La Presidencia de la República defendió, a través de un comunicado, el contrato por más de $10.000 millones para la defensa del presidente Gustavo Petro en EE. UU., tras su inclusión en la lista OFAC.En el documento aseguran que “la modalidad de contratación está autorizada por el ordenamiento jurídico y justificada en los estudios previos. Además, corresponde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia” en estos casos.Según el Dapre, este tipo de contrataciones representan una acción para la protección de los intereses estratégicos del Estado en el escenario internacional. Agregan que el contrato no busca la defensa personal del presidente ni de funcionarios en particular, sino “el fortalecimiento de la capacidad institucional del país para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de forma grave y transversal al sistema financiero y a las relaciones exteriores de Colombia”.Cabe mencionar que, en octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, en medio de uno de los tantos capítulos de tensión entre el mandatario y el gobierno Trump.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que va a presentar un proyecto de ley para que se prohíba la entrada a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a padres que no han cumplido con la cuota alimentaria de sus hijos.“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos. No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, dijo Pedraza.En el mismo sentido, la representante a la Cámara señaló que en Colombia se interponen al año más de 130.000 denuncias por alimentos contra padres o madres que no responden por las obligaciones con sus hijos y sus hijas, señaló Pedraza.“El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”, dijo la representante a la Cámara.
El Centro Democrático está denunciando que algunos líderes políticos del partido están siendo amenazados por parte de grupos armados. Desde el uribismo hicieron mención a un caso en específico, que es el de La Guajira.“Desde La Guajira recibimos denuncias alarmantes: grupos armados ilegales están amenazando de muerte a ediles del partido. Algunos de ellos ya se han visto obligados a abandonar sus regiones ante el riesgo inminente contra sus vidas”, señala el partido.En el mismo sentido, desde el Centro Democrático rechazaron estos hechos y agregaron que el Gobierno ha sido indiferente frente a la protección de la oposición en distintas zonas del país.“Hoy, las estructuras armadas imponen su ley en cerca de 800 municipios, deciden quién puede participar en política, intimidan, desplazan y promueven candidatos, incluso cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Esto no es la ‘paz total’ que prometieron: es la entrega del territorio al crimen organizado”, dice el comunicado del Centro Democrático.
Pese a que varios gobernadores manifestaron su inconformidad tras la reunión con el ministro de Hacienda por el decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el balance del encuentro fue positivo y que se logró un acuerdo con los mandatarios regionales.Según Benedetti, el consenso se dio especialmente alrededor de los cambios en los impuestos a licores y tabaco, frente a los cuales existía preocupación por un eventual impacto negativo en el recaudo de las regiones. En ese sentido, el ministro afirmó que, si estas medidas afectan los ingresos departamentales, el Gobierno nacional asumirá ese impacto.El jefe de la cartera política reconoció que hubo tensiones durante la discusión, pero sostuvo que todos los gobernadores aceptaron la aplicación del decreto de emergencia económica.Entre quienes lideraron los reparos al contenido de la norma estuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien apeló a la figura de excepción de inconstitucionalidad para anunciar que no aplicaría las medidas del decreto de emergencia económica en su región, porque esto traería grandes consecuencias económicas.
Luego de la muerte del cantante de música popular de 34 años, Yeison Orlando Jiménez, y de varios integrantes de su equipo de trabajo, identificados como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, continúan conociéndose detalles del siniestro aéreo.El pasado sábado 10 de enero, el país quedó conmocionado por el accidente que cobró la vida de los seis ocupantes de la aeronave, ocurrido en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá.Aunque han surgido múltiples hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido aquella tarde, el Ministerio de Transporte informó que se adelantan al menos tres líneas de investigación para determinar las causas del accidente. La primera corresponde al componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas.La segunda línea de investigación se centra en el componente técnico, relacionado con el mantenimiento y el estado general de la aeronave. Finalmente, se analizan los factores humanos, que incluyen el entrenamiento, la experiencia, la licencia y las condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes.Frente a las múltiples especulaciones, en el programa La Red de Caracol Televisión, Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá (Aeroboyacá), señaló que “partamos del principio de que los aviones Piper o este tipo de aeronaves no son viejos. Ese calificativo no corresponde a la realidad, porque el fabricante mantiene su vigencia a través de boletines y mejoras constantes”.Sobre el video en el que se percibe una alerta en la aeronave de Jiménez antes de despegar, explicó que se trata de una situación normal, ya que el avión se encontraba a la espera y no tenía los motores a máxima potencia. “Cuando el motor está en mínima potencia no está succionando aire ni combustible; al aplicar potencia, los sensores comienzan a activarse y esas alertas desaparecen”, indicó.Además, explicó que una aeronave se comporta de manera similar al cuerpo humano, ya que no responde igual en todas las condiciones. “Los operadores suelen volar con el combustible exacto y no con los tanques llenos, por temas de peso. Incluso, aunque el avión tenga capacidad para ocho personas, se restringen sillas para mantener un equilibrio operativo seguro”, señaló.Navia también afirmó que una aeronave debe tener la capacidad de volar con un solo motor y que el Piper cumple con esta condición, aunque aclaró que se trata de un avión con altas restricciones operativas. “Puede hacerlo, pero llegar al procedimiento o actuar a tiempo exige una reacción muy precisa”, explicó.Sin embargo, el piloto fue enfático en que no es posible juzgar las actuaciones del capitán de la aeronave, pues cada decisión depende de las condiciones específicas del momento y del análisis que realiza el piloto en tiempo real.
La disminución en el precio de la gasolina en Colombia generó preocupación en el sector transportador de carga, que advierte un posible efecto contrario sobre el precio del diésel. Desde Fedetranscarga señalan que el Gobierno había mantenido estable el valor del ACPM porque los altos precios de la gasolina estaban compensando el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Por lo que, alertan que, si la gasolina continúa bajando, el Gobierno podría optar por incrementar el precio del diésel para cubrir ese desbalance.El gremio advirtió que un aumento del diésel tendría consecuencias graves no solo para el transporte de carga y de pasajeros intermunicipales, sino también para la industria agrícola, el sector productivo en general y para los municipios que no cuentan con interconexión eléctrica, los cuales dependen de plantas diésel para su funcionamiento. Recordaron que la maquinaria pesada, los camiones y gran parte del transporte nacional operan con este combustible.Actualmente, el precio promedio del combustible en Estados Unidos se ubica en 2,83 dólares por galón, lo que al cambio representaría cerca de 10.500 pesos colombianos, por debajo de los más de 16.000 pesos que se pagan en Colombia.Según la federación, esto implica que en el país el combustible es cerca de un 60 % más costoso que en Estados Unidos, pese a que el salario mínimo en ese país supera los seis millones de pesos, mientras que en Colombia ronda los dos millones. Fedetranscarga recordó además que cuando inició el actual Gobierno, el precio de la gasolina estaba alrededor de 10.160 pesos, y que hoy supera los 16.400 pesos, lo que representa un incremento cercano al 62 %, un dato que, aseguran, no puede pasarse por alto ahora que se anuncia una reducciónFedetranscarga también puso sobre la mesa el peso que tiene el combustible en los costos del sector. Según cálculos del Dane realizados en 2015, el diésel representaba el 41,6 % del costo total de operación de un vehículo de carga. Sin embargo, el gremio señaló que estos indicadores no se han actualizado en más de 10 años y que, con los incrementos recientes y la política de fijar precios con referencia internacional, ese porcentaje podría estar hoy por encima del 45 % del costo total de operación de un camión en cualquier ruta del país.Ante este panorama, el gremio reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se instalen las mesas técnicas prometidas desde septiembre de 2024, tras el paro transportador, con el fin de definir una fórmula de precios acorde con la realidad del país como productor y refinador de combustibles. Señalan que esta promesa sigue sin cumplirse y que es necesario ser transparentes con los costos reales de extracción, refinación y comercialización del ACPM y la gasolina.“Colombia necesita una claridad total sobre las condiciones bajo las cuales se fijan los precios de combustibles en el país. Las decisiones de los precios de los combustibles gasolina y ACPM no pueden continuar siendo decisiones estrictamente políticas. Esas decisiones tienen que acomodarse a la técnica y a estudios muy serios de productividad y obviamente la industria petrolera” señaló Pedro Cuervo, presidente de Fedetranscarga.La organización pidió mayor inversión en las refinerías nacionales para reducir la dependencia de importaciones y de los precios internacionales. Para el gremio, el país necesita reglas claras y coherentes que garanticen combustibles a precios justos, teniendo en cuenta que el transporte y la economía colombiana se mueven, en gran medida, sobre ruedas y con diésel.
Los contadores son una herramienta clave con la que las compañías logran medir el consumo real de un hogar en cuanto a agua, luz y gas. De haber un imprevisto con estos aparatos el costo del arreglo o reemplazo debe ser asumido por la empresa o por el cliente, dependiendo del daño.El precio de un medidor puede variar; se estima que la inversión puede ir de $90.000 para modelos básicos hechos de un tipo de plástico duradero, hasta más de $370.000 por aparatos certificados y ultrasonicos, es decir, de una tecnología más avanzada.Por lo general, estos contadores están fuera de la vivienda y bajo una tapa de metal o de cobre lo que aumenta el riesgo de que algo les pueda ocurrir. En un sector de Medellín, un sujeto fue captado perpetrando el robo de estos elementos.Momento exacto en que hombre roba medidores de agua en MedellínEn redes sociales fue denunciado el hecho que tiene consternados a los habitantes de Aranjuez, la comuna cuatro de Medellín. Está localizada en la zona nororiental de la ciudad, cuenta con un aproximado de 135.160 habitantes y una extensión de 487.72 hectáreas que corresponden al 30.9 % de la zona nororiental.Allí, un hombre, que parece ser habitante de calle, se las arregla para hurtar los contadores de agua que están debajo de las tapas de Empresas Públicas de Medellín (EPM).En el video de cámaras de seguridad, publicado por la cuenta de Denuncias Antioquia en X, deja ver cómo el sujeto, en horas de la noche, está en el suelo y procede a acercarse a la tapa. Posteriormente, comienza a forcejear para abrirla.Luego de que lo consigue, saca el contador de su interior, lo mete en lo que parece ser una bolsa negra y se va sin mayor problema.El modus operandiDe acuerdo a la denuncia, el hombre actúa en horas de la noche y de la madrugada, cuando las calles están solas en el sector de Aranjuez, detrás del Colegio Gilberto Alzate Avendaño.“Esto sucedió a las 4:00 a. m. y viene afectando gravemente a la comunidad. El sujeto alcanzó a robar dos contadores de agua en la cuadra”, indica la denuncia.
Luego de la muerte del cantante de música popular de 34 años, Yeison Jiménez, uno de los principales interrogantes entre sus seguidores estaba relacionado con el concierto que tenía programado para el próximo 28 de marzo de 2026.Según confirmaron a través de las redes sociales oficiales del artista y de la empresa organizadora Sírvalo Pues, el evento no fue cancelado, sino reprogramado para el sábado 31 de enero en el estadio Nemesio Camacho El Campín."EL SUEÑO DEL AVENTURERO SIGUE VIVO. Y vamos a cumplirlo juntos. Este será un momento para marcar la historia de la música en Colombia y honrar el legado de Yeison Jiménez", señalaron en la publicación, en la que además indicaron que el concierto será un homenaje y tributo al artista, quien había expresado en varias ocasiones su sueño de realizar su segundo Campín.En el comunicado también precisaron que: "Tal como Yeison lo tenía planeado, el evento contará con artistas invitados de primer nivel ya confirmados, y el show central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial que ya había sido adelantada por su equipo de trabajo, pensada como un homenaje a su legado artístico y a su público".Por su parte, Sírvalo Pues explicó que las personas que ya habían adquirido sus entradas mantendrán la misma ubicación para la nueva fecha. En cuanto al reembolso, informaron que "las personas que adquirieron su boletería y que no puedan asistir o no deseen participar del evento en esta nueva fecha, podrán solicitar a Tuboleta la devolución del dinero pagado por sus boletas hasta el 30 de enero de 2026, de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos por el operador de boletería". Asimismo, advirtieron que, si no se solicita la devolución dentro del plazo establecido, no será posible hacerlo posteriormente. Además, señalaron que aún quedan entradas disponibles, las cuales pueden adquirirse a través de TuBoleta.com, con precios desde los 250.000 pesos colombianos.Cabe recordar que Yeison Jiménez fue el primer artista de música popular en llenar el estadio El Campín, el 26 de julio de 2026, cuando más de 45 mil personas asistieron de manera presencial y otras 20 mil siguieron el concierto en vivo a través de YouTube, marcando un hito en el género.
Con un respaldo mayoritario de los votantes, Campo Elías Ramírez Padilla se proclamó nuevamente ganador de las elecciones atípicas de la Alcaldía de Girón, obteniendo 21.366 votos, equivalentes al 58,31 % del total de sufragios. La jornada electoral se llevó a cabo tras la nulidad de su elección anterior por doble militancia y marca su regreso al primer cargo del municipio.La participación en la votación fue baja: de más de 131.355 ciudadanos habilitados para votar, solo 37.071 acudieron a las urnas, lo que representa aproximadamente un 28,22 % del censo electoral.Campo Elías Ramírez, de 35 años, es odontólogo, especialista en Dirección para la Gestión Pública y actualmente cursa una maestría en Gerencia de Proyectos. Su experiencia laboral incluye cargos en la Fuerza Aérea Colombiana, empresas de los sectores social y ambiental como Ecoreciclaje, y funciones en las alcaldías de Girón, Betulia y Bucaramanga, especialmente en áreas de gestión pública y programas sociales.La nulidad de su mandato anterior fue decretada por el Consejo de Estado, tras establecer que incurrió en doble militancia durante las elecciones regionales de 2023. Esta decisión motivó la realización de elecciones atípicas para definir al nuevo alcalde hasta 2027.Campo Elías competía con otros aspirantes como Óscar Enrique Álvarez (Nuevo Liberalismo), Fernando Serrano Reina (ASI) y William Mantilla (Partido Conservador), entre otros.Ramírez es hermano de Jhon Abiud Ramírez, exalcalde de Girón, quien ha estado vinculado a investigaciones por presuntas irregularidades en contratos municipales y procesos administrativos, incluyendo la aprobación del estatuto tributario y la sobretasa bomberil, así como casos relacionados con la UNGRD.Tras los resultados, Campo Elías Ramírez asumirá formalmente la Alcaldía de Girón y comenzará la transición administrativa. Los ciudadanos esperan conocer su programa de gobierno y propuestas concretas, con énfasis en movilidad, seguridad, educación y proyectos sociales, mientras se consolida su regreso al poder municipal.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda que busca la nulidad del nombramiento de Laura Camila Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido, al considerar que el acto administrativo con el que fue designada habría desconocido los requisitos mínimos exigidos para ocupar un cargo diplomático dentro del servicio exterior colombiano.De acuerdo con la acción judicial, el nombramiento vulneraría las normas que regulan el acceso a cargos diplomáticos, al no acreditarse plenamente las condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia que se exigen para representar al país ante un Estado extranjero. El demandante sostiene que la designación no cumple con los parámetros previstos en la normatividad que rige la carrera diplomática y consular.Entre los principales argumentos expuestos en la demanda se advierte que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”. Según el escrito, la ausencia de una certificación formal que acredite el manejo del inglés podría afectar de manera directa el desempeño de las funciones propias del cargo, en un escenario donde la comunicación es esencial para la gestión de las relaciones bilaterales.Asimismo, se señala que la embajadora no certificó un título de posgrado, requisito que, según el demandante, hace parte de los criterios mínimos exigidos para el ejercicio de cargos diplomáticos de alto nivel dentro del servicio exterior colombiano. Esta situación, a juicio del accionante, constituiría una irregularidad en la expedición del acto administrativo que formalizó su nombramiento.Otro de los puntos cuestionados en la demanda tiene que ver con la experiencia requerida para el cargo. Aunque se reconoce que Laura Sarabia ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, el demandante advierte que no cuenta con el conocimiento diplomático específico en materia de relaciones internacionales de Colombia que, según su criterio, se exige para ejercer la representación del país ante una misión diplomática de esta relevancia.Pese a estos cuestionamientos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a la solicitud de medida cautelar presentada en la demanda, con la cual se pretendía suspender de manera provisional a Sarabia de su cargo como embajadora mientras se resolvía de fondo el proceso. En consecuencia, la funcionaria continuará en ejercicio de sus funciones mientras avanza el estudio del caso.En el marco del trámite judicial, el Tribunal ya notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República y a la propia embajadora Laura Sarabia, para que rindan sus respectivos conceptos y ejerzan su derecho a la defensa frente a los argumentos planteados en la demanda.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
Avianca lanzó una fuerte advertencia frente al preocupante incremento de comportamientos inadecuados, agresivos y disruptivos por parte de pasajeros contra el personal aeronáutico en Colombia. La aerolínea alertó que estos hechos no solo vulneran los derechos de sus empleados, sino que también ponen en riesgo la seguridad operacional, por lo que solicitó al Congreso de la República avanzar con urgencia en el Proyecto de Ley 153 de 2025.Según cifras reveladas por la compañía, durante 2025 se han registrado 572 incidentes protagonizados por pasajeros disruptivos, lo que representa un aumento del 27,1 % frente a los 450 casos reportados en 2024. El incremento ha encendido las alertas dentro del sector aéreo, que advierte una tendencia creciente de irrespeto y violencia en aeropuertos y vuelos.En medio de esta ola de denuncias, Avianca recordó uno de los episodios más graves ocurridos el pasado 13 de enero en el aeropuerto de Cali, cuando una pasajera agredió físicamente a empleados de la aerolínea durante un procedimiento operativo en tierra. Ante la situación, la empresa activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad: brindó primeros auxilios a la trabajadora afectada, canceló el contrato de transporte de la pasajera y dio inicio a un proceso judicial en su contra.Para la aerolínea, este y otros casos evidencian la necesidad de endurecer las sanciones legales contra quienes incurren en malas conductas, amenazan la integridad del personal o comprometen la seguridad de los vuelos. Por ello, reiteró su llamado al Congreso para respaldar el Proyecto de Ley 153 de 2025, iniciativa que busca fortalecer el marco legal y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia en la aviación civil.Avianca fue enfática en rechazar este tipo de actos y aseguró que continuará aplicando todas las medidas legales disponibles contra los pasajeros que incumplan las normas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la protección de sus empleados y la seguridad de los viajeros.
En pleno año electoral, Blu Radio conoció en primicia un concepto de 29 páginas que envió la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en el que fija su postura frente a la demanda que busca declarar inexequible la Ley de Encuestas.Fue en septiembre del año pasado cuando la Corte Constitucional decidió admitir para su estudio una demanda que pide “tumbar” la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.¿Qué pide la demanda?Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, modificaría su diseño institucional.La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis de impacto fiscal y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.La postura de la Procuraduría ante la Corte ConstitucionalPara el ente de control, ninguno de los cargos prospera. En su análisis, la Procuraduría concluyó que la Ley de Encuestas no regula el núcleo esencial de los derechos fundamentales, sino que establece reglas técnicas y de transparencia orientadas a garantizar la calidad, la rigurosidad metodológica y la responsabilidad en la divulgación de encuestas políticas.“De otro modo, tampoco se observa una afectación del núcleo esencial del derecho a la participación política. La regulación contenida en la Ley 2494 de 2025 no altera las condiciones para elegir o ser elegido, no regula circunscripciones, umbrales, mecanismos de representación, conteo de votos ni procedimientos de escrutinio, ni modifica los elementos estructurales del sistema electoral. Las disposiciones cuestionadas recaen sobre instrumentos estadísticos que anteceden al debate político, sin interferir con la manera en que el voto ciudadano se traduce en representación”, señaló la Procuraduría.En ese sentido, el Ministerio Público sostuvo que la regulación de encuestas no constituye censura ni una prohibición absoluta, sino un desarrollo legítimo del deber constitucional de informar de manera veraz e imparcial, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.La demanda también alega una presunta vulneración al impacto fiscal. Frente a este punto, la Procuraduría explicó que, al tratarse de una ley de iniciativa congresional, no era exigible un estudio técnico detallado, como ocurre con los proyectos del Gobierno. Además, señaló que la norma no ordena de manera directa e imperativa nuevas erogaciones presupuestales, sino que asigna funciones que pueden desarrollarse dentro del marco institucional existente.Por estas razones, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley de Encuestas, lo que en la práctica significa que el ente de control respalda la iniciativa y considera que puede mantenerse vigente.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este lunes a los cinco policías que mantenía secuestrados desde hace aproximadamente dos semanas en la región del Catatumbo. Blu Radio confirmó que los uniformados ya fueron entregados a una comisión humanitaria y se encuentran bajo protección tras el operativo de liberación en zona rural de Norte de Santander.Los policías, identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera, habían sido interceptados por el grupo armado cuando se desplazaban vestidos de civil en un bus de servicio público. El secuestro ocurrió en la vía que comunica a El Zulia con Tibú, específicamente en el sector conocido como El Tablazo, mientras los agentes se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta.Aunque el ELN había manifestado a través de un comunicado su intención de liberar a los miembros de la institución, el proceso se demoró 14 días. La retención de estos uniformados había generado una fuerte tensión en la zona, debido a que se produjo en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento y los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.Tras la entrega formal a los delegados humanitarios, se espera que los cinco policías sean trasladados a un centro asistencial para verificar su estado de salud antes de reencontrarse con sus familias. Las autoridades regionales y la Fuerza Pública aún no han entregado un balance oficial sobre las condiciones en las que fueron recibidos los agentes.Este fue el comunicado con el que la guerrilla del ELN informó que había secuestrado a los policías:
Se confirmó que el Consorcio Aeropuerto del Café SK, integrado por Solarte Construcciones SAS y KMA Constructores, fue el único proponente que presentó oferta en el proceso de adjudicación de las obras de la terminal aérea del municipio de Palestina.Solarte Construcciones es una firma especializada en el diseño y ejecución de grandes proyectos viales, puentes, túneles y aeropuertos. KMA Constructores, por su parte, desarrolla proyectos de infraestructura en todo el país y ha ejecutado varias obras en consorcio con OHL, empresa que adelantó parte de las obras iniciales de Aeropuerto del Café Aerocafé, pero que finalmente no llegó a culminarlas.Este medio conversó con Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, quien entregó detalles del proceso. Señaló que el consorcio presentó una oferta por 634.000 millones de pesos, unos 5.000 millones por debajo del valor estimado en la licitación.Le puede interesar: Petro lanza en Manizales la licitación para el Aerocafé: un aeropuerto que no será internacionalSegún Merchán, lo que sigue es la verificación y calificación técnica por parte del equipo evaluador. El 21 de noviembre se publicará el informe previo que determinará si el consorcio cumple los requisitos. Si todo avanza sin contratiempos, la adjudicación se realizaría el 21 de diciembre.¿Qué se construirá con los 634.000 millones?El gerente explicó que el contrato contempla varios hitos:-Remoción y disposición de cerca de 5 millones de metros cúbicos de tierra.-Construcción de una pista de 1.500 metros lineales.-Parqueaderos del aeropuerto.-Subestación de incendios.-Obras complementarias del lado tierra.“En general, lo que estamos por contratar es el lado aire del aeropuerto, es decir, la pista de aterrizaje”, precisó.Esta fase 1 no incluye la terminal aérea ni la torre de control física. Sin embargo, Merchán confirmó que Aerocafé podría operar bajo un esquema innovador: una torre de control remota desde Suecia y una terminal modular.“La torre de control ha sido ampliamente discutida con la Aeronáutica Civil. El Gobierno de Colombia suscribió el año pasado un convenio con el Reino de Suecia para implementar un programa de control de tráfico aéreo remoto. Esto significa que no sería necesaria una torre física. Ahorraríamos cerca de 21.000 millones de pesos y Aerocafé sería pionero en una torre digital operada desde Suecia”, explicó.Actualmente, en Colombia avanza un piloto de torre remota con el aeropuerto de Bahía Solano.Operación inicial sin terminal aérea y sin torre físicaLa pista de 1.500 metros, que permitiría únicamente vuelos nacionales en aeronaves pequeñas, estaría lista en 2029. Con estas obras, afirmó Merchán, el aeropuerto podría iniciar operaciones, incluso sin terminal aérea tradicional y sin torre de control física.Fase 2: pendiente de recursosEl Patrimonio Autónomo ya está en la búsqueda de financiación para la fase 2, que contempla:Construcción de la terminal aérea.Ampliación de la pista a 2.600 metros, para permitir operaciones internacionales.No obstante, los recursos para esta etapa aún no están garantizados, y el Gobierno nacional no puede comprometerlos por ahora debido a limitaciones presupuestales.
En la vida marinera existen objetos que, aunque pequeños, condensan siglos de tradición. En el ARC Gloria, pocos tienen tanta carga simbólica como la rabiza, ese cordón tejido que cuelga del uniforme de los tripulantes y sostiene el pito marinero, herramienta esencial para transmitir órdenes en cubierta.Pero la rabiza es mucho más que un soporte: es un sello personal, un amuleto y una marca de identidad que acompaña al marino durante toda su carrera.El guardiamarina Jorge Enrique Forero lo explica con orgullo. Para él y para todos a bordo, la rabiza es una tradición que “identifica al personal de guardia”, pero también un pedazo de historia que cada marinero decide escribir con sus manos. Cada quien la construye desde cero, elige los nudos, los colores, los adornos y, sobre todo, el significado que quiere que lo acompañe en cada puerto y cada guardia.En su caso, la inspiración vino de casa: la camisa blanca y dorada de la Selección Colombia del centenario. Sobre esa base decidió tejer su rabiza con un estilo propio, combinando nudos de arroz, turcos, cola de rata, nudos espina de pescado y macramé, todos aprendidos durante el Crucero de Cadetes 2025. Cada uno tiene una razón de ser: los colores verde y rojo para recordar estribor y babor, el dorado como hilo conductor, y los turcos, nudo emblemático de la tradición marinera, hechos aparte y luego integrados con paciencia milimétrica, todo esto lo llevó a ser el ganador del concurso de rabizas 2025.Pero hay un elemento que va más allá de la estética: el corazón de la rabiza. Forero lo lleva al centro, como una cápsula de memoria. Allí incrustó la moneda que representa a los contingentes navales 171 y 172, los alumnos que hoy navegan en el Gloria. No es solo un símbolo: es la prueba viva de una etapa irrepetible.“La experiencia de embarcarse en el Gloria es única. Yo quería que eso quedara plasmado, algo que conservaré toda la vida”, afirma. Y lo dice convencido de que, cuando algún día llegue a ser capitán de navío o almirante, seguirá guardando esa misma rabiza como un recordatorio de sus primeros pasos en la mar.La estructura del cordón es una obra hecha a pulso. Empieza en un macramé doble con hilos dorados, continúa con los nudos espina de pescado, pasa por una sección inventada por él, dos hilos centrales adelantados como firma personal, y se completa con varios nudos turcos que abrazan la rabiza como anillos protectores. Luego viene el nudo de arroz, uno enjaulado que siempre admiró en los antiguos, y hacia el final, una cola de rata doble que se estrecha en un falcaceo sencillo hasta llegar al pito marinero, donde remata el tejido.Cada tramo es historia, aprendizaje y dedicación. Y no es casualidad: la rabiza ha sido, a lo largo de los siglos, una señal de profesionalismo en la mar. Representa la destreza manual del marino, su disciplina, su respeto por la tradición y su vínculo con el barco y la tripulación. En el Gloria, esa tradición sigue intacta. Así, mientras el velero embajador de Colombia cruza océanos, las rabizas de sus tripulantes ondean discretas, como recordatorio silencioso de que el mar se aprende con las manos, se honra con símbolos y se lleva, para siempre, en el corazón.
El debate sobre el manejo de la transición energética en Colombia escaló de tono con la aparición de nuevas voces que reclaman acciones urgentes de los órganos de control. Entre ellas, la del abogado Carlos Roncancio, representante de los trabajadores de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), quien presentó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud formal para investigar el destino de los recursos públicos asignados a este proyecto.Su denuncia sostiene que la transición energética nunca se ejecutó de manera real y que pudo haberse convertido en una fachada para el uso irregular de fondos.Roncancio asegura que el país fue engañado con la promesa de un cambio profundo hacia las energías limpias, mientras que en la práctica el proceso “nunca inició”.Sus señalamientos se centran en OCENSA y en su presidente, David Alfredo Riaño Alarcón, a quien acusa de haber dirigido la empresa hacia un deterioro institucional marcado por la improvisación, el nepotismo, la desarticulación técnica y la ausencia total de liderazgo.“El país fracasó rotundamente, y una de las principales responsables de ese desastre es OCENSA, bajo la gestión del señor David Alfredo Riaño”, afirmó el jurista. Según él, la compañía se convirtió en el símbolo del engaño institucional: lo que el Gobierno impulsó como una estrategia seria, técnica y transformadora terminó reducido a una estructura burocrática sin resultados y plagada de intereses particulares.Para Roncancio, la crisis de la transición energética no es un problema técnico sino humano y moral. Señaló que no faltaron recursos ni tecnología: lo que faltó fue liderazgo capacitado. “Pusieron al frente de las empresas a personas que no saben y que no entienden la energía limpia. El país fue engañado con un discurso ambiental que nunca existió en la práctica”, afirmó.El abogado también advirtió sobre el deterioro institucional en otras compañías del grupo, como CENIT, que —según dice— mantiene graves incumplimientos en materia laboral, incluyendo la negativa a instalar la mesa de negociación colectiva, en presunta violación de derechos fundamentales de los trabajadores.Por todo ello, Roncancio pidió a la Procuraduría asumir un papel más activo en la investigación de estos hechos y determinar responsabilidades en lo que considera el colapso de un proyecto que debió transformar el futuro energético del país. A su juicio, la transición energética, presentada como una idea innovadora y de impacto nacional, terminó convertida en “una mentira política sin resultados ni visión de país”, producto de la designación de “malos gerentes y peores asesores”.El llamado de Roncancio se suma a una creciente presión social y gremial para que los organismos de control tomen medidas frente al uso de recursos, las fallas administrativas y la pérdida de credibilidad de una política que prometió transformar la matriz energética de Colombia, pero que —según estas nuevas denuncias— se quedó en el discurso.
La propiedad allanada en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, sería del empresario del espectáculo Ricardo Leyva, quien estaría viviendo en un apartamento que le pertenece al ministro Armando Benedetti en la ciudad de Barranquilla.La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el objetivo de establecer si pudo haber cometido delitos relacionados con un aparente “trueque” de bienes en Barranquilla entre el funcionario y el empresario de conciertos Ricardo Leyva. La actuación se suma a un escenario judicial que se ha tornado más complejo para el ministro, en medio de advertencias por posibles irregularidades patrimoniales.Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia sigue con la investigación que adelanta por presunto enriquecimiento ilícito, concentrándose en la revisión de bienes, contratos y transacciones que, según expertos y documentos allegados al proceso, podrían configurar una estructura de ocultamiento patrimonial.Los señalamientos del abogado Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, apuntan a un patrón de bienes de alto valor que no figuran a nombre de Benedetti, pero que estarían bajo su dominio o el de personas cercanas.El caso más llamativo es el inmueble en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, donde reside actualmente la familia del ministro. La propiedad es del empresario del espectáculo Ricardo Leyva, quien estaría viviendo en un apartamento que le pertenece al ministro Armando Benedetti en la ciudad de Barranquilla. Ese intercambio de bienes es lo que ahora indaga la Fiscalía General para saber si hay algún delito detrás de esa transacción, conocer si está o no declarada y bajo qué condiciones se habría dado.Este hecho llama la atención, porque ocurrió en paralelo de que Leyva, al parecer, obtuviera, a través de RTVC, un contrato por más de $7.900 millones para organizar un evento cultural de la Cumbre de la Celac realizada en Santa Marta.La situación escaló aún más tras el allanamiento realizado por la magistrada Cristina Lombana, quien llegó hasta la propiedad en Lagos de Caujaral como parte de las diligencias dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito. A partir de los elementos que recaude, la magistrada deberá determinar si proyecta o no una solicitud para que Benedetti sea capturado, decisión que deberá ser revisada y votada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.A este panorama se sumaron los insultos y descalificaciones que el ministro lanzó contra la magistrada Lombana, lo que llevó a la Procuraduría General de la Nación a abrir una indagación disciplinaria preliminar.Por su parte, el ministro Benedetti, negó dicho trueque y coincidencia con los supuestos contratos de Ricardo Leyva en entrevista con mañanas Blu. Recientemente, en su cuenta de X, reaccionó a la apertura de la indagación “ Bienvenida la indagación preliminar de la Fiscalía. Esto confirma que la magistrada Lombana no podía allanar mi lugar de residencia, y mucho menos hacerlo de forma violenta e ilegal”.El ministro aseguró que la Magistrada Lombana fue al parecer recusada para investigar supuestos hechos de enriquecimiento ilícito en su contra. “Aún así, en Barranquilla interrogó a Leyva y otros empresarios por hechos ocurridos dos meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya tres años, y presionó a muchas otras personas por actividades de hace apenas un mes, amenazándolas incluso con extradiciones y con enviarlas a prisión”.
A la Corte Suprema de Justicia ya llegaron los recursos de casación que interpusieron las víctimas y la Fiscalía dentro del proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los que buscan tumbar la absolución del exmandatario proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por sorteo, el estudio sobre si se admiten o no las demandas de casación le correspondió al magistrado Carlos Solórzano.La Fiscalía General de la Nación había radicado ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación con la que busca que se revoquen las absoluciones y, en su lugar, se condene al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con este recurso extraordinario, el ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al exmandatario y lo absolvió, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar que ordenó ofrecer beneficios a exparamilitares con el fin de que no lo vincularan con la conformación de un grupo armado ilegal.El antecedente inmediato del caso se remonta a agosto pasado, cuando la jueza Sandra Heredia profirió una sentencia de primera instancia que condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, esa decisión fue revertida por el Tribunal Superior de Bogotá, que concluyó que la prueba recaudada no permitía demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del expresidente en los hechos investigados.Ahora, el recurso de casación que viene por parte de la bancada de víctimas reconocidas en este proceso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.
Carlos Ramón González no planea regresar a Colombia, incluso si la Corte Suprema de Justicia lo condena. Así lo dejó claro su abogado, Iván Cancino, al confirmar que su defendido continuará en Nicaragua bajo la figura de asilo político, una decisión que, según explicó, dependerá del gobierno de ese país.En entrevista en Mañanas Blu, Cancino habló sin rodeos sobre el escenario que enfrenta el exdirector del DAPRE, quien será acusado formalmente el próximo 29 de enero. González, cercano al presidente Gustavo Petro, seguirá el proceso de manera virtual desde Managua, donde reside desde hace varios meses.La frase que marcó la conversación fue directa y sin ambigüedades: “Si lo condenan y el asilo sigue vigente, pues él tomará la decisión que creo será la de seguir asilado en Nicaragua”, afirmó el abogado, dejando claro que el regreso a Colombia no está en los planes inmediatos.¿Carlos Ramón González volvería al país si hay condena?Para Cancino, la respuesta es clara. Mientras el asilo político se mantenga, Colombia no tendría herramientas para obligar su regreso. “Si se mantiene el asilo, pues obviamente no podrán traerlo”, explicó, aunque reconoció que, si Nicaragua decide levantar esa protección, la justicia colombiana podría actuar.El abogado reiteró que, desde su perspectiva, González sigue siendo inocente. “Para mí sigue siendo inocente”, insistió, señalando que la acusación no cambia la estrategia de defensa ni su convicción sobre el resultado del proceso.González comparecerá virtualmente desde NicaraguaCancino confirmó que su cliente asistirá a las audiencias de manera virtual. “Él se comunicará virtualmente con la audiencia y atenderá las audiencias que se sigan de aquí en adelante por ese medio”, dijo.Sobre la posibilidad de que fiscales o autoridades viajen a Nicaragua para interrogarlo, fue tajante: “Perderían el tiempo”. Según explicó, su recomendación es clara: “Mi recomendación para Carlos Ramón será guardar silencio”.El abogado aseguró no tener información sobre un eventual acompañamiento del Gobierno colombiano o de la Cancillería. “No tengo ni idea si lo están apoyando”, afirmó.Mientras se acerca la fecha clave ante la Corte Suprema, la defensa deja un mensaje claro: González no regresará al país y, si hay condena, su permanencia en Nicaragua seguirá siendo la carta principal. El proceso avanzará, pero a distancia.
La reunión entre algunos gobernadores del país y el ministro de Hacienda culminó sin acuerdos, luego de que no se lograran conciliar las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica expedidos en medio de la crisis fiscal que enfrentan las regiones.Tras el encuentro, varios mandatarios departamentales expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre el recaudo tributario y la sostenibilidad financiera de los territorios. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reunión no dejó acuerdos de fondo y reiteró la preocupación de los departamentos por el impacto fiscal de los decretos de emergencia. Según explicó, aunque el ministro del Interior propuso la creación de una mesa técnica, los gobernadores mantienen su posición frente a la afectación de las rentas cedidas. “Él sigue insistiendo en que no se afectan los ingresos, pero nosotros decimos que sí, porque tenemos las pruebas de cómo se van a disminuir. Nuestra posición es que vamos a seguir defendiendo esos derechos constitucionales”, afirmó, al señalar que los recursos provenientes de licores y cigarrillos son fundamentales para garantizar salud, educación y deporte en las regiones.Toro advirtió que el aumento de impuestos podría incentivar el contrabando y generar una caída en el recaudo, con consecuencias directas sobre el sistema de salud. En el caso del Valle del Cauca, recordó que los recursos del cigarrillo se destinan al régimen subsidiado. “Nosotros tenemos que obligatoriamente pagar el régimen subsidiado. Yo le pregunté al ministro: ¿usted me va a pagar esos 120.000 millones de pesos que yo no tengo con qué pagarlos? Eso no me lo contestó”, señaló la mandataria, quien alertó que, de no cubrirse ese faltante, los departamentos tendrían que usar recursos de libre destinación para cumplir con esas obligaciones.La gobernadora también insistió en que una eventual disminución del recaudo afectaría otros programas esenciales que hoy asumen las regiones ante la falta de recursos nacionales. “¿Con qué vamos a pagar el PAE, con qué vamos a pagar el transporte escolar, con qué vamos a pagar lo que no nos manda la Nación?”, cuestionó. En ese sentido, subrayó que estos recursos no son para los gobernadores, sino para la ciudadanía. “Son para darle educación, salud, deporte, para alejarlos de la violencia y de las drogas. Si nos disminuyen los recursos, no vamos a poder garantizar esos derechos fundamentales”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la reunión como “llena de humo” y aseguró que la situación quedó en manos de la Corte Constitucional. Según explicó, el departamento solicitará una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad para que se suspendan los efectos tributarios del decreto de emergencia.“En cualquier caso, si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el departamento se sostiene en lo que ratificamos: haremos uso del instrumento de excepción de inconstitucionalidad”, afirmó Rendón.Desde el Gobierno nacional, sin embargo, el balance fue distinto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio por superadas las tensiones con los gobernadores y aseguró que las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica quedaron resueltas.Minutos antes, Benedetti había señalado que, tras la reunión, se acordó que si los impuestos a licores y tabaco afectan la recaudación de las regiones, la Nación asumirá el déficit que se genere. Según el ministro, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a compensar cualquier faltante que deje el recaudo tributario en los departamentos.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional confirmó que José Raúl Moreno, actual jefe de Despacho de la Presidencia, quedará como ministro encargado del Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad).Hay que recordar que Moreno había sido nombrado oficialmente como jefe de Despacho de la Presidencia mediante el Decreto 1424 de 2025, firmado el martes 24 de diciembre. El documento fue suscrito por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y confirmó su llegada al cargo, según informó la Unidad Nacional de Protección (UNP).El nombramiento se da luego de que el pasado 15 de enero, el mandatario solicitara la carta de renuncia al entonces ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, marcando un nuevo ajuste dentro del equipo de Gobierno.La designación de Florián en el Ministerio de Igualdad y Equidad generó una gran polémica en su momento y causó y a su vez un debate jurídico, el Tribunal estudió al menos 3 demandas que pedían tumbar esa designación y uno de los argumentos es la Ley de Cuotas en los cargos públicos.Una de las demandas, por ejemplo, señalaba en su momento que el nombramiento vulneraba dicha ley porque exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno sean ocupados por mujeres y, según el demandante, Florián no cumplía con esa condición.Ahora, con este nuevo encargo, José Raúl Moreno asume la dirección de una de las carteras más polémicas del Gobierno.
El próximo 23 de enero, en Nueva York, se realizará una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que Colombia participará como miembro no permanente, mandato que asumió recientemente. Para este encuentro, la canciller Rosa Villavicencio viajará a Estados Unidos tras obtener una visa especial, gestionada con el apoyo de la Embajada de EE. UU. en Colombia.De acuerdo con fuentes diplomáticas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, facilitó las gestiones necesarias para que la ministra obtuviera el permiso de ingreso, luego de que el gobierno de Donald Trump retirara la visa a Villavicencio, al presidente Gustavo Petro y a varios funcionarios cercanos al mandatario colombiano.La decisión de retirar las visas se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, marcadas por diferencias políticas y declaraciones cruzadas, una de ellas la del presidente Petro pidiéndole al Ejército de EE. UU. que no siguiera las órdenes de Trump.La visa otorgada a la canciller no será utilizada únicamente para la sesión del Consejo de Seguridad. Villavicencio también la empleará para su viaje a Washington el próximo 1 de febrero, con el objetivo de preparar la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump, prevista para el 3 de febrero.Ese encuentro es considerado clave para recomponer la relación entre ambos países y abordar temas como cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y la agenda regional.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.