Tras varios encuentros y consultas con líderes locales, distintos sectores políticos de Antioquia anunciaron coincidencias programáticas en torno a la protección de la niñez y el fortalecimiento institucional, temas que han cobrado relevancia en el debate público de cara al panorama electoral nacional.En este contexto, la exconcejal y actual candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Nataly Vélez, confirmó su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, destacando que el punto de unión radica en la necesidad de adoptar medidas más rigurosas para garantizar los derechos de los menores de edad.De acuerdo con Vélez, el acuerdo político se sustenta en la convicción de que la protección de la niñez debe trascender las diferencias partidistas y convertirse en una prioridad nacional. La propuesta busca impulsar reformas que fortalezcan las sanciones por delitos de abuso sexual y promuevan mayor eficiencia en las instituciones encargadas del cuidado y atención a las víctimas.“Nos estamos jugando el presente y el futuro del país, y es momento de poner por encima los intereses superiores de Colombia. Abelardo es coherente con lo que este equipo político ha defendido durante más de 12 años: a la niñez se le cuida y se le protege, y si es necesario, se defiende con acciones cada vez más contundentes”, señaló Vélez.Desde el equipo de Abelardo de la Espriella se resaltó la importancia de esta articulación política en Antioquia, que agrupa a concejales, alcaldes y líderes locales que comparten una agenda basada en la defensa de la niñez y la coherencia ideológica. Entre ellos se encuentra el concejal de Medellín Miguel Iguarán, junto con varios ediles y representantes municipales que acompañarán este proceso en distintas subregiones del departamento.“Tomamos la delantera con un candidato coherente. Somos los primeros en sumarnos a Abelardo porque creemos que las decisiones más importantes se toman por coincidencias ideológicas y no por transacciones políticas”, concluyó Vélez.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, lanzó duras críticas contra Angie Rodríguez, tras su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y su llegada al Fondo Adaptación. Carrillo calificó como “una infamia” y “muy bajo” lo que, según él, fue una actuación de Rodríguez en su contra y contra la entidad que dirigía de manera encargada.De acuerdo con Carrillo, nunca buscó una confrontación pública y aseguró que su prioridad ha sido cumplir con la misión institucional. Sin embargo, afirmó que lo ocurrido “fue una mezquindad” y que las acciones de Rodríguez tuvieron como propósito “atornillarse a su puesto”. Según su relato, las denuncias públicas de Rodríguez aparecieron después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia al DAPRE, y en ellas se insinuó una posible relación entre hechos de seguridad ocurridos en la vivienda de sus padres y el Fondo Adaptación.Carrillo rechazó esas insinuaciones y defendió el carácter técnico del Fondo Adaptación, entidad creada mediante decreto de emergencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Explicó que, aunque existe cierta duplicidad de funciones con la UNGRD, el Fondo tiene un diseño institucional distinto y moderno. En ese contexto, lamentó que Rodríguez, según dijo, haya hecho afirmaciones falsas en una rueda de prensa que, en su opinión, terminaron afectando la imagen del Fondo.“Ella misma sale a decir cosas que son falsas, a poner como si eso hubiera sido una cueva”, afirmó Carrillo, al tiempo que insistió en que el Fondo Adaptación ha sido una de las entidades que ha funcionado relativamente bien. Según el director de la UNGRD, las declaraciones de Rodríguez no solo lo afectaron personalmente, sino que perjudicaron a la institución que ella misma pasaría a dirigir.En la entrevista también se abordó la supuesta influencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en este episodio. Carrillo aseguró que Benedetti lo denunció y que ha habido ataques en su contra, aunque señaló que no quiere profundizar en esa confrontación. No obstante, afirmó que existe un trasfondo político y sostuvo que el Fondo Adaptación habría empezado a ser utilizado para acuerdos políticos, algo que —según él— va en contravía del enfoque del Gobierno.Uno de los puntos más sensibles señalados por Carrillo fue la situación administrativa del Fondo Adaptación. Aseguró que la nueva gerente liquidó el contrato de las oficinas, dejando a la entidad sin sede física, decisión que, en su opinión, podría constituir un detrimento patrimonial. Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de medida provisional que buscaba suspender el decreto con el que el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2026, quedando en 2 millones de pesos.La decisión se produjo en el marco de una acción de tutela presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, en representación del ciudadano Alexander Donado Rondón, contra la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda.En esa acción de tutela se argumentó que había una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al considerar que el Ejecutivo excedió sus competencias al decretar un incremento promedio del 23,7 %, sin observar de manera estricta los criterios establecidos en la ley.Según la tutela, el aumento que fijó el salario mínimo en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095 tendría efectos negativos inmediatos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, el empleo formal y los trabajadores informales.La petición finalmente no prosperó porque el juez concluyó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia necesaria para adoptar una medida cautelar.Otro de los argumentos para que el juzgado negara la suspensión provisional del decreto es que en la tutela ni en sus anexos se demostraron afectaciones concretas e inmediatas a los derechos fundamentales del accionante que justificaran la suspensión.
Una rápida reacción de las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército permitió neutralizar un retén ilegal que individuos armados pretendían instalar en el eje vial del sector conocido como La Silla, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. El hecho se registró en medio de operaciones ofensivas que se adelantan en la región del Catatumbo para garantizar la seguridad y la movilidad de la población.De acuerdo con el coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, los criminales se movilizaban en una camioneta, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas cortas. Al percatarse de la presencia de las tropas en el sector, abrieron fuego de manera indiscriminada, tanto contra la población civil como contra las unidades militares, generando momentos de tensión en la zona.Durante el ataque, un civil resultó herido de forma leve en una de sus manos. De inmediato, personal de enfermería de combate le brindó atención prioritaria en el lugar y posteriormente fue trasladado al Centro de Salud de Campo 2, donde recibió atención médica sin que su vida corriera peligro.Tras lo ocurrido, las autoridades reforzaron la presencia institucional en el sector con el objetivo de dar con el paradero de los responsables de este hecho. Las operaciones continuarán de manera sostenida para evitar nuevas acciones armadas y garantizar la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo.“En este sector se ha venido fortaleciendo la presencia institucional con el fin de dar con el paradero de los responsables de este repudiable hecho. Asimismo, continuaremos haciendo presencia de forma sostenida con nuestras unidades para evitar cualquier afectación a la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo”, indicó el general.
El pasado sábado 10 de enero de 2026, el artista de música popular Yeison Jiménez perdió la vida junto a otras cinco personas, integrantes de su equipo de trabajo, en el departamento de Boyacá, tras sufrir un accidente aéreo.El artista y su equipo se desplazaban en una aeronave tipo Piper Navajo, cuando se presentaron complicaciones durante la operación en el aeródromo de Paipa.Uno de los puntos de mayor controversia y que ha generado interrogantes es la ausencia de registros de voz y datos del vuelo. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), reveló detalles sobre el curso de las indagaciones técnicas que buscan esclarecer los hechos.Sobre la caja negra, el coronel fue enfático al aclarar que este tipo de dispositivos no son obligatorios para todas las categorías de aviación en Colombia. “Ese avión en específico no presenta registradores de datos de vuelo ni registrador de voz”, explicó el director.Esta revelación resulta clave, ya que dificulta la reconstrucción de las conversaciones en cabina y de los parámetros técnicos durante el momento crítico del despegue o aterrizaje. Según Bello, esta ausencia responde a la normativa vigente para la aviación privada: “Estamos hablando de un área de aviación privada, el poseedor o dueño de sus aeronaves puede determinar qué tipo de tecnología o qué tipo de equipos puede tener a bordo”.“No es un requisito que limite la operación”, enfatizó el oficial, señalando que, en estos casos, la autoridad aeronáutica debe apoyarse en otros elementos probatorios cuando dichos equipos no están disponibles.Otra de las líneas de investigación que ha cobrado fuerza, tras el análisis de videos captados por testigos en el aeropuerto de Paipa, es la posibilidad de que la avioneta hubiera excedido su capacidad de carga.Al respecto, el coronel Bello confirmó que el factor humano y operacional es una prioridad dentro de la metodología actual. “En ese peso y balance es donde nosotros empezamos a hacer ese seguimiento y evaluación, referenciado en términos de peso de la aeronave, términos de peso de combustible, términos de peso de los pasajeros y las maletas que llevaban a bordo”, detalló.La investigación también busca establecer por qué la aeronave continuó con la maniobra pese a las condiciones presentadas. Según Bello, se están realizando cálculos para determinar “si la distancia no fue correcta, si hay una imprecisión en el cálculo inicial, si la velocidad de abortaje estaba calculada dentro de estos parámetros”.Aunque el Piper Navajo es un modelo que dejó de fabricarse hace varias décadas, la Aerocivil defendió la seguridad de este tipo de aeronaves, siempre que cumplan con los protocolos de aeronavegabilidad. El coronel Bello explicó que la antigüedad de un avión no es un impedimento para operar en el espacio aéreo colombiano, siempre y cuando cuente con los permisos correspondientes.“Son aeronaves que, a pesar de tener diferente edad, están en condiciones de desarrollar operación aérea”, afirmó el oficial. No obstante, reconoció que, como cualquier máquina, pueden presentarse fallas inesperadas, razón por la cual la investigación también analiza el historial y los procedimientos de mantenimiento técnico de la aeronave.
El expresidente estadounidenese Bill Clinton se abstuvo este martes de comparecer en una audiencia a puerta cerrada en el Capitolio en Washington sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, con lo cual se expone a cargos de desacato.El exmandatario demócrata (1993-2001) y su esposa Hillary Clinton fueron convocados por el Comité de Supervisión del Congreso, que investiga las conexiones entre Epstein y poderosas figuras en Estados Unidos, y cómo se manejó la información sobre sus crímenes."No se presentó hoy", dijo a la prensa el republicano James Comer, jefe del poderoso comité en la Cámara de Representantes. "Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos preguntas", agregó.Bill Clinton dijo en 2019 que no tenía contacto con Epstein desde hacía más de una década y asegura que nunca tuvo conocimiento de los "terribles crímenes" del empresario.La declaración de Hillary Clinton, ex jefa de la diplomacia estadounidense y derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, está prevista para el miércoles, pero su asistencia es poco probable.El gobierno de Trump enfrenta numerosas presiones después de que el Departamento de Justicia publicara en diciembre una mínima parte de los expedientes sobre el caso Epstein, después de que venciera el plazo legal.La muerte de Epstein, encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de la conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.Figura de la jet set neoyorquina, Epstein estaba acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, entre ellas menores de edad.¿Bill Clinton enfrentará cargos tras no ir al Congreso?En agosto, cuando el tema causaba gran controversia en Estados Unidos por la reticencia del gobierno Trump a publicar los archivos de Epstein, la pareja Clinton fue convocada por el Congreso."Por su propia admisión, usted viajó a bordo del avión privado de Jeffrey Epstein en cuatro ocasiones en 2002 y 2003", afirmaba la citación de Comer enviada a Bill Clinton.Y sobre Hillary Clinton indicó: "Su familia parece haber tenido vínculos cercanos con Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell", condenada en 2021 a 20 años de prisión por delitos de explotación sexual.La comisión votará las semana próxima para iniciar un procedimiento contra Bill Clinton por obstrucción al Congreso, agregó Comer este martes.Después, ese proceso debe ser votado en la Cámara de Representantes, antes de que el Departamento de Justicia tome acciones legales.Clinton afirmó no tener nada que ocultar e instó al Departamento de Justicia a publicar todo material relacionado con él.Las últimas revelaciones en diciembre contienen numerosas referencias a Trump, incluidos documentos que detallan los vuelos que realizó en el jet privado de Epstein.
El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos oficiales se transmiten a diario a través del canal regional Teleantioquia.Este juego se caracteriza por su dinámica sencilla y accesible, lo que lo convierte en una opción muy popular entre los apostadores. Permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, seleccionando una serie de números que deben coincidir, en el mismo orden de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.Número gaandor de Paisita Día hoy, martes 13 de enero de 2025El número ganador del chance Paisita Día de este martes 13 de enero de 2026 es el 7992 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.Número ganador: 7992 Dos últimas cifras: 92 Tres últimas cifras: 992 La quinta: 3Desde 2025, el Chance Paisita Día incorporó una novedad: la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite incrementar las ganancias siempre que este número se acierte de manera simultánea junto con las demás cifras seleccionadas.¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año, en horarios establecidos que facilitan a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados oportunamente:De lunes a sábado: 1:00 p. m.Domingos y festivos: 2:00 p. m.¿Cómo se juega el chance?El Chance Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.Estas alternativas permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto, experiencia y expectativas de premio.¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día varía según el monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.Documentos fundamentales para cualquier premio:Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria con una vigencia no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de 8 días hábiles.
El director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Joe Quesada, se refirió al impacto que tendrá el incremento del salario mínimo del 23,7 % en el sector de la vigilancia y seguridad privada, especialmente en materia de costos laborales y sostenibilidad del servicio. Según explicó, antes de hablar de posibles afectaciones al empleo, es necesario establecer un marco claro sobre cómo funciona la estructura tarifaria del sector y las implicaciones reales de este aumento.Quesada señaló que las tarifas mínimas del servicio de vigilancia están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y fijadas por ley en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas tarifas, indicó, garantizan el pago de salarios, prestaciones sociales, recargos y costos operativos, lo que evita la precarización laboral y la degradación del servicio. Aclaró además que dichas tarifas no se definen ni por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni por la oferta y la demanda, sino que están directamente indexadas al salario mínimo.El directivo explicó que, si bien el incremento salarial implica un aumento significativo en los costos, el sector no maneja márgenes de ganancia elevados. De acuerdo con Quesada, cerca del 85% del costo del servicio corresponde a gastos laborales y el margen de utilidad de las empresas no supera el 4 o 5 %, lo que desmiente, según afirmó, versiones que señalan supuestas grandes ganancias en la industria de la seguridad privada.Frente a la posibilidad de pérdida de empleos, Quesada aseguró que no se puede afirmar de manera ligera que el alza salarial derivará en despidos masivos de vigilantes. Indicó que el sector continúa en diálogo con el Gobierno Nacional para analizar los impactos del aumento y buscar soluciones conjuntas.Si bien reconoció que existen implicaciones en los costos del servicio y en las administraciones contratantes, enfatizó que Colombia sigue siendo un país con alta demanda de vigilancia presencial, por lo que los trabajadores deben contar con mejores salarios y mayores oportunidades de vida, sin que ello implique una afectación generalizada al empleo en el sector.
La champeta en Cartagena y en San Basilio de Palenque está de luto. La violencia volvió a golpear la escena musical colombiana tras confirmarse el asesinato de un reconocido DJ, cuyo nombre era habitual en los picós y celebraciones del Caribe. El hecho ocurrió durante un atraco que quedó registrado en cámaras de seguridad y que hoy genera indignación entre familiares, colegas y seguidores del artista.El crimen no solo apagó la vida de un joven que buscaba llevar el arte picotero por el Caribe colombiano, sino que también reabrió el debate sobre la inseguridad y el uso de armas en el país, incluso aquellas catalogadas como de letalidad reducida, que siguen cobrando vidas en las calles de la ciudad.Atraco en Cartagena terminó con la vida de un DJ de champetaLa víctima fue identificada como Yorlis Yoriel Miranda Valdés, de 32 años, reconocido DJ de champeta y miembro del equipo del picó Vacile de Palenque. El ataque ocurrió el pasado 31 de diciembre, hacia las 7:30 de la noche, cuando se encontraba en una tienda del barrio El Nazareno, en Cartagena.De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, dos hombres llegaron a pie al lugar y lo intimidaron para hurtarle sus pertenencias. Aunque Yorlis entregó lo que le pidieron, uno de los sujetos le disparó directamente al rostro y, cuando ya estaba en el suelo, volvió a accionar el arma.Cámaras de seguridad registraron el violento ataqueLas grabaciones muestran con claridad el momento del atraco y el rostro de los presuntos agresores. Tras el disparo, el atacante continuó amenazando a las personas que estaban alrededor, mientras la víctima quedaba gravemente herida.La Policía Metropolitana señaló que el arma utilizada era de letalidad reducida; sin embargo, las heridas se complicaron con el paso de los días. Yorlis permaneció hospitalizado y luchó por su vida durante casi dos semanas, hasta que falleció recientemente en un centro asistencial de la ciudad.Así despidieron a Yorlis Miranda tras el violento atracoLa noticia generó una ola de mensajes en redes sociales. Familiares y amigos expresaron su dolor tras la muerte del DJ palenquero. “Primo hermano, te arrebataron la vida de la peor manera. Ojalá supieras la falta que nos vas a hacer. Que Dios te tenga en su santo reino”, escribió un familiar.Desde el entorno cultural de Palenque también hubo pronunciamientos por el atroz desenlace: “La familia Rey de Palenque lamenta profundamente el fallecimiento de un familiar y colega en el arte picotero. Su sueño de ser un gran DJ nunca se apagará y permanecerá en nuestra memoria. Vuela alto, Yorlis”.Las autoridades confían en que los videos de seguridad permitan identificar y capturar a los responsables para que este crimen no quede en la impunidad. Mientras tanto, la champeta despide a uno de sus exponentes más queridos.
Desafortunadamente, los actos delictivos ocurren todos los días. De acuerdo con las autoridades, los delitos más comunes en Colombia son el hurto (a personas, residencias y vehículos), la extorsión, lesiones personales y el homicidio; luego de ello le siguen los delitos informáticos y estafas digitales.No obstante, hay otras conductas que las personas pueden cometer y no saben que están catalogados como delitos. La Fiscalía General de la Nación indicó que seis acciones, algunas muy comunes entre los colombianos, son sancionadas según el Código Penal.El llamado Código Penal en Colombia contiene las normas de carácter penal y son las que definen qué actos están tipificados como delitos y las penas que se pueden determinar según el caso.Las seis conductas que también son delito en ColombiaUn delito es una acción que castiga el Estado y se comete con intensión o imprudencia y pone en peligro un bien jurídico protegido como la vida, la propiedad y el honor.Según la Fiscalía, estas son las seis conductas que también son delitos en Colombia:1. PerfidiaEsta acción suele ocurrir en conflictos armados cuando alguien engaña al adversario usando símbolos de protección como la bandera blanca, la Cruz Roja o uniformes enemigos para atacar o causar daño.2. Contaminación de aguasLa conducta, además de ser un acto irresponsable, es un delito. Según la Fiscalía, si alguien altera o contamina el agua destinada a consumo humano, poniendo en riesgo la salud de las personas, puede enfrentar penas de prisión.3. Perturbación de actos oficialesImpedir una función pública también está catalogado como un delito. Usar engaños, falsas órdenes o hacerse pasar por autoridades para interrumpir o alterar las decisiones de entidades públicas, puede ser castigado por la justicia. En este punto, la Fiscalía aclara que las instituciones deben funcionar sin trampa.4. Pánico económicoDifundir información falsa que afecte la confianza en bancos, inversiones o empresas; o que provoque retiros masivos de dinero o despidos colectivos, es pánico económico. Esta desinformación puede quebrar la economía de un país.5. EspionajeObtener, usar o revelar secretos políticos, económicos o militares que comprometen la seguridad del Estado es considerado un delito de espionaje. No se puede confundir con curiosidad, se trata de seguridad nacional.6. Perturbación de la posesión sobre inmuebleEste acto ocurre cuando alguien, mediante un acto de violencia, interfiere en la posesión pacifica que otra persona tiene sobre un inmueble, así no se trate de una invasión. Sacar a alguien por la fuerza, impedirle usar el lugar que ocupa o intimidar para que salga de allí es delito.Adicionalmente, el Código Penal también sanciona el engaño, la violencia y los abusos. El ente investigador recordó que el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad de la persona.
Ya se reiniciaron las labores en las altas cortes tras la vacancia judicial, en ese sentido, el Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda contra el decreto con el que el Gobierno nacional incrementó el salario mínimo a 2 millones de pesos el pasado 29 de diciembre y que no ha sido visto con buenos ojos por varios sectores en el país.Está demanda fue presentada por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Trabajo, al considerar que el decreto vulneraría disposiciones legales y constitucionales.El Consejo de Estado ya hizo lo propio al notificar a los ministerios involucrados y asimismo, corrió traslado de la demanda por 30 días a las entidades accionadas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre el fondo del asunto.El despacho también ordenó al Gobierno nacional allegar la totalidad de los documentos que precedieron la expedición del decreto del salario mínimo para este 2026.“En providencia separada se llevará a cabo el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional que elevó el demandante”, señaló el Consejo de Estado.Y es que desde su expedición este decreto que fijó el incremento del salario mínimo ha sido objeto de duras críticas por gremios y sectores quienes advierten que el aumento no estuvo soportado bajo estrictos criterios técnicos.
Tras una sesión reservada de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se extendió por varias horas, la representante Carolina Arbeláez fijó una postura crítica frente al manejo que el gobierno de Gustavo Petro le está dando a las relaciones internacionales,. En el encuentro, que por ley mantiene un carácter confidencial, la oposición tuvo la oportunidad de expresar sus preocupaciones directamente al mandatario, enfatizando que las relaciones diplomáticas no deben gestionarse a través de las redes sociales,.La urgencia de una agenda técnica con Estados UnidosUno de los puntos centrales de la discusión fue el futuro de la relación con los Estados Unidos, especialmente ante el panorama político actual de ese país. Arbeláez subrayó que, tras más de 200 años de historia compartida, Colombia no puede permitir que la ideología del gobierno de turno ponga en riesgo la inversión, el empleo y la cooperación estratégica. Durante la reunión, se le insistió al presidente Petro que no asista a sus encuentros internacionales simplemente a "dar discursos", sino que presente una agenda clara con métricas e indicadores específicos.La preocupación radica en que los indicadores actuales, especialmente en temas sensibles como el crecimiento de los cultivos de coca, no favorecen al gobierno colombiano ante los ojos de Washington. Para la oposición, es imperativo que el país demuestre avances tangibles en la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos para preservar una alianza que es hemisférica y legítima para los intereses estadounidenses.El rol del presidente: diplomacia frente a activismoLa representante Arbeláez fue enfática al recordarle al mandatario su rol institucional. Según la congresista, se le pidió al presidente que entienda que "no es un activista ni un bodeguero", sino el representante de todo un país. La crítica se centró en la necesidad de activar los canales diplomáticos tradicionales y abandonar la confrontación pública que a menudo se genera en plataformas digitales. Ante este cuestionamiento sobre el uso de redes sociales para gobernar, se informó que el presidente guardó silencio, aunque se percibió una consciencia sobre la necesidad de recomponer las relaciones internacionales.Escuche aquí la entrevista:
El antiguo secretariado de las Farc ha apelado la sentencia de la JEP en el caso de secuestro. En uno de los puntos de la apelación, señalan que no van a utilizar los dispositivos electrónicos que la JEP quiere implementar para monitorear el cumplimiento de las sanciones, pues dicen que ese sistema se parece más al de la justicia ordinaria que al de la justicia transicional.Este punto ha generado polémica y rechazo en las víctimas. El general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, se refirió a las condiciones en las que estuvieron en cautiverio y cuestionó esta apelación de los exFarc.“Nos tuvieron encadenados, atados a árboles para comer y caminar en medio de la selva, y ahora les incomoda tener dispositivos. Reyezuelos con coronas de sangre”, dijo Mendieta.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata al Senado, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 en el departamento del Caquetá.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así”, señala Betancourt.En la sentencia, los exFarc también dicen que la JEP está negando el carácter político de las Farc; además, niegan nuevamente el delito de esclavitud y piden a la jurisdicción tumbar esa imputación.
El senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria en contra de los 19 ministros del Gobierno nacional, por la dilación en que estarían incurriendo para evitar la realización del debate de control político al decreto de emergencia económica expedido a finales de diciembre de 2025.“El Gobierno nacional, que acostumbra hacerle conejo a los colombianos y al Congreso, ahora pretende hacer lo propio con el debate de control a la ‘emergencia’ económica. De hecho, completaron tres semanas eludiendo a la Plenaria, donde se han valido de excusas y formalismos, para después pedir prórrogas”, sostuvo Motoa en su cuenta de X.Cabe recordar que, según lo revelado por Blu Radio, el Gobierno, encabezado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, se negó a participar en el debate convocado en sesión extraordinaria de la plenaria del Senado el pasado 29 de diciembre, bajo el argumento de que se le debía permitir a todos los ministros entregar las respuestas al cuestionario de 26 preguntas y que para ello contaban legalmente hasta el 31 de diciembre.Sin embargo, tanto el 31 de diciembre como el 9 de diciembre pasado, la mayoría de ministerios han radicado hasta dos solicitudes de prórrogas, bajo la excusa de que las distintas dependencias del gabinete nacional debían terminar de compilar la información requerida en la proposición de convocatoria al debate.“¡Inaudito que una declaratoria de semejante magnitud que crea impuestos, desplaza al Legislativo y asfixia a la ciudadanía con nuevos tributos… todavía no cuente con respuestas a los cuestionarios! Por eso, hoy mismo radiqué queja disciplinaria ante la @PGN_Col: porque no permitiré que le hagan más trampa al país”, afirmó Motoa.El congresista también presentó una solicitud de insistencia ante la Mesa Directiva del Congreso para que convoque, a la mayor brevedad, la sesión de debate de control político sobre el decreto de declaratoria del estado de excepción, así como del Decreto 1479, que establece medidas tributarias extraordinarias orientadas a incrementar el recaudo y financiar el presupuesto general de la Nación, luego del archivo de la reforma tributaria en el Congreso y en el que se incluyen impuestos a compras por internet, aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %, IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar por internet, entre otros.
El atentado armado ocurrido en las primeras horas del año en la Ruta 45, en jurisdicción cercana a Neiva, Huila, ha generado conmoción nacional tras confirmarse la muerte de un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, quien viajaba junto a su padre y el subdirector del centro penitenciario cuando fueron atacados por hombres armados en motocicleta. Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde reveló además que el subdirector de la cárcel había denunciado amenazas contra su vida en 2023.De acuerdo con el mandatario local, el hecho se registró cuando los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se desplazaban en un vehículo particular conducido por un dragoneante. En el trayecto, dos sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego de manera indiscriminada.“Empezamos el año con este lamentable hecho en donde nos solidarizamos en primera instancia con las familias de los funcionarios del INPEC que sufrieron este trágico evento”, expresó Casagua al iniciar la entrevista.Así ocurrió el atentado en la vía Neiva–RiveraSegún la reconstrucción preliminar de los hechos entregada por el alcalde, el conductor recogió inicialmente al director de la cárcel, quien iba acompañado de su hijo de 11 años, a quien se dirigía a dejar al colegio en su primer día de clases. Posteriormente, el vehículo recogió al subdirector y continuó su recorrido hacia el centro penitenciario de Rivera.“Ya saliendo a la Ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y abren fuego. Lamentablemente ahí se presentan los hechos que ya conocemos”, relató el alcalde de Neiva.El ataque dejó como víctima fatal al menor, identificado como Ismael, generando rechazo y dolor no solo en el departamento del Huila, sino en todo el país.Investigación y recompensa por informaciónTras el atentado, las autoridades locales y nacionales activaron un plan inmediato de investigación. Casagua explicó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fiscalía, la Policía Nacional, el CTI y otras entidades, con el fin de articular esfuerzos.“Lo primero que establecimos fue una cápsula de trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía para poder dar resultados lo más pronto posible”, señaló.Asimismo, se ordenó el análisis de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, y se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.Amenazas previas contra el subdirector de la cárcel de RiveraUno de los puntos más sensibles revelados en la entrevista fue la confirmación de que el subdirector del centro penitenciario había denunciado amenazas contra su vida en noviembre de 2023.“Lo único que nos informa la Fiscalía es que en el 2023, en noviembre, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas contra su vida”, indicó Casagua. Sin embargo, el alcalde aclaró que, según la información suministrada por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), dicha investigación fue cerrada y al momento del atentado ninguno de los funcionarios contaba con esquema de seguridad.“No quiere decir que esa amenaza la estemos dando por hecho como relacionada con lo ocurrido ayer. Eso es materia de investigación”, puntualizó. El mandatario solicitó a los entes de control que se investigue si existieron fallas en la valoración del riesgo que derivaron en la ausencia de medidas de protección.Perfil de los reclusos y posibles hipótesisDurante la entrevista también se abordó el nivel de peligrosidad de la población carcelaria en Rivera. Casagua explicó que este centro penitenciario alberga delincuentes de alta peligrosidad, incluyendo miembros de grupos armados, delincuencia común y personas vinculadas a delitos como extorsión.“La cárcel de Rivera recoge personas capturadas en gran parte del sur del país. El nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy delicado”, afirmó. En ese sentido, no se descarta que el atentado esté relacionado con decisiones administrativas o medidas adoptadas al interior del penal, aunque reiteró que todas las hipótesis están siendo evaluadas por las autoridades judiciales.Dolor por la muerte del menorFinalmente, el alcalde se refirió con profundo pesar a la muerte del niño, quien iniciaba su año escolar al momento del ataque: “Es un niño de 11 años que no tiene absolutamente nada que ver con ningún tema. No se entiende cómo estos criminales no midan estas circunstancias”, lamentó.
La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Esta entidad del Estado colombiano es responsable de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura para prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales como inundaciones, deslizamientos y sequías, además de apoyar la reconstrucción de comunidades afectadas por estos fenómenos.La transición se produce en medio de una polémica, ya que la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en varios contratos del Fondo de Adaptación que superarían los 100 mil millones de pesos, con un 0% de ejecución hasta el momento.El ente de control abrió la investigación tras las denuncias de la propia Angie Rodríguez, quien pidió revisar contratos relacionados con proyectos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz, por los montos millonarios involucrados y la aparente falta de avances en su ejecución.
Sobre las 3:30 de la tarde comenzó en la Casa de Nariño una reunión que se extendió por más de cuatro horas y finalizó hacia las 8 de la noche. El encuentro giró en torno a la situación política de Venezuela y el manejo de la relación de Colombia con Estados Unidos.Entre los asistentes estuvo el expresidente Juan Manuel Santos, quien antes de ingresar dejó clara su postura sobre la necesidad de una transición democrática en el vecino país.Cabe mencionar que todos los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad. La reunión comenzó con la intervención del presidente Gustavo Petro, seguida por la canciller Rosa Villavicencio, y luego tomaron la palabra expresidentes y congresistas. Uno de ellos fue el senador de Cambio Radical José Luis Pérez.La representante Carolina Arbeláez, también presente en el encuentro, insistió en que las posiciones personales no deben trasladarse a las relaciones bilaterales y destacó que el tono de la conversación fue propositivo entre todas las partes.
En la Casa de Nariño, el Gobierno nacional y distintos sectores políticos analizaron el rumbo de la política exterior colombiana en el marco de la comisión asesora de relaciones exteriores, un espacio que fue convocado y liderado directamente por el presidente Gustavo Petro. Al encuentro asistieron congresistas, expresidentes y excancilleres, en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos.Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, también estuvo en esa comisión y en Recap Blu calificó el encuentro como positivo y destacó el tono respetuoso con el que se desarrolló la conversación. Aunque recordó que los detalles de la discusión no pueden hacerse públicos por el carácter reservado de la comisión, subrayó la importancia de que el Gobierno haya reactivado este canal institucional para abordar asuntos estratégicos del país.Desde la oposición, explicó Arbeláez, se insistió en la necesidad de manejar las relaciones internacionales con responsabilidad, mesura y a través de los canales diplomáticos formales, evitando que las diferencias políticas se trasladen a escenarios públicos como las redes sociales. La congresista advirtió que Colombia tiene mucho en juego en su relación con Estados Unidos, un aliado estratégico con el que mantiene vínculos históricos de más de 200 años.Durante la reunión, uno de los puntos centrales fue el impacto de la política exterior en el empleo, la inversión y el comercio. Arbeláez recordó que cerca del 60 % de las exportaciones colombianas dependen del mercado estadounidense, lo que convierte esa relación en un eje clave para la estabilidad económica del país. Además, señaló que la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico sigue siendo un interés prioritario para ambas naciones.La representante también mencionó que Estados Unidos mantiene especial atención sobre el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Por eso, indicó que Colombia no puede enfrentar sola este desafío y que es fundamental preservar la cooperación internacional construida durante décadas."Las relaciones internacionales no pueden tener ideología. Esto se lo dejamos ahí al presidente presente. Yo creo que él es consciente, pues tan así es que hoy vemos un tono cambiante por parte del presidente Petro, pues fue una conversación y un tono un poco más mesurado", concluyó.
El Ejército y la Policía continúan con las investigaciones y los operativos en toda la ciudad de Neiva, con el fin de dar con la ubicación de los dos sicarios motorizados que atentaron contra el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez; el subdirector, Renato Solano Osorio; un dragoneante del Inpec, y un menor de 11 años, hijo del director del penal, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza.El ataque criminal se registró en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, al sur de Neiva, en la salida hacia el sur del Huila, donde dos hombres armados dispararon en varias oportunidades contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.“La Policía ha dispuesto un plan candado con todas las capacidades operativas e investigativas, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín, con el fin de capturar a los responsables de este hecho. Hago un llamado a la comunidad para que, quien tenga información, la comunique de manera reservada”, expresó el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Este hecho causó rechazo entre las autoridades civiles y de Policía. En el atentado resultó gravemente herido el subdirector del centro carcelario, Renato Solano Osorio, quien permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva, así lo confirmó Juan Diego Fierro, gerente del centro asistencial.“Recibimos en el hospital al señor Renato Solano Osorio, paciente de 50 años de edad, con herida por arma de fuego en el tórax. Actualmente se encuentra en estado crítico y bajo observación estricta por parte del personal médico”, señaló el parte médico entregado por la gerencia del hospital.Posteriormente, en el transcurso del día, se adelantó un consejo de seguridad en el que se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los responsables.“En este consejo de seguridad se determinó una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este acto criminal. Además, hay una operación tipo candado por parte del Ejército y la Policía, con el apoyo de la comunidad e incluso de los agentes de tránsito”, anotó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.Entre tanto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila rechazó este vil ataque en el que murió el menor Ismael Rodríguez. Además, la entidad brinda acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.
Once miembros de la la comisión 34 de las disidencias al mando de alias 'Calarcá' se entregaron ante las autoridades en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, luego de varias operaciones que el Ejército Nacional viene adelantando en la zona.Los ilegales hacen parte del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte y entre ellos están los cabecillas conocidos con los alias de ‘Andrés’, ‘Jair’ y ‘David’.Este sometimiento a la justicia muestra el alcance y expansión que las disidencias de 'Calarcá' están logrando en este sector, límites entre Antioquia y Chocó, que suele estar bajo el control del ELN y el Clan del Golfo, quienes incluso se disputan el control por los corredores del narcotráfico y la minería ilegal.Con esto, dice el Ejército, buscan evitar ese desarrollo del grupo ilegal en esa zona del país así como Risaralda y Caldas.Durante la operación, integrantes de la Décima Quinta Brigada del Ejército, incautaron ocho armas largas, munición, proveedores, material de intendencia y equipos de comunicación.
Los exjefes de las extintas Farc apelaron la sentencia que les impuso la JEP por los más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Es importante recordar que la sentencia contempla acciones y trabajos restaurativos por un periodo de ocho años, sin cárcel. Es decir, que durante ese tiempo deben cumplir con obras y labores que reparen a las víctimas.La JEP planteó la idea de monitorear las sanciones por medio de un mecanismo electrónico, algo a lo que se niegan, en esta apelación, los excomandantes de las Farc. El antiguo secretariado de la guerrilla también pide que la sanción contemple un tiempo menor a ocho años para algunos comparecientes, lo anterior teniendo en cuenta el tiempo que hayan podido estar en la cárcel y las acciones que realizaron una vez dejaron las armas, relacionadas con iniciativas de paz.Clara Rojas fue secuestrada por las Farc en el Caquetá, en el año 2002, y está acreditada como víctima ante la JEP. Rojas se refirió a esta apelación de las extintas Farc, asegurando que, por ejemplo, el monitoreo electrónico es una herramienta mínima de la justicia para garantizar el cumplimiento de las sanciones.“Nótese que la JEP le está dando a un delito de lesa humanidad, que en nuestro Código Penal oscila en sanciones privativas de la libertad entre 40 y 60 años, los está reduciendo a ocho años y no les impone sanción intramural; les impone unos trabajos sociales con un objetivo restaurativo. La manera que la JEP ha encontrado para lograr una verificación del cumplimiento de las sanciones es a través de estos dispositivos, no solo para garantizar que estas personas estén en los sitios de ubicación que les han impuesto, en los horarios que les han impuesto, sino para que la sociedad en su conjunto tenga un mínimo de garantía de que efectivamente están realizando este trabajo”, dijo Rojas.En el mismo sentido, Rojas aseguró que cuando se conocieron las sanciones el antiguo secretariado se comprometió a acatarlas y, por eso, considera que los argumentos de esta apelación generan desazón en las víctimas.“Me parece una falta de respeto, no solo con los magistrados de la JEP, sino con el orden jurídico y la justicia, porque sin duda es lo mínimo que se les pide”, agregó Rojas.En la sentencia, los exjefes de las Farc también le piden a la JEP tumbar la imputación por esclavitud, pues dicen que ese delito no se cometió contra los secuestrados. Además, piden que mientras cumplen las sanciones no sean trasladados de sus hogares.“No podemos justificar que ahora los victimarios pretendan que no van a ser sancionados, además desconociendo que ellos rechazaron ir a un juicio y aceptaron la responsabilidad en los delitos que les fueron imputados en su momento. Sí hay varias falencias que presenta la JEP al momento de la sentencia, pero manifestar que sus actos fueron constituidos a través del derecho de la rebelión lo que hace es revictimizar a las víctimas”, agregó Juan Camilo Sanclemente, quien representa a algunos de los familiares de los diputados del Valle, asesinados en cautiverio por parte de las Farc.En otro apartado de la apelación, el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una estrategia militar y social.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente o presidenta para poner orden”, dijo Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las Farc en 2002.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente el atentado perpetrado por sicarios en motocicleta contra el director y el subdirector de la cárcel de Rivera, cuando se movilizaban en un vehículo particular en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, en el sur de Neiva.Asimismo, la entidad condenó el fallecimiento del menor de 11 años, quien fue alcanzado por un disparo en la cabeza durante el ataque criminal. En el mismo hecho resultó gravemente herido el subdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio, de 50 años de edad, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva.De igual manera, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades para reforzar los esquemas de seguridad de directivos y funcionarios del sector penitenciario en el país, teniendo en cuenta los ataques de los que han sido víctimas dragoneantes del Inpec en varias ciudades.En efecto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila también brinda acompañamiento institucional a la familia del menor Ismael Rodríguez, de 11 años, víctima del atentado.Asimismo, mediante un comunicado oficial, los personeros del Huila rechazaron el ataque sicarial contra los directivos del centro de reclusión de Neiva, ubicado en jurisdicción de Rivera, y pidieron a la Fiscalía y a la Policía avanzar en las investigaciones que permitan ubicar y capturar a los autores materiales de este lamentable hecho que ha conmocionado a Neiva y al Huila.Por su parte, la Policía, con su equipo de investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, continúa recopilando evidencias y testimonios con el fin de identificar a los responsables, capturarlos y llevarlos ante la justicia. No obstante, las autoridades administrativas y de policía adelantaron un consejo de seguridad para tomar decisiones frente al atentado que hoy cobra la vida de un menor de edad, hijo del director de la cárcel de Rivera, en el Huila.
El Ministerio de Minas y Energía posesionó a Adriana Jiménez como la nueva experta comisionada en la Comisión de Energía y Gas. Una profesional que cuenta con más de 26 años de experiencia en política pública y en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas en el sector de regulación energética. Ahora se enfrenta a grandes retos y labores.La nueva comisionada es una economista con maestría en Economía y Políticas Públicas, y especializaciones en Gestión de Proyectos y en Derecho de la Competencia y Libre Comercio, lo que permitirá un amplio desarrollo en técnico este momento clave de la transición energética.Hasta el momento, ha sido Asesora y Comisionada encargada en el Departamento Nacional de Planeación, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas – Creg. Además, ha trabajado en el Ministerio de Minas y Energía, y en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – Anla, entidad en la que lideró el Grupo de Transición Energética Justa; a la par, ha tenido cargos en Fedepalma y la Unidad de Restitución de Tierras.A las afueras del país también ha hecho parte del equipo de infraestructura en Argentina. Razones por las cuales fue escogida, debido a su amplia trayectoria en entidades públicas y firmas consultoras que se han especializado en el sector energético.Su llegada se da en el marco de un proceso en marcha orientado a fortalecer la confiabilidad del sistema, avanzar en la actualización de metodologías regulatorias, acompañar la transición energética y reforzar la protección de los usuarios de los servicios públicos. Con esta designación, la entidad busca dar continuidad a las reformas y lineamientos que vienen consolidándose en el sector.La Creg funciona como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía y está conformada por los ministros de Minas y Energía, quien la lidera, y de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación y seis expertos en asuntos energéticos designados por el presidente de la República para periodos de cuatro años.Con la incorporación de la nueva comisionada, queda completo el Comité de Expertos de la Creg, órgano colegiado responsable de la toma de decisiones regulatorias, integrado por William Mercado, director ejecutivo (e), junto a los expertos comisionados Antonio Jiménez, Fanny Guerrero, Orlando Velandia (e) y Ángela Álvarez.
Para el 2026, Colombia enfrentará una combinación de factores que presionan el sistema eléctrico: precios al alza, un estrecho margen entre generación y demanda, una deuda sectorial que supera los $4 billones, el atraso en proyectos clave y una creciente dependencia del gas importado. Ante este escenario, la tecnología emerge como una herramienta decisiva para evitar un eventual desabastecimiento de energía.Según datos del sector, el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación es crítico. De los 3.517 megavatios que debían entrar en operación hasta octubre de 2025, apenas lo hizo menos del 2 %, de acuerdo con cifras de Acolgen. A esto se suma la pérdida de soberanía gasífera, que obligará a importar cerca del 25 % del gas natural que consume el país, elevando los costos de generación térmica y aumentando la vulnerabilidad del sistema, especialmente si se materializa un fenómeno del Niño en 2026, cuya probabilidad es alta según la NOAA.Frente a una demanda que no cede y una oferta cada vez más tensionada, la adopción de tecnologías de eficiencia energética proyecta un crecimiento de entre el 20 % y el 40 % en 2026, impulsada por empresas que buscan blindarse ante posibles racionamientos y aumentos tarifarios. Alternativas para generar energíaEn ese contexto, la autogeneración solar fotovoltaica se consolida como una de las principales soluciones. Lo que antes era una apuesta por sostenibilidad hoy se convierte en una necesidad financiera, al permitir que industrias y comercios reduzcan su dependencia de la red nacional y su exposición a las tarifas del mercado regulado.Otra tecnología clave serán los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que ganarán protagonismo como respaldo crítico para procesos sensibles. Estas soluciones permiten almacenar excedentes de energía solar y utilizarlos en momentos de alta demanda o ante fallas del sistema.La gestión de datos también jugará un papel determinante. Colombia presenta niveles de ineficiencia energética cercanos al 65 %, lo que significa que solo se aprovecha productivamente el 35 % de la energía consumida, según la Unidad de Planeación Minero Energética. El monitoreo en tiempo real y el análisis de datos permitirán identificar fugas, corregir malos hábitos de consumo y reducir la facturación energética sin afectar la producción.Finalmente, la electrificación de procesos de calentamiento y la expansión de la movilidad eléctrica marcarán la agenda energética. Con más del 25 % del gas natural importado y sujeto a la volatilidad de la TRM, muchas industrias optarán por sustituir el gas por sistemas eléctricos de alta eficiencia.