el verano, entre junio y agosto, cuando las temperaturas rondan los 22 grados centígrados. En contraste, el invierno puede ser bastante riguroso, con temperaturas que pueden descender hasta los -15 grados entre noviembre y marzo.Con la incorporación de Bielorrusia, Colombia amplía su lista de países europeos que permiten el ingreso sin visa para estadías de corta duración. Actualmente, los colombianos pueden viajar sin este requisito a:AlemaniaAustriaBélgicaBulgariaCroaciaChipreRepública ChecaEslovaquiaEsloveniaEspañaEstoniaFinlandiaFranciaGreciaHungríaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgoMaltaPaíses BajosPoloniaPortugalRumaniaSueciaDinamarcaSuizaLiechtensteinNoruegaIslandiaEste nuevo acuerdo refuerza la tendencia de facilitar la movilidad internacional de los colombianos y abre la puerta a un destino europeo poco tradicional, pero cada vez más atractivo para el turismo.
Un nuevo hecho de violencia sacudió al cantón Daule, en la provincia del Guayas, luego de que una mujer fuera asesinada a tiros poco después de salir del velorio del futbolista Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club. El crimen ocurrió la noche del viernes 19 de diciembre y generó alarma entre los habitantes del sector.La víctima fue identificada como Karen Grunaer, quien, tras asistir a las exequias realizadas en un camposanto de la zona, se movilizaba en un vehículo por la avenida 19 de Agosto, en la parroquia La Aurora. De acuerdo con información preliminar, el automotor en el que se transportaba fue interceptado por otro vehículo, desde el cual sujetos armados abrieron fuego en repetidas ocasiones.Como consecuencia del ataque, la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del vehículo resultó herido y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. El cuerpo de la mujer quedó tendido sobre la vía pública, escena que causó conmoción entre transeúntes y residentes del sector.Tras el crimen, unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio para acordonar el área, recolectar indicios balísticos y adelantar las primeras diligencias investigativas. El teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del Distrito Daule, explicó a un medio nacional que, aunque la mujer había asistido al velorio del futbolista de Barcelona SC, de manera preliminar se descarta que el ataque tenga relación con la muerte de Mario Pineida.Las autoridades señalaron que esta hipótesis fue descartada en una primera evaluación, mientras continúan las investigaciones para establecer las verdaderas motivaciones del crimen y dar con los responsables.Según registros del sistema de la Función Judicial, Karen Grunaer no presentaba antecedentes penales. No obstante, figuran dos denuncias previas en su contra por presuntos delitos de intimidación y abuso de confianza, las cuales habrían sido archivadas por la Fiscalía General del Estado.
La Contraloría concluyó que un contrato firmado para modernizar la gestión del mercado energético en Colombia terminó en una pérdida superior a los USD 26 millones, luego de que el software contratado nunca fuera entregado ni puesto en funcionamiento, pese a los pagos realizados.La investigación se originó tras una denuncia del Ministerio de Minas y Energía, que alertó sobre posibles irregularidades en el contrato suscrito por XM S. A. E.S.P., la empresa encargada de administrar el mercado de energía eléctrica en el país. El proyecto buscaba implementar el Sistema de Administración del Mercado (SAM), una plataforma tecnológica que debía mejorar y centralizar los procesos del sector.Según la Contraloría, los recursos usados para este contrato salieron de la tarifa de energía, es decir, del dinero que los usuarios pagan a través de su factura y que es aprobado cada año por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Uno de los hallazgos más graves corresponde a USD 15,6 millones, relacionados con el contrato firmado con el Consorcio Siemens Endimensions para desarrollar el sistema. El organismo de control estableció que el proyecto tuvo retrasos constantes, múltiples prórrogas y fallas graves, y que finalmente el software nunca fue entregado de manera completa ni recibido a satisfacción.A pesar de esto, XM S. A. realizó pagos por bienes y servicios que no llegaron a materializarse, lo que generó un daño directo a los recursos públicos. Aunque la empresa afirmó haber hecho seguimiento permanente al contrato, la Contraloría concluyó que esa supervisión no logró evitar la pérdida del dinero.El informe también señala que las acciones para reclamar ante la aseguradora y demandar al consorcio contratista se activaron cuando el daño ya estaba hecho, es decir, cuando los recursos ya habían sido comprometidos sin que existiera un producto funcional.Además, la Contraloría identificó otro hallazgo por USD 10,5 millones, relacionado con contratos de soporte, mantenimiento, capacitación y diseño del sistema. Lo llamativo, según el ente de control, es que se pagaron servicios de soporte técnico sobre un sistema que no existía o no podía operar, lo que contradice la lógica básica de este tipo de contratos.El organismo concluyó que se hicieron pagos por acompañamiento técnico a componentes que no estaban implementados, no funcionaban de forma integrada o no podían ser utilizados, lo que aumentó el impacto del detrimento fiscal.Finalmente, la Contraloría envió el informe completo al Ministerio de Minas y Energía, con el detalle de los hallazgos y conclusiones, para que se adelanten las acciones administrativas, fiscales y legales que correspondan frente a este caso.
El candidato predidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la decisión de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia.De la Espriella felicitó a Valencia, sin embargo, también dijo que había buscado un acuerdo con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró.“Intenté la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró; la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”, aseguró el abogado De la Espriella.En el mismo sentido, De la Espriella no cerró la puerta a apoyar al candidato que gane la Gran Consulta por Colombia de ser necesario.“Reitero mi palabra: si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La Patria está por encima de cualquier interés personal. De igual manera, si el Pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta y para el Doctor Fajardo, para que, juntos, derrotemos al eje del mal”, agregó De la Espriella.Es importante recordar que los candidatos de la Gran Consulta por Colombia aceptaron la participación de Paloma Valencia desde este domingo en la mañana, sin embargo, ella hizo consultas con su partido y en horas de la tarde de este lunes, 22 de diciembre, anunció oficialmente la decisión de unirse a esa coalición.
La Cancillería reubicó a Óscar Iván Muñoz, encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, en otra sede diplomática mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en su contra por la parranda vallenata realizada el pasado 11 de diciembre en Managua, en la que participó el exdirector de la DNI, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.El ministerio informó que el funcionario ya fue notificado formalmente de la apertura del proceso adelantado por la Oficina de Control Disciplinario Interno y que la medida busca evitar posibles interferencias u obstrucciones en la investigación.Muñoz, quien ocupa el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores en carrera administrativa, es investigado por su presunta participación en la gestión de recursos y en la organización de la parranda vallenata realizada en el Teatro Rubén Darío. Aunque la Cancillería asegura que negó recursos para el evento, la actividad se realizó, lo que derivó en cuestionamientos sobre el uso de su posición diplomática.Según este comunicado, cualquier decisión sobre una eventual suspensión o desvinculación debe surtir el debido proceso y no depende de una decisión discrecional de la canciller. Además, informó que la Procuraduría General de la Nación podrá asumir el caso bajo la figura de control preferente y que las pruebas ya fueron remitidas también a la Fiscalía General de la Nación.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) oficializó el licenciamiento del primer contingente de mujeres soldados en la historia de la institución. Tras 12 meses de servicio militar voluntario, 28 jóvenes finalizaron su etapa de formación en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), un hecho que redefine la participación femenina en las filas de esta fuerza.Este grupo, perteneciente al quinto contingente de 2024, ingresó a la unidad el pasado 3 de febrero de 2024. Durante su permanencia, las soldados no solo recibieron instrucción militar básica, sino que fueron integradas en áreas operativas estratégicas de seguridad y logística en la base aérea de Bogotá.Funciones y seguridad en CATAMLas uniformadas desempeñaron roles críticos en el control de acceso y la seguridad de la unidad. Sus funciones incluyeron el registro y autorización de ingreso de personal y vehículos, así como el apoyo logístico en vuelos destinados a altos mandos y personalidades del Gobierno Nacional que transitan habitualmente por esta terminal aérea.Además de las labores administrativas, las soldados se desempeñaron como Policía Militar, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos en los sistemas de defensa de la base.Este licenciamiento representa un precedente institucional para la Fuerza Aeroespacial, al consolidar la apertura del servicio militar para mujeres bajo los mismos estándares de disciplina y exigencia aplicados tradicionalmente. La FAC destacó que el aporte de estas 28 mujeres y sus familias queda registrado como un avance en el desarrollo y la modernización de la defensa nacional.
Con una inversión cercana a los $72 mil millones, el Gobierno nacional puso en operación la pista completamente modernizada del Aeropuerto Santiago Vila, una obra estratégica que fortalece la conectividad aérea del Tolima y dinamiza el desarrollo económico y turístico del centro del país.La infraestructura, entregada oficialmente el 14 de noviembre de 2025, cuenta ahora con una pista de 1.600 metros, que cumple los más altos estándares de seguridad operacional y permite la operación de aeronaves con mayor capacidad, pasando de aviones para 48 pasajeros a equipos de hasta 78 sillas.Según el Ministerio de Transporte, entre 2023 y 2026 se destinaron $71.914 millones para la modernización integral del aeropuerto, a través de un contrato por $53 mil millones, que incluyó el mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje e infraestructura complementaria, así como la instalación de ayudas visuales e iluminación aeroportuaria.Las obras iniciaron el 28 de septiembre de 2024 y, para garantizar la seguridad operacional, el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones en febrero de 2025. En julio del mismo año reabrió con una pista parcial de 1.200 metros, hasta completar el alcance total del proyecto en noviembre, sin prórrogas ni adiciones presupuestales.Además del impacto en infraestructura, el proyecto generó 144 empleos, de los cuales 93 fueron ocupados por mano de obra local, incluyendo madres cabeza de familia, adultos mayores, población en condición de pobreza extrema y personas desplazadas, reflejando un componente social significativo.Actualmente, el Aeropuerto Santiago Vila mantiene operación comercial activa en la ruta Bogotá–Flandes–Bogotá, operada por Satena, con frecuencias semanales que fortalecen el turismo, el comercio y la integración regional.“La modernización del Aeropuerto Santiago Vila demuestra que el compromiso del Gobierno nacional con la conectividad regional se traduce en obras terminadas, seguras y al servicio de la gente. Esta infraestructura impulsa el desarrollo económico, genera empleo y acerca a las regiones”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.De acuerdo con el plan maestro aeroportuario, el terminal aéreo presenta un alto potencial de crecimiento en la movilización de pasajeros, operaciones aéreas y carga, especialmente para el transporte de productos agrícolas y de comercio regional.Momento de tensión durante el acto oficialNo obstante, el evento de entrega estuvo marcado por un momento de tensión institucional. Durante su intervención, la ministra de Transporte afirmó que llegaba a “inaugurar” la nueva pista, mientras que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, y la alcaldesa de Flandes, Ana Judith Gamboa, pese a ser las autoridades anfitrionas del territorio, no fueron incluidas en el protocolo del acto, situación que generó comentarios entre los asistentes.“Este es un evento al que yo venía a hacer la inauguración de la ruta de Flandes. Sí, eso no le ponga misterio: estamos haciendo la inauguración de la ruta y de la pista para el servicio. Lo importante es lo que usted le entrega a los habitantes de cualquier municipio del país”, manifestó la ministra a Blu Radio.Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas aseguró: “Yo me siento súper bien trabajando por mi departamento. Seguiré trabajando por mi departamento de la mano de esta mujer alcaldesa, que lo está haciendo supremamente bien. Judith está trabajando por todas sus comunidades; yo también. Yo no me siento mal. Los que se pueden sentir mal son los que hacen sentir mal. Yo jamás hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí”.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aclaró el alcance del instrumento ambiental que regula el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), adelantado por la Policía Nacional, y reiteró que las actividades de aspersión terrestre cuentan con autorización vigente y están sujetas a seguimiento ambiental.Según informó la entidad, el programa tuvo inicialmente un Plan de Manejo Ambiental otorgado en 2001, el cual fue suspendido en 2015. Posteriormente, en diciembre de 2016, la Anla autorizó la erradicación mediante aspersión terrestre con glifosato utilizando técnicas como bombas de espalda, equipos estacionarios y la modalidad EATBAND, que corresponde al uso de drones.Esta autorización estableció que, para implementar la aspersión con drones, la Policía Nacional debe contar con un aval técnico emitido por el Comité Técnico Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.La Anla precisó que, en el marco de estas actividades, no es necesario expedir un nuevo instrumento ambiental dado que la autorización para las técnicas de aspersión terrestre se encuentra vigente. Una vez la Policía Nacional presente el aval del estudio de calibración y deriva, la autoridad ambiental verificará su cumplimiento antes del inicio de la modalidad EATBAND.En relación con las medidas de protección ambiental, la entidad recordó que en septiembre de 2025 actualizó, mediante seguimiento, el acto administrativo que respalda el programa. Esta actualización fortaleció las obligaciones ambientales, incluyendo la incorporación de áreas de exclusión como las zonas de producción de alimentos del sector agrícola, el ajuste de los límites permisibles de residuos de glifosato y su metabolito en el agua, la actualización del plan de contingencias y la inclusión de fichas de gestión social en el Plan de Manejo Ambiental.
Los militares retirados de las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la terminación de su participación en el proceso de negociación con el grupo armado ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), tras la exclusión de su representante, el coronel (r) Jaime Ariza Girón, de la mesa de diálogo liderada por el Gobierno.Según el comunicado, la decisión se produjo después de una serie de desacuerdos con el jefe negociador de la mesa, Armando Novoa, quien apartó al delegado luego de que este expresara su rechazo a los atentados contra miembros del Ejército Nacional en Putumayo y solicitara que cualquier desmovilización del CNEB estuviera condicionada a la extradición del cabecilla Andrés Rojas, alias 'Araña', uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, estructura integrada a esa organización.Los militares retirados, que agrupan a 80 organizaciones en la denominada Mesa de Trabajo “Fuerza Púrpura”, sostuvieron que su participación en el proceso se dio en un marco de respeto, con asesoría técnica y jurídica, pero siempre bajo los principios de defensa de la institucionalidad y la legalidad. Sin embargo, denunciaron que su representante fue desconocido “inexplicablemente” por el equipo negociador del Gobierno, lo que los llevó a retirar su apoyo a los actuales acercamientos con ese grupo armado.En el comunicado, los militares retirados también expresaron seis preocupaciones frente al rumbo de los diálogos de la paz total, entre ellas: la posible legitimación de estructuras armadas ilegales, la falta de un marco jurídico claro, el riesgo de interferencia electoral en 2026, la ausencia de garantías reales de desarme y no repetición, el peligro de nuevas disidencias por el control de economías ilícitas y la impunidad frente a crímenes cometidos contra civiles y miembros de la fuerza pública.La CNEB, considerada una escisión de la antigua Segunda Marquetalia, está compuesta por diferentes frentes y estructuras, entre ellas los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca y zonas de frontera. Sus principales cabecillas son Walter Mendoza (José Vicente Lesmes), jefe máximo y representante político del grupo; Andrés Rojas (alias 'Araña'), comandante de los Comandos de la Frontera, capturado en Bogotá en 2025; y Andrés Allende Perilla ('Allende'), líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. También se han identificado otros mandos conocidos como ‘Tocayo’, ‘Bladimir’, ‘Jairo Marín’, ‘Iván Patía’ y ‘Lizeth la Negra’, asociados a economías ilícitas y control territorial.Finalmente, los militares retirados reiteraron su compromiso con los procesos de reconciliación y diálogo “desde el respeto a la nación soberana, a la Constitución y al Estado de Derecho”, pero advirtieron que no respaldarán negociaciones que se aparten del orden legal o que desconozcan la gravedad de los delitos cometidos por estructuras armadas ilegales.
Las autoridades colombianas suspendieron por seis meses a la compañía Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), dueña del autobús involucrado el 14 de diciembre en un accidente que dejó 16 menores de edad y al conductor del vehículo muertos al caer a un abismo en una carretera del departamento de Antioquia (noroeste).El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, detalló este lunes que el autobús accidentado "no cumplió ni siquiera con el 20 %" de la revisión técnico-mecánica, una inspección obligatoria que deben realizar cada año todos los vehículos en Colombia para verificar que cumplan con condiciones mecánicas, eléctricas y de emisiones contaminantes para poder transitar.Por esa razón, la Superintendencia no solo suspendió por seis meses a la compañía Precoltur, sino también al Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) Comercializadora Servisuper, que fue la institución que emitió la revisión técnico-mecánica del autobús accidentado."La Superintendencia abrió una investigación para una próxima sanción tanto al CDA como a la empresa. Pero, de manera preventiva, se acaba de suspender la habilitación del CDA y la habilitación de la empresa Precoltur por un término de seis meses mientras salen las sanciones", expresó Piñeres en una rueda de prensa.Ante esta decisión, Precoltur señaló que "no ha sido notificada oficialmente de esta decisión" y recordó que desde el 15 de diciembre ha recibido en sus instalaciones a "las autoridades competentes" y ha entregado "toda la información solicitada"."Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados", agregó la empresa en un comunicado.El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, lugar donde los estudiantes se encontraban de excursión. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios.La Superintendencia, agregó Piñeres, ya empezó "a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus" y encontró "cosas bastante (...) terroríficas".
Un nuevo episodio de violencia en el Catatumbo obligó a 11 familias —unas 30 personas en total— a abandonar la vereda Mineiro, en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Las familias, que permanecían confinadas desde la semana pasada debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, tuvieron que desplazarse hacia Cúcuta para salvaguardar sus vidas.El confinamiento se produjo durante el paro armado decretado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre, una situación que dejó a las comunidades rurales sin posibilidad de movilidad ni acceso a alimentos, salud o educación. La tensión en la zona sigue siendo alta, mientras persiste la disputa entre los grupos armados por el control del territorio y las rutas ilegales.La Defensoría del Pueblo, en articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, acompaña a las familias desplazadas y realiza seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención integral. En este momento, los afectados se preparan para recibir las primeras ayudas humanitarias que garanticen su alojamiento y alimentación temporal.La Defensoría reiteró su llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos de la población civil y cesen las acciones que siguen poniendo en riesgo la vida y la integridad de comunidades enteras en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en el país.
En la tarde de este lunes, 22 de diciembre, se confirmó que la senadora Paloma Valencia participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.Valencia había sido aceptada en esa coalición el pasado domingo en horas de la mañana, sin embargo, ella aseguró que antes de tomar una decisión debía hacer consultas con la militancia de su partido.En las últimas horas la senadora Valencia escuchó a diferentes militantes del Centro Democrático y habló con el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo, tras estas conversaciones Valencia se decidió por ir a la consulta.¿Quiénes son los otros candidatos?En la Gran Consulta por Colombia hay otros seis candidatos, además de Valencia. Esta coalición la conforman también Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna y Mauricio Cárdenas.Los integrantes de esta coalición también se reunieron en las últimas horas con Juan Carlos Pinzón, quien también podría entrar a la consulta.
Los cementerios locales de Hobo y Algeciras, en el Huila, se encuentran al borde del colapso por falta de espacio en tierra y bóvedas para sepultar cuerpos, situación que ha obligado a las administraciones municipales a declarar la emergencia sanitaria.El secretario de Gobierno de Algeciras, Ferney Segura González, dijo que, ante la falta de espacio en el camposanto local, se iniciaron, a través de un decreto administrativo, exhumaciones de restos que llevan más de diez años sepultados en tierra, cumpliendo con los protocolos legales y de identificación.“El cementerio de Algeciras es una infraestructura que se encuentra saturada. Es un camposanto que tiene alrededor de 120 años de existencia, según registros de los libros que tenemos en la Alcaldía. Nosotros construimos nuevas bóvedas, pero ya están ocupadas; entonces, tuvimos que declarar la emergencia sanitaria, que nos permite iniciar por vía administrativa la exhumación de restos que tengan más de 10 o 12 años, para así liberar espacios en tierra y poder darle a la gente la posibilidad de inhumar a sus seres queridos”, expresó el funcionario de la Alcaldía de Algeciras.Entre tanto, el cementerio del municipio de Hobo también enfrenta la misma situación. Según la comunidad, para poder cumplir con el sepelio de una persona o de un ser querido, se ven obligados a liberar espacio en tierra exhumando restos con años de antigüedad.En efecto, el líder social y comunitario Freddy Andrade Betancourt, del municipio de Hobo, Huila, manifestó en diálogo con Blu Radio que este camposanto ha colapsado y actualmente no cuentan con espacio en tierra ni con bóvedas para darle cristiana sepultura a una persona que haya fallecido recientemente.“La situación en nuestro cementerio de Hobo es tan grave que no tenemos ni pasacalles para movilizarnos por dentro del camposanto. Las personas, cuando llevan a un ser querido para darle su último adiós, deben caminar por encima de las tumbas y de las cruces. Aprovecho para hacer un llamado urgente a las autoridades del municipio, del departamento y a la Iglesia católica para que busquen una solución al cementerio local”, concluyó el dirigente comunitario.
Un total de 86 comunidades wayúu en La Guajira ya cuentan con acceso seguro y continuo a agua potable, gracias a un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter, una iniciativa que a la fecha ha beneficiado a más de 30.000 habitantes y que, en su totalidad, impactará a más de 46.000 personas.El proyecto, liderado por el Ministerio de Vivienda con asistencia técnica de Findeter, busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua en el departamento y contribuir a la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, mediante la rehabilitación de pozos, molinos y sistemas de tratamiento, así como la implementación de soluciones sostenibles como plantas de tratamiento y sistemas de energía solar en zonas rurales dispersas.El convenio contempla 91 intervenciones en comunidades priorizadas, de las cuales 86 ya fueron entregadas. Adicionalmente, se firmó un nuevo contrato que iniciará su ejecución en 2026, orientado a la prestación de servicios especializados de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de 45 nuevas intervenciones, en el marco del Plan Wüin Ülees.La viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, destacó que el acceso al agua potable ha sido un eje central del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Este convenio con Findeter es un avance en la consolidación de proyectos sostenibles que se materializan en acceso real al agua como derecho humano y fortalecen la apropiación comunitaria de la infraestructura”, afirmó.Con el trabajo articulado entre ambas entidades, se proyecta alcanzar 136 rehabilitaciones en comunidades indígenas, consolidando una transformación estructural que apunta a la justicia social y la equidad territorial en el norte del país.Por su parte, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, señaló que la iniciativa refleja el compromiso del Gobierno nacional con la garantía de derechos fundamentales. “Donde antes había abandono y sed, hoy hay agua potable, infraestructura y dignidad”, aseguró.Las obras se desarrollan en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, territorios con una profunda deuda histórica en acceso al agua. Un componente clave del proyecto ha sido la vinculación de cinco asociaciones indígenas como ejecutoras de obra, una articulación que ha permitido integrar el conocimiento ancestral con la asistencia técnica especializada, garantizando pertinencia cultural, sostenibilidad y arraigo comunitario.Al cierre del proyecto, La Guajira marcará un hito en materia de justicia hídrica y desarrollo sostenible, al ampliar de manera significativa el acceso al agua potable para miles de familias wayúu.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá diseñar un plan claro para la aplicación del decreto que regula el oficio del reciclaje en la capital, en medio de las protestas adelantadas por recicladores y carreteros, que han generado bloqueos y afectaciones a la movilidad.La Procuraduría formuló recomendaciones al alcalde Carlos Fernando Galán y dispuso la conformación de una Agencia Especial, mediante la asignación de un procurador judicial, con el fin de intervenir como garante constitucional y propiciar espacios de diálogo entre las partes involucradas.La actuación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social se da en el contexto de la implementación del decreto distrital, cuyo objetivo es mitigar impactos ambientales, mejorar el manejo de residuos sólidos, prevenir riesgos sanitarios y regular el uso del espacio público.No obstante, la puesta en marcha de la norma ha derivado en congestión vehicular, restricciones en el transporte público, retrasos en la operación de TransMilenio, desvíos viales y dificultades para la circulación de peatones.Dentro de las recomendaciones formuladas a la administración distrital, la Procuraduría planteó la instalación de mesas de diálogo permanentes con representantes de recicladores y carreteros; la implementación de corredores de movilidad y ventanas de paso que eviten bloqueos totales de las principales vías; la adopción de un plan de aplicación gradual y pedagógica del decreto, con enfoque diferencial y social; y el fortalecimiento de los protocolos de atención a la protesta social, garantizando el respeto por los derechos humanos y el principio de proporcionalidad.
En Colombia, vivir en unión libre con la pareja no significa quedar por fuera de las obligaciones legales que surgen durante y después de la convivencia. Así lo dejó claro la Corte Constitucional al pronunciarse sobre un tema que, con frecuencia, genera dudas cuando una relación termina y una de las partes queda en una situación económica compleja.En los últimos años se ha abierto el debate sobre si es posible solicitar una cuota alimentaria entre excompañeros permanentes. La respuesta de la Corte fue clara y marca un precedente importante para quienes compartieron años de vida en pareja sin haber contraído matrimonio. El alto tribunal reiteró que la unión marital de hecho también genera derechos y deberes, incluso después de la separación.Corte Constitucional aclara cuándo aplica la cuota alimentaria en unión libreDe acuerdo con la Sentencia T-372 de 2025, la Corte analizó el caso de una mujer que convivió con su pareja por más de dos décadas y con quien tuvo dos hijos. Tras la ruptura, quedó en una situación económica desfavorable, mientras su expareja conservó estabilidad financiera. Frente a ese escenario, la Corte concluyó que, una vez demostrada la existencia de una unión marital de hecho, el excompañero que se encuentre en condiciones de debilidad puede solicitar una cuota alimentaria.El fallo recordó que la unión libre está protegida por la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005, normas que reconocen derechos y deberes similares a los del matrimonio. La clave, según la Corte, está en probar que existió una convivencia estable y permanente por un período mínimo de dos años, lo que permite hablar de la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.Este pronunciamiento refuerza la idea de que el vínculo jurídico no depende únicamente de un acta o un contrato formal, sino de la realidad de la vida en común y del apoyo mutuo que caracterizó la relación.No se necesita escritura pública para reclamar derechos en unión maritalUno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que la ausencia de una escritura pública, un acta de conciliación o una sentencia previa no puede convertirse en un obstáculo automático para negar una cuota alimentaria. La Corte fue enfática en señalar que los jueces no deben limitarse a revisar formalidades, sino analizar el caso de fondo y verificar si la unión existió en la práctica.Para demostrar la unión marital de hecho, se pueden presentar diferentes tipos de pruebas que acrediten la convivencia y el proyecto de vida en común, entre ellas:Testimonios de familiares, amigos o vecinos.Afiliaciones conjuntas al sistema de seguridad social.Registros civiles de los hijos en común.Documentos que evidencien convivencia, apoyo económico o administración conjunta del hogar.Publicaciones en redes sociales que reflejen una vida en pareja estable.Estos elementos permiten reconstruir la relación más allá de la ausencia de documentos formales y ayudan al juez a establecer si existió una verdadera unión libre.Ahora bien, la Corte también puso el foco en lo que ocurre después de la separación. No basta con probar que hubo convivencia; es necesario demostrar que una de las partes quedó en una situación de vulnerabilidad económica frente a la otra. Si se acredita que el excompañero tiene capacidad económica y que la ruptura afectó el mínimo vital de quien solicita la cuota, el juez puede ordenar el pago de alimentos a favor de la expareja.Eso sí, el fallo recordó que las acciones relacionadas con la sociedad patrimonial tienen plazos definidos. La Ley 54 de 1990 establece que la disolución y liquidación de dicha sociedad prescriben, por regla general, al año contado desde la separación definitiva. Un detalle clave que no se debe pasar por alto al momento de iniciar cualquier reclamación.
Son siete las personas que están siendo atendidas en puestos de salud y centros hospitalarios de Villavicencio tras presentar graves afectaciones médicas.La entrega de un plato de comida a población en condición de calle por parte de un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama por el sector de Ciudad Porfía, en Villavicencio, terminó convirtiéndose en un grave problema de salud para estas personas.Dos horas después de consumir la lechona entregada por este desconocido, se presentaron desmayos y malestares estomacales en quienes ingirieron el alimento, por lo que fueron trasladados a puestos de salud y centros hospitalarios de la ciudad.Tres personas presentan pronóstico reservado y cuatro más se encuentran intubadas por problemas cardiorrespiratorios. Las autoridades sanitarias realizan un barrido en centros clínicos para identificar si se registran más personas intoxicadas tras consumir este alimento.La secretaria de Salud de Villavicencio, Yaned Sierra, se pronunció al respecto: “Medicina Legal y la Policía están al frente de la investigación, porque aparentemente se trata de un caso que presenta indicios de haber sido premeditado”.Las autoridades no descartan un posible caso de envenenamiento contra habitantes de calle de esta zona, ya que la grave reacción en la salud de estas personas se debería, presuntamente, a intenciones premeditadas.