El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.
A través de un plan candado coordinado entre el Ejército y la Policía, lograron recuperar 22 toneladas de café seco que horas antes habían hurtado varios delincuentes a la altura del puente conocido como Paso del Colegio, en la vía principal que comunica a Neiva con el municipio de La Plata, en el departamento del Huila.De acuerdo con la información de las autoridades, los asaltantes interceptaron el vehículo en el que se transportaba el café, amenazaron al conductor y luego huyeron con la carga hacia un paraje rural del municipio de Gigante, donde inicialmente hallaron el automotor sin la mercancía y, posteriormente, en una bodega encontraron los 506 bultos de café pergamino seco.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía del Huila, confirmó que los presuntos asaltantes fueron capturados custodiando las 22 toneladas de café al interior de una bodega. “En un trabajo coordinado con el Ejército logramos recuperar 22 toneladas de café que habían sido hurtadas por delincuentes en la vía La Plata–Neiva. Una vez fuimos alertados, implementamos el plan candado y, gracias al uso de la tecnología GPS, ubicamos el camión y luego, a siete kilómetros, en una bodega, encontramos el cargamento de café robado. En el operativo se capturaron dos personas”, señaló el oficial.Entre tanto, el café recuperado, que había salido del municipio de La Plata y está avaluado en más de 800 millones de pesos, será entregado a su propietario, mientras que los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial por el delito de receptación.
Los alcaldes de las ciudades puertorriqueñas de Arecibo, Carlos Ramírez, y de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, junto al de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, acordaron este viernes presentar una iniciativa ante la Unesco para que la música salsa sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.Así lo informaron los mandatarios tras reunirse en Cali, ciudad en la que el miércoles pasado comenzó la Feria de Cali, que abrió la tradicional festividad de fin de año con la presentación de más de 2.200 artistas en el Salsódromo.El ritmo latino de trompetas, pianos, percusión, congas, timbales y maracas ha hecho que Cali sea considerada la 'Capital Mundial de la Salsa', por lo que ahora busca que este género sea reconocido oficialmente por la Unesco."La salsa es mucho más que un género musical: es un marcador esencial de identidad, un legado compartido que ha acompañado la vida cotidiana, las celebraciones y las expresiones culturales de nuestras comunidades", afirmó hoy el alcalde de Arecibo.En ese contexto, los alcaldes también oficializaron que en 2026 se realizará en Cali la 'Ruta Americana de la Salsa' para integrar expresiones representativas de la identidad afrocaribeña y latinoamericana."Esta apuesta cultural no solo busca fortalecer nuestra identidad, sino dinamizar el turismo y generar oportunidades reales de empleo y desarrollo para todos los caleños", indicó el alcalde Eder.La primera Cumbre de Ciudades de la Ruta Americana de la Salsa será en septiembre del 2026, justo en el marco del Festival Mundial de Salsa, y se esperarán delegaciones de 20 ciudades del continente.La Ruta Americana de la Salsa impulsa la circulación de artistas, bailadores, investigadores y emprendedores culturales, al tiempo que fortalece la economía cultural de Cali, con una red que conecta ciudades de Estados Unidos, el Caribe, Latinoamérica y Colombia."Es un honor contar con el respaldo de dos ciudades emblemáticas de Puerto Rico en esta iniciativa, reafirmando que Cali es el epicentro de este género en la región", añadió Eder.Trabajo mancomunadoEn el marco de la alianza, se acordó realizar la postulación ante la Unesco y, de manera conjunta, elevarán su solicitud para que tenga resonancia internacional."Con esta transformación social y económica que tiene Cali, desde Ponce nos vamos a unir. Esta es una oportunidad única de crear esta alianza tan maravillosa que nos une como pueblo a nivel mundial", argumentó Sifre, alcaldesa de Ponce.En el marco de esta articulación continental, se enfatizó la colaboración coordinada con ciudades clave de Estados Unidos como Nueva York, Miami y Los Ángeles; del Caribe, entre ellas La Habana, Santiago de Cuba, San Juan, Ponce, Arecibo y Santiago de los Caballeros.También se sumarán, en América Latina, Ciudad de México, Veracruz, Panamá, Caracas, Lima, Callao, Guayaquil y Santiago de Chile, además de ciudades colombianas como Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Medellín."Desde Arecibo nos unimos a Cali. Gracias por esa oportunidad que nos dan de trabajar en conjunto para elevar la salsa a nuevos niveles", manifestó el alcalde Ramírez.Lo anterior se suma a la firma de un acuerdo enfocado en la protección del ecosistema de la salsa, realizado en noviembre pasado en Arecibo durante el Festival Mundial de Culturas, en el que Cali fue reconocida como ciudad homenajeada."Cali tiene la mirada en el mundo y el mundo tiene la mirada puesta en Cali. Seguiremos sumando esfuerzos para demostrar que somos una capital reconciliada, salsera, pujante y rumbera", concluyó Eder.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar el financiamiento estatal a Colfuturo abrió un nuevo debate sobre las prioridades del gasto público en educación superior y formación de talento en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Isabel Londoño, fundadora de la entidad, aseguró que no fue informada previamente y conoció la medida a través de un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en la red social X.“Nadie me llamó, ni tampoco de Colfuturo. Yo solamente vi el comunicado que salió en la red social X y me enteré de lo que estaba pasando”, afirmó Londoño, quien subrayó que la discusión debe darse en un escenario de diálogo institucional. A su juicio, el país necesita sentarse a revisar cómo se distribuyen los recursos en educación. “Tenemos que redefinir cuáles son las prioridades del gasto público en educación (…) porque competimos por una canasta de recursos que es limitada”, señaló.Prioridades del Estado y cambio de contextoLa fundadora de Colfuturo explicó que el contexto nacional es muy distinto al de 1990, cuando se creó la entidad, en un ambiente de articulación entre el sector público y privado tras la Constitución de 1991. “Ese pensamiento que existía en 1990 es muy diferente al pensamiento que existe hoy. Las prioridades del gobierno han cambiado y la sociedad también ha cambiado”, sostuvo.No obstante, insistió en que cualquier conversación debe darse con respeto. “Esa conversación no puede empezar con agresiones ni con palabras ofensivas (…) tiene que ser una conversación de gente que quiere al país”, enfatizó.Impacto en empresas, Estado y jóvenesSobre los posibles efectos de la reducción de recursos, Londoño advirtió que los principales afectados serían las empresas y el propio Estado. “Las primeras perjudicadas van a ser las empresas y el gobierno colombiano porque necesitamos talento para desarrollar proyectos de infraestructura, tecnología, salud y educación”, afirmó.También destacó el papel de Colfuturo como incentivo para los jóvenes. “Colfuturo se volvió como una zanahoria al final del camino que permitía que la gente joven se esforzara y soñara con estudiar afuera”, dijo, recordando que la fundación fue creada originalmente para otorgar entre 300 y 500 apoyos anuales.Debate sobre equidad y becas en el exteriorFrente a las críticas por la composición socioeconómica de los beneficiarios, Londoño fue enfática en que los programas de posgrado en el exterior no están diseñados para redistribuir ingresos. “Pensar que con becas de posgrado en el exterior se puede hacer redistribución del ingreso es una demagogia”, aseguró, al explicar las barreras previas de acceso a la educación superior.Finalmente, expresó dudas sobre la capacidad del Gobierno para reemplazar el programa en el corto plazo. “Administrar un proceso de selección para un posgrado en el exterior es extremadamente complejo (…) es prácticamente imposible hacerlo en ocho meses”, concluyó.Escuche acá la entrevista completa:
Tres presuntos integrantes del GAO-r Frente Gerónimo Galeano fueron capturados en San Antonio. Las autoridades los señalan de participar en el ataque armado contra la estación de Policía de El Limón, en Chaparral, y de recaudar ilegalmente cerca de $400 millones mediante extorsiones.En un contundente operativo adelantado por el Gaula Militar Tolima, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fueron capturados tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, estructura Gerónimo Galeano, señalados de graves acciones criminales en el sur del departamento del Tolima.Las detenciones se realizaron en la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro ejecutadas de manera articulada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.Entre los capturados se encuentra Libardo Rojas, conocido con los alias de 'Libardo' o 'Alexander', identificado como cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla de esta estructura armada ilegal. Junto a él fueron detenidos su hermano Afranio Rojas y Iván David Vera.Según las investigaciones preliminares, los capturados estarían vinculados con el hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2025, durante la noche de velitas.Además, las autoridades establecieron que esta estructura venía adelantando actividades extorsivas sistemáticas contra diversos gremios productivos, entre ellos caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, logrando recaudar de manera ilícita cerca de 400 millones de pesos.“Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la comisión de finanzas, responsable de coordinar extorsiones y acciones armadas contra la Fuerza Pública”, señaló a Blu Radio el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.Las autoridades también establecieron que esta estructura criminal ejercía intimidación a la población civil mediante proselitismo armado, instalación de carteles, grafitis, vallas y la realización de reuniones forzadas, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a las comunidades rurales e impedir la acción de la Fuerza Pública. Incluso, se reportaron invasiones a predios rurales en contra de la voluntad de sus propietarios.Estas acciones criminales se habrían desarrollado durante los últimos cinco meses, en articulación con integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz, entre ellos alias 'Cortico' o 'Felipe Troche' y alias 'Risas', quienes ya fueron capturados en meses anteriores.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del Frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos que eran utilizados para la planeación y ejecución de las actividades delictivas.Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 263 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula), donde deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, en concurso con extorsión agravada.De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura armada ilegal y contribuye al restablecimiento de la seguridad y la confianza institucional en el sur del Tolima, como parte de los esfuerzos sostenidos de la Fuerza Pública para proteger a la población civil y fortalecer la presencia del Estado en la región.
La escalada de violencia que golpea al Catatumbo tiene detrás a tres criminales clave del ELN, señalados de liderar las confrontaciones armadas contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, en una guerra territorial que ya provoca confinamiento masivo, desplazamientos forzados y un grave impacto sobre la población civil en esta zona del nororiente del país. Las acciones se concentran principalmente en Tibú, pero también se extienden hacia Ocaña, Ábrego y otros municipios estratégicos del departamento.En el centro de esta ofensiva está el frente Juan Fernando Porras Martínez, una de las estructuras más fuertes del Frente de Guerra Nororiental del ELN y, según información de inteligencia, la encargada de entrenar a los pilotos de drones que hoy participan en los ataques armados. Este frente, además, estaría preparando a sus delincuentes tanto en territorio colombiano como en Venezuela, fortaleciendo sus capacidades militares y tecnológicas para sostener la confrontación con las disidencias y enfrentar a la fuerza pública.Al mando de esta estructura aparece alias ‘Julián’, ‘Manuel Guevara’ o 'Parmenio’, un cabecilla histórico del ELN con más de tres décadas de trayectoria criminal. Su nombre está ligado a la planeación y orden de emboscadas, campos minados, ataques con francotiradores, hostigamientos armados y secuestros en Norte de Santander y Cesar, acciones que dejaron militares y policías muertos y heridos. Dentro de la organización es considerado una pieza clave por su experiencia en el manejo financiero, político y militar, así como por su papel en el direccionamiento estratégico del frente que hoy lidera la guerra en el Catatumbo.El segundo hombre es Diego Fernando Coronel, alias ‘Caballo de Guerra’, señalado como segundo cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez. Las comisiones que dirige son, según las autoridades, las que están directamente comprometidas en los enfrentamientos contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en el municipio de Tibú.Su rol, destaca el informe de inteligencia, ha sido determinante en la implementación de ataques con drones y en acciones armadas tanto contra estructuras rivales como contra la Fuerza Pública. Alias ‘Caballo de Guerra’ tiene un historial criminal que incluye su paso como cabecilla de comisión y tercer cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en zonas rurales de El Carmen, Convención y el sur del Cesar, y figura en investigaciones formales de la Fiscalía por delitos asociados al terrorismo.El tercer actor en esta confrontación es alias ‘Chuky’, cabecilla principal de la compañía Caribe del ELN. Esta estructura también cuenta con capacidad de ataque mediante drones, aunque su radio de acción se concentra especialmente en el occidente de Norte de Santander, en municipios como Ocaña y Ábrego. Allí, la compañía Caribe mantiene enfrentamientos no solo con las disidencias de las Farc, sino también con estructuras del Clan del Golfo, en una disputa múltiple por el control territorial y las rutas estratégicas.Alias ‘Chuky’ tiene una trayectoria marcada por emboscadas, atentados contra estaciones de Policía, asesinatos de uniformados, instalación de campos minados y hostigamientos armados en zonas rurales del Catatumbo y del Cesar. Antes de llegar a la jefatura de la compañía Caribe, fue seguridad de mandos del Frente de Guerra Nororiental y segundo cabecilla de esa misma estructura, consolidando un perfil violento y de alto impacto operacional.De acuerdo con la información de inteligencia, el frente Juan Fernando Porras Martínez, la compañía Caribe y el frente Camilo Torres Restrepo conforman hoy el núcleo de las estructuras del ELN en el Catatumbo con mayor capacidad ofensiva, particularmente en el uso de drones armados.Estas tres organizaciones serían las responsables de la mayoría de acciones recientes contra la fuerza pública, la población civil y de la confrontación directa con el frente 33 de las disidencias de las Farc, una guerra que sigue profundizando la crisis humanitaria en la región y mantiene a por lo menos 500 de familias atrapadas en medio del fuego cruzado y deja más de 250 desplazados.
En medio del anuncio del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil sobre un eventual control a los precios de los tiquetes aéreos, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que imponer techos tarifarios podría ir en contravía de los beneficios que hoy reciben los usuarios en Colombia.Así lo explicó en Mañanas Blu 10:30 Paula Bernal, country manager de la IATA en Colombia, al señalar que el transporte aéreo es un mercado que, tanto en el país como en el mundo, ha demostrado que la libertad tarifaria y la competencia son los mecanismos más eficientes para mantener precios razonables.Cómo se definen los precios de los tiquetes aéreos en ColombiaBernal recordó que Colombia ya tuvo un esquema de control de precios. “Hasta el año 2012 existía un piso y un techo tarifario. A partir de la liberalización de las tarifas, lo que ha pasado es que año a año las tarifas han bajado más de 3 %, tanto en el mercado doméstico como en el internacional”, explicó. Según la IATA, esa tendencia se ha mantenido pese a que otros costos del sector no han disminuido en la misma proporción.La directiva aclaró que, hoy en día, no existe un régimen general de techos tarifarios en el país. Lo que sí hay es la facultad de la Aeronáutica Civil para congelar precios en situaciones excepcionales, como cierres de vías terrestres por derrumbes, con el fin de garantizar la conectividad de las regiones que se quedan sin alternativas de transporte. “Esas disposiciones siempre se han acatado”, indicó.Frente a las quejas frecuentes de los usuarios por alzas en temporadas altas como diciembre, Bernal sostuvo que estos comportamientos responden a la lógica de la oferta y la demanda. “Las temporadas altas son planeadas con anticipación, tanto por aerolíneas como por los usuarios. En este mercado, como en otros, el precio lo regula la oferta y la demanda”, afirmó, insistiendo en que la competencia es la que termina presionando los precios a la baja.Desde la IATA también se hizo un llamado a que el debate no se centre únicamente en los precios finales de los tiquetes, sino en los costos estructurales que enfrenta el sector aéreo en Colombia. Bernal puso como ejemplo el esquema tributario: “Este es el único servicio de transporte público que paga un IVA del 19 %, no solo sobre el tiquete, sino también sobre el combustible de aviación”. A su juicio, revisar impuestos, tasas aeronáuticas y costos del combustible permitiría mejorar aún más los precios para los usuarios.La representante del gremio enfatizó que, desde 2012, la liberalización tarifaria ha incentivado la llegada de más aerolíneas al país, aumentando la competencia y ampliando la oferta de rutas. “Esa competencia es lo que hace que al final los usuarios puedan percibir mejores precios”, reiteró.Finalmente, Bernal aseguró que la IATA comparte el objetivo del Gobierno de buscar mejores condiciones para los viajeros, pero insistió en que ese propósito se logra manteniendo la libertad tarifaria y fortaleciendo la competitividad del sector. “Entre más aerolíneas haya y más competitivo sea el mercado, los beneficios se ven en los usuarios”, concluyó.
Las autoridades de Estados Unidos comenzaron a implementar desde este viernes una nueva medida que contempla la toma de fotografías a todos los extranjeros y la recolección de datos biométricos de algunos de ellos al ingresar o salir del país por vía aérea, terrestre o marítima, tras la entrada en vigor de una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).La regulación, anunciada en octubre pasado, autoriza al DHS a recopilar información biométrica, como huellas dactilares y rasgos faciales, de los ciudadanos extranjeros en aeropuertos, pasos fronterizos terrestres y puertos marítimos al momento de su salida del territorio estadounidense.Entre los cambios más relevantes, la norma también habilita el uso de reconocimiento facial en menores de 14 años y en personas mayores de 79, grupos que hasta ahora estaban exentos de este tipo de controles.La disposición aplica a todos los no ciudadanos, incluidos residentes permanentes con ‘green card’, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.De acuerdo con el DHS, la implementación de este sistema busca “abordar preocupaciones de seguridad nacional”. Entre las amenazas señaladas por el Gobierno para justificar la medida se encuentran el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobreestadía de visitantes y la entrega de información incorrecta o incompleta por parte de los viajeros.“El sistema permitirá confirmar de forma más precisa la identidad de los extranjeros que solicitan ingresar a Estados Unidos y verificar su salida del país”, explicó el DHS en el documento oficial.No obstante, la iniciativa ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos civiles, que expresan preocupación por el manejo de los datos personales, el tiempo de almacenamiento de la información y las posibles consecuencias ante errores o confusiones en el sistema.A estas medidas se suma otra propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump, presentada el pasado 10 de diciembre, que plantea exigir a los turistas de 42 países, entre ellos España, la entrega del historial de sus redes sociales de los últimos cinco años como requisito para ingresar a Estados Unidos.Esta exigencia aplicaría a los viajeros que acceden al país mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), programa que incluye a ciudadanos de países como España, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Catar, entre otros.
Este viernes fue aprobada una proposición del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, para que sean citados todos los ministros del Gobierno Petro, con el fin de que expongan las explicaciones sobre la declaratoria de la emergencia económica.A la iniciativa se unieron el Partido Conservador y el Centro Democrático e, incluso, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien señaló que gracias a este debate el país podrá conocer la situación fiscal que enfrenta el Gobierno.“Así que sí, bienvenido el debate, bienvenido el debate, porque tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esas decisiones de la Corte, que no solamente consisten en aumentar el gasto y cumplir esas sentencias, sino también en lo que la Corte dijo: no se podía recaudar. Y no recaudar tiene consecuencias, tiene consecuencias sobre las finanzas del Estado. Así que, por supuesto, bienvenido; estaré muy pendiente”, dijo la senadora Isabel Cristina Zuleta.El presidente del Senado, Lidio García, también se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Congreso no podría adelantar el debate de control político hasta que el Gobierno envíe el informe sobre la declaratoria y sus medidas.“Yo no quiero estar poniendo piedras en el camino, sino dar la oportunidad de que el país conozca qué piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno nacional”, afirmó el senador Lidio García.Además, otros congresistas señalaron que el Gobierno no tiene razones para declarar la emergencia económica.“No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no se trata de un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada, advertida profusamente por un buen número de senadores. Decir, presidente, tal como usted lo ha venido reclamando, que el Congreso es una rama del poder público independiente, y también se ha expresado hasta la saciedad que no es notario del Ejecutivo”, añadió el senador Efraín Cepeda.
El conflicto armado sigue dejando miles de víctimas en Colombia. Entre enero y noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 116 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a más de 101.000 personas en distintas regiones del país. A la par, 93 eventos de confinamiento mantuvieron bajo amenaza a 110.000 habitantes, atrapados en sus territorios por la presencia de grupos armados ilegales y las constantes confrontaciones.Solo en noviembre se presentaron 12 nuevos desplazamientos masivos, que obligaron a 3.437 personas a abandonar sus hogares. Los departamentos más golpeados fueron Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. En el Cauca, uno de los epicentros de la violencia, se registraron cuatro eventos en Argelia, además de casos en Santander de Quilichao, Suárez y Timbiquí, que dejaron 2.219 personas desplazadas. En El Charco (Nariño), la cifra ascendió a 800 personas, mientras que en Tibú (Norte de Santander) se desplazaron 172 habitantes, producto de los choques entre el ELN y las disidencias de las Farc.A la tragedia del desplazamiento se suma el drama del confinamiento, una práctica que mantiene a comunidades enteras encerradas en sus territorios sin poder acceder a alimentos, salud o educación. Entre enero y noviembre, 93 eventos de confinamiento afectaron a 110.375 personas, principalmente en Chocó, Cauca, Guaviare, Caquetá y Bolívar, departamentos donde el control territorial lo ejercen estructuras armadas y narcotraficantes. Solo en noviembre se reportaron 6 eventos de este tipo que dejaron 4.805 personas confinadas, la mayoría en Urrao (Antioquia), con 4.057 afectados.Estas cifras reflejan una tendencia preocupante: la persistencia del conflicto armado y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales, donde las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas son las más vulnerables. La Defensoría del Pueblo ha advertido que el desplazamiento y el confinamiento son hoy las principales expresiones de la crisis humanitaria en Colombia.A este panorama interno se suman los movimientos migratorios mixtos, que evidencian la presión humanitaria en las fronteras. Según Migración Colombia, entre enero y mediados de noviembre de 2025, 141.128 personas transitaron de manera irregular por el país, principalmente de nacionalidad venezolana (136.950 personas). De esa población, 40 % son mujeres, 38 % hombres y más del 21 % son niños, niñas y adolescentes, lo que refleja la complejidad del fenómeno migratorio en un contexto de conflictividad y desplazamiento interno.Colombia cierra 2025 con un mapa humanitario fragmentado, donde miles de familias siguen huyendo o sobreviviendo bajo el miedo, a la espera de una respuesta efectiva del Estado y de soluciones duraderas para el retorno digno a sus territorios.
Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil fue radicada la solicitud de inscripción del comité de recolección de firmas que busca impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, iniciativa que es promovida por el Gobierno.Según el cronograma establecido por la ley, la Registraduría dispone de ocho días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Posteriormente, contará con 15 días hábiles más para hacer entrega de los formularios oficiales con los cuales se iniciará la recolección de apoyos ciudadanos.Una vez entregados los formularios, el comité tendrá un plazo de seis meses para recolectar las firmas exigidas y presentar los correspondientes estados contables del proceso. La Ley 1757 establece que deben reunirse apoyos equivalentes al 5 % del censo electoral nacional al momento del inicio de la recolección, es decir, aproximadamente 2.5 millones de firmas.Tras la verificación de las firmas, la Registraduría expedirá una certificación oficial, documento que deberá ser presentado ante el Congreso de la República para que continúe el trámite institucional de la iniciativa ciudadana.El comité promotor está conformado por nueve integrantes, entre quienes se destacan Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad; Armando Custodio, líder indígena; Javier Eduardo García, comunicador y periodista; y Lee Angeli Herrera, lideresa del Valle del Cauca, junto a otros representantes de diversos sectores sociales.Sobre el alcance de esta propuesta, el ministro Antonio Sanguino afirmó que sus integrantes “representan a los más importantes sectores sociales del país, a los movimientos sociales y populares, que consideran necesario completar la obra reformista de 1991 y desbloquear institucionalmente la posibilidad de las reformas sociales, la reforma política y la reforma a la justicia”.Sanguino destacó que el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro consideran que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo institucional y del nuevo congreso.Señaló que debe contar con un apoyo masivo de la ciudadanía, que supere los tres millones de firmas, e incluso, como ha expresado el mandatario, alcanzar el respaldo de hasta 10 millones de colombianos.
La entidad del Gobierno que se encarga de recaudar los impuestos de los colombianos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la cual también administra y controla aduanas y el comercio exterior, con el fin de garantizar la seguridad fiscal del Estado.Asimismo, allí los ciudadanos pueden gestionar trámites relacionados con el Registro Único Tributario (RUT), recaudo de tributos como el IVA, renta, entre otros.Desde hace unos días ha estado circulando una información sobre un supuesto decreto que permite a la Dian embargar cuantas bancarias y tarjetas de crédito de las personas que cuentan con una deuda activa, por ello la entidad aclaró algunos puntos.Dian aclara información sobre supuesto decreto para embargar cuentas bancariasFrente a lo anterior, la Dian aclaró que "no existe ningún decreto para embargar masivamente cuentas bancarias o tarjetas de crédito".El pronunciamiento se debe a que en los últimos días ha estado circulando información relacionada con el tema. Por ello, la entidad indicó que: “no hace embargos automáticos ni generales”.Si bien es cierto que la Dian cuenta con procesos para cobrar lo que adeudan los colombianos, esto debe hacerse bajo un procedimiento estipulado por la ley.De cuerdo con la página web de la entidad, los procesos de recaudación y cobro se centran en el Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo, “una vía extrajudicial para forzar el pago de deudas tributarias mediante embargo, secuestro y remate de bienes”.No obstante, primero deben cumplirse unos pasos iniciando con “un mandamiento de pago notificado al contribuyente, ofreciendo etapas persuasivas (acuerdos de pago) y, si no hay respuesta, ejecutando las medidas cautelares, incluyendo remates virtuales, para satisfacer la obligación fiscal”.Por medio de una publicación en X la entidad explicó que las actuaciones de cobro se ejecutan así:Son individuales.Siguen el debido proceso.Solo se activan tras múltiples llamados previos y falta de acción del contribuyente.Estas notificaciones pueden ser entregadas personalmente, por correo certificado o mediante publicación en el boletín oficial de la entidad, por ello, es importante que las personas tengan su información actualizada.¿Qué sucede si no se paga la deuda a la Dian?Si el deudor no cumple con el pago de su obligación, la entidad estatal puede proceder conforme a lo establecido en el Artículo 837-1 del Estatuto Tributario, el cual señala que el tope de inembargabilidad corresponde a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados en la cuenta de ahorros más antigua del contribuyente.En consecuencia, cuando una persona natural posee una cuenta de ahorros cuyo saldo no supera ese límite, dicha cuenta no es susceptible de embargo por parte de la Dian. Sin embargo, los recursos que excedan ese monto sí pueden ser objeto de esta medida.Luego de validar lo anterior, la entidad puede ejecutar las siguientes acciones:Embargo de bienes: la entidad está facultada para retener cuentas bancarias, inmuebles y demás bienes pertenecientes al deudor.Secuestro de bienes: de manera complementaria al embargo, la Dian puede ordenar el secuestro de los activos retenidos, lo que restringe su uso o libre disposición por parte del obligado.Remate de bienes: en caso de que la obligación continúe sin ser cancelada, los bienes embargados y secuestrados podrán ser subastados con el fin de cubrir la deuda.Acciones penales: cuando se presentan situaciones de evasión relevante o fraude, la Dian está en capacidad de presentar denuncias penales contra el deudor.
En desarrollo de una operación militar, tropas del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 3 del Ejército, adscritas a la Tercera División, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, lograron la captura de Jean Pool Sánchez Gómez, sicario señalado del homicidio del teniente coronel Rafael Granados, ocurrido en Popayán, Cauca.La acción se llevó a cabo, destaca el Ejército, tras un trabajo articulado de inteligencia y contrainteligencia que permitió ubicar al peligroso criminal y materializar su captura, como parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales para esclarecer este crimen que conmocionó a la fuerza pública y a la ciudadanía.De acuerdo con la información del Ejército, la operación contó con el apoyo de tropas de la Tercera Brigada, lo que permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso y dejarlo a disposición de la justicia para que responda por su presunta participación en el asesinato del oficial, ocurrido el pasado 27 de noviembre de 2025.El general William Rincón, director de la Policía, confirmó que la captura de alias ‘Jean Pol’ se llevó a cabo en Jamundí, Valle del Cauca. Durante el operativo fue incautada un arma de fuego, posiblemente utilizada en el hecho, y dos teléfonos celulares, que serán fundamentales en el avance de la investigación. “Reiteramos nuestro compromiso con la justicia, la vida y la seguridad de los colombianos. La lucha contra el crimen no se detiene”, mencionó el general.
En diálogo con Mañanas Blu, el general Herbert Luguiy Benavidez, Jefe nacional del servicio de Policía, entregó detalles sobre el balance que deja la celebración de Navidad en el territorio Nacional. Hay preocupación por cuenta de los quemados con pólvora, las riñas y asesinatos y la incautación de licor adulterado. Durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y la madrugada del 25, se registraron 48 homicidios en todo el territorio nacional. Aunque la cifra representa una reducción del 20% en comparación con los 60 casos reportados el año anterior, el dato sigue siendo superior al promedio diario de 37 casos que maneja el país en días normales.Lo más alarmante para las autoridades es que el 54% de estas muertes estuvieron relacionadas directamente con riñas y temas de intolerancia. Si se analiza exclusivamente la franja de mayor celebración (de 6:00 p. m. del 24 a 6:00 a. m. del 25), el porcentaje de víctimas por riñas asciende al 61%, concentrándose principalmente en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena.Cifras críticas de quemados y el peligro de la pólvoraEn cuanto al uso de pirotecnia, el panorama es desalentador. El Instituto Nacional de Salud ha reportado 825 personas quemadas en lo corrido de diciembre, lo que representa un incremento del 5% respecto al año pasado. De este total, 267 son menores de edad, y se han registrado cinco casos de intoxicación por fósforo blanco tras el contacto de niños con estos elementos.El general Benavides enfatizó que 235 adultos resultaron lesionados bajo los efectos del alcohol, vinculando directamente el consumo desmedido de licor con la falta de precaución. A pesar de que la Policía ha logrado la incautación de 10 toneladas de pólvora, la persistencia ciudadana en su uso irresponsable ha llevado a advertencias sobre la posible pérdida de la patria potestad para los padres de menores afectados.Convivencia ciudadana y control de licor ilegalLa línea de emergencia 123 recibió más de 30,000 llamadas durante las festividades, de las cuales 16,000 requirieron intervención policial. Los motivos principales fueron la perturbación de la tranquilidad por exceso de ruido (más de 2,200 quejas) y riñas en curso (casi 2,000 reportes). Debido a la agresividad en los encuentros, la imposición de comparendos aumentó un 29% tras fallar los procesos de mediación.Finalmente, en la lucha contra el mercado ilegal, las autoridades han ejecutado más de 13,000 planes operativos, logrando la incautación de 9,793 botellas de licor adulterado y de contrabando, además del desmantelamiento de dos alambiques clandestinos. La recomendación de la Policía es adquirir estas bebidas únicamente en sitios reconocidos para evitar tragedias adicionales por intoxicación.Escuche aquí la entrevista:
Un operativo de la fuerza pública en zona rural de El Charco, en Nariño, permitió la destrucción de un laboratorio de clorhidrato de cocaína asociado a las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’. En la acción fueron incautados 2.846 kilos de cocaína, un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal superaría los 51 millones de dólares.La operación fue desarrollada por la Policía en coordinación con el Ejército, la Fuerza Aérea y con apoyo de la DEA. El complejo ilegal operaba bajo un modelo de outsourcing criminal, una estructura independiente que producía droga para organizaciones transnacionales que emplean esta modalidad para evadir controles y diversificar su producción.Según las autoridades, el laboratorio tenía capacidad para procesar grandes volúmenes de estupefacientes y era un punto clave para la salida de cargamentos hacia rutas internacionales. Su destrucción representa un golpe directo a las finanzas del narcotráfico en esta región del Pacífico, donde estos grupos buscan expandir su presencia mediante la compra de armamento y el reclutamiento de jóvenes.El cargamento incautado habría alimentado redes de violencia que operan en varios departamentos del país. Por ello, la intervención fue destacada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como un avance en los esfuerzos por reducir el poder económico de estas estructuras y recuperar la seguridad en zonas afectadas por la presión de grupos armados ilegales.Las autoridades insistieron en que continuarán con operaciones sostenidas de inteligencia, presencia territorial y afectación de infraestructura criminal. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar actividades relacionadas con narcotráfico y reclutamiento infantil a las líneas habilitadas, recordando que la reserva es absoluta.
El Gobierno Nacional confirmó que el portal sueco Expressen.se, responsable de las publicaciones sobre la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo, fue incluido en una lista de sitios a bloquear por Coljuegos. La revelación se conoció a través de la respuesta enviada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a un derecho de petición de la representante a la Cámara Katherine Miranda, discutida y analizada este lunes en el programa Mañanas Blu con Néstor Morales.Según el documento oficial, firmado por Ruby Ruth Ramírez, directora jurídica del MinTIC, el portal Expressen aparece en el listado de sitios web a bloquear publicado por Coljuegos el 31 de octubre de 2025. La información sorprende porque el primer artículo del medio sueco sobre Alcocer fue publicado 15 días después, el 16 de noviembre. De hecho, el sitio aparece aún en un documento publicado en el sitio web de la entidad. (En este enlace se puede descargar)Un bloqueo en la categoría de “apuestas ilícitas”La respuesta del MinTIC indica que, tras la validación del Grupo Interno de Ciberseguridad, se comprobó que Expressen fue clasificado por Coljuegos dentro de los dominios asociados a apuestas no autorizadas. Esta categoría es utilizada por la entidad para solicitar el bloqueo de páginas que ofrecen juegos de azar y no cumplen con la regulación colombiana.Sin embargo, los panelistas de Mañanas Blu señalaron que Expressen es un medio de comunicación y no tiene relación con plataformas de apuestas. Para algunos comentaristas, la explicación podría estar en la eventual presencia de publicidad internacional relacionada con videojuegos o casinos en línea. Para otros, se trata de una coincidencia difícil de sostener.¿Censura o error administrativo?El análisis de Mañanas Blu plantea dos escenarios:Una “desafortunada coincidencia”, como afirmó Felipe Zuleta, en la que el portal fue incluido por error en la categoría de apuestas ilícitas.Un intento de censura, especialmente dado que Expressen adelantaba investigaciones que incomodaban al Gobierno sobre la vida de Verónica Alcocer en Suecia.Los comentaristas resaltaron que el principio de neutralidad de la red, vigente en Colombia, prohíbe que autoridades o intermediarios condicionen el acceso a contenidos en Internet, salvo mediante orden administrativa debidamente fundamentada o decisión judicial.No obstante, el propio derecho de petición revela que el Ministerio de las TIC no conoce un acto administrativo que respalde la instrucción, y que simplemente recibió de Coljuegos un listado con los dominios a bloquear.Acceso desigual según dispositivo y operadorLa discusión en Mañanas Blu también abordó los problemas de acceso reportados por ciudadanos y periodistas. Mientras que la versión de escritorio de Expressen es accesible desde Colombia, en numerosos teléfonos móviles el portal no abre. El MinTIC confirmó que la experiencia depende del dispositivo, sistema operativo y operador de Internet, aunque no ofreció una causa técnica concreta.Preguntas abiertas y reclamo de explicacionesLos panelistas subrayaron que Coljuegos debe explicar públicamente por qué el medio sueco fue incluido en la lista de bloqueo y bajo qué criterios. Además, solicitaron que la entidad publique el acto administrativo correspondiente, si existe.En el programa se recordó que, entre el 16 y el 26 de noviembre, Expressen publicó una serie de artículos sobre Verónica Alcocer, describiendo su vida en Estocolmo e insinuando investigaciones y calificativos que no corresponden a procesos judiciales en Colombia. Tras respuestas del presidente Gustavo Petro en la red X, el medio publicó varias notas adicionales. Sin embargo, Expressen no ha publicado nuevos artículos sobre Colombia desde el 26 de noviembre.Mintuos después de los comentarios, Marco Tulio Hincapié, presidente de Coljuegos, emitió una comunicación en la que afirma que la inclusión está desde el 2021desde el 2021: "Desde el año 2021, durante administración del expresidente Iván Duque, el sitio web www.expressen.se se encuentra incluido en el listado de portales denunciados por Coljuegos por la presunta operación y promoción de casas de apuestas no autorizadas por esta entidad. No obstante, se desconoce si el medio de comunicación que se menciona cuenta con otro dominio diferente al aquí referido. Así pues, cabe aclarar que, si bien el sitio web está incluido en el listado, actualmente solo se encuentra bloqueado por los Prestadores de Servicios de Internet denominados Red Huguesnet, Movistar y Tigo".
Un vergonzoso balance de las obras para la mitigación del riesgo en la reconstrucción de Mocoa presentó la Contraloría General de la República. Las obras tienen más de 5 años de retrasos, se prevé que algunas no podrán ser terminadas y en todo el proceso hay hallazgos fiscales por más de 125 mil millones de pesos."El proyecto presenta problemas en su ejecución, no existe identificación clara de los soportes contables, jurídicos y técnicos de todas las actividades realizadas en la cuenca media baja, tampoco se registraron anotaciones o alertas por parte de la interventoría respecto de las actividades y recursos ejecutados, saldos de recursos en poder de la UNGRD y pagos por actividades no programadas ni contratadas", señaló la Contraloría.Según el ente de control las obras no se realizaron de formas coordinada sino por separado y además algunas de las obras podrían generar un riesgo adicional como la desviación del cauce del río que pone de nuevo a la comunidad en amenaza.El hallazgo fiscal equivale a la totalidad de recursos desembolsados por Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través del fondo administrado por Fiduprevisora.
El presidente Gustavo Petro, anunció este lunes que su abogado asumió la defensa jurídica de la familia de Alejandro Carranza, un pescador de la ciudad de Santa Marta "víctima del asesinato estadounidense" en uno de los ataques de Washington contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el mar Caribe."Mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima del asesinato estadounidense de Alejandro Carranza, el pescador samario muerto por misil disparado a su lancha en el Caribe y pobre de solidaridad", escribió Petro en X.El mandatario agregó que "la agencia jurídica del Estado, cuya prioridad debe ser la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia, debe convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe".En otra publicación reiteró su acusación a Estados Unidos de llevar a cabo "un asesinato sistemático, que es un delito de lesa humanidad", en los 20 ataques en el Caribe y en el Pacífico anunciados por la Casa Blanca desde agosto, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, en los que han muerto más de 80 personas."Creo que así sea desplazándose en canoa como antaño, los pueblos del Caribe deben reunirse por zonas en asamblea para unirse y actuar", señaló.El Gobierno identificó a Carranza, un pescador "pobre" de la ciudad caribeña de Santa Marta, como una de las víctimas del bombardeo estadounidense del pasado 16 de septiembre.En los últimos meses, Petro ha subido el tono frente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por las diferencias en política migratoria, la lucha antidrogas y el apoyo de Washington a Israel.Las tensiones escalaron a finales de septiembre, cuando EE.UU. decidió revocarle el visado a Petro y retiró a Colombia —considerado el mayor productor mundial de cocaína— de la lista de países que en el último año cooperaron en la lucha contra el narcotráfico.La Administración Trump también incluyó al presidente colombiano y a varios de sus allegados en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Luego de las evidencias recolectadas por la Procuraduría General de la Nación, el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, enfrenta cargos disciplinarios por presuntas irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE durante la vigencia del 2021.Según el ministerio público, el entonces mandatario local omitió garantizar la prestación continua y efectiva del servicio PAE para la entrega de los kits de alimentación que debían ser suministrados a los estudiantes beneficiarios del programa de las instituciones educativas de la ciudad.El ente de control indicó que durante el proceso contractual se habrían evidenciado deficiencias en los períodos comprendidos entre el 11 de enero al 7 de febrero, del 23 de febrero al 10 de marzo, del 30 de marzo al 13 de junio, y, para el segundo semestre académico, del 2 de septiembre al 18 de noviembre de 2021.Le puede interesar: Cafeteros proponen que el café colombiano haga parte del PAEPara la Procuraduría, el incumplimiento del PAE por parte del exmandatario, afectó la atención de los estudiantes, al no recibir las raciones correspondientes que esperaban en tiempos de emergencia declarada por el Covid-19, conducta calificada como falta disciplinaria cometida a título de culpa grave.
Cuando varios uniformados atendían un posible caso de violencia intrafamiliar en plena vía pública en el barrio La Pradera, del municipio de Pitalito sur del Huila, una persona involucrada en la riña intentó despojar del arma de dotación a uno de los policías, quien de manera inmediata reaccionó con el fin de proteger su integridad.Como resultado de este hecho, un hombre identificado como Marcos Vacca Bulla resultó herido en medio de la asonada y falleció cuando era atendido en un centro hospitalario, mientras que el uniformado herido se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.“En un procedimiento policial por una riña de violencia intrafamiliar que nos reportó la comunidad en el barrio La Pradera de Pitalito, la patrulla que atendió el caso fue objeto de una presunta asonada por parte de un grupo de personas que intentó agredir a los uniformados. En medio de la situación una persona habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías, el uniformado accionó su arma y disparó contra esta persona que posteriormente falleció cuando era atendido en un hospital” dijo el teniente coronel Hedel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila.Le puede interesar: Frustran atentado terrorista en pleno casco urbano de Facatativá: más 15 kilos de explosivosEn el procedimiento policial otra persona implicada en la gresca fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía Local de Pitalito para el debido proceso de judicialización por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada.Las autoridades le hacen un llamado a la ciudadanía de permitir que la policía cuando sea alertada del cualquier circunstancia que altere la tranquilidad de los ciudadanos, abstenerse de atacar a los uniformados para que la situación no pase a mayores y no termine con resultados lamentables.
Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado en el Cementerio Católico de Saravena (Arauca).La acción hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Sarare, impulsado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en coordinación con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.El camposanto, priorizado como sitio de interés forense por su relación con casos de desaparición forzada, cuenta desde 2023 con una medida cautelar de protección emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP. Desde entonces, la UBPD ha adelantado cuatro intervenciones humanitarias que han permitido el abordaje de 81 cuerpos y la recuperación de los 34 que son de su competencia.Durante la más reciente intervención, los equipos forenses trabajaron en cuatro áreas priorizadas, donde lograron recuperar seis cuerpos inhumados directamente en suelo. En esta fase se aplicaron técnicas como el uso de georradar, que permitió detectar alteraciones del terreno y orientar la ubicación de los sitios de excavación.Según explicó la antropóloga Daniella Stephanya Caballero, de la UBPD, el trabajo en fosas múltiples y la falta de registros precisos sobre las inhumaciones han hecho que la acción humanitaria sea “más compleja, porque en muchos casos encontramos cuerpo sobre cuerpo en multinivel”.De los cuerpos bajo competencia de la UBPD, 27 fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis de identificación y toma de muestras óseas. En siete casos adicionales se confirmó correspondencia con registros ‘post mortem’ ya existentes, lo que permitirá avanzar en su plena identificación.La medida cautelar ordenada por la JEP busca proteger los cuerpos no identificados y los identificados sin reclamar, garantizando su preservación y facilitando los procesos de búsqueda e identificación de las víctimas de desaparición forzada.Estas acciones han sido posibles gracias a la articulación entre la JEP, la UBPD y Medicina Legal, con el apoyo de la Alcaldía de Saravena, la Parroquia Cristo Rey, organizaciones sociales y la comunidad local.Tanto la JEP como la UBPD reiteraron su compromiso con la verdad, la reparación y la dignidad de las víctimas, e invitaron a los habitantes de Arauca y del país a aportar información que contribuya a la búsqueda humanitaria y a la identificación de los cuerpos no reclamados que permanecen en este cementerio.
El Ejército presentó su balance operacional de 2025, un año marcado, según el general Luis Emilio Cardozo, comandante de la institución, por resultados de alto impacto contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal, así como por el fortalecimiento del control territorial en zonas históricamente afectadas por la violencia.Uno de los principales resultados fue la mayor incautación de armamento de los últimos diez años. Durante 2025, las tropas decomisaron 916 armas largas, 2.320 armas cortas, 63 armas de acompañamiento y más de 738.000 municiones, evitando que este material fuera usado contra la población civil y la Fuerza Pública. A esto se sumó la destrucción de 5.972 minas antipersonal y la incautación de más de 22 toneladas de explosivos.En la lucha contra el narcotráfico, el Ejército incautó 111.593 kilos de cocaína, 14.855 kilos de pasta base y 107.286 kilos de marihuana, además de destruir 182 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 2.323 de pasta base, golpeando de manera directa las finanzas de los grupos criminales. Estas acciones representaron incrementos de hasta el 70 % frente a los resultados del año anterior.Las operaciones militares desarrolladas en regiones como Catatumbo, sur del Cauca, Nariño, norte del Cauca, sur del Valle y sur de Bolívar permitieron afectar de forma directa a estructuras del ELN, disidencias y Clan del Golfo. En total, se reportaron 3.409 capturas, 682 sometimientos a la justicia, 261 muertes en desarrollo de operaciones y la recuperación de 402 menores utilizados por estos grupos.En zonas como Catatumbo, además de los combates, se adelantaron acciones humanitarias que permitieron la evacuación de más de 3.600 personas, la atención de 87.000 desplazados y la entrega de más de 350 toneladas de ayudas, mientras se consolidaba la presencia de más de 10.500 soldados en el territorio.Durante 2025 se realizaron 889 capturas, se incautaron 1.068 máquinas de maquinaria pesada, se intervinieron 294 minas ilegales y se inutilizaron 504 dragas, afectando directamente una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados.En materia de secuestro y extorsión, los grupos Gaula Militar reportaron 1.020 capturas, la liberación de 105 personas y el rescate de 175 ciudadanos, con un aumento del 230 % en la efectividad operacional frente al año anterior.El balance también destacó el papel de los Ingenieros Militares, que instalaron cuatro puentes militares, avanzaron en obras viales y lograron declarar cuatro municipios libres de minas antipersonal, reduciendo riesgos para miles de habitantes en zonas rurales.
La situación en la zona rural de Tibú, específicamente en los sectores de La Gabarra y Pacheli, ha alcanzado niveles críticos debido a los enfrentamientos armados que se presentan desde el pasado 24 de diciembre. Según reportó la defensora del Pueblo, Iris Marín, la población civil se encuentra atrapada en medio de una violenta disputa territorial entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN.Desplazamiento y confinamiento de la poblaciónEl impacto en los habitantes de la región es dramático. Se ha confirmado que más de 60 familias han llegado desplazadas a la alcaldía de Tibú en busca de refugio. No obstante, la situación es aún más incierta para quienes no han podido salir; en el corregimiento de La Gabarra, un número indeterminado de personas se encuentra refugiado y confinado en una escuela. La Defensora enfatizó que no se cuenta con un censo exacto de los afectados debido a que la intensidad de los combates ha impedido el ingreso a la zona.Bloqueo de vías e imposibilidad de asistenciaLa crisis se agrava por el bloqueo de las vías impuesto por los grupos criminales, lo que ha anulado cualquier posibilidad de establecer un corredor humanitario. Esta situación ha impedido que ambulancias y misiones humanitarias, integradas por la Iglesia Católica y Naciones Unidas, ingresen para asistir a los heridos o entregar alimentos. Al respecto, Marín señaló: "En este momento pues los combates son tales que no hay condiciones de seguridad para ingresar". Además, la fuerza pública no ha logrado entrar al área debido a complicaciones climáticas adversas.Incoherencias en los gestos de pazLa Defensoría del Pueblo cuestionó duramente la voluntad de paz de estos grupos, especialmente tras el anuncio de un supuesto cese al fuego que ha resultado ser "inalcanzable" en la práctica. Se denunció una profunda incoherencia entre lo que se firma en las mesas de diálogo y la realidad del territorio. Según las fuentes, el Frente 33, lejos de avanzar hacia un desmonte, ha aprovechado este tiempo para fortalecerse territorialmente, trasladando combatientes de otras regiones para mantener su ofensiva contra el ELN en el Catatumbo.Finalmente, la defensora hizo un llamado urgente a los grupos armados para detener las hostilidades: "Lo principal es pedirle tanto al Frente 33 como al ELN que suspendan los enfrentamientos de inmediato y que permitan que la gente pueda estar un poco tranquila". Mientras tanto, la población civil sigue sufriendo las consecuencias de una guerra que no da tregua ni siquiera en las festividades de fin de año.Escuche aquí la entrevista:
La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, cierra el año sumida en una profunda crisis de orden público. El pasado 26 de diciembre, se registraron violentos enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc (bajo el mando de 'Calarcá'), específicamente sobre el kilómetro 16 de la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú. Según informó el alcalde municipal, Richard Claro, en Mañanas Blu, los combates comenzaron desde la madrugada, obligando a la población civil a resguardarse en una escuela local antes de emprender el camino hacia el casco urbano.Desplazamiento masivoLa situación ha provocado el desplazamiento de, hasta el momento, 187 personas, lo que representa aproximadamente 60 a 64 núcleos familiares que llegaron al casco urbano de Tibú buscando protección. Estos ciudadanos están siendo recibidos inicialmente en la alcaldía y posteriormente trasladados a un albergue de paso administrado en conjunto con la Diócesis de Tibú.El mandatario local expresó su preocupación por el estado emocional de la población, especialmente de los menores de edad. "Es necesaria la atención psicosocial para estos niños y niñas que están en una situación emocional bastante compleja al escuchar enfrentamientos, drones y atentados", afirmó Claro, subrayando que las familias han pasado una Navidad marcada por la intranquilidad.Un clamor por seguridad y recursosEl panorama en Tibú es crítico, pues el municipio asegura no contar con el presupuesto suficiente para atender de manera prolongada a la población desplazada, por lo que han solicitado la subsidiaridad del Gobierno Nacional y departamental, así como de la Unidad para las Víctimas.Escuche aquí la entrevista: