Por segunda vez en este 2026, un juez de Bogotá le está llamando la atención al presidente Gustavo Petro por no cumplir órdenes judiciales relacionadas con retractaciones por sus declaraciones.Se trata del juez 24 del circuito de Bogotá, quien por segunda vez abrió un incidente de desacato contra el mandatario y este lunes lo volvió a requerir porque no ha cumplido la orden de rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente Coosalud, Jaime Miguel González.Este caso se remonta a las declaraciones que, en alocuciones y en publicaciones en redes sociales, ha hecho Petro contra González, donde lo ha señalado de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadoras de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Y aunque la defensa del mandatario colombiano pidió anular el proceso y/o la reconsideración de la orden, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el juzgado de primera instancia rechazaron estos planteamientos al determinar que no existían causales de nulidad y reiterando que el incidente de desacato no es para modificar el contenido de una sentencia, sino para garantizar su cumplimiento efectivo.Ahora, el presidente tiene un nuevo plazo de 48 horas para para informar qué acciones ha hecho para cumplir dicha orden de retractación o si retiró sus publicaciones contra González.
Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en "reciprocidad" a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista con radio Sucesos que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino. Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.La ministra indicó que Ecuador le está dando "un servicio importantísimo" a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.El mandatario indicó que la medida se mantendría "hasta que exista un compromiso real" por parte de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera".En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la persistente inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en varias de sus dependencias, una situación que, según advirtió, ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales fundamentales para la política pública de víctimas en el país.El pronunciamiento se da tras la reciente declaratoria de insubsistencia del director general de la entidad, Adith Romero, ocurrida el pasado viernes 23 de enero, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.De acuerdo con la entidad, entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado, tanto en propiedad como en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General de la Unidad, “situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas”, aseguran en el comunicado.A esta situación se suma la preocupación por los hechos que han venido siendo reportados por distintos medios de comunicación sobre posibles actos de corrupción al interior de la entidad.En ese sentido, el organismo de control exhortó al Gobierno a dar respuestas claras y oportunas frente a los cuestionamientos existentes por presuntos hechos de corrupción, al considerar que la estabilidad y la transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral son condiciones indispensables para cumplir con los derechos de las víctimas.La Defensoría recordó que el universo de víctimas en Colombia representa aproximadamente el 20 % de la población del país, muchas de ellas priorizadas en el CONPES de Soluciones Duraderas y en la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.
El acceso a la formación de alto nivel en Colombia tendrá un nuevo esquema luego de la salida de Colfuturo. El Gobierno nacional anunció la aprobación del Conpes 4182, documento que fija la continuidad del Programa Nacional de Becas de Maestrías y Doctorados y que reemplaza a este modelo que durante años operó.Con esta decisión, el Estado asume directamente la financiación y administración de las becas, las cuales dejarán de estar asociadas a créditos educativos. El Conpes contempla una inversión cercana a los 370.000 millones de pesos mediante vigencias futuras entre 2026 y 2030, recursos con los que se financiarán dos cohortes y se beneficiará a cerca de 900 personas.El documento establece que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será el responsable de dirigir y ejecutar los recursos, eliminando esquemas de intermediación y centralizando la política de formación avanzada dentro del Estado.Las becas estarán dirigidas principalmente a profesionales de los estratos 1, 2 y 3. Además, el Conpes fija criterios de distribución que incluyen que al menos el 60 % de los cupos sea asignado a mujeres y contempla la participación de comunidades indígenas y de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.En materia institucional, la política dispone que el 72 % de los cupos se desarrollará en instituciones de educación superior del país y que el 60 % de los recursos será destinado a universidades públicas.El Conpes también define una asignación territorial obligatoria. Al menos el 30 % de los recursos, equivalentes a más de 110.000 millones de pesos, se destinará a regiones con rezagos estructurales como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos.Finalmente, los recursos se orientarán a programas en áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas, en línea con las prioridades definidas en las Misiones de País.
Gonzalo Valle, portero de Liga Deportiva Universitaria de Quito y de la selección de Ecuador, fue detenido el viernes por conducir excediendo los límites de alcohol permitidos y, según medios nacionales, pasará veinte días en un centro de retención de infractores de tránsito en Quito, capital del país.Además, el juez ecuatoriano Víctor Romero sentenció a Valle una multa equivalente a tres salarios básicos unificados, cuyo monto total es de 1.446 dólares y la suspensión de su licencia de conducir durante sesenta días.Valle se encuentra en proceso de recuperación de una lesión que lo alejó de las canchas desde octubre pasado y recién en enero volvió a entrenar con normalidad con su equipo.Aunque desde Liga de Quito no confirmaron la noticia de forma oficial, sí emitieron un comunicado donde explicaron que Valle "se encuentra afrontando una situación de carácter personal, derivada de un hecho ocurrido fuera del ámbito deportivo".También reseñaron que actuarían "conforme a la normativa interna y a los valores que la rigen", además de que brindarán "el apoyo institucional correspondiente, con responsabilidad y respeto, a fin de que la actividad profesional de Gonzalo se vea lo menos afectada posible hasta que se resuelva esta lamentable situación".Por su parte, Valle utilizó sus redes sociales para pedir disculpas al club y sus aficionados y dijo asumir "con total responsabilidad mis actos y las consecuencias que estos conlleven".Añadió, también, que lamentaba "profundamente haber generado un situación que no representa los valores personales ni profesionales con los que me he manejado durante mi carrera y en esta institución".El Rey de Copas, como también le dicen a la LDU, se encuentra en plena pretemporada, bajo la dirección técnica del brasileño Tiago Nunes.
Ubicado a cerca de 82 kilómetros en Medellín, el municipio de Guatapé se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más llamativos de Antioquia gracias a su identidad visual única. Sus calles están marcadas por fachadas llenas de color y relieves que convierten cada recorrido en una experiencia fotográfica para quienes visitan este municipio, ubicado en el Oriente antioqueño, y a donde llegan cientos de extranjeros durante todo el año.El principal sello de Guatapé son los zócalos, elementos decorativos que narran historias de la vida cotidiana, la naturaleza y las tradiciones locales, llenando el casco urbano del municipio de color. Cada casa es distinta y refleja el orgullo de sus habitantes por preservar esta expresión artística. Este detalle arquitectónico ha convertido al pueblo en un referente cultural del departamento.¿Qué hace tan atractivo a Guatapé?En ese mismo sentido, de acuerdo con el portal de turismo 'Antioquia es Mágica', "la estética tradicional y los colores vivos le dan una personalidad coqueta y alegre al municipio". Además, resalta que "las casas están vestidas con obras de arte llamadas zócalos, en los que se dibujan, esculpen, tallan y pintan figuras geométricas, siluetas, momentos y formas que hablan de la idiosincrasia antioqueña".En este destino, la Plaza de los Zócalos es uno de los puntos más visitados, rodeada de edificaciones coloridas, cafés y comercios artesanales. Allí, el color no es solo un elemento estético, sino parte de la memoria colectiva del municipio. El espacio se ha transformado en un símbolo del turismo en Antioquia.Pero más allá de su arquitectura, Guatapé ofrece un entorno natural privilegiado gracias al embalse Peñol-Guatapé. Las actividades náuticas, los miradores y los recorridos en lancha complementan la experiencia urbana, brindando así una combinación entre paisaje y color que potencia su atractivo turístico.Otro ícono del municipio es la Piedra del Peñol, un monolito de más de 200 metros de altura que recibe miles de visitantes cada semana. Desde su cima se obtiene una vista panorámica del embalse y los islotes que rodean la zona. Este atractivo ha posicionado a Guatapé como uno de los destinos más fotografiados de Colombia.Todos estos elementos han contribuido al auge turístico del municipio, que ha impulsado la economía local y fortalecido la identidad cultural del pueblo. Restaurantes, hoteles y emprendimientos creativos han surgido alrededor de su estética colorida, que le da el apelativo de 'El pueblo de los 1000 colores' a Guatapé, un destino que demuestra que la arquitectura y el arte popular también pueden ser motores de desarrollo económico.
Antes del inicio del encuentro se vivieron momentos de incertidumbre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la tarde en Bogotá. Las precipitaciones afectaron el estado del terreno de juego y obligaron a ejecutar el drenado del agua del campo.Sin embargo, la cancha logró recuperarse a tiempo y el partido entre Millonarios y el Junior de Barranquilla pudo disputarse con normalidad.En el encuentro de la fecha II de la Liga Betplay, Junior se impuso 2-1 a Millonarios, en condición de visitante. El conjunto barranquillero abrió el marcador al minuto 27 por intermedio de Teófilo Gutiérrez, mientras que Jermein Peña amplió la ventaja al 45’, justo antes del descanso.Millonarios descontó en la segunda parte con anotación de Rodrigo Nicolás Contreras al minuto 38, pero no le alcanzó para rescatar puntos.Las estadísticas reflejaron un duelo muy parejo. Ambos equipos registraron 14 remates, aunque Junior fue más efectivo al disparar 7 veces al arco, frente a 5 del conjunto embajador.Millonarios tuvo mayor posesión del balón (55%), pero Junior supo ser más directo. En cuanto al juego físico, los locales cometieron 12 faltas, mientras que la visita registró 9. No hubo expulsiones, aunque sí un alto número de tarjetas amarillas: 3 para Millonarios y 5 para Junior.Con este resultado, Junior se lleva una valiosa victoria en Bogotá, mientras que Millonarios dejó un sinsabor por la falta de efectividad frente al arco, aunque hay que agregar que a los embajadores les anularon un gol debido a una posición adelantada.
La Contraloría General de la República reveló un estudio sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas del país, en el que analiza la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 instituciones que integran el sistema estatal entre 2019 y 2024.El estudio revisó ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento, además del comportamiento del pasivo pensional, identificado como una de las mayores cargas estructurales del sistema.El funcionamiento del Sistema Universitario Estatal fue evaluado bajo criterios de eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal.Uno de los principales hallazgos es la alta concentración de recursos públicos en pocas instituciones. La Universidad Nacional de Colombia, la UNAD, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos territoriales.Esta concentración se refleja en marcadas diferencias en los ingresos por estudiante. Mientras la Universidad Nacional registra $11.426.139 por estudiante y la UNAD $525.777, el promedio nacional es de $4.512.090 en el período analizado.El análisis del gasto muestra un comportamiento similar. A nivel nacional, la UNAL y la UNAD representaron el 36,3 % de los gastos y el 50 % de los costos. En el ámbito territorial, la Universidad de Antioquia y la del Valle concentraron el 36,4 % de los gastos y el 44,4 % de los costos.En materia de solvencia, el 75,8 % de las instituciones, es decir 25 universidades, presentan indicadores iguales o superiores a 3, lo que refleja una adecuada capacidad para responder por sus obligaciones. Sin embargo, el 24,2 %, correspondiente a 8 instituciones, muestra niveles más bajos y una menor capacidad financiera.El estudio también advierte que el pasivo pensional del sistema universitario público alcanzó los $10,3 billones en 2024. Esta cifra podría aumentar debido a la falta de actualización de cálculos actuariales en varias universidades.Este pasivo está altamente concentrado en la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que juntas representan el 57,8 % del total. Según la Contraloría, esta carga limita la inversión en docencia e infraestructura y restringe el crecimiento institucional.Las consultas realizadas a 31 universidades refuerzan estos hallazgos y señalan problemas recurrentes como la insuficiencia de aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las dificultades para generar ingresos propios.El informe analiza el impacto fiscal del proyecto de ley que reforma la Ley 30 de 1992. Mientras el Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones entre 2027 y 2040, la Contraloría calcula un impacto de $27,8 billones entre 2027 y 2036. Aunque el organismo de control reconoce avances hacia la gratuidad y mayores niveles de financiación, advierte que cualquier aumento debe contar con fuentes claras, suficientes y sostenibles a largo plazo.El informe fue elaborado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría.
La historia de Zunduri Pérez es uno de los casos más duros de explotación y violencia registrados en México. Proveniente de un entorno familiar marcado por el maltrato, la joven aceptó mudarse con Leticia, una vecina y madre de una excompañera de primaria, quien le prometió protección y cuidado “como a una hija”. No obstante, esa aparente ayuda se convirtió en un infierno.Zunduri, según contó en Pepe y Chema Podcast, fue obligada a trabajar el negocio familiar de sus captores, donde pasó de ser acogida a convertirse en víctima de explotación laboral. Según su testimonio, tras cometer un error en la entrega de unas prendas, Leticia le impuso una supuesta deuda de 25.000 pesos, que calificó como “impagable”. Este argumento fue utilizado como justificación para iniciar las agresiones físicas. “Una madre corrige a sus hijos, yo te estoy corrigiendo por el error que acabas de cometer”, le dijo su captora al propinarle el primer golpe.Con el paso de los meses, la situación se agravó de manera alarmante. El encierro se volvió total y la violencia escaló "a niveles inhumanos". Zunduri denunció que toda la familia participaba en los maltratos, incluidos menores de edad que eran “entrenados” para golpearla.La joven fue obligada a dormir en el piso, pasó días enteros sin comer, al punto de buscar alimento entre la basura, y fue marcada con una plancha caliente en brazos y cabeza, dejándole secuelas permanentes. El episodio más extremo ocurrió durante los últimos seis meses de cautiverio, cuando fue encadenada del cuello y la cintura para impedir que dejara de planchar.Tras lograr escapar en 2015 y presentar la denuncia, el estado de salud de Zunduri impactó incluso a los médicos forenses. “Me contaron más de 600 cicatrices y heridas en todo mi cuerpo”, relató la víctima, quien también perdió varios dientes debido a los golpes recibidos con piedras y tubos.Ese mismo año, Leticia, su esposo y sus hijas fueron condenados a 30 años de prisión. Sin embargo, para Zunduri la justicia no fue suficiente. Según denunció, después del proceso judicial fue entregada por la fiscal de su caso a una asociación civil que se presentaba como defensora de víctimas, pero que terminó explotándola nuevamente.De acuerdo con su testimonio, esta organización lucró con su historia, cobró por conferencias y utilizó su imagen sin entregarle los recursos obtenidos. Zunduri calificó este episodio como una “segunda trata”, esta vez disfrazada de activismo.Actualmente, trabaja de manera independiente en una fundación desde la que acompaña y reeduca a otras sobrevivientes de violencia y explotación.
Entre los temas coyunturales y de más alto interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro está la emergencia económica que ha ocupado los titulares en las últimas semanas, pero también está la reforma pensional que desde que fue demandada ante la Corte Constitucional en julio del 2024 ha atravesado un sinfín de traspiés.El último incoveniente lo conoció Blu Radio en primicia. La Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y pide apartarlo de la discusión de la reforma pensional. Lo anterior, al considerar que Ibáñez prejuzgó públicamente sobre la reforma que está bajo estudio del alto tribunal durante una entrevista que concedió a un medio de comunicación. La Sala Plena deberá definir si admite o no la recusación.El escrito firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, señala que el magistrado Ibáñez afirmó que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable que “no se subsanó”, cuando el proceso aún se encuentra en estudio por parte del alto tribunal esto en medio de una entrevista que el togado concedió a un medio de comunicación.A juicio del Gobierno, el pronunciamiento del magistrado anticipa un elemento central de la decisión y compromete la apariencia de imparcialidad judicial.La Presidencia también advierte que el caso se da en un contexto institucional sensible, pues la Corte debe adoptar en las próximas semanas una decisión definitiva sobre la reforma, luego de que el trámite quedara empatado y se acudiera a un conjuez.Está por definirse allí en el alto tribunal el futuro de una de las reformas bandera para el Gobierno del presidente Petro, que, sin duda, ha marcado el pulso entre esa Corte y el Ejecutivo.
La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo relató a Blu Radio que, en lo corrido del año 2026, se han registrado 10 fallecimientos por fiebre amarilla, todos correspondientes a población flotante proveniente de otros departamentos del país, quienes ingresaron al territorio sin contar con el esquema de vacunación requerido.De acuerdo con el reporte oficial, las personas fallecidas procedían de Bogotá, Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca), Tarazá (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Ventaquemada (Boyacá).Aunque los decesos ocurrieron en sus lugares de origen, los casos quedaron registrados en el histórico epidemiológico del Tolima, al haberse adquirido el contagio dentro del departamento.Situación epidemiológica actualDesde el inicio del brote de fiebre amarilla, el Tolima registra:*139 casos confirmados* 57 fallecimientos acumulados* 15 casos en 2026* 10 muertes en lo que va del año*Cobertura de vacunación del 63 %*Letalidad superior al 66 % en población proveniente de otros departamentosRengifo manifestó su preocupación por el alto número de casos asociados a personas no vacunadas:“En lo que llevamos del brote hablamos de 139 casos confirmados y 57 muertes. Solo en 2026 se han presentado 15 casos, de los cuales 10 terminaron en fallecimiento. Lo más preocupante es que más del 60 % de los casos corresponde a personas procedentes de otros departamentos, con una letalidad superior al 66 %”, señaló la funcionaria.Articulación interinstitucionalLa Secretaría de Salud del Tolima confirmó que este jueves se realizará una reunión interdepartamental con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca, el objetivo es fortalecer las estrategias de control, vigilancia epidemiológica y vacunación obligatoria en corredores turísticos y zonas de riesgo.Agregó que el principal factor de riesgo continúa siendo el ingreso de población flotante sin vacunación previa."Estamos articulando acciones con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca para garantizar que quienes ingresen al Tolima lo hagan vacunados. La fiebre amarilla sigue activa y el riesgo es real”.Municipios en alertaSe mantiene alerta en los municipios de, Icononzo, Cunday, y Carmen de Apicalá en el oriente del departamento, Ataco, y Chaparral en el sur. Las autoridades reiteran que el turismo continúa habilitado, siempre y cuando las personas cuenten con el esquema de vacunación completo contra la fiebre amarilla.La Secretaría de Salud insistió en que todas las muertes registradas eran prevenibles y reiteró el llamado a la vacunación oportuna.“La vacuna es gratuita, está disponible y salva vidas. La falta de conciencia sigue costando vidas humanas”, puntualizó la secretaria.Actualmente, el departamento cuenta con jornadas permanentes de vacunación en zonas urbanas y rurales, con personal disponible las 24 horas.
A México, Estados Unidos y África fueron exportadas en los primeros 26 días del mes de enero 10.000 toneladas de aceite crudo de palma producidas en 25.000 nuevas hectáreas, que muchas de ellas fueron utilizadas para los cultivos ilícitos en zona rural de Tumaco, siendo esta una cifra récord para el puerto Marítimo de Tumaco.El gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, Arley Silva, dijo a Blu radio que este resultado contrasta de manera significativa con la dinámica histórica del puerto, donde tradicionalmente se atendía un buque de aceite de palma cada dos meses. "La operación registrada en enero no solo marca un récord operativo, sino que confirma las condiciones técnicas, logísticas y humanas del Puerto de Tumaco para consolidarse como una alternativa real y competitiva para el comercio exterior del país", precisó Silva.Silva dijo que este es un hecho sin precedentes para la logística del Pacífico nariñense, ya que el puerto pasó de atender un buque bimestral a operar cuatro embarcaciones de gran calado en enero de 2026."La carga de aceite de palma, producida en 25.000 nuevas hectáreas de cultivos en la región, tiene garantizada su comercialización en los mercados de México, Estados Unidos y África, y así vamos a demostrar que este puerto marítimo es competitivo y, por eso, pedimos la ayuda de los empresarios de la región para que puedan exportar todas sus mercancías a través del puerto de Tumaco", aseguró Silva.La operación fue realizada con mano de obra 100% tumaqueña, lo que demuestra la capacidad técnica y operativa de la terminal marítima.El Puerto de Tumaco vive un momento sin precedentes en sus más de 60 años de historia, porque, durante los primeros 26 días del mes de enero, la Sociedad Portuaria Regional Tumaco – Pacific Port atendió la exportación de cuatro buques-barcazas de gran calado cargados con aceite crudo de palma, lo que representa cerca de 10.000 toneladas exportadas en un solo mes, una cifra histórica para el terminal portuario del Pacífico colombiano.Las exportaciones de aceite crudo de palma realizadas desde Tumaco tuvieron como destino los mercados de México, Estados Unidos y África, lo que aumenta considerablemente el alcance internacional de un producto que es cultivado y producido en la región. Actualmente, el municipio de Tumaco cuenta con cerca de 25.000 nuevas hectáreas sembradas de palma, que fortalece la capacidad productiva y genera nuevas oportunidades económicas para el territorio.Este crecimiento ha tenido un impacto directo en la generación de empleo y en el fortalecimiento de la confianza empresarial.La dinámica portuaria ha permitido aumentar la planta de personal, tanto directa como indirecta, priorizando la contratación de mano de obra local en el puerto. Hoy, la operación logística está liderada mayoritariamente por trabajadores tumaqueños, consolidando un modelo de desarrollo con enfoque regional.Una operación 100% seguraSilva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, destacó la magnitud del logro:"Llevo 14 años manejando las operaciones de este puerto y lo que vivimos fue un verdadero hito. Se trató de una operación limpia, segura y confiable. Atendimos dos embarcaciones de manera simultánea, con todos los protocolos de seguridad, y demostramos el potencial humano y técnico que tiene el puerto”.Silva explicó que, aunque los riesgos operativos eran latentes por la magnitud de la maniobra, la coordinación entre pilotos, personal operativo, gerencia y autoridades, permitió ejecutar una operación exitosa, sin incidentes.“Más que medirnos, nos mostramos. Le mostramos al país que el Puerto de Tumaco tiene la capacidad para atender operaciones de gran escala y convertirse en un puerto estratégico para el Pacífico colombiano”, afirmó.Respaldo InstitucionalSilva manifestó que el éxito de esta operación logística también se atribuye al acompañamiento del Gobierno Nacional, que ha volcado sus ojos al Pacífico nariñense para potenciar su infraestructura.“Agradecemos al Gobierno Nacional por el esfuerzo para que Tumaco y el Pacífico salgan adelante. Este respaldo nos permite mostrar que tenemos el potencial, los trabajadores y los empresarios para que la dinámica portuaria sea un éxito total en la región”, agregó Silva.Con el aumento de la planta de personal y la confianza de los mercados internacionales, el Puerto de Tumaco inicia el 2026 enviando un mensaje claro: está listo para ser un protagonista de primer nivel en el comercio exterior de Colombia.
Se acerca la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una estrategia de recomponer la tensa relación que hay entre los jefes de Estados actuales. Para AmCham, la Cámara de Comercio Colombo Americana, no es un encuentro para tomar decisiones, sino una reunión para tomar puntos de interés en común de ambos gobiernos.Sin embargo, para el sector empresarial colombiano, es importante que prime la relación comercial sobre las contraposiciones políticas, ya que de terminar mal esta reunión las posibilidades consecuencias, según AmCham, puede ser una confrontación constante entre ambos mandatarios, injerencia con aranceles, reducción en cooperación, entre otras.“Y en ese sentido, si se vuelve a retomar una confrontación, el trabajo que seguimos haciendo es de mantener esas divisiones entre lo comercial y lo político. Porque lo comercial es el cimiento de las relaciones, es el ancla de la relación con Estados Unidos. Hoy en día estamos viendo la importancia de la relación para el bolsillo de los colombianos y al mismo tiempo tiene una injerencia también en el relacionamiento con Estados Unidos. Y en ese sentido para los estadounidenses también termina siendo interesante e importante la relación con Colombia”, concluyó María Claudia Lacouture, presidente de AmCham.Entretanto, los puntos de conversación que podrían estar presente en la conversación son: Seguridad en aspectos de tráfico de droga y crimen transnacionalMigraciónLa situación de Venezuela y la operación de fronterasRelación con China y su infraestructuraComercio exterior e inversión en los paísesPor su parte, dentro de la conclusiones que pueda tener la reunión está la permanencia de los canales de conversación diplomáticos, ser vamos con los cinco temas de interés común y hacer seguimiento real de las determinaciones de las reuniones.
Una operación de la fuerza pública para capturar a alias ‘Patepalo’, señalado cabecilla criminal de las disidencias de las Farc, con amplio prontuario, terminó frustrada el pasado fin de semana en zona rural de Vista Hermosa, Meta, luego de que habitantes del sector, presuntamente obligados por un grupo armado ilegal, impidieran el avance de los uniformados.De acuerdo con la información de inteligencia, los hechos ocurrieron cuando tropas se desplazaban por una vía destapada hacia un caserío donde se encontraba el objetivo. En ese momento, varios civiles salieron de sus viviendas, se concentraron sobre el camino y formaron una barrera humana para bloquear el paso de los militares, generando una situación de alta tensión en la zona.Videos muestran a hombres y mujeres ubicándose frente a la tropa, haciendo señas, gritando y grabando con teléfonos celulares. La presencia masiva de civiles obligó a frenar la operación, lo que fue aprovechado por alias ‘Patepalo’ para escapar del lugar y evadir su captura.Según las autoridades, la acción de la comunidad no fue espontánea. La población habría actuado bajo presión de la estructura criminal liderada por alias ‘Calarcá’, que mantiene control e influencia en esta región del sur del Meta, utilizando amenazas y constreñimiento para obstaculizar las operaciones del Estado.
Ecopetrol firmó un contrato con la empresa estadounidense Covington & Burling LLP quienes se iban a encargar de revisar los riesgos reputacionales que tiene la empresa con las autoridades americanas, derivados de las investigaciones en curso contra el presidente de la petrolera, Ricardo Roa. La Contraloría advirtió irregularidades en los pagos luego de una auditoría, donde evidenciaron que, posibles irregularidades en la ejecución.El contrato se firmó el 21 de febrero del 2025 y la junta directiva de Ecopetrol solicitó la suspensión del convenio un mes después, pese al giro de más de 1,5 millones de dólares que hizo la petrolera a la firma, sin haberse entregado los informes finales y sin evidencia de haberse cumplido el objeto contractual.De acuerdo con el ente de control, gran parte de los pagos realizados se sustentan en horas declaradas por el contratista, pero no en soportes que acrediten la prestación del servicio. La Contraloría advirtió que esto genera dudas sobre el objeto real del contrato, pues no se puede establecer si realmente cumplieron con lo que se había pactado o se realizaron otro tipo de prestacionesAsí mismo, la suspensión del contrato no se rige en las condiciones establecidas dentro de la empresa, pues no existe un acta de suspensión formal integrada en el expediente contractual.Por todo esto, el ente de control emitió una alerta de control interno, ya que la contratación no estaría cumpliendo el servicio de asesoría en la revisión de políticas, procesos y discusiones relacionadas con las autoridades estadounidenses. Razón por la cual, la Contraloría dio a Ecopetrol un plazo de 5 días hábiles desde el envío de la notificación, para emitir una respuesta y sustentar el objeto del contrato con la firma Covington & Burling.Cabe aclarar que si la petrolera no contesta en el plazo establecido, el ente de control entenderá como aceptada la advertencia y remitirá el caso a las autoridades competentes para que se impongan las respectivas sanciones.
Durante el Encuentro Nacional por el Agua y las Energías Renovables, la World Wildlife Fund alertó sobre el aumento del riesgo de desabastecimiento hídrico en más de 200 municipios del país. La organización advierte que la presión sobre las fuentes hídricas aumenta por factores que deterioran los ecosistemas encargados de regular el ciclo del agua.“En muchos casos, por fenómenos de deforestación, minería ilegal, las cuencas pueden verse afectadas y los mismos ecosistemas, por ejemplo, pueden afectarse y desaparecer. Por eso es muy importante fortalecer la gobernanza del agua, fortalecer la conectividad entre las áreas protegidas y otras estrategias de conservación y reconocer el rol que juega la naturaleza para enfrentar los desafíos que tenemos también frente al cambio climático”, señaló Jimena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de la WWF.De acuerdo con la WWF, el 40% de las principales cuencas del país muestran deterioro por degradación ambiental, contaminación y uso excesivo de sus recursos, y más del 50% de los ecosistemas continentales, en los Andes, el norte de la Amazonía y el sur de la Orinoquía están en riesgo.“Es muy importante reconocer el ciclo hidrológico del agua y la importancia de garantizar el mantenimiento de los ecosistemas como los páramos, los humedales, diferentes ecosistemas para garantizar que exista disponibilidad del agua en muchas de las regiones” agregó Barrera.El informe advierte que 207 municipios podrían enfrentar desabastecimiento durante la sequía y más de 254 en temporada de lluvias, mientras el país ha perdido cerca del 57% de sus páramos, ecosistemas que suministran agua a más del 70% de la población.
Durante toda la semana se han llevado a cabo conversatorios y actos de conmemoración tras cumplirse 40 años desde que el M-19 tomó el Palacio de Justicia. Un capítulo gris en la historia de Colombia que dejó un saldo de 100 personas muertas entre magistrados, trabajadores y visitantes que estaban allí aquella fatídica mañana del 6 de noviembre de 1985.Fue precisamente durante un conversatorio que organizó el Consejo de Estado que tuvo como invitados al exfiscal Alfonso Gómez Méndez y a varios exconsejeros de Estado, fue allí donde su presidente el magistrado Álvarez lanzó una dura crítica.“No podemos aceptar que en medio de la tragedia y en una conmemoración de esta estatura histórica y jurídica, hoy se califique la toma del Palacio de Justicia como un acto de genialidad. Yo creo que no se puede hablar de genialidad frente a un acto terrorista, a un acto que fue asistido de cobardía y que acabó con las mentes más brillantes de la historia de este país y sobre todo de quienes representaron la justicia en esa época”, dijo el magistrado Álvarez.Esto, porque el presidente Gustavo Petro se habría referido aL hecho, que dejó cerca de 100 personas muertas y más de 11 desaparecidas, usando la palabra “genialidad”.Por la misma línea de Álvarez se fue hace unos días el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien dijo que lo que sucedió en aquel noviembre de 1985 “no fue una acción genial, sino demencial”.
El juzgado 62 administrativo del circuito de Bogotá le acaba de negar a Daniel Quintero una tutela con la cual buscaba que se le ordenara a la Registraduría la inscripción del comité recolector de firmas del exalcalde de Medellín a la Presidencia.“Para el Despacho el hecho de que el comité inscriptor “Reset total contra el narco y los corruptos” y el acá accionante hayan comparecido el 27 de octubre pasado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil a formalizar la inscripción y esta no se haya podido llevar a cabo, es una circunstancia que no desconoce el debido proceso administrativo, en la medida que el agendamiento para este acto es del resorte exclusivo del respectivo Registrador, de conformidad con su agenda, tal y como lo prevé la Resolución No. 6064 de 2025”, se lee en la decisión.Es importante recordar que Daniel Quintero se inscribió ante la Registraduría para participar en la consulta a la presidencia del Pacto Histórico del 26 de octubre y, posteriormente, Quintero renunció. Sin embargo, la Registraduría explicó que una persona al inscribirse a la consulta ya asume un compromiso con los partidos que lo postularon y por eso ya no puede inscribir su comité.“Este despacho no evidencias acciones u omisiones que vulneren o amenacen con vulnerar los derechos invocados; concretamente en lo que corresponde a los derechos a elegir y ser elegido, debido proceso administrativo y el acceso a cargos públicos no se estiman conculcados, toda vez que, justamente, el registro del comité aún no se encuentra resuelto y no existe una negativa frente a su inscripción, aunado a que aun no ha finalizado la oportunidad establecida por la entidad accionada para proceder con el registro de los comités inscriptores”, se lee en la decisión del juzgado.En este momento es incierto el futuro político de Daniel Quintero pues hasta el momento ninguno de los mecanismos que ha utilizado le han servido para inscribirse como candidato a la presidencia.
Un intenso debate se ha desatado en el país tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de las TIC que busca ampliar los servicios de las redes postales. Mientras que el sector financiero, representado por gremios como Asobancaria y Colombia Fintech, se opone firmemente a la medida, el presidente de Asopostal, Juan Andrés Carreño, asegura que es una oportunidad histórica para la inclusión financiera en la "Colombia profunda"."Este gobierno ha tenido en cuenta lo que está pasando en las poblaciones más lejanas del país. La red postal tiene 52.000 puntos en todos los municipios del país y nosotros atendemos la Colombia profunda, no lo hace el sector financiero. Mientras el sector financiero sigue cerrando puntos en la geografía nacional, nosotros venimos abriendo", indicó Carreño en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.El corazón de la disputaLa controversia gira en torno a la reglamentación de tres nuevos servicios postales de pago que se sumarían al giro tradicional: el depósito postal, la transferencia postal y el giro de pago.Juan Andrés Carreño defiende la autonomía de este modelo al precisar que "una cosa son las normas financieras y otra cosa son las normas postales", subrayando que se trata de un derecho "consagrado en un tratado internacional", cuya validez jurídica ya ha sido defendida anteriormente ante la Corte Constitucional."Ellos piensan que nosotros debemos cumplir con la regulación financiera. Nosotros decimos, no, no somos financieros, tenemos que cumplir con la regulación postal", indicó Carreño.Seguridad y riesgos¿Un peligro de lavado de activos?Uno de los argumentos más fuertes de la banca es el riesgo de administración de activos y financiación del terrorismo. Sin embargo, desde Asopostal defienden la solvencia de su regulación."Después del sector financiero, el sector postal tiene los sistemas de administración de riesgos más solventes'. Nosotros le tenemos que realizar biometría y autenticación de todas las personas que hacen una operación, tanto el que envía como el que recibe", explicó.Finalmente, Carreño arremetió contra los argumentos que vinculan el decreto con intereses electorales."Lo que se están diciendo son mentiras. Invito a que se dé el debate con verdades y desde una perspectiva técnica. Decir que es que esto se está haciendo para las elecciones es absolutamente falso", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
Julián Silva es presidente de Asodiplo y está denunciando cientos de contratos al interior de la Cancillería: contratistas que estarían reemplazando a funcionarios con amplia experiencia en la cartera, no solo provisionales, sino también de planta.“Existe, por ejemplo, una gran proliferación de contratos y de contratistas nuevos en distintas áreas de la Cancillería. Nosotros teníamos información de alrededor de unos 100, pero no sabemos exactamente cuántos, y así se habla de otros contratos en otras áreas de la entidad: alrededor de 80 en la Dirección de Cooperación Internacional y otros 60 en la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, a nosotros nos preocupa enormemente, primero porque no sabemos los montos de contratación”, dijo.Asodiplo también advierte sobre declaraciones de insubsistencia en consulados y embajadas, así como cambios súbitos de personal de apoyo y la eventual llegada de personas sin experiencia. Esto se agrava si se tiene en cuenta que este año esas oficinas deberán hacerse cargo de la organización del proceso para que seis millones de colombianos en el exterior puedan votar.“La información con la que se cuenta inicialmente dice que efectivamente es un criterio político. El asunto es cambiar personas que no pertenecen a una cuerda política por otras que sí lo son. Sin embargo, de nuevo, al no conocer cuáles son las convocatorias, por ejemplo, para los contratistas, ni los perfiles en su totalidad, es muy complicado entender por qué se están llevando a cabo estos cambios”, agregó.En 2026 no solo habrá elecciones, también se realizará el Mundial en tres países con alta presencia de colombianos, por lo que el trabajo de los consulados en esos puntos será clave.Consultamos a la Cancillería sobre estos movimientos y aseguran que se trata de reubicaciones permitidas por la ley y realizadas a discrecionalidad de la canciller. Sobre la contratación, señalan que el 70 % del ministerio funciona con contratos de prestación de servicios y que esto no implica ninguna irregularidad.
Blu Radio conoció en primicia que la canciller Rosa Villavicencio tiene luz verde del Gobierno de Donald Trump para entrar a Estados Unidos y acompañar al presidente Gustavo Petro en el encuentro que tendrán los dos presidentes el próximo 3 de febrero. El narcotráfico, la migración y el comercio serán los temas clave.La noticia se conoce días después de la conversación telefónica que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, para coordinar los detalles de la reunión entre los presidentes Trump y Petro en la Casa Blanca.Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Y es que la presencia de la canciller Villavicencio es clave en un encuentro en el que Colombia busca superar la tensa relación bilateral con el Gobierno Trump que empezó el 26 de enero de 2025 con la decisión de Petro de regresar dos vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos. Crisis que se prolongó durante el año pasado con decisiones como descertificar al país en materia de lucha contra el narcotráfico, incluir en la lista Clinton al presidente, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, y dejar sin visa no solo al mandatario sino a la canciller Villavicencio; al ministro de Minas, Edwin Palma y a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.Este escenario de restricciones migratorias se originó tras los incidentes de septiembre en Nueva York, donde el presidente Petro, mediante un megáfono en la vía pública, instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes superiores en el marco del conflicto en la Franja de Gaza.La reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump está prevista para las 11:00 de la mañana del 3 de febrero. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad GeorgetownEscuche el informe completo aquí:
En Santa Marta fue puesta en funcionamiento una cámara hiperbárica en las instalaciones de la nueva estación de buceo y salvamento de la Armada, un equipo médico clave que permitirá atender de forma inmediata emergencias derivadas de actividades subacuáticas en el norte del Caribe colombiano. La ubicación del sistema, a pocos metros del mar, representa una ventaja estratégica para responder con rapidez a incidentes que antes obligaban a traslados prolongados.La cámara hiperbárica es un equipo médico especializado en el que los pacientes respiran oxígeno casi al 100 % a una presión entre dos y tres veces superior a la atmosférica. Este tratamiento permite que el oxígeno se disuelva con mayor facilidad en la sangre, facilitando su llegada a tejidos afectados y convirtiéndose en una herramienta fundamental para tratar el mal de descompresión, una de las principales emergencias asociadas al buceo.Además de atender lesiones por inmersión, este tipo de tecnología es utilizada para acelerar la cicatrización de heridas, tratar infecciones graves, lesiones por quemaduras, problemas de circulación y apoyar procesos médicos complejos como injertos, necrosis o pie diabético. Su uso es estrictamente médico y se realiza bajo supervisión especializada, con protocolos que garantizan la seguridad del paciente.Hasta ahora, los casos de emergencia por buceo en el Caribe norte debían ser trasladados hasta Cartagena, donde se encuentra el principal centro de referencia del país. Sin embargo, los tiempos de desplazamiento representaban un riesgo adicional para los pacientes, especialmente en situaciones que requieren atención inmediata.“El problema es que no sería de manera inmediata la atención si un paciente en la parte norte del Caribe llega a tener una emergencia y hay que transportarlo de manera segura y oportuna hasta Cartagena. La red hospitalaria aquí no tiene esa capacidad, y nosotros con esto vamos a suplir la necesidad”, explicó el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional.El alto oficial agregó que la instalación de la cámara hiperbárica no solo fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también impacta de manera positiva el turismo especializado en la región. “Con esto también vamos a ser más atractivos para que los turistas vengan a hacer la actividad del buceo, porque saben que, si se llega a presentar una emergencia, tenemos cómo atenderlos”, señaló.La puesta en servicio de este equipo posiciona a Santa Marta como un punto clave para la seguridad marítima y subacuática en el Caribe colombiano, al tiempo que amplía la capacidad de atención médica especializada para buzos profesionales, pescadores, personal naval y turistas que practican actividades en el mar.
El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, presentó su propuesta de plan de seguridad. En el evento también se refirió a la reunión que se hará el 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington y cuestionó al mandatario colombiano por los choques que tuvo con su homólogo estadounidense.“Salió corriendo de rodillas a decir, por favor, recíbanme. Y ahora, ¿a qué va a Estados Unidos? En lugar de ir a trabajar por la tecnología, la educación, el comercio, la inversión, la seguridad, la justicia y la tecnología para los colombianos va a que le den la visa y a que lo saquen de la lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero, incluso al actual, no lo quiero ver, pero así se ve”, señaló el candidato Pinzón.Sobre su plan de seguridad señaló que presentará un proyecto de ley de cadena perpetua para feminicidas y que incrementará el pie de fuerza policial hasta el 80 % del estándar internacional.“El plan contempla la activación de reservistas, la modernización operativa y el bienestar integral de soldados y policías. Habrá un Incremento de 100.000 efectivos en 3 años (70 % FF. MM., 30 % Policía). En los primeros 100 días se hará el llamado a 30.000 reservistas (20.000 militares, 10.000 policías)”, dijo Pinzón.También agregó que creará cuatro megacárceles de seguridad con 20.000 cupos cada una.“Una estrategia de asfixia total contra las finanzas, las comunicaciones y las redes logísticas de las organizaciones criminales. El plan enfrenta de manera directa el narcotráfico, la extorsiónextorsión, la minería ilegal y el contrabando, atacando no solo a los cabecillas, sino a toda su estructura económica”, agregó Pinzón.
Un reciente estudio sectorial de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la viabilidad financiera de la educación superior en el país. De las 34 universidades públicas nacionales, solo una logra ser autosostenible, así lo confirmó Andrey Rodríguez, contralor delegado para asuntos educativos."De las 34 universidades públicas nacionales, una sola de ellas logra ser autosostenible. Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del Gobierno nacional. De lo contrario no podrían funcionar", indicó Rodríguez en Mañanas Blu.El origen del déficitRodríguez explicó que la raíz del problema está en cómo se calculaban los incrementos presupuestales desde 1992."Veníamos con una fórmula que actualiza los índices de educación superior por IPC. Esa fórmula llevó a que cerca de 18 billones de pesos no llegaran a las universidades públicas", explicó Rodríguez.Con la nueva ley, se busca usar un índice del DANE que refleje la realidad."Se llama básicamente así, índice de incremento de costos de educación superior, que permite reflejar en mayor realidad cómo crecen los costos", explicó. Disparidad de costos por estudianteEl estudio revela cifras "absolutamente disímiles" entre lo que recibe una universidad por alumno y lo que realmente le cuesta formarlo."'A la Universidad Nacional sacar ese estudiante a nivel de egresos le cuesta casi el triple de lo que recibe. En el caso de La Universidad de Antioquia le cuesta un estudiante cerca de 29 millones de pesos, pero solo recibe cerca de 7 millones y medio", explicó. Esta brecha financiera limita severamente la capacidad de las instituciones para invertir en infraestructura e investigación, así como para ampliar la cobertura educativa.Una nueva esperanza legislativaPara mitigar esta situación, se espera la sanción presidencial de una ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30.1. Los costos ahora se ajustarán mediante el Índice de Incremento de Costos de Educación Superior manejado por el DANE, reflejando mejor la realidad del sector.2."El proyecto de ley busca llegar más o menos a 0.5% del PIB", indicó Rodríguez.Escuche la entrevista aquí: