El aumento del salario mínimo a dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, ha despertado preocupación en gran parte de la población colombiana frente al incremento en los valores de la canasta familiar, el arriendo e incluso los servicios públicos. En ese escenario, el costo de la factura de la luz es uno de los que más presión genera sobre el presupuesto mensual.Por ello, el Gobierno nacional aplicó un recargo temporal en la tarifa eléctrica que dejó un mensaje claro: no todos los usuarios deberán asumir este cobro adicional.La medida, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, busca atender una delicada situación financiera de la empresa Air-e, que actualmente se encuentra bajo intervención del Estado, sin trasladar el impacto a los sectores más vulnerables. Ante este panorama, hay un grupo de personas que podrá estar más tranquilo.Facturas de la luz serán más costosas para algunosEl Gobierno reveló que el ajuste corresponde a un cobro aproximado de ocho pesos por cada kilovatio hora consumido. Este recargo tiene carácter transitorio y responde a la necesidad de generar recursos para cubrir obligaciones acumuladas de Air-e, cuya situación financiera representa un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.De no adoptarse medidas urgentes, el problema podría escalar y afectar la continuidad y confiabilidad del servicio en varias regiones del país. El objetivo, insistieron desde el Gobierno, no es encarecer el servicio de forma permanente, sino evitar un escenario más grave que termine impactando a todos los usuarios.Estratos 1 y 2 quedan exentos del nuevo cobro en el servicio de la luzUno de los puntos más relevantes del anuncio es que el recargo no será generalizado. Según lo definido, únicamente los estratos 3, 4, 5 y 6 deberán asumir este cobro adicional en sus facturas.Por su parte, los hogares pertenecientes a los estratos 1 y 2 quedarán exentos. La decisión busca proteger el bolsillo de las familias con menores ingresos y evitar que una medida coyuntural se traduzca en una carga económica difícil de asumir. La exclusión se sustenta en la normativa vigente y en los esquemas diferenciales establecidos para garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos.Gobierno busca proteger el sistema eléctrico nacionalLa Superintendencia respaldó la resolución que prepara el Ministerio de Minas y Energía para solicitar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas un instrumento que refuerce la confiabilidad del sistema.Desde el Gobierno recalcaron que la prioridad es evitar un colapso que termine afectando a millones de colombianos y, al mismo tiempo, garantizar que las decisiones adoptadas mantengan un equilibrio entre sostenibilidad financiera y justicia social.
El partido Comunes respondió a la denuncia de violencia de género por parte de un dirigente de esa colectividad y excontratista de la Unidad Nacional de Protección, quien es señalado de un grave caso de acoso sexual en contra de una de sus ahora excompañeras de trabajo.La víctima denunció ser tocada en varias ocasiones sin su consentimiento, hasta sobrepasarse manoseando su zona íntima, reveló la revista Semana.La organización política rechazó los hechos de violencia basada en género atribuidos al militante Nicolás Sarmiento, quien se desempeñaba en la Subdirección Especializada de Protección de la UNP.Ante esta situación, el partido informó que activó de forma inmediata la ruta interna de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, en concordancia con la normatividad vigente.Nicolás Sarmiento, reconocido líder del partido Comunes, es cercano al representante a la Cámara por Bogotá de la colectividad de excombatientes, Sergio Marín, resalta Semana. Además, ha liderado diferentes reuniones con la comunidad en barrios de la ciudad.Aseguran que su prioridad es la protección integral de la víctima, garantizando la confidencialidad del caso y el acompañamiento necesario para la activación de las rutas institucionales correspondientes, cuando así se requiera.También dicen estar en línea con que ninguna conducta que vulnere los derechos de las personas es justificable ni tolerable, sin importar quién la cometa o su trayectoria política, y subrayó que a los responsables se les deben atribuir las sanciones y responsabilidades que correspondan.El partido también dice tener compromiso de fortalecer los mecanismos de prevención, formación política, cuidado colectivo y sanción, como parte de una política interna orientada a erradicar la violencia basada en género.
Ilesa resultó la subsecretaría de Minas de la Gobernación de Nariño, luego de que desconocidos dispararon contra la camioneta en la que viajaba la funcionaria, minutos después de realizar, junto con el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar, en el municipio de La Llanada, el lanzamiento del programa de la creación de la promotora minera, que busca organizar la minería en todos los 64 municipios del departamento.Las autoridades investigan si este atentado iba dirigido contra el mandatario seccional, ya que la camioneta impactada es similar a la que utiliza el gobernador Escobar para realizar sus desplazamientos por los municipios del departamento.Voceros de la Gobernación, que pidieron el anonimato, dijeron a Blu Radio que el hecho ocurrió pasadas las 4 de la tarde de este sábado 17 de enero, minutos después de que la caravana de al menos 15 automotores salía del municipio de La Llanada y se dirigía de regreso a Pasto, luego de una larga jornada de trabajo con mineros de la región.Los vehículos en los que viajaba el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, habían tomado una ruta alterna por decisión del equipo de seguridad del mandatario y no se descarta que los atacantes hayan confundido la camioneta, dijo un funcionario de la administración seccional.Fueron minutos de pánico los que se vivieron una vez el automotor en el que viajaba la subsecretaria de Minas fue impactado en uno de los vidrios, sin que en el hecho la funcionaria haya resultado herida.Nadie sabía de dónde estaban disparando, los conductores agilizaron el paso y se desconocen los autores de este atentado, aseguró el funcionario.Otro de los testigos dijo que minutos antes del ataque el gobernador, junto a varios funcionarios y secretarios de su despacho, habían visitado las minas de explotación aurífera del municipio de La Llanada y aseguró que no se descarta que se trate de delincuencia común y organizada quienes hayan cometido el atentado, que por fortuna no dejó heridos ni víctimas humanas que lamentar.Alex González, secretario de Paz y Seguridad Ciudadana, manifestó su preocupación por estos hechos y dijo que se está investigando, ya que a comienzos de año la Fiscalía General de la Nación alertó al mandatario seccional sobre un plan para atentar contra la integridad del gobernador de Nariño, luego de que recibiera esa información mediante fuente humana.El mandatario de los nariñenses hasta el momento no se ha pronunciado sobre estos hechos.Funcionarios de la Gobernación exigieron a la Unidad de Protección fortalecer el esquema de seguridad del jefe de la administración seccional, por considerar que las amenazas podrían estar relacionadas, al parecer, con delincuencia común y organizada que estaría detrás del negocio de la explotación del oro en este departamento frontera.
Al menos 30 personas murieron tras intensos enfrentamientos entre disidencias de las Farc en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare. La situación de orden público llevó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad en la tarde de este sábado 17 de enero de 2026, mientras continúan las acciones para establecer con precisión lo ocurrido en esta región del sur del país.De acuerdo con información preliminar del Ejército Nacional, las víctimas serían presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa del Bloque Amazonas. Los choques armados se habrían dado en medio de la disputa por el control territorial entre las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la zona, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y capacidades de inteligencia militar, luego de enfrentamientos que se registran desde la noche del viernes.Frente a estos hechos, la Iglesia Católica expresó su preocupación por la gravedad de la violencia en Guaviare y por la pérdida de vidas, en su mayoría jóvenes, en medio de una confrontación que no cesa. Desde el Episcopado se reiteró el llamado a detener la guerra, a respetar el derecho internacional humanitario y a evitar que continúe el sufrimiento de las comunidades afectadas por el control criminal de estos grupos armados."Estamos consternados ante los hechos que se están desarrollando en el Guaviare y en particular queremos llamar nuevamente la atención sobre la urgencia de parar la guerra, que no haya más enfrentamientos, más ruido de armas, ya ha habido bastante sufrimiento en esta parte del país", señaló monseñor Héctor Fabio Henao en Noticias Caracol.
Con motivo del encuentro deportivo entre Atlético Bucaramanga y Millonarios F.C., que se disputa este sábado en el estadio Américo Montanini, a las 8:30 p. m., la Alcaldía de Bucaramanga y las autoridades de tránsito implementaron cierres viales y medidas especiales de seguridad en sectores aledaños al escenario deportivo.Desde las primeras horas del día se presentan restricciones en la movilidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, peatones y residentes del sector, así como el normal desarrollo del evento. Los cierres se concentran en la calle 14, entre las carreras 30 y 32B, en ambos sentidos, además de tramos de las carreras 29 y 30, en sus intersecciones con las calles 11 a la 14.Las autoridades de tránsito recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal autorizado que se encuentra regulando el tráfico en la zona.En materia de seguridad, se dispuso un dispositivo especial con presencia de la Policía y demás organismos de control, tanto al interior como en los alrededores del estadio.Como parte de estas medidas, se informó que la barra visitante de Millonarios ingresará al escenario deportivo bajo protocolos especiales, ubicándose en la localidad norte baja, con el fin de prevenir alteraciones al orden público y garantizar la convivencia entre las hinchadas.Radamel Falcao García, del quipo visitante, no estará presente en el partido entre Atlético Bucaramanga y Millonarios F.C., ya que debe cumplir la primera de cuatro fechas de sanción impuestas por la Dimayor tras sus declaraciones en la temporada anterior. Su ausencia será una decepción para muchos bumangueses que esperaban verlo en acción, en este compromiso inaugural de la Liga BetPlay 2026-I.Las autoridades reiteraron el llamado a los aficionados para que disfruten el encuentro de manera responsable y pacífica, recordando que el cumplimiento de las normas es clave para que Bucaramanga viva el fútbol en un ambiente de respeto y tranquilidad.
En el Nordeste de Antioquia y en medio de operaciones militares, tropas de la brigada 14 del Ejército ubicaron y destruyeron seis artefactos explosivos improvisados y un medio de lanzamiento sobre las vías que comunican al municipio de Anorí con Medellín y la localidad de Campamento.Según indicaron las fuerzas militares, tras identificar estos artefactos activaron el protocolo para adelantar su destrucción de manera controlada, pues fueron dejados sobre un corredor vial por donde, de manera constante, se moviliza la población civil. Al respecto de quienes serían los responsables se refirió el teniente coronel Carlos Alonso Romero, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná."Estos artefactos explosivos fueron presuntamente instalados por el grupo armado organizado residual bloque Magdalena Medio, estructura 36. Cabe resaltar que el procedimiento fue realizado por nuestros hombres expertos en explosivos utilizando todos los protocolos de seguridad pertinentes", indicó.Estos elementos contaban con un método de activación por radiofrecuencia y fueron ubicados a una distancia de 10 metros uno del otro, lo que requirió el cierre de las vías para su destrucción controlada por parte del Equipo de Explosivos y Demoliciones EXDE."El Ejército Nacional denuncia este tipo de acciones terroristas que ponen en riesgo la vida e integridad de la población civil, violando los derechos humanos e infringiendo lo establecido en el derecho internacional humanitario por el uso de estas armas no convencionales", indicó la Séptima División del Ejército en un comunicado. Otra alerta reciente con explosivosEste viernes, el Ejército frustró un atentado terrorista en inmediaciones de la vía Medellín – Costa Atlántica, al ubicar, en zona rural de Valdivia, varios elementos explosivos al parecer pertenecientes al ELN.El hallazgo se produjo puntualmente a la altura de la vereda Palomas, donde soldados encontraron un cilindro de 40 libras, una granada IM26, 600 metros de cordón detonante, 350 metros de mecha de seguridad y un chaleco de uso privativo de las Fuerzas Militares.De acuerdo con la Brigada 11, con estos elementos explosivos, al parecer, el ELN pretendía atentar contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública y, de paso, afectar la movilidad en el sector.
La educación superior enfrenta uno de sus mayores retos históricos: responder con velocidad a un mundo que cambia más rápido de lo que tardan en formarse los profesionales.Ese desfase entre la realidad y los programas académicos es lo que expertos llaman “futuribles”, un concepto que invita a pensar la educación como una línea de tiempo que hoy va por detrás del contexto.Así lo explicó Emilio Jiménez Ibáñez, rector de LCI Bogotá, quien advirtió que mientras sectores como el petróleo o los mercados financieros planean escenarios futuros, la educación sigue atada a procesos lentos que dificultan la actualización de los contenidos.Según Jiménez, diseñar hoy un nuevo programa académico puede tardar varios años entre su estructuración, aprobación oficial y la graduación de los primeros estudiantes.El problema es que, para cuando esos profesionales salen al mercado laboral, muchas de las competencias para las que se formaron ya quedaron obsoletas. “Estamos diseñando el futuro con ideas del pasado”, resumió.Empresas que se adelantan a las universidadesEse rezago ha llevado a que muchas empresas opten por formar directamente a su talento humano, sin pasar por la universidad. Grandes compañías tecnológicas ya no exigen títulos profesionales, sino habilidades concretas y disposición para aprender. Para Jiménez, este fenómeno obliga a las instituciones de educación superior a replantear su rol y a acercarse más al sector productivo.“Si la universidad no entiende qué necesita realmente la sociedad, simplemente va a ser ignorada”, señaló.En ese contexto, la conexión con las empresas y el entorno real se vuelve tan importante como la formación académica tradicional.¿Carreras más cortas no hacen educación de calidad?Una de las respuestas a este desafío ha sido la creación de programas más cortos e intensivos. En el caso de LCI Bogotá, los estudiantes pueden terminar una carrera en menos tiempo gracias a calendarios académicos con más periodos al año y sin largas pausas. Esto, además de reducir costos, permite una incorporación más rápida al mercado laboral.Para Jiménez, el futuro no será de un solo modelo, sino de una combinación entre experiencia, madurez y aprendizaje continuo, especialmente en un país que se encamina a una meseta poblacional y donde cada vez habrá más estudiantes adultos buscando actualizarse.Inteligencia artificial: ¿amenaza u oportunidad?La inteligencia artificial es otro de los grandes factores de cambio. Aunque ha transformado áreas como el diseño gráfico, la fotografía o la comunicación visual, Jiménez considera que no elimina al profesional, sino que redefine su papel. El valor ya no está solo en la ejecución, sino en el pensamiento conceptual, la estrategia y la capacidad de guiar a la tecnología.Además, advirtió que las herramientas de IA aún tienen limitaciones y sesgos, por lo que el trabajo humano —especialmente el analógico y creativo— podría ganar más valor en el futuro.Finalmente, el rector señaló dos grandes demandas del mercado laboral actual: la actualización constante en competencias tecnológicas y el fortalecimiento de las llamadas power skills, como la comunicación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. La combinación de ambas será decisiva para la empleabilidad en los próximos años.Escuche la entrevista completa aquí:
Dos oficiales de Migración Colombia, junto con uniformados de la Policía Nacional adscritos a Interpol, se desplazaron hasta el municipio de SOpetrán, occidente de Antioquia, donde en las últimas horas ubicaron a un ciudadano mexicano requerido por la justicia internacional, señalado por el delito de secuestro agravado y sobre quien pesaba una circular roja de Interpol.Según la entidad migratoria, el ciudadano había ingresado de manera regular al país, es decir que esta alerta internacional fue expedida por las autoridades de su país cuando ya se encontraba en territorio colombiano."Un ciudadano mexicano requerido por la justicia internacional señalado por el delito de secuestro agravado. La alerta fue detectada a través de nuestros sistemas de información, lo que permitió activar de manera inmediata los protocolos de verificación migratoria y adelantar un operativo coordinado en las horas de la madrugada", expuso al respecto Paola Salazar, directora regional Antioquia Chocó de Migración Colombia.Por lo pronto, el extranjero fue trasladado al Centro Facilitador de Servicios Migratorios en Medellín, donde se adelantaron las comprobaciones técnicas y documentales. Horas más, desde Bogotá, el enlace con la entidad internacional confirmó la orden de captura internacional, por lo que el extranjero ya fue puesto a disposición de la División Interpol de la Policía, que continuará con el procedimiento judicial para ser enviado a México.“Se mantiene una coordinación permanente entre las entidades del Estado para enfrentar la criminalidad transnacional. Esto incluye mecanismos de cooperación internacional, verificación migratoria rigurosa y el trabajo conjunto con Interpol, la Policía Nacional, la Dijín y todas las autoridades que sean necesarias para proteger a la ciudadanía y asegurar que Colombia no sea refugio de delincuentes”, concluyó a su turno la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.
La agencia de noticias Reuters reveló que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos habrían mantenido conversaciones con Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, desde los primeros días de la actual administración del presidente Donald Trump. Estos contactos se habrían prolongado incluso después de la operación para capturar a Nicolás Maduro.Aunque Cabello se encuentra incluido en la misma acusación por narcotráfico presentada por Estados Unidos, y que sirvió de base para el arresto de Maduro, Reuters señala que cuatro fuentes confirmaron que funcionarios estadounidenses le advirtieron que no utilizara los organismos de seguridad ni a militantes del partido chavista bajo su control para atacar a la oposición.La advertencia incluye a los servicios de inteligencia, la Policía y las Fuerzas Armadas, organismos que, según Reuters, no han registrado mayores afectaciones ni acciones represivas tras la operación del pasado 3 de enero.Estas comunicaciones serían clave para los esfuerzos de la administración Trump por evitar un escenario de caos en Venezuela. Una de las fuentes citadas por Reuters advirtió que, si Cabello decide desplegar las fuerzas que controla, podría desestabilizar la situación y poner en riesgo el control del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.Reuters también indica que en estas conversaciones se habrían abordado las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cabello y las acusaciones en su contra, aunque no está confirmado si se discutió un escenario de gobernanza futura en el país.
En este acto los subtenientes fallecidos fueron ascendidos de manera póstuma al grado de tenientes gracias a la Ley 2483 de 2025, en donde también se les reconocieron los derechos prestacionales y pensionales a sus familias, esto como un acto de reparación simbólica y material.La conmemoración inició con una eucaristía en la que participaron el viceministro de Defensa; Javier Andrés Vaquero Maldonado, el director de la Policía Nacional; general William Rincón Zambrano, la secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa; Alexandra González, también oficiales y suboficiales, así como las familias de las víctimas.Posteriormente, en el campo de Paradas de la Escuela se llevó a cabo la ceremonia de ascenso póstumo. Las familias recibieron una medalla y una placa conmemorativa en la que resalta el sacrificio y servicio a la patria de los jóvenes cadetes. En la placa decía: El viceministro Baquero agradeció también la labor diaria de los uniformados de la Policía Nacional y se dirigió a los familiares de los nuevos tenientes: "Siéntanse orgullosos de estos héroes de la patria, no solo sus nombres quedan marcados en nuestros corazones, sino en la historia de un país”.Por su parte, el director de la Policía Nacional hizo un llamado contundente a rechazar la violencia hacia la fuerza pública y aseguró que seguirán trabajando por la seguridad y convivencia de los colombianos.También se pronunció Alexandra González, secretaria del gabinete del Ministerio de Defensa refiriéndose al homenaje y a la Ley 2483 de 2025 “no es una formalidad, es un acto de justicia simbólica y material, y ha sido un logro de ustedes como familiares. Hace unos años nos reunimos aquí, asumimos unos compromisos y hoy honramos la palabra”.Por último, se realizó una ofrenda floral con la cual se conmemoró el Día del Estudiante Policial y a quienes hoy, ascendieron a tenientes de la Policía Nacional.
Mientras millones de estudiantes vuelven a las aulas en Colombia, en la próxima semana, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no logra arrancar al mismo ritmo en buena parte del país.A pocos días del inicio del calendario académico, al menos 17 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) aún no han culminado los procesos contractuales necesarios para garantizar la entrega de alimentos en los colegios públicos.De acuerdo con la información oficial, los retrasos afectan tanto al PAE convencional como a los esquemas diferenciales dirigidos a poblaciones étnicas. En el caso del PAE convencional, las demoras se concentran en Antioquia, Boyacá, Cesar, Facatativá, La Guajira, Magdalena, Maicao, Palmira, Pitalito y Yumbo, territorios donde miles de estudiantes comenzaron clases sin la certeza de recibir su alimento diario.La situación es aún más crítica para las comunidades indígenas. Cerca de 199.880 estudiantes de pueblos indígenas se estarían viendo afectados en Antioquia, Boyacá, Cesar, La Guajira, Maicao y Pitalito, además de Buenaventura, Chocó, Quibdó, Santa Marta, Riohacha, Valledupar y Uribia. El retraso compromete no solo a niños y niñas indígenas, sino también a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en zonas históricamente golpeadas por la desigualdad.“Hacemos un llamado muy respetuoso, pero muy vehemente, para que tomen las medidas del caso hoy mismo, de manera que el lunes estos niños y niñas cuenten con su derecho a la alimentación escolar”, señaló Sebastián Rivera Ariza, Director UApA.A este panorama se suma un problema estructural, en donde, 32 entidades territoriales habrían desfinanciado el PAE en cerca de $342.000 millones, incumpliendo la obligación legal de aportar recursos de manera progresiva y suficiente. Desde el Ministerio de Educación se reiteró que el programa no es opcional y que su financiación debe garantizarse en términos reales.“Este año fortaleceremos la inspección y vigilancia para que nadie desfinancie el PAE. El Gobierno del Cambio destinó 3 billones de pesos para 2026, con los que se espera atender a cerca de 6 millones de niños y niñas en todo el país”, añadió el director UApA.Finalmente, la cartera y la Unidad de Alimentos para Aprender insistieron en que desde el nivel nacional se cumplieron todas las etapas previas: orientaciones técnicas, llamados oportunos, definición de valores de referencia y condiciones contractuales para que el programa iniciara desde el primer día de clases. Ahora, la responsabilidad recae en los territorios que aún no responden.
El Ministerio de Salud y Protección Social dejó claro su respaldo al aumento de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y los productos de tabaco, una decisión que, según la entidad, representa una acción clave para proteger la salud pública y fortalecer la estabilidad económica del país. El pronunciamiento se dio en el marco del decreto de emergencia económica, con el que el Gobierno busca responder de manera integral a problemáticas estructurales que afectan a la población colombiana.Desde el ministerio se insistió en que esta medida no es únicamente fiscal, sino profundamente social. La entidad sostiene que elevar los impuestos a estos productos contribuye a salvar vidas, reducir enfermedades prevenibles y disminuir las muertes asociadas a su consumo. Al mismo tiempo, recalca que esta política permite reducir la presión sobre el sistema de salud y generar recursos esenciales para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.El enfoque del Ministerio parte de una premisa clara: los llamados impuestos saludables benefician a toda la sociedad. Al encarecer productos nocivos, se desincentiva su consumo, se previene que niños y jóvenes inicien hábitos perjudiciales y se reduce la carga de enfermedad que hoy afecta a miles de familias. Para la entidad, esta es una herramienta efectiva para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible.Frente al alcohol, la entidad advirtió que esta sustancia se ha convertido en el principal factor de riesgo de muerte en personas entre 15 y 49 años. En ese contexto, el aumento de precios busca reducir el consumo intensivo y atacar de manera directa las enfermedades, lesiones y muertes asociadas. Las proyecciones oficiales indican que el consumo de vino disminuiría en un 20 %, pasando de 31,5 millones a 25,2 millones de litros. De igual forma, las bebidas con mayor grado de alcohol registrarían una reducción del 16 %, al pasar de 115 millones a 95 millones de litros consumidos.En el caso del tabaco, el Ministerio recordó que, de acuerdo con el Observatorio Global de Salud de la Organización Mundial de la Salud, Colombia mantiene precios de cigarrillos por debajo de los dos dólares, siendo de los más bajos de la región. Con el aumento de los impuestos, se proyecta que la comercialización de cajetillas de 20 unidades se reduzca de 409 millones a 244 millones. Este impacto estaría asociado a la posibilidad de triplicar la tarifa impositiva a los cigarrillos, lo que, según las estimaciones, permitiría salvar hasta medio millón de vidas.A este panorama se suma el uso de vapeadores. Entre 2022 y 2024, cerca de 500 mil estudiantes en Colombia tuvieron acceso a estos dispositivos. Con la nueva medida tributaria, el consumo pasaría de 134 millones de mililitros a 67 millones de mililitros, una reducción que, para el Ministerio, resulta clave para frenar el avance de esta práctica entre niños y jóvenes.La entidad también enfatizó que el consumo de alcohol y tabaco no solo genera altos costos en salud, sino que limita el desarrollo del país, amplía brechas sociales y afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables, afirmando que el aumento de los impuestos no pone en riesgo la autonomía territorial ni la destinación histórica de los recursos departamentales. Por lo que, rechazó, de manera categórica los discursos que relacionan estas medidas con un aumento del comercio ilícito, señalando que esa narrativa ha sido impulsada por intereses industriales y no por evidencia independiente.“Los impuestos saludables ofrecen una doble ganancia en términos de política pública. Por un lado, actúan sobre el comportamiento del consumidor, reduciendo la prevalencia del consumo de productos nocivos, especialmente entre jóvenes y poblaciones de menores ingresos; y por otro, fortalecen el recaudo fiscal, generando recursos adicionales que pueden destinarse a la financiación de programas de salud, educación y otros servicios públicos esenciales”, señaló el Ministerio de Salud.Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró que su respaldo al aumento de impuestos sobre bebidas alcohólicas y tabaco que fortalece la capacidad del gobierno para regular protege a la población de riesgos evitables y marca un avance decisivo hacia una política pública centrada en el bienestar colectivo.
Una tragedia enluta hoy al municipio de Duitama, en el departamento de Boyacá, tras un accidente de tren que dejó como saldo una mujer embarazada muerta, un menor de edad herido y al menos otros dos lesionados.Los hechos ocurrieron en la mañana del 17 de enero, cuando dos vagones de un tren de carga que transportaba polines de concreto se desacoplaron de la locomotora y comenzaron a desplazarse sin control por la línea férrea que atraviesa varios sectores de la ciudad.De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades y confirmada en un comunicado de la Alcaldía de Duitama, el tren era operado por el Consorcio FerreoBelén y el siniestro se habría originado durante la operación ferroviaria, cuando se presentó el desacople de los dos vagones, los cuales se desbocaron.El recorrido sin control de los vagones inició en el sector de la Plaza de Mercado, donde se registró un primer accidente de tránsito sin personas lesionadas. Posteriormente, los vagones continuaron su desplazamiento por la línea férrea, atravesando zonas altamente concurridas como la Avenida de Las Américas, hasta llegar a la glorieta del Hospital, donde ocurrió el hecho de mayor gravedad.En este punto, uno de los vagones impactó violentamente un automóvil particular, un Chevrolet Aveo de color negro, provocando la muerte de Jessica Milena Guimbuel Barbosa, de 26 años, quien se encontraba en estado de gestación. En el mismo vehículo resultaron heridos su esposo, quien conducía el automóvil, y su hijo de cinco años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde actualmente recibe atención médica.Adicionalmente, un ayudante del operador del tren presentó lesiones y se encuentra bajo valoración médica, según confirmaron las autoridades.Organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía y personal de la Fiscalía hicieron presencia inmediata en los puntos afectados, atendiendo la emergencia, asegurando la zona y adelantando las labores judiciales correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal.Finalmente, la Alcaldía expresó su profundo rechazo y solidaridad con los familiares de la víctima, lamentando el fallecimiento de la ciudadana y de su bebé, y reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la transparencia en el manejo de esta tragedia.
El Ejército colombiano investiga la muerte de un número indeterminado de guerrilleros en combates entre dos disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país, donde según informaciones preliminares podrían haber fallecido hasta 30 integrantes de ambos bandos.Según el Ejército Nacional, los combates fueron entre el bloque Amazonas, que hace parte de la facción liderada por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el criminal más buscado de Colombia, y el bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de Alexander Díaz, alias 'Calarcá'."Las tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare), donde en las últimas horas se reportó la muerte de varias personas tras posibles confrontaciones", señaló la institución en un comunicado.Según informaciones preliminares del Ejército, "los cuerpos hallados corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa", que hace parte del Bloque Amazonas, a su vez un componente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc.Los combates, al parecer, fueron motivados por disputas en torno al control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del Guaviare.Medios locales publicaron este sábado fotos y videos en los que se ven varios cuerpos sobre una carretera, aunque de momento no se ha confirmado su identidad ni pertenencia a grupos armados ilegales involucrados.Desde la noche del viernes, aeronaves de la Fuerza Aérea hacen sobrevuelos en la zona, mientras que el Ejército desplegó tropas y elementos de inteligencia militar para "establecer el alcance de los combates y sus implicaciones, al tiempo que se reforzaron las medidas de seguridad para proteger a las comunidades de esta zona del país".El EMC, liderado por 'Iván Mordisco', está integrado por antiguos frentes de las Farc que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 o se apartaron posteriormente del proceso de reincorporación.Aunque el gobierno colombiano mantiene diálogos con algunos sectores de esa organización, el EMC ha sufrido divisiones internas que han derivado en enfrentamientos armados entre sus propias facciones en regiones estratégicas como el Guaviare.La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre el riesgo de confrontaciones armadas en el Guaviare y, mediante alertas tempranas, ha denunciado la presencia y expansión de disidencias de las Farc en ese departamento, así como el impacto de sus disputas en la población civil, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos.El Guaviare, caracterizado por su geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC.Tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades.
Medicina Legal confirmó que siete menores de edad se encuentran entre las víctimas mortales que llegaron a sus sedes en Villavicencio y San José del Guaviare, tras los bombardeos ejecutados el pasado 12 de noviembre durante un operativo militar contra las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’.El instituto recibió 20 cuerpos, de los cuales 13 corresponden a hombres y siete a mujeres. Las autoridades forenses adelantan los procesos de identificación y análisis técnico de cada caso.“A través de cotejos dactiloscópicos, 16 fueron identificados plenamente y cuatro a través de carta dental. Producto de los análisis forenses realizados, se determinó que siete de los cuerpos sin vida recibidos por el instituto son de menores de edad, de género femenino cuatro y de género masculino tres”, Alirio Cortes, director de la Medicina Legal.La Defensoría del Pueblo se pronunció de manera contundente, rechazando la muerte de los menores. El organismo pidió claridad sobre las acciones militares y reiteró que las fuerzas deben adoptar todas las precauciones posibles para proteger a las víctimas del reclutamiento forzado, especialmente niños, niñas y adolescentes.“El principio de necesidad militar se predica también de los combatientes, especialmente si se trata de menores de edad, y tiene un propio juicio: está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente necesarias”, mencionó la defensora del pueblo, Iris Marín.Sin embargo, también recalcó que la responsabilidad principal por estas muertes recae en las disidencias, al involucrar a menores en sus filas.Los resultados forenses serán entregados a la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.A la par, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, anunció a través de un trino que radicará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. La citación al funcionario está prevista para este miércoles en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, donde deberá responder por la creciente violencia y la crítica situación de orden público en varias regiones del país.
En la madrugada de este sábado se registró una tragedia en el municipio de Ataco, sur del Tolima, donde un deslizamiento en la mina Las Cruces, sector Mesa de Pole, dejó cinco personas fallecidas y dos más heridas.Según los primeros informes, el derrumbe se produjo cuando una máquina retroexcavadora retiraba material en una zona de explotación minera ilegal. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , confirmó la gravedad del hecho, “En Ataco, por la explotación ilegal, al parecer por el mal uso de una de estas máquinas, se produjo un derrumbe que ya deja cinco personas fallecidas”.Las autoridades locales activaron de inmediato la respuesta de emergencia, tres ambulancias y dos camionetas de la Alcaldía se desplazaron al punto, junto con personal de la Gobernación, para atender a los afectados y adelantar la verificación de la situación.Matiz aseguró que desde hace tiempo, en conjunto con la Policía Nacional, se adelanta una ofensiva para combatir esta práctica que ha puesto en riesgo a decenas de familias en la región, “Venimos haciendo una campaña muy fuerte contra la minería ilegal y hace pocos días lanzamos más de 1.500 volantes en Ataco advirtiendo que esta actividad solo trae destrucción y muerte, y hoy lo estamos viviendo. Es lamentable”, declaró la mandataria.La gobernadora expresó, además, su solidaridad con las familias de las víctimas: “Quiero hacer un llamado a la comunidad y enviar un mensaje de profundo acompañamiento a quienes hoy sufren la pérdida de sus seres queridos. Esta tragedia nos duele a todos”.De acuerdo con el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil Tolima, las autoridades mantienen presencia en la zona mientras avanzan las labores de atención y se evalúan los riesgos de nuevos deslizamientos.
El norte del Cauca amaneció bajo una fuerte oleada de violencia. En la madrugada de este viernes, la estación de Policía del corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, fue blanco de un prolongado ataque armado atribuido a las disidencias de las Farc.Los uniformados, atrincherados dentro de las instalaciones, pidieron apoyo mientras resistían ráfagas de fusil y el lanzamiento de artefactos explosivos, entre ellos cilindros bomba. La comunidad también reportó el sobrevuelo de drones en la zona durante los hostigamientos.El ataque, que se extendió por más de tres horas, dejó varias viviendas afectadas y un vehículo completamente destruido.Hasta el momento, no se ha confirmado una cifra oficial de personas afectadas por el ataque; sin embargo, varias viviendas y locales comerciales resultaron gravemente afectados en el corregimiento.Agentes de la policía son atacados por las disidencias de las Farc en el corregimiento de MondomoVideos grabados por los propios agentes registran los momentos de terror que vivieron los uniformados, buscando refugio mientras que solicitaban refuerzos. Al tiempo, las detonaciones retumbaban en el interior de la estación.Además, los disidentes habrían obligado a conductores a atravesar sus vehículos sobre la vía Panamericana para impedir la llegada de apoyo terrestre, lo que obligó a las autoridades a reaccionar desde el aire para recuperar el control del orden público.Aunque la situación ya fue contenida, el temor permanece entre los habitantes del corregimiento, que solo pudieron salir de sus casas tras el cese de los ataques para evaluar los daños causados en sus negocios y viviendas.
La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas tras confirmar que siete niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada por las disidencias de alias 'Iván Mordisco' murieron durante una reciente operación de las Fuerzas Militares en el Guaviare. Además, se recuperaron cuatro cuerpos más que aún no han sido identificados. El organismo insistió en que, aun en medio del conflicto, el principio de humanidad debe prevalecer por encima de cualquier objetivo militar.El DIH exige máxima protección a menores reclutados por grupos armadosDe acuerdo con la Defensoría, "el simple hecho de que los menores se encontraran dentro de un campamento armado y hubieran sido obligados a desempeñar funciones de combate no habilita su consideración como blancos legítimos de ataque. Aunque hayan perdido el estatus de civiles por coacción, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) les otorga una protección reforzada".Esa protección deriva de los principios de humanidad, precaución, necesidad estrictamente limitada y del interés superior de la niñez, reconocidos por la jurisprudencia internacional. Esto implica que las Fuerzas Militares están obligadas a evaluar cuidadosamente los métodos y medios utilizados en cada operación para evitar daños desproporcionados o innecesarios.El organismo recordó que la fuerza empleada no puede superar lo indispensable para alcanzar el objetivo militar, incluso si este es legítimo. “Está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente necesarias”, reiteró la entidad.¿Se pudieron evitar las muertes de los seis menores?La pregunta que ahora se abre paso es contundente: ¿pudo haberse ejecutado la operación con un menor costo en vidas? La Defensoría plantea la necesidad de revisar si existían otras modalidades tácticas capaces de garantizar la misma ventaja militar sin poner en riesgo a los menores reclutados.Lo ocurrido, advierte la entidad, evidencia la obligación permanente del Estado de adoptar todas las precauciones posibles para proteger a los NNA reclutados forzosamente, aun en escenarios de hostilidad. La guerra tiene límites, y el primero de ellos es la humanidad.¿Quién tiene la culpa de la muerte de los menores?En medio de la operación fueron recuperados cuatro cuerpos que aún no han sido identificados. Aunque el operativo buscaba golpear a esta estructura armada, el desenlace volvió a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los alcances y limitaciones de las acciones militares en contextos donde hay menores involucrados.Sin embargo, la responsabilidad recae en las disidencias de Iván mordisco ya que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes constituye una infracción grave del Derecho Internacional Humanitario.“Utilizar la presencia de niños, niñas y adolescentes como argumento para cuestionar operaciones militares evidencia que las estructuras armadas ilegales los instrumentalizan como escudos humanos, conducta prohibida de forma categórica por el DIH. Su obligación es no involucrarlos en las hostilidades ni exponerlos al riesgo de las acciones bélicas”, denuncian desde la Defensoría del Pueblo.Frente a este hecho la Defensoría del Pueblo, aseguró que no se puede “reducir este análisis a un debate meramente técnico sobre el DIH”, puesto que la guerra y la violencia está afectando directamente a los más vulnerables: Los menores de edad reclutados, casos que se registran por la falta de protección.
El gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera, explicó que uno de los puntos más sensibles del decreto expedido por el Gobierno está relacionado con los impuestos a los licores, al señalar que el IVA del impuesto de consumo se eleva del 5 por ciento al 19 por ciento y estimula el contrabando uno de los flagelos que preocupa a las autoridades de la región.Agregó el mandatario seccional, que la emergencia económica también compromete directamente las finanzas del departamento y podría poner en riesgo los recursos que van destinados para salud y la educación.“El Gobierno, amparado en la emergencia económica, regula aspectos como el impuesto al licor, afectando el impuesto al consumo, elevando el IVA del 5% al 19%, lo que distorsiona el mercado regional, estimula el contrabando —que ya ronda el 30%— y constituye una medida regresiva frente a los avances logrados en descentralización administrativa y fiscal” anotó Villalba Mosquera.Señaló además el gobernador de los huilenses que esta medida afecta la descentralización política, administrativa y fiscal de los gobiernos departamentales “Los gobernadores tenemos el deber constitucional de defender nuestras rentas y la descentralización política, estas medidas afectan gravemente los ingresos departamentales y resultan, a todas luces, inconstitucionales”.Finalmente, el gobernador Villalba Mosquera, aclaró que su postura frente al decreto de la emergencia económica, no se trata de una confrontación con el gobierno nacional, sino, de un ejercicio responsable de análisis institucional y financiero para el departamento.
Cuando recibían la suma de 10 millones de pesos producto de una exigencia extorsiva a un comerciante de Neiva, el grupo Gaula de la Policía capturó a Jhoan Solain Murillo Calderón y Joel Figueredo Terán, a quienes les hallaron en su poder un panfleto citatorio, dos celulares y dinero en efectivo.Según las investigaciones de las autoridades, estas dos personas se identificaban como integrantes del frente Darío Gutiérrez del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc para amedrentar a las víctimas a cambio de no atentar contra sus vidas y la de sus familias.“El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Bosque de San Luis comuna seis, en el momento exacto en que los presuntos delincuentes recibían la suma de diez millones de pesos producto de una exigencia económica a cambio de no atentar contra la integridad personal de la víctima ni contra su empresa”, dijo el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.De acuerdo con las evidencias recaudadas, desde diciembre del año anterior la víctima venía siendo intimidada mediante panfletos extorsivos y se hacían pasar por el frente ‘Darío Gutiérrez’ de las disidencias de las Farc, quienes inicialmente exigían la suma de 40 millones de pesos.Los dos capturados fueron judicializados por el delito de extorsión agravado y un juez les impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios lanzó fuertes críticas contra la Gran Consulta por Colombia, luego de quedar por fuera de ese mecanismo político pese a haber recibido, según él, una invitación pública y privada para participar. En entrevista con Recap Blu, Palacios aseguró que la decisión de sacarlo evidencia una “política de exclusión” y no una consulta democrática ni incluyente.Palacios explicó que durante más de un año participó en reuniones y acercamientos con varios de los integrantes de esa coalición, con el objetivo de construir una unidad de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, afirmó que esta semana fue notificado de que no existía consenso para permitir su ingreso, debido a la oposición de tres precandidatos: Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.“Sin ninguna razón, sin ningún argumento y sin dar la cara, decidieron excluirme (...) Lo invitan a uno a la fiesta, uno llega, y cuando llega le dicen que reconsideraron. Lo grave es que no hubo argumentos. Esta no es una consulta incluyente ni democrática, sino una consulta de la exclusión”, señaló. Para Palacios, esta decisión contradice el propósito original de la consulta, que debía servir para sumar distintas visiones con el fin de enfrentar al petrismo en las urnas.“Si al doctor Galán le molestan mis posiciones firmes contra la criminalidad y contra el petrismo, entonces yo no debía estar ahí”, afirmó, aunque cuestionó la coherencia de ese argumento al recordar que en la consulta sí participan figuras como Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y sectores del Centro Democrático.Palacios insistió en que nunca se le informaron condiciones explícitas para su participación y que, por el contrario, la invitación fue reiterada por varios líderes del bloque, entre ellos Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y el propio Pinzón.“Esto no era para fundar un club exclusivo, era para rescatar a Colombia”, subrayó, al tiempo que calificó la consulta como un “club al que uno aplica para ver si lo aceptan”.¿Qué hará Palacios?Con este paronama, Palacios confirmó que continuará su aspiración presidencial por fuera de la Gran Consulta, apoyado en el movimiento Rescatemos a Colombia, con el que asegura haber recolectado más de 1,3 millones de firmas, actualmente en proceso de certificación ante la Registraduría. De hecho, anunció que se inscribirá formalmente el próximo 31 de enero y que seguirá impulsando una agenda centrada en seguridad, lucha contra la delincuencia, reducción del costo de vida, gasolina, salud, infraestructura e ICETEX.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación de un contrato tecnológico suscrito en 2024, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones que se pactaron. Esta aclaración se da en medio de cuestionamientos de la Contraloría hacia el modelo de pasaportes que comenzaría a implementarse el 1 de abril de este año. El órgano de control advirtió riesgos, incumplimientos y posibles retrasos.Este contrato del que habla la Cancillería fue firmado el 15 de octubre de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El objeto era la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para optimizar procesos internos y externos de la Cancillería.La entidad señaló que no tiene relación directa con la expedición de pasaportes y explicó que durante la ejecución se presentaron problemas que impidieron que el contratista cumpliera con la totalidad de las obligaciones acordadas. Ante esta situación, en agosto de 2025 el ministerio decidió iniciar un proceso sancionatorio contractual y exigió el cumplimiento.Además, puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, para que el organismo de control adelante sus investigaciones.El plazo de ejecución del contrato venció el 31 de agosto de 2024, fecha en la que la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. En su lugar, ordenó una revisión para evaluar la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, un proceso que actualmente continúa en curso. Por ahora solo se ha desembolsado el 3 % del valor total del contrato, lo que significa que la mayor parte de los recursos no fue girada.Finalmente, la Cancillería aseguró que, pese a los inconvenientes registrados, la atención a la ciudadanía y los trámites del ministerio no se han visto afectados.
La Aeronáutica Civil informó a la comunidad aeronáutica del país sobre la emisión de un NOTAM por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que se refiere a posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital advirtiendo a los operadores aéreos sobre la necesidad de mantener precauciones durante las distintas fases del vuelo en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano.Ante este escenario, la Autoridad Aeronáutica de Colombia señaló que las aerolíneas nacionales ya fueron debidamente informadas sobre el contenido del aviso, especialmente aquellas que realizan operaciones internacionales o que transitan por las zonas mencionadas en la comunicación.El comunicado también precisa que las empresas aéreas son plenamente conscientes de la situación y que, en la actualidad, se encuentran analizando la información técnica disponible con el fin de adoptar, si así se requiere, medidas preventivas y de mitigación operacional que garanticen la seguridad de las operaciones.Asimismo, la Aerocivil aclaró que, hasta el momento, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas y tampoco se prevé en este momento una situación que conduzca a la suspensión o restricción de los vuelos.Según la información oficial, el NOTAM emitido por la FAA se advierte a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, al confirmar que fue condenado injustamente. En fallo de segunda instancia, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la decisión que lo declaró inocente del homicidio de David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barrancabermeja. Núñez Cala era entonces secretario de Obras Públicas del municipio y aspiraba a la Alcaldía cuando fue asesinado.Al estudiar el recurso presentado por la representación de las víctimas, el Tribunal concluyó que no era procedente y decidió mantener la sentencia emitida en 2025 por la Sección de Revisión. Según la JEP, ese fallo se apoyó en hechos y pruebas nuevas que no habían sido analizadas por la justicia cuando Rabelo Crespo fue condenado en 2012.La decisión también señaló que el proceso penal contra el defensor de derechos humanos se dio en un contexto de persecución relacionada con su trabajo social, en una región afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales. Varios de los testimonios que sustentaron la condena fueron posteriormente desacreditados o incluso sancionados por falso testimonio.El Tribunal reiteró, además, que no existe ninguna prueba que vincule a Rabelo Crespo con las extintas Farc y que esa afirmación, incluida en la sentencia de la justicia ordinaria, fue desvirtuada con decisiones judiciales posteriores.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, la JEP explicó que no se puede exigir a una persona declarada inocente que reconozca hechos de los que no es responsable ni tiene conocimiento. En su análisis final, la Sección de Apelación concluyó que Rabelo Crespo no tuvo motivo ni oportunidad para participar en el crimen y que nunca existió el acuerdo para cometer el homicidio.El Tribunal aclaró que la decisión contribuye a la verdad al descartar de manera definitiva la responsabilidad de Rabelo Crespo. Por eso, señaló que ahora le corresponde a la Fiscalía avanzar en la identificación de los verdaderos responsables del asesinato de David Núñez Cala.