El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga presentó la segunda rendición de cuentas de su actual administración, un informe de puertas abiertas a los habitantes que dio cuenta de los avances de estos dos años de gobierno en el trabajo emprendido para recuperar a la ciudad en temas como seguridad y convivencia; empleo y reducción de la pobreza; salud física y mental; educación y cultura; infraestructura; confianza ciudadana e inversión transparente de los recursos públicos.En medio de los retos sociales, el mandatario local destacó que la ciudad va por buen camino y que ya se superó la meta propuesta a la fecha en el cumplimiento del Plan de Desarrollo. En mitad del actual gobierno, la ejecución avanza en un 56 %.“Hay tres instrucciones muy claras. Austeridad al 100 transparencia al 100 y eficiencia en el gasto. Nos quedan dos años más de gobierno, vamos por encima de las metas, pero tienen que ser mucho mejores los indicadores, tenemos que generar más empleo, más condiciones de vida, para que más personas salgan de la pobreza, como ya lo han hecho tantas familias”, expresó el alcalde.Este logro tuvo una importante influencia de la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la gestión pública y se evidencia en el pago de impuesto predial y de industria y comercio. De igual forma, se redujeron los fondos fijos de alrededor de $289 millones en 2023 a $1,2 millones en 2025, un 99.7 % menos.“Logramos estabilizar la ciudad del desastre que la recibimos, hay transparencia, recorte en el gasto de funcionamiento, austeridad y eficiencia en la administración de los recursos, y sobre todo hay confianza. Más del 80 % de los ciudadanos de Medellín hoy se sienten orgullosos de su ciudad”, agregó el mandatario local.La apuesta por la inversión transparente y eficiente de los recursos para aumentar el bienestar de las familias ha dado buenos resultados. Medellín reporta la tasa con la menor desocupación en el país, con 6,7 % en el corte de agosto a octubre, según cifras del Dane. En el Distrito se han realizado 136 Ferias de Oportunidades, 50.000 personas han sido acompañadas para la generación de ingresos y 41.390 han iniciado la ruta de la empleabilidad. Esto se suma a la recuperación del trabajo conjunto con el sector privado, que genera el 97 % de los empleos.La Administración Distrital ha fortalecido el ecosistema emprendedor con 12 programas y 2.600 emprendedores acompañados, lo que ha derivado en un 59 % de crecimiento en sus ventas y un 49 % de aumento en empleos desde este sector. De igual forma, en los cinco corregimientos se implementaron 15 proyectos de inversión y se han beneficiado 1.650 productores campesinos con ventas de $20.878 millones en Mercados Campesinos, un 21 % más frente a 2024.En este año que cierra el Distrito se consolidó como epicentro de grandes eventos, que dejaron una derrama económica de 365 millones de dólares, beneficiaron a 4.254 emprendedores, generaron 169.000 empleos directos e indirectos y aumentaron las ventas en un 26 % frente a 2024. A esto se suman 23 ruedas de negocio nacionales e internacionales que han dejado expectativas de negocios de 168 millones de dólares.Movilidad social: reducción del hambre y la pobreza En su segundo año de mandato, el alcalde Gutiérrez Zuluaga resaltó los logros en materia social, con resultados tan importantes como la reducción de la pobreza del 27 % al 22 % y la disminución del hambre del 28 % al 19 %, lo que se traduce en un descenso de personas que comen menos de tres comidas al día.La primera infancia ha sido prioridad. Se impulsaron estrategias como Buen Comienzo 365, que aumentó sin precedentes los días de atención a niñas y niños, así como Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, que acompaña a 18.000 menores de 5 años, a mujeres gestantes y lactantes; además, permitió la entrega de 197.000 paquetes alimentarios.Esto ha contribuido a una reducción histórica en los índices de desnutrición, al pasar del 1.1 % al 0.4 % en la actualidad, que se suman a cero muertes por esta causa entre 2024 y 2025, cuando en 2023 se registraron cuatro.El Programa de Alimentación Escolar (PAE) también creció su cobertura y llegó a 244.000 estudiantes, mientras que la Alianza Medellín Cero Hambre permitió la entrega de 5 millones de platos de comida y 38.000 paquetes alimentarios a las familias más vulnerables, en una apuesta que reúne al sector privado y social y que hoy cuenta con 200 madrinas aliadas.Por otro lado, Tejiendo Hogares, del Despacho de la Primera Dama, presenta avances significativos en el acompañamiento de las familias para reducir los niveles de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y promover la crianza amorosa. 76.169 personas fueron orientadas con talleres para fortalecer los vínculos en los hogares, 2.334 participaron en la Gran Escuela para la Familia y 2.800 menores de edad víctimas de violencias sexuales fueron atendidos con un modelo renovado en los hogares de protección. La formación se extendió a empresas de transporte, instituciones educativas y al sector privado.En materia social también se abrieron nueve círculos de cuidado, se brindaron oportunidades de empleo y becas a 8.000 mujeres y se entregará el primer centro de lavado comunitario en Manrique, que permitirá ahorrar cada semana al menos seis horas en tareas de lavado, secado y doblado de ropa, una apuesta que se extenderá a otras comunas.En estos dos años, la Administración Distrital ha entregado 1.630 subsidios para compra de vivienda, ha invertido $6.000 millones para compra de crédito hipotecario, $16.164 millones para subsidios de cuota inicial y $124.000 millones en mejoramientos. A la par de facilitar un techo digno, con el programa Unidos por el Agua se avanzó en el acceso de 7.257 hogares a agua potable y alcantarillado.Además, en estos dos años, Medellín registra un hito en protección y bienestar animal. Solo en 2025, el número de adopciones de perros y gatos se incrementó en un 21 %, con lo cual se superó la meta propuesta.Educación, juventud y culturaProgramas como Parceros y Referentes dan un voto de confianza a las nuevas generaciones. El primero ha formado a 8.041 jóvenes en la meta de llegar a 15.000 en el cuatrienio, todo con el fin de que aquellos que están en mayor riesgo de ser reclutados por estructuras criminales tengan opciones de empleo y educación para construir sus proyectos de vida. Con Referentes, 50 jóvenes han sido certificados en liderazgo público en la Universidad EIA.En este segundo año de gobierno, se logró la tasa de deserción más baja en 20 años, con 2,5 % frente a 3,18 % en 2024 y 5,40 % en 2023; esto se traduce en 5.000 estudiantes que regresaron al sistema educativo, gracias a estrategias como 238 recorridos de búsquedas activas en los barrios, 10.742 beneficiarios con transporte escolar gratuito y 11.960 estudiantes en riesgo de deserción beneficiados con modelos flexibles.A esto se suman las oportunidades de estudio con los programas de Sapiencia, Matrícula Cero y Ruta N, además de las posibilidades que se les brindan a los docentes de realizar posgrados formados desde Mova. Este año, Medellín logró que más jóvenes ingresaran a la educación superior, con alrededor de 31.200 beneficios de Matrícula Cero.Adicionalmente, 16.912 personas fueron formadas en habilidades digitales con Estud-IA, otras 21.000 en inglés y más de 96.000 se matricularon en programas ofrecidos en @Medellín.Además, aumentó la participación en los eventos culturales de la ciudad, principalmente en los estratos 1 y 2; han sido invertidos más de $430.000 millones en cultura: conciertos, ,visitas a centros históricos, museos, galerías, cines, proyecciones y asistencia a musicales. El talento juvenil también se fortaleció: en 2025, 316 jóvenes accedieron a formación gratuita en industria musical y creativa, a través de Music Lab.Salud física y mentalEntre 2024 y 2025, se invirtieron más de $77.600 millones en salud mental en la ciudad, que permitieron atender a 45.596 personas en los 21 Centros de Escucha, orientar a 17.673 en la Línea Amiga, capacitar a 643 profesionales de salud, consolidar 71 Escuchaderos en la ciudad y brindar 165.001 intervenciones psicológicas.Esto va de la mano del fortalecimiento de la red pública de salud, con una inversión de $383.000 millones entre 2024 y 2025, de los cuales $183.618 millones se destinaron este año. Solo en el Hospital General de Medellín, que esta administración recibió en una crítica situación, se invirtieron en los dos años $197.788 millones. Esto permitió logros como el aumento en un 46 % de ayudas diagnósticas, un 39 % en atenciones de urgencias y un 31 % en las cirugías. Por su lado, para la recuperación de la red deMetrosalud se invirtieron $174.047 millones en ambos años, y en el Hospital Infantil Concejo de Medellín, $11.296 millones. Seguridad y reducción de delitos Medellín registra la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, alrededor de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, se registró reducción en todas las modalidades de hurto y en la extorsión. Los resultados también se han visto reflejados en golpes a las estructuras criminales, incautaciones, personas capturadas y vehículos recuperados. Asimismo, se fortaleció el sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad, al llegar a un total de 3.261.Este año, se desarrollaron 962 allanamientos, se aplicó extinción de dominio a 34 bienes de estructuras criminales avaluados en más de $15.000 millones, se capturaron 16 cabecillas, 85 coordinadores y 286 integrantes. Igualmente, se fortaleció la capacidad de la Fuerza Pública: se invirtieron alrededor de $36.700 millones para dotar de parque automotor a la Policía, Fiscalía y Ejército.Medellín es la primera ciudad no capital en contar con una oficina de Interpol, que ha dejado importantes resultados en la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, 131 personas han sido capturadas por este delito, entre ellos alias ‘Lili’, condenada a 21 años por proxeneta, y siete extranjeros. Además, se hicieron 63 inadmisiones por alertas migratorias y del sistema Angel Watch, lo que representa un aumento del 52 % frente al año anterior.Grandes proyectos estratégicos de infraestructura Medellín cierra 2025 con avances cruciales en uno de los hitos de ciudad: la mayor inversión en un solo cuatrienio para proyectos estratégicos de infraestructura física, una de las apuestas primordiales del alcalde Gutiérrez Zuluaga. Son casi $8 billones para infraestructura educativa de calidad, espacio público renovado, mejores escenarios deportivos y recreativos, obras de impacto que mejoran la calidad de vida de los habitantes y aportan a la equidad.La ciudad tiene más de 1.800 obras activas, entre las que se destacan la intervención de todas las sedes educativas oficiales de la ciudad, la construcción de 10 nuevos megacolegios y siete jardines infantiles de Buen Comienzo; la renovación de 282 escenarios deportivos solo este año con la meta de llegar a 1.044 antes de finalizar 2027.La ciudad también tendrá siete nuevos ReCreo Deportivos y cinco ReCreo Culturales. El compromiso con la generación de más espacio público para el disfrute de los medellinenses abarca la construcción de dos grandes parques para la ciudad. El Parque Primavera Norte, que beneficiará a casi un millón de personas, y el Gran Parque Medellín, que tendrá un área de 21 hectáreas para agrupar escenarios deportivos que hoy están sin conexión y que presentaban un estado de deterioro avanzado: la pista de BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle, ambas ya en mantenimiento; así como el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, que va a dar paso a un complejo de piscinas, dos olímpicas y dos semiolímpicas. Todo esto sumado a zonas verdes, espacios de recreación y lagunas artificiales para que las familias disfruten juntas.El estadio Atanasio Girardot tendrá una inversión de más de $750.000 millones para convertirlo en uno de los mejores de América Latina: aumentará su aforo de 45.000 a 60.000 espectadores, con un tercer nivel, una cubierta que abarcará todo el escenario, silletería renovada, una mejor cancha y una fachada novedosa.“Vamos a seguir mejorando la calidad de vida de la gente, a seguir administrando bien la ciudad y a seguir trabajando. Yo estoy dedicado a que a la ciudad le vaya bien. No estamos en discusiones de izquierdas, derecha o centro, estamos enfocados a hacer que las cosas pasen y que la gente viva bien”, concluyó el alcalde.*Información tomada de la Alcaladía de Medellín por acuerdo comercial con Blu Radio
Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto que declara la emergencia económica, el debate sobre el déficit fiscal en Colombia tomó un nuevo aire. Esta vez, el sector minero-energético reaccionó con fuerza frente a la posibilidad de que los impuestos a la exportación de carbón, petróleo y otros minerales, creados bajo esta figura excepcional, se conviertan en permanentes.La respuesta llegó desde uno de los gremios más representativos del sector. En entrevista con Blu Radio, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), lanzó una dura crítica al Gobierno por las consecuencias que, a su juicio, tendría esta medida sobre la minería formal y, en general, sobre la economía del país.Para Nariño, las decisiones anunciadas no solo afectan a un sector específico, sino que representan un golpe a la institucionalidad y terminan trasladando el costo a la ciudadanía. Según explicó, acudir de manera reiterada a figuras excepcionales para resolver problemas fiscales que ya eran previsibles abre un escenario complejo para el manejo de las finanzas públicas y la confianza en las reglas de juego.Nariño cuestiona impuestos decretados en emergencia económicaEl presidente de la ACM fue enfático en señalar que el debate no pasa únicamente por el cobro de impuestos, sino por a quiénes se les está exigiendo el esfuerzo fiscal. “La trampa aquí no está en cobrarle impuestos a un sector específicamente, sino a las empresas formales de minería”, afirmó durante la entrevista.En ese contexto, advirtió que mientras las compañías legales asumen mayores cargas, la minería ilegal se ve favorecida por los altos precios internacionales del oro y otros metales. Para Nariño, este desequilibrio genera un incentivo perverso. “Cuando los impuestos pasan un límite se convierte en un estímulo a la informalidad”, señaló, comparando el fenómeno con lo que ocurre históricamente con el contrabando.Desde su perspectiva, este escenario no solo debilita a las empresas que cumplen la ley, sino que fortalece estructuras criminales que operan al margen del Estado, sin controles ni obligaciones tributarias.Minería ilegal, impuestos y efectos en la economía colombianaOtro de los puntos que puso sobre la mesa fue el impacto ambiental y social de esta situación. Nariño recordó que las empresas formales están sujetas a estrictas normas técnicas y ambientales, algo que no ocurre con la minería ilegal. “Las empresas formales no usan mercurio, pero los beneficiaderos ilegales sí, porque nadie les pone el tate quieto”, aseguró.A esto se suma la caída en la producción y exportación de carbón. De acuerdo con sus estimaciones, Colombia cerraría 2025 con exportaciones cercanas a las 48 millones de toneladas, muy por debajo de las más de 60 millones que se alcanzaron en años anteriores. Para el dirigente gremial, esta reducción se traduce directamente en menos empleo, menos regalías para las regiones y un menor recaudo para el Estado.El impacto, advirtió, no se queda únicamente en el sector minero. “En el fondo lo que hay son familias, empleos y oportunidades en el territorio”, afirmó Nariño, al explicar que miles de comunidades dependen de la actividad minera legal. Además, señaló que encarecer el carbón termina afectando la matriz energética del país y el costo de vida. “Eso hace que los colombianos paguemos más, el de la tienda de la esquina y la pequeña industria”, concluyó.Mientras la Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad y los alcances de la emergencia económica, el sector minero insiste en que las decisiones fiscales deberían enfocarse en fortalecer la legalidad, la estabilidad económica y la competitividad, y no en castigar a quienes operan dentro de las reglas.
Los colombianos siguen con atención la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el estado de emergencia económica y social, una medida que reavivó el temor por posibles incrementos de impuestos de cara al año 2026. La preocupación no es menor, sobre todo en un contexto marcado por el costo de vida, el ajuste fiscal y las dificultades del Gobierno para sacar adelante proyectos clave en el Congreso.La declaratoria quedó en pie con la firma del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Con este acto, el Ejecutivo activó una figura constitucional que no es nueva en el país y que, en los últimos 30 años, ha sido utilizada en al menos nueve ocasiones por distintos gobiernos para enfrentar crisis consideradas excepcionales.Por qué Petro declaró emergencia económica en ColombiaSegún lo expuesto por el Gobierno Nacional, la decisión responde a una escasez de recursos que no puede resolverse por los mecanismos ordinarios del Estado. En palabras del propio Ejecutivo, el país atraviesa una crisis fiscal “excepcional”, provocada por deudas acumuladas, fallos judiciales con impacto presupuestal y la falta de aprobación de proyectos clave en el Legislativo.Uno de los puntos centrales fue el hundimiento de la ley de financiamiento, con la que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto general de 2026. Sin esos recursos, advirtió el presidente Petro, el Estado se vería obligado a aplicar un recorte severo del gasto, reduciéndolo a 530,7 billones de pesos.Con esta nueva declaratoria, el mandatario completa cuatro estados de emergencia durante su gobierno, un hecho que ha generado debate político y jurídico sobre el uso recurrente de esta herramienta constitucional y sus implicaciones económicas, especialmente en materia tributaria.Estados de emergencia económica en Colombia desde 1997El estado de emergencia económica no ha sido exclusivo del actual Gobierno. Desde 1997, Colombia ha recurrido a esta figura en distintas coyunturas, algunas de carácter fiscal y otras asociadas a desastres naturales o crisis sociales.Entre los antecedentes más relevantes se encuentran:En 1997, el entonces presidente Ernesto Samper declaró la emergencia por la situación de las finanzas públicas, aunque la Corte Constitucional terminó tumbando la medida.En 1998, Andrés Pastrana acudió a esta figura para enfrentar la crisis financiera derivada del colapso del Upac.Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se decretó en tres ocasiones:En 2010, por la fuerte temporada de lluvias que afectó a más de 1,7 millones de personas.En 2015, por la crisis migratoria con Venezuela.En 2017, tras la avalancha ocurrida en Mocoa.En 2020, el entonces presidente Iván Duque decretó la emergencia en medio de la pandemia del covid-19, con el objetivo de mitigar el impacto sanitario y económico de la parálisis del país.En el caso del gobierno de Gustavo Petro, ya se han decretado tres estados de emergencia antes del actual. En 2023, se declaró la emergencia en La Guajira, agravada por el fenómeno de El Niño, con anuncios en sectores como agua, energía, salud y educación. En 2025, se decretó otra por la crisis de orden público en el Catatumbo, medida que incluyó un paquete de impuestos extraordinarios para recaudar más de un billón de pesos.Ese mismo año, el aumento de casos de fiebre amarilla llevó a una nueva declaratoria, aunque en ese caso no se implementaron medidas económicas adicionales.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno nacional se alista para reanudar la erradicación de cultivos de hoja de coca mediante aspersión con glifosato usando drones, una modalidad que, según explicó, será terrestre, focalizada y bajo estrictos controles ambientales y de seguridad.De acuerdo con Idárraga, los primeros territorios donde se implementará esta estrategia están ubicados en el departamento del Cauca. “Hay predeterminados 17 municipios en el departamento del Cauca”, señaló el ministro, tras precisar que la decisión se adoptó luego de que el comité técnico interinstitucional PCAT aprobara la aspersión terrestre con siete votos a favor de los siete asistentes.El jefe de la cartera de Justicia explicó que, una vez surtida esta aprobación, el proceso pasa a la última revisión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Cuándo y dónde comenzará la aspersión con glifosatoSi ese visto bueno se otorga, el Gobierno espera que las operaciones comiencen la próxima semana. “Esperaríamos que más tarde, la próxima semana arranquemos, reitero, por el departamento del Cauca”, afirmó.Idárraga aclaró que, aunque ya se habla de 17 municipios, la definición final de los puntos específicos estará a cargo del Ejército y la Policía, debido a que estas operaciones requieren acompañamiento y control de la Fuerza Pública en terreno. “Esa operación, sea en el Cauca o en cualquier otro lugar, requiere un cubrimiento de Ejército”, indicó.Sobre la modalidad, el ministro insistió en que no se trata de aspersión aérea, como la que en el pasado se hacía con avionetas. Según explicó, los drones operan a muy baja altura y son controlados visualmente desde tierra, lo que, desde el punto de vista técnico y normativo, los clasifica como aspersión terrestre. “No es masiva, es controlada y supervisada desde tierra”, dijo.El ministro también detalló que esta estrategia será complementaria a otras acciones contra los cultivos ilícitos y no reemplazará programas como la sustitución voluntaria. En ese sentido, aseguró que la fumigación con drones se enfocará únicamente en zonas donde, según el Gobierno, los campesinos están siendo obligados por estructuras criminales a sembrar hoja de coca. “No estamos involucrando territorios de grupos étnicos ni zonas donde hay sustitución voluntaria”, afirmó.Cómo se realizará la aspersión con glifosatoEn cuanto a la seguridad, Idárraga confirmó que las operaciones estarán custodiadas por la Fuerza Pública debido a los riesgos que persisten en estas zonas. Reconoció que, aunque el uso de drones reduce la exposición directa del personal, siguen existiendo amenazas como ataques o asonadas. Por ello, insistió en que la definición de los territorios será una decisión conjunta entre Ejército y Policía.El ministro explicó además que los drones serán operados por la Policía Nacional, entidad que los adquirió desde 2018 y que cuenta con personal entrenado para su manejo. Según Idárraga, esta tecnología permite reducir la llamada “deriva”, es decir, la dispersión del químico hacia cultivos o zonas no objetivo, lo que minimiza impactos ambientales.Finalmente, indicó que aún no es posible precisar cuántas hectáreas serán intervenidas bajo esta modalidad, debido a que se trata de una estrategia focalizada y no masiva. “Cuantificar el nivel de hectáreas a las que se le va a apuntar en este momento no es determinable”, concluyó.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La historia de Paola Mejía se remonta a mayo de 2023, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, cuando una relación sentimental que parecía normal terminó en un caso de feminicidio.El 5 de mayo, tras regresar de realizar un pedido, la joven fue atacada dentro de su vivienda por su entonces pareja, quien la sometió y la mantuvo retenida contra su voluntad. Paola relató en entrevista con El Sistema Podcast que, durante la agresión, el hombre le dijo con frialdad: “Eso tú te lo buscaste, Paola, esto es tu culpa”.Según su testimonio, en los días posteriores fue privada de la libertad, agredida y posteriormente trasladada bajo amenazas hasta el estado de Nayarit, sin saber que en el patio de su propia casa permanecía oculto el cuerpo de su madre, María Enedelia, de 57 años. Semanas después, los hermanos de Paola, alertados por las sospechas de la joven sobre movimientos inusuales en el patio, realizaron una revisión del lugar y hallaron los restos de la mujer bajo un tanque de agua. Las autoridades confirmaron que presentaba múltiples lesiones causadas con arma blanca. Paola, quien se encontraba detenida, recordó el impacto emocional al conocer los resultados forenses: “Yo tenía la esperanza de quizás no es el cuerpo de mi mamá, esa no es mi mamá”.El caso avanzó judicialmente y, tras un proceso en el que el delito fue reclasificado como homicidio calificado, un juzgado de Chalco declaró responsable a Kevin y lo condenó a más de 62 años de prisión en agosto de 2025. No obstante, el 12 de noviembre de 2025, el Tribunal de Alzada de Texcoco revocó la sentencia y ordenó su libertad inmediata, argumentando insuficiencia probatoria y cuestionando la credibilidad de la víctima. Paola denunció que fue revictimizada durante el fallo, señalando que en la resolución se afirmaba que su relato “no es creíble porque Paola tuvo muchas oportunidades de pedir ayuda y nunca se escapó”.
La Cancillería de Colombia confirmó que un nuevo país de Europa dejará de exigir visa a los turistas colombianos. Se trata de la República de Belarús, también conocida como Bielorrusia, que entró oficialmente en el acuerdo de exención mutua de visados para estadías de corta duración entre ambos países. Esta medida permitirá que los ciudadanos colombianos ingresen al territorio bielorruso sin la obligación de tramitar visa cuando el viaje tenga fines turísticos.El convenio comenzó a regir antes de finalizar el año 2025 y establece una modalidad de libre tránsito e ingreso al país europeo, fortaleciendo así la movilidad internacional de los colombianos en Europa, según lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con este acuerdo, Colombia continúa ampliando el abanico de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar con menos trámites migratorios.Cancillería confirma exención de visa para colombianos en BielorrusiaDe acuerdo con lo confirmado por la Cancillería, el convenio entró en vigor el 19 de diciembre de 2025, luego de que el documento fuera firmado el pasado 9 de abril y se completaran los procedimientos internos de formalización entre Colombia y la República de Belarús.La exención mutua de visados permite estadías de corta duración y aplica para ciudadanos colombianos que cuenten con pasaporte ordinario o de emergencia. Bajo este esquema, los viajeros podrán entrar, salir, permanecer y transitar por el territorio bielorruso por un período no superior a 90 días calendario.No obstante, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se aclaró que esta medida está destinada exclusivamente a visitas de corta duración con fines turísticos. Por lo tanto, no podrá utilizarse para actividades laborales, académicas ni de residencia permanente.Este paso también busca dinamizar las relaciones bilaterales entre Colombia y Bielorrusia, facilitando un mayor contacto entre ciudadanos de ambos países y contribuyendo al impulso del turismo y el comercio. Para el Gobierno colombiano, este tipo de acuerdos representan una herramienta clave para fortalecer la presencia del país en Europa y abrir nuevas oportunidades de intercambio cultural y económico.Qué hacer en Bielorrusia y a qué otros países europeos se puede viajar sin visaPara quienes estén considerando viajar a Bielorrusia, el país ofrece una combinación de historia, cultura y naturaleza. Entre los principales atractivos se destacan:Minsk, la capital, donde sobresalen el Museo de la Gran Guerra Patriótica y la parroquia de Santa María Magdalena.Brest, reconocida por su fortaleza histórica y el Museo de Trenes.El Palacio de Mir, declarado Patrimonio de la Humanidad, ideal para quienes disfrutan de la arquitectura histórica.Polotsk, una de las ciudades más antiguas del país, con la catedral de Santa Sofía como punto emblemático.En materia de turismo natural, el Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha es una parada obligatoria. Allí se encuentra el bosque más antiguo de Europa y es posible observar al bisonte europeo en su hábitat natural. En cuanto al clima, la mejor época para viajar es durante el verano, entre junio y agosto, cuando las temperaturas rondan los 22 grados centígrados. En contraste, el invierno puede ser bastante riguroso, con temperaturas que pueden descender hasta los -15 grados entre noviembre y marzo.Con la incorporación de Bielorrusia, Colombia amplía su lista de países europeos que permiten el ingreso sin visa para estadías de corta duración. Actualmente, los colombianos pueden viajar sin este requisito a:AlemaniaAustriaBélgicaBulgariaCroaciaChipreRepública ChecaEslovaquiaEsloveniaEspañaEstoniaFinlandiaFranciaGreciaHungríaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgoMaltaPaíses BajosPoloniaPortugalRumaniaSueciaDinamarcaSuizaLiechtensteinNoruegaIslandiaEste nuevo acuerdo refuerza la tendencia de facilitar la movilidad internacional de los colombianos y abre la puerta a un destino europeo poco tradicional, pero cada vez más atractivo para el turismo.
Un nuevo hecho de violencia sacudió al cantón Daule, en la provincia del Guayas, luego de que una mujer fuera asesinada a tiros poco después de salir del velorio del futbolista Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club. El crimen ocurrió la noche del viernes 19 de diciembre y generó alarma entre los habitantes del sector.La víctima fue identificada como Karen Grunaer, quien, tras asistir a las exequias realizadas en un camposanto de la zona, se movilizaba en un vehículo por la avenida 19 de Agosto, en la parroquia La Aurora. De acuerdo con información preliminar, el automotor en el que se transportaba fue interceptado por otro vehículo, desde el cual sujetos armados abrieron fuego en repetidas ocasiones.Como consecuencia del ataque, la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del vehículo resultó herido y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. El cuerpo de la mujer quedó tendido sobre la vía pública, escena que causó conmoción entre transeúntes y residentes del sector.Tras el crimen, unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio para acordonar el área, recolectar indicios balísticos y adelantar las primeras diligencias investigativas. El teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del Distrito Daule, explicó a un medio nacional que, aunque la mujer había asistido al velorio del futbolista de Barcelona SC, de manera preliminar se descarta que el ataque tenga relación con la muerte de Mario Pineida.Las autoridades señalaron que esta hipótesis fue descartada en una primera evaluación, mientras continúan las investigaciones para establecer las verdaderas motivaciones del crimen y dar con los responsables.Según registros del sistema de la Función Judicial, Karen Grunaer no presentaba antecedentes penales. No obstante, figuran dos denuncias previas en su contra por presuntos delitos de intimidación y abuso de confianza, las cuales habrían sido archivadas por la Fiscalía General del Estado.
Tropas del Ejército y la Policía lograron la incautación de más de una tonelada de marihuana destinada al tráfico internacional. El procedimiento tuvo lugar en el sector conocido como Dos Islas, zona rural del municipio de Carurú, a unas cinco horas del casco urbano por vía fluvial. En este punto, las autoridades ubicaron una caleta escondida a la orilla del río Vaupés, en la que fueron encontrados cerca de 1.300 kilogramos de marihuana, con un avalúo aproximado de $2.860 millones de pesos.Según informaron las autoridades, el resultado operativo fue posible gracias al trabajo articulado de inteligencia, las labores de verificación en el área y la coordinación entre las unidades del Ejército y la Policía, lo que permitió anticiparse a los movimientos de las estructuras criminales que delinquen en esta zona de frontera.Las investigaciones preliminares indican que el estupefaciente tenía como destino final el Estado Federal de Brasil, haciendo parte de una ruta transnacional utilizada para la exportación de sustancias alucinógenas. Estas actividades ilícitas estarían siendo lideradas por las disidencias de las Farc, al servicio de alias ‘Iván Mordisco’.“Para las autoridades, esta incautación representa una afectación significativa a las finanzas de los grupos criminales, además de impedir la circulación de una gran cantidad de droga en mercados internacionales y reducir el impacto del narcotráfico en la región amazónica”, indicó el Ejército.
Han pasado 4 décadas desde que el M-19 se tomó en Palacio de Justicia en noviembre de 1985.Recientemente, la justicia tomó decisiones concretamente al llamar a juicio a 9 exmilitares por las torturas durante la retoma del Palacio.La decisión de proferir resolución de acusación contra los 9 militares en retiro la tomó una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Allí, se les señala de haber participado en actos de tortura agravada contra civiles durante los hechos ocurridos en el Holocausto del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.Según la investigación llevada a cabo por el ente acusador, las víctimas que salieron con vida del Palacio de Justicia, en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo guerrillero M-19 y, posteriormente, trasladadas a la Casa del Florero, instalaciones militares y sedes de la Policía, donde habrían sido sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, bajo la errónea sospecha de colaborar con la toma armada en aquella trágica jornada de 1985.En el documento de 127 páginas, se detalla cómo habrían sido estas torturas y cuáles fueron los testimonios de varias personas.“En estricto sentido encontramos que el actuar de los aquí procesados sobre Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci, José Vicente Rubiano Galvis, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saul Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucia Limas Montaña, Héctor Darío Correa Tamayo y Magalys Arevalo Mejia, trasgrede no solo la normativa penal del delito de tortura, sino que atenta contra los derechos fundamentales”, se lee en el escrito.De acuerdo con las pruebas, 11 personas fueron víctimas de interrogatorios abusivos, golpes, humillaciones y detenciones ilegales, pese a no tener vínculos con el M-19.Entre ellos, se encuentran dos estudiantes de Derecho de una universidad privada que se encontraban visitando el Palacio de Justicia el día de la toma y que, tras ser rescatados, fueron conducidos a distintas dependencias oficiales antes de ser puestos en libertad.Esta importante decisión de la fiscalía se da en el Marco de los 40 años del holocausto al palacio de justicia, en donde varios de los familiares de las víctimas siguen pidiendo explicaciones por las personas desaparecidas hace cuatro décadas.Entre los exmilitares llamados a juicio están el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, entonces coronel y director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, los coroneles (r) Edilberto Sánchez Rubiano y Fernando Blanco Gómez, entre otros.
La discusión de la reforma tributaria —o Ley de Financiamiento— continúa abierta en el Congreso, pese a los anuncios de su posible hundimiento. El presidente de la Comisión Tercera, Wilmar Castellano, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que el proyecto “no está muerto” y que aún debe surtir nuevas sesiones después de que la Comisión Cuarta de la Cámara rompiera el quórum durante la votación de la ponencia de archivo.Castellano recordó que en el Legislativo nada está decidido hasta el final. “Allá nada está escrito hasta que todo esté escrito”, aseguró, al señalar que ha visto proyectos salvarse y hundirse en el último minuto.Debate en comisiones y rompimiento de quórumEl representante explicó que las comisiones económicas avanzaron en la discusión de las ponencias positivas, negativas y de archivo. Según dijo, se otorgaron garantías a todos los sectores: “Fueron más de cinco horas de debate, donde más de 20 congresistas hicieron intervenciones”, detalló.La sesión se complicó cuando, tras un acuerdo para permitir que las cuatro comisiones votaran la ponencia de archivo, la Comisión Cuarta se retiró del recinto: “Al no haber una comisión… teníamos la obligación de suspender la votación”, indicó Castellano. Ante las críticas por una supuesta “jugadita” para alargar el proyecto, el congresista respondió que entre quienes rompieron el quórum había miembros de la oposición, por lo que consideró la acusación contradictoria.¿Cuáles son los tiempos para la reforma tributaria?El Gobierno busca que la reforma se apruebe antes de finalizar las sesiones ordinarias de diciembre. Castellano anticipó que el Ejecutivo podría citar a extras y que, en caso de no avanzar, el proyecto seguiría vivo hasta julio del próximo año. “La premura es que, si se llegara a aprobar algo, entre en vigencia desde el 1 de enero”, apuntó.Debate por la sentencia 420 de 2024Otro punto de tensión fue la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional sobre votaciones en comisiones conjuntas. El presidente de la Comisión Tercera negó haber cambiado reglas: “En aras de las garantías… permitimos que votaran las cuatro comisiones”, afirmó. Según explicó, varios congresistas solicitaron expresamente abrir la votación, por lo que decidió atender el pedido.Castellano respondió también a la alerta del presidente Gustavo Petro sobre un eventual incumplimiento de la deuda si no se aprueba la reforma. “El pago del servicio de la deuda está garantizado”, aseguró. Sin embargo, advirtió que, sin los nuevos ingresos, podría ser necesario “recortar la inversión y el gasto” del Plan Nacional de Desarrollo.Escuche la entrevista completa acá:
Con solo 100 días exactos restantes para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, el panorama político colombiano se encuentra en una etapa crucial de definiciones y registro de listas. La fecha límite para la inscripción de listas al Congreso es el 8 de diciembre, aunque los partidos probablemente finalizarán los registros el viernes o sábado anteriores debido al puente festivo. Definiciones cruciales en el Centro Democrático y la lista al SenadoEste fin de semana se prevé como clave para las determinaciones del Centro Democrático. El líder natural del partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto al director Gabriel Vallejo y un comité de selección, definirán el orden de la lista al Senado, la cual cuenta con cerca de 100 aspirantes. La complejidad radica en que "no hay cama para tanta gente", obligando al partido a organizar prioridades y asegurar escaños para figuras clave.Entre los nombres sorpresa que se perfilan, destaca Marelen Castillo, quien fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en 2022 y actualmente ocupa una curul como representante a la Cámara gracias al Estatuto de la Oposición. El periodista Lucas Sampedro contó en Recap Blu que fuentes cercanas al partido indican que su inclusión en la lista al Senado por el Centro Democrático es un hecho confirmado.Además, el partido ha confirmado la participación de Álvaro Uribe Vélez, quien ocupará el número 25 en la lista, en una estrategia arriesgada que busca duplicar la meta actual de 13 curules. Otro nombre relevante que ingresaría a la lista es el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, luego de renunciar a su aspiración presidencial. También se espera que Andrés Forero, hoy representante a la Cámara, asegure un cupo para dar el salto al Senado.El futuro de Alejandro Gaviria: cortejado por el tradicionalismoEn otro frente político, el exministro Alejandro Gaviria ha generado gran expectativa sobre su destino en las próximas elecciones legislativas. Inicialmente, su nombre se barajó para encabezar una lista junto al Nuevo Liberalismo y la coalición Ahora Colombia, pero tras haber comunicado a Juan Manuel Galán que no aspirará al Senado, ese plan se cayó.Sin embargo, a Gaviria le están "haciendo ojos" al menos tres partidos. Se ha informado que el Partido Liberal y *Cambio Radical* lo tienen en el radar. Aunque los Verdes también tuvieron acercamientos, estos no prosperaron. La posible alianza con Cambio Radical resulta particularmente llamativa, dado que este partido ha mantenido una fuerte oposición al Gobierno de Gustavo Petro, del cual Gaviria fue ministro. Es importante señalar que las negociaciones o conversaciones que se están dando no buscan que Gaviria encabece ninguna lista, sino que se integre en algún número para aspirar al Senado.Los próximos días serán determinantes para aclarar el camino políticos de estos aspirantes a las elecciones del 2026.
Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender la campaña Petro Presidente 2022 y compulsar copias a la Fiscalía, en el caso de Ricardo Roa, por el exceso de topes electorales, varios precandidatos a la presidencia de la república han reaccionado a la decisión. Han suscitado comentarios desde el respeto a la institucionalidad, pedir la renuncia de Ricardo Roa o simplemente responder que es necesaria una reestructuración política para garantizar transparencia en las campañas por la carrera a la presidencia.En medio del congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el primero en dar su posición fue el precandidato, Sergio Fajardo, quien aseguro que Ricardo Roa, en ese entonces jefe de campaña de Gustavo Petro, era cuestionado por todos los sectores por lo cual, el presidente de la República debía pedir su renuncia inmediata de Roa tras la decisión.““Ricardo Roa hace rato tuvo que haber renunciado a Ecopetrol. Ese señor está cuestionado por todos lados. La manera oscura, la corrupción que va permeando en diferentes lados del país y le está haciendo daños al país. Es responsabilidad del presidente pedirle a señor Ricardo Roa que se vaya. Yo he dicho una frase… la forma como se llega al poder, así se gobierna.” concluyó el candidato.Por su parte, quien hizo parte del gobierno Petro hasta hace poco, el exministro del interior y ahora pre candidato, Juan Fernando Cristo, se refirió al silencio del presidente asegurando que “‘muy pronto se pronunciará por el tema y la renuncia de Roa” pero enfatiza que es necesaria una reestructuración del sistema político y de financiación para promulgar la transparencia de las campañas, pero principalmente dice que toda respetar las decisiones y la institucionalidad.“más allá de la coyuntura y más allá del escándalo del momento, esta decisión y esta conclusión del Consejo Nacional Electoral lo que demuestra y confirma una vez más es que es urgente y necesaria en Colombia una reforma política y electoral que cambie el sistema político y electoral del país, que avancemos hacia una financiación pública transparente que garantice equidad de las candidaturas y precisamente transparencia, hacia una autoridad electoral independiente y autónoma libre de cualquier sospecha de parcialidad política y que avance también en un sistema de listas únicas, de listas cerradas, de campañas políticas mucho más transparentes. Venimos aplazando desde hace 20 años esas decisiones.” Concluyó el precandidato Cristo.Y quien, no solo mencionó la decisión del CNE, sino que comentó que es un hecho que “ya no sorprende al país, ya que según sus palabras “venimos de escándalo en escándalo” fue el ex gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que precisó que en Colombia es necesario que la justicia actúe tanto en instancia judiciales como políticas.“porque venimos de escándalo en escándalo, el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el escándalo de la Unidad Nacional de Protección y ahora el de la financiación de la campaña del actual presidente. Lo que queremos los colombianos y lo que necesitamos es que se llegue hasta las últimas consecuencias y eso son las consecuencias jurídicas y las consecuencias políticas.” Aseguró el precandidato.En medio del debate de precandidatos donde también participaron Juan Manuel Galán, Mauricio Gómez Amin, Pipe Córdoba y Miguel Uribe Londoño, llegaron a un acuerdo y es que es necesario que el país se blinde en seguridad tras lo ocurrido semanas anteriores en el Cauca y una reestructuración de Ecopetrol desde el día uno a su llegada a la Casa de Nariño.
A nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, el actual Gobierno ha demostrado con hechos que la reparación y la dignidad de las víctimas son el pilar de la construcción de un país reconciliado.En este sentido, la paz no es solo silenciar los fusiles, es reconstruir el tejido social y garantizar los derechos de quienes más sufrieron la violencia. El Punto 5 del acuerdo exige la reparación integral y eso implica ir más allá del dinero. Significa reconocer el sufrimiento de más de 10 millones de víctimas e impulsar su participación activa para que sean ellos los protagonistas de las políticas de reparación. La memoria histórica que se construye con la voz de las víctimas es la herramienta más poderosa para la no repetición del conflicto, un camino de justicia que el Estado tiene la obligación de pavimentar.La inversión del Gobierno del Cambio es contundente y sin precedentes, así lo afirma el Director General de la Unidad para las Víctimas Adith Rafael Romero Polanco: “se han destinado más de $5,73 billones a la indemnización de las víctimas del conflicto armado, el monto más alto en la historia de la implementación del Acuerdo de Paz”. De los $14,85 billones invertidos en total, casi el 40% ha sido ejecutado durante este cuatrienio, lo que traduce su compromiso en cifras irrefutables y un apoyo tangible a más de 2 millones de víctimas indemnizadas históricamente.Durante el segundo semestre del 2025, la entidad ha reforzado su presencia institucional para que las cifras se traduzcan en acompañamiento y atención. En los últimos meses se han entregado más de 158.000 indemnizaciones a 144.000 personas, con una inversión superior a $1,3 billones. Además, la entrega de ayuda humanitaria también llegó a territorios con crisis agudas, como la región del Catatumbo. Allí, mientras las comunidades enfrentaban nuevos ciclos de desplazamientos masivos, la Unidad garantizó la atención humanitaria de emergencia a 10.124 hogares, con la entrega de 13.765 giros por $10.181 millones.
La Contraloría concluyó que un contrato firmado para modernizar la gestión del mercado energético en Colombia terminó en una pérdida superior a los USD 26 millones, luego de que el software contratado nunca fuera entregado ni puesto en funcionamiento, pese a los pagos realizados.La investigación se originó tras una denuncia del Ministerio de Minas y Energía, que alertó sobre posibles irregularidades en el contrato suscrito por XM S. A. E.S.P., la empresa encargada de administrar el mercado de energía eléctrica en el país. El proyecto buscaba implementar el Sistema de Administración del Mercado (SAM), una plataforma tecnológica que debía mejorar y centralizar los procesos del sector.Según la Contraloría, los recursos usados para este contrato salieron de la tarifa de energía, es decir, del dinero que los usuarios pagan a través de su factura y que es aprobado cada año por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Uno de los hallazgos más graves corresponde a USD 15,6 millones, relacionados con el contrato firmado con el Consorcio Siemens Endimensions para desarrollar el sistema. El organismo de control estableció que el proyecto tuvo retrasos constantes, múltiples prórrogas y fallas graves, y que finalmente el software nunca fue entregado de manera completa ni recibido a satisfacción.A pesar de esto, XM S. A. realizó pagos por bienes y servicios que no llegaron a materializarse, lo que generó un daño directo a los recursos públicos. Aunque la empresa afirmó haber hecho seguimiento permanente al contrato, la Contraloría concluyó que esa supervisión no logró evitar la pérdida del dinero.El informe también señala que las acciones para reclamar ante la aseguradora y demandar al consorcio contratista se activaron cuando el daño ya estaba hecho, es decir, cuando los recursos ya habían sido comprometidos sin que existiera un producto funcional.Además, la Contraloría identificó otro hallazgo por USD 10,5 millones, relacionado con contratos de soporte, mantenimiento, capacitación y diseño del sistema. Lo llamativo, según el ente de control, es que se pagaron servicios de soporte técnico sobre un sistema que no existía o no podía operar, lo que contradice la lógica básica de este tipo de contratos.El organismo concluyó que se hicieron pagos por acompañamiento técnico a componentes que no estaban implementados, no funcionaban de forma integrada o no podían ser utilizados, lo que aumentó el impacto del detrimento fiscal.Finalmente, la Contraloría envió el informe completo al Ministerio de Minas y Energía, con el detalle de los hallazgos y conclusiones, para que se adelanten las acciones administrativas, fiscales y legales que correspondan frente a este caso.
El candidato predidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la decisión de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia.De la Espriella felicitó a Valencia, sin embargo, también dijo que había buscado un acuerdo con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró.“Intenté la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró; la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”, aseguró el abogado De la Espriella.En el mismo sentido, De la Espriella no cerró la puerta a apoyar al candidato que gane la Gran Consulta por Colombia de ser necesario.“Reitero mi palabra: si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La Patria está por encima de cualquier interés personal. De igual manera, si el Pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta y para el Doctor Fajardo, para que, juntos, derrotemos al eje del mal”, agregó De la Espriella.Es importante recordar que los candidatos de la Gran Consulta por Colombia aceptaron la participación de Paloma Valencia desde este domingo en la mañana, sin embargo, ella hizo consultas con su partido y en horas de la tarde de este lunes, 22 de diciembre, anunció oficialmente la decisión de unirse a esa coalición.
La Cancillería reubicó a Óscar Iván Muñoz, encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, en otra sede diplomática mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en su contra por la parranda vallenata realizada el pasado 11 de diciembre en Managua, en la que participó el exdirector de la DNI, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.El ministerio informó que el funcionario ya fue notificado formalmente de la apertura del proceso adelantado por la Oficina de Control Disciplinario Interno y que la medida busca evitar posibles interferencias u obstrucciones en la investigación.Muñoz, quien ocupa el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores en carrera administrativa, es investigado por su presunta participación en la gestión de recursos y en la organización de la parranda vallenata realizada en el Teatro Rubén Darío. Aunque la Cancillería asegura que negó recursos para el evento, la actividad se realizó, lo que derivó en cuestionamientos sobre el uso de su posición diplomática.Según este comunicado, cualquier decisión sobre una eventual suspensión o desvinculación debe surtir el debido proceso y no depende de una decisión discrecional de la canciller. Además, informó que la Procuraduría General de la Nación podrá asumir el caso bajo la figura de control preferente y que las pruebas ya fueron remitidas también a la Fiscalía General de la Nación.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) oficializó el licenciamiento del primer contingente de mujeres soldados en la historia de la institución. Tras 12 meses de servicio militar voluntario, 28 jóvenes finalizaron su etapa de formación en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), un hecho que redefine la participación femenina en las filas de esta fuerza.Este grupo, perteneciente al quinto contingente de 2024, ingresó a la unidad el pasado 3 de febrero de 2024. Durante su permanencia, las soldados no solo recibieron instrucción militar básica, sino que fueron integradas en áreas operativas estratégicas de seguridad y logística en la base aérea de Bogotá.Funciones y seguridad en CATAMLas uniformadas desempeñaron roles críticos en el control de acceso y la seguridad de la unidad. Sus funciones incluyeron el registro y autorización de ingreso de personal y vehículos, así como el apoyo logístico en vuelos destinados a altos mandos y personalidades del Gobierno Nacional que transitan habitualmente por esta terminal aérea.Además de las labores administrativas, las soldados se desempeñaron como Policía Militar, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos en los sistemas de defensa de la base.Este licenciamiento representa un precedente institucional para la Fuerza Aeroespacial, al consolidar la apertura del servicio militar para mujeres bajo los mismos estándares de disciplina y exigencia aplicados tradicionalmente. La FAC destacó que el aporte de estas 28 mujeres y sus familias queda registrado como un avance en el desarrollo y la modernización de la defensa nacional.
Con una inversión cercana a los $72 mil millones, el Gobierno nacional puso en operación la pista completamente modernizada del Aeropuerto Santiago Vila, una obra estratégica que fortalece la conectividad aérea del Tolima y dinamiza el desarrollo económico y turístico del centro del país.La infraestructura, entregada oficialmente el 14 de noviembre de 2025, cuenta ahora con una pista de 1.600 metros, que cumple los más altos estándares de seguridad operacional y permite la operación de aeronaves con mayor capacidad, pasando de aviones para 48 pasajeros a equipos de hasta 78 sillas.Según el Ministerio de Transporte, entre 2023 y 2026 se destinaron $71.914 millones para la modernización integral del aeropuerto, a través de un contrato por $53 mil millones, que incluyó el mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje e infraestructura complementaria, así como la instalación de ayudas visuales e iluminación aeroportuaria.Las obras iniciaron el 28 de septiembre de 2024 y, para garantizar la seguridad operacional, el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones en febrero de 2025. En julio del mismo año reabrió con una pista parcial de 1.200 metros, hasta completar el alcance total del proyecto en noviembre, sin prórrogas ni adiciones presupuestales.Además del impacto en infraestructura, el proyecto generó 144 empleos, de los cuales 93 fueron ocupados por mano de obra local, incluyendo madres cabeza de familia, adultos mayores, población en condición de pobreza extrema y personas desplazadas, reflejando un componente social significativo.Actualmente, el Aeropuerto Santiago Vila mantiene operación comercial activa en la ruta Bogotá–Flandes–Bogotá, operada por Satena, con frecuencias semanales que fortalecen el turismo, el comercio y la integración regional.“La modernización del Aeropuerto Santiago Vila demuestra que el compromiso del Gobierno nacional con la conectividad regional se traduce en obras terminadas, seguras y al servicio de la gente. Esta infraestructura impulsa el desarrollo económico, genera empleo y acerca a las regiones”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.De acuerdo con el plan maestro aeroportuario, el terminal aéreo presenta un alto potencial de crecimiento en la movilización de pasajeros, operaciones aéreas y carga, especialmente para el transporte de productos agrícolas y de comercio regional.Momento de tensión durante el acto oficialNo obstante, el evento de entrega estuvo marcado por un momento de tensión institucional. Durante su intervención, la ministra de Transporte afirmó que llegaba a “inaugurar” la nueva pista, mientras que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, y la alcaldesa de Flandes, Ana Judith Gamboa, pese a ser las autoridades anfitrionas del territorio, no fueron incluidas en el protocolo del acto, situación que generó comentarios entre los asistentes.“Este es un evento al que yo venía a hacer la inauguración de la ruta de Flandes. Sí, eso no le ponga misterio: estamos haciendo la inauguración de la ruta y de la pista para el servicio. Lo importante es lo que usted le entrega a los habitantes de cualquier municipio del país”, manifestó la ministra a Blu Radio.Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas aseguró: “Yo me siento súper bien trabajando por mi departamento. Seguiré trabajando por mi departamento de la mano de esta mujer alcaldesa, que lo está haciendo supremamente bien. Judith está trabajando por todas sus comunidades; yo también. Yo no me siento mal. Los que se pueden sentir mal son los que hacen sentir mal. Yo jamás hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí”.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aclaró el alcance del instrumento ambiental que regula el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), adelantado por la Policía Nacional, y reiteró que las actividades de aspersión terrestre cuentan con autorización vigente y están sujetas a seguimiento ambiental.Según informó la entidad, el programa tuvo inicialmente un Plan de Manejo Ambiental otorgado en 2001, el cual fue suspendido en 2015. Posteriormente, en diciembre de 2016, la Anla autorizó la erradicación mediante aspersión terrestre con glifosato utilizando técnicas como bombas de espalda, equipos estacionarios y la modalidad EATBAND, que corresponde al uso de drones.Esta autorización estableció que, para implementar la aspersión con drones, la Policía Nacional debe contar con un aval técnico emitido por el Comité Técnico Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.La Anla precisó que, en el marco de estas actividades, no es necesario expedir un nuevo instrumento ambiental dado que la autorización para las técnicas de aspersión terrestre se encuentra vigente. Una vez la Policía Nacional presente el aval del estudio de calibración y deriva, la autoridad ambiental verificará su cumplimiento antes del inicio de la modalidad EATBAND.En relación con las medidas de protección ambiental, la entidad recordó que en septiembre de 2025 actualizó, mediante seguimiento, el acto administrativo que respalda el programa. Esta actualización fortaleció las obligaciones ambientales, incluyendo la incorporación de áreas de exclusión como las zonas de producción de alimentos del sector agrícola, el ajuste de los límites permisibles de residuos de glifosato y su metabolito en el agua, la actualización del plan de contingencias y la inclusión de fichas de gestión social en el Plan de Manejo Ambiental.
Los militares retirados de las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la terminación de su participación en el proceso de negociación con el grupo armado ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), tras la exclusión de su representante, el coronel (r) Jaime Ariza Girón, de la mesa de diálogo liderada por el Gobierno.Según el comunicado, la decisión se produjo después de una serie de desacuerdos con el jefe negociador de la mesa, Armando Novoa, quien apartó al delegado luego de que este expresara su rechazo a los atentados contra miembros del Ejército Nacional en Putumayo y solicitara que cualquier desmovilización del CNEB estuviera condicionada a la extradición del cabecilla Andrés Rojas, alias 'Araña', uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, estructura integrada a esa organización.Los militares retirados, que agrupan a 80 organizaciones en la denominada Mesa de Trabajo “Fuerza Púrpura”, sostuvieron que su participación en el proceso se dio en un marco de respeto, con asesoría técnica y jurídica, pero siempre bajo los principios de defensa de la institucionalidad y la legalidad. Sin embargo, denunciaron que su representante fue desconocido “inexplicablemente” por el equipo negociador del Gobierno, lo que los llevó a retirar su apoyo a los actuales acercamientos con ese grupo armado.En el comunicado, los militares retirados también expresaron seis preocupaciones frente al rumbo de los diálogos de la paz total, entre ellas: la posible legitimación de estructuras armadas ilegales, la falta de un marco jurídico claro, el riesgo de interferencia electoral en 2026, la ausencia de garantías reales de desarme y no repetición, el peligro de nuevas disidencias por el control de economías ilícitas y la impunidad frente a crímenes cometidos contra civiles y miembros de la fuerza pública.La CNEB, considerada una escisión de la antigua Segunda Marquetalia, está compuesta por diferentes frentes y estructuras, entre ellas los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca y zonas de frontera. Sus principales cabecillas son Walter Mendoza (José Vicente Lesmes), jefe máximo y representante político del grupo; Andrés Rojas (alias 'Araña'), comandante de los Comandos de la Frontera, capturado en Bogotá en 2025; y Andrés Allende Perilla ('Allende'), líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. También se han identificado otros mandos conocidos como ‘Tocayo’, ‘Bladimir’, ‘Jairo Marín’, ‘Iván Patía’ y ‘Lizeth la Negra’, asociados a economías ilícitas y control territorial.Finalmente, los militares retirados reiteraron su compromiso con los procesos de reconciliación y diálogo “desde el respeto a la nación soberana, a la Constitución y al Estado de Derecho”, pero advirtieron que no respaldarán negociaciones que se aparten del orden legal o que desconozcan la gravedad de los delitos cometidos por estructuras armadas ilegales.
Las autoridades colombianas suspendieron por seis meses a la compañía Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), dueña del autobús involucrado el 14 de diciembre en un accidente que dejó 16 menores de edad y al conductor del vehículo muertos al caer a un abismo en una carretera del departamento de Antioquia (noroeste).El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, detalló este lunes que el autobús accidentado "no cumplió ni siquiera con el 20 %" de la revisión técnico-mecánica, una inspección obligatoria que deben realizar cada año todos los vehículos en Colombia para verificar que cumplan con condiciones mecánicas, eléctricas y de emisiones contaminantes para poder transitar.Por esa razón, la Superintendencia no solo suspendió por seis meses a la compañía Precoltur, sino también al Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) Comercializadora Servisuper, que fue la institución que emitió la revisión técnico-mecánica del autobús accidentado."La Superintendencia abrió una investigación para una próxima sanción tanto al CDA como a la empresa. Pero, de manera preventiva, se acaba de suspender la habilitación del CDA y la habilitación de la empresa Precoltur por un término de seis meses mientras salen las sanciones", expresó Piñeres en una rueda de prensa.Ante esta decisión, Precoltur señaló que "no ha sido notificada oficialmente de esta decisión" y recordó que desde el 15 de diciembre ha recibido en sus instalaciones a "las autoridades competentes" y ha entregado "toda la información solicitada"."Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados", agregó la empresa en un comunicado.El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, lugar donde los estudiantes se encontraban de excursión. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios.La Superintendencia, agregó Piñeres, ya empezó "a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus" y encontró "cosas bastante (...) terroríficas".
Un nuevo episodio de violencia en el Catatumbo obligó a 11 familias —unas 30 personas en total— a abandonar la vereda Mineiro, en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Las familias, que permanecían confinadas desde la semana pasada debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, tuvieron que desplazarse hacia Cúcuta para salvaguardar sus vidas.El confinamiento se produjo durante el paro armado decretado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre, una situación que dejó a las comunidades rurales sin posibilidad de movilidad ni acceso a alimentos, salud o educación. La tensión en la zona sigue siendo alta, mientras persiste la disputa entre los grupos armados por el control del territorio y las rutas ilegales.La Defensoría del Pueblo, en articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, acompaña a las familias desplazadas y realiza seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención integral. En este momento, los afectados se preparan para recibir las primeras ayudas humanitarias que garanticen su alojamiento y alimentación temporal.La Defensoría reiteró su llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos de la población civil y cesen las acciones que siguen poniendo en riesgo la vida y la integridad de comunidades enteras en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en el país.
En la tarde de este lunes, 22 de diciembre, se confirmó que la senadora Paloma Valencia participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.Valencia había sido aceptada en esa coalición el pasado domingo en horas de la mañana, sin embargo, ella aseguró que antes de tomar una decisión debía hacer consultas con la militancia de su partido.En las últimas horas la senadora Valencia escuchó a diferentes militantes del Centro Democrático y habló con el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo, tras estas conversaciones Valencia se decidió por ir a la consulta.¿Quiénes son los otros candidatos?En la Gran Consulta por Colombia hay otros seis candidatos, además de Valencia. Esta coalición la conforman también Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna y Mauricio Cárdenas.Los integrantes de esta coalición también se reunieron en las últimas horas con Juan Carlos Pinzón, quien también podría entrar a la consulta.