Colombia responderá a Ecuador bajo el principio de reciprocidad tras el anuncio de un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos, medida que comenzará a regir el primero de febrero.El presidente Gustavo Petro confirmó la decisión en su cuenta de X y expresó su expectativa de que ambos gobiernos sostengan una reunión bilateral para analizar este y otros temas de interés entre ellos la lucha contra el narcotráfico.“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”, indicó el mandatario en X.El principio de reciprocidad significa que Colombia podría responder con medidas equivalentes a las que adoptó Ecuador.Sobre eso hay que decir que entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron US$1.673 millones, con una caída del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).De acuerdo con el gremio, Ecuador es el sexto destino de las exportaciones totales de Colombia y el segundo mercado para las no minero-energéticas.El gobierno colombiano asegura que ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico y ha extendido su mano en materia energética a Ecuador.El presidente Petro destacó que su administración hizo incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína, que ha habido cooperación militar con Ecuador y se han instalado centros de inteligencia en la frontera.También señaló avances contra los insumos de fentanilo en el Pacífico y resaltó el apoyo energético brindado a Ecuador cuando ese país màs necesitaba la energía que le vende Colombia.
Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
El río Magdalena volvió a hablar, revive en Honda y devuelve la esperanza a los pescadores. Lo hizo con la fuerza de sus aguas, con el brillo plateado de los peces y con la voz serena de quienes lo conocen desde siempre. En Honda, Tolima, la subienda llegó en su punto más alto y, con ella, regresó la esperanza para decenas de familias que dependen del río para sobrevivir.Desde muy temprano, el movimiento en las orillas anuncia que no es un día cualquiera. Las canoas van y vienen, las atarrayas caen una y otra vez, y el olor a pescado fresco se mezcla con el bullicio de los compradores. La escena se repite como un ritual ancestral que cada año vuelve a unir a la gente con el Magdalena.“Estamos en el tope de lo que es la subienda, la ribazón en Honda”, cuenta Arnulfo Muñoz, pescador artesanal, mientras revisa su faena. Su voz refleja experiencia, pero también alivio. “El río está en un término bueno, hay buena agua y hay bastante pescado. En estos momentos la cosa está buena para todos los pescadores”.Según Arnulfo, la subienda avanza con fuerza desde varios puntos del país. “Dicen que viene más pescado desde La Dorada, Puerto Nare, Puerto Bogotá, Serviés, desde Berrío hacia arriba. Eso quiere decir que el ciclo está bueno, que todavía hay esperanza”, afirma.Abundancia en el río“Hay de todo un poquito. Uno, como pescador, saca lo que caiga en la red. El bocachico es el que más sale, aunque pequeño, pero hay bastante. El nicuro está bueno, el bagre también, y eso ayuda mucho. Cacharro, picuda, mueluda, dorada y cachama completan la faena diaria”, explica.El río que también paga deudasMás allá de la pesca, la subienda representa alivio económico. Para muchas familias, estos días significan poder ponerse al día con gastos urgentes.“Este es el momento para pagar deudas, comprar los útiles de los niños que entran a estudiar, pagar el arriendo, los servicios, la comida”, dice Arnulfo. “Y pues el que toma, también se toma lo suyo”, agrega entre risas, con la naturalidad del pescador que habla sin rodeos.La subienda no solo mueve el río, también reactiva el comercio local. Restaurantes llenos, compradores que llegan desde otros municipios y hoteles que empiezan a ocuparse. Honda vuelve a respirar gracias al Magdalena.Un llamado a la prudenciaAunque el panorama es alentador, Arnulfo hace una advertencia clara: la subienda es pasajera. “Esto es eventual. Dura dos, tres, cuatro o cinco días. A veces uno invita y después se acaba, y la gente viene y pierde el viaje. Por eso hay que ser prudentes”, señala.Aun así, la invitación está abierta: “Que la gente venga, que coma pescado, que pasee, que conozca Honda. Hay buenos restaurantes, hay hoteles y hay pescado. De pronto no se llevan mucho, pero algo se llevan y disfrutan”.El Magdalena, corazón vivoEn 2026, el río vuelve a cumplir su promesa. No solo trae peces, sino trabajo, sustento y memoria. La subienda es más que una temporada de pesca: es cultura, es economía popular y es identidad.“Por ahora estamos en un punto bueno, muy bueno”, concluye Arnulfo Muñoz. “Ojalá siga así. Dios quiera”, confirma.Y mientras el sol cae sobre las aguas del Magdalena, el río sigue su curso, recordándole a Honda que aún late fuerte, que aún alimenta y que cada subienda es una nueva oportunidad para volver a empezar.
El Gobierno colombiano reaccionó a la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero aranceles del 30 % a productos de nuestro país alegando falta de cooperación para atender los problemas de seguridad en la zona de frontera.Ante esto, la ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró que buscarán los canales legales necesarios para hacer frente a esta situación que golpea el comercio binacional.“Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, dijo Morales.Entre las opciones a evaluar está las herramientas que brinda la Comunidad Andina que es el mecanismo que rige la relación entre los dos países para buscar una solución o, por otra parte, activar los aranceles inteligentes, “para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada”.Y es que en su pronunciamiento, esta cartera calificó cómo inconsistente este anunció pues señalan que ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza.
Una fuerte explosión se registró en la madrugada de este martes en el corregimiento de El Plateado, zona rural del municipio de Argelia, Cauca, luego de que una camioneta cargada con explosivos detonara de manera anticipada mientras iba a ser utilizada en un ataque terrorista.De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el vehículo fue acondicionado por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, con el objetivo de atentar contra la Fuerza Pública. La camioneta sería ubicada en inmediaciones de la estación de Policía del corregimiento, pero la carga explotó antes de que lograran posicionarla.La detonación ocurrió en un sector crítico, entre un colegio y varias viviendas, lo que generó momentos de pánico entre los habitantes. Sin embargo, por fortuna no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, pese a la magnitud de la explosión.Las primeras verificaciones indican que el vehículo estaba cargado con cilindros y rampas, elementos comúnmente utilizados para el lanzamiento de artefactos explosivos, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un ataque planeado contra unidades policiales en la zona.La camioneta quedó completamente destruida y las autoridades adelantan labores de inspección y aseguramiento del área, así como investigaciones para establecer con precisión las circunstancias del hecho y los responsables. El corregimiento de El Plateado es una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control territorial.
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.
Un nuevo hecho de violencia contra la mujer se registró en la noche del martes en Bucaramanga. Una menor de 16 años fue asesinada y otras dos resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego que ocurrió adelante de la cancha de tierra del barrio San Miguel.Los hechos se presentaron hacia las 9:38 de la noche en la calle 51, cuando según versiones preliminares y el análisis de cámaras de seguridad del sector, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a las tres mujeres y les dispararon en repetidas ocasiones.La mujer que murió tras recibir múltiples impactos de bala, entre ellos una herida en el centro del cuello que le causó un hematoma, además de lesiones en una rodilla y en la región glútea. Pese a ser trasladada inicialmente a la Clínica Chicamocha, falleció por la gravedad de las heridas.El general Willian Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dio detalles del hecho:"Al parecer había un triángulo amoroso entre uno de los agresores y estas mujeres. Al agresor lo tenemos totalmente identificado, está dedicado a cometer sicariatos y desde la Policía estamos trabajando para capturar a los bandidos".En el mismo ataque resultaron lesionadas Mayra Alejandra Colmenares Amado, con una herida superficial en la región occipital, y Alison Valentina Espitia Argüello, que presentó una fractura ósea. Ambas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Santander, donde permanecen bajo observación médica.De acuerdo con las autoridades, uno de los agresores vestía pantalón blanco y camisa negra, y huyó del lugar junto a su cómplice con rumbo. En el sitio fueron recolectadas seis vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles.Las primeras hipótesis indican que el crimen estaría relacionado con problemas pasionales, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con la identificación y captura de los responsables.Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la violencia basada en género en el área metropolitana de Bucaramanga, por ello, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier agresión que ponga en riesgo la vida.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) respondió a las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien advirtió sobre una posible intervención de la institución por presuntos retrasos en la formalización laboral y la ejecución de proyectos por 33.000 millones de pesos. La gerencia del hospital aseguró que existe voluntad clara de avanzar en la formalización, pero advirtió que esta debe hacerse con criterios técnicos, financieros y legales que garanticen la sostenibilidad de la entidad.El gerente del HUS, Ricardo Hoyos, explicó que durante la visita de los ministros de Trabajo y Salud se reiteró el compromiso de adelantar un proceso de formalización laboral “responsable, sostenible y ajustado a la ley”, con el fin de preservar la estabilidad institucional y la continuidad en la prestación de los servicios de salud.Frente a los recursos mencionados por el Ministerio, la institución precisó que los cerca de 60.000 millones de pesos anunciados en noviembre pasado no corresponden a incentivos nuevos, sino al pago de una deuda histórica del Gobierno Nacional por la atención brindada a población migrante.“Son recursos por servicios ya prestados y una obligación legal del Estado, no un fondo adicional para ampliar la planta de personal”, señaló la gerencia.El hospital subrayó que cualquier ampliación de la planta implica costos permanentes, especialmente en un contexto de aumento del salario mínimo, por lo que debe garantizarse la sostenibilidad presupuestal a largo plazo. En ese sentido, Hoyos recordó el antecedente del antiguo Hospital Ramón González Valencia, liquidado en 2005 por falta de pagos, como un riesgo que no puede repetirse.La administración del HUS advirtió además que la formalización no puede ejecutarse de manera improvisada ni bajo presiones coyunturales, ya que requiere análisis técnicos, respaldo financiero y la aprobación de la junta directiva, órgano competente para autorizar decisiones estructurales que comprometen el futuro de la institución.Otro de los puntos señalados por el hospital es la crítica situación de cartera. Según la gerencia, sin garantías de continuidad en los pagos del Gobierno Nacional y el cumplimiento oportuno de las EPS, cualquier proceso de formalización representaría un riesgo financiero. Indicó que las EPS intervenidas adeudan cerca de 300.000 millones de pesos, cifra que equivale al 70 % de la cartera y que se incrementó tras las intervenciones.Pese a este panorama, el HUS confirmó que recibió una multa sancionatoria del Ministerio de Trabajo cercana a los 3.000 millones de pesos, aún no ejecutada, y que cuenta con plazo hasta junio para presentar un proyecto base que permita avanzar en la formalización de un grupo significativo de trabajadores. La institución aseguró que este requerimiento está siendo atendido con “seriedad y responsabilidad”.Finalmente, el hospital manifestó preocupación por lo que calificó como discursos con tintes políticos emitidos desde algunos escenarios públicos por parte de los ministerios, en medio de un contexto preelectoral. Según la gerencia, estas manifestaciones generan incertidumbre y afectan la confianza institucional.“El hospital está al día en el pago de salarios, no presenta riesgo financiero inmediato y actúa conforme a la autonomía regional consagrada en la Constitución de 1991”, concluyó el HUS, insistiendo en que la formalización laboral debe ser una política de Estado con respaldo financiero continuo y no una exigencia sin garantías.
Los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en España, en Cataluña y Córdoba, que dejaron decenas de víctimas mortales y heridos, han reactivado el debate sobre la seguridad de los distintos medios de transporte. En este contexto, expertos en movilidad, datos de aseguradoras y organismos internacionales permiten comparar el nivel de riesgo asociado a viajar en tren, avión, carretera u otros sistemas de desplazamiento.Y es que, el siniestro ferroviario registrado en el sur de España, en el que fallecieron al menos 42 personas tras el descarrilamiento de un tren Alvia operado por Renfe, se suma a otros episodios ocurridos en los últimos días. En Cataluña, un maquinista perdió la vida y más de 30 personas resultaron heridas cuando un tren impactó contra un muro de contención tras un temporal.¿Cuál es el medio de transporte más seguro para viajar?De acuerdo con estadísticas citadas por organismos internacionales como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) , el avión es el medio de transporte con menor probabilidad de accidentes mortales.Los datos indican que la posibilidad de fallecer en un vuelo comercial es de aproximadamente 1 entre 8 y 11 millones, dependiendo de la fuente. La mayoría de los accidentes aéreos registrados involucran aeronaves privadas o vuelos no comerciales, mientras que los siniestros en aviación comercial son poco frecuentes.Por ejemplo, en 2023, la aviación tuvo uno de los años más seguros para volar, según la IATA."La tasa de accidentes totales fue de 0,80 por millón de sectores en 2023 (un accidente por cada 1,26 millones de vuelos), lo que representa una mejora con respecto a 1,30 en 2022 y la tasa más baja en más de una década", apuntó la asociación.¿Es seguro viajar en tren?El transporte ferroviario presenta también un historial de seguridad elevado, especialmente en países con infraestructuras modernas y sistemas avanzados de señalización y control automático. Las colisiones entre trenes son poco habituales y las vías exclusivas reducen el riesgo de interacción con otros vehículos.Sin embargo, cuando se produce un accidente ferroviario, el número de afectados suele ser alto y la cobertura mediática amplia, lo que incrementa la percepción de riesgo entre la población.¿Qué tan seguros son los otros medios de transporte como barco, autobús, carro, etc.?Según datos recopilados por Generali Seguros, el autobús se sitúa entre los medios más seguros para trayectos terrestres. En España, en 2018 se registraron 12 fallecimientos relacionados con accidentes de autobús, una cifra inferior a la de otros sistemas de transporte.En el caso del transporte marítimo, tanto ferris como cruceros mantienen tasas de siniestralidad bajas. Las estadísticas señalan que la mayoría de las muertes en el mar están vinculadas a embarcaciones recreativas y no a servicios comerciales de pasajeros.Por el contrario, la bicicleta sí ha experimentado un aumento en el número de usuarios, especialmente en entornos urbanos, pero también un crecimiento en las cifras de fallecidos. A diferencia de otros medios, su seguridad depende en gran medida de la infraestructura vial y de la interacción con vehículos motorizados.El automóvil, por su parte, continúa siendo uno de los medios de transporte que más accidentes registra, solamente superado por las motocicletas (al menos en Colombia). Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y septiembre de 2025, fallecieron 3.951 motociclistas en el país.
A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador reiteró el anunció que más temprano hizo el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.Sin embargo, la medida que regirá desde el 1 de febrero, tendrá varias excepciones que podrían dar un alivio a los gremios que estaban pidiendo activar los canales diplomáticos.En esa lista entran donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, todo esto aplicado a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.“Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, indicaron desde el Gobierno.La medida seguirá, dice Ecuador, hasta que “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia”.Precisamente, desde el Gobierno y gremios habían pedido revertir esta decisión pues el comercio binacional se vería afectado gravemente.El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó como una agresión económica recordando que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que reúne a los generadores de energía, alertó por la afectación de ese sector y otros que hacen parte de los acuerdos comerciales.“En el sector eléctrico, Colombia ha sido un socio clave para Ecuador: en momentos críticos, nuestras exportaciones de energía han llegado a representar hasta el 12% de su consumo eléctrico, contribuyendo a la seguridad energética del país vecino”, dijo Gutiérrez.Para Gutiérrez, que además es presidenta del Consejo Gremial, el impacto también llevaría a un déficit de cuenta corriente, al reducir los ingresos por comercio exterior.“Con estos datos en mente, una tasa del 30 % puede incentivar la sustitución de productos colombianos y traducirse en pérdidas anuales entre USD 250 y 750 millones, es decir, entre 0,5% y 1,6% del total exportado por Colombia”, reiteró.
Blu Radio conoció en primicia que la Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pidiendo que se aparte de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica que hoy es objeto de estudio por parte del alto tribunal.La recusación fue presentada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, alegando que, en una entrevista que Ibañez dio al medio El Tiempo, entregó una serie de declaraciones que podrían considerarse como un concepto emitido fuera de los canales legales.Y es que durante la entrevista, al ser consultado sobre si se aplicaría la medida cautelar de suspensión temporal al decreto de emergencia, el magistrado afirmó que la Corte debe "revisar la jurisprudencia y ampliarla" para que se pueda decretar dicha suspensión en casos de estados de excepción.Para la Presidencia, esto se puede catalogar como un criterio o concepto anticipado, pues no manifestó una posición neutral sino una orientación sobre lo que, según él, debería hacer el alto tribunal.Finalmente, Augusto Ocampo recuerda en su petición que el país recibe estas declaraciones en medio de un contexto sensible y complejo por las decisiones previas de la Corte que se han dado en contra de algunas políticas del Gobierno.“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, respecto del cual la Corporación debía adoptar decisiones inminentes y de altísima trascendencia institucional”, dice el documento.Para la Presidencia, el magistrado Ibáñez comprometió su imparcialidad al promover públicamente la suspensión del decreto, por lo que se considera que el magistrado ya formó un juicio previo de que la norma es incompatible con la Constitución. Además, insisten en que esto lo hizo a través de una comunicación masiva y yendo más allá de la mera explicación institucional.“Esta conducta no es compatible con el estándar de imparcialidad reforzada que se exige a quien, por su investidura, está llamado a actuar como garante último del equilibrio entre poderes y no como actor que, mediante declaraciones públicas, parece situarse en una posición de confrontación anticipada frente a las decisiones del Ejecutivo”, agregó la solicitud.Ahora, la Corte Constitucional debe entregar a revisar si acepta o no esta recusación que ya fue recibida oficialmente por la secretaría.Cabe recordar que más temprano que el magistrado Ibañez ya había radicado una solicitud que busca la suspensión provisional este decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En la relatoría de la Corte aparece registrada la petición dentro de un expediente que está a cargo del magistrado Carlos Camargo, en el que se da cuenta de una solicitud elevada por Ibañez.Si bien en el orden del día de la Sala Plena de esta semana no está prevista la discusión del decreto de emergencia económica, fuentes cercanas al proceso señalan que ya han llegado a la Corte Constitucional un número considerable de conceptos solicitados por el magistrado ponente, Carlos Camargo.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta a los ministerios de Transporte y Hacienda en la que advierte sobre los riesgos financieros y fiscales para la nación derivados del recorte unilateral de recursos al proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.En el documento, dirigido a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, la Contraloría señala que la decisión del Gobierno podría generar incumplimientos contractuales, demandas millonarias y afectaciones al patrimonio del Estado.El ente de control recordó que en julio del año pasado ya se había realizado una advertencia por este proyecto y reiteró que, en caso de que la nación deje de aportar los recursos pactados en las vigencias futuras o los destine a otros fines, podría verse obligada a reconocer intereses remuneratorios y moratorios no previstos inicialmente, además de enfrentar eventuales acciones judiciales.“En caso de que se presenten eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales pactadas a cargo de la Nación y/o la ANI, ello implicaría la asunción de consecuencias de índole contractual, fiscal, disciplinaria y/o penal”, advirtió la Contraloría en un oficio del 4 de junio de 2025.El órgano cuestionó el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el cual se habría recortado el 83,61 % de la vigencia futura de 2025, equivalente a más de 636.000 millones de pesos, señalando que esta decisión “amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en las advertencias previas”.De acuerdo con el documento, la modificación de las vigencias futuras debía realizarse mediante acuerdos contractuales debidamente protocolizados y con el cumplimiento de los requisitos del CONFIS, el CONPES y el DNP, y no a través de un recorte unilateral por decreto. “La modificación debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado entre las partes suscribientes del contrato de concesión”, advirtió.La Contraloría también advirtió que esta decisión podría afectar la ejecución del proyecto, generar retrasos, paralizar las obras e incluso conducir a su terminación anticipada, además de comprometer la confianza necesaria para el cierre financiero del contrato de concesión.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de su cuenta de X, respecto a esta reciente advertencia y aseguró que la falta de recursos en este proyecto pone en riesgo a poblaciones ribereñas. “Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos a orillas del canal del dique. Además varios puertos y plataformas logísticas con miles de empleados deberán cerrar por los sedimentos y basuras que el país arroja al río Magdalena. Cartagena y el dique están en riesgo”, indicó.Finalmente, el contralor reiteró el llamado al Gobierno nacional para que considere las alertas emitidas y adopte correctivos que eviten un daño fiscal, sin desconocer la autonomía de las entidades involucradas en la toma de decisiones.
La Policía lideró una serie de operativos contra la minería ilegal en el departamento del Chocó, que dejaron como resultado la intervención de 27 minas y la destrucción de maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Las acciones se desarrollaron en zonas rurales de los municipios de Río Quito y Quibdó, donde esta actividad ilegal ha generado un fuerte impacto ambiental y social.De acuerdo con la información conocida, la minería ilegal intervenida por la Policía habría ocasionado el deterioro de aproximadamente 20 hectáreas de bosque nativo en jurisdicción del municipio de Río Quito, una región estratégica por su biodiversidad y por la dependencia de las comunidades locales de los ecosistemas naturales.En el corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelantaron la operación “Chocó I”, en coordinación con el Ejército y la Armada. En este sector fueron intervenidos diez puntos asociados a minería ilegal y se procedió a la destrucción de siete dragones tipo brasilero y una retroexcavadora empleada en la extracción ilícita de minerales. Durante el operativo fue capturada una persona, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.Las autoridades señalaron que estas acciones permitieron golpear de manera directa las finanzas de la subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’ del Clan del Golfo, grupo que se estaría lucrando de la minería ilegal mediante el cobro de exacciones a los explotadores ilegales. La afectación económica para esta organización criminal fue estimada en cerca de 17.000 millones de pesos.En el municipio de Quibdó se adelantó un segundo despliegue operativo en coordinación con unidades militares y entidades ambientales, que permitió la intervención de 17 minas, de las cuales 15 estaban relacionadas con actividades de minería ilegal. En esta zona fueron destruidas 20 dragas, 10 motobombas y 23 motores utilizados para la explotación ilícita de yacimientos, lo que representó una afectación económica cercana a los 365 millones de pesos para las estructuras ilegales.La Policía advirtió que la minería ilegal sigue provocando graves daños ambientales en el Chocó, como la deforestación, la remoción de la capa vegetal y la contaminación de fuentes hídricas por el uso de sustancias tóxicas, afectando de manera directa la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. Las operaciones continuarán en zonas rurales del departamento, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.
La Corte Suprema de Justicia dio la primera luz verde a que empresas puedan implementar una licencia laboral por luto por mascotas tras un fallo en la Sala Laboral, allí, se avaló un pacto entre un sindicanto y una empresa que no se avala un día para los empleados por su mascota."Son un aporte emocional, un apoyo. Son una forma de distracción y compañía. Es entendible que la perdida produzca una situación emocional a la familia", explicó Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A esto y, en diálogo con Noticias Caracol, el psicólogo Álvaro Franco aseguró que no se puede minimizar el dolor porque sea un animal si el vínculo es igual de fuerte al que se podría tener con cualquier persona. ¿Cómo funcionaría la licencia laboral por luto por mascotas?De acuerdo con la Corte Suprema, es necesario que los dueños inscriban a sus mascotas y sean domesticas para poder apelar un día de licencia laboral por luto.Si bien no existe una norma que permita tomar una licencia remunerada o justificar calamidad doméstica por esta razón, de acuerdo con la abogada Nur Amira Vivas, no hay una modificación en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que excluya a las mascotas en estos casos.Por otro lado, en la Cámara de Representantes, Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, presentó una proyecto para que esto se vuelva ley, según ella, por vínculo y cercanía la cual sería de un día.“La licencia le será reconocida al trabajador, siempre y cuando este demuestre el hecho mediante prueba que corrobore la muerte del animal de compañía doméstico a través de un veterinario certificado y que la mascota debe haber estado como mínimo 6 meses con su dueño. El empleador establecerá las condiciones de esta licencia en el Reglamento Interno del Trabajo, que, en todo caso, no podrá ser reconocida más de una (1) vez por año o vigencia fiscal”, explicó.
El abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente y fundador de la Red de Veedurías de Colombia, presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro Urrego, a quien acusa de haber incurrido en el delito de violencia moral agravada contra servidor público y de encubrimiento, en relación con las declaraciones que hizo sobre la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.En el documento, radicado este 12 de noviembre de 2025, Bustos pide que se adelante una investigación penal, disciplinaria y política “por indignidad y posibles faltas disciplinarias y hechos punibles” del jefe de Estado.Según el denunciante, el presidente habría incurrido en una “afrenta abierta a la independencia judicial” al afirmar que el allanamiento a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, ordenado por la magistrada Lombana, “no solo fue ilegal sino que constituyó un secuestro familiar”, a pesar de que no existe pronunciamiento judicial que así lo declare.Bustos considera que tales afirmaciones constituyen “violencia moral” y “revictimización institucional”, especialmente por provenir del jefe del poder Ejecutivo hacia una integrante del poder Judicial.“Se trata de un acto de abierto constreñimiento o violencia moral desde la cabeza de la rama ejecutiva contra la rama judicial. El pronunciamiento de Petro mina y socava los pilares mínimos del Estado de Derecho”, aseguró Bustos.La denuncia también hace referencia a los insultos que el ministro del Interior, Armando Benedetti, habría lanzado contra la magistrada Lombana tras el operativo judicial. En su cuenta de X, Benedetti calificó a la togada de “demente y delincuente”, expresiones que posteriormente repitió en entrevistas radiales.“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada Lombana”, publicó Benedetti en su perfil de la red social en la mañana del pasado 11 de noviembre.Frente a estos hechos, el presidente no desautorizó las afirmaciones de su ministro, sino que, según Bustos, las respaldó y amplificó, incurriendo en un acto de encubrimiento y cohonestación de la ofensa.El texto también cita el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, quien rechazó públicamente los ataques a la magistrada.“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia”, indicó Tejeiro.Por todo esto, Bustos pidió que la Fiscalía General de la Nación investigue los hechos y determine si las conductas descritas configuran los delitos de violencia contra servidor público y encubrimiento, en los términos del artículo 429 del Código Penal colombiano, modificado por la Ley 1453 de 2011 y la Ley 2197 de 2022.“Solicito se adelante el respectivo plan metodológico de investigación, se recauden los elementos materiales probatorios y se determine la responsabilidad penal, disciplinaria y política del presidente Gustavo Petro Urrego”, concluye el documento.Con esta denuncia, la Red de Veedurías busca que se respete la independencia judicial y se sienten precedentes frente a los ataques verbales de altos funcionarios del Gobierno a magistrados de las altas cortes, en el marco del principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público.
La noche del 13 de noviembre de 1985 quedará marcada en la historia de Colombia como una de las tragedias más devastadoras del siglo XX. Tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el municipio de Armero, en el departamento del Tolima, desapareció bajo toneladas de lodo y escombros.Al amanecer del día siguiente, entre los primeros en llegar al lugar estuvo Jorge Manrique, reportero de El Espectador, quien viajó desde Bogotá con destino a Manizales pocas horas después de conocerse la emergencia.Manrique emprendió el viaje alrededor de la medianoche, cuando aún no se conocía la magnitud real del desastre. Al amanecer, al llegar a Mariquita, el equipo periodístico encontró el primer signo de la catástrofe: el puente que comunicaba este municipio con Fresno había sido completamente destruido por la creciente del río Gualí. Desde ese momento comprendieron que algo mucho más grave había ocurrido.La comunicación con Armero estaba totalmente interrumpida. Las autoridades advirtieron a los periodistas que avanzar hacia la zona era bajo su propio riesgo. Aun así, el grupo decidió continuar. Hacia las seis y media de la mañana del 14 de noviembre, llegaron finalmente al lugar donde antes se levantaba la ciudad.Ante sus ojos se extendía un inmenso campo de lodo y desolación. Armero, con sus 29.000 habitantes, había desaparecido. Entre el barro se observaban cuerpos, sobrevivientes heridos y personas clamando ayuda. La tragedia se mezclaba con el silencio de lo que, horas antes, había sido una comunidad próspera.“Ante nosotros se extendía un inmenso playón de lodo y silencio. Una ciudad de 29.000 habitantes había desaparecido. Había cuerpos cubiertos de barro, personas heridas, sobrevivientes que pedían ayuda. La sangre y el lodo se confundían en la piel de quienes habían logrado escapar de la avalancha”, recordó Jorge Manrique Grisales en conversación con Blu Radio.Durante su recorrido, Manrique y su equipo decidieron regresar para intentar transmitir la información. Sin embargo, en el camino encontraron decenas de personas que intentaban evacuar. Los helicópteros no eran suficientes para atender la magnitud del desastre. En ese momento, el periodista dejó de lado su labor informativa para sumarse a las tareas de rescate. Según relataría después, ayudó a evacuar a un niño de brazos cuya madre estaba herida, trasladándolo hasta la carretera para ponerlo a salvo.“Allí se percibía la angustia general. Todo el país esperaba noticias de Armero. En medio del caos, dejé de ser reportero para convertirme, sin pensarlo, en rescatista: saqué a un niño de brazos cuya madre tenía una profunda herida en el tobillo. Lo llevé hasta la carretera”, recordó.Cuando logró reencontrarse con otros colegas de la prensa, Manrique estaba cubierto de barro y apenas podía ser reconocido. “Soy Jorge Manrique, de El Espectador”, les dijo, antes de narrar el difícil camino que lo había llevado hasta lo que horas antes era Armero, una ciudad que la naturaleza borró del mapa en cuestión de minutos.Cuarenta años después, el testimonio de Jorge Manrique continúa siendo una de las crónicas más vívidas y conmovedoras de aquella madrugada en la que el Nevado del Ruiz cambió la historia de Colombia para siempre.
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a su decisión de suspender las comunicaciones de la inteligencia militar colombiana a las agencias estadounidenses. Petro ha dicho que esta decisión se va a mantener hasta que cesen las operaciones del Gobierno Trump contra las lanchas en el Caribe y el Pacífico.Petro, además, habló de "descolonizar" la lucha contra los narcotraficantes y en el mismo sentido anunció cambios para la ONU y Austria."Nadie puede poner en duda ni un centímetro, la apuesta de Colombia al respeto de las normas internacionales, que incluidas las de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas. Usaremos las medidas que tenemos hasta el final para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes. Por ello pondré de embajadora ante la ONU y Austria en Viena a Marcela Tovar", dijo Petro.Además, en otro trino, el presidente Gustavo Petro aseguró que algunos miembros de las agencias estadounidenses estarían usando la información que se les pasa para atacarlo a él y a su familia."Las posibilidades de la articulación de los cuerpos de inteligencia sí se han discutido en la cúpula militar y policial, en los actuales momentos de agresión contra Colombia. Sobre todo cuando miembros de las agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política; eso excede sus funciones en Colombia y ataca de frente la soberanía nacional", dijo Petro.Además, en otra publicación, Petro aseguró que solicitó una reunión con los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos y, hasta ahora, no ha sucedido."Solicité en carta escrita al gobierno de Biden y al de Trump la desclasificación de los informes de la inteligencia norteamericana en el año 1985 para determinar sus observaciones a los hechos de la toma y retoma del Palacio, sin respuesta positiva. ¿Cómo se pide informaciones ilimitadas de nuestros organismos de inteligencia y no hay un sentido de correspondencia justa, al contrario?", dijo el presidente Petro.
De "irresponsable" calificó el secretario de paz y derechos humanos de Nariño, Alex González, el más reciente mensaje del presidente Gustavo Petro en su cuenta personal de X, donde asegura que en Nariño no hay diálogos políticos, sino socio-jurídicos grupos ilegales. Advirtió que el jefe de Estado no puede poner en riesgo los diálogos territoriales de paz que ya cumplen un año y seis meses."El presidente Petro no puede ir, el 7 de agosto del próximo año, tirando tiros y en la guerra. El mandatario de los colombianos tiene que mantener la postura con la cual fue elegido, que es la postura de la paz”, aseguró el funcionario.Visiblemente molesto, el secretario de paz y derechos humanos de Nariño manifestó que los ataques a la Fuerza Pública, en los municipios del Peñol y los Andes Sotomayor, son reacciones de las Disidencias de las Farc columna Franco Benavides, en contra de los bombardeos autorizados por el jefe de Estado en el Guaviare.Dijo González que ve con extrañeza estas acciones de orden público que se están registrando en la cordillera y dijo que, desde hace un año y seis meses, en esta región se viene aplicando una política de paz que ha dado unos resultados muy positivos para salvar vidas y disminuir el conflicto armado en este departamento fronterizo."Esta situación pone en riesgo los diálogos de paz, debido a unas decisiones que se han venido tomando desde el orden presidencial y que se han transmitido por vía Twitter, pues se ha puesto en riesgo los procesos de diálogos que tiene hoy el departamento de Nariño con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y frente a Comuneros del Sur", dijo el secretario de paz de Nariño."Los nariñenses no queremos vivir las situaciones que hoy están enfrentando habitantes del Catatumbo, del Guaviare, del Cauca. Aquí hay una apuesta de paz, distinto a lo que está sucediendo en el Cauca, en donde hubo despliegue de 1.000 soldados a través de la operación Perseo, pero nunca se transformó el territorio y nunca llegaron las inversiones, entonces es un circulo vicioso en el cual el Ejército y la Fuerza Pública hace un gran compromiso, un gran trabajo, pero si no va de la mano de una política de paz, prácticamente la estrategia queda muy recortada, porque las inversiones es el 70% de la estrategia de seguridad que debería existir en los territorios", sostuvo González.Indicó que una situación distinta se vive en Nariño desde hace un año y seis meses, luego de que el Gobierno nacional autorizara la instalación de las mesas oficiales de diálogos regionales, en donde se han logrado invertir mas de 80.000 millones de pesos en vías rurales.“No podemos desviar de un timonazo total, como lo está haciendo el presidente de la República, y poner en riesgo la política de paz del departamento”, indicó el funcionario departamental. No vamos a permitir que se afecten los diálogos de paz regionales que en Nariño, que están dando resultados positivos en la costa pacifica nariñense y en la subregión de Abades, por eso, es irresponsable ese trino del señor presidente Gustavo Petro, por eso soy consecuente con lo que está pasando en Nariño y tengo que decir que es irresponsable, porque se anuncia que en Nariño no hay diálogos políticos, sino diálogos socio-jurídicos, lo cual se debe revaluar," dijo el secretario departamental de paz."Aquí en Nariño si ha habido manifestaciones claras de paz, han existido programas de la búsqueda de personas desaparecidas, se ha logrado el desminado humanitario. Se adelantan proyectos de sustitución de economías ilegales, la destrucción de más de 15 toneladas de material de guerra y creo que lo que hay en Nariño, con el frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Ejército Bolivariano, son diálogos políticos y así se deben reconocer", aseguró González.Finalmente, González pide que el "presidente Petro tiene que revaluar su posición y no debe borrar, con el codo, lo que se ha hecho con la mano para buscar alternativas de paz"."No es lo mismo un diálogo político que un diálogo socio-jurídico, porque los grupos ilegales no van a permitir que se les trate solo como bandas criminales y el presidente Petro tiene que ver los resultados que en Nariño ha dejado esos diálogos regionales, los cuales son muy distintos a otras regiones del país. Por lo menos, en este departamento, si se ha visto la transformaciones en las zonas donde el Estado nunca había llegado", finalizó.
A través del decreto 0019 de 2025, el Ministerio del Interior planteó la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para “garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo y en las políticas públicas vigentes”.Este documento crea y reorganiza dependencias estratégicas como las oficinas de Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y Relacionamiento con la Ciudadanía y ajusta las funciones de las áreas misionales de prevención, evaluación del riesgo y protección.Por su parte, el Decreto 0020 establece una ampliación de la planta de personal de la UNP, con la creación de 6.870 cargos en la planta permanente, muchos de ellos destinados a oficiales y agentes de protección, así como a perfiles técnicos y profesionales, incorporando parte de la planta temporal vigente hasta 2025. La medida busca, según el Gobierno, formalizar el empleo público, fortalecer la capacidad operativa y garantizar la prestación efectiva del servicio de protección en todo el país.Lo que no es claro es con qué recursos la Unidad Nacional de Protección (UNP) va a lograr la apertura de estas oficinas y si la planta es suficiente para cobijar con esquemas a los más de 50 candidatos a la Presidencia, más los aspirantes al Congreso que lo soliciten por amenazas o riesgos a su seguridad. Cabe mencionar que en este momento hay 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado.
Hasta el barrio La Esperanza del municipio de Teruel, Huila, llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y, en coordinación con el Ejército y la Policía, hallaron en el interior de una vivienda 65 kilos de marihuana que harían parte de las rentas ilícitas del Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Según las autoridades, el inmueble donde se cumplió la diligencia de allanamiento, al parecer, operaba como centro de acopio de este estupefaciente, donde dosificaban el alucinógeno para luego distribuirlo y comercializarlo a bandas de microtráfico en varios municipios del Huila.“Hemos logrado un importante resultado contra el narcotráfico y el microtráfico, donde se afecta al Bloque Isaías Pardo, organización armada que concentraba en una vivienda economías ilegales. Con el CTI y la Policía realizamos el allanamiento mediante orden judicial, donde se incautaron 65 kilos de marihuana. El propósito de esta marihuana era ser distribuida en el norte del departamento”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Por su parte, el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía Huila, indicó que el estupefaciente incautado habría sido adquirido en el departamento del Cauca con fines de comercialización en el Huila, lo que representa cerca de 65.000 dosis que dejan de circular en el mercado ilegal.El operativo dejó además la captura de un hombre, encargado presuntamente de almacenar la marihuana, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.Cabe anotar que, la semana anterior, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Palermo, fue aprehendido por el Ejército un menor de edad que transportaba 18 kilos de marihuana en una maleta, avaluados en 15 millones de pesos.
La Contraloría acaba de enviarle un documento de siete páginas a la Canciller Rosa Villavicencio en el que ratifica las preocupaciones del ente de control ante el riesgo de que los colombianos nos quedemos sin el servicio de expedición de pasaportes a partir del próximo primero de abril.Blu Radio tiene en su poder la carta enviada por el Contralor Delegado para la Gestión Pública Luis Enrique Abadía García, en la que explica por qué su despacho identificó que sí hay retrasos frente al cronograma inicial, entrega una explicación detallada de las demoras frente a las fechas previstas en principio y dedica un aparte a lo que califica “riesgos relevantes que no han sido atendidos”.Sobre el primer punto, dice el contralor Abadía que “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.Luego, publica tres cuadros suministrados por la Cancillería titulados “cronograma de actividades”, en los que queda demostrado cómo mediante prórrogas se han modificado las fechas de cumplimiento de cada ítem, lo cual, según la Contraloría, “si bien la actualización del cronograma mediante prórrogas permite afirmar formalmente su cumplimiento, ello no implica la superación de los atrasos ni elimina el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente”.En el tercer punto, la Contraloría hace una serie de advertencias de riesgos adicionales frente al nuevo modelo de pasaportes, entre ellas el riesgo de incremento de costos operativos y afectación de fuentes de financiación, sumado al riesgo cambiario que pueden afectar la sostenibilidad de este nuevo esquema.“Se constató que el esquema prevé obligaciones con pagos en euros y que las variaciones en la tasa de cambio serían asumidas por la parte colombiana, sin que se evidencie un estudio robusto de cobertura o mitigación”, señala el documento.Agrega que “la transición desde un esquema a demanda hacia uno con cantidad mínima anual predefinida genera obligaciones financieras y logísticas nuevas, sin que exista claridad suficiente sobre garantías de suministro cuando se requieran cantidades adicionales”.Además evidencia el riesgo de cobros adicionales por intereses por pagos extemporáneos, algo que no tiene el actual modelo.Adicionalmente, advierte “el riesgo de activación de una garantía a un primer requerimiento por un valor de 6.375.000 euros que podría convertirse en una afectación económica adicional para el Estado”, dependiendo del cumplimiento contractual, “el cual es latente frente a las situaciones de demandas vigentes, así como los retrasos que se vienen evidenciando”.
Una mujer de origen estadounidense fue inadmitida por Migración Colombia tras recibir una alerta por presuntos casos de pedofilia, cuando intentaba ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Rionegro, Antioquia.A través de su cuenta de X, la entidad confirmó que se trataba de una ciudadana estadounidense; sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad.“Un reporte en nuestros sistemas permitió determinar que representaba un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló la entidad en un comunicado.El cotejo de información se realizó gracias al programa Angel Watch, una iniciativa de alerta preventiva internacional creada por el gobierno de Estados Unidos para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de abuso sexual.Este programa permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para menores de edad, sin que ello implique necesariamente la existencia de una condena judicial.La iniciativa fue creada en 2007 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, en conjunto con el sistema de cooperación internacional MIGRAR, permite verificar ingresos y alertas internacionales para evitar el ingreso de personas consideradas de alto riesgo para los menores en Colombia.El segundo caso en Antioquia en menos de un díaEste es el segundo caso registrado en menos de 24 horas de una persona estadounidense que intenta ingresar al país por el aeropuerto de Rionegro con reportes internacionales relacionados con abuso de menores.El otro caso corresponde a un ciudadano estadounidense que también intentó ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Durante el proceso de verificación, se constató que el hombre tenía reportes en Estados Unidos por casos relacionados con agresión sexual a menores de edad.Tras el cotejo de la información, las autoridades de Migración Colombia adoptaron las medidas correspondientes para llevar a cabo el proceso de inadmisión, al considerar que el individuo representaba un riesgo para los menores de edad en el país.
Colombia recibió una alerta por una tormenta geomagnética severa, un fenómeno poco frecuente asociado a una intensa actividad solar y que podría generar afectaciones temporales en las comunicaciones, el servicio de internet y los sistemas de navegación satelital.Así lo informó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tras detectar alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, actividades inusuales que también reportó el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional (SWPC, por sus siglas en inglés) desde el lunes 19 de enero.De acuerdo con el comunicado del IGAC, el evento ha sido clasificado como una tormenta geomagnética de nivel G4, una de las más intensas dentro de la escala internacional que mide este tipo de fenómenos.En Colombia, el monitoreo se está realizando desde el Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene, que desde la tarde del lunes, a partir de la 1:00 p. m., comenzó a registrar variaciones anómalas en el campo magnético de la Tierra.Este tipo de alteraciones puede afectar tecnologías que dependen de señales satelitales y de sistemas electrónicos sensibles. Por esa razón, el IGAC advirtió que podrían presentarse intermitencias en las comunicaciones móviles, fallas temporales en el servicio de internet, errores en la navegación por GPS y dificultades en la identificación de coordenadas en tiempo real.En su alerta, el Instituto hizo un llamado especial a extremar precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas, como drones, así como en actividades aéreas, marítimas y terrestres que dependen de sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Aunque no se trata de un apagón tecnológico generalizado, sí existe la posibilidad de fallas puntuales y temporales mientras el fenómeno se mantiene activo.Por su parte, el SWPC informó que la tormenta de radiación solar fue clasificada en un nivel cuatro sobre cinco en la escala de gravedad y la calificó como “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”.En los últimos dos días, este fenómeno también ha provocado intensas auroras en distintas regiones del planeta y problemas de GPS para aeronaves, lo que refuerza la advertencia sobre posibles afectaciones en los sistemas de navegación y comunicación.
La Andi y Fenalco entregaron un reporte sobre el registro de vehículos de carga durante los meses de enero y diciembre del 2025. De acuerdo a lo expuesto por las dos agremiaciones, el registro de vehículos de carga creció un 34,6 % con respecto al mismo periodo del 2024, con un total de 12.405 vehículos.Esto representó una recuperación del sector con respecto a los dos últimos años donde se habían presentado caídas. En el 2023 pasaron de 16.814 registros a 10.797 y en 2024 a 9.217.Según el informe, el segmento que tuvo más crecimiento fue el de tractocamiones de entre 17 y 18 toneladas con 95 unidades registradas, lo que representó un crecimiento del 53,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Le siguen los tractocamiones de 2 y 3 ejes con 702 vehículos registrados y un aumento del 47,2 % y 45,4 % frente al 2024.El informe resalta que los vehículos que más se registraron utilizan como combustible el diésel, con el 98 % de los vehículos registrados. Los camiones que utilizan gas natural solo representan el 1,6 % de los registrados y los eléctricos el 0,2 %.En el acumulado del año, la marca con más registros fue la marca china Foton, con el 25,4 %; le sigue Chevrolet con el 21,6 %, luego JAC con el 7,7 %, International con el 5,1 % y Kenworth cierra el top 5 con el 5 % del total registrado.En cuanto a los departamentos donde más se presentaron registros, Cundinamarca lideró ampliamente con 5.940 vehículos, seguido de Antioquia con 2.044 y Santander con 902. En áreas metropolitanas, Funza, Medellín y Mosquera son los principales puntos donde se registran este tipo de vehículos.