Una rápida reacción de las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército permitió neutralizar un retén ilegal que individuos armados pretendían instalar en el eje vial del sector conocido como La Silla, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. El hecho se registró en medio de operaciones ofensivas que se adelantan en la región del Catatumbo para garantizar la seguridad y la movilidad de la población.De acuerdo con el coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, los criminales se movilizaban en una camioneta, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas cortas. Al percatarse de la presencia de las tropas en el sector, abrieron fuego de manera indiscriminada, tanto contra la población civil como contra las unidades militares, generando momentos de tensión en la zona.Durante el ataque, un civil resultó herido de forma leve en una de sus manos. De inmediato, personal de enfermería de combate le brindó atención prioritaria en el lugar y posteriormente fue trasladado al Centro de Salud de Campo 2, donde recibió atención médica sin que su vida corriera peligro.Tras lo ocurrido, las autoridades reforzaron la presencia institucional en el sector con el objetivo de dar con el paradero de los responsables de este hecho. Las operaciones continuarán de manera sostenida para evitar nuevas acciones armadas y garantizar la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo.“En este sector se ha venido fortaleciendo la presencia institucional con el fin de dar con el paradero de los responsables de este repudiable hecho. Asimismo, continuaremos haciendo presencia de forma sostenida con nuestras unidades para evitar cualquier afectación a la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo”, indicó el general.
Ya se reiniciaron las labores en las altas cortes tras la vacancia judicial, en ese sentido, el Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda contra el decreto con el que el Gobierno nacional incrementó el salario mínimo a 2 millones de pesos el pasado 29 de diciembre y que no ha sido visto con buenos ojos por varios sectores en el país.Está demanda fue presentada por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Trabajo, al considerar que el decreto vulneraría disposiciones legales y constitucionales.El Consejo de Estado ya hizo lo propio al notificar a los ministerios involucrados y asimismo, corrió traslado de la demanda por 30 días a las entidades accionadas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre el fondo del asunto.El despacho también ordenó al Gobierno nacional allegar la totalidad de los documentos que precedieron la expedición del decreto del salario mínimo para este 2026.“En providencia separada se llevará a cabo el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional que elevó el demandante”, señaló el Consejo de Estado.Y es que desde su expedición este decreto que fijó el incremento del salario mínimo ha sido objeto de duras críticas por gremios y sectores quienes advierten que el aumento no estuvo soportado bajo estrictos criterios técnicos.
Tras una sesión reservada de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se extendió por varias horas, la representante Carolina Arbeláez fijó una postura crítica frente al manejo que el gobierno de Gustavo Petro le está dando a las relaciones internacionales,. En el encuentro, que por ley mantiene un carácter confidencial, la oposición tuvo la oportunidad de expresar sus preocupaciones directamente al mandatario, enfatizando que las relaciones diplomáticas no deben gestionarse a través de las redes sociales,.La urgencia de una agenda técnica con Estados UnidosUno de los puntos centrales de la discusión fue el futuro de la relación con los Estados Unidos, especialmente ante el panorama político actual de ese país. Arbeláez subrayó que, tras más de 200 años de historia compartida, Colombia no puede permitir que la ideología del gobierno de turno ponga en riesgo la inversión, el empleo y la cooperación estratégica. Durante la reunión, se le insistió al presidente Petro que no asista a sus encuentros internacionales simplemente a "dar discursos", sino que presente una agenda clara con métricas e indicadores específicos.La preocupación radica en que los indicadores actuales, especialmente en temas sensibles como el crecimiento de los cultivos de coca, no favorecen al gobierno colombiano ante los ojos de Washington. Para la oposición, es imperativo que el país demuestre avances tangibles en la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos para preservar una alianza que es hemisférica y legítima para los intereses estadounidenses.El rol del presidente: diplomacia frente a activismoLa representante Arbeláez fue enfática al recordarle al mandatario su rol institucional. Según la congresista, se le pidió al presidente que entienda que "no es un activista ni un bodeguero", sino el representante de todo un país. La crítica se centró en la necesidad de activar los canales diplomáticos tradicionales y abandonar la confrontación pública que a menudo se genera en plataformas digitales. Ante este cuestionamiento sobre el uso de redes sociales para gobernar, se informó que el presidente guardó silencio, aunque se percibió una consciencia sobre la necesidad de recomponer las relaciones internacionales.Escuche aquí la entrevista:
El antiguo secretariado de las Farc ha apelado la sentencia de la JEP en el caso de secuestro. En uno de los puntos de la apelación, señalan que no van a utilizar los dispositivos electrónicos que la JEP quiere implementar para monitorear el cumplimiento de las sanciones, pues dicen que ese sistema se parece más al de la justicia ordinaria que al de la justicia transicional.Este punto ha generado polémica y rechazo en las víctimas. El general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, se refirió a las condiciones en las que estuvieron en cautiverio y cuestionó esta apelación de los exFarc.“Nos tuvieron encadenados, atados a árboles para comer y caminar en medio de la selva, y ahora les incomoda tener dispositivos. Reyezuelos con coronas de sangre”, dijo Mendieta.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata al Senado, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 en el departamento del Caquetá.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así”, señala Betancourt.En la sentencia, los exFarc también dicen que la JEP está negando el carácter político de las Farc; además, niegan nuevamente el delito de esclavitud y piden a la jurisdicción tumbar esa imputación.
Uno de los asuntos pendientes de la Corte Constitucional tras reiniciar la vacancia judicial es el estudio del decreto de la emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En ese sentido, ya se conoció que fue a Carlos Camargo, magistrado de la Corte, a quien por sorteo le correspondió ser ponente de este caso allí al interior del alto tribunal. Asimismo, el magistrado Juan Carlos Cortés deberá estudiar uno de los decretos sobre este mismo asunto.Este decreto tiene control automático por parte de la Corte Constitucional y sobre esto el Consejo Gremial radicó una solicitud de suspensión provisional de este decreto que no ha sido visto con buenos ojos por distintos sectores.Con esto entonces comienza formalmente el estudio de este decreto de la emergencia económica expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Al alto tribunal deberán allegarse varios conceptos, entre ellos, el del procurador general.El alto tribunal había dejado en suspenso sobre quién era el magistrado ponente de este caso porque la declaratoria coincidió con la vacancia judicial; sin embargo, ya es un hecho que Carlos Camargo tendrá en sus manos la ponencia de este decreto.“La suspensión provisional es necesaria para impedir el abuso presidencial del estado de emergencia económica para suplantar al Legislador en su competencia de crear impuestos”, señaló el Consejo Gremial.
Hoy termina la vacancia judicial de las altas cortes y, en ese sentido, ante la Corte Constitucional acaba de ser radicada una solicitud de suspensión provisional del decreto de la emergencia económica; lo hace el consejo gremial, argumentando que se trata de una medida manifiestamente inconstitucional y que podría generar efectos económicos y jurídicos irreversibles.La petición fue presentada por Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, ante el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y allí el gremio solicita no solo la suspensión del decreto que declara la emergencia, sino también de todos los decretos legislativos que se expidan con base en esa declaratoria.Y es que según el Consejo Gremial, el Gobierno estaría usando de manera indebida las facultades excepcionales con el fin de suplantar al Congreso en su función de crear impuestos, luego de que este negara dos proyectos de ley de financiamiento para las vigencias 2025 y 2026.El gremio además sostiene que la crisis fiscal invocada por el Ejecutivo no responde a hechos sobrevinientes ni extraordinarios, sino a problemas estructurales conocidos, como obligaciones en salud, pagos de sentencias judiciales, gastos en seguridad, desastres naturales y restricciones fiscales ya existentes.“La suspensión provisional es necesaria para impedir el abuso presidencial del estado de emergencia Económica para suplantar al Legislador en su competencia de crear impuestos”, señaló el Consejo Gremial.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó las campañas de llamados a revisión que afectan a más de 40.000 automóviles de Volkswagen, Seat y BMW, debido a fallas detectadas en sistemas de seguridad y componentes mecánicos que podrían representar riesgos para los usuarios.Los llamados corresponden a distintas alertas vigentes y a actualizaciones de campañas iniciadas en años anteriores, que fueron ampliadas tras nuevas evaluaciones técnicas. En todos los casos, las revisiones y reparaciones deberán realizarse sin costo para los propietarios.¿Cuáles son los problemas con los carros Volkswagen y Seat?Uno de los llamados más amplios involucra a vehículos de las marcas Volkswagen y Seat equipados con bolsas de aire frontales para el conductor. Profeco señaló que el riesgo está asociado a airbags fabricados por Takata, los cuales podrían presentar fallas en caso de activarse durante un accidente.De acuerdo con la entidad, existe la posibilidad de que la carcasa del generador de gas del airbag se fragmente y libere pequeños filamentos, situación que podría provocar lesiones a los ocupantes del vehículo.Modelos Volkswagen llamados a revisiónLa campaña incluye 27.972 vehículos Volkswagen, correspondientes a los siguientes modelos y años:Passat: años 2012 a 2015Passat CC: años 2016 y 2017Crafter: años 2015 y 2016Multivan: año 2015NBB: años 2012 a 2018Tiguan: años 2015 a 2017Transporter: año 2015Profeco explicó que esta revisión está relacionada con la alerta 79/2023, publicada el 7 de noviembre de 2023, y que fue actualizada el 25 de octubre. La campaña tendrá una vigencia de 12 meses.Modelos Seat afectadosEn el caso de Seat, la actualización de la campaña incluye 380 vehículos, correspondientes a:León: año 2018Toledo: año 2018Ateca: año 2018Esta revisión está vinculada con la alerta 9/2023, publicada el 17 de enero de 2023, que originalmente contemplaba 12.789 unidades. Según Profeco, la campaña permanecerá vigente hasta el 1 de octubre de 2026.Además de las campañas anteriores, Profeco advirtió sobre un llamado adicional que afecta a 23 unidades del Volkswagen Tiguan Comfortline modelo 2019. En estos vehículos, el riesgo se relaciona con el airbag de la cabeza, fabricado por Joyson Safety Systems.La autoridad indicó que el inflador del airbag podría romperse al activarse, lo que permitiría la expulsión de fragmentos metálicos hacia el interior del vehículo. Esta alerta corresponde a la campaña 27/2024, publicada el 1 de marzo de 2024.¿Cuáles son las fallas de BMW?De manera independiente, Profeco informó sobre un llamado a revisión para 5.048 vehículos BMW, debido a posibles fallas en el motor de arranque. Según el organismo, la penetración de agua en ciertos puntos podría generar corrosión interna, mal funcionamiento del motor, cortocircuitos y, en casos extremos, incendios, incluso con el vehículo apagado.Los vehículos afectados corresponden a los años 2019, 2020 y 2021 e incluyen:220i Coupé320i330i520i530i530i SedánX3 sDrive20iX3 xDrive30iX4 xDrive30iX4 xDrive20iZ4 sDrive20iProfeco señaló que el proveedor sustituirá el motor sin costo para los consumidores y recomendó contactar a los distribuidores autorizados para atender el llamado.
La música popular colombiana atraviesa uno de sus momentos más amargos tras el fallecimiento del artista Yeison Jiménez. En una emotiva entrevista, el reconocido cantante Jhonny Rivera compartió detalles profundos sobre su relación con el intérprete, los pormenores de cómo se enteró de la tragedia y el vacío que deja un hombre que, según sus palabras, "rompió el paradigma de la edad" en el género.Un encuentro marcado por la persistencia y el talentoRivera recordó con nostalgia que su primer encuentro real con Yeison ocurrió en la cárcel de Manizales, donde Jhonny solía presentarse. Allí, un joven e inquieto se acercó para escurrirlo a preguntas sobre cómo incursionar en la radio y el mundo musical. "Él se abría espacio. Maestro, yo quiero saber unas cosas... muy preguntón y se hacía notar", relató Rivera, destacando que esa tenacidad y falta de timidez fueron las que cimentaron una amistad que luego se fortalecería en visitas personales y colaboraciones profesionales.El trágico aviso: "Yeison Jiménez se mató"Uno de los momentos más desgarradores de la entrevista fue el relato de cómo se difundió la noticia del accidente. Jhonny Rivera reveló que fue de los primeros en enterarse gracias a una llamada de Pipe Bueno. Pipe le informó que una avioneta se había estrellado en Paipa y que, tras verificar la matrícula que él conocía bien, confirmó que se trataba de la aeronave de Yeison. Inicialmente, los medios reportaron que el siniestro pertenecía a una escuela de aviación, pero el círculo cercano de artistas ya manejaba la devastadora verdad antes de que se hiciera pública.La muerte de Yeison no solo deja un vacío personal, sino también profesional. Rivera confesó que justo el día anterior al homenaje tenían planeada una reunión en casa de Jessi Uribe para grabar el video de una canción dedicada a la Selección Colombia por el mundial. El proyecto, que involucraba a los mayores exponentes del género, quedó en fase de maqueta. Pese a su cercanía, Jhonny Rivera ha optado por mantener una distancia prudente con la esposa e hija de Yeison, basándose en su propia experiencia tras la muerte de su padre. "Son momentos tan íntimos que uno no quiere ser imprudente", afirmó, mencionando que solo ha tenido contacto breve con la hermana del cantante y con su equipo de trabajo para coordinar el homenaje en Bogotá.Escuche aquí la entrevista:
El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ya tiene aval para su candidatura a la Presidencia. El partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, avalara la postulación.Justamente este martes, en una rueda de prensa, los ocho espejos de la consulta señoraron que esta semana se toma la decisión de si Peñalosa hace o no parte de la coalición.“Aquí hemos definido una regla y, en esa regla, ingresaron Paloma e ingresaron a Juan Carlos, que es la regla de la discusión, el análisis y el consenso de todos los integrantes, y así se continuará con las demás solicitudes de ingreso que haya, incluida la primera en la lista, de alguna manera, que es la de Enrique Peñalosa. Esta semana, según hemos hecho, debemos reunirnos para definir”, dijo el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.Es importante registrar que esta mañana Juan Carlos Pinzón le pidió al partido Oxígeno que considera otorgar el aval a Enrique Peñalosa. Posteriormente, Ingrid Betancourt confirmó la decisión.“Bienvenida esta generosa inicial de Juan Carlos Pinzón. La grandeza, inteligencia y corazón de Juan Carlos, aliadas a la visita, sabiduría y experiencia de Enrique Peñalosa, nos honran y fortaleza la unidad de todos los mejores para servirle a Colombia. Seguimos construyendo la victoria”, dijo Betancourt.
El senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria en contra de los 19 ministros del Gobierno nacional, por la dilación en que estarían incurriendo para evitar la realización del debate de control político al decreto de emergencia económica expedido a finales de diciembre de 2025.“El Gobierno nacional, que acostumbra hacerle conejo a los colombianos y al Congreso, ahora pretende hacer lo propio con el debate de control a la ‘emergencia’ económica. De hecho, completaron tres semanas eludiendo a la Plenaria, donde se han valido de excusas y formalismos, para después pedir prórrogas”, sostuvo Motoa en su cuenta de X.Cabe recordar que, según lo revelado por Blu Radio, el Gobierno, encabezado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, se negó a participar en el debate convocado en sesión extraordinaria de la plenaria del Senado el pasado 29 de diciembre, bajo el argumento de que se le debía permitir a todos los ministros entregar las respuestas al cuestionario de 26 preguntas y que para ello contaban legalmente hasta el 31 de diciembre.Sin embargo, tanto el 31 de diciembre como el 9 de diciembre pasado, la mayoría de ministerios han radicado hasta dos solicitudes de prórrogas, bajo la excusa de que las distintas dependencias del gabinete nacional debían terminar de compilar la información requerida en la proposición de convocatoria al debate.“¡Inaudito que una declaratoria de semejante magnitud que crea impuestos, desplaza al Legislativo y asfixia a la ciudadanía con nuevos tributos… todavía no cuente con respuestas a los cuestionarios! Por eso, hoy mismo radiqué queja disciplinaria ante la @PGN_Col: porque no permitiré que le hagan más trampa al país”, afirmó Motoa.El congresista también presentó una solicitud de insistencia ante la Mesa Directiva del Congreso para que convoque, a la mayor brevedad, la sesión de debate de control político sobre el decreto de declaratoria del estado de excepción, así como del Decreto 1479, que establece medidas tributarias extraordinarias orientadas a incrementar el recaudo y financiar el presupuesto general de la Nación, luego del archivo de la reforma tributaria en el Congreso y en el que se incluyen impuestos a compras por internet, aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %, IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar por internet, entre otros.
El atentado armado ocurrido en las primeras horas del año en la Ruta 45, en jurisdicción cercana a Neiva, Huila, ha generado conmoción nacional tras confirmarse la muerte de un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, quien viajaba junto a su padre y el subdirector del centro penitenciario cuando fueron atacados por hombres armados en motocicleta. Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde reveló además que el subdirector de la cárcel había denunciado amenazas contra su vida en 2023.De acuerdo con el mandatario local, el hecho se registró cuando los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se desplazaban en un vehículo particular conducido por un dragoneante. En el trayecto, dos sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego de manera indiscriminada.“Empezamos el año con este lamentable hecho en donde nos solidarizamos en primera instancia con las familias de los funcionarios del INPEC que sufrieron este trágico evento”, expresó Casagua al iniciar la entrevista.Así ocurrió el atentado en la vía Neiva–RiveraSegún la reconstrucción preliminar de los hechos entregada por el alcalde, el conductor recogió inicialmente al director de la cárcel, quien iba acompañado de su hijo de 11 años, a quien se dirigía a dejar al colegio en su primer día de clases. Posteriormente, el vehículo recogió al subdirector y continuó su recorrido hacia el centro penitenciario de Rivera.“Ya saliendo a la Ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y abren fuego. Lamentablemente ahí se presentan los hechos que ya conocemos”, relató el alcalde de Neiva.El ataque dejó como víctima fatal al menor, identificado como Ismael, generando rechazo y dolor no solo en el departamento del Huila, sino en todo el país.Investigación y recompensa por informaciónTras el atentado, las autoridades locales y nacionales activaron un plan inmediato de investigación. Casagua explicó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fiscalía, la Policía Nacional, el CTI y otras entidades, con el fin de articular esfuerzos.“Lo primero que establecimos fue una cápsula de trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía para poder dar resultados lo más pronto posible”, señaló.Asimismo, se ordenó el análisis de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, y se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.Amenazas previas contra el subdirector de la cárcel de RiveraUno de los puntos más sensibles revelados en la entrevista fue la confirmación de que el subdirector del centro penitenciario había denunciado amenazas contra su vida en noviembre de 2023.“Lo único que nos informa la Fiscalía es que en el 2023, en noviembre, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas contra su vida”, indicó Casagua. Sin embargo, el alcalde aclaró que, según la información suministrada por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), dicha investigación fue cerrada y al momento del atentado ninguno de los funcionarios contaba con esquema de seguridad.“No quiere decir que esa amenaza la estemos dando por hecho como relacionada con lo ocurrido ayer. Eso es materia de investigación”, puntualizó. El mandatario solicitó a los entes de control que se investigue si existieron fallas en la valoración del riesgo que derivaron en la ausencia de medidas de protección.Perfil de los reclusos y posibles hipótesisDurante la entrevista también se abordó el nivel de peligrosidad de la población carcelaria en Rivera. Casagua explicó que este centro penitenciario alberga delincuentes de alta peligrosidad, incluyendo miembros de grupos armados, delincuencia común y personas vinculadas a delitos como extorsión.“La cárcel de Rivera recoge personas capturadas en gran parte del sur del país. El nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy delicado”, afirmó. En ese sentido, no se descarta que el atentado esté relacionado con decisiones administrativas o medidas adoptadas al interior del penal, aunque reiteró que todas las hipótesis están siendo evaluadas por las autoridades judiciales.Dolor por la muerte del menorFinalmente, el alcalde se refirió con profundo pesar a la muerte del niño, quien iniciaba su año escolar al momento del ataque: “Es un niño de 11 años que no tiene absolutamente nada que ver con ningún tema. No se entiende cómo estos criminales no midan estas circunstancias”, lamentó.
La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Esta entidad del Estado colombiano es responsable de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura para prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales como inundaciones, deslizamientos y sequías, además de apoyar la reconstrucción de comunidades afectadas por estos fenómenos.La transición se produce en medio de una polémica, ya que la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en varios contratos del Fondo de Adaptación que superarían los 100 mil millones de pesos, con un 0% de ejecución hasta el momento.El ente de control abrió la investigación tras las denuncias de la propia Angie Rodríguez, quien pidió revisar contratos relacionados con proyectos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz, por los montos millonarios involucrados y la aparente falta de avances en su ejecución.
Sobre las 3:30 de la tarde comenzó en la Casa de Nariño una reunión que se extendió por más de cuatro horas y finalizó hacia las 8 de la noche. El encuentro giró en torno a la situación política de Venezuela y el manejo de la relación de Colombia con Estados Unidos.Entre los asistentes estuvo el expresidente Juan Manuel Santos, quien antes de ingresar dejó clara su postura sobre la necesidad de una transición democrática en el vecino país.Cabe mencionar que todos los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad. La reunión comenzó con la intervención del presidente Gustavo Petro, seguida por la canciller Rosa Villavicencio, y luego tomaron la palabra expresidentes y congresistas. Uno de ellos fue el senador de Cambio Radical José Luis Pérez.La representante Carolina Arbeláez, también presente en el encuentro, insistió en que las posiciones personales no deben trasladarse a las relaciones bilaterales y destacó que el tono de la conversación fue propositivo entre todas las partes.
En la Casa de Nariño, el Gobierno nacional y distintos sectores políticos analizaron el rumbo de la política exterior colombiana en el marco de la comisión asesora de relaciones exteriores, un espacio que fue convocado y liderado directamente por el presidente Gustavo Petro. Al encuentro asistieron congresistas, expresidentes y excancilleres, en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos.Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, también estuvo en esa comisión y en Recap Blu calificó el encuentro como positivo y destacó el tono respetuoso con el que se desarrolló la conversación. Aunque recordó que los detalles de la discusión no pueden hacerse públicos por el carácter reservado de la comisión, subrayó la importancia de que el Gobierno haya reactivado este canal institucional para abordar asuntos estratégicos del país.Desde la oposición, explicó Arbeláez, se insistió en la necesidad de manejar las relaciones internacionales con responsabilidad, mesura y a través de los canales diplomáticos formales, evitando que las diferencias políticas se trasladen a escenarios públicos como las redes sociales. La congresista advirtió que Colombia tiene mucho en juego en su relación con Estados Unidos, un aliado estratégico con el que mantiene vínculos históricos de más de 200 años.Durante la reunión, uno de los puntos centrales fue el impacto de la política exterior en el empleo, la inversión y el comercio. Arbeláez recordó que cerca del 60 % de las exportaciones colombianas dependen del mercado estadounidense, lo que convierte esa relación en un eje clave para la estabilidad económica del país. Además, señaló que la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico sigue siendo un interés prioritario para ambas naciones.La representante también mencionó que Estados Unidos mantiene especial atención sobre el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Por eso, indicó que Colombia no puede enfrentar sola este desafío y que es fundamental preservar la cooperación internacional construida durante décadas."Las relaciones internacionales no pueden tener ideología. Esto se lo dejamos ahí al presidente presente. Yo creo que él es consciente, pues tan así es que hoy vemos un tono cambiante por parte del presidente Petro, pues fue una conversación y un tono un poco más mesurado", concluyó.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no apoya a su colega venezolano, Nicolás Maduro, pero que tampoco es partidario de una invasión al país petrolero, en un contexto en el que el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas."Yo no apoyo a Maduro; quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión", escribió Petro en su cuenta de X.Petro, quien tiene buena relación con Maduro, insistió en que las posibles amenazas militares de Estados Unidos responden a los intereses económicos de ese país en Venezuela, en especial el petróleo."Esta es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela: el petróleo", aseguró Petro, quien dijo también que "se desplomarán los precios internacionales, y el petróleo será monopolio árabe; EE.UU. quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos".La petrolera estatal colombiana Ecopetrol tuvo un beneficio neto de 2,6 billones de pesos (unos 692,5 millones de dólares) en el tercer trimestre del año, resultado que supera en un 42 % las ganancias del segundo trimestre, informó la compañía hace poco más de dos semanas.Sin embargo, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, la ganancia neta fue de 7,5 billones de pesos (unos 1.997 millones de dólares), un 32 % menos frente al periodo enero-septiembre de 2024."Los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de hermanos venezolanos en nuestro territorio", concluyó Petro hoy.Petro propuso el viernes pasado "un gobierno de transición compartido" en Venezuela para solucionar la crisis de ese país y evitar una intervención extranjera que acabe en un estallido de violencia.La tensión reina desde agosto pasado entre Washington y Caracas por la orden del presidente Trump de ordenar un enorme despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, operación que el país petrolero ve como una "amenaza" para propiciar un cambio de Gobierno.
El Ejército Nacional avanza con el despliegue del Plan Democracia, la estrategia de seguridad dispuesta para acompañar las elecciones atípicas en el departamento del Magdalena, donde este domingo más de un millón de ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo gobernador.Desde las horas de la mañana, las tropas reforzaron su presencia en las zonas urbanas y rurales con el fin de garantizar que cada votante ejerza su derecho de manera libre, tranquila y segura.Más de 1.700 soldados de la Primera División fueron desplegados estratégicamente para brindar acompañamiento permanente durante todo el proceso. A la par, se instaló un Puesto de Mando Unificado, PMU, encargado de monitorear en tiempo real cualquier novedad que pueda presentarse durante el desarrollo de los comicios, en los que participan cuatro candidatos.“Han sido desplegados para ejercer control territorial y custodiar los 133 puestos de votación asignados en áreas rurales y de difícil acceso, asegurando así que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto con libertad, seguridad y plena confianza en las instituciones”, señaló el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las FF. MM.Para esta jornada electoral, que se cumplirá en los 30 municipios del departamento, el Ejército Nacional ha movilizado a soldados con el propósito de custodiar los 133 puestos de votación distribuidos a lo largo del Magdalena.Estas elecciones atípicas en el Magdalena se suman a los 17 procesos electorales atípicos que se han desarrollado en Colombia durante lo corrido del año 2025, entre ellos elecciones de alcaldes, gobernadores, consultas populares y comicios de consejos de juventud.
En esta edición de Sala de Prensa, dirigida por Juan Roberto Vargas, se analizó la compleja situación de orden público, el debate sobre el uso de la fuerza en el conflicto, las tensiones en la educación superior, el reacomodo político y las prioridades de Estados Unidos en la región.Jorge Mantilla, investigador y especialista en conflicto armado, explicó por qué el Cauca sigue siendo epicentro de violencia. Señaló que es un enclave estratégico para las disidencias, donde los explosivos, los drones y la presión sobre las comunidades hacen parte de una disputa por economías ilegales como la coca y la minería.El Dr. Jean Carlo Mejía, director del Centro de Sensibilización en Derecho Internacional Humanitario, abordó el debate sobre bombardeos con presencia de menores. Aclaró que, cuando participan en hostilidades, pierden el principio de inmunidad, y recordó que el Estado tiene el deber de usar la fuerza, incluso letal, para evitar la omisión en combates.El profesor Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, defendió la autonomía universitaria y cuestionó la propuesta de una constituyente que, según dijo, politiza la elección de directivos.El analista Gabriel Cifuentes analizó el panorama electoral, la polarización en encuestas y el giro del centro hacia posiciones más duras.Brian Winter, experto en política estadounidense, explicó que la Casa Blanca mantiene a la región bajo la lógica de dos frentes: presión militar y negociación posible con Venezuela.Escuche el programa completo aquí:
La muerte de 15 menores en recientes bombardeos contra disidencias de las Farc reabrió un debate incómodo en el país. Lo que empezó como una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, terminó convirtiéndose en una discusión más profunda sobre los límites del Derecho Internacional Humanitario, el reclutamiento forzado y la responsabilidad del Estado en operaciones militares.Para aclarar ese panorama, El Radar entrevistó al doctor Jean Carlo Mejía, director del Centro de Sensibilización en DIH de la Universidad Militar Nueva Granada. Su frase más contundente marcó el tono de la conversación: “En Colombia no tenemos conciencia de la guerra porque la llamamos orden público”.¿Bombardear con menores presentes? Esto dice el DIHMejía explicó que el DIH no funciona como la legislación de derechos humanos porque parte de una realidad dura: en la guerra hay tragedias inevitables. Aun así, insistió en que los menores reclutados siguen siendo víctimas, incluso cuando participan activamente en hostilidades. “Lamentamos profundamente toda muerte, incluso en un contexto de guerra, pero hay realidades que el país no quiere reconocer después de 60 años de conflicto”, afirmó.Sobre la operación en Guaviare, señaló que no se trataba de un campamento, sino de un movimiento hacia el combate. Más de 150 disidentes avanzaban hacia una unidad de 20 soldados. “Es una etapa de guerra de movimientos. Esos menores iban hacia el contacto. No son combatientes, pero sí participaban directamente en hostilidades”, explicó.El experto aclaró que en un conflicto interno el término combatiente solo aplica a miembros de la Fuerza Pública. Los menores reclutados, aunque víctimas, pueden perder su protección si están directamente involucrados en ataques a civiles o militares.Las alertas sobre inteligencia, reclutamiento y dilemas éticos en el paísMejía también explicó que el DIH permite operaciones incluso con presencia de menores, siempre que exista un esfuerzo razonable de verificación. “En lo posible, la inteligencia debe determinar la presencia de niños y sus edades. Pero esto es DIH, no derechos humanos: no siempre es viable obtener esa certeza”, precisó.Recordó además el llamado de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien advirtió que las disidencias como la estructura de ‘Iván Mordisco’ siempre involucran menores. Para Mejía, esto obliga a fortalecer la inteligencia humana, el perifoneo en zonas de reclutamiento, la coordinación con el CICR y campañas preventivas.También hizo una comparación con la caída del exministro Guillermo Botero. En ese caso, dijo, la crisis se produjo por ocultar información. “Aquí el dato fue apareciendo después por Medicina Legal. Eso complejiza, pero no equivale a ocultamiento”, puntualizó.Al cierre, dejó una reflexión que estremeció a la audiencia: “Muchos menores se van porque huyen de la violencia intrafamiliar. Esta guerra nos atraviesa más de lo que estamos dispuestos a aceptar”.
El Ejército y la Policía continúan con las investigaciones y los operativos en toda la ciudad de Neiva, con el fin de dar con la ubicación de los dos sicarios motorizados que atentaron contra el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez; el subdirector, Renato Solano Osorio; un dragoneante del Inpec, y un menor de 11 años, hijo del director del penal, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza.El ataque criminal se registró en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, al sur de Neiva, en la salida hacia el sur del Huila, donde dos hombres armados dispararon en varias oportunidades contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.“La Policía ha dispuesto un plan candado con todas las capacidades operativas e investigativas, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín, con el fin de capturar a los responsables de este hecho. Hago un llamado a la comunidad para que, quien tenga información, la comunique de manera reservada”, expresó el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Este hecho causó rechazo entre las autoridades civiles y de Policía. En el atentado resultó gravemente herido el subdirector del centro carcelario, Renato Solano Osorio, quien permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva, así lo confirmó Juan Diego Fierro, gerente del centro asistencial.“Recibimos en el hospital al señor Renato Solano Osorio, paciente de 50 años de edad, con herida por arma de fuego en el tórax. Actualmente se encuentra en estado crítico y bajo observación estricta por parte del personal médico”, señaló el parte médico entregado por la gerencia del hospital.Posteriormente, en el transcurso del día, se adelantó un consejo de seguridad en el que se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los responsables.“En este consejo de seguridad se determinó una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este acto criminal. Además, hay una operación tipo candado por parte del Ejército y la Policía, con el apoyo de la comunidad e incluso de los agentes de tránsito”, anotó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.Entre tanto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila rechazó este vil ataque en el que murió el menor Ismael Rodríguez. Además, la entidad brinda acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.
Once miembros de la la comisión 34 de las disidencias al mando de alias 'Calarcá' se entregaron ante las autoridades en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, luego de varias operaciones que el Ejército Nacional viene adelantando en la zona.Los ilegales hacen parte del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte y entre ellos están los cabecillas conocidos con los alias de ‘Andrés’, ‘Jair’ y ‘David’.Este sometimiento a la justicia muestra el alcance y expansión que las disidencias de 'Calarcá' están logrando en este sector, límites entre Antioquia y Chocó, que suele estar bajo el control del ELN y el Clan del Golfo, quienes incluso se disputan el control por los corredores del narcotráfico y la minería ilegal.Con esto, dice el Ejército, buscan evitar ese desarrollo del grupo ilegal en esa zona del país así como Risaralda y Caldas.Durante la operación, integrantes de la Décima Quinta Brigada del Ejército, incautaron ocho armas largas, munición, proveedores, material de intendencia y equipos de comunicación.
Los exjefes de las extintas Farc apelaron la sentencia que les impuso la JEP por los más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Es importante recordar que la sentencia contempla acciones y trabajos restaurativos por un periodo de ocho años, sin cárcel. Es decir, que durante ese tiempo deben cumplir con obras y labores que reparen a las víctimas.La JEP planteó la idea de monitorear las sanciones por medio de un mecanismo electrónico, algo a lo que se niegan, en esta apelación, los excomandantes de las Farc. El antiguo secretariado de la guerrilla también pide que la sanción contemple un tiempo menor a ocho años para algunos comparecientes, lo anterior teniendo en cuenta el tiempo que hayan podido estar en la cárcel y las acciones que realizaron una vez dejaron las armas, relacionadas con iniciativas de paz.Clara Rojas fue secuestrada por las Farc en el Caquetá, en el año 2002, y está acreditada como víctima ante la JEP. Rojas se refirió a esta apelación de las extintas Farc, asegurando que, por ejemplo, el monitoreo electrónico es una herramienta mínima de la justicia para garantizar el cumplimiento de las sanciones.“Nótese que la JEP le está dando a un delito de lesa humanidad, que en nuestro Código Penal oscila en sanciones privativas de la libertad entre 40 y 60 años, los está reduciendo a ocho años y no les impone sanción intramural; les impone unos trabajos sociales con un objetivo restaurativo. La manera que la JEP ha encontrado para lograr una verificación del cumplimiento de las sanciones es a través de estos dispositivos, no solo para garantizar que estas personas estén en los sitios de ubicación que les han impuesto, en los horarios que les han impuesto, sino para que la sociedad en su conjunto tenga un mínimo de garantía de que efectivamente están realizando este trabajo”, dijo Rojas.En el mismo sentido, Rojas aseguró que cuando se conocieron las sanciones el antiguo secretariado se comprometió a acatarlas y, por eso, considera que los argumentos de esta apelación generan desazón en las víctimas.“Me parece una falta de respeto, no solo con los magistrados de la JEP, sino con el orden jurídico y la justicia, porque sin duda es lo mínimo que se les pide”, agregó Rojas.En la sentencia, los exjefes de las Farc también le piden a la JEP tumbar la imputación por esclavitud, pues dicen que ese delito no se cometió contra los secuestrados. Además, piden que mientras cumplen las sanciones no sean trasladados de sus hogares.“No podemos justificar que ahora los victimarios pretendan que no van a ser sancionados, además desconociendo que ellos rechazaron ir a un juicio y aceptaron la responsabilidad en los delitos que les fueron imputados en su momento. Sí hay varias falencias que presenta la JEP al momento de la sentencia, pero manifestar que sus actos fueron constituidos a través del derecho de la rebelión lo que hace es revictimizar a las víctimas”, agregó Juan Camilo Sanclemente, quien representa a algunos de los familiares de los diputados del Valle, asesinados en cautiverio por parte de las Farc.En otro apartado de la apelación, el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una estrategia militar y social.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente o presidenta para poner orden”, dijo Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las Farc en 2002.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente el atentado perpetrado por sicarios en motocicleta contra el director y el subdirector de la cárcel de Rivera, cuando se movilizaban en un vehículo particular en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, en el sur de Neiva.Asimismo, la entidad condenó el fallecimiento del menor de 11 años, quien fue alcanzado por un disparo en la cabeza durante el ataque criminal. En el mismo hecho resultó gravemente herido el subdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio, de 50 años de edad, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva.De igual manera, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades para reforzar los esquemas de seguridad de directivos y funcionarios del sector penitenciario en el país, teniendo en cuenta los ataques de los que han sido víctimas dragoneantes del Inpec en varias ciudades.En efecto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila también brinda acompañamiento institucional a la familia del menor Ismael Rodríguez, de 11 años, víctima del atentado.Asimismo, mediante un comunicado oficial, los personeros del Huila rechazaron el ataque sicarial contra los directivos del centro de reclusión de Neiva, ubicado en jurisdicción de Rivera, y pidieron a la Fiscalía y a la Policía avanzar en las investigaciones que permitan ubicar y capturar a los autores materiales de este lamentable hecho que ha conmocionado a Neiva y al Huila.Por su parte, la Policía, con su equipo de investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, continúa recopilando evidencias y testimonios con el fin de identificar a los responsables, capturarlos y llevarlos ante la justicia. No obstante, las autoridades administrativas y de policía adelantaron un consejo de seguridad para tomar decisiones frente al atentado que hoy cobra la vida de un menor de edad, hijo del director de la cárcel de Rivera, en el Huila.
El Ministerio de Minas y Energía posesionó a Adriana Jiménez como la nueva experta comisionada en la Comisión de Energía y Gas. Una profesional que cuenta con más de 26 años de experiencia en política pública y en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas en el sector de regulación energética. Ahora se enfrenta a grandes retos y labores.La nueva comisionada es una economista con maestría en Economía y Políticas Públicas, y especializaciones en Gestión de Proyectos y en Derecho de la Competencia y Libre Comercio, lo que permitirá un amplio desarrollo en técnico este momento clave de la transición energética.Hasta el momento, ha sido Asesora y Comisionada encargada en el Departamento Nacional de Planeación, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas – Creg. Además, ha trabajado en el Ministerio de Minas y Energía, y en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – Anla, entidad en la que lideró el Grupo de Transición Energética Justa; a la par, ha tenido cargos en Fedepalma y la Unidad de Restitución de Tierras.A las afueras del país también ha hecho parte del equipo de infraestructura en Argentina. Razones por las cuales fue escogida, debido a su amplia trayectoria en entidades públicas y firmas consultoras que se han especializado en el sector energético.Su llegada se da en el marco de un proceso en marcha orientado a fortalecer la confiabilidad del sistema, avanzar en la actualización de metodologías regulatorias, acompañar la transición energética y reforzar la protección de los usuarios de los servicios públicos. Con esta designación, la entidad busca dar continuidad a las reformas y lineamientos que vienen consolidándose en el sector.La Creg funciona como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía y está conformada por los ministros de Minas y Energía, quien la lidera, y de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación y seis expertos en asuntos energéticos designados por el presidente de la República para periodos de cuatro años.Con la incorporación de la nueva comisionada, queda completo el Comité de Expertos de la Creg, órgano colegiado responsable de la toma de decisiones regulatorias, integrado por William Mercado, director ejecutivo (e), junto a los expertos comisionados Antonio Jiménez, Fanny Guerrero, Orlando Velandia (e) y Ángela Álvarez.
Para el 2026, Colombia enfrentará una combinación de factores que presionan el sistema eléctrico: precios al alza, un estrecho margen entre generación y demanda, una deuda sectorial que supera los $4 billones, el atraso en proyectos clave y una creciente dependencia del gas importado. Ante este escenario, la tecnología emerge como una herramienta decisiva para evitar un eventual desabastecimiento de energía.Según datos del sector, el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación es crítico. De los 3.517 megavatios que debían entrar en operación hasta octubre de 2025, apenas lo hizo menos del 2 %, de acuerdo con cifras de Acolgen. A esto se suma la pérdida de soberanía gasífera, que obligará a importar cerca del 25 % del gas natural que consume el país, elevando los costos de generación térmica y aumentando la vulnerabilidad del sistema, especialmente si se materializa un fenómeno del Niño en 2026, cuya probabilidad es alta según la NOAA.Frente a una demanda que no cede y una oferta cada vez más tensionada, la adopción de tecnologías de eficiencia energética proyecta un crecimiento de entre el 20 % y el 40 % en 2026, impulsada por empresas que buscan blindarse ante posibles racionamientos y aumentos tarifarios. Alternativas para generar energíaEn ese contexto, la autogeneración solar fotovoltaica se consolida como una de las principales soluciones. Lo que antes era una apuesta por sostenibilidad hoy se convierte en una necesidad financiera, al permitir que industrias y comercios reduzcan su dependencia de la red nacional y su exposición a las tarifas del mercado regulado.Otra tecnología clave serán los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que ganarán protagonismo como respaldo crítico para procesos sensibles. Estas soluciones permiten almacenar excedentes de energía solar y utilizarlos en momentos de alta demanda o ante fallas del sistema.La gestión de datos también jugará un papel determinante. Colombia presenta niveles de ineficiencia energética cercanos al 65 %, lo que significa que solo se aprovecha productivamente el 35 % de la energía consumida, según la Unidad de Planeación Minero Energética. El monitoreo en tiempo real y el análisis de datos permitirán identificar fugas, corregir malos hábitos de consumo y reducir la facturación energética sin afectar la producción.Finalmente, la electrificación de procesos de calentamiento y la expansión de la movilidad eléctrica marcarán la agenda energética. Con más del 25 % del gas natural importado y sujeto a la volatilidad de la TRM, muchas industrias optarán por sustituir el gas por sistemas eléctricos de alta eficiencia.