El sistema de salud en Colombia atraviesa una de sus coyunturas más complejas, marcada por un profundo desbalance financiero y por efectos visibles en la atención a los pacientes. Así lo advirtió el exministro de Salud y fundador del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, Augusto Galán, durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, en la que expuso cifras y reflexiones basadas en diagnósticos recientes del sector.Galán explicó que el sistema presenta un déficit patrimonial de $15,8 billones y pérdidas operacionales acumuladas que superan los 73 billones, lo que evidencia un deterioro progresivo. “Las EPS son la puerta de entrada de la financiación del sistema de salud. Si a la EPS le está yendo mal financieramente, al sistema de salud le está yendo mal y eso es lo que estamos viendo”, afirmó.Según el exministro, la raíz del problema está en la insuficiencia de recursos para financiar el actual plan de beneficios. “Por cada $100 que reciben, en promedio se están teniendo que gastar $108,6”, precisó, al explicar que ese desfase genera el hueco financiero que hoy afecta a hospitales, clínicas y pacientes.Insuficiencia de recursos y efectos en la atenciónGalán advirtió que, además de ser insuficientes, los recursos no están llegando de manera adecuada a los prestadores. Esto se traduce en retrasos en pagos, dificultades para cubrir nóminas y suspensión de servicios. “Es muy doloroso, porque el deterioro es lento y progresivo y se paga en vida, en sufrimiento y en enfermedad”, señaló, al referirse a los testimonios de directivos hospitalarios y usuarios.Intervenciones a EPS y el caso de la Nueva EPSSobre la situación de la Nueva EPS, Galán fue enfático en que las intervenciones no han sido una solución. “Las intervenciones en materia de salud no han funcionado nunca y eso estaba advertido”, aseguró. A su juicio, concentrar la administración en una sola persona, sin controles, ha agravado los problemas: “Manejar $2,4 billones anuales con una sola persona que no tiene experiencia en aseguramiento es una visión errada”.Aumento del gasto de bolsillo y llamado al diálogoOtro de los efectos señalados es el incremento del gasto de bolsillo de los colombianos. Galán recordó que este indicador había bajado al 14 % del gasto total en salud, pero ahora “se está incrementando y se está aproximando más al 20 %”, lo que impacta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.Pese al panorama, el exministro expresó un moderado optimismo y llamó a un cambio de rumbo. “Se requiere un liderazgo claro, compasivo, que respete la evidencia y promueva el diálogo”, concluyó, al insistir en que aún es posible corregir el rumbo del sistema de salud en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, habló por primera vez en Noticias Caracol sobre el entramado de corrupción, principal escándalo del Gobierno de Gustavo Petro.Frente al caso, Pinilla dijo que “es por la ambición, por las ganas de crecer; muchas personas escogen el camino corto, yo escogí el camino corto y por eso hoy en día estoy pagando cárcel. Por eso le pido perdón a mi familia, porque lo termina pagando la familia”, indicó, pidindo perdón a cada miembro de su hogar y asegurando que quiere decir la verdad.Sneyder afirmó que la forma más fácil para los demás involucrados era echarle la culpa al más “huevón” y aseguró estar “completamente arrepentido” por todos los acuerdos para aprobar la entrega de dinero. Expresó que si no hubiera decidido cooperar, muchos salpicados estarían libres.“Aquí cayó gente muy poderosa: Olmedo. Cayó el presidente del Senado, de la Cámara, altos exfuncionarios del Gobierno, ministros, que hoy en día están en este proceso porque yo armé una estructura que le di a la Fiscalía y le dije cuál fue el actuar de cada una de las personas”, contó a Noticias Caracol.Funcionarios del Gobierno Petro implicados en escándalo de la UNGRDPinilla se refirió al exministro Luis Fernando Velasco; el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, todos capturados y vinculados; y al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo.El exsubdirector de la UNGRD dijo que “nos equivocamos” sobre el cambio en el Gobierno actual. Añadió que si estuviera diciendo mentiras, Velasco y Bonilla no lo hubieran presuntamente sobornado con más de 13.000 millones de pesos.“Solo hay una persona que los puede juzgar y es Dios. Pero ellos saben lo que hicieron”. Sobre Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua asilado y quien hace días fue visto en videos en una fiesta bailando, Pinilla afirmó que le indigna porque “acá siempre vamos a aplastar a los más pequeños”.Además, habló sobre César Manrique, segundo alto exfuncionario prófugo de la justicia colombiana: "Debe estar asustado porque muchas personas lo salpican a él como determinador”."Les estoy llevando una plata que es de un torcido": confesión de Sneyder PinillaTambién reveló que lo más indignante que le tocó vivir en el transporte de los 400 millones de pesos para los presidentes de la Cámara y Senado fue “que Sandra Ortiz dijera que se molestaron porque no llevé los tres mil millones, sino 1.500 un día y 1.500 el otro. Hombre, tienen huevo, les estoy llevando una plata que es de un torcido y cómo se van a molestar porque me demoré dos días”.Sneyder mandó un mensaje a Sandra Ortiz asegurando que “espero que recapacite y colabore con la justicia, porque ella sabe que fui con ella a llevar la plata al apartamento del señor Name”.Actualmente, hay cinco congresistas de la Comisión Parlamentaria de Crédito Público que están salpicados en este escándalo y algunos incluso se están lanzando nuevamente al Congreso. Sobre ellos, Pinilla dijo que “la Corte tiene que actuar”.Añadió que “las personas cercanas al presidente están inmersas en esta estructura criminal. Así lo dicen los diferentes hechos”. Sobre si Gustavo Petro sabía o no lo que pasaba, indicó que no puede asegurarlo, pero que sí puede afirmar que toda la gente cercana a él está untada.Hablando de los carrotanques de La Guajira, Pinilla le pidió perdón a la comunidad afectada y señaló: “Se me cae la cara de la vergüenza porque sabía que estábamos haciendo actos de corrupción. Solo les puedo decir que me perdonen, no me siento orgulloso porque los más afectados fueron ellos. Les fallé”.
La Contraloría General de la República archivó los procesos de responsabilidad fiscal adelantados contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la construcción de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, obras ejecutadas durante su gestión como alcalde de Rionegro entre los años 2016 y 2019, al concluir que no existió daño patrimonial ni perjuicio alguno para los recursos públicos.De acuerdo con el organismo de control, la decisión se fundamenta en la inexistencia de detrimento fiscal, ya que las obras sí fueron ejecutadas, recibidas formalmente y destinadas al fin para el cual fueron contratadas.La Contraloría determinó que los recursos invertidos no se perdieron y que los bienes existen, están habilitados administrativamente y prestan servicio a la comunidad, lo que descarta cualquier menoscabo definitivo del patrimonio público.En su análisis, el Despacho estableció que la inversión pública cumplió su finalidad y que no se produjo perjuicio al erario. Por esta razón, y al no demostrarse daño fiscal, no es posible declarar responsabilidad fiscal en contra del mandatario. “Sin daño probado, no puede declararse responsabilidad fiscal”, señala la decisión.El fallo precisa que la infraestructura del CAI de San Antonio de Pereira fue entregada y recibida por la Policía Nacional, y que su destinación al servicio de seguridad ciudadana quedó acreditada mediante contrato de comodato, actas de entrega y las órdenes de servicio correspondientes. Similar situación se describe con el CAI de Cuatro esquinas.En el proceso se concluyó que los recursos se orientaron a satisfacer una necesidad pública, se articularon con la política de seguridad ciudadana y se ajustaron a los parámetros de planeación institucional y metodológica adoptados por la Policía Nacional.Tras la práctica de una visita técnica y la elaboración de un informe especializado, mencionado en la decisión como sustento, se comprobó que las obras se encuentran en funcionamiento conforme a los lineamientos establecidos y cumpliendo la función para la cual fueron contratadas.
En operaciones recientes, tropas del Ejército Nacional desmantelaron y destruyeron dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, utilizados por el Clan del Golfo, y confiscaron toneladas de insumos empleados en la producción de estupefacientes en el departamento de Chocó.Estas acciones fueron desarrolladas por unidades adscritas a la Brigada 15, con participación directa del Batallón de Selva número 54 Bajo Atrato, en una zona estratégica para el tráfico de drogas y el abastecimiento logístico de estructuras ilegales.De manera simultánea, el Batallón de Ingenieros Primero de Línea número 12 adelantó labores de control que permitieron la incautación de grandes cantidades de insumos sólidos y líquidos, fundamentales para el funcionamiento de los laboratorios clandestinos.De acuerdo con la información compartida por el Ejército, durante las operaciones se destruyó droga en proceso, equipos artesanales utilizados para la transformación de la hoja de coca y combustibles empleados para el procesamiento y transporte del alcaloide.Además, las tropas lograron confiscar 17,5 toneladas de cemento y 1.200 galones de ACPM, que eran movilizados de manera ilegal para abastecer la infraestructura criminal del Clan del Golfo. El cemento y el combustible son elementos clave para la construcción y funcionamiento de laboratorios, pistas clandestinas y campamentos, por lo que su incautación limita la continuidad de las actividades ilícitas, de acuerdo con las autoridades.
Al menos seis personas murieron y otras veinte resultaron heridas en un incendio que todavía no ha podido ser controlado en una zona comercial la pasada noche en la ciudad paquistaní de Karachi, la más poblada de Pakistán."Anoche seis personas murieron y más de veinte resultaron heridas en un incendio en el Gul Plaza de Karachi", dijo este domingo a EFE Hassan Khan, portavoz del servicio de emergencias Rescue 1122 en Karachi.Según detalló Khan, el incendio se produjo en una zona comercial de varias plantas y aún no ha podido ser completamente controlado."Las labores de rescate continúan y podrían ser necesarios uno o dos días más para extinguir totalmente el incendio", dijo el servicio Rescue 1122.Los incendios son habituales en las grandes urbes paquistaníes - como la meridional Karachi, que supera los 10 millones de habitantes, habitualmente por la ausencia de medidas adecuadas de prevención.Además, el estado del cableado de los inmuebles y las dificultades de acceso para los equipos de extinción dificultan el control de los incendios una vez éstos se desatan.El 10 de julio de 2024, un incendio masivo en un famoso mercado de Islamabad arrasó más de 300 puestos comerciales.En junio de 2024, al menos 80 tiendas fueron destruidas y tres personas resultaron heridas en un incendio en la ciudad de Peshawar, al desatarse un fuego en una infraestructura informal situada junto a las vías del tren.
Fueron por lo menos tres explosiones las que estremecieron a la comunidad de Cajibío, en el departamento del Cauca en la madrugada del domingo, las cuales dejaron múltiples daños en el casco urbano del municipio.Lo que se conoce hasta el momento es que se trató de un ataque que iba dirigido contra la estación de Policía. Se utilizaron drones para lanzar varios artefactos explosivos, los cuales no alcanzaron a afectar la estación, pero sí varias viviendas del municipio y otras edificaciones.Entre lo lugares afectados se encuentra el hospital San Juan Bautista, que resultó con varios vidrios quebrados, y daños en su fachada y en el cielo raso. También se reportó la afectación a una torre de energía cercana al centro asistencial. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas."Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente", aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez.En el transcurso del día las autoridades se trasladarán hasta los lugares donde cayeron los explosivos para evaluar el nivel de daños provocados por el ataque. Mientras tanto la fuerza pública se ha desplegado en el municipio para prevenir alguna otra alteración.Si bien no se ha establecido aún que grupo armado estaría detrás de estas explosiones, en ese territorio hay presencia de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
Monseñor Rafael de Brigard invita a vivir la fe como una experiencia comunitaria y transformadora, recordando que “la consigna cristiana no es sálvese quien pueda, sino Jesucristo ha venido a salvarnos a todos”. A partir del Salmo 88, subraya que “dichoso el pueblo que sabe aclamarte”, porque quien camina a la luz de Dios descubre sentido, esperanza y fortaleza para la vida diaria. Reflexionando sobre el Evangelio de Marcos (2, 1-12), destaca la escena del paralítico llevado ante Jesús como una imagen poderosa de la fe que no se rinde: “La fe no se detiene ante puertas, muros ni dificultades”. Jesús, al ver esa fe, no solo sana al hombre, sino que primero le dice: “Hijo, se te perdonan tus pecados”, mostrando que la raíz más profunda del sufrimiento humano es el pecado y que la verdadera liberación comienza en el corazón.Finalmente, Monseñor resalta el itinerario de la fe cristiana: escuchar la Palabra, dejarse perdonar y experimentar la curación integral. Así, quien se abre a Dios puede exclamar con asombro: “Nunca hemos visto nada parecido”, porque la vida transformada por Cristo se llena de esperanza, libertad y capacidad de amar y servir a los demás.Escuche la reflexión completa aquí:
El pastor Andrés Corson enseña que Dios no solo confronta nuestros pecados, sino también nuestras inseguridades, porque detrás de muchas caídas espirituales hay heridas emocionales no sanadas. Basado en Isaías 61:1, recuerda que “el Espíritu del Señor… me ha ungido a sanar a los corazones heridos”, y explica cómo Jesús permitió que Pedro fuera confrontado para restaurar su identidad y prepararlo para liderar con humildad, libertad y amor, sin celos ni temor.Corson identifica inseguridades comunes como el miedo al rechazo, la timidez, los celos, la baja autoestima y los complejos físicos, afirmando que “Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio” (2 Timoteo 1:7). Estas luchas, lejos de ser obstáculos, son oportunidades divinas para sanar heridas del pasado, romper mentiras interiores y vivir con una identidad firme en Cristo, aprendiendo a aceptarnos como creación admirable de Dios (Salmo 139:14).Finalmente, el pastor exhorta a no huir de la confrontación, sino a verla como una herramienta de formación espiritual: “Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas” (Santiago 1:12). La sanidad interior, afirma, llega por medio de la Palabra, el perdón y la renovación de la mente, porque “para sanar un corazón herido, la única solución es el perdón”, permitiendo así una vida emocionalmente sana y espiritualmente libre.Escuche la reflexión completa aquí:
Trabajadores de Ecopetrol que transitaban por el sitio dieron aviso a la Policía Nacional de que en plena vía pública, en la entrada principal del municipio de Yondó, había un cilindro que podría contener explosivos, generando temor en la comunidad.El artefacto, pintado de los colores amarillo, azul y rojo, con letra alusivas a las Farc EP, fue instalado más exactamente sobre la vía Ruta del Cacao, diagonal a la Estación No. 2 de Ecopetrol (distante a 5 minutos del casco urbano), por lo que hasta allí llegaron uniformados del Ejército Nacional, quienes acordonaron el sitio y también la entrada principal del municipio.El alcalde de esta localidad, Yerson Ariza, le confirmó a Blu Radio que aunque técnicos y guías anti-explosivos, hicieron la inspección técnica y determinaron que el elemento no contenía explosivos, el temor es que con este acto, las disidencias estén avisando que tendrán de nuevo presencia en ese territorio."La policía me reportó que había un cilindro pintado con la bantera de Colombia y con las letras, no del Eln, sino la FARC. Pues ahí queda uno más preocupado, porque supuestamente la FARC no está operando en Yondó, no sabemos si es un mensaje. Ya activaron todas las alertas y ya estuvo ahí los antiexplosivos, y el cilindro no estaba cargado de nada, simplemente es como dando un mensaje", detalló el mandatario.Vale la pena mencionar que en este municipio del Magdalena Medio ha habido presencia confirmada del Eln y el Clan del Golfo, por lo que hay zozobra de materializarse la llegada de este grupo guerrillero, entrando en disputa con los demás. Por la situación, habrá con consejo de seguridad con las autoridades locales este lunes."Estamos esperando ya el informe de inteligencia, a ver qué reporte nos dicen las autoridades. Yo voy a convocar a un consejo de seguridad, para que ellos hoy, pues tengan un un informe, un reporte claro para que mañana nos lo dejen. Gracias a Dios no había explosivos ni nada, pero uno sabe que detrás de eso vienen los mensajes", indicó.
La disminución en el precio de la gasolina en Colombia generó preocupación en el sector transportador de carga, que advierte un posible efecto contrario sobre el precio del diésel. Desde Fedetranscarga señalan que el Gobierno había mantenido estable el valor del ACPM porque los altos precios de la gasolina estaban compensando el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Por lo que, alertan que, si la gasolina continúa bajando, el Gobierno podría optar por incrementar el precio del diésel para cubrir ese desbalance.El gremio advirtió que un aumento del diésel tendría consecuencias graves no solo para el transporte de carga y de pasajeros intermunicipales, sino también para la industria agrícola, el sector productivo en general y para los municipios que no cuentan con interconexión eléctrica, los cuales dependen de plantas diésel para su funcionamiento. Recordaron que la maquinaria pesada, los camiones y gran parte del transporte nacional operan con este combustible.Actualmente, el precio promedio del combustible en Estados Unidos se ubica en 2,83 dólares por galón, lo que al cambio representaría cerca de 10.500 pesos colombianos, por debajo de los más de 16.000 pesos que se pagan en Colombia.Según la federación, esto implica que en el país el combustible es cerca de un 60 % más costoso que en Estados Unidos, pese a que el salario mínimo en ese país supera los seis millones de pesos, mientras que en Colombia ronda los dos millones. Fedetranscarga recordó además que cuando inició el actual Gobierno, el precio de la gasolina estaba alrededor de 10.160 pesos, y que hoy supera los 16.400 pesos, lo que representa un incremento cercano al 62 %, un dato que, aseguran, no puede pasarse por alto ahora que se anuncia una reducciónFedetranscarga también puso sobre la mesa el peso que tiene el combustible en los costos del sector. Según cálculos del Dane realizados en 2015, el diésel representaba el 41,6 % del costo total de operación de un vehículo de carga. Sin embargo, el gremio señaló que estos indicadores no se han actualizado en más de 10 años y que, con los incrementos recientes y la política de fijar precios con referencia internacional, ese porcentaje podría estar hoy por encima del 45 % del costo total de operación de un camión en cualquier ruta del país.Ante este panorama, el gremio reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se instalen las mesas técnicas prometidas desde septiembre de 2024, tras el paro transportador, con el fin de definir una fórmula de precios acorde con la realidad del país como productor y refinador de combustibles. Señalan que esta promesa sigue sin cumplirse y que es necesario ser transparentes con los costos reales de extracción, refinación y comercialización del ACPM y la gasolina.“Colombia necesita una claridad total sobre las condiciones bajo las cuales se fijan los precios de combustibles en el país. Las decisiones de los precios de los combustibles gasolina y ACPM no pueden continuar siendo decisiones estrictamente políticas. Esas decisiones tienen que acomodarse a la técnica y a estudios muy serios de productividad y obviamente la industria petrolera” señaló Pedro Cuervo, presidente de Fedetranscarga.La organización pidió mayor inversión en las refinerías nacionales para reducir la dependencia de importaciones y de los precios internacionales. Para el gremio, el país necesita reglas claras y coherentes que garanticen combustibles a precios justos, teniendo en cuenta que el transporte y la economía colombiana se mueven, en gran medida, sobre ruedas y con diésel.
La Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos citó a audiencia de conciliación a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de resolver las diferencias surgidas en el trámite del Plan Parcial “Ciudad Bolívar 75 – Azoteas”. El proceso busca determinar si se produjo un posible daño patrimonial al Distrito por presuntos errores administrativos durante la formulación de dicho plan.La actuación se originó a raíz de una solicitud presentada por el Grupo Malkenu, promotor del proyecto habitacional Tierra de Gracia, que proyectaba la construcción de más de 70.000 viviendas de interés social en el sur de la ciudad, una zona con alto déficit habitacional.El conflicto jurídico se remonta a diciembre de 2021, cuando la empresa radicó la solicitud de formulación del Plan Parcial ante la Secretaría Distrital de Planeación. Según la normativa vigente, la entidad tenía 60 días hábiles para emitir una respuesta. Al no recibir comunicación dentro del plazo, los solicitantes entendieron que operaba el silencio administrativo positivo, lo que implicaba la aprobación automática del trámite.Sin embargo, la Secretaría sostuvo que sí había respondido oportunamente, aunque más tarde se comprobó que la notificación fue enviada a una dirección electrónica incorrecta. Este error impidió que los solicitantes conocieran la decisión y ejercieran su derecho a apelación, dejando el proceso en un limbo jurídico.Con la entrada en vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el terreno perdió su clasificación como suelo urbanizable, lo que afectó la viabilidad del proyecto y redujo significativamente su valor comercial. Según los promotores, esta situación representó una pérdida superior al 80 % del valor del terreno y frenó una iniciativa que buscaba ofrecer soluciones de vivienda en una de las zonas más necesitadas de la capital.“No reconocen el error de notificación, y eso priva a la ciudad de una alternativa habitacional viable”, aseguró Eduardo Romano, representante legal del Grupo Malkenu.Por su parte, el abogado Rodolfo Correa, especialista en responsabilidad del Estado, interpuso una demanda de reparación directa por más de 2 billones de pesos, actualmente en etapa de conciliación como paso previo a un eventual proceso judicial.La audiencia de conciliación se llevará a cabo en enero de 2026. Se espera que la Secretaría Distrital de Planeación, bajo la dirección de Úrsula Ablanque Mejía, logre una salida concertada que evite la judicialización del caso. De no alcanzarse un acuerdo, el proceso podría derivar en consecuencias fiscales y disciplinarias para la administración distrital, dado que la Personería de Bogotá ya confirmó la existencia del error y evalúa la apertura de una investigación.
La Presidencia de la República firmó un contrato por cerca de 10.000 millones de pesos con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited para la defensa jurídica internacional de Gustavo Petro frente a las sanciones financieras de Estados Unidos, luego de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la Lista Clinton.El mandatario defendió el uso de recursos públicos y lanzó duros señalamientos contra sectores de la oposición, mientras la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para establecer la legalidad del proceso.A través de su cuenta en X, Petro afirmó que el contrato es consecuencia de gestiones de la oposición en el exterior, es decir, él señala que las sanciones fueron por diligencias de críticos en Estados Unidos que llevaron a su inclusión en la lista.“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió Petro.El pronunciamiento se dio en medio de cuestionamientos por la contratación y tras responder a críticas de la periodista Salud Hernández Mora sobre el contrato y el monto.El contrato fue suscrito a inicios de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) bajo la modalidad de contratación directa, con cargo al Presupuesto General de la Nación. El objeto del acuerdo es “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras”. La ejecución del contrato está prevista entre el 9 de enero y el 30 de abril de 2026.La oposición ha advertido que los servicios contratados corresponden a una defensa personal del presidente y su núcleo familiar, lo que, a su juicio, no debería financiarse con recursos públicos.En respuesta a las quejas, la Procuraduría General abrió una indagación previa contra el Dapre para verificar si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos de la contratación estatal. El Ministerio Público solicitó copias del contrato y de los estudios previos, y busca establecer si hubo o no irregularidades o un eventual detrimento patrimonial.La actuación disciplinaria se activó tras una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien cuestionó que un servicio que, según versiones previas, habría sido ofrecido de manera gratuita por el abogado Daniel Kovalik, terminara convertido en un contrato multimillonario financiado con recursos del Estado.“Se suscribió un contrato por $10.000 millones sin una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, sostuvo la congresista.El Gobierno insiste en que la contratación responde a un asunto de interés institucional frente a sanciones internacionales, mientras la oposición mantiene que se trata de una defensa personal pagada con recursos públicos.
Hombres armados le salieron al paso a varios vehículos cargados con combustible artesanal tipo 'pategrillo' y, después de obligar a los conductores a descender, los incineraron en un paraje de la vía que comunica al corregimiento de Ayacucho en La Gloria, en el Cesar, con el corregimiento de Guamalito en el Carmen Norte de Santander.Algunos videos que fueron grabados por habitantes de la zona muestran la magnitud de la emergencia que ocurrió muy cerca de unas viviendas y en una vía transitada para la comunicación terrestre entre el Cesar y el Catatumbo.La quema de estos vehículos la protagonizan hombres armados en medio de la disputa territorial que existe entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc. Además, porque este combustible artesanal que se produce en refinerías ilegales después de hurtar el crudo del oleoducto, es vital para la producción de clorhidrato de cocaína.
Con el banco de maquinaria amarilla la Gobernación del Huila viene adelantando labores de mantenimiento vial y la recuperación de sectores críticos de vías terciarias que han sido obstruidas por deslizamientos de tierras a raíz de las fuertes lluvias de las últimas dos semanas en 10 municipios del departamento.El secretario de Vías e Infraestructura del Huila el ingeniero Andrés Camilo Cabrera, explicó en Blu Radio que los trabajos de remoción de tierra y lodo se han priorizado en los municipios donde cientos de familias campesinas y zonas cafeteras han resultado afectadas por las emergencias.“Por orden del gobernador Rodrigo Villalba, se activó todo el banco de maquinaria amarilla y en estos momentos nos encontramos trabajando de manera simultánea en diez municipios del departamento. Hoy la maquinaria está atendiendo emergencias y removiendo derrumbes para recuperar las vías en Acevedo, Pitalito, Baraya, Colombia, Yaguará, La Plata, Gigante, Isnos y Suaza, estamos recuperando puntos críticos donde las comunidades campesinas más lo necesitan” explicó el funcionario de la gobernación del Huila.Agregó el secretario de Vías que por ejemplo en el municipio de Acevedo, la maquinaria interviene los corredores San Adolfo, La Esperanza, San Marcos, La Victoria y La Tocora, mejorando la movilidad y el acceso a zonas rurales estratégicas, teniendo en cuenta que esta zona es de alta producción cafetera.Asimismo, en el municipio de La Plata, los trabajos se desarrollan en el centro poblado San Andrés y en la vereda San Isidro, fortaleciendo la conectividad y el transporte de productos agrícolas. De igual manera en Pitalito, se atiende los sectores de Bruselas, La Primavera, El Carmen, El Pénsil y La Esperanza, con labores de mantenimiento vial y atención de emergencias.Cabe recordar, que en diciembre del año anterior con una inversión de 20.000 millones de pesos la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hizo entrega de 13 unidades de maquinaria amarilla entre retroexcavadoras y volquetas para atender emergencias viales y demás necesidades de las comunidades rurales en el Huila.
Una operación militar en zona rural del Guaviare desató una nueva polémica. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, abrió la posibilidad de que en estos bombardeos hayan muerto menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', al afirmar que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.Desde Indepaz, su director, Leonardo González, calificó como un error la posición del ministro: “Ni el reclutamiento forzado ni el bombardeo de menores son aceptables. La vida de niños, niñas y adolescentes debe estar siempre por encima de cualquier estrategia militar. Antes de autorizar un bombardeo, la Fuerza Pública está obligada a verificar con certeza que no hay menores de edad reclutados en el grupo armado objetivo”, dijo.Además, cuestionó si en operaciones pasadas se verificaron las edades de las víctimas. “Si existe información previa de inteligencia militar que confirme la presencia de menores en el campamento, las Fuerzas Armadas, en virtud de los derechos prevalentes de estos niños y del principio pro infans, deben actuar sin emplear armamento letal, utilizando otros métodos de control militar. No se debe proceder a un bombardeo indiscriminado”.Por su parte, Gerson Arias, investigador de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, afirma que el reclutamiento de menores es uno de los grandes vacíos de la política de paz total del Gobierno Petro.“Lastimosamente, en ningún proceso de la paz total, excepto el reciente con el Ejército Gaitanista de Colombia, el Gobierno ha exigido o puesto como condición la desvinculación de los niños y niñas para seguir avanzando en los procesos. Esto muestra cómo, en particular, este tema sigue siendo uno de los grandes vacíos adicionales que tiene la paz total”.Se espera que en los próximos días Medicina Legal entregue la necropsia completa que determine si murieron menores durante el bombardeo en el Guaviare.
Este sábado, 15 de noviembre, se podría dar apertura a uno de los carriles afectados tras el derrumbe del pasado 7 de septiembre en el kilómetro 18 de la vía al Llano. De acuerdo con fuentes consultadas por Blu Radio, se realizaron trabajos de señalización y remoción para garantizar que la habilitación se haga de la manera más segura, mitigando los riesgos.Sin embargo, la Veeduría Vial del Meta advirtió que la reapertura del carril se haría bajo un alto nivel de riesgo, pues la masa inestable no ha sido completamente estabilizada y, ante fuertes lluvias, podría volver a desplazarse e invadir nuevamente la vía.“Se estima que, de continuar el buen clima que ha acompañado esta labor, el 15 de noviembre es posible dar al servicio, el carril prometido, con la expectativa que puedan ser dos carriles, dada el área intervenida. Sin embargo, debemos hacer claridad que es una apertura con alto riesgo, en virtud a la no estabilización de la masa inestable”, alertó Orlando Barbosa, presidente de la Veeduría Ciudadana del Meta.Cabe resaltar que el gremio realizó una visita técnica al kilómetro 18 de la vía Bogotá–Villavicencio, junto a ingenieros de la Gobernación del Meta adscritos a la AIM, el pasado 6 de octubre, con el propósito de verificar los trabajos ejecutados por Invías y Coviandina para restablecer la movilidad en este punto afectado por la caída de material desde una ladera.Según el reporte de la veeduría, el contratista de Invías logró despejar parcialmente dos de los cuatro carriles, aunque el material removido fue depositado sobre los otros dos debido a la falta de un lote para su disposición definitiva. Por su parte, Coviandina, ha trabajado en la rehabilitación del sistema de captación y manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, mediante la recuperación de canales con geomembrana, instalación de drenes y mantenimiento de pozos de abatimiento, labores indispensables para reducir la influencia del agua en la inestabilidad del corredor. No obstante, aún quedan pendientes varios tramos de canalización debido a que los propietarios de algunos predios no han permitido el ingreso a sus terrenos.El organismo ciudadano insistió en la necesidad de definir con urgencia un sistema de estabilización y contención basado en un diseño geotécnico detallado, del cual aún no se conocen los lineamientos propuestos por el concesionario y, asignar los recursos necesarios para ejecutar estas obras durante la temporada seca que se aproxima.Así mismo, recordaron que el mantenimiento solicitado para las vías alternas en Ubaque y Une no se ha ejecutado, pese al deterioro que sufrieron por el aumento del tráfico trasladado a estas rutas, afectando directamente a las comunidades de la zona.Blu Radio pudo establecer que, el sábado 15 de noviembre, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunciará con el fin de comunicar una decisión y los trabajos que se han realizado en el corredor.
En conversación con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, entregó detalles sobre el atentado contra el senador Temístocles Ortega, ocurrido en la vía Panamericana entre Cali y Popayán. Rodríguez reconoció que la seguridad en esa región es especialmente compleja y que, según la información preliminar, el hecho podría estar relacionado con un intento de robo.“Estamos ante una reacción violenta de grupos armados en varias regiones del país, como Arauca, donde la presión de la fuerza pública ha generado caos y miedo en la población”, reconoció.El jefe de esta entidad señaló que el contexto electoral ha aumentado de manera sustancial el número de personas que requieren protección: precandidatos presidenciales, aspirantes al Congreso, líderes sociales y dirigentes regionales.Sin embargo, la UNP enfrenta un déficit crítico de vehículos blindados. Dos procesos recientes para contratar arrendadores de estos automotores quedaron desiertos, lo que limita la capacidad de respuesta.“Hay parlamentarios que, aunque están en riesgo, tienen mejores condiciones que líderes sociales o precandidatos que no cuentan con esquemas. Y ante la escasez de vehículos, debemos apelar a la solidaridad y priorizar con los recursos que tenemos”, afirmó.Como alternativa, la UNP está reforzando esquemas ligeros (escoltas sin blindado) y entregando apoyos económicos para que algunos protegidos gestionen su propio transporte, siempre que el nivel de riesgo lo permita.Rodríguez advirtió que el reciente caso del senador Temistocles Ortega es grave y se encuentra bajo investigación. Una de las hipótesis preliminares es que pudo tratarse de un intento de robo, debido a que el área del Cauca donde ocurrió el ataque es actualmente una de las zonas con mayor número de robos de vehículos en el país.El director explicó que el senador tuvo complicaciones con su vuelo hacia Popayán y debió desplazarse por carretera desde Cali en horas de la madrugada, “un momento poco aconsejable para transitar por esa vía”, dijo. Mencionó tres factores principales: alta incidencia de hurto de vehículos blindados en esa zona del Cauca; el horario del desplazamiento, que incrementa el riesgo de asaltos en carretera y el tipo de armamento empleado.“No hubo armas largas. Los impactos observados en el vehículo corresponden más a armas cortas, no a fusiles que suelen dejar los vidrios totalmente pulverizados”. Cabe mencionar que la conclusión definitiva dependerá de la Fiscalía y las autoridades competentes.
Con esta decisión, el actual Instituto de Estudios de la Procuraduría se transforma en una universidad que ofrecerá programas de formación para servidores públicos en pregrado y posgrado. Cabe mencionar que este proyecto avanzó con inusual rapidez en el Congreso: fue radicado el 5 de agosto y en poco más de dos meses completó los cuatro debates necesarios. Aunque en las últimas sesiones algunos congresistas se retiraron del recinto para impedir el cuórum, la iniciativa logró ser aprobada.En su etapa inicial, la universidad tendrá un presupuesto cercano a los $50.000 millones. Se financiará con recursos del presupuesto general de la nación (estimados en unos $20.000 millones anuales) y con el 2,5% de los ingresos de la Procuraduría, que suman alrededor de $30.000 millones más.Durante la discusión legislativa surgieron dudas sobre su viabilidad de esta iniciativa, recordando experiencias anteriores como la Universidad de la Fiscalía, que no logró operar. También se señaló que la nueva institución deberá garantizar autonomía universitaria, pese a su dependencia inicial de un órgano de control.
Cuando adelantaban una brigada de salud en el sector conocido como La Amistad del barrio Oro Negro en el oriente de Neiva, 20 funcionarios de una misión médica que pertenecen a una IPS privada, entre enfermeras y personal auxiliar, fueron atracados por tres delincuentes; dos de ellos portaban armas de fuego.Según información de las autoridades, los asaltantes les hurtaron a las víctimas teléfonos celulares, documentos personales y dinero en efectivo. Uno de los funcionarios resultó lesionado con un golpe en la cabeza al oponer resistencia al atraco.“Fuimos informados de un hecho de hurto en el sector de La Amistad; de inmediato se envió una patrulla. En el sitio, las personas afectadas por el hurto manifestaron que se encontraban realizando una brigada de salud cuando fueron abordadas por dos sujetos y las intimidaron con armas de fuego despojándolas de sus pertenencias, celulares y dinero en efectivo; uno de los funcionarios resultó herido en la cabeza”, dijo el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Por su parte, la secretaria de salud municipal, la médica Lilibeth Galván, dijo que, de acuerdo con el relato de las víctimas del atraco, los delincuentes al parecer habrían manoseado a varias de las auxiliares de enfermería mientras las despojaban de sus pertenencias.Este grave hecho de inseguridad ya fue reportado ante las secretarías de salud municipal y departamental, mientras que la Policía adelanta operativos por varios sectores de la ciudad para dar con la ubicación de los delincuentes y los elementos hurtados.
El aumento del salario mínimo a dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, ha despertado preocupación en gran parte de la población colombiana frente al incremento en los valores de la canasta familiar, el arriendo e incluso los servicios públicos. En ese escenario, el costo de la factura de la luz es uno de los que más presión genera sobre el presupuesto mensual.Por ello, el Gobierno nacional aplicó un recargo temporal en la tarifa eléctrica que dejó un mensaje claro: no todos los usuarios deberán asumir este cobro adicional.La medida, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, busca atender una delicada situación financiera de la empresa Air-e, que actualmente se encuentra bajo intervención del Estado, sin trasladar el impacto a los sectores más vulnerables. Ante este panorama, hay un grupo de personas que podrá estar más tranquilo.Facturas de la luz serán más costosas para algunosEl Gobierno reveló que el ajuste corresponde a un cobro aproximado de ocho pesos por cada kilovatio hora consumido. Este recargo tiene carácter transitorio y responde a la necesidad de generar recursos para cubrir obligaciones acumuladas de Air-e, cuya situación financiera representa un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.De no adoptarse medidas urgentes, el problema podría escalar y afectar la continuidad y confiabilidad del servicio en varias regiones del país. El objetivo, insistieron desde el Gobierno, no es encarecer el servicio de forma permanente, sino evitar un escenario más grave que termine impactando a todos los usuarios.Estratos 1 y 2 quedan exentos del nuevo cobro en el servicio de la luzUno de los puntos más relevantes del anuncio es que el recargo no será generalizado. Según lo definido, únicamente los estratos 3, 4, 5 y 6 deberán asumir este cobro adicional en sus facturas.Por su parte, los hogares pertenecientes a los estratos 1 y 2 quedarán exentos. La decisión busca proteger el bolsillo de las familias con menores ingresos y evitar que una medida coyuntural se traduzca en una carga económica difícil de asumir. La exclusión se sustenta en la normativa vigente y en los esquemas diferenciales establecidos para garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos.Gobierno busca proteger el sistema eléctrico nacionalLa Superintendencia respaldó la resolución que prepara el Ministerio de Minas y Energía para solicitar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas un instrumento que refuerce la confiabilidad del sistema.Desde el Gobierno recalcaron que la prioridad es evitar un colapso que termine afectando a millones de colombianos y, al mismo tiempo, garantizar que las decisiones adoptadas mantengan un equilibrio entre sostenibilidad financiera y justicia social.
El partido Comunes respondió a la denuncia de violencia de género por parte de un dirigente de esa colectividad y excontratista de la Unidad Nacional de Protección, quien es señalado de un grave caso de acoso sexual en contra de una de sus ahora excompañeras de trabajo.La víctima denunció ser tocada en varias ocasiones sin su consentimiento, hasta sobrepasarse manoseando su zona íntima, reveló la revista Semana.La organización política rechazó los hechos de violencia basada en género atribuidos al militante Nicolás Sarmiento, quien se desempeñaba en la Subdirección Especializada de Protección de la UNP.Ante esta situación, el partido informó que activó de forma inmediata la ruta interna de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, en concordancia con la normatividad vigente.Nicolás Sarmiento, reconocido líder del partido Comunes, es cercano al representante a la Cámara por Bogotá de la colectividad de excombatientes, Sergio Marín, resalta Semana. Además, ha liderado diferentes reuniones con la comunidad en barrios de la ciudad.Aseguran que su prioridad es la protección integral de la víctima, garantizando la confidencialidad del caso y el acompañamiento necesario para la activación de las rutas institucionales correspondientes, cuando así se requiera.También dicen estar en línea con que ninguna conducta que vulnere los derechos de las personas es justificable ni tolerable, sin importar quién la cometa o su trayectoria política, y subrayó que a los responsables se les deben atribuir las sanciones y responsabilidades que correspondan.El partido también dice tener compromiso de fortalecer los mecanismos de prevención, formación política, cuidado colectivo y sanción, como parte de una política interna orientada a erradicar la violencia basada en género.
Ilesa resultó la subsecretaría de Minas de la Gobernación de Nariño, luego de que desconocidos dispararon contra la camioneta en la que viajaba la funcionaria, minutos después de realizar, junto con el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar, en el municipio de La Llanada, el lanzamiento del programa de la creación de la promotora minera, que busca organizar la minería en todos los 64 municipios del departamento.Las autoridades investigan si este atentado iba dirigido contra el mandatario seccional, ya que la camioneta impactada es similar a la que utiliza el gobernador Escobar para realizar sus desplazamientos por los municipios del departamento.Voceros de la Gobernación, que pidieron el anonimato, dijeron a Blu Radio que el hecho ocurrió pasadas las 4 de la tarde de este sábado 17 de enero, minutos después de que la caravana de al menos 15 automotores salía del municipio de La Llanada y se dirigía de regreso a Pasto, luego de una larga jornada de trabajo con mineros de la región.Los vehículos en los que viajaba el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, habían tomado una ruta alterna por decisión del equipo de seguridad del mandatario y no se descarta que los atacantes hayan confundido la camioneta, dijo un funcionario de la administración seccional.Fueron minutos de pánico los que se vivieron una vez el automotor en el que viajaba la subsecretaria de Minas fue impactado en uno de los vidrios, sin que en el hecho la funcionaria haya resultado herida.Nadie sabía de dónde estaban disparando, los conductores agilizaron el paso y se desconocen los autores de este atentado, aseguró el funcionario.Otro de los testigos dijo que minutos antes del ataque el gobernador, junto a varios funcionarios y secretarios de su despacho, habían visitado las minas de explotación aurífera del municipio de La Llanada y aseguró que no se descarta que se trate de delincuencia común y organizada quienes hayan cometido el atentado, que por fortuna no dejó heridos ni víctimas humanas que lamentar.Alex González, secretario de Paz y Seguridad Ciudadana, manifestó su preocupación por estos hechos y dijo que se está investigando, ya que a comienzos de año la Fiscalía General de la Nación alertó al mandatario seccional sobre un plan para atentar contra la integridad del gobernador de Nariño, luego de que recibiera esa información mediante fuente humana.El mandatario de los nariñenses hasta el momento no se ha pronunciado sobre estos hechos.Funcionarios de la Gobernación exigieron a la Unidad de Protección fortalecer el esquema de seguridad del jefe de la administración seccional, por considerar que las amenazas podrían estar relacionadas, al parecer, con delincuencia común y organizada que estaría detrás del negocio de la explotación del oro en este departamento frontera.
Al menos 30 personas murieron tras intensos enfrentamientos entre disidencias de las Farc en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare. La situación de orden público llevó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad en la tarde de este sábado 17 de enero de 2026, mientras continúan las acciones para establecer con precisión lo ocurrido en esta región del sur del país.De acuerdo con información preliminar del Ejército Nacional, las víctimas serían presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa del Bloque Amazonas. Los choques armados se habrían dado en medio de la disputa por el control territorial entre las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la zona, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y capacidades de inteligencia militar, luego de enfrentamientos que se registran desde la noche del viernes.Frente a estos hechos, la Iglesia Católica expresó su preocupación por la gravedad de la violencia en Guaviare y por la pérdida de vidas, en su mayoría jóvenes, en medio de una confrontación que no cesa. Desde el Episcopado se reiteró el llamado a detener la guerra, a respetar el derecho internacional humanitario y a evitar que continúe el sufrimiento de las comunidades afectadas por el control criminal de estos grupos armados."Estamos consternados ante los hechos que se están desarrollando en el Guaviare y en particular queremos llamar nuevamente la atención sobre la urgencia de parar la guerra, que no haya más enfrentamientos, más ruido de armas, ya ha habido bastante sufrimiento en esta parte del país", señaló monseñor Héctor Fabio Henao en Noticias Caracol.
En este acto los subtenientes fallecidos fueron ascendidos de manera póstuma al grado de tenientes gracias a la Ley 2483 de 2025, en donde también se les reconocieron los derechos prestacionales y pensionales a sus familias, esto como un acto de reparación simbólica y material.La conmemoración inició con una eucaristía en la que participaron el viceministro de Defensa; Javier Andrés Vaquero Maldonado, el director de la Policía Nacional; general William Rincón Zambrano, la secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa; Alexandra González, también oficiales y suboficiales, así como las familias de las víctimas.Posteriormente, en el campo de Paradas de la Escuela se llevó a cabo la ceremonia de ascenso póstumo. Las familias recibieron una medalla y una placa conmemorativa en la que resalta el sacrificio y servicio a la patria de los jóvenes cadetes. En la placa decía: El viceministro Baquero agradeció también la labor diaria de los uniformados de la Policía Nacional y se dirigió a los familiares de los nuevos tenientes: "Siéntanse orgullosos de estos héroes de la patria, no solo sus nombres quedan marcados en nuestros corazones, sino en la historia de un país”.Por su parte, el director de la Policía Nacional hizo un llamado contundente a rechazar la violencia hacia la fuerza pública y aseguró que seguirán trabajando por la seguridad y convivencia de los colombianos.También se pronunció Alexandra González, secretaria del gabinete del Ministerio de Defensa refiriéndose al homenaje y a la Ley 2483 de 2025 “no es una formalidad, es un acto de justicia simbólica y material, y ha sido un logro de ustedes como familiares. Hace unos años nos reunimos aquí, asumimos unos compromisos y hoy honramos la palabra”.Por último, se realizó una ofrenda floral con la cual se conmemoró el Día del Estudiante Policial y a quienes hoy, ascendieron a tenientes de la Policía Nacional.