El conflicto armado sigue dejando miles de víctimas en Colombia. Entre enero y noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 116 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a más de 101.000 personas en distintas regiones del país. A la par, 93 eventos de confinamiento mantuvieron bajo amenaza a 110.000 habitantes, atrapados en sus territorios por la presencia de grupos armados ilegales y las constantes confrontaciones.Solo en noviembre se presentaron 12 nuevos desplazamientos masivos, que obligaron a 3.437 personas a abandonar sus hogares. Los departamentos más golpeados fueron Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. En el Cauca, uno de los epicentros de la violencia, se registraron cuatro eventos en Argelia, además de casos en Santander de Quilichao, Suárez y Timbiquí, que dejaron 2.219 personas desplazadas. En El Charco (Nariño), la cifra ascendió a 800 personas, mientras que en Tibú (Norte de Santander) se desplazaron 172 habitantes, producto de los choques entre el ELN y las disidencias de las Farc.A la tragedia del desplazamiento se suma el drama del confinamiento, una práctica que mantiene a comunidades enteras encerradas en sus territorios sin poder acceder a alimentos, salud o educación. Entre enero y noviembre, 93 eventos de confinamiento afectaron a 110.375 personas, principalmente en Chocó, Cauca, Guaviare, Caquetá y Bolívar, departamentos donde el control territorial lo ejercen estructuras armadas y narcotraficantes. Solo en noviembre se reportaron 6 eventos de este tipo que dejaron 4.805 personas confinadas, la mayoría en Urrao (Antioquia), con 4.057 afectados.Estas cifras reflejan una tendencia preocupante: la persistencia del conflicto armado y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales, donde las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas son las más vulnerables. La Defensoría del Pueblo ha advertido que el desplazamiento y el confinamiento son hoy las principales expresiones de la crisis humanitaria en Colombia.A este panorama interno se suman los movimientos migratorios mixtos, que evidencian la presión humanitaria en las fronteras. Según Migración Colombia, entre enero y mediados de noviembre de 2025, 141.128 personas transitaron de manera irregular por el país, principalmente de nacionalidad venezolana (136.950 personas). De esa población, 40 % son mujeres, 38 % hombres y más del 21 % son niños, niñas y adolescentes, lo que refleja la complejidad del fenómeno migratorio en un contexto de conflictividad y desplazamiento interno.Colombia cierra 2025 con un mapa humanitario fragmentado, donde miles de familias siguen huyendo o sobreviviendo bajo el miedo, a la espera de una respuesta efectiva del Estado y de soluciones duraderas para el retorno digno a sus territorios.
Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil fue radicada la solicitud de inscripción del comité de recolección de firmas que busca impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, iniciativa que es promovida por el Gobierno.Según el cronograma establecido por la ley, la Registraduría dispone de ocho días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Posteriormente, contará con 15 días hábiles más para hacer entrega de los formularios oficiales con los cuales se iniciará la recolección de apoyos ciudadanos.Una vez entregados los formularios, el comité tendrá un plazo de seis meses para recolectar las firmas exigidas y presentar los correspondientes estados contables del proceso. La Ley 1757 establece que deben reunirse apoyos equivalentes al 5 % del censo electoral nacional al momento del inicio de la recolección, es decir, aproximadamente 2.5 millones de firmas.Tras la verificación de las firmas, la Registraduría expedirá una certificación oficial, documento que deberá ser presentado ante el Congreso de la República para que continúe el trámite institucional de la iniciativa ciudadana.El comité promotor está conformado por nueve integrantes, entre quienes se destacan Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad; Armando Custodio, líder indígena; Javier Eduardo García, comunicador y periodista; y Lee Angeli Herrera, lideresa del Valle del Cauca, junto a otros representantes de diversos sectores sociales.Sobre el alcance de esta propuesta, el ministro Antonio Sanguino afirmó que sus integrantes “representan a los más importantes sectores sociales del país, a los movimientos sociales y populares, que consideran necesario completar la obra reformista de 1991 y desbloquear institucionalmente la posibilidad de las reformas sociales, la reforma política y la reforma a la justicia”.Sanguino destacó que el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro consideran que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo institucional y del nuevo congreso.Señaló que debe contar con un apoyo masivo de la ciudadanía, que supere los tres millones de firmas, e incluso, como ha expresado el mandatario, alcanzar el respaldo de hasta 10 millones de colombianos.
La entidad del Gobierno que se encarga de recaudar los impuestos de los colombianos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la cual también administra y controla aduanas y el comercio exterior, con el fin de garantizar la seguridad fiscal del Estado.Asimismo, allí los ciudadanos pueden gestionar trámites relacionados con el Registro Único Tributario (RUT), recaudo de tributos como el IVA, renta, entre otros.Desde hace unos días ha estado circulando una información sobre un supuesto decreto que permite a la Dian embargar cuantas bancarias y tarjetas de crédito de las personas que cuentan con una deuda activa, por ello la entidad aclaró algunos puntos.Dian aclara información sobre supuesto decreto para embargar cuentas bancariasFrente a lo anterior, la Dian aclaró que "no existe ningún decreto para embargar masivamente cuentas bancarias o tarjetas de crédito".El pronunciamiento se debe a que en los últimos días ha estado circulando información relacionada con el tema. Por ello, la entidad indicó que: “no hace embargos automáticos ni generales”.Si bien es cierto que la Dian cuenta con procesos para cobrar lo que adeudan los colombianos, esto debe hacerse bajo un procedimiento estipulado por la ley.De cuerdo con la página web de la entidad, los procesos de recaudación y cobro se centran en el Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo, “una vía extrajudicial para forzar el pago de deudas tributarias mediante embargo, secuestro y remate de bienes”.No obstante, primero deben cumplirse unos pasos iniciando con “un mandamiento de pago notificado al contribuyente, ofreciendo etapas persuasivas (acuerdos de pago) y, si no hay respuesta, ejecutando las medidas cautelares, incluyendo remates virtuales, para satisfacer la obligación fiscal”.Por medio de una publicación en X la entidad explicó que las actuaciones de cobro se ejecutan así:Son individuales.Siguen el debido proceso.Solo se activan tras múltiples llamados previos y falta de acción del contribuyente.Estas notificaciones pueden ser entregadas personalmente, por correo certificado o mediante publicación en el boletín oficial de la entidad, por ello, es importante que las personas tengan su información actualizada.¿Qué sucede si no se paga la deuda a la Dian?Si el deudor no cumple con el pago de su obligación, la entidad estatal puede proceder conforme a lo establecido en el Artículo 837-1 del Estatuto Tributario, el cual señala que el tope de inembargabilidad corresponde a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados en la cuenta de ahorros más antigua del contribuyente.En consecuencia, cuando una persona natural posee una cuenta de ahorros cuyo saldo no supera ese límite, dicha cuenta no es susceptible de embargo por parte de la Dian. Sin embargo, los recursos que excedan ese monto sí pueden ser objeto de esta medida.Luego de validar lo anterior, la entidad puede ejecutar las siguientes acciones:Embargo de bienes: la entidad está facultada para retener cuentas bancarias, inmuebles y demás bienes pertenecientes al deudor.Secuestro de bienes: de manera complementaria al embargo, la Dian puede ordenar el secuestro de los activos retenidos, lo que restringe su uso o libre disposición por parte del obligado.Remate de bienes: en caso de que la obligación continúe sin ser cancelada, los bienes embargados y secuestrados podrán ser subastados con el fin de cubrir la deuda.Acciones penales: cuando se presentan situaciones de evasión relevante o fraude, la Dian está en capacidad de presentar denuncias penales contra el deudor.
En desarrollo de una operación militar, tropas del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 3 del Ejército, adscritas a la Tercera División, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, lograron la captura de Jean Pool Sánchez Gómez, sicario señalado del homicidio del teniente coronel Rafael Granados, ocurrido en Popayán, Cauca.La acción se llevó a cabo, destaca el Ejército, tras un trabajo articulado de inteligencia y contrainteligencia que permitió ubicar al peligroso criminal y materializar su captura, como parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales para esclarecer este crimen que conmocionó a la fuerza pública y a la ciudadanía.De acuerdo con la información del Ejército, la operación contó con el apoyo de tropas de la Tercera Brigada, lo que permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso y dejarlo a disposición de la justicia para que responda por su presunta participación en el asesinato del oficial, ocurrido el pasado 27 de noviembre de 2025.El general William Rincón, director de la Policía, confirmó que la captura de alias ‘Jean Pol’ se llevó a cabo en Jamundí, Valle del Cauca. Durante el operativo fue incautada un arma de fuego, posiblemente utilizada en el hecho, y dos teléfonos celulares, que serán fundamentales en el avance de la investigación. “Reiteramos nuestro compromiso con la justicia, la vida y la seguridad de los colombianos. La lucha contra el crimen no se detiene”, mencionó el general.
Con emoción fue recibido el anuncio del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en el que dio a conocer que esta ciudad le apunta a la construcción de su propio a Movistar Arena, un escenario con el que se le apuntará a ingresar con fuerza a la industria del entretenimiento y atraer todo tipo de conciertos.El proyecto expuesto en medio de la rendición de cuentas adelantada en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, tuvo muchos más aplausos al escuchar que su ubicación estratégica sería justo al lado del monumento de la Ventana de Campeones, presente en el sector turístico del Gran Malecón.El mandatario no entregó muchos detalles sobre cuándo iniciarán las obras de este escenario multipropósito, hasta ahora, con capacidad para 13.000 espectadores, pero especificó que será operado por el mismo equipo que administra el Movistar Arena en Bogotá, hoy sede de grandes eventos. Esta iniciativa va en relación con la gran apuesta de Barranquilla y su administración de la ampliación y modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Esas obras, de hecho, ya están en marcha según lo mostrado por el mismo alcalde Alejandro Char, quien se acercó hasta el recinto deportivo para revisar los planos y saludar personalmente a los trabajadores que harán este proyecto posible.La idea es que el aforo de este estadio pase de los 45.994 actuales a una capacidad de al menos 60.013 espectadores, lo que garantizará la llegada no solo de citas deportivas importantes sino de grandes conciertos.Muestra de ello es la noticia de que Barranquilla albergará la final de la Copa Sudamericana 2026, cita que venía trabajándose desde hace varios meses y generaría un movimiento económico cercano a los 60 millones de dólares durante la cita futbolera."Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol, gracias por su apoyo y confianza", expresó Char en su cuenta de X.Asimismo, Domínguez agradeció el compromiso de la ciudad por el fútbol sudamericano y, por eso, en una decisión unánime se le dio la sede a la capital del Atlántico para ser la casa de uno de los torneos más importantes de la Conmebol.
La Policia puso al servicio de Bogotá más de 1.000 nuevos uniformados, además de un nuevo parque automotor, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital del país. La entrega incluye 991 nuevos patrulleros y 13 subtenientes, quienes serán destinados al Nuevo Modelo del Servicio de Policía, así como a labores de Inteligencia, Investigación Criminal y Prevención.Este refuerzo, destacó el general Giovany Cristancho, comandante de la Mebog, permitirá aumentar la presencia de la Policía en las localidades, mejorar los tiempos de respuesta y enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia y a los actores criminales.Del total de uniformados incorporados, 24 son profesionales, 57 tecnólogos, 260 técnicos y 26 cuentan con estudios en otros idiomas, lo que fortalece las capacidades operativas y de atención a la ciudadanía. A este componente humano se suma la entrega de 327 motocicletas y 11 camionetas, que permitirán optimizar los patrullajes y la movilidad policial en distintos sectores de la ciudad.El nuevo parque automotor será distribuido en localidades como Puente Aranda, Barrios Unidos, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Usaquén, Teusaquillo, Chapinero y Engativá, así como en especialidades estratégicas como Gaula, Fuerza Disponible, Infancia y Adolescencia, Turismo, TransMilenio, Aeropuerto y Carabineros.Bajo las líneas de prevención, control y disuasión, y con una mayor focalización territorial y operativa, las autoridades buscan identificar factores de riesgo y continuar reduciendo los delitos de alto impacto. Según cifras oficiales, en lo corrido de 2025 se ha logrado una disminución del 73 % en el hurto a entidades financieras, 30 % al comercio, 23 % al hurto de celulares, 22 % al hurto de automotores, 21 % en extorsión y 5 % en el hurto a personas.
Las autoridades nigerianas confirmaron este viernes que lanzaron ataques aéreos de manera conjunta con EE.UU. contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara esos bombardeos como respuesta a una supuesta "masacre" de cristianos en ese país africano."Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al EI, que operan en zonas del noroeste de Nigeria", declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente general Samaila Uba."Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales", explicó Uba en un comunicado.El ministro nigeriano de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, reveló este viernes que habló con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, antes del ataque."Nigeria proporcionó información de inteligencia para el ataque estadounidense en Nigeria. Hablé con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante 19 minutos antes del ataque, y acordamos hablar con el presidente (nigeriano, Bola Ahmed) Tinubu para obtener su visto bueno, y él lo dio”, declaró Tuggar al canal de televisión local Channels TV."Tras la aprobación, volví a hablar con Marco Rubio 5 minutos antes de que se lanzara el ataque contra los terroristas", precisó el jefe de la diplomacia nigeriana.Su oficina añadió en su comunicado que el ataque se dio en el marco de la "cooperación estructurada" contra el terrorismo que mantienen con Estados Unidos, y que incluye "el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo conforme al derecho internacional y el respeto mutuo de la soberanía".Supuesta "masacre de cristianos"La confirmación llegó horas después de que Trump anunciara este jueves que su país había lanzado un ataque "poderoso y mortal" contra campamentos de EI en el noroeste de Nigeria.Según el Pentágono, los ataques requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea, y provocaron "múltiples" víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Niger.En un mensaje emitido en su red Truth Social, el presidente estadounidense agregó: "Previamente, les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo".El pasado noviembre, Trump denunció, sin aportar pruebas, una supuesta "masacre" de cristianos en Nigeria, anunció la designación del país como "de especial preocupación" (categoría reservada para las naciones implicadas en "graves violaciones de la libertad religiosa") y amenazó con una posible intervención militar.El Gobierno nigeriano aseguró entonces que tomaba nota de las declaraciones del mandatario republicano, pero afirmó que esas acusaciones "no reflejan la realidad sobre el terreno".El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.
El Ejército presentó su balance operacional de 2025, un año marcado, según el general Luis Emilio Cardozo, comandante de la institución, por resultados de alto impacto contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal, así como por el fortalecimiento del control territorial en zonas históricamente afectadas por la violencia.Uno de los principales resultados fue la mayor incautación de armamento de los últimos diez años. Durante 2025, las tropas decomisaron 916 armas largas, 2.320 armas cortas, 63 armas de acompañamiento y más de 738.000 municiones, evitando que este material fuera usado contra la población civil y la Fuerza Pública. A esto se sumó la destrucción de 5.972 minas antipersonal y la incautación de más de 22 toneladas de explosivos.En la lucha contra el narcotráfico, el Ejército incautó 111.593 kilos de cocaína, 14.855 kilos de pasta base y 107.286 kilos de marihuana, además de destruir 182 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 2.323 de pasta base, golpeando de manera directa las finanzas de los grupos criminales. Estas acciones representaron incrementos de hasta el 70 % frente a los resultados del año anterior.Las operaciones militares desarrolladas en regiones como Catatumbo, sur del Cauca, Nariño, norte del Cauca, sur del Valle y sur de Bolívar permitieron afectar de forma directa a estructuras del ELN, disidencias y Clan del Golfo. En total, se reportaron 3.409 capturas, 682 sometimientos a la justicia, 261 muertes en desarrollo de operaciones y la recuperación de 402 menores utilizados por estos grupos.En zonas como Catatumbo, además de los combates, se adelantaron acciones humanitarias que permitieron la evacuación de más de 3.600 personas, la atención de 87.000 desplazados y la entrega de más de 350 toneladas de ayudas, mientras se consolidaba la presencia de más de 10.500 soldados en el territorio.Durante 2025 se realizaron 889 capturas, se incautaron 1.068 máquinas de maquinaria pesada, se intervinieron 294 minas ilegales y se inutilizaron 504 dragas, afectando directamente una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados.En materia de secuestro y extorsión, los grupos Gaula Militar reportaron 1.020 capturas, la liberación de 105 personas y el rescate de 175 ciudadanos, con un aumento del 230 % en la efectividad operacional frente al año anterior.El balance también destacó el papel de los Ingenieros Militares, que instalaron cuatro puentes militares, avanzaron en obras viales y lograron declarar cuatro municipios libres de minas antipersonal, reduciendo riesgos para miles de habitantes en zonas rurales.
La manipulación de pólvora en Santander ha dejado 10 menores de edad y 17 adultos quemados hasta el momento. El área metropolitana de Bucaramanga tiene la mayor cifra de casos.Entre los municipios donde se han registrado quemados está Mogotes, Sabana de Torres y Floridablanca. Las autoridades sanitarias se encuentran en alerta, debido a que una gran cantidad de afectados con pólvora en esta temporada decembrina son menores de edad.De ahí la insistencia de las autoridades a la comunidad para que denuncie la comercialización ilegal y compra de pólvora. “Tener mucho cuidado con los voladores en especial, con los totes, lo que llamamos quintos, cualquier manipulación de pólvora puede presentar alguna alteración. Es importante que nos cuidemos, entonces esta es una alerta para empezar a cuidar y tener protección en la salud y en la vida de todos los santandereanos”, expresó Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.En lo corrido del mes de diciembre se han presentado seis casos de menores de edad entre los 10 y 16 años.Frente a las cifras, Orlando Quintero, subgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS) invitó al no uso de juegos pirotécnicos, “la pólvora no es un juego". Cada caso representa un riesgo grave para la vida y la salud, especialmente de los niños, nosotros tenemos 14 camas en pediatría para brindar atención, la mejor decisión es no manipularla”.De acuerdo con la información aportada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la capital santandereana no se registraron quemados por manipulación de pólvora el 24 de diciembre.Las autoridades continúan con operativos en distintos sitios de Bucaramanga y el área metropolitana con el fin de controlar la venta ilegal y el uso de pólvora. Además, insisten en que la manipulación debe ser por parte de expertos en el tema.
Este viernes fue aprobada una proposición del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, para que sean citados todos los ministros del Gobierno Petro, con el fin de que expongan las explicaciones sobre la declaratoria de la emergencia económica.A la iniciativa se unieron el Partido Conservador y el Centro Democrático e, incluso, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien señaló que gracias a este debate el país podrá conocer la situación fiscal que enfrenta el Gobierno.“Así que sí, bienvenido el debate, bienvenido el debate, porque tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esas decisiones de la Corte, que no solamente consisten en aumentar el gasto y cumplir esas sentencias, sino también en lo que la Corte dijo: no se podía recaudar. Y no recaudar tiene consecuencias, tiene consecuencias sobre las finanzas del Estado. Así que, por supuesto, bienvenido; estaré muy pendiente”, dijo la senadora Isabel Cristina Zuleta.El presidente del Senado, Lidio García, también se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Congreso no podría adelantar el debate de control político hasta que el Gobierno envíe el informe sobre la declaratoria y sus medidas.“Yo no quiero estar poniendo piedras en el camino, sino dar la oportunidad de que el país conozca qué piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno nacional”, afirmó el senador Lidio García.Además, otros congresistas señalaron que el Gobierno no tiene razones para declarar la emergencia económica.“No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no se trata de un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada, advertida profusamente por un buen número de senadores. Decir, presidente, tal como usted lo ha venido reclamando, que el Congreso es una rama del poder público independiente, y también se ha expresado hasta la saciedad que no es notario del Ejecutivo”, añadió el senador Efraín Cepeda.
La escalada de violencia que golpea al Catatumbo tiene detrás a tres criminales clave del ELN, señalados de liderar las confrontaciones armadas contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, en una guerra territorial que ya provoca confinamiento masivo, desplazamientos forzados y un grave impacto sobre la población civil en esta zona del nororiente del país. Las acciones se concentran principalmente en Tibú, pero también se extienden hacia Ocaña, Ábrego y otros municipios estratégicos del departamento.En el centro de esta ofensiva está el frente Juan Fernando Porras Martínez, una de las estructuras más fuertes del Frente de Guerra Nororiental del ELN y, según información de inteligencia, la encargada de entrenar a los pilotos de drones que hoy participan en los ataques armados. Este frente, además, estaría preparando a sus delincuentes tanto en territorio colombiano como en Venezuela, fortaleciendo sus capacidades militares y tecnológicas para sostener la confrontación con las disidencias y enfrentar a la fuerza pública.Al mando de esta estructura aparece alias ‘Julián’, ‘Manuel Guevara’ o 'Parmenio’, un cabecilla histórico del ELN con más de tres décadas de trayectoria criminal. Su nombre está ligado a la planeación y orden de emboscadas, campos minados, ataques con francotiradores, hostigamientos armados y secuestros en Norte de Santander y Cesar, acciones que dejaron militares y policías muertos y heridos. Dentro de la organización es considerado una pieza clave por su experiencia en el manejo financiero, político y militar, así como por su papel en el direccionamiento estratégico del frente que hoy lidera la guerra en el Catatumbo.El segundo hombre es Diego Fernando Coronel, alias ‘Caballo de Guerra’, señalado como segundo cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez. Las comisiones que dirige son, según las autoridades, las que están directamente comprometidas en los enfrentamientos contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en el municipio de Tibú.Su rol, destaca el informe de inteligencia, ha sido determinante en la implementación de ataques con drones y en acciones armadas tanto contra estructuras rivales como contra la Fuerza Pública. Alias ‘Caballo de Guerra’ tiene un historial criminal que incluye su paso como cabecilla de comisión y tercer cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en zonas rurales de El Carmen, Convención y el sur del Cesar, y figura en investigaciones formales de la Fiscalía por delitos asociados al terrorismo.El tercer actor en esta confrontación es alias ‘Chuky’, cabecilla principal de la compañía Caribe del ELN. Esta estructura también cuenta con capacidad de ataque mediante drones, aunque su radio de acción se concentra especialmente en el occidente de Norte de Santander, en municipios como Ocaña y Ábrego. Allí, la compañía Caribe mantiene enfrentamientos no solo con las disidencias de las Farc, sino también con estructuras del Clan del Golfo, en una disputa múltiple por el control territorial y las rutas estratégicas.Alias ‘Chuky’ tiene una trayectoria marcada por emboscadas, atentados contra estaciones de Policía, asesinatos de uniformados, instalación de campos minados y hostigamientos armados en zonas rurales del Catatumbo y del Cesar. Antes de llegar a la jefatura de la compañía Caribe, fue seguridad de mandos del Frente de Guerra Nororiental y segundo cabecilla de esa misma estructura, consolidando un perfil violento y de alto impacto operacional.De acuerdo con la información de inteligencia, el frente Juan Fernando Porras Martínez, la compañía Caribe y el frente Camilo Torres Restrepo conforman hoy el núcleo de las estructuras del ELN en el Catatumbo con mayor capacidad ofensiva, particularmente en el uso de drones armados.Estas tres organizaciones serían las responsables de la mayoría de acciones recientes contra la fuerza pública, la población civil y de la confrontación directa con el frente 33 de las disidencias de las Farc, una guerra que sigue profundizando la crisis humanitaria en la región y mantiene a por lo menos 500 de familias atrapadas en medio del fuego cruzado y deja más de 250 desplazados.
Tres presuntos integrantes del GAO-r Frente Gerónimo Galeano fueron capturados en San Antonio. Las autoridades los señalan de participar en el ataque armado contra la estación de Policía de El Limón, en Chaparral, y de recaudar ilegalmente cerca de $400 millones mediante extorsiones.En un contundente operativo adelantado por el Gaula Militar Tolima, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fueron capturados tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, estructura Gerónimo Galeano, señalados de graves acciones criminales en el sur del departamento del Tolima.Las detenciones se realizaron en la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro ejecutadas de manera articulada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.Entre los capturados se encuentra Libardo Rojas, conocido con los alias de 'Libardo' o 'Alexander', identificado como cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla de esta estructura armada ilegal. Junto a él fueron detenidos su hermano Afranio Rojas y Iván David Vera.Según las investigaciones preliminares, los capturados estarían vinculados con el hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2025, durante la noche de velitas.Además, las autoridades establecieron que esta estructura venía adelantando actividades extorsivas sistemáticas contra diversos gremios productivos, entre ellos caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, logrando recaudar de manera ilícita cerca de 400 millones de pesos.“Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la comisión de finanzas, responsable de coordinar extorsiones y acciones armadas contra la Fuerza Pública”, señaló a Blu Radio el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.Las autoridades también establecieron que esta estructura criminal ejercía intimidación a la población civil mediante proselitismo armado, instalación de carteles, grafitis, vallas y la realización de reuniones forzadas, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a las comunidades rurales e impedir la acción de la Fuerza Pública. Incluso, se reportaron invasiones a predios rurales en contra de la voluntad de sus propietarios.Estas acciones criminales se habrían desarrollado durante los últimos cinco meses, en articulación con integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz, entre ellos alias 'Cortico' o 'Felipe Troche' y alias 'Risas', quienes ya fueron capturados en meses anteriores.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del Frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos que eran utilizados para la planeación y ejecución de las actividades delictivas.Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 263 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula), donde deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, en concurso con extorsión agravada.De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura armada ilegal y contribuye al restablecimiento de la seguridad y la confianza institucional en el sur del Tolima, como parte de los esfuerzos sostenidos de la Fuerza Pública para proteger a la población civil y fortalecer la presencia del Estado en la región.
En diálogo con Mañanas Blu, el general Herbert Luguiy Benavidez, Jefe nacional del servicio de Policía, entregó detalles sobre el balance que deja la celebración de Navidad en el territorio Nacional. Hay preocupación por cuenta de los quemados con pólvora, las riñas y asesinatos y la incautación de licor adulterado. Durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y la madrugada del 25, se registraron 48 homicidios en todo el territorio nacional. Aunque la cifra representa una reducción del 20% en comparación con los 60 casos reportados el año anterior, el dato sigue siendo superior al promedio diario de 37 casos que maneja el país en días normales.Lo más alarmante para las autoridades es que el 54% de estas muertes estuvieron relacionadas directamente con riñas y temas de intolerancia. Si se analiza exclusivamente la franja de mayor celebración (de 6:00 p. m. del 24 a 6:00 a. m. del 25), el porcentaje de víctimas por riñas asciende al 61%, concentrándose principalmente en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena.Cifras críticas de quemados y el peligro de la pólvoraEn cuanto al uso de pirotecnia, el panorama es desalentador. El Instituto Nacional de Salud ha reportado 825 personas quemadas en lo corrido de diciembre, lo que representa un incremento del 5% respecto al año pasado. De este total, 267 son menores de edad, y se han registrado cinco casos de intoxicación por fósforo blanco tras el contacto de niños con estos elementos.El general Benavides enfatizó que 235 adultos resultaron lesionados bajo los efectos del alcohol, vinculando directamente el consumo desmedido de licor con la falta de precaución. A pesar de que la Policía ha logrado la incautación de 10 toneladas de pólvora, la persistencia ciudadana en su uso irresponsable ha llevado a advertencias sobre la posible pérdida de la patria potestad para los padres de menores afectados.Convivencia ciudadana y control de licor ilegalLa línea de emergencia 123 recibió más de 30,000 llamadas durante las festividades, de las cuales 16,000 requirieron intervención policial. Los motivos principales fueron la perturbación de la tranquilidad por exceso de ruido (más de 2,200 quejas) y riñas en curso (casi 2,000 reportes). Debido a la agresividad en los encuentros, la imposición de comparendos aumentó un 29% tras fallar los procesos de mediación.Finalmente, en la lucha contra el mercado ilegal, las autoridades han ejecutado más de 13,000 planes operativos, logrando la incautación de 9,793 botellas de licor adulterado y de contrabando, además del desmantelamiento de dos alambiques clandestinos. La recomendación de la Policía es adquirir estas bebidas únicamente en sitios reconocidos para evitar tragedias adicionales por intoxicación.Escuche aquí la entrevista:
Luego de las evidencias recolectadas por la Procuraduría General de la Nación, el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, enfrenta cargos disciplinarios por presuntas irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE durante la vigencia del 2021.Según el ministerio público, el entonces mandatario local omitió garantizar la prestación continua y efectiva del servicio PAE para la entrega de los kits de alimentación que debían ser suministrados a los estudiantes beneficiarios del programa de las instituciones educativas de la ciudad.El ente de control indicó que durante el proceso contractual se habrían evidenciado deficiencias en los períodos comprendidos entre el 11 de enero al 7 de febrero, del 23 de febrero al 10 de marzo, del 30 de marzo al 13 de junio, y, para el segundo semestre académico, del 2 de septiembre al 18 de noviembre de 2021.Le puede interesar: Cafeteros proponen que el café colombiano haga parte del PAEPara la Procuraduría, el incumplimiento del PAE por parte del exmandatario, afectó la atención de los estudiantes, al no recibir las raciones correspondientes que esperaban en tiempos de emergencia declarada por el Covid-19, conducta calificada como falta disciplinaria cometida a título de culpa grave.
La incertidumbre sobre el paradero de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager, Nicolás Pantoja, se extendió por dos semanas luego de su desaparición la noche del 18 de noviembre.Ambos fueron secuestrados cuando se movilizaban en un vehículo particular desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali. El secuestro ocurrió en la Vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel, en zona rural de Cajibío, Cauca. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados que se desplazaban en dos vehículos interceptaron a las víctimas sobre las 10:45 p. m., obligándolas a desviarse hacia el norte del departamento. El conductor del automóvil fue dejado en libertad en el lugar.Tras conocerse la alerta, unidades del Gaula Militar y de la Policía activaron un operativo de búsqueda. Aunque inicialmente se señaló que el secuestro podría tener relación con las disidencias de las Farc, especialmente los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, las investigaciones confirmaron que los responsables pertenecen al Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central.Según información del Gaula de la Policía, Miguel Ayala y Nicolás Pantoja permanecieron en cautiverio cerca de 15 días. Presuntamente, los motivos del secuestro fueron económicos, pues los captores exigieron un pago de aproximadamente $7.500 millones por su liberación y habían fijado un plazo de 72 horas para ejecutar la extorsión, bajo la amenaza de asesinar a ambos, sin embargo, aún sigue siendo materia de investigación. La mañana de este martes 2 de diciembre de 2025 se confirmó finalmente el rescate. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la operación fue “impecable” y destacó el trabajo de los “héroes de la patria” que participaron en la intervención.El operativo se desarrolló en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, Cauca, con la participación del Gaula de la Policía, los Comandos Jungla, el GOES y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante la acción se capturó a uno de los presuntos responsables y se incautó una pistola calibre 9 mm.El ministro Sánchez envió un mensaje a la familia Ayala, resaltando que no cedieron ante las presiones criminales y celebrando que Miguel Ayala fuera encontrado con vida para reencontrarse con su padre.
Las primeras imágenes del rescate de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager, Nicolás Pantoja, fueron dadas a conocer este martes 2 de diciembre. Las fotografías muestran a los dos hombres acompañados por unidades de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, después de permanecer 15 días en cautiverio.La operación se desarrolló en la vereda Chorritos, del municipio de La Sierra (Cauca), donde los uniformados lograron ubicar el punto de retención e ingresar para asegurar la liberación de las víctimas. Ambos fueron encontrados con vida en medio de un campamento improvisado.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó directamente la noticia a Giovanny Ayala a través de una llamada telefónica a la que tuvo acceso Blu Radio. “Está en buenas manos y está bien”, le aseguró el funcionario, mientras el artista, visiblemente conmovido, respondió entre lágrimas: “Ministro, muy feliz. Estoy feliz de escuchar esta noticia”.Sánchez destacó el trabajo conjunto de las instituciones que participaron en la operación y afirmó que el mánager también fue liberado sin daños. “Una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes”, expresó.Las autoridades señalaron que los presuntos responsables del secuestro serían integrantes del Frente ‘Carlos Patiño’ del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de los dos hombres. Incluso se había impuesto un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.El ministro también entregó detalles sobre el lugar y las condiciones en las que se encontraban. “En unas carpas improvisadas, ahí metidos en el monte, a la intemperie, en condiciones infrahumanas, sometidos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que estaban exigiendo”, señaló.
En una operación conjunta de la Policía Nacional, el Gaula y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las autoridades lograron rescatar a Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, luego de permanecer 20 días en cautiverio en zona rural del Cauca. Su mánager también fue liberado.El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien confirmó la noticia desde Expo Defensa. En medio de una llamada a la que tuvo acceso Blu Radio, el ministro dio la noticia Giovanni Ayala. "Ministro, uy feliz, muy feliz. Estoy feliz de escuchar esta noticia", dijo Ayala entre lágrimas. El ministro le señaló que "así es. Ya Miguel está va a estar en el lugar que va a estar. El manager también fue liberado. Una ejecución impecable de héroes de la patria, policías valientes". "Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública", añadió el cantante. Posteriormente, Pedro Sánchez expresó: "Yo le dije que primaba la vida de su hijo. Era lo más importante. Obviamente la del manager también. Y no nos doblegamos ante estos criminales. Aquí la invitación también es a que todo el mundo denuncie, todo el mundo esté alerta y nos dé información para poderlos traer sanos y salvos, como lo hicimos hoy con nuestros héroes. Pero lo más importante, disculpen la redundancia y pero lo más importante es saber que su hijo Miguel está vivo. y va a estar pronto abrazándolo a usted".El ministro entregó detalles sobre el lugar y las condiciones en las que permanecían retenidos. “En unas carpas improvisadas, ahí metidos en el monte, a la intemperie, en condiciones infrahumanas, sometidos al terror de que los podían asesinar si no pagaban el dinero que estaban exigiendo por liberarlos. Estaban en el suroccidente del país”, señaló Sánchez.De acuerdo con la información oficial, los secuestradores exigían cerca de 7.500 millones de pesos para permitir la liberación de las víctimas. El rescate tuvo lugar en el municipio de La Sierra, Cauca, donde unidades del Gaula militar y policial, junto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ejecutaron una operación que el ministro calificó como una “acción impecable de héroes de la patria”.Durante el procedimiento, una persona fue capturada. Las autoridades continúan verificando la autoría del secuestro, aunque recordaron que en la zona delinque una estructura narcotraficante vinculada a Iván Mordisco.Miguel Ayala y su mánager fueron secuestrados el 18 de noviembre, alrededor de las 10:45 p.m., cuando viajaban en un vehículo particular desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali. En la vereda El Túnel, en el municipio de Cajibío, hombres armados los interceptaron y los obligaron a desviarse hacia el norte del departamento. El conductor fue liberado en el lugar.
Las autoridades confirmaron este martes, 2 de diciembre, el rescate de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, quien permanecía secuestrado desde el pasado 18 de noviembre en carreteras del departamento del Cauca.La noticia le fue comunicada directamente al artista por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de una llamada telefónica. “Está en buenas manos y está bien”, le aseguró el jefe de esa cartera, quien también destacó que tanto Miguel como su mánager, Nicolás Pantoja, fueron liberados durante una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.“Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”, indicó el ministro al entregarle detalles del procedimiento al cantante de música popular.Según explicó Sánchez, los secuestradores mantenían a los dos hombres en zona rural de La Sierra, en el suroccidente del país.El secuestro ocurrió el pasado martes 18 de noviembre, cuando Miguel Ayala y su mánager fueron interceptados por hombres armados en la Vía Panamericana, a la altura de la vereda El Túnel. Los sujetos los obligaron a desplazarse hacia el norte del departamento, donde permanecieron retenidos hasta el operativo de rescate.Las autoridades señalaron que los presuntos responsables del secuestro serían integrantes del Frente ‘Carlos Patiño’ del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de los dos hombres. Incluso se había impuesto un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.
Cuando varios uniformados atendían un posible caso de violencia intrafamiliar en plena vía pública en el barrio La Pradera, del municipio de Pitalito sur del Huila, una persona involucrada en la riña intentó despojar del arma de dotación a uno de los policías, quien de manera inmediata reaccionó con el fin de proteger su integridad.Como resultado de este hecho, un hombre identificado como Marcos Vacca Bulla resultó herido en medio de la asonada y falleció cuando era atendido en un centro hospitalario, mientras que el uniformado herido se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.“En un procedimiento policial por una riña de violencia intrafamiliar que nos reportó la comunidad en el barrio La Pradera de Pitalito, la patrulla que atendió el caso fue objeto de una presunta asonada por parte de un grupo de personas que intentó agredir a los uniformados. En medio de la situación una persona habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías, el uniformado accionó su arma y disparó contra esta persona que posteriormente falleció cuando era atendido en un hospital” dijo el teniente coronel Hedel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila.Le puede interesar: Frustran atentado terrorista en pleno casco urbano de Facatativá: más 15 kilos de explosivosEn el procedimiento policial otra persona implicada en la gresca fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía Local de Pitalito para el debido proceso de judicialización por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada.Las autoridades le hacen un llamado a la ciudadanía de permitir que la policía cuando sea alertada del cualquier circunstancia que altere la tranquilidad de los ciudadanos, abstenerse de atacar a los uniformados para que la situación no pase a mayores y no termine con resultados lamentables.
Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado en el Cementerio Católico de Saravena (Arauca).La acción hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Sarare, impulsado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en coordinación con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.El camposanto, priorizado como sitio de interés forense por su relación con casos de desaparición forzada, cuenta desde 2023 con una medida cautelar de protección emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP. Desde entonces, la UBPD ha adelantado cuatro intervenciones humanitarias que han permitido el abordaje de 81 cuerpos y la recuperación de los 34 que son de su competencia.Durante la más reciente intervención, los equipos forenses trabajaron en cuatro áreas priorizadas, donde lograron recuperar seis cuerpos inhumados directamente en suelo. En esta fase se aplicaron técnicas como el uso de georradar, que permitió detectar alteraciones del terreno y orientar la ubicación de los sitios de excavación.Según explicó la antropóloga Daniella Stephanya Caballero, de la UBPD, el trabajo en fosas múltiples y la falta de registros precisos sobre las inhumaciones han hecho que la acción humanitaria sea “más compleja, porque en muchos casos encontramos cuerpo sobre cuerpo en multinivel”.De los cuerpos bajo competencia de la UBPD, 27 fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis de identificación y toma de muestras óseas. En siete casos adicionales se confirmó correspondencia con registros ‘post mortem’ ya existentes, lo que permitirá avanzar en su plena identificación.La medida cautelar ordenada por la JEP busca proteger los cuerpos no identificados y los identificados sin reclamar, garantizando su preservación y facilitando los procesos de búsqueda e identificación de las víctimas de desaparición forzada.Estas acciones han sido posibles gracias a la articulación entre la JEP, la UBPD y Medicina Legal, con el apoyo de la Alcaldía de Saravena, la Parroquia Cristo Rey, organizaciones sociales y la comunidad local.Tanto la JEP como la UBPD reiteraron su compromiso con la verdad, la reparación y la dignidad de las víctimas, e invitaron a los habitantes de Arauca y del país a aportar información que contribuya a la búsqueda humanitaria y a la identificación de los cuerpos no reclamados que permanecen en este cementerio.
La situación en la zona rural de Tibú, específicamente en los sectores de La Gabarra y Pacheli, ha alcanzado niveles críticos debido a los enfrentamientos armados que se presentan desde el pasado 24 de diciembre. Según reportó la defensora del Pueblo, Iris Marín, la población civil se encuentra atrapada en medio de una violenta disputa territorial entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN.Desplazamiento y confinamiento de la poblaciónEl impacto en los habitantes de la región es dramático. Se ha confirmado que más de 60 familias han llegado desplazadas a la alcaldía de Tibú en busca de refugio. No obstante, la situación es aún más incierta para quienes no han podido salir; en el corregimiento de La Gabarra, un número indeterminado de personas se encuentra refugiado y confinado en una escuela. La Defensora enfatizó que no se cuenta con un censo exacto de los afectados debido a que la intensidad de los combates ha impedido el ingreso a la zona.Bloqueo de vías e imposibilidad de asistenciaLa crisis se agrava por el bloqueo de las vías impuesto por los grupos criminales, lo que ha anulado cualquier posibilidad de establecer un corredor humanitario. Esta situación ha impedido que ambulancias y misiones humanitarias, integradas por la Iglesia Católica y Naciones Unidas, ingresen para asistir a los heridos o entregar alimentos. Al respecto, Marín señaló: "En este momento pues los combates son tales que no hay condiciones de seguridad para ingresar". Además, la fuerza pública no ha logrado entrar al área debido a complicaciones climáticas adversas.Incoherencias en los gestos de pazLa Defensoría del Pueblo cuestionó duramente la voluntad de paz de estos grupos, especialmente tras el anuncio de un supuesto cese al fuego que ha resultado ser "inalcanzable" en la práctica. Se denunció una profunda incoherencia entre lo que se firma en las mesas de diálogo y la realidad del territorio. Según las fuentes, el Frente 33, lejos de avanzar hacia un desmonte, ha aprovechado este tiempo para fortalecerse territorialmente, trasladando combatientes de otras regiones para mantener su ofensiva contra el ELN en el Catatumbo.Finalmente, la defensora hizo un llamado urgente a los grupos armados para detener las hostilidades: "Lo principal es pedirle tanto al Frente 33 como al ELN que suspendan los enfrentamientos de inmediato y que permitan que la gente pueda estar un poco tranquila". Mientras tanto, la población civil sigue sufriendo las consecuencias de una guerra que no da tregua ni siquiera en las festividades de fin de año.Escuche aquí la entrevista:
La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, cierra el año sumida en una profunda crisis de orden público. El pasado 26 de diciembre, se registraron violentos enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc (bajo el mando de 'Calarcá'), específicamente sobre el kilómetro 16 de la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú. Según informó el alcalde municipal, Richard Claro, en Mañanas Blu, los combates comenzaron desde la madrugada, obligando a la población civil a resguardarse en una escuela local antes de emprender el camino hacia el casco urbano.Desplazamiento masivoLa situación ha provocado el desplazamiento de, hasta el momento, 187 personas, lo que representa aproximadamente 60 a 64 núcleos familiares que llegaron al casco urbano de Tibú buscando protección. Estos ciudadanos están siendo recibidos inicialmente en la alcaldía y posteriormente trasladados a un albergue de paso administrado en conjunto con la Diócesis de Tibú.El mandatario local expresó su preocupación por el estado emocional de la población, especialmente de los menores de edad. "Es necesaria la atención psicosocial para estos niños y niñas que están en una situación emocional bastante compleja al escuchar enfrentamientos, drones y atentados", afirmó Claro, subrayando que las familias han pasado una Navidad marcada por la intranquilidad.Un clamor por seguridad y recursosEl panorama en Tibú es crítico, pues el municipio asegura no contar con el presupuesto suficiente para atender de manera prolongada a la población desplazada, por lo que han solicitado la subsidiaridad del Gobierno Nacional y departamental, así como de la Unidad para las Víctimas.Escuche aquí la entrevista:
La región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, cierra el año sumida en una delicada situación de orden público debido a intensos combates entre las disidencias de las Farc, lideradas por alias 'Calarcá', y el ELN. Este nuevo ciclo de violencia tiene como epicentro el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, una zona que históricamente ha padecido el rigor de la guerra y que hoy vuelve a ser escenario de un fuego cruzado que mantiene en vilo a la población civil.Crisis humanitaria y desplazamientos masivosLa escalada violenta ha provocado el desplazamiento de más de 250 personas, quienes han buscado refugio en el casco urbano de Tibú, concentrándose principalmente en un colegio y en las instalaciones de la alcaldía municipal. El drama se extiende hasta la ciudad de Cúcuta, donde ya se registra la llegada de al menos 40 personas, cifra que las autoridades locales temen podría duplicarse en las próximas horas ante la persistencia de los combates. El impacto emocional en la comunidad es profundo; se han conocido registros donde las familias, en medio del pánico, gritan a los combatientes que se detengan debido a la presencia de niños en las viviendas, muchas de las cuales han resultado impactadas por proyectiles.Un conflicto sin tregua entre grupos armadosA pesar de que el ELN y las disidencias de las Farc han manifestado en días recientes un cese de hostilidades hacia la Fuerza Pública, la realidad en el territorio muestra que entre ellos no existe ningún tipo de acuerdo o tregua. La disputa territorial se ha concentrado en puntos estratégicos como el kilómetro 16 y el sector de Pacheli, áreas históricamente controladas por el ELN donde ahora se reportan patrullajes de las disidencias. Esta falta de entendimiento entre los grupos ilegales ha dejado a la población civil en medio de una guerra que no da tregua, incluso cuando se anunciaban vientos de paz con el Estado.La respuesta institucional parece no ser suficiente ante la magnitud de la crisis. El alcalde de Cúcuta ha señalado que, durante este año de violencia persistente, se han invertido cerca de 20.000 millones de pesos para atender la situación, pero los recursos se han agotado y las capacidades locales están al límite. Además, la situación de seguridad es tan crítica que se reportó una misión médica atrapada en medio del fuego cruzado, mientras que los habitantes que no han logrado salir enfrentan el confinamiento y el desabastecimiento de alimentos.Escuche aquí el informe:
Las autoridades colombianas pidieron este jueves el fin de los enfrentamientos en la región del Catatumbo entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que han forzado el desplazamiento de centenares de campesinos de esa región fronteriza con Venezuela.Al menos 250 personas del Catatumbo —región perteneciente al departamento de Norte de Santander— abandonaron sus viviendas en las últimas horas y cerca de 6.000 están en riesgo de confinamiento y desplazamiento por los choques armados entre guerrillas en una zona rural de Tibú, según alertó el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, en inglés).Según Marín, "durante el día se han recrudecido los enfrentamientos" y debido a esa situación un grupo de pobladores, incluidos menores de edad tuvo que buscar refugio "en una escuela de la zona"."Adicionalmente, hemos recibido información de personas que se encuentran heridas y requieren atención médica urgente", agregó la defensora.Por su parte, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, pidió "respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo".Márquez pidió a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional brindar apoyo "humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas" y adoptar medidas "reales y efectivas" para prevenir los desplazamientos de campesinos.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.Desde hace décadas, el territorio es disputado por grupos guerrilleros y paramilitares.La región vive desde mediados de enero una grave crisis humanitaria por la guerra declarada por el ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas.Esta disputa ha provocado la muerte de cerca de un centenar de personas y el desplazamiento forzado de miles de campesinos, muchos de los cuales no han podido volver a sus tierras porque la violencia persiste.Los nuevos enfrentamientos en el Catatumbo ocurren a pesar de que tanto el ELN como las disidencias anunciaron la semana pasada treguas navideñas, pero solo con las fuerzas de seguridad del Estado.