Un juez admitió una acción de tutela presentada por el senador Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que sus recientes declaraciones sobre Jesucristo vulneraron los derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la dignidad humana y el principio de laicidad del Estado.La tutela se originó tras unas afirmaciones hechas por el jefe de Estado el pasado 27 de enero, durante un acto público en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. En ese escenario, el presidente Petro se refirió a Jesucristo con expresiones de carácter personal y religioso, entre ellas: " yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”.De acuerdo con el fallo, el juez consideró que estas manifestaciones no fueron hechas por Gustavo Petro como ciudadano particular, sino en su condición de presidente de la República, lo que le da un carácter institucional a su pronunciamiento. El fallo señaló que las declaraciones se refieren de manera directa a aspectos centrales del dogma cristiano y a la figura de Jesucristo, eje fundamental de la fe de millones de colombianos, lo que les otorga una especial sensibilidad.Además, frente a la tutela el mandatario se tendría que abstener de emitir, desde su investidura como presidente de la República, declaraciones que involucren interpretaciones teológicas o doctrinales. Con esta decisión, el proceso entra ahora en una nueva etapa mientras se define el alcance y cumplimiento de las órdenes judiciales.El juez también advirtió que, al reinterpretar públicamente creencias religiosas y atribuir conductas no reconocidas por la doctrina cristiana ni respaldadas por fundamentos históricos o teológicos, el presidente habría afectado la libertad religiosa y de conciencia de quienes profesan esa fe. Por lo que recordó que el jefe de Estado tiene la obligación constitucional de mantener la neutralidad religiosa y respetar el carácter laico del Estado colombiano.Frente al panorama, como medida de reparación simbólica el presidente Gustavo Petro realice un acto público en donde “deberá precisarse que tales manifestaciones no representan la posición oficial del Estado colombiano, y reafirmarse el respeto por la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el principio de laicidad del Estado.” tal como se menciona en la tutela.
La investigación que se lleva a cabo por el envenenamiento que causó la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá continúa abriendo nuevos capítulos y revelando detalles cada vez más perturbadores. A casi un año de la dolorosa tragedia ocurrida en abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación podría demostrar que el crimen estuvo precedido por amenazas directas contra la familia de Juan de Bedout. De hecho, un episodio ocurrido en el exterior ahora cobra una relevancia clave y ha despertado la intriga de muchos.Amenazan al hijo de De Bedout: una llamada fue la claveUno de los hallazgos más sensibles se remonta a enero de 2024, durante un viaje familiar a Estados Unidos. De acuerdo con la declaración rendida ante la Fiscalía, un hijo de Juan de Bedout recibió una llamada en su celular mientras se encontraba en Nueva York. Del otro lado de la línea, un hombre con acento no identificado pronunció una frase que encendió las alertas: “De Bedout, lo vamos a matar”, según el periódico El Tiempo.En ese momento, el joven interpretó la comunicación como una posible broma de mal gusto. Sin embargo, tras la muerte de las menores, la llamada pasó a ser considerada una prueba técnica. El número telefónico ya fue entregado a las autoridades, que ahora tienen la tarea de rastrear su origen y establecer posibles vínculos con los sospechosos del caso.La Fiscalía no solo investiga el envenenamiento por frambuesas contaminadas con talio, sino la posible existencia de un patrón previo. Alicia Graham, esposa de De Bedout y madre de una de las niñas, habría presentado síntomas graves años antes de su muerte. En 2020, médicos habrían diagnosticado una intoxicación por talio, un metal altamente tóxico y prohibido en Colombia desde los años setenta.Entre los indicios que hoy se analizan están:Caída severa del cabello.Dolores intensos que le impedían caminar.Deterioro progresivo del sistema inmunológico.Aunque Graham falleció en 2021 por un cáncer agresivo, especialistas consideran que la intoxicación previa pudo debilitar su organismo y agravar su estado de salud.Las pruebas que comprometen a Zulma GuzmánEl proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, quien figura como la principal sospechosa, avanza actualmente en el Reino Unido. La empresaria, con quien De Bedout habría mantenido una relación extramatrimonial, es señalada de haber enviado las frutas contaminadas. Su captura en Londres incluyó un intento de fuga al lanzarse al río Támesis y, posteriormente, la intención de viajar a Brasil.Entre las pruebas que analiza la Fiscalía se encuentran:Un GPS que habría intentado instalar en el vehículo de De Bedout.La tarjeta SIM hallada en ese dispositivo.La posible conexión entre la amenaza en Nueva York y el crimen de 2025.Las autoridades buscan establecer ahora si la advertencia telefónica fue el anuncio de una tragedia que, meses después, terminaría por hacerse realidad.
Dos ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el país luego de ser detenidos por las autoridades migratorias cuando pretendían ingresar al país con fines de explotación sexual.La alerta se activó tras un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y del personal de la aerolínea Turkish Airlines, que advirtió comportamientos inusuales de los viajeros. La tripulación advirtió que los ciudadanos estarían grabando sin consentimiento a una menor de edad durante un vuelo procedente de Panamá. Con esta información, Migración Colombia aplicó sus protocolos frente al turismo con fines de explotación sexual.Durante el control migratorio, ya en territorio colombiano, las autoridades encontraron en el equipaje de mano de los extranjeros varios paquetes sellados con lencería femenina. En la entrevista migratoria, los ciudadanos reconocieron que estos elementos serían utilizados con fines de explotación sexual, por lo que se les negó el ingreso al país.La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló durante 2025 más de 100 ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, fueron inadmitidos por ser identificados como posibles ofensores sexuales, gracias al cruce de información y a las alertas internacionales.
Luego de más de un par de semanas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución en la que se instaura y materializa la rebaja del precio de la gasolina y la estabilización del precio del diésel.Desde el primero de febrero de este 2026, la reducción de 500 pesos en la gasolina se aplicará en todas las gasolinerías del país, sin excepción alguna. La medida busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y marca un punto de inflexión en la política de combustibles, luego de varios años de ajustes y alzas que generaron inconformidad, pero que respondían a una necesidad fiscal.Según explicó el Ministerio, esta decisión es el resultado de una estrategia gradual que se inició desde el comienzo de la actual administración, cuando se optó por aumentar de manera progresiva el precio de la gasolina para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Dicho fondo acumulaba un hueco financiero que ponía en riesgo las finanzas públicas, al obligar al Estado a asumir subsidios cada vez más costosos.“Esta resolución convierte en hechos una política que implicó decisiones difíciles, pero necesarias. Hoy ese esfuerzo se traduce en una reducción real del precio de la gasolina, que impacta lo que pagan las personas en su vida cotidiana”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Con ese ajuste ya realizado, el Gobierno asegura que ahora es posible avanzar hacia precios más estables y favorables, especialmente en el caso del diésel, sentando bases más sostenibles para el manejo futuro de los combustibles en el país.Recordemos que el Gobierno de Gustavo Petro, en el año 2022, en el mes de agosto, habría recibido la gasolina en un promedio de 9.200 pesos; para enero de este año 2026, la gasolina alcanzó un promedio de 16.400 pesos, teniendo un alza de aproximadamente 7.000 pesos.Tras el panorama que se vive, el ministro agregó que se realizará un seguimiento correcto para que se visibilice y garantice la aplicación de la reducción de 500 pesos a nivel nacional.
El viernes 30 de enero de 2026 se realizó el sorteo MiLoto, uno de los juegos de azar con mayor número de seguidores en Colombia, gracias a su dinámica sencilla y a su bajo costo de participación. La expectativa entre los apostadores aumentó luego de que en el sorteo anterior se entregara el premio mayor, situación que permitió que el pozo acumulado iniciara con un nuevo monto.Durante el sorteo de hoy, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 33, 04, 27,19, 17 y 03. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.Premiación y ganadoresDe acuerdo con los datos oficiales emitidos tras la validación del sorteo, más de 7.000 personas resultaron ganadoras en las distintas escalas de aciertos.La distribución de los premios según el nivel de aciertos se organizó de la siguiente manera:5 aciertos: $200.000.0004 aciertos: $14.832.0003 aciertos: $24.093.7002 aciertos: $38.728.000Así funciona MiLotoMiLoto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa práctica y económica, especialmente frente a sorteos de mayor alcance como Baloto. Su sistema de juego es fácil de entender: el participante debe elegir cinco números dentro de un rango que va del 1 al 39.Al contar con un universo numérico más reducido, MiLoto ofrece mejores probabilidades estadísticas de acierto en comparación con otras loterías tradicionales.Más allá de su atractivo por el valor de la apuesta, este juego opera bajo la regulación de Coljuegos, lo que garantiza su legalidad. Los recursos generados por la venta de MiLoto se destinan principalmente al financiamiento del sistema de salud en Colombia, a través de los derechos de explotación que pagan los operadores, representando un aporte directo al bienestar social.¿Cómo reclamar premios de MiLoto?Para reclamar premios inferiores a 182 UVT ($9.063.418), el ganador debe presentar la documentación básica exigida por el operador. Entre los requisitos se encuentra el tiquete original; si la apuesta se realizó de forma digital, este debe imprimirse desde el correo electrónico recibido o descargarse desde la sección “Mis Apuestas” del perfil del jugador, asegurando que todos los datos estén correctamente diligenciados.También es obligatorio presentar un documento de identidad válido, como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.En el caso de premios superiores a 182 UVT ($9.063.418), el proceso incluye un paso adicional. El ganador debe comunicarse previamente al número (601) 742 6861, extensión 72749, en horario de oficina, para recibir la autorización correspondiente y conocer la sucursal fiduciaria asignada.Para el cobro, se debe presentar el tiquete original en perfecto estado —impreso si la compra fue digital y con todos los campos completos— junto con un documento de identidad vigente, dentro de las opciones permitidas por la normativa.¿Cómo cobrar gran acumulado de Baloto, Revancha, ColorLoto o MiLoto?El cobro del gran acumulado de juegos como Baloto, Revancha, ColorLoto o MiLoto comienza con un contacto directo con la Fiduciaria de Occidente, ubicada en la Carrera 13 #26A-47, piso 9, en Bogotá.La comunicación debe realizarse con el Director de Gestión de Negocios, a través del teléfono (601) 742 6861, extensión 72749, en horario laboral. Durante esta llamada se efectúa una verificación inicial de los datos del tiquete y se agenda una cita para continuar con el proceso de reclamación del premio.
La suerte ha vuelto a elegir a Antioquia como su escenario principal. En el reciente sorteo No. 0477 de MiLoto, realizado la noche del viernes, un ciudadano se convirtió en el nuevo propietario de una fortuna de $200 millones. El tiquete ganador, que ha despertado el entusiasmo de los apostadores en el municipio de Rionegro, fue adquirido bajo la modalidad manual, consolidando una vez más al departamento como uno de los más afortunados para este juego.Los números que cambiaron la vida de este ganador fueron el 03, 04, 17, 27 y 33. Con este acierto, ya son 10 las ocasiones en las que el premio mayor de MiLoto se queda en territorio antioqueño, demostrando la alta penetración y confianza que los colombianos depositan en este formato.MiLoto ya había caído esta semanaEste es el segundo premio mayor que entrega MiLoto en la semana, pues el pasado 28 de enero cayó en Bogotá, lo que marca un inicio de año sumamente dinámico para los juegos de suerte y azar en el país. Las estadísticas revelan una tendencia interesante: de las 16 veces que el gran acumulado ha caído en la capital, 10 ganadores optaron por la modalidad automática, mientras que solo 6 prefirieron elegir sus números de forma manual. Esto refuerza la idea de que dejar la elección al azar del sistema es una estrategia tan válida como el análisis personal de cifras.Además del gran premio, el sorteo No. 0477 fue generoso con miles de colombianos. En total, se registraron 10.721 ganadores en las diferentes categorías, distribuyendo una bolsa global de premios superior a los $277 millones."El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en el sitio web oficial", recordaron las autoridades del juego.Un impacto real en la salud de los colombianosMás allá de los premios individuales, MiLoto se ha consolidado como una pieza clave para el financiamiento del sistema público en Colombia. Desde el 20 de octubre de 2023 hasta finales de enero de 2026, el juego ha pagado más de $40.650 millones en premios, beneficiando a un total de 2.425.751 personas.Sin embargo, la cifra más relevante para el país son los $18.212 millones transferidos al sistema de salud. Estos recursos, derivados de la operación legal de los juegos de suerte y azar, permiten fortalecer la atención hospitalaria y los programas de bienestar social en todo el territorio nacional, reafirmando el compromiso social de la marca.¿Cómo participar por el nuevo acumulado?Tras la caída del premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinicia con una cifra inicial de $120 millones para el próximo sorteo. Los interesados en probar su suerte pueden adquirir sus tiquetes de diversas formas:Canales digitales: A través de la página web oficial www.baloto.com.Puntos físicos: En los más de 43 mil puntos de las redes Su Red y SuperGIROS en todo el país.Redes aliadas: En puntos PagaTodo y principales cadenas de grandes superficies.
Si está buscando trabajo en este inicio de año y tiene experiencia en la conducción de tractocamiones, puede que aquí esté su oportunidad de volver a laborar. La compañía Essity, anteriormente conocida como Grupo Familia, anunció la apertura de 16 vacantes para conductores de tractocamiones para su red logística en Colombia. La convocatoria está dirigida a conductores con licencia C3 y busca responder al crecimiento de la operación nacional de la empresa, enfocada en el abastecimiento eficiente de productos esenciales.¿A quiénes están dirigidas las vacantes?Las oportunidades laborales están orientadas a conductores que cuenten con mínimo un año de experiencia en el manejo de vehículos articulados, aunque la compañía prefiere perfiles con dos años o más de trayectoria. Además, se requiere disponibilidad para realizar rutas nacionales, un factor clave para garantizar la cobertura logística de la empresa en distintas regiones del país.Zonas de operaciónLas vacantes se concentran principalmente en Antioquia, en municipios estratégicos como Medellín, Rionegro, Guarne, Girardota y zonas aledañas, donde Essity tiene una parte importante de su operación logística.Adicionalmente, la empresa también habilitó cupos en la Sabana de Bogotá, específicamente en Cajicá, Zipaquirá y Chía, puntos clave para la distribución nacional de sus productos.Salario y beneficiosEssity ofrece un paquete integral de compensación y beneficios para los conductores seleccionados. Entre los principales se destacan:Salario competitivoPrimas extralegalesBonificaciones por kilómetros recorridosIncentivos por buenas prácticas de conducciónPagos adicionales por jornadas extrasCelular corporativo con línea y datosBeneficio de alimentación¿Cómo postularse?Las personas interesadas en aplicar a estas vacantes pueden enviar su hoja de vida vía WhatsApp al número 313 263 3829. La convocatoria estará abierta durante los próximos meses, lo que amplía las posibilidades de participación para más aspirantes.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió a la Corte Constitucional que escuche a los mandatarios regionales antes de tomar una decisión definitiva sobre el decreto de emergencia económica, teniendo en cuenta que este actualmente se encuentra suspendido. La mandataria manifestó que esta determinación de la Corte permite que las rentas provenientes de la venta de licores y cigarrillos en el departamento sigan destinándose a programas sociales para el desarrollo de los vallecaucanos."Ya solicitamos a la Corte que nos diera la oportunidad de intervenir a los gobernadores para explicar esto. Creemos que constitucionalmente estamos protegidos porque es una renta de constitucionalidad. No es una ley, fue la misma Constitución la que estableció que esas rents fueran cedidas a los departamentos para Salud, Educación y Deportes", indicó Toro.La mandataria también se refirió a lo dicho por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde señalaba que la decisión de la Corte Constitucional, "busca evitar el pago del impuesto de licores y cigarrillos a los mega ricos del país"."Los mega ricos no viven aquí, ellos viven en otros paises y además no toman aguardiente. El aguardiente que se toma aquí, se lo toma la gente pobre, la gente que realmente aporta para que nosotros podamos sostener la salud", finalizó la mandataria.
En medio de un debate nacional sobre el déficit fiscal y el aumento del gasto público, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, aseguró que el incremento en el presupuesto no representa un derroche, sino una inversión social estratégica en sectores como educación, salud y salarios dignos para los colombianos.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Molina explicó que la percepción de “gasto excesivo” no considera que la mayor parte de los recursos se destinan a programas sociales y obligaciones legales adquiridas por el Estado. “El 90% del gasto del gobierno central es inflexible y responde a sentencias judiciales o a rentas de destinación específica. Esto incluye educación, salud y remuneraciones que garantizan la dignidad de los trabajadores, como soldados y médicos internos”, detalló.La directora también se refirió a las críticas sobre el aumento de la nómina estatal y la creación de nuevos cargos. Frente a esto, Molina explicó que la recomposición del gasto público ha trasladado recursos de inversión a funcionamiento, con el objetivo de asegurar la continuidad de proyectos sociales, como la gratuidad de la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y la mejora de la red hospitalaria pública, incluyendo el Hospital San Juan de Dios, que recibió 167.000 millones de pesos del Gobierno nacional.Sobre la acusación de que la política de economía expansiva del presidente Gustavo Petro incrementa el gasto sin control, Molina señaló que estas medidas buscan reactivar la economía y generar productividad. “Es como cuando una familia pide un crédito para comprar vivienda: incrementa su gasto, pero al final obtiene un activo que genera beneficio a largo plazo. El gasto público social funciona de manera similar”, argumentó.En cuanto al déficit fiscal, Molina explicó que la cifra estructural supera los 110 billones de pesos y que medidas como los decretos de emergencia económica, por 1,6 billones de pesos, solo representan una parte limitada del esfuerzo financiero. Según la directora, el Gobierno busca financiar el gasto social mediante una estructura tributaria progresiva, aplicando mayores impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos, aunque esta estrategia ha sido objeto de debate en el Congreso y entre economistas.Durante la entrevista, la periodista planteó varias preguntas sobre la legitimidad del aumento del gasto público, la política de economía expansiva y la refinanciación de deuda, temas que Molina abordó vinculando los incrementos de gasto con la necesidad de sostener programas sociales y reactivar la economía. Sin embargo, no se presentó un consenso claro sobre si estas decisiones impactan positivamente o generan mayores riesgos fiscales.
El primer caso se registró el 1 noviembre de 2025, cuando, según la Fiscalía, Diego Alejandro Espinoza Zapata, al parecer, agredió físicamente a su compañera sentimental, dentro de su residencia ubicada en el barrio Las Colinas, en el suroccidente de Armenia. El origen del ataque estaría relacionado con que la mujer decidió terminar la relación. Luego, el 22 de noviembre, el señalado agresor siguió a la víctima hasta su casa, donde la golpeó e hirió con arma cortopunzante. Por estos hechos fue denunciado y su captura se hizo efectiva por la Policía en el barrio San Ignacio de Tunja, Boyacá.Agresor caso 2026El 25 de enero, mientras el Quindío conmemoraba los 27 años del terremoto del Eje Cafetero, en una vivienda del barrio La Cecilia, un hombre en estado de embriaguez, al parecer, golpeó y amenazó con un arma cortopunzante a su compañera sentimental. Por fortuna para la mujer, las autoridades fueron informadas a tiempo y uniformados de la Policía capturaron al hombre en flagrancia.Agresores a juicioLos dos agresores fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante jueces de control de garantías.En un comunicado, la Fiscalía confirmó que: "Fiscales locales de la seccional, hicieron traslado de escritos de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada". Pero, ninguno de los procesados aceptó los cargos.A pesar de eso, los togados impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos hombres, por su presunta responsabilidad en las agresiones a sus compañeras sentimentales.
En un comunicado, la Policía confirmó el homicidio de Andrés Felipe Roa Porras, de 24 años de edad, en un ataque cometido en el barrio La Patria, en el suroccidente de Armenia.En vía pública y frente a la capilla Santa Laura Montoya, "Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de esta persona", señaló la Policía del Quindío en el comunicado.¿Qué antecedentes judiciales tenía la víctima?Según la Policía, Andrés Felipe Roa Porras "presentaba antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego o municiones y amenazas en 2025; homicidio en 2018; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2017, 2018, 2020 y 2025; hurto en el 2021 y 2022; lesiones personales en 2020; concierto para delinquir en 2019; y daño en bien ajeno en 2018".Además, la víctima ya habría sido lesionado con arma cortopunzante el 17 de diciembre de 2025, en el barrio Simón Bolivar de la capital quindiana en medio de una riña.Ahora, la Sijín de la Policía investiga este caso para determinar cuáles fueron los orígenes del ataque y quién está detrás de éste homicidio.
El Congreso inició oficialmente el proceso de convocatoria pública para la elección del contralor general para el periodo 2026-2030, quien reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez, de acuerdo con la Resolución 004 del 30 de enero de 2026.En el artículo primero, el Legislativo dispuso “iniciar el proceso de convocatoria pública previa a la elección del contralor general de la República por el Congreso de la República en pleno”, aclarando que el procedimiento concluirá con la conformación de la lista de elegibles que será sometida a consideración de senadores y representantes.La resolución también definió que la Universidad de Cartagena será la institución de educación superior encargada de ejecutar el proceso de selección. Según el artículo segundo, se trata de una universidad “con acreditación de alta calidad y certificada para la ejecución de procesos de selección”, con la cual se suscribirá el contrato para “aplicar las pruebas y los criterios de selección de la convocatoria pública para elegir al contralor general de la República para el periodo 2026-2030”.A su vez, el artículo tercero ordena remitir la decisión a las direcciones administrativas del Senado y la Cámara para que adelanten las gestiones administrativas, financieras y contractuales necesarias que garanticen el cumplimiento de la convocatoria.En el desarrollo de la convocatoria, el Congreso dejó claro que el proceso estará regido por los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, conforme al artículo 6 de la Ley 1904 de 2018. Además, se precisó que la convocatoria quedará abierta hasta la conformación de la lista de elegibles, de la cual el Congreso en pleno escogerá al nuevo contralor general de la República.La resolución fija de manera detallada los requisitos e inhabilidades para aspirar al cargo. Entre las condiciones mínimas, el documento señala que se requiere “ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años; tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables, y experiencia profesional no menor a cinco (5) años”. También establece que “no podrá ser elegido contralor general quien sea o haya sido miembro del Congreso o se haya desempeñado como gestor fiscal del orden nacional en el año inmediatamente anterior a la elección”, ni quienes tengan condenas por delitos comunes.Finalmente, el acto administrativo advierte que el proceso deberá blindarse frente a conflictos de interés, al señalar que “en ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos”, reforzando así las reglas de transparencia en la elección del nuevo jefe del control fiscal.
La Fiscalía decidido apartar al fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario encargado del proceso. La determinación se tomó tras aceptar el impedimento presentado por Juan Carlos Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció una relación personal cercana con el abogado defensor de la investigada.La actuación penal corresponde al proceso adelantado por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, a partir de la denuncia de Marelbys Meza, quien aseguró que los días 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante una prueba de credibilidad y confiabilidad con polígrafo, en instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial, en inmediaciones del Palacio de Nariño.Debido al fuero constitucional de Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, el caso había sido asignado de manera especial a la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de Arias Duque. Sin embargo, el propio fiscal solicitó ser apartado del expediente al considerar que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley.En el documento presentado ante la fiscal general, Arias fundamentó su impedimento en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 2004, que contempla como causal la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. Según explicó, el 16 de diciembre de 2025 Sarabia otorgó poder al abogado José Fernando Reyes Cuartas para que asumiera su defensa en este proceso.“El doctor Arias manifestó que entre él y el abogado Reyes existe una amistad cercana e íntima desde hace más de veinticinco años”, señala el documento. El fiscal precisó que esa relación se ha construido a partir de “vínculos regionales, relaciones personales, académicas y profesionales, fortalecidas además por la existencia de amistades en común y la participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional”.En su escrito, Arias Duque afirmó que, “en atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía General acogió ese argumento y concluyó que la causal estaba debidamente acreditada.Al analizar el impedimento, el despacho de la fiscal general recordó que el régimen de impedimentos busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen con plena objetividad. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, señaló que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.En la decisión final, la Fiscalía concluyó que la amistad descrita “trasciende el ámbito meramente profesional” y que, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por ello, resolvió “declarar fundado el impedimento” y “apartar al doctor Juan Carlos Arias Duque del conocimiento de la actuación penal”.Como consecuencia, el expediente sería remitido a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que corresponda por reparto, la cual asumirá el caso. La decisión establece, además, que, si Sarabia llegara a perder su fuero constitucional, la nueva fiscalía continuará con el proceso por asignación especial.Eventualmente, este hecho podría retrasar el resultado de la investigación contra la ahora embajadora Sarabia, ya que el nuevo fiscal que sea asignado al caso tendría que iniciar nuevamente el estudio del proceso desde cero para empezar a tomar decisiones.
El presidente Gustavo Petro anunció, a través de X, que el presupuesto para 2026 tendrá un nuevo recorte por 16 billones de pesos. La información fue revelada mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario confirmó que este será el tercer ajuste fiscal realizado durante su administración, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas.Según explicó el jefe de Estado, el Gobierno ya había aplicado dos recortes previos: uno por 12 billones de pesos y otro por 16 billones. Con el nuevo ajuste anunciado, el monto total de los recortes asciende a 44 billones de pesos corrientes. Petro reconoció que esos recursos pudieron haberse destinado a programas en beneficio de la población, pero sostuvo que las condiciones fiscales obligaron a tomar estas decisiones.El anuncio se da en un contexto de debate por el déficit fiscal y el manejo de las cuentas públicas, en el que el presidente ha señalado de manera reiterada decisiones adoptadas en gobiernos anteriores y fallos judiciales como responsables del deterioro del balance fiscal. No obstante, en su mensaje no precisó cómo se hará el nuevo recorte, qué sectores se verán afectados ni en qué momento se aplicará dentro del ciclo presupuestal de 2026.Petro insistió en que los ajustes responden a una situación estructural del déficit y al peso del endeudamiento, y planteó que los recortes no han sido suficientes para contrarrestar lo que considera efectos negativos de la política económica y fiscal heredada. Aun así, el anuncio del nuevo ajuste pone en el centro de la discusión el tamaño real del presupuesto para 2026 y el margen de maniobra del Gobierno en un año clave para la ejecución de políticas públicas.
El acceso a la formación de alto nivel en Colombia tendrá un nuevo esquema luego de la salida de Colfuturo. El Gobierno nacional anunció la aprobación del Conpes 4182, documento que fija la continuidad del Programa Nacional de Becas de Maestrías y Doctorados y que reemplaza a este modelo que durante años operó.Con esta decisión, el Estado asume directamente la financiación y administración de las becas, las cuales dejarán de estar asociadas a créditos educativos. El Conpes contempla una inversión cercana a los 370.000 millones de pesos mediante vigencias futuras entre 2026 y 2030, recursos con los que se financiarán dos cohortes y se beneficiará a cerca de 900 personas.El documento establece que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será el responsable de dirigir y ejecutar los recursos, eliminando esquemas de intermediación y centralizando la política de formación avanzada dentro del Estado.Las becas estarán dirigidas principalmente a profesionales de los estratos 1, 2 y 3. Además, el Conpes fija criterios de distribución que incluyen que al menos el 60 % de los cupos sea asignado a mujeres y contempla la participación de comunidades indígenas y de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.En materia institucional, la política dispone que el 72 % de los cupos se desarrollará en instituciones de educación superior del país y que el 60 % de los recursos será destinado a universidades públicas.El Conpes también define una asignación territorial obligatoria. Al menos el 30 % de los recursos, equivalentes a más de 110.000 millones de pesos, se destinará a regiones con rezagos estructurales como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos.Finalmente, los recursos se orientarán a programas en áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas, en línea con las prioridades definidas en las Misiones de País.
Entre los temas coyunturales y de más alto interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro está la emergencia económica que ha ocupado los titulares en las últimas semanas, pero también está la reforma pensional que desde que fue demandada ante la Corte Constitucional en julio del 2024 ha atravesado un sinfín de traspiés.El último incoveniente lo conoció Blu Radio en primicia. La Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y pide apartarlo de la discusión de la reforma pensional. Lo anterior, al considerar que Ibáñez prejuzgó públicamente sobre la reforma que está bajo estudio del alto tribunal durante una entrevista que concedió a un medio de comunicación. La Sala Plena deberá definir si admite o no la recusación.El escrito firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, señala que el magistrado Ibáñez afirmó que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable que “no se subsanó”, cuando el proceso aún se encuentra en estudio por parte del alto tribunal esto en medio de una entrevista que el togado concedió a un medio de comunicación.A juicio del Gobierno, el pronunciamiento del magistrado anticipa un elemento central de la decisión y compromete la apariencia de imparcialidad judicial.La Presidencia también advierte que el caso se da en un contexto institucional sensible, pues la Corte debe adoptar en las próximas semanas una decisión definitiva sobre la reforma, luego de que el trámite quedara empatado y se acudiera a un conjuez.Está por definirse allí en el alto tribunal el futuro de una de las reformas bandera para el Gobierno del presidente Petro, que, sin duda, ha marcado el pulso entre esa Corte y el Ejecutivo.
La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo relató a Blu Radio que, en lo corrido del año 2026, se han registrado 10 fallecimientos por fiebre amarilla, todos correspondientes a población flotante proveniente de otros departamentos del país, quienes ingresaron al territorio sin contar con el esquema de vacunación requerido.De acuerdo con el reporte oficial, las personas fallecidas procedían de Bogotá, Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca), Tarazá (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Ventaquemada (Boyacá).Aunque los decesos ocurrieron en sus lugares de origen, los casos quedaron registrados en el histórico epidemiológico del Tolima, al haberse adquirido el contagio dentro del departamento.Situación epidemiológica actualDesde el inicio del brote de fiebre amarilla, el Tolima registra:*139 casos confirmados* 57 fallecimientos acumulados* 15 casos en 2026* 10 muertes en lo que va del año*Cobertura de vacunación del 63 %*Letalidad superior al 66 % en población proveniente de otros departamentosRengifo manifestó su preocupación por el alto número de casos asociados a personas no vacunadas:“En lo que llevamos del brote hablamos de 139 casos confirmados y 57 muertes. Solo en 2026 se han presentado 15 casos, de los cuales 10 terminaron en fallecimiento. Lo más preocupante es que más del 60 % de los casos corresponde a personas procedentes de otros departamentos, con una letalidad superior al 66 %”, señaló la funcionaria.Articulación interinstitucionalLa Secretaría de Salud del Tolima confirmó que este jueves se realizará una reunión interdepartamental con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca, el objetivo es fortalecer las estrategias de control, vigilancia epidemiológica y vacunación obligatoria en corredores turísticos y zonas de riesgo.Agregó que el principal factor de riesgo continúa siendo el ingreso de población flotante sin vacunación previa."Estamos articulando acciones con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca para garantizar que quienes ingresen al Tolima lo hagan vacunados. La fiebre amarilla sigue activa y el riesgo es real”.Municipios en alertaSe mantiene alerta en los municipios de, Icononzo, Cunday, y Carmen de Apicalá en el oriente del departamento, Ataco, y Chaparral en el sur. Las autoridades reiteran que el turismo continúa habilitado, siempre y cuando las personas cuenten con el esquema de vacunación completo contra la fiebre amarilla.La Secretaría de Salud insistió en que todas las muertes registradas eran prevenibles y reiteró el llamado a la vacunación oportuna.“La vacuna es gratuita, está disponible y salva vidas. La falta de conciencia sigue costando vidas humanas”, puntualizó la secretaria.Actualmente, el departamento cuenta con jornadas permanentes de vacunación en zonas urbanas y rurales, con personal disponible las 24 horas.
A México, Estados Unidos y África fueron exportadas en los primeros 26 días del mes de enero 10.000 toneladas de aceite crudo de palma producidas en 25.000 nuevas hectáreas, que muchas de ellas fueron utilizadas para los cultivos ilícitos en zona rural de Tumaco, siendo esta una cifra récord para el puerto Marítimo de Tumaco.El gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, Arley Silva, dijo a Blu radio que este resultado contrasta de manera significativa con la dinámica histórica del puerto, donde tradicionalmente se atendía un buque de aceite de palma cada dos meses. "La operación registrada en enero no solo marca un récord operativo, sino que confirma las condiciones técnicas, logísticas y humanas del Puerto de Tumaco para consolidarse como una alternativa real y competitiva para el comercio exterior del país", precisó Silva.Silva dijo que este es un hecho sin precedentes para la logística del Pacífico nariñense, ya que el puerto pasó de atender un buque bimestral a operar cuatro embarcaciones de gran calado en enero de 2026."La carga de aceite de palma, producida en 25.000 nuevas hectáreas de cultivos en la región, tiene garantizada su comercialización en los mercados de México, Estados Unidos y África, y así vamos a demostrar que este puerto marítimo es competitivo y, por eso, pedimos la ayuda de los empresarios de la región para que puedan exportar todas sus mercancías a través del puerto de Tumaco", aseguró Silva.La operación fue realizada con mano de obra 100% tumaqueña, lo que demuestra la capacidad técnica y operativa de la terminal marítima.El Puerto de Tumaco vive un momento sin precedentes en sus más de 60 años de historia, porque, durante los primeros 26 días del mes de enero, la Sociedad Portuaria Regional Tumaco – Pacific Port atendió la exportación de cuatro buques-barcazas de gran calado cargados con aceite crudo de palma, lo que representa cerca de 10.000 toneladas exportadas en un solo mes, una cifra histórica para el terminal portuario del Pacífico colombiano.Las exportaciones de aceite crudo de palma realizadas desde Tumaco tuvieron como destino los mercados de México, Estados Unidos y África, lo que aumenta considerablemente el alcance internacional de un producto que es cultivado y producido en la región. Actualmente, el municipio de Tumaco cuenta con cerca de 25.000 nuevas hectáreas sembradas de palma, que fortalece la capacidad productiva y genera nuevas oportunidades económicas para el territorio.Este crecimiento ha tenido un impacto directo en la generación de empleo y en el fortalecimiento de la confianza empresarial.La dinámica portuaria ha permitido aumentar la planta de personal, tanto directa como indirecta, priorizando la contratación de mano de obra local en el puerto. Hoy, la operación logística está liderada mayoritariamente por trabajadores tumaqueños, consolidando un modelo de desarrollo con enfoque regional.Una operación 100% seguraSilva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, destacó la magnitud del logro:"Llevo 14 años manejando las operaciones de este puerto y lo que vivimos fue un verdadero hito. Se trató de una operación limpia, segura y confiable. Atendimos dos embarcaciones de manera simultánea, con todos los protocolos de seguridad, y demostramos el potencial humano y técnico que tiene el puerto”.Silva explicó que, aunque los riesgos operativos eran latentes por la magnitud de la maniobra, la coordinación entre pilotos, personal operativo, gerencia y autoridades, permitió ejecutar una operación exitosa, sin incidentes.“Más que medirnos, nos mostramos. Le mostramos al país que el Puerto de Tumaco tiene la capacidad para atender operaciones de gran escala y convertirse en un puerto estratégico para el Pacífico colombiano”, afirmó.Respaldo InstitucionalSilva manifestó que el éxito de esta operación logística también se atribuye al acompañamiento del Gobierno Nacional, que ha volcado sus ojos al Pacífico nariñense para potenciar su infraestructura.“Agradecemos al Gobierno Nacional por el esfuerzo para que Tumaco y el Pacífico salgan adelante. Este respaldo nos permite mostrar que tenemos el potencial, los trabajadores y los empresarios para que la dinámica portuaria sea un éxito total en la región”, agregó Silva.Con el aumento de la planta de personal y la confianza de los mercados internacionales, el Puerto de Tumaco inicia el 2026 enviando un mensaje claro: está listo para ser un protagonista de primer nivel en el comercio exterior de Colombia.
Un cruce de versiones entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quedó expuesto tras la publicación de una conversación privada que reavivó la controversia por la exportación de carbón colombiano a Israel. El intercambio, difundido por Reyes en redes sociales, se da luego de que el mandatario lo señalara públicamente de desinformar sobre decisiones adoptadas durante su gobierno.En el mensaje que acompaña la imagen, Reyes le dice al presidente que “un economista debe decir siempre la verdad” y le pide dejar de “difundir falsedades” sobre su gestión. En ese mismo texto, asegura que fue Petro quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón hacia Israel, pese al anuncio de un decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza.La imagen divulgada muestra un chat entre Reyes y el presidente Petro. En la conversación, el entonces director de la DIAN le consulta al jefe de Estado si el decreto de prohibición debía aplicarse únicamente a contratos posteriores a su publicación, y no a los contratos vigentes o firmados antes del 30 de abril, como inicialmente se había planteado desde el Gobierno. “¿Es así?”, pregunta Reyes en el mensaje.La respuesta atribuida al presidente es clara y breve: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”. Con ello, Petro habría avalado que la restricción no tuviera efectos retroactivos, permitiendo que los contratos ya existentes continuaran ejecutándose sin exponerse a demandas o sanciones legales.El intercambio se conoce en medio de la discusión pública sobre el alcance real del decreto que buscaba frenar las exportaciones de carbón a Israel, una decisión anunciada por el Gobierno como parte de su postura política frente al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, desde sectores críticos se ha señalado que, en la práctica, la medida no detuvo completamente los envíos debido a la vigencia de contratos previos.La revelación del chat muestra que la decisión de limitar el alcance del decreto habría sido tomada directamente por el presidente, con el argumento de evitar riesgos jurídicos para el Estado. Al mismo tiempo, deja en evidencia la tensión entre Petro y Reyes, quien salió del cargo en medio de diferencias internas y ahora contradice públicamente la versión del mandatario.
Largas filas para la reclamación de medicamentos en Discolmets, la no prestación de servicios ambulatorios a usuarios en los diferentes municipios por las carteras morosas de las EPS con red hospitalaria pública y privada, hacen parte de las graves dificultades que enfrentan diariamente miles de afiliados de la Nueva EPS y de Sanitas en todo el departamento.Ante esta grave situación, los 37 personeros del Huila se reunieron con el delegado regional de la Superintendencia de Salud en Neiva para exigirle acciones urgentes, teniendo en cuenta que miles de usuarios llevan varios meses sin recibir sus medicamentos, incluso, pacientes con enfermedades de alto riesgo.El personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas, en diálogo con Blu Radio, dijo que, de manera conjunta con los demás personeros del Huila, interpondrán acciones legales ante las entidades correspondientes como mecanismo constitucional para visibilizar y exigir los derechos que se les han vulnerado a cientos de afiliados en la prestación de servicio de salud.“Los personeros del Huila nos hemos reunido para tomar acciones constitucionales urgentes, nos reunimos con el delegado de la Supersalud para el Huila, decimos presentar una acción constitucional de reclamo colectivo de derechos, donde buscamos visibilizar cuantos medicamentos pendientes hay en el Huila por entregar, con corte al mes de enero” señaló en Blu Radio el representante del ministerio público.Agregó el personero de Neiva, Jerson Bastidas, que más de 6.500 tutelas e incidentes de desacato gestionadas desde las personerías del departamento no han sido tenidas en cuenta para proteger la salud de los pacientes por parte de las entidades de salud y las EPS.Por último, cuestionó a las organizaciones sindicales y a los defensores de derechos humanos, quienes permanentemente convocan a manifestaciones sociales, para que también ejerzan presión y que, así, a los huilenses y pacientes se les garantice los servicios de salud. “Me llama mucho la atención que nadie proteste por la salud, nadie convoque a un plantón o a una marcha por algo que están vital como lo es la salud”, aseveró.
Una ofensiva sostenida contra el microtráfico dejó fuera de circulación cerca de cuatro toneladas de droga en diferentes regiones del país durante enero. La Policía reportó que, entre el 1 y el 28 de ese mes, adelantó una serie de operativos que impactaron de manera directa las redes dedicadas a la venta local de estupefacientes, un fenómeno asociado a la violencia urbana, la inseguridad y el deterioro del entorno social.Las acciones incluyeron 289 diligencias de allanamiento y la identificación de 103 expendios ilegales, muchos de ellos ubicados en zonas residenciales y entornos frecuentados por niños y jóvenes. El resultado fue la incautación de grandes cantidades de droga que, según las autoridades, ya no llegarán a las calles ni a los mercados criminales.El despliegue operativo también derivó en la captura de 4.136 personas, de las cuales 3.950 fueron sorprendidas en flagrancia y 186 por orden judicial. A estas se suman 98 aprehensiones, para un total de 4.234 personas vinculadas a procesos por tráfico local de estupefacientes, lo que representa uno de los golpes más fuertes al microtráfico en lo que va del año.Bogotá encabezó la lista de ciudades con mayor número de capturas, con 341 personas detenidas, seguida por Cartagena (235) y Bucaramanga (161). En las áreas metropolitanas, los mayores resultados se registraron en el Valle de Aburrá, con 797 capturas, y Pereira, con 248, cifras que evidencian la magnitud del fenómeno y la presión policial sobre estas economías ilegales.“El compromiso es cerrarles todos los espacios al microtráfico y proteger a niños, jóvenes y familias. Cada resultado operativo demuestra que la Policía está en la calle, trabajando sin descanso por la seguridad”, afirmó el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, al referirse a los resultados alcanzados.Las autoridades señalaron que cada expendio desmantelado, cada captura y cada kilo de droga incautado tiene un impacto directo en la reducción de la violencia y el fortalecimiento del control territorial. La ofensiva, advirtieron, continuará en coordinación con la Fiscalía y con el apoyo de la ciudadanía, cuya información sigue siendo clave para cerrar el paso al microtráfico en los barrios y comunidades del país.
El Consejo Nacional Electoral abrió una actuación formal para determinar si Daniel Quintero Calle está habilitado para participar como candidato presidencial por un movimiento político distinto al Pacto Histórico, luego de su paso por una consulta interna realizada en 2025. La decisión quedó consignada en un auto firmado por las magistradas Alba Lucía Velásquez Hernández, Álvaro Echeverry Londoño y Fabiola Márquez Grisales, con el que el CNE avoca conocimiento del caso y ordena la práctica de pruebas.La actuación se originó tras una petición presentada por el ciudadano José Alexander Borja Rivera, quien solicitó al CNE aclarar, con sustento jurídico, si la participación de Quintero en una consulta previa, en la que no resultó ganador, le impide aspirar posteriormente a la Presidencia por otra colectividad política. A esta solicitud se sumó un escrito radicado el 27 de enero de 2026, en el que el propio Daniel Quintero pidió la protección de sus derechos políticos, explicando su participación inicial como precandidato, así como su posterior renuncia al proceso.En su defensa, Daniel Quintero argumentó que, tras desaparecer la medida cautelar que habilitaba la consulta del Pacto Histórico, solicitó de manera expresa su retiro y renuncia a cualquier precandidatura. Según su versión, no existió militancia ni participación voluntaria en una consulta partidista posterior, y su inclusión en la tarjeta electoral obedeció únicamente a razones logísticas de la Registraduría.Con el fin de esclarecer estos hechos y garantizar el debido proceso, el CNE ordenó una serie de requerimientos que deberán ser atendidos antes del 31 de enero, a las 4:00 de la tarde. En primer lugar, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil remitir los documentos relacionados con la consulta del 26 de octubre de 2025, incluyendo la lista de inscritos, los resultados oficiales y los actos administrativos que autorizaron y validaron ese mecanismo de participación.De manera paralela, el Consejo pidió a Daniel Quintero que se pronuncie de forma expresa sobre si participó o no en dicha consulta, en qué calidad lo hizo y que aporte las pruebas y los argumentos que respalden su versión. Asimismo, requirió a José Alexander Borja Rivera, ciudadano que realizó la petición, ampliar su solicitud inicial y entregar nuevos elementos que sustenten su requerimiento ante la autoridad electoral.Finalmente, el CNE solicitó al Pacto Histórico un informe detallado sobre la finalidad, el alcance y la estructura de la consulta celebrada en octubre de 2025, el rol de las colectividades en su organización, la forma como se concibió la participación de los ciudadanos y, especialmente, el papel que tuvo Daniel Quintero dentro del proceso, incluyendo cualquier manifestación de retiro.Todos los documentos recopilados y las respuestas entregadas deberán ser publicados en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, como parte del principio de transparencia, mientras avanza la revisión del caso.
Desde este sábado 31 de enero quedó oficialmente abierto el período de inscripción de candidaturas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2026, que se celebrarán el próximo 31 de mayo. El trámite se extenderá hasta el 13 de marzo, según lo establecido por la Registraduría.Durante este lapso, indica la entidad, podrán inscribirse las candidaturas avaladas por partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como aquellas respaldadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y coaliciones. En el mismo plazo también podrán registrarse los promotores del voto en blanco.La Registraduría precisó que, en los casos en los que los candidatos presidenciales sean escogidos mediante consultas internas, programadas para el 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria oficial de los resultados. Este procedimiento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.El trámite de inscripción deberá realizarse de manera presencial en la sede central de la Registraduría Nacional, en Bogotá. Para ello, es obligatorio agendar previamente una cita a través del correo electrónico jjrocha@registraduria.gov.co, con copia a mapinto@registraduria.gov.co. La diligencia podrá ser adelantada por los propios candidatos o por sus representantes legales, delegados autorizados, miembros de los comités inscriptores o gerentes de campaña de las organizaciones políticas que los postulan.La entidad electoral también señaló que, antes de solicitar la cita, las organizaciones políticas y los promotores del voto en blanco deberán remitir a los correos electrónicos indicados la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la inscripción. Solo una vez verificados estos documentos se procederá con la asignación de la cita para formalizar el registro de las candidaturas.
Desde la mañana del pasado viernes, 30 de enero, el puerto de Buenaventura se encuentra parcialmente paralizado por una protesta de transportadores de carga en el sector de La Caucana, sobre la vía de acceso al principal puerto del país.Los camioneros denuncian demoras excesivas para devolver contenedores vacíos, sobrecostos operativos y falta de control del gobierno frente a las terminales portuarias y las navieras.En diálogo con Noticias de la Mañana, Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, explicó que el problema no es reciente y se ha agravado por la saturación de los patios de contenedores vacíos en Buenaventura.Multas diarias y falta de cumplimiento en mesas de diálogoSegún el dirigente gremial, Colombia se ha convertido en un “hub de contenedores vacíos” en América del Sur, debido a que a las navieras les resulta rentable dejar estos equipos almacenados en el país sin asumir costos prolongados.“El transportador devuelve el contenedor, pero se encuentra con que no hay dónde entregarlo. Eso no es culpa del camionero, pero aun así se le imponen multas diarias que pueden llegar a los 150 dólares”, señaló Cuervo, al advertir que estas sanciones están asfixiando financieramente al sector.El presidente de Fedetranscarga aclaró que las empresas afiliadas al gremio no promueven las vías de hecho, pero reconoció que las bases transportadoras han decidido bloquear las vías ante la falta de soluciones estructurales.Cuervo aseguró que las mesas de diálogo con autoridades y representantes de las navieras se han instalado en varias ocasiones, pero no han producido resultados concretos. A su juicio, se requiere una intervención directa de la Superintendencia de Transporte, ya que las navieras operan como un oligopolio con amplio margen para imponer condiciones.Entre las principales exigencias al gobierno está limitar el tiempo de permanencia de los contenedores vacíos en el país y garantizar espacios reales para su devolución sin penalidades injustificadas.No se pueden registrar los despachos ante la RNDCA esta situación se suma una nueva dificultad: el colapso del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC). Según el dirigente, la implementación de nuevas normas que obligan a reportes vía GPS y geocercas ha superado la capacidad tecnológica de la plataforma, impidiendo registrar despachos y cierres de operaciones.“El sistema está caído constantemente y eso frena el transporte, afecta el comercio exterior, el consumo interno y hasta la movilización de alimentos”, advirtió Cuervo, quien aseguró que el Ministerio de Transporte fue alertado desde diciembre sobre estas fallas.Mientras no haya respuestas concretas, el futuro de la protesta en Buenaventura sigue siendo incierto, con impactos directos en la logística, la competitividad del país y la cadena de abastecimiento nacional.Escuche la entrevista completa aquí: