La Organización de las Naciones Unidas anunció el acompañamiento a Colombia en la implementación de soluciones para la población en situación de desplazamiento interno, tras la visita de una delegación de representantes del sistema internacional que sostuvo reuniones con autoridades y comunidades en varias ciudades del país.Según la información presentada durante la visita, en Colombia hay más de siete millones de personas en situación de desplazamiento interno y cerca de tres millones de refugiados y migrantes venezolanos. La delegación señaló que la respuesta requiere medidas que superen la atención de emergencia e incluyan acciones orientadas al acceso a vivienda, empleo y servicios básicos.Las soluciones planteadas buscan que las personas desplazadas puedan estabilizar sus condiciones de vida mediante el retorno a sus lugares de origen, la reubicación en otras zonas del país o la integración en los territorios donde residen. Estas acciones incluyen programas de vivienda, educación, atención en salud y acceso a medios de subsistencia.Durante la agenda de trabajo se revisó la aplicación de la Política Nacional de Soluciones Duraderas para Personas Desplazadas Internamente (CONPES 4180), que incorpora el desplazamiento como un asunto de desarrollo y de política pública. La delegación sostuvo encuentros con entidades del Gobierno, organismos de control y representantes de la sociedad civil.Las visitas incluyeron recorridos por Bogotá, Medellín y Quibdó, donde se presentaron programas relacionados con integración urbana, vivienda y regularización de asentamientos. En estos espacios se recopilaron testimonios de comunidades afectadas por el desplazamiento.La delegación indicó que las acciones también se articulan con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y con estrategias para atender desplazamientos asociados a fenómenos climáticos y desastres. La organización informó que continuará el trabajo conjunto con instituciones nacionales y autoridades territoriales para la ejecución de estas medidas.
La inusual ola invernal continúa generando afectaciones en todo el país, incluidas las vías. En este momento se registran 31 cierres en diferentes corredores del país, de los cuales 25 son parciales y 6 totales, según confirmó el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.Las principales afectaciones se concentran en los departamentos de Nariño, Córdoba y Magdalena, así como en la región del Urabá antioqueño. Los daños obedecen principalmente a pérdida de banca, fracturas estructurales y colapso de puentes.¿Cuáles son los cierres totales de vías por lluvias?NariñoEn el municipio de Tangua permanece el cierre total de la vía Rumichaca–Pasto, en el kilómetro 51+100, por pérdida total de banca. La ruta alterna habilitada es Pasto–Piales.Urabá (Antioquia)Se registran dos cierres totales:Vía Necoclí–Arboletes (Km 17+450), por afectación del Puente Mulatos. No hay vía alterna.Vía Arboletes–San Juan (Km 63+850), por afectación en la cabecera de puente. Tampoco cuenta con paso alterno.CórdobaLos Córdobas, vía Puerto Rey–Montería (Km 19+350), por fractura del Puente Jalisco. La vía alterna es Medellín–Caucasia–Planeta Rica–Montería.Lorica (sector Sabana Acosta), vía Tuchín–Momil (Km 23+100), por caída de puente sobre el arroyo Ejem. No hay vía alterna.MagdalenaVía Santa Marta–Palomino (Km 37+700), por colapso del Puente Mendihuaca. La ruta alterna es Zona Bananera–Fundación–Bosconia–Valledupar.Las afectaciones viales se dan en medio de un panorama más amplio de emergencia por lluvias. Al menos 13 personas murieron esta semana en distintas zonas del país como consecuencia de las intensas precipitaciones, de acuerdo con balances oficiales conocidos este domingo.El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que un frente frío que ingresó desde el norte del continente americano hacia el Caribe colombiano incrementó en enero las lluvias en más de un 64 % frente al promedio histórico nacional.La entidad señaló que este comportamiento se presenta “en el marco de una crisis climática”, lo que ha derivado en crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y afectaciones en infraestructura vial en diferentes regiones.La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía mantiene monitoreo permanente sobre los puntos críticos y recomienda a los conductores consultar el estado de las vías.
En la mañana de este viernes, 13 de febrero de 2026, los habitantes de diversas regiones del occidente y centro de Colombia fueron sorprendidos por un evento sísmico de magnitud considerable. Según el boletín actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:40 hora local, ubicando su epicentro a tan solo 17 kilómetros de la cabecera municipal de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.El reporte técnico indica que el sismo tuvo una magnitud de 4.7. Un dato crucial para entender el impacto de este fenómeno es su profundidad de 105 kilómetros. Generalmente, los sismos con una profundidad mayor a 70 km se clasifican como de profundidad intermedia, lo que permite que la energía se disipe de una manera que suele ampliar el área donde se percibe, aunque reduciendo la intensidad destructiva en el epicentro inmediato en comparación con los sismos superficiales.Regiones donde se percibió el movimientoPese a que el epicentro se situó en la geografía chocoana, la energía liberada se sintió con claridad en varios departamentos vecinos, especialmente debido a la consolidación de las ondas sísmicas a través de la cordillera. Las autoridades locales y reportes ciudadanos confirmaron que el sismo fue perceptible en:Chocó: Principalmente en la zona del epicentro y Quibdó.Eje Cafetero: Con reportes significativos en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío).Valle del Cauca: Se registraron reportes en Cali y municipios del norte del departamento.Antioquia: El movimiento se sintió en la ciudad de Medellín y el suroeste antioqueño.Otras zonas: También se recibieron reportes desde Ibagué (Tolima) y algunas localidades del Huila.Contexto geológico y antecedentesColombia es un país con una alta actividad sísmica debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de varias placas tectónicas, como la de Nazca, Sudamericana y la del Caribe. La región del Chocó, en particular, se encuentra en una zona de alta complejidad tectónica donde el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana genera eventos recurrentes.A diferencia de los sismos superficiales (menores a 30 km de profundidad), que suelen causar daños estructurales severos pero en áreas muy localizadas, los sismos de profundidad intermedia como el de hoy tienden a ser sentidos en un radio geográfico mucho más amplio, lo que explica por qué departamentos tan distantes como Huila y Antioquia reportaron el evento simultáneamente.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro priorizar que la emergencia económica decretada tras la ola invernal se concentre exclusivamente en la atención de las comunidades afectadas y la reconstrucción del territorio.Según la dirigente, la gravedad de la situación exige una respuesta rápida, firme y coordinada del Estado, pero también técnicamente sustentada y focalizada en mitigar los efectos del frente frío que golpea a estas regiones.El decreto expedido el pasado miércoles por el Ejecutivo, le da una serie de facultades al mandatario para crear impuestos que permitan recaudar el dinero pendiente. Según ha dicho el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la atención de la emergencia en el corto y largo plazo requiere de al menos $8 billones y una de las medidas sería un impuesto al patrimonio.Sin embargo, para Gutiérrez, “la emergencia no debe convertirse en un vehículo para crear nuevos impuestos, ni para adoptar medidas sin relación directa con la crisis”, sino que debe servir para ejecutar mejor los mecanismos existentes.Ante eso, presentó una serie de propuestas para que sean tenidas en cuenta: una de ellas es que, antes de expedir decretos legislativos extraordinarios, se active plenamente el esquema de gestión del riesgo contemplado en la Ley 1523 de 2012, con medidas como la declaratoria de calamidad pública o desastre que habilita el uso ágil de recursos y acudir a la contratación directa.“También pueden usarse herramientas del presupuesto ordinario: traslados, reprogramaciones, aplazamientos y priorización del gasto. El Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 819 de 2003 permiten hacer estos movimientos para responder a urgencias, cuidando la sostenibilidad fiscal”, agregó Gutiérrez.Gutiérrez insistió en esa línea en la importancia de un análisis transparente y detallado de los recursos requeridos así como no descartar apoyos económicos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.“En vez de crear nuevas cargas fiscales que afecten la competitividad, debe revisarse el uso de partidas presupuestales sin comprometer, que podrían ser jurídicamente compatibles y reorientar parte de esos recursos a la atención inmediata y conjurar los efectos de la emergencia”, dijo Gutiérrez.Por otra parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, insistió en la urgencia de atender la emergencia en todos los departamentos afectados tanto por parte del Gobierno como por el apoyo de diferentes sectores que hoy están gestionando donaciones y otro tipo de ayudas.“Para eso estamos en este momento con varias campañas de donaciones en recursos y en especie que estamos canalizando a través de los bancos de alimentos para que le puedan llegar a las personas en el territorio lo antes posible”, dijo el líder gremial.Sobre la medida de emergencia económica que podría incluir un impuesto al patrimonio, Bruce Mac Master dijo que era antitécnica.“Esto en última significa que vamos a generar impuestos también a la generación de empleo. Son impuestos que terminan afectando a los trabajadores y a las familias colombianas. Pues bien, el Estado tiene otras herramientas que debería utilizar”, dijo Bruce Mac Master coincidiendo con Natalia Gutiérrez.Por ahora, el presidente Gustavo Petro descartó la petición de los gobernadores de usar los recursos de regalías hoy sin ejecutar y su Gobierno prepara los nuevos decretos que aclararan cuáles serían los nuevos impuestos.
Una nueva tragedia vial sacudió la madrugada de este viernes a los habitantes del norte de Bogotá, luego de que un aparatoso accidente de tránsito cobrara la vida de una madre y su hija en la Autopista Norte, a la altura de la calle 244, en sentido sur–norte, en la vía que conduce hacia el municipio de Chía, Cundinamarca.Según el reporte oficial de la Policía de Tránsito, el siniestro ocurrió hacia las 11:40 de la noche, cuando un vehículo de alta gama, conducido por un joven de aproximadamente 20 años, se desplazaba a gran velocidad hacia el peaje de La Sabana. En ese momento, el conductor habría intentado adelantar por el costado derecho a un bus intermunicipal de la empresa Copetran, sin percatarse de que un camión ingresaba a una estación de servicio ubicada en ese punto.La maniobra terminó en una violenta colisión contra el camión, que a su vez hizo que el automóvil rebotara contra el bus y finalmente impactara al vehículo en el que se movilizaban dos mujeres, madre e hija. El choque fue tan fuerte que terminó lanzando uno de los carros hacia la zanja del separador vial, generando escenas de caos y pánico entre los pasajeros y conductores que transitaban por la zona.La identidad de las víctimas del grave accidenteLos organismos de emergencia llegaron casi de inmediato. Personal de la Concesión Norte logró rescatar con vida a una mujer de 72 años que había quedado atrapada en la parte trasera del vehículo, y fue trasladada en ambulancia hasta la Clínica Sabana. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció hacia las 3:40 de la madrugada. En el lugar del accidente, los socorristas confirmaron la muerte de la conductora, una mujer de 35 años, identificada como Edna Rodríguez. Su madre, Rosario Rodríguez, fue la segunda víctima fatal de esta tragedia.Testigos señalaron que el joven conductor del vehículo de alta gama resultó ileso y que, al parecer, transitaba a exceso de velocidad cuando intentó realizar el adelantamiento. La Policía de Tránsito confirmó que se revisan las cámaras de seguridad del corredor vial para establecer con exactitud las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.Entre tanto, unidades de criminalística realizaron la inspección técnica a los vehículos involucrados y al lugar de los hechos, lo que obligó al cierre parcial de la Autopista Norte hasta cerca de las 4:05 de la madrugada, generando congestión en uno de los principales corredores de salida de Bogotá.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad y a conducir con precaución, especialmente en horarios nocturnos, cuando la visibilidad disminuye y los riesgos aumentan.
A esta hora hay caos vehicular en una de las arterias viales más importantes de la ciudad. Una masiva manifestación adelantada por el gremio de recicladores ha provocado un bloqueo total en la calle 26, impidiendo el tránsito hacia el aeropuerto internacional El Dorado. La situación afecta tanto a los carriles para vehículos particulares como a la calzada exclusiva del sistema Transmilenio.Impacto en la movilidad y el transporte masivoEl epicentro de la protesta se ubicó inicialmente a la altura de la carrera 43, frente a la Hemeroteca de la Universidad Nacional. Desde ese punto, el grupo de manifestantes inició un "plan tortuga" que ha colapsado el sentido Oriente-Occidente de la vía. La magnitud del bloqueo es tal que el sistema Transmilenio ha dejado de funcionar en este sector, obligando a cientos de pasajeros a abandonar los buses y continuar su trayecto a pie, cargando maletas para intentar llegar a tiempo a sus vuelos.Los camiones de los recicladores permanecen parqueados sobre la vía, lo que ha generado una tensión entre el derecho a la protesta y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos que se dirigen hacia la terminal aérea.Las exigencias del gremio al Gobierno NacionalJonathan Rodríguez, uno de los líderes de la manifestación, explicó en Mañanas Blu, que el motivo principal de la movilización es el descontento con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Según los manifestantes, el gobierno nacional está desconociendo la legitimidad de la Mesa Nacional de Recicladores.La petición del gremio es clara: exigen respeto por su labor y que no se realicen acuerdos "por debajo de la mesa" que puedan afectar sus intereses. Rodríguez enfatizó que buscan garantías para su gremio y que la mesa nacional sea un espacio inclusivo para todos los recicladores del país, rechazando cualquier negociación que se perciba como poco transparente.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, relató en entrevista con Mañanas Blu los detalles de su salida anticipada del evento de entrega de 1.700 títulos de propiedad rural en Chaparral, encabezado por el presidente Gustavo Petro.La jornada, que inicialmente estaba destinada a celebrar la formalización de tierras para campesinos del sur del Tolima, terminó marcada por la controversia política. La mandataria departamental aseguró que decidió retirarse tras no recibir espacio para intervenir y sentirse “totalmente ignorada” por parte del Gobierno Nacional.Un acto histórico que terminó en polémicaEl evento, organizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tenía como objetivo formalizar 1.700 predios rurales, una acción que, según la gobernadora, representa “un avance muy importante” para el campesinado.“Que un campesino sea dueño de la tierra que ha trabajado durante tantos años dignifica su vida, le da seguridad jurídica y le abre puertas enormes a nuevas oportunidades”, afirmó Matiz durante la entrevista.La mandataria explicó que asistió al acto precisamente para reconocer ese esfuerzo institucional y reiterar la necesidad de convertir la entrega de títulos en un punto de partida para el desarrollo productivo del sur del departamento. Sin embargo, señaló que la organización del evento y el trato recibido la llevaron a tomar la decisión de retirarse.“Si la voz institucional no es bienvenida, no tenía nada que hacer allí”Matiz relató que, tras las intervenciones de miembros de la comunidad, el director de la ANT y la ministra presente, se anunció la intervención del presidente sin que ni ella ni el alcalde de Chaparral fueran llamados a participar.“Si la gobernadora y el alcalde no tenían espacio para participar, si la voz institucional del departamento no era bienvenida en la conversación, entonces personalmente tomé la decisión de retirarme”, expresó.Según su versión, se acercó primero a la ministra para despedirse “de manera amable y correcta” y luego al presidente Petro, a quien le dijo: “Señor presidente, me voy a retirar del evento”. Aseguró que no recibió respuesta.La gobernadora también denunció que durante el evento hubo silbidos en su contra y que tanto su gabinete como su equipo enfrentaron dificultades para ubicarse en el recinto.“No somos enemigos”Uno de los puntos que la mandataria quiso dejar claros es que sus diferencias con el presidente Petro no obedecen a enemistades personales ni políticas irreconciliables. “Quiero responderle a usted aquí de frente, mirándolo a los ojos y sin ambigüedades: no somos enemigos y no tenemos por qué ser enemigos”, relató al recordar el diálogo que sostuvo con un asistente que le preguntó si era “enemiga de Petro”.Matiz enfatizó que las diferencias ideológicas son legítimas en democracia, pero que no deben convertirse en odio. “Jamás esas diferencias pueden convertirse en odio, porque no sería edificante ni ejemplarizante”, subrayó.Defensa de la dignidad del TolimaLa polémica creció tras un mensaje publicado por la gobernadora en su cuenta de X, donde cuestionó lo sucedido en el acto. En la entrevista explicó que escribió ese mensaje porque sintió una “humillación muy grande”.Matiz añadió que su intención era proponer al presidente una agenda conjunta para el desarrollo del sur del Tolima, incluyendo la culminación del corredor vial y estrategias productivas que complementen la entrega de tierras. “Yo le iba a decir al presidente: pasemos del Pacto de Chicoral al Acuerdo de Chaparral y pongámonos de acuerdo en lo que vamos a seguir haciendo por este sur del Tolima”, afirmó.Inversiones en educación y salud en el sur del TolimaLa gobernadora también destacó las inversiones que adelanta el departamento en la región, entre ellas la construcción del Hospital Regional del Sur en Chaparral, con una inversión superior a los 85 mil millones de pesos.Asimismo, reconoció la inversión del Gobierno Nacional en una sede de la Universidad del Tolima en Chaparral, cercana a los 30 mil millones de pesos, y aseguró que desde la administración departamental se han destinado más de 89 mil millones en educación superior, entre gratuidad, transferencias e infraestructura.Seguridad y minería ilegal: otro frente críticoEn la entrevista, la mandataria también abordó la situación de seguridad en el sur del Tolima, marcada por el aumento de la minería ilegal y la presencia de disidencias de las FARC.Denunció que en el municipio de Ataco operan cerca de 300 máquinas extrayendo oro, con la llegada de más de 3.000 personas provenientes de otros departamentos. Según indicó, parte de los recursos derivados de esta actividad estarían financiando estructuras armadas ilegales.“Tenemos un problema gravísimo con algunos disidentes de las FARC que se encuentran allí en el sur del Tolima”, advirtió. Matiz informó que solicitó un consejo de seguridad extraordinario con el ministro de Defensa y que se declaró como objetivo de alto valor a alias “Capotillo”, señalado de amenazarla.Un llamado a la articulación institucionalFinalmente, la gobernadora insistió en que el país necesita articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales. “El ejercicio del poder público tiene que ser un ejemplo de madurez, de respeto, de construcción. Al presidente le corresponde el país; a nosotros nos corresponde el Tolima”, concluyó.
Viajar solo sigue ganando adeptos en todo el mundo y, de cara a 2026, un listado elaborado a partir de millones de valoraciones de viajeros destaca 15 ciudades y regiones ideales para recorrer sin compañía. El reconocimiento corresponde a los Travelers’ Choice Awards Best of the Best, de Tripadvisor, que distinguen a los destinos con un volumen sobresaliente de opiniones positivas durante un periodo de 12 meses, situándolos entre el 1 % mejor valorado de más de ocho millones de perfiles en la plataforma.¿Cuáles son las mejores ciudades para viajar solo?Dublín, Irlanda: La capital irlandesa combina tradición literaria, espacios verdes y actividades para hacer solo. Desde paseos por St. Stephen’s Green o Phoenix Park hasta visitas al zoológico, la ciudad ofrece alternativas culturales y de ocio. También es un punto de referencia para quienes siguen la obra de escritores como Yeats y Joyce, además de contar con tiendas de diseño y propuestas gastronómicas locales.Berlín, Alemania: La capital alemana destaca por su identidad contemporánea y su peso histórico. Los restos del Muro de Berlín y el arte urbano que hoy lo cubre conviven con símbolos como el reloj mundial de Alexanderplatz. Restaurantes históricos, entre ellos Zur Letzten Instanz —activo desde el siglo XVI—, forman parte del recorrido urbano.Londres, Reino Unido: La ciudad reúne barrios con identidades marcadas, como Shoreditch, Camden y Portobello Road. Entre palacios, museos, restaurantes con estrella Michelin y pubs tradicionales, la oferta es amplia. Sus calles adoquinadas y monumentos emblemáticos consolidan a la capital británica como un destino versátil.Santiago, Chile: La capital chilena combina historia y modernidad. En barrios como Bellavista se concentran cafés y vida nocturna, mientras que el Parque Forestal alberga espacios culturales. La arquitectura abarca desde iglesias del siglo XVI hasta torres contemporáneas, con centros comerciales y gastronomía local que completan la experiencia.Edimburgo, Reino Unido: Reconocida por su patrimonio y festivales, la capital escocesa integra la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva —ambas Patrimonio de la Humanidad— junto a museos y galerías. Durante el verano y el invierno se celebran eventos culturales que forman parte de su identidad anual.Nueva York, Estados Unidos: Entre los principales atractivos figuran el Empire State Building, la Estatua de la Libertad y Central Park. Museos como el Metropolitan Museum of Art y espacios menos transitados como The Cloisters amplían la oferta. Mercados, bibliotecas y barrios icónicos completan la experiencia urbana.Hanói, Vietnam: La capital vietnamita conserva su Barrio Antiguo, monumentos históricos y arquitectura colonial, junto a desarrollos modernos. Lugares como el Mausoleo de Ho Chi Minh y la prisión Hoa Lo reflejan su pasado. Más de 600 templos y pagodas, además de lagos y bulevares arbolados, forman parte del paisaje.Madrid, España: Edificios de estilo monumental, como el Palacio Real o el Ayuntamiento, caracterizan la capital española. Desde la Puerta del Sol hasta el Parque del Retiro, el recorrido incluye museos y plazas emblemáticas. La gastronomía, con platos tradicionales como la paella, acompaña la experiencia cultural.Bali, Indonesia: La isla ofrece playas de arena blanca, arrecifes de coral y vestigios de la Segunda Guerra Mundial bajo el mar. En tierra firme, templos de piedra y selvas tropicales marcan el entorno. Ubud concentra actividades culturales, talleres artesanales y prácticas de bienestar.Ciudad del Cabo (centro), Sudáfrica Ubicada en el extremo sur del continente africano, combina playas como Blaauwberg con jardines botánicos como Kirstenbosch. La Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza suma rutas de senderismo y vistas panorámicas. Robben Island, antigua prisión de Nelson Mandela, también integra el circuito histórico.Ámsterdam, Países Bajos Canales, casas coloridas y puentes definen la capital neerlandesa. Entre los puntos destacados están la Casa de Ana Frank, el Museo Van Gogh y el mercado flotante de flores. La bicicleta es uno de los medios de transporte más utilizados por residentes y visitantes.Cusco, Perú: La ciudad andina combina herencia inca y arquitectura colonial. El Qoriacancha y la iglesia de Santo Domingo evidencian esta superposición histórica. Festividades, textiles tradicionales y vestigios arqueológicos forman parte de su oferta cultural.Dubái, Emiratos Árabes Unidos: Rascacielos como el Burj Khalifa y espacios culturales como la Ópera de Dubái representan su perfil moderno. Los zocos de oro, especias y textiles contrastan con parques temáticos y experiencias en el desierto, como paseos en globo aerostático.Córcega, Francia: La isla francesa combina ambiente relajado y paisajes montañosos. Bastia es uno de sus principales puertos, mientras que rutas ferroviarias atraviesan pueblos rurales hasta llegar a la costa. Senderos como el GR 20 atraen a aficionados al excursionismo.Lisboa, Portugal: La capital portuguesa alberga museos como el Marítimo y la Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. Monumentos como el Padrão dos Descobrimentos, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém —Patrimonio de la Humanidad— forman parte de sus principales atractivos arquitectónicos.
Las autoridades confirmaron que un hombre, señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías. El criminal, de acuerdo con la denuncia, habría abusado de una niña de apenas dos años, por lo que la conducta fue catalogada como agravada por el vínculo de confianza y la edad de la víctima.Los hechos ocurrieron entre la noche del 7 de febrero y la madrugada del 8 de febrero de 2026, en un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón. Según el reporte de la Fiscalía, la madre de la menor de dos años, quien convivía con el hoy procesado, descubrió la situación al regresar a su vivienda tras un breve periodo de ausencia.De acuerdo con el relato de las autoridades, la madre de la niña halló a la menor en condiciones de vulnerabilidad extrema y con signos evidentes de violencia física y sexual. Al confrontar al hombre, este intentó disuadirla de dar aviso a las autoridades; sin embargo, la mujer logró contactar a la Policía, permitiendo el ingreso de los uniformados al domicilio donde se produjo la captura en flagrancia.El dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal fue determinante para el proceso, confirmando lesiones graves y recientes que evidencian la magnitud de la agresión sufrida por la infante.Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación formuló la imputación de cargos. Pese a la contundencia del material probatorio presentado. El imputado no aceptó los cargos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.Este hombre permanecerá bajo custodia carcelaria mientras avanza el proceso penal en su contra. Por su parte, la menor se encuentra bajo el cuidado de las entidades correspondientes para garantizar su restablecimiento de derechos y asistencia médica especializada.
Un informe de inteligencia militar y policial encendió las alarmas en el norte del departamento del Caquetá. Según información recopilada por agencias desplegadas en el sur del país, un integrante de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ estaría planeando ejecutar una acción terrorista contra la población civil y la fuerza pública en área general del municipio de Puerto Rico.De acuerdo con los reportes conocidos en las últimas horas, el señalado es alias 'Esneider', identificado como Esneider Suárez, quien presuntamente tendría la intención de perpetrar un atentado en una zona frecuentada cotidianamente por habitantes del municipio, con el objetivo de generar afectación indiscriminada y enviar un mensaje de intimidación en medio de la ofensiva militar que se desarrolla en la región.Las líneas de acción criminal que estarían bajo análisis incluyen el uso de explosivos acondicionados en drones, vehículos cargados con artefactos explosivos y el lanzamiento de “tatucos” mediante rampas artesanales. Este tipo de métodos ya han sido utilizados por estructuras armadas ilegales en otras zonas del país y representan un alto riesgo tanto para uniformados como para la comunidad civil.Las autoridades consideran que estos posibles hechos serían una retaliación por la sostenida ofensiva operacional desplegada en los últimos días por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra las estructuras de las disidencias en el departamento.Alias ‘Esneider’ pertenece a la estructura ‘Rodrigo Cadete’ y se desempeñaría como cabecilla de la comisión de finanzas en los municipios de Rionegro y Cartagena del Chairá, especialmente en el sector conocido como La Bolsa de Guayas. En esa zona, según la inteligencia, estaría encargado de coordinar actividades relacionadas con el sostenimiento económico de la organización.Información suministrada por fuente humana indica que actualmente se encontraría en zona rural de San Vicente del Caguán, en el sector El Pato, área limítrofe entre Caquetá y Huila. Al parecer, habría llegado a ese punto para apoyar confrontaciones armadas entre la estructura Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de Bloques y Frentes y la estructura Teófilo Forero de la llamada Segunda Marquetalia.En el plano judicial, las autoridades adelantan labores para lograr la plena identificación y judicialización de este actor armado. Además, se tiene conocimiento de que estaría ejerciendo presiones y coacción sobre la comunidad del poblado de Rionegro para forzar la salida del Ejército y la Policía de esa jurisdicción, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.Alias ‘Esneider Suárez’ actuaría bajo órdenes de Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con los alias de ‘Urías Perdomo’ o ‘Cotiz’, señalado como cabecilla principal de la estructura “Rodrigo Cadete” de las disidencias de ‘Calarcá’. Por este último, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura.Desde los diferentes niveles del mando policial y militar se ordenó alertar a las unidades en la región para fortalecer los dispositivos de seguridad, activar planes de reacción y contraataque, y reforzar la red de fuentes humanas con el fin de anticipar y neutralizar cualquier intento de acción terrorista en el departamento del Caquetá.
Mientras el país habla de mundiales y sueña con goles en otro continente, en el corregimiento El Obligado, zona rural de San Pelayo, se juega otro partido. Aquí no hay camisetas numeradas ni árbitros. Hay lluvia persistente, botas hundidas en el lodo y un río crecido que amenaza con meterse en las viviendas y arrasar con cultivos, enseres y años de trabajo.Once ingenieros militares, entre ellos una mujer que comanda el pelotón, trabajando hombro a hombro con más de 200 habitantes de San Pelayo y Cereté. La tarea: levantar un muro de contención superior a los dos metros de altura para intentar frenar el avance del agua y ganar tiempo frente a una emergencia que no da tregua.No es una metáfora exagerada llamarlos “selección”. Flórez, Lugo, Vargas, Ortiz, Palmera, Hernández, Martínez, Cogollo, Cardona, Jiménez y la subteniente Isabel Rodríguez coordinan movimientos como si se tratara de una estrategia ensayada. Mientras unos llenan bultos de arena sin pausa, otros los organizan de forma escalonada, construyendo una barrera flexible que resiste la presión del río. Cada saco pesa, cada viaje agota, pero el ritmo no se detiene.La técnica es simple y efectiva: arena compactada, apilada con precisión para reducir filtraciones y absorber el impacto de la corriente. No es concreto ni acero, pero es una solución inmediata que protege viviendas y evita que el cauce se desborde hacia el caserío. Es ingeniería de emergencia ejecutada bajo presión, en tiempo real y con el agua avanzando a pocos metros.El muro todavía no termina. Deberá extenderse por más de dos kilómetros. La amenaza sigue ahí, latente, y la emergencia no es un titular pasajero: es la angustia de familias que han visto el nivel del río acercarse a sus puertas.El alcalde de San Pelayo, William Cavadia Hernández, destacó el trabajo articulado con la comunidad y calificó al grupo como una “selección de rescatistas” preparada para este tipo de situaciones. En el terreno, el soldado profesional Jesús Flórez lo resume desde la experiencia: están apoyando con bultos de arena y madera para evitar que el río pierda su cauce, en un esfuerzo que, dice, asume con gratitud y vocación de servicio.A su lado, la subteniente Rodríguez insiste en el valor del trabajo en equipo. Observa a sus soldados empapados, exhaustos, pero firmes. Habla de disciplina, de unión con la comunidad y de la importancia de mantenerse coordinados para responder a la emergencia.La escena se repite en otros puntos del departamento y en municipios como Montería, mientras las lluvias mantienen en alerta a varias regiones del país. Pero en El Obligado, por ahora, eran once los que disputaban el partido más difícil: contener el agua, proteger los hogares y sostener la dignidad de comunidades golpeadas por la fuerza de la naturaleza. Un partido que no se juega con balón, sino con cada bulto de arena levantado bajo la lluvia.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) alertó que la estrategia comercial de Estados Unidos, basada en acuerdos arancelarios selectivos con algunos países de la región, podría generar una desventaja competitiva directa para Colombia. Esta advertencia surge especialmente por los segmentos de exportación que aún enfrentan un arancel del 10 %.Según la asociación, este arancel impacta al 28 % de la canasta exportadora colombiana, por lo que el país debería acelerar una agenda comercial que permita reducir este porcentaje para evitar quedar rezagado frente a economías que ya avanzan o podrían avanzar en esquemas preferenciales. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que, en cuanto a los riesgos regionales, Guatemala y El Salvador, se presentan como fuertes competidores para Colombia.Lacouture advirtió que Guatemala podría desplazar a Colombia en sectores como la agroindustria y las manufacturas ligeras, especialmente en azúcares y confitería, bebidas y licores, calzado, cuero y marroquinería, fibras sintéticas e insumos industriales. En el caso de El Salvador, señaló una consolidación de ventajas en sectores intensivos en mano de obra, como confecciones y la cadena textil, así como en preparaciones alimenticias, bebidas, azúcares y confitería.Incluso presentan desventajas productos exentos de arancel, como el café, ese país gana certidumbre regulatoria y comercial para posicionarse como proveedor regional. Sin embargo, más allá de Guatemala y El Salvador, AmCham señaló que los acuerdos preferenciales que Estados Unidos estaría avanzando con otros países, como Argentina y Ecuador, pueden deteriorar el trato preferencial relativo de Colombia, al pasar de un entorno neutral a uno asimétrico.A este escenario se suma el ajuste de costos de las empresas estadounidenses previsto para 2026. Lacouture explicó que, aunque en 2025 el impacto del arancel fue absorbido en un 88 % por empresas y consumidores en Estados Unidos, esa capacidad se está agotando y la presión se está trasladando a los proveedores, mediante renegociaciones de precios, solicitudes de descuentos, rediseños de producto, cambios de origen y, en algunos casos, sustitución de proveedores. Para la asociación, mientras 2025 fue un año de resiliencia, 2026 estará marcado por procesos de renegociación.Otro componente que eleva la advertencia de la asociación, es el uso de la política de la seguridad nacional como marco operativo de la política comercial estadounidense. En este contexto, Estados Unidos prioriza sectores como infraestructura estratégica, energía, datos y redes, minerales críticos y esquemas de nearshoring y friendshoring, factores que inciden tanto en inversión como en decisiones de compra y que pueden generar fricciones si no existen estándares, control de riesgos y trazabilidad.Finalmente, AmCham identificó oportunidades para Colombia en sectores como cacao, café y sus derivados, preparaciones alimenticias, frutas y preparaciones de hortalizas, material eléctrico y plásticos, así como en autopartes, textiles y confecciones, componentes para energías renovables y servicios TI, BPO y KPO, siempre que el país fortalezca el cumplimiento de estándares, la calidad, la continuidad de la oferta y las entregas a tiempo.
Entre 2023 y 2024 el reclutamiento aumentó un 64 %. De acuerdo con el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de Coalico durante 2025 se han verificado 292 eventos de conflicto armado que implicaron afectaciones directas a más de 379.000 niñas, niños y adolescentes en el país.Además, entre 2019 y 2024 más de 1.200 menores fueron sacados de sus hogares y colegios para ser utilizados en la guerra.El reclutamiento ya no ocurre únicamente en zonas rurales. La práctica se ha transformado y hoy también se traslada a redes sociales como TikTok y Facebook, que se han convertido en canales de captación.“En general vemos un aumento de más del 300% entre 2024 y 2025 y específicamente por las nuevas modalidades que hoy utilizan todos los grupos. Se han detectado más de 675 cuentas que tienen incluso alcances en algunos casos de 4,5 visualizaciones en donde los niños son manipulados con falsas expectativas a través de cirugías, oportunidades económicas y que luego terminan encontrándose con una trampa”, asegura Felipe Cortés, director de incidencia de Save the Children.La directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, hizo un llamado directo a los grupos armados para devuelvan a los más de 700 niños, que según señala, aún permanecen en sus filas.“A los frentes de Alberto Ramos, a Jaime Martínez, a los que todavía continúan en el conflicto armado con base en unos criterios de comercio ilegal también, que entreguen los niños, o sea, hacemos el llamado no solo para que nos recluten, que es el llamado de toda la manada, como lo hemos llamado, cuando la manada se une, la guerra se detiene, sino para que nos devuelvan los que tienen”.Luz Amanda Guzmán, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá asegura que el riesgo no es solo en las zonas rurales. Está problemática no es ajena a la capital del país.“Bogotá tiene en su sistema alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, tiene alertadas las localidades de Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar, pero también zonas céntricas como Los Mártires y Santa Fe. Entonces, toda nuestra actividad distrital se concentra en priorizar estos puntos y brindar toda la oferta, reflexión, pero también las rutas de atención a niños y niñas para que conozcan que esto es un delito”, aseguró.Distintas organizaciones advierten que, aunque hay acciones del Gobierno, no han sido suficientes.“El gobierno, ha hecho sus esfuerzos para contribuir, pero vemos que es un flagelo que sigue afectando a los niños y a las niñas. Entonces, debemos seguir uniendo fuerzas, seguir trabajando, llegar a esos sitios más distantes en la ruralidad, que es donde más se ven afectados”, subraya Fedra Rubio, gerente de advocacy de World Vision Colombia.Desde el Gobierno nacional, Lourdes Castro, consejera presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, reconoce que permitir que los niños sigan en la guerra es perpetuar el conflicto.“Una sociedad que no logre y un Estado trabajando en conjunto que no logremos arrebatar a nuestros niños, niñas y adolescentes de las dinámicas de violencia y de conflicto armado, seguiremos perpetuando el conflicto y no lograremos ese tránsito a la paz que anhelamos todos y todas las colombianas. Por eso hoy tenemos que decir duro, a voz en cuello, desde todos los rincones del país, alto hay nunca más niños y niñas reclutados en Colombia.Las manos pintadas de rojo que hoy se levantaron en el centro de Bogotá representan la urgencia de frenar una realidad que sigue arrebatándole la infancia a cientos de menores en distintas regiones del país.
Según el más reciente reporte del conflicto con el ELN, las acciones violentas atribuidas al grupo armado ilegal alcanzaron 471 eventos, un aumento del 86% frente a 2024 y el mayor nivel desde 2001. El incremento no solo se refleja en el número de hechos, sino en su intensidad y en el impacto: al menos 221 personas murieron en eventos con participación directa del ELN, lo que representa un aumento del 70% frente al año anterior.EL informe asegura que la violencia del ELN ha venido creciendo de manera constante desde 2022, interrumpida por el cese al fuego bilateral que estuvo vigente entre el 3 de agosto de 2023 y el 3 de agosto de 2024. Durante ese periodo se registró una reducción temporal tanto de acciones violentas como de combates. Sin embargo, tras la terminación del cese, la actividad armada se disparó.Del total de acciones violentas registradas en 2025, 348 correspondieron a hechos sin intercambio de fuego, como atentados, instalación de explosivos o amenazas, lo que representa un aumento del 94% frente a 2024. En paralelo, los combates con participación del ELN crecieron 89%, al pasar de 74 enfrentamientos en 2024 a 139 en 2025, la cifra más alta desde 2007.El analisis señala que, aunque una gran parte de las acciones del grupo armado ilegal se dirigen contra la fuerza pública, mantiene enfrentamientos simultáneos con múltiples grupos armados ilegales en las zonas donde opera.La violencia se concentró principalmente en Arauca, la región del Catatumbo en Norte de Santander, el oriente del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y el norte y centro del Cauca.“En todas las zonas donde hace presencia violenta, el ELN mantiene disputas violentas con otros grupos armados: con el Clan del Golfo en Antioquia y Chocó; y con los grupos armados organizados frente 33, frente 18, frente 36, frente décimo, frente 28, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, en Arauca, Cauca, Norte de Santander y Nariño”.Sin embargo, el informe también advierte una expansión hacia municipios del sur de Antioquia, oriente de Santander, sur de Cesar y La Guajira, suroeste de Nariño y norte de Boyacá, territorios donde no se había registrado actividad violenta del grupo en 2024.De las 221 muertes registradas en 2025, 91 más que en 2024, cuando se reportaron 130, 61 corresponden a civiles, 60 a integrantes de la fuerza pública, 51 a miembros de otros grupos armados y 49 a integrantes del propio ELN.“Las muertes de civiles en 2025 casi triplicaron las registradas en 2024; las muertes de integrantes de la fuerza pública aumentaron en más de dos veces y las muertes de integrantes del ELN casi se duplicaron frente al año anterior”.Diciembre: uno de los meses más críticosBuena parte de la actividad violenta se concentró en los primeros meses del año, especialmente por la disputa del ELN con el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo. Sin embargo, diciembre se convirtió en uno de los meses más duros del año.Solo en ese mes se registraron 46 acciones violentas atribuidas al grupo, que dejaron 11 integrantes de la fuerza pública y dos civiles muertos, además de decenas de heridos y dos secuestros.Entre el 14 y el 17 de diciembre, tras un comunicado en el que el ELN anunció un “paro armado” de 72 horas, el grupo ejecutó al menos 40 acciones violentas en distintos departamentos del país. En 22 de esos eventos instaló artefactos explosivos, ocho de los cuales detonaron.Durante esos tres días murió un civil, dos policías y siete soldados del Ejército. Además, se reportaron múltiples heridos y un secuestro. También se instalaron banderas y grafitis alusivos al grupo en al menos 13 municipios.En paralelo, durante diciembre se registraron cinco operaciones de la fuerza pública contra el ELN sin uso de la fuerza, que dejaron ocho integrantes del ELN capturados.Ese mismo mes se reportaron además 14 acciones violentas no atribuidas a ningún grupo armado, pero ocurridas en municipios con reciente presencia violenta del ELN. En 10 de esos eventos hubo víctimas: cuatro personas murieron, tres en un homicidio colectivo,, 18 resultaron heridas y nueve fueron secuestradas. Aunque estos hechos se redujeron frente a noviembre, reflejan la persistencia de la violencia en los territorios donde opera esa guerrilla.
Información de inteligencia de las Fuerzas Militares advierte que estructuras guerrilleras estarían reforzándose en el Catatumbo para quedarse con el control de rutas del narcotráfico hacia la frontera con Venezuela. Esta situación podría aumentar los enfrentamientos con disidencias de las Farc y ataques contra la fuerza pública.El caso fue dado a conocer por el alto consejero de paz, Luis Fernando Niño.“La Fuerza Pública sigue manteniendo un control territorial en toda la frontera del departamento Norte de Santander, precisamente, por informaciones que han venido circulando sobre la posibilidad de un reforzamiento de estructuras al margen de la ley en el Norte de Santander. En este caso, en algún momento se habló que por la frontera con Venezuela, y ahora tenemos esta información de parte de las autoridades por el Magdalena Medio”, explicó.El funcionario indicó que, desde los espacios de diálogo, se busca evitar una escalada violenta en la región.“Lo que estamos tratando de evitar desde las mesas que aún quedan en diálogo, en el caso de la estructura del Frente 33 de las Farc, y de la gestoría de paz del ELN, es que haya un cese al fuego de manera inmediata en el territorio y que, en vez de reforzarse, lo que estemos es planteando la posibilidad de no atacar a la población civil, de disminuir las acciones de ataque y por supuesto de poder mirar cómo podemos avanzar en una salida pacífica al conflicto. Se acaba de decir algo muy importante, población civil”, agregó.Las alertas se concentran en municipios como El Carmen, Tibú y El Tarra, donde estarían llegando integrantes de estos grupos armados y donde ya se registran hechos violentos. Las autoridades mantienen operativos para contener la situación y proteger a la población civil.
Un cargamento de 60.100 detonadores comunes número 8 fue incautado por la Policía en el departamento de Caldas, en medio de operativos contra estructuras dedicadas a la minería ilegal y otras economías ilícitas.El procedimiento se llevó a cabo en la vía Tres Puertas – Puente La Libertad, en jurisdicción de Manizales, donde uniformados que realizaban labores de control y verificación detectaron el transporte irregular del material explosivo. Según las autoridades, los detonadores pretendían ser utilizados y comercializados para actividades ilegales en distintos municipios de la región.De acuerdo con la información oficial, el cargamento está avaluado en aproximadamente 3.000 millones de pesos y representaba un insumo clave para operaciones de explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que además de ilegal genera graves afectaciones ambientales y riesgos para la seguridad de las comunidades.El coronel Jair Alonso Parra Archila señaló que “estos 60.100 detonadores incautados representan una afectación contundente a las finanzas y a la capacidad operativa de las estructuras criminales. Seguimos trabajando con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los colombianos”.Las autoridades indicaron que este tipo de elementos constituye una amenaza directa para la seguridad ciudadana, debido a su posible uso en acciones criminales. Con esta incautación, aseguran, se golpea de manera significativa la logística y las finanzas de las bandas que se lucran de la minería ilegal en el país.La Policía anunció que mantendrá controles estrictos en las principales vías para evitar el transporte y comercialización de material explosivo sin los permisos requeridos, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el destino final del cargamento.
El presidente Gustavo Petro ha oficializado la designación del abogado y académico Jorge Iván Cuervo como el nuevo ministro de Justicia, poniendo fin a cuatro meses de interinidad en la cartera. Cuervo se convierte así en el quinto ministro en ocupar este cargo en menos de cuatro años de administración. Un perfil académico para una cartera en "turbulenciaA pesar de la alta rotación en el ministerio, que ha pasado por las manos de Néstor Osuna, Ángela María Buitrago, Eduardo Montealegre (en calidad de asesor de agenda) y Andrés Idárraga (encargado), el nuevo ministro asegura que existe una continuidad institucional mayor a la esperada. Cuervo, abogado de la Universidad Externado con más de 20 años de experiencia en el estudio de políticas públicas de justicia, llega con la premisa de ser un "articulador" técnico más que una figura política."Mi nombramiento es del presidente. No le debo mi nombramiento a ningún político ni a ninguna persona dentro del gobierno", enfatizó Cuervo, quien se define como un hombre de ideas liberales y progresistas. Ante los rumores de divisiones internas en la Casa de Nariño, el funcionario fue claro en señalar que no llega a tomar partido por ningún bando, sino a trabajar para que el sector justicia culmine con éxito el periodo presidencial."Yo llego con una agenda, puede sonar a cliché, una agenda técnica, es decir, una agenda de alguien que es un académico que lleva estudiando los temas de la justicia durante 20 años", dijo el nuevo ministro de Justicia. Con solo seis meses por delante, la hoja de ruta de Cuervo se centra en dar cierre a procesos iniciados por sus antecesores. Sus prioridades incluyen: plan nacional de política criminal, plan decenal de justicia (2028-2038, descongestión judicial, extradiciones y política carcelaria.En materia de seguridad y relaciones internacionales, el ministro confirmó que la línea de extradición no ha cambiado. Según cifras citadas por el funcionario, este gobierno ha concretado más de 814 extradiciones."La línea de política no ha cambiado. Las extradiciones siguen dándose. Este gobierno es el gobierno que más extradiciones ha concretado", dijo. Finalmente, respecto a la crisis carcelaria, Cuervo se mostró abierto a explorar alianzas público-privadas (APP) para la administración de centros de reclusión, especialmente para perfiles de baja peligrosidad o mujeres cabeza de familia, diferenciando este modelo de una "privatización radical". "Hay que perderle el miedo a esos escenarios que podrían ser eficientes y garantistas de los derechos", concluyó.Escuche la entrevista:
Corficolombiana anunció que adquirió el 51% de las acciones de Sencia SAS, la empresa encargada de la asociación público- privada que desarrollará la renovación y construcción del complejo deportivo del estadio El Campín, en Bogotá.La concesión tendrá una duración aproximada de 29 años, con una inversión cercana a los 2,4 billones de pesos y un periodo de construcción estimado de cinco años.El proyecto contempla la construcción de un nuevo estadio moderno con capacidad para 50.000 espectadores, además de un hotel, zonas comerciales y oficinas. También incluye un amplio espacio público con plazas, ciclorrutas, zonas verdes, jardines y áreas recreativas para los ciudadanos.La presidenta de la compañía, Milena López, afirmó que, con esta adquisición, Corficolombiana inicia un nuevo ciclo de crecimiento, diversifica su portafolio y fortalece su participación en proyectos de construcción y operación sin depender de recursos públicos.“Con el cierre de la transacción, Corficolombiana inicia un nuevo ciclo de crecimiento, mediante una entrada inmediata y con escala relevante al negocio de infraestructura de entretenimiento, uno de los sectores con mejores perspectivas de crecimiento en la economía”, señaló Milena López, presidente de Corficolombiana.Dentro del complejo se construirá un auditorio que será la sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con capacidad para 2.000 personas, una sala alterna para 500 espectadores y una zona cubierta para la práctica de deportes.A esto se suma un parqueadero con cerca de 3.000 cupos para carros, motos y bicicletas, lo que aportará a la movilidad de la ciudad.
Aunque el Gobierno Nacional esperaba una nueva ola migratoria y hasta evaluó un decreto de emergencia para la zona de frontera con Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, los comportamientos migratorios de los últimos días han reportado normalidad.Migración Colombia informó que en los últimos 30 días, es decir, desde el 5 de diciembre hasta el 4 de enero, se registraron 83.308 ingresos y 77.976 salidas de ciudadanos venezolanos del país, una cifra usual en la dinámica que se observó el año pasado. Entre el 1 y el 4 de este mes se registraron 6.117 entradas y 5.390 salidas, un comportamiento que también es acorde a las dinámicas normales de fin de año.“El reporte de Migración Colombia señala que el análisis comparativo de las entradas registradas en enero de 2026 frente al histórico de enero de 2025 evidencia una tendencia similar e incluso inferior en algunos momentos, y que el comportamiento de los flujos pendulares entre el 1 y el 4 de enero no muestra incrementos súbitos o anormales que indiquen cambios en el patrón habitual de la dinámica migratoria en la frontera colombo-venezolana”, se lee en el documentoCabe mencionar que el gobierno nacional desplegó 30.000 uniformados en la frontera con Venezuela para garantizar la seguridad y evitar que grupos al margen de la ley tomen el control de la región.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), que agrupa a más de 6.200 empresarios del comercio minorista independiente de medicamentos y genera más de 30.000 empleos directos, fijó su posición institucional frente al nuevo escenario salarial.El gremio parte de un punto que califica como ética y es que el salario es el sustento de la dignidad de las familias y no una variable meramente contable. En ese sentido, Asocoldro manifestó que comparte el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y proteger su poder adquisitivo, destacando que empresarios y empleados hacen parte de un mismo tejido productivo cuya estabilidad es interdependiente.No obstante, la asociación advirtió que las aspiraciones sociales deben estar respaldadas por realidades económicas sostenibles. Citando el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recordó que la fijación del salario mínimo debe considerar no solo las necesidades de los trabajadores, sino también factores como la productividad y la capacidad de mantener niveles adecuados de empleo.Según Asocoldro, el aumento del ingreso mínimo a dos millones de pesos, muy por encima de las proyecciones de inflación y productividad, introduce una presión significativa sobre la estructura de costos de las micro y pequeñas empresas, que constituyen la base de la generación de empleo formal en el país. El impacto, señala el gremio, no es homogéneo y revela una brecha estructural entre los grandes conglomerados del retail farmacéutico y los empresarios independientes.Entre las principales dificultades se encuentra la competencia por el talento humano, ya que los droguistas independientes deben asumir el mismo incremento de costos laborales que las grandes cadenas, pero sin contar con economías de escala o respaldo financiero equivalente. A esto se suma una limitada capacidad de maniobra operativa, derivada de márgenes estrechos y altos costos fijos.Asocoldro consideró contradictorio que, en medio de una emergencia económica y social asociada a la estrechez fiscal, no se hayan anunciado medidas compensatorias inmediatas.Por ello, hizo un llamado al Gobierno Nacional para instalar mesas de trabajo orientadas a un plan de respaldo que incluya alivios a la nómina, acciones contra la informalidad y apoyo a la liquidez, con el fin de preservar la viabilidad empresarial y la sostenibilidad del empleo formal en el sector.
La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la denuncia presentada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, contra ella, al igual que contra la representante a la Cámara, Lina María Garrido, y el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández; al asegurar que “no existe el delito de opinión” y que se trata de un intento del Gobierno por silenciar a la oposición a través del aparato judicial.Tras conocer la acción legal, Cabal afirmó que invocar el artículo 455 del Código Penal para perseguir a congresistas por sus posturas políticas constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y a la democracia. En ese sentido, advirtió que ninguna crítica, disenso o propuesta contraria al Gobierno puede ser tratada como un delito.La denuncia fue radicada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de menoscabo a la integridad nacional e instigación a la guerra. Según el ministro de Justicia, las acusaciones se derivan de publicaciones en redes sociales que serían “delictuosas” por, presuntamente, promover acciones militares de Estados Unidos contra Colombia.Para la senadora, este tipo de actuaciones buscan sentar un precedente peligroso. “Hoy somos tres congresistas; mañana puede ser cualquier ciudadano que alce la voz”, afirmó Cabal, al señalar que se trata de una estrategia de intimidación contra la oposición política.La senadora dejó claro que no se dejará amedrentar y que continuará ejerciendo control político, así como defendiendo el derecho de los colombianos a expresarse libremente frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.