El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó el más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el que evalúa la evolución del proceso de paz durante el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025.En el documento, el jefe de la ONU advierte que, pese a algunos avances, persisten desarrollos desiguales, riesgos de seguridad y retrasos en la implementación integral del acuerdo final, que, según subrayó, “debería implementarse en su totalidad para que su promesa de paz, justicia y reconciliación se cumpla plenamente”.El informe también hace referencia a una reciente operación militar en el departamento de Guaviare, en la que murieron integrantes de un grupo armado, entre ellos menores que habían sido reclutados de manera forzada.Frente a este hecho, la ONU reiteró su preocupación por el reclutamiento de niños y niñas por parte de actores armados ilegales, al señalar que esta práctica “constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.En ese sentido, Guterres condenó estas conductas e instó a todos los grupos armados a cesar de inmediato el reclutamiento de menores, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas preventivas durante las operaciones militares que permitan salvaguardar la vida y los derechos de esta población.En relación con el proceso electoral, la Misión destacó la realización de elecciones primarias y de los consejos de juventud como una señal positiva de la capacidad institucional del país para adelantar procesos democráticos. No obstante, subrayó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.En ese contexto, el secretario general reiteró la importancia de cumplir el Compromiso con un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia y afirmó que “deben mantenerse y consolidarse aún más la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política”.Por ello, hizo un llamado al Gobierno y a las instituciones del Estado a actuar en estrecha coordinación con los partidos y candidatos para asegurar un proceso electoral libre y en paz.El informe también advierte que la violencia relacionada con el conflicto siguió afectando a la población civil en zonas con presencia estatal limitada, lo que se tradujo en desplazamientos, confinamientos y asesinatos de líderes sociales y excombatientes.En regiones como el Catatumbo, particularmente en Tibú, las comunidades continúan soportando los efectos de la confrontación armada. Sobre los firmantes de paz, la ONU reportó que en 2025 se han verificado 45 asesinatos, lo que representa un aumento del 36 % frente al año anterior, además de intentos de homicidio y casos de desaparición.Aunque la Misión reconoció avances en la reforma rural integral y en el acceso a tierras, insistió en la necesidad de mantener el impulso, ampliar la presencia del Estado y garantizar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales más afectadas por el conflicto.De igual forma, reiteró que la reincorporación de los excombatientes es fundamental para consolidar la paz y asegurar la estabilidad a largo plazo, al tiempo que subrayó que “garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse”.
La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que denuncia presuntas irregularidades graves al interior de la entidad que, según advierten, afectan la transparencia, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana.En el documento, el sindicato cuestiona la gestión de la directora nacional de Migración Colombia, Gloria Arriero, y señala que el 19 de noviembre de 2025 se publicó en la plataforma oficial de la Presidencia la hoja de vida de Edgar de Jesús Bernal Coconubo como aspirante a un cargo en la Superintendencia de Servicios Públicos, pese a que es cónyuge de la directora, lo que, afirman, compromete la imparcialidad institucional.Osemco considera aún más grave que el esposo de la subdirectora de Control Migratorio, Juliana María Rodríguez, sea el actual superintendente de Servicios Públicos, situación que, a su juicio, configura un conflicto de intereses que debilita la cadena de mando y limita la capacidad real de la directora para ejercer autoridad sobre su subalterna.El sindicato también denuncia un ejercicio excesivo de poder por parte de la subdirectora de Control Migratorio, quien, aseguran, tiene mayor autoridad que la propia directora nacional, generando un ambiente de temor interno.Señalan que se intentaron realizar cambios administrativos a finales de diciembre, en plena temporada alta de flujo migratorio, pese a las advertencias sindicales sobre el riesgo de provocar un paro.A estas denuncias se suma la supuesta adjudicación de un contrato de prestación de servicios a la pareja sentimental de la hija de la directora Arriero, quien, según Osemco, habría ejercido influencia en la gestión de hojas de vida y recibido altos honorarios sin evidencia clara de trabajo efectivo, información que aseguran fue verificada en el Secop.El sindicato afirma que estas situaciones fueron confrontadas directamente con la directora, quien habría reconocido los hechos y manifestado que no tenía por qué dar explicaciones. Además, denuncian una pugna interna con la directora de Presupuesto y una gestión financiera deficiente que habría llevado a la entidad a una situación cercana a la bancarrota.Osemco advierte sobre prácticas sistemáticas de nepotismo, tráfico de influencias y nombramientos a dedo que, según ellos, afectan a más de 1.800 familias y ponen en riesgo las funciones misionales de Migración Colombia. Por ello, solicitaron a Petro acciones inmediatas, la renuncia de los funcionarios involucrados, empezando por la directora Gloria Arriero, y la intervención urgente de los entes de control.
El exministro del Interior y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, publicó un video en el que pide que la consulta del Pacto Amplio no se convierta únicamente en una consulta de la izquierda.Es importante recordar que esta consulta se hará el 8 de marzo para elegir a un candidato a la Presidencia que será apoyado por todos los otros en la primera vuelta.Hasta el momento, en la consulta del Pacto Amplio están el senador Iván Cepeda, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y el exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras.“La consulta del Pacto Amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda. Tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia. Que se sienta representado el centro liberal, los socialdemócratas, los reformistas de este país que no somos de izquierda democrática”, dijo Cristo.Es importante recordar que, aunque hasta ahora la consulta del Pacto Amplio tiene tres candidatos, hay otras personas que podrían unirse a esta coalición. Entre ellas está justamente el exministro Cristo, el excanciller Luis Gilberto Murillo o la senadora Clara López.“Ese es el desafío para poder construir una agenda progresista, liberal, incluyente, lo más amplia posible, a partir de la cual podamos convocar los grandes consensos que necesita este país”, agregó Cristo.
La Presidencia de la República defendió, a través de un comunicado, el contrato por más de $10.000 millones para la defensa del presidente Gustavo Petro en EE. UU., tras su inclusión en la lista OFAC.En el documento aseguran que “la modalidad de contratación está autorizada por el ordenamiento jurídico y justificada en los estudios previos. Además, corresponde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia” en estos casos.Según el Dapre, este tipo de contrataciones representan una acción para la protección de los intereses estratégicos del Estado en el escenario internacional. Agregan que el contrato no busca la defensa personal del presidente ni de funcionarios en particular, sino “el fortalecimiento de la capacidad institucional del país para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de forma grave y transversal al sistema financiero y a las relaciones exteriores de Colombia”.Cabe mencionar que, en octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, en medio de uno de los tantos capítulos de tensión entre el mandatario y el gobierno Trump.
En operaciones recientes, tropas del Ejército Nacional desmantelaron y destruyeron dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, utilizados por el Clan del Golfo, y confiscaron toneladas de insumos empleados en la producción de estupefacientes en el departamento de Chocó.Estas acciones fueron desarrolladas por unidades adscritas a la Brigada 15, con participación directa del Batallón de Selva número 54 Bajo Atrato, en una zona estratégica para el tráfico de drogas y el abastecimiento logístico de estructuras ilegales.De manera simultánea, el Batallón de Ingenieros Primero de Línea número 12 adelantó labores de control que permitieron la incautación de grandes cantidades de insumos sólidos y líquidos, fundamentales para el funcionamiento de los laboratorios clandestinos.De acuerdo con la información compartida por el Ejército, durante las operaciones se destruyó droga en proceso, equipos artesanales utilizados para la transformación de la hoja de coca y combustibles empleados para el procesamiento y transporte del alcaloide.Además, las tropas lograron confiscar 17,5 toneladas de cemento y 1.200 galones de ACPM, que eran movilizados de manera ilegal para abastecer la infraestructura criminal del Clan del Golfo. El cemento y el combustible son elementos clave para la construcción y funcionamiento de laboratorios, pistas clandestinas y campamentos, por lo que su incautación limita la continuidad de las actividades ilícitas, de acuerdo con las autoridades.
En plena vía pública, dos camilleros de dos ambulancias de diferentes empresas privadas protagonizaron una riña, al parecer con arma blanca, cuando uno de los paramédicos atendía un accidente de tránsito en un sector del barrio Limonar, en el sur de Neiva, todo por la mal llamada guerra del Soat.Según testigos que presenciaron el altercado, uno de los camilleros presuntamente empujó al conductor de la otra ambulancia, que había llegado primero para auxiliar a una mujer accidentada en motocicleta, situación que por fortuna no pasó a mayores.La secretaria de Salud de Neiva, Lilibeth Johana Galván, consultada por Blu Radio, rechazó este tipo de actos y dijo que esta semana se reunirán con las demás autoridades para tomar las medidas correspondientes y evitar que estos hechos se vuelvan a repetir en la ciudad.“Con respecto a ese incidente en el que se afecta el trabajo de la misión médica por parte de las ambulancias del municipio de Neiva, desde la Secretaría de Salud estamos haciendo las respectivas citaciones para esta semana, con reporte a los entes de control, a la Secretaría de Salud Departamental, a la Supersalud y a la Policía, para que en una mesa conjunta se definan medidas sancionatorias para quienes se han visto involucrados en estos actos”, anunció la secretaria de Salud municipal.Cabe mencionar que un incidente muy similar ocurrió en diciembre del año anterior, donde dos paramédicos se agredieron en plena vía pública por atender un accidente de tránsito que se registró sobre la avenida Circunvalar, en Neiva.
Este hecho se registró en el sector de Mojica, en el oriente de Cali, donde las autoridades recibieron el reporte del hurto de parte de vecinos que evidenciaron el hecho. Sujetos en motocicleta interceptaron al conductor del carro, lo amordazaron y lo subieron al asiento trasero, para iniciar su escape.De inmediato se inició el plan candado, para ubicar el vehículo, recorriendo la avenida Ciudad de Cali, por todo el oriente de la ciudad, hasta llegar al corregimiento de Navarro, ahí al sentirse acorralados, los delincuentes intentaron huir por los cañaduzales."Lo que vemos es que lo que querían con este vehículo era deshuesarlo para vender sus partes. Al conductor lo aborda en la calle, lo amarran y lo ubican en la parte posterior del carro, para después abandonarlo en cualquier parte de la ciudad. Logramos la captura de uno de estos sujetos; el otro logró escapar", explicó el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali.Las autoridades continúan en la búsqueda del segundo hombre involucrado en este robo para lograr su captura y judicialización. La víctima se encuentra fuera de peligro.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se ha mostrado visiblemente enfadado con la actuación del árbitro tras la derrota de su equipo el Barcelona frente a la Real Sociedad (2-1), y ha declarado que “todo el mundo sabe lo que ha pasado”.El técnico alemán ha lamentado la derrota de su equipo en un encuentro en el que han creado “ocasiones para ganar”: “Tenemos que seguir por este camino, no podemos cambiar la manera de jugar, y ahora nos tenemos que enfocar en qué cosas cambiar para mejorar”.A pesar de ello, gran parte de la conferencia de prensa se ha basado en el arbitraje de Jesús Gil Manzano. El colegiado ha anulado hasta tres tantos y un penalti a favor de los blaugranas en acciones, algunas de ellas, muy justas. “No estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero no hay más”, ha indicado Flick.Una acción de ellas, un fuera de juego milimétrico de Lamine, ha subrayado el alemán que es "idéntica" al gol anulado por fuera de juego de la pasada temporada también en Anoeta a Lewandowski.Con esta derrota, el Real Madrid se pone a un solo punto del FC Barcelona en la pelea por LaLiga. La Real Sociedad ha marcado el 2-1 al minuto siguiente del empate del Barça, una jugada que Flick ha asegurado que tienen que “mejorar”.
La Contraloría General de la República archivó los procesos de responsabilidad fiscal adelantados contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la construcción de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, obras ejecutadas durante su gestión como alcalde de Rionegro entre los años 2016 y 2019, al concluir que no existió daño patrimonial ni perjuicio alguno para los recursos públicos.De acuerdo con el organismo de control, la decisión se fundamenta en la inexistencia de detrimento fiscal, ya que las obras sí fueron ejecutadas, recibidas formalmente y destinadas al fin para el cual fueron contratadas.La Contraloría determinó que los recursos invertidos no se perdieron y que los bienes existen, están habilitados administrativamente y prestan servicio a la comunidad, lo que descarta cualquier menoscabo definitivo del patrimonio público.En su análisis, el Despacho estableció que la inversión pública cumplió su finalidad y que no se produjo perjuicio al erario. Por esta razón, y al no demostrarse daño fiscal, no es posible declarar responsabilidad fiscal en contra del mandatario. “Sin daño probado, no puede declararse responsabilidad fiscal”, señala la decisión.El fallo precisa que la infraestructura del CAI de San Antonio de Pereira fue entregada y recibida por la Policía Nacional, y que su destinación al servicio de seguridad ciudadana quedó acreditada mediante contrato de comodato, actas de entrega y las órdenes de servicio correspondientes. Similar situación se describe con el CAI de Cuatro esquinas.En el proceso se concluyó que los recursos se orientaron a satisfacer una necesidad pública, se articularon con la política de seguridad ciudadana y se ajustaron a los parámetros de planeación institucional y metodológica adoptados por la Policía Nacional.Tras la práctica de una visita técnica y la elaboración de un informe especializado, mencionado en la decisión como sustento, se comprobó que las obras se encuentran en funcionamiento conforme a los lineamientos establecidos y cumpliendo la función para la cual fueron contratadas.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que va a presentar un proyecto de ley para que se prohíba la entrada a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a padres que no han cumplido con la cuota alimentaria de sus hijos.“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos. No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, dijo Pedraza.En el mismo sentido, la representante a la Cámara señaló que en Colombia se interponen al año más de 130.000 denuncias por alimentos contra padres o madres que no responden por las obligaciones con sus hijos y sus hijas, señaló Pedraza.“El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”, dijo la representante a la Cámara.
El Centro Democrático está denunciando que algunos líderes políticos del partido están siendo amenazados por parte de grupos armados. Desde el uribismo hicieron mención a un caso en específico, que es el de La Guajira.“Desde La Guajira recibimos denuncias alarmantes: grupos armados ilegales están amenazando de muerte a ediles del partido. Algunos de ellos ya se han visto obligados a abandonar sus regiones ante el riesgo inminente contra sus vidas”, señala el partido.En el mismo sentido, desde el Centro Democrático rechazaron estos hechos y agregaron que el Gobierno ha sido indiferente frente a la protección de la oposición en distintas zonas del país.“Hoy, las estructuras armadas imponen su ley en cerca de 800 municipios, deciden quién puede participar en política, intimidan, desplazan y promueven candidatos, incluso cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Esto no es la ‘paz total’ que prometieron: es la entrega del territorio al crimen organizado”, dice el comunicado del Centro Democrático.
Pese a que varios gobernadores manifestaron su inconformidad tras la reunión con el ministro de Hacienda por el decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el balance del encuentro fue positivo y que se logró un acuerdo con los mandatarios regionales.Según Benedetti, el consenso se dio especialmente alrededor de los cambios en los impuestos a licores y tabaco, frente a los cuales existía preocupación por un eventual impacto negativo en el recaudo de las regiones. En ese sentido, el ministro afirmó que, si estas medidas afectan los ingresos departamentales, el Gobierno nacional asumirá ese impacto.El jefe de la cartera política reconoció que hubo tensiones durante la discusión, pero sostuvo que todos los gobernadores aceptaron la aplicación del decreto de emergencia económica.Entre quienes lideraron los reparos al contenido de la norma estuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien apeló a la figura de excepción de inconstitucionalidad para anunciar que no aplicaría las medidas del decreto de emergencia económica en su región, porque esto traería grandes consecuencias económicas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda que busca la nulidad del nombramiento de Laura Camila Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido, al considerar que el acto administrativo con el que fue designada habría desconocido los requisitos mínimos exigidos para ocupar un cargo diplomático dentro del servicio exterior colombiano.De acuerdo con la acción judicial, el nombramiento vulneraría las normas que regulan el acceso a cargos diplomáticos, al no acreditarse plenamente las condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia que se exigen para representar al país ante un Estado extranjero. El demandante sostiene que la designación no cumple con los parámetros previstos en la normatividad que rige la carrera diplomática y consular.Entre los principales argumentos expuestos en la demanda se advierte que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”. Según el escrito, la ausencia de una certificación formal que acredite el manejo del inglés podría afectar de manera directa el desempeño de las funciones propias del cargo, en un escenario donde la comunicación es esencial para la gestión de las relaciones bilaterales.Asimismo, se señala que la embajadora no certificó un título de posgrado, requisito que, según el demandante, hace parte de los criterios mínimos exigidos para el ejercicio de cargos diplomáticos de alto nivel dentro del servicio exterior colombiano. Esta situación, a juicio del accionante, constituiría una irregularidad en la expedición del acto administrativo que formalizó su nombramiento.Otro de los puntos cuestionados en la demanda tiene que ver con la experiencia requerida para el cargo. Aunque se reconoce que Laura Sarabia ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, el demandante advierte que no cuenta con el conocimiento diplomático específico en materia de relaciones internacionales de Colombia que, según su criterio, se exige para ejercer la representación del país ante una misión diplomática de esta relevancia.Pese a estos cuestionamientos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a la solicitud de medida cautelar presentada en la demanda, con la cual se pretendía suspender de manera provisional a Sarabia de su cargo como embajadora mientras se resolvía de fondo el proceso. En consecuencia, la funcionaria continuará en ejercicio de sus funciones mientras avanza el estudio del caso.En el marco del trámite judicial, el Tribunal ya notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República y a la propia embajadora Laura Sarabia, para que rindan sus respectivos conceptos y ejerzan su derecho a la defensa frente a los argumentos planteados en la demanda.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
El debate sobre el manejo de la transición energética en Colombia escaló de tono con la aparición de nuevas voces que reclaman acciones urgentes de los órganos de control. Entre ellas, la del abogado Carlos Roncancio, representante de los trabajadores de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), quien presentó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud formal para investigar el destino de los recursos públicos asignados a este proyecto.Su denuncia sostiene que la transición energética nunca se ejecutó de manera real y que pudo haberse convertido en una fachada para el uso irregular de fondos.Roncancio asegura que el país fue engañado con la promesa de un cambio profundo hacia las energías limpias, mientras que en la práctica el proceso “nunca inició”.Sus señalamientos se centran en OCENSA y en su presidente, David Alfredo Riaño Alarcón, a quien acusa de haber dirigido la empresa hacia un deterioro institucional marcado por la improvisación, el nepotismo, la desarticulación técnica y la ausencia total de liderazgo.“El país fracasó rotundamente, y una de las principales responsables de ese desastre es OCENSA, bajo la gestión del señor David Alfredo Riaño”, afirmó el jurista. Según él, la compañía se convirtió en el símbolo del engaño institucional: lo que el Gobierno impulsó como una estrategia seria, técnica y transformadora terminó reducido a una estructura burocrática sin resultados y plagada de intereses particulares.Para Roncancio, la crisis de la transición energética no es un problema técnico sino humano y moral. Señaló que no faltaron recursos ni tecnología: lo que faltó fue liderazgo capacitado. “Pusieron al frente de las empresas a personas que no saben y que no entienden la energía limpia. El país fue engañado con un discurso ambiental que nunca existió en la práctica”, afirmó.El abogado también advirtió sobre el deterioro institucional en otras compañías del grupo, como CENIT, que —según dice— mantiene graves incumplimientos en materia laboral, incluyendo la negativa a instalar la mesa de negociación colectiva, en presunta violación de derechos fundamentales de los trabajadores.Por todo ello, Roncancio pidió a la Procuraduría asumir un papel más activo en la investigación de estos hechos y determinar responsabilidades en lo que considera el colapso de un proyecto que debió transformar el futuro energético del país. A su juicio, la transición energética, presentada como una idea innovadora y de impacto nacional, terminó convertida en “una mentira política sin resultados ni visión de país”, producto de la designación de “malos gerentes y peores asesores”.El llamado de Roncancio se suma a una creciente presión social y gremial para que los organismos de control tomen medidas frente al uso de recursos, las fallas administrativas y la pérdida de credibilidad de una política que prometió transformar la matriz energética de Colombia, pero que —según estas nuevas denuncias— se quedó en el discurso.
La propiedad allanada en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, sería del empresario del espectáculo Ricardo Leyva, quien estaría viviendo en un apartamento que le pertenece al ministro Armando Benedetti en la ciudad de Barranquilla.La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el objetivo de establecer si pudo haber cometido delitos relacionados con un aparente “trueque” de bienes en Barranquilla entre el funcionario y el empresario de conciertos Ricardo Leyva. La actuación se suma a un escenario judicial que se ha tornado más complejo para el ministro, en medio de advertencias por posibles irregularidades patrimoniales.Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia sigue con la investigación que adelanta por presunto enriquecimiento ilícito, concentrándose en la revisión de bienes, contratos y transacciones que, según expertos y documentos allegados al proceso, podrían configurar una estructura de ocultamiento patrimonial.Los señalamientos del abogado Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, apuntan a un patrón de bienes de alto valor que no figuran a nombre de Benedetti, pero que estarían bajo su dominio o el de personas cercanas.El caso más llamativo es el inmueble en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, donde reside actualmente la familia del ministro. La propiedad es del empresario del espectáculo Ricardo Leyva, quien estaría viviendo en un apartamento que le pertenece al ministro Armando Benedetti en la ciudad de Barranquilla. Ese intercambio de bienes es lo que ahora indaga la Fiscalía General para saber si hay algún delito detrás de esa transacción, conocer si está o no declarada y bajo qué condiciones se habría dado.Este hecho llama la atención, porque ocurrió en paralelo de que Leyva, al parecer, obtuviera, a través de RTVC, un contrato por más de $7.900 millones para organizar un evento cultural de la Cumbre de la Celac realizada en Santa Marta.La situación escaló aún más tras el allanamiento realizado por la magistrada Cristina Lombana, quien llegó hasta la propiedad en Lagos de Caujaral como parte de las diligencias dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito. A partir de los elementos que recaude, la magistrada deberá determinar si proyecta o no una solicitud para que Benedetti sea capturado, decisión que deberá ser revisada y votada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.A este panorama se sumaron los insultos y descalificaciones que el ministro lanzó contra la magistrada Lombana, lo que llevó a la Procuraduría General de la Nación a abrir una indagación disciplinaria preliminar.Por su parte, el ministro Benedetti, negó dicho trueque y coincidencia con los supuestos contratos de Ricardo Leyva en entrevista con mañanas Blu. Recientemente, en su cuenta de X, reaccionó a la apertura de la indagación “ Bienvenida la indagación preliminar de la Fiscalía. Esto confirma que la magistrada Lombana no podía allanar mi lugar de residencia, y mucho menos hacerlo de forma violenta e ilegal”.El ministro aseguró que la Magistrada Lombana fue al parecer recusada para investigar supuestos hechos de enriquecimiento ilícito en su contra. “Aún así, en Barranquilla interrogó a Leyva y otros empresarios por hechos ocurridos dos meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya tres años, y presionó a muchas otras personas por actividades de hace apenas un mes, amenazándolas incluso con extradiciones y con enviarlas a prisión”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en diálogo con Mañanas Blu, habló y defendió la doctrina de las Fuerzas Militares frente a los bombardeos contra disidencias armadas, incluso en contextos donde existe la posibilidad de reclutamiento de menores de edad. Durante una entrevista, Sánchez enfatizó que “la operación es totalmente legítima contra un blanco lícito empleando medios y métodos contemplados por el DIH” (Derecho Internacional Humanitario).El ministro abordó la polémica surgida tras la operación en Guaviare y reiteró que, en situaciones de hostilidad, la distinción fundamental se basa en si un individuo es combatiente o no combatiente, no en su edad. "Lo que mata no es la edad, es el arma en sí", afirmó Sánchez, haciendo referencia a que el arma es el factor letal en el conflicto.Ataque de alta precisión en Arauca contra narcotráficoSánchez confirmó que en las últimas horas se llevó a cabo el decimotercer bombardeo bajo la actual administración (ocho este año y cinco el año pasado). Este ataque tuvo lugar en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, y fue dirigido contra un “objetivo de alto valor,” alias Antonio Medina, un capo del narcotráfico del cartel de 'Mordisco'.Antonio Medina es un disidente de las Farc que no se acogió al acuerdo de paz de 2016. El criminal es señalado de haber generado desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos y extorsión en la región. Aunque aún se desconoce el balance exacto de la operación de Arauca, las tropas se encuentran en el sitio. El ministro aseguró que se trató de un ataque de alta precisión que impactó el lugar geográfico previsto. Además, subrayó que no se afectaron personas ni bienes protegidos por el DIH. Sánchez reconoció que en el combate contra el narcotráfico intervienen diferentes organismos de inteligencia, incluyendo la colaboración con Estados Unidos.La doctrina de distinción y el reclutamiento infantilRespecto al controvertido bombardeo en Guaviare, donde se reportaron 20 muertes (algunas por la bomba y otras por el combate posterior), el ministro Sánchez reiteró que el reclutamiento de menores es un "crimen de guerra" que debe ser rechazado absolutamente, siendo los reclutadores quienes cometen el delito.Sánchez explicó que la decisión de bombardear se toma como la “última opción” y no la primera. El ministro reveló que solo el 1.5% de los combates han implicado bombardeos.En el caso de Guaviare, la decisión se tomó frente a una "amenaza inminente," ya que había 20 soldados a menos de 300 metros de un grupo de 150 o más integrantes de estos grupos narcotraficantes que podían "masacrar" a la unidad militar.El ministro destacó el esfuerzo del gobierno por proteger la vida, señalando que 1.039 menores de edad han sido salvados o desvinculados de grupos armados ilegales este año. En la operación específica del Guaviare, lograron rescatar a tres menores con vida.En el caos del combate en la selva, la única distinción que puede hacerse es entre quien tiene un arma y quien no. La priorización de blancos es siempre acorde al contexto, y la Fuerza Pública valora principios como la necesidad militar, la ventaja militar y la proporcionalidad antes de cualquier acción.Escuche aquí la entrevista:
La Contraloría General de la República consolidó el balance preliminar de la contratación estatal realizada durante la primera semana de noviembre de 2025 y advirtió un comportamiento inusual y altamente concentrado en las horas previas a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Según el organismo de control, entre el 1 y el 7 de noviembre se comprometieron $9 billones en convenios y contratos interadministrativos, cifra que supera ampliamente los niveles ordinarios de contratación observados durante el año.El análisis revela que el 7 de noviembre, último día antes de que empezaran las restricciones electorales, se registró el mayor volumen: $6,1 billones, equivalentes al 68% de toda la contratación de la semana. Este monto representa 2,9 veces el promedio mensual de contratación entre enero y agosto de 2025,calculado en $2,1 billones, y configura un incremento del 190% frente al comportamiento histórico, lo que encendió las alertas del ente de control por la posible existencia de aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.Esta alerta temprana se genera en el marco del seguimiento preventivo que realiza la Contraloría de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en cumplimiento de la Ley 996 de 2005.De acuerdo con los datos procesados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), el Departamento de Prosperidad Social (DPS) concentró el 8,5% del total contratado en este periodo, con compromisos por $770 mil millones, convirtiéndose en la entidad con mayor volumen dentro de esta dinámica previa a la entrada de la Ley de Garantías. La Contraloría informó que continúa el análisis para determinar, en detalle, cómo se distribuyó esta contratación en los distintos departamentos del país.El organismo de control también explicó que, en articulación con la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, adelanta un seguimiento exhaustivo a todos los contratos suscritos en septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre. Esta revisión incluye valores contratados, modalidades, objetos contractuales y entidades ejecutoras con el fin de identificar operaciones sensibles ,como eventos, actividades logísticas, suministros u otros procesos particularmente susceptibles a incrementarse en épocas electorales y emitir alertas tempranas que permitan prevenir riesgos.La Contraloría insistió en que este tipo de concentraciones contractuales pueden evidenciar fallas de planeación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.
Avianca lanzó una fuerte advertencia frente al preocupante incremento de comportamientos inadecuados, agresivos y disruptivos por parte de pasajeros contra el personal aeronáutico en Colombia. La aerolínea alertó que estos hechos no solo vulneran los derechos de sus empleados, sino que también ponen en riesgo la seguridad operacional, por lo que solicitó al Congreso de la República avanzar con urgencia en el Proyecto de Ley 153 de 2025.Según cifras reveladas por la compañía, durante 2025 se han registrado 572 incidentes protagonizados por pasajeros disruptivos, lo que representa un aumento del 27,1 % frente a los 450 casos reportados en 2024. El incremento ha encendido las alertas dentro del sector aéreo, que advierte una tendencia creciente de irrespeto y violencia en aeropuertos y vuelos.En medio de esta ola de denuncias, Avianca recordó uno de los episodios más graves ocurridos el pasado 13 de enero en el aeropuerto de Cali, cuando una pasajera agredió físicamente a empleados de la aerolínea durante un procedimiento operativo en tierra. Ante la situación, la empresa activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad: brindó primeros auxilios a la trabajadora afectada, canceló el contrato de transporte de la pasajera y dio inicio a un proceso judicial en su contra.Para la aerolínea, este y otros casos evidencian la necesidad de endurecer las sanciones legales contra quienes incurren en malas conductas, amenazan la integridad del personal o comprometen la seguridad de los vuelos. Por ello, reiteró su llamado al Congreso para respaldar el Proyecto de Ley 153 de 2025, iniciativa que busca fortalecer el marco legal y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia en la aviación civil.Avianca fue enfática en rechazar este tipo de actos y aseguró que continuará aplicando todas las medidas legales disponibles contra los pasajeros que incumplan las normas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la protección de sus empleados y la seguridad de los viajeros.
En pleno año electoral, Blu Radio conoció en primicia un concepto de 29 páginas que envió la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en el que fija su postura frente a la demanda que busca declarar inexequible la Ley de Encuestas.Fue en septiembre del año pasado cuando la Corte Constitucional decidió admitir para su estudio una demanda que pide “tumbar” la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.¿Qué pide la demanda?Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, modificaría su diseño institucional.La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis de impacto fiscal y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.La postura de la Procuraduría ante la Corte ConstitucionalPara el ente de control, ninguno de los cargos prospera. En su análisis, la Procuraduría concluyó que la Ley de Encuestas no regula el núcleo esencial de los derechos fundamentales, sino que establece reglas técnicas y de transparencia orientadas a garantizar la calidad, la rigurosidad metodológica y la responsabilidad en la divulgación de encuestas políticas.“De otro modo, tampoco se observa una afectación del núcleo esencial del derecho a la participación política. La regulación contenida en la Ley 2494 de 2025 no altera las condiciones para elegir o ser elegido, no regula circunscripciones, umbrales, mecanismos de representación, conteo de votos ni procedimientos de escrutinio, ni modifica los elementos estructurales del sistema electoral. Las disposiciones cuestionadas recaen sobre instrumentos estadísticos que anteceden al debate político, sin interferir con la manera en que el voto ciudadano se traduce en representación”, señaló la Procuraduría.En ese sentido, el Ministerio Público sostuvo que la regulación de encuestas no constituye censura ni una prohibición absoluta, sino un desarrollo legítimo del deber constitucional de informar de manera veraz e imparcial, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.La demanda también alega una presunta vulneración al impacto fiscal. Frente a este punto, la Procuraduría explicó que, al tratarse de una ley de iniciativa congresional, no era exigible un estudio técnico detallado, como ocurre con los proyectos del Gobierno. Además, señaló que la norma no ordena de manera directa e imperativa nuevas erogaciones presupuestales, sino que asigna funciones que pueden desarrollarse dentro del marco institucional existente.Por estas razones, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley de Encuestas, lo que en la práctica significa que el ente de control respalda la iniciativa y considera que puede mantenerse vigente.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este lunes a los cinco policías que mantenía secuestrados desde hace aproximadamente dos semanas en la región del Catatumbo. Blu Radio confirmó que los uniformados ya fueron entregados a una comisión humanitaria y se encuentran bajo protección tras el operativo de liberación en zona rural de Norte de Santander.Los policías, identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera, habían sido interceptados por el grupo armado cuando se desplazaban vestidos de civil en un bus de servicio público. El secuestro ocurrió en la vía que comunica a El Zulia con Tibú, específicamente en el sector conocido como El Tablazo, mientras los agentes se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta.Aunque el ELN había manifestado a través de un comunicado su intención de liberar a los miembros de la institución, el proceso se demoró 14 días. La retención de estos uniformados había generado una fuerte tensión en la zona, debido a que se produjo en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento y los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.Tras la entrega formal a los delegados humanitarios, se espera que los cinco policías sean trasladados a un centro asistencial para verificar su estado de salud antes de reencontrarse con sus familias. Las autoridades regionales y la Fuerza Pública aún no han entregado un balance oficial sobre las condiciones en las que fueron recibidos los agentes.Este fue el comunicado con el que la guerrilla del ELN informó que había secuestrado a los policías:
A la Corte Suprema de Justicia ya llegaron los recursos de casación que interpusieron las víctimas y la Fiscalía dentro del proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los que buscan tumbar la absolución del exmandatario proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por sorteo, el estudio sobre si se admiten o no las demandas de casación le correspondió al magistrado Carlos Solórzano.La Fiscalía General de la Nación había radicado ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación con la que busca que se revoquen las absoluciones y, en su lugar, se condene al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con este recurso extraordinario, el ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al exmandatario y lo absolvió, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar que ordenó ofrecer beneficios a exparamilitares con el fin de que no lo vincularan con la conformación de un grupo armado ilegal.El antecedente inmediato del caso se remonta a agosto pasado, cuando la jueza Sandra Heredia profirió una sentencia de primera instancia que condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, esa decisión fue revertida por el Tribunal Superior de Bogotá, que concluyó que la prueba recaudada no permitía demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del expresidente en los hechos investigados.Ahora, el recurso de casación que viene por parte de la bancada de víctimas reconocidas en este proceso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.
Carlos Ramón González no planea regresar a Colombia, incluso si la Corte Suprema de Justicia lo condena. Así lo dejó claro su abogado, Iván Cancino, al confirmar que su defendido continuará en Nicaragua bajo la figura de asilo político, una decisión que, según explicó, dependerá del gobierno de ese país.En entrevista en Mañanas Blu, Cancino habló sin rodeos sobre el escenario que enfrenta el exdirector del DAPRE, quien será acusado formalmente el próximo 29 de enero. González, cercano al presidente Gustavo Petro, seguirá el proceso de manera virtual desde Managua, donde reside desde hace varios meses.La frase que marcó la conversación fue directa y sin ambigüedades: “Si lo condenan y el asilo sigue vigente, pues él tomará la decisión que creo será la de seguir asilado en Nicaragua”, afirmó el abogado, dejando claro que el regreso a Colombia no está en los planes inmediatos.¿Carlos Ramón González volvería al país si hay condena?Para Cancino, la respuesta es clara. Mientras el asilo político se mantenga, Colombia no tendría herramientas para obligar su regreso. “Si se mantiene el asilo, pues obviamente no podrán traerlo”, explicó, aunque reconoció que, si Nicaragua decide levantar esa protección, la justicia colombiana podría actuar.El abogado reiteró que, desde su perspectiva, González sigue siendo inocente. “Para mí sigue siendo inocente”, insistió, señalando que la acusación no cambia la estrategia de defensa ni su convicción sobre el resultado del proceso.González comparecerá virtualmente desde NicaraguaCancino confirmó que su cliente asistirá a las audiencias de manera virtual. “Él se comunicará virtualmente con la audiencia y atenderá las audiencias que se sigan de aquí en adelante por ese medio”, dijo.Sobre la posibilidad de que fiscales o autoridades viajen a Nicaragua para interrogarlo, fue tajante: “Perderían el tiempo”. Según explicó, su recomendación es clara: “Mi recomendación para Carlos Ramón será guardar silencio”.El abogado aseguró no tener información sobre un eventual acompañamiento del Gobierno colombiano o de la Cancillería. “No tengo ni idea si lo están apoyando”, afirmó.Mientras se acerca la fecha clave ante la Corte Suprema, la defensa deja un mensaje claro: González no regresará al país y, si hay condena, su permanencia en Nicaragua seguirá siendo la carta principal. El proceso avanzará, pero a distancia.
La reunión entre algunos gobernadores del país y el ministro de Hacienda culminó sin acuerdos, luego de que no se lograran conciliar las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica expedidos en medio de la crisis fiscal que enfrentan las regiones.Tras el encuentro, varios mandatarios departamentales expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre el recaudo tributario y la sostenibilidad financiera de los territorios. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reunión no dejó acuerdos de fondo y reiteró la preocupación de los departamentos por el impacto fiscal de los decretos de emergencia. Según explicó, aunque el ministro del Interior propuso la creación de una mesa técnica, los gobernadores mantienen su posición frente a la afectación de las rentas cedidas. “Él sigue insistiendo en que no se afectan los ingresos, pero nosotros decimos que sí, porque tenemos las pruebas de cómo se van a disminuir. Nuestra posición es que vamos a seguir defendiendo esos derechos constitucionales”, afirmó, al señalar que los recursos provenientes de licores y cigarrillos son fundamentales para garantizar salud, educación y deporte en las regiones.Toro advirtió que el aumento de impuestos podría incentivar el contrabando y generar una caída en el recaudo, con consecuencias directas sobre el sistema de salud. En el caso del Valle del Cauca, recordó que los recursos del cigarrillo se destinan al régimen subsidiado. “Nosotros tenemos que obligatoriamente pagar el régimen subsidiado. Yo le pregunté al ministro: ¿usted me va a pagar esos 120.000 millones de pesos que yo no tengo con qué pagarlos? Eso no me lo contestó”, señaló la mandataria, quien alertó que, de no cubrirse ese faltante, los departamentos tendrían que usar recursos de libre destinación para cumplir con esas obligaciones.La gobernadora también insistió en que una eventual disminución del recaudo afectaría otros programas esenciales que hoy asumen las regiones ante la falta de recursos nacionales. “¿Con qué vamos a pagar el PAE, con qué vamos a pagar el transporte escolar, con qué vamos a pagar lo que no nos manda la Nación?”, cuestionó. En ese sentido, subrayó que estos recursos no son para los gobernadores, sino para la ciudadanía. “Son para darle educación, salud, deporte, para alejarlos de la violencia y de las drogas. Si nos disminuyen los recursos, no vamos a poder garantizar esos derechos fundamentales”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la reunión como “llena de humo” y aseguró que la situación quedó en manos de la Corte Constitucional. Según explicó, el departamento solicitará una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad para que se suspendan los efectos tributarios del decreto de emergencia.“En cualquier caso, si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el departamento se sostiene en lo que ratificamos: haremos uso del instrumento de excepción de inconstitucionalidad”, afirmó Rendón.Desde el Gobierno nacional, sin embargo, el balance fue distinto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio por superadas las tensiones con los gobernadores y aseguró que las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica quedaron resueltas.Minutos antes, Benedetti había señalado que, tras la reunión, se acordó que si los impuestos a licores y tabaco afectan la recaudación de las regiones, la Nación asumirá el déficit que se genere. Según el ministro, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a compensar cualquier faltante que deje el recaudo tributario en los departamentos.