Expertos antiexplosivos del Ejército y de la Policía desactivaron de manera controlada un vehículo tipo camioneta platón que había sido cargada con más de 200 kilos de explosivos de alto poder destructivo en el municipio de Belén de los Andaquíes en el sur del Caquetá.El gobernador de ese departamento Luis Francisco Ruiz Aguilar, rechazó el frustrado atentado terrorista y expresó que teniendo en cuenta la cantidad de explosivos acondicionados en el automotor el daño habría sido “catastrófico” y había podido afectar tres cuadras a la redonda.Por su parte el general Sergio Guzmán Jaimes, comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, no descartó que esta acción terrorista haya sido autoría de los grupos armados organizados que delinquen el sur del país.“Afortunadamente en un trabajo coordinado entre el Ejército y nuestra Policía logramos neutralizar una acción terrorista que en estos momentos estuviera enlutando al pueblo caqueteños, con esta acción terrorista los diferentes grupos armados que delinquen en la región no les importa los daños colaterales, si, este carrobomba hubiera estallado, el efecto había sido devastador en un municipio tan pequeño como es Belén de los Andaquíes”, dijo el comandante de la unidad militar.Asimismo, la Policía anunció que ya se dispuso de un equipo especializado coordinado con la Fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes, mientras, que la Gobernación del Caquetá ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información de los responsables que dejaron abandonado el carrobomba.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Casanare, Darío Yesid García Barray, por un presunto incumplimiento en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2022.De acuerdo con la investigación, el servicio de alimentación dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del municipio no se habría iniciado desde el comienzo del calendario académico, como lo establecen las normas que regulan el programa.Según el ente de control, el PAE únicamente se habría prestado durante seis jornadas escolares en octubre y 17 en noviembre, lo que indica que su ejecución se concentró en la parte final del año escolar, afectando el acceso oportuno de los estudiantes a este beneficio.La Procuraduría señaló que el suministro de la alimentación escolar debía garantizarse desde el primer día de clases, con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa.Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima, y continuará el proceso disciplinario para determinar la eventual responsabilidad del exmandatario municipal.
Colombia cierra 2025 entre la incertidumbre económica, el deterioro del orden público y un ambiente político cada vez más tenso. El anuncio del Gobierno de querer decretar una emergencia económica para recaudar recursos que no logró vía reforma tributaria abrió un nuevo debate sobre la institucionalidad, la separación de poderes y la transparencia en la toma de decisiones.Ese escenario fue analizado este 21 de diciembre en Sala de Prensa por la profesora de la Universidad de Los Andes, María Margarita Zuleta, quien hizo una lectura crítica del momento que atraviesa el país. Para la académica, la combinación entre inseguridad, problemas fiscales y decisiones excepcionales sin explicaciones claras está profundizando la desconfianza ciudadana justo antes de un año electoral.En medio de ese análisis, Zuleta fue contundente al referirse al decreto de emergencia económica: “La ausencia de transparencia frente al razonamiento que tiene el Gobierno para decretarla es un poco como tomadera de pelo”. La analista cuestionó que, al momento del anuncio, no se conocieran los considerandos del decreto, es decir, los argumentos que justificarían una medida extraordinaria de ese calibre.Emergencia económica y falta de transparencia en el GobiernoZuleta recordó que, según múltiples expertos, no se identifica una circunstancia sobreviniente o una calamidad reciente que sustente jurídicamente la emergencia. “No conocemos los considerandos del decreto”, insistió, al advertir que esa opacidad debilita la legitimidad de la decisión y podría llevar a que la Corte Constitucional la tumbe.A su juicio, el hecho de que el Congreso haya negado la reforma tributaria no puede presentarse como un hecho inesperado. El último año de gobierno, dijo, históricamente es complejo para aprobar reformas estructurales, por lo que decretar una emergencia en ese contexto agrava el choque entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder.'Paca' Zuleta advierte problemas en el gasto público y eficiencia del EstadoMás allá de los nuevos impuestos planteados, la profesora puso el foco en un problema estructural. “Al Gobierno no le interesa la eficiencia del gasto público ni la eficiencia de las políticas públicas”, afirmó, al señalar que existen recursos que se aprueban pero no se ejecutan de manera adecuada ni en los tiempos previstos.Zuleta subrayó que el debate no debería limitarse a recaudar más, sino a garantizar que el dinero público se invierta con rigor, planeación y resultados concretos para los ciudadanos. De lo contrario, advirtió, se seguirán repitiendo crisis fiscales que terminan resolviéndose con medidas excepcionales.El análisis también incluyó la situación de orden público, marcada por la reciente ofensiva del ELN y el temor de muchas comunidades. Para la académica, el país vive una sensación de “vuelta al pasado”, con ciudadanos preguntándose si pueden viajar o si su vida está garantizada.Ese contexto, sumado a la emergencia económica y a los escándalos de corrupción, deja un cierre de año complejo y un 2026 cargado de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones será uno de los principales retos.
Un juez de la República condenó a nueve meses de prisión a Mario Pastrana Prieto, tras aceptar, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de maltrato animal agravado por la agresión contra una perrita criolla identificada como ‘Juana de Arco’, en hechos ocurridos en una vía pública de Ibagué, Tolima.La decisión judicial se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes, entre ellas videos de cámaras de seguridad difundidos por la ciudadanía en redes sociales, que evidenciaron el momento en el que el hombre golpeó al animal con un palo e incitó a otros dos perros para que la atacaran.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2024. Posteriormente, el agresor también habría amenazado al propietario de la canina y a su familia.Como consecuencia del ataque, ‘Juana de Arco’ sufrió una contusión en la cabeza y presentó cambios significativos en su comportamiento, con evidencias de miedo extremo y afectaciones emocionales, razón por la cual ha requerido valoraciones veterinarias permanentes.Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.
El choque entre dos buses de pasajeros en la carretera Panamericana, en la región Áncash, en la costa norte de Perú, dejó este sábado 28 heridos, incluidos tres menores, pero sin fallecidos, según informó la Policía Nacional del Perú a los medios locales.Un bus de la empresa Oltursa, que se dirigía a Lima, chocó con la parte posterior de un ómnibus de la empresa El Peruanito, que estaba estacionado en plena carretera por desperfectos mecánicos, a la altura del balneario de Tortugas, en la provincia de Casma.El bus de Oltursa quedó parcialmente destruido por la colisión y, tanto policías como personal de seguridad de Casma, participaron en el rescate de los heridos que quedaron atrapados al interior del vehículo.Los bomberos y personal de salud ofrecieron los primeros auxilios y trasladaron a los heridos al Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma y otros centros de salud.Asimismo, los heridos con fracturas expuestas y traumatismos severos fueron enviados al Hospital Regional de Nuevo Chimbote para su atención especializada y observación médica.Los accidentes en las carreteras de Perú son frecuentes por las malas condiciones de las vías y el exceso de horas frente al volante de los conductores de las empresas de transporte de pasajeros, lo cual se incrementa por las fiestas de fin de año que movilizan a miles de personas.
El Radar del sábado 20 de diciembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, habló sobre la ofensiva terrorista del ELN.El exsenador Roy Barreras comentó sobre su candidatura a la presidencia.Clara Borda, docente y Crystal Kreider, Coach en Programa de Inmersión Dual, enfatizaron sobre la enseñanza del idioma y la cultura de Colombia para los niños en Estados Unidos. Mauricio Amaya, gerente general de STS, señaló las recomendaciones para evitar ser víctima de fraude y suplantación digital. Escuche el programa completo aquí:
El fútbol ecuatoriano sigue conmocionado tras el asesinato del defensor Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club, en un ataque armado registrado en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió el miércoles 17 de diciembre en el sector de Samanes, cuando el futbolista, de 33 años, fue interceptado por hombres armados mientras se encontraba en una carnicería de la zona.En medio del atentado, Pineida perdió la vida y su madre resultó herida, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. El crimen generó rechazo e indignación tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública.Mario Pineida, conocido como ‘El Pitbull’, era uno de los referentes del club ‘torero’. Durante su carrera profesional disputó más de 200 partidos oficiales con Barcelona SC en dos etapas distintas. Su trayectoria comenzó en 2010 con Independiente del Valle y posteriormente pasó por el Fluminense de Brasil, además de convocatorias a la selección de Ecuador para Eliminatorias y Copa América.Tras el crimen, la familia del jugador decidió realizar las honras fúnebres en el Parque de la Paz Aurora, en el cantón Daule, y declinó el ofrecimiento del club para llevar a cabo las exequias en el estadio Monumental, según confirmaron fuentes locales.El asesinato de Pineida se suma a otros casos recientes de violencia que han afectado a deportistas en la región. En las horas posteriores al crimen, se difundió información errónea en redes sociales sobre la presunta muerte de la esposa del futbolista. Frente a ello, Ana Aguilar, esposa de Pineida y madre de sus tres hijos, emitió un comunicado público en el que desmintió esas versiones.“Ante los comentarios e imágenes que indican que la esposa de Mario Pineida también fue asesinada, aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa”, señaló. Aguilar confirmó que se encuentra con vida y pidió respeto por el duelo de su familia: “Solicito encarecidamente que no se sigan difundiendo rumores, imágenes o comentarios falsos que aumentan nuestro sufrimiento, especialmente el de nuestros hijos”.
El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de decretar un cese al fuego unilateral durante la temporada de Navidad abrió un nuevo capítulo en el complejo panorama del conflicto armado en Colombia. La medida, presentada por la guerrilla como un “mensaje de paz”, fue recibida con cautela por distintas voces institucionales, entre ellas la defensora del pueblo, Iris Marín, quien expresó una mezcla de alivio y preocupación frente a lo ocurrido.El cese anunciado regirá entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 00:00 horas del 3 de enero de 2026, e implica la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Sin embargo, llega después de una semana marcada por ataques, hostigamientos y un paro armado que afectó a varias regiones del país.ELN anunció cese al fuego para Navidad como “mensaje de paz”En su comunicado, el ELN aseguró que la decisión busca enviar una señal de tranquilidad durante las festividades de fin de año. La guerrilla señaló que el respeto a la población civil hace parte de este anuncio, aunque no precisó mecanismos de verificación ni alcances frente a otros actores armados.Este tipo de decisiones no son nuevas. En años anteriores, el ELN ha decretado ceses temporales en fechas especiales, lo que genera expectativas entre las comunidades que viven en zonas históricamente golpeadas por el conflicto, pero también dudas sobre su cumplimiento efectivo.Defensoría del Pueblo pide gestos que protejan a la población civilLa defensora del pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio con un mensaje claro: el alivio existe, pero la preocupación persiste. En su pronunciamiento recordó que, pese a declaraciones similares en el pasado, las comunidades han seguido enfrentando afectaciones graves.“Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia”, señaló Marín, al advertir que las acciones recientes del ELN han dejado daños sostenidos contra la población civil. Desde la Defensoría se insistió en que un gesto coherente sería la liberación de las personas que continúan secuestradas, una de las prácticas más rechazadas por la sociedad colombiana.Además, Marín subrayó que el cese de hostilidades debería extenderse a los enfrentamientos que el ELN mantiene con otros grupos armados ilegales, pues estas confrontaciones también generan desplazamientos, confinamientos y riesgos para las comunidades.El recuerdo de ceses pasados y la alerta por regiones como CatatumboLa defensora del pueblo también trajo a colación lo ocurrido hace un año, cuando un anuncio similar no evitó que, meses después, se registraran nuevos ataques contra civiles. Como ejemplo, mencionó la situación en el Catatumbo, donde la confrontación armada derivó en lo que calificó como el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente del país.Ese antecedente refuerza la postura de quienes consideran que los anuncios deben ir acompañados de hechos verificables y sostenidos en el tiempo. Para las comunidades, la verdadera señal de paz no está solo en un comunicado, sino en la posibilidad de pasar las festividades sin miedo, sin confinamientos y sin amenazas.“Saludamos el anuncio, pero pedimos más”, concluyó Marín, dejando claro que la expectativa de la institucionalidad y de la ciudadanía es que este cese se traduzca en una protección real de la población civil, más allá del calendario.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció respecto al anuncio del cese al fuego unilateral del ELN a partir del 24 de diciembre hasta el 3 de enero. Marín recibió con alivio la decisión de la guerrilla, pero aseguró que es un anuncio que también genera angustia, pues las acciones del ELN han provocado daños irreparables a la población.“Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas. El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin de año”, fue la solicitud que hizo la defensora a través de su cuenta de X.Marín recordó que hace un año la guerrilla hizo un cese al fuego similar; sin embargo, en enero emprendió una ofensiva en el Catatumbo que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia, razón por la cual la defensora celebró el anuncio, pero pidió más de parte del ELN.
Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez, Nidia Pineda, Fany Rodríguez, Edgardo Lozano y Jeik Donovan Yepes son las seis personas que presuntamente pertenecían a una estructura criminal en la que se simularon operaciones comerciales por más de 843 mil millones de pesos, mediante la venta de facturas falsas, con el fin de evadir impuestos y afectar gravemente las finanzas del Estado.Según la investigación de la Fiscalía, estas personas son acusadas de crear 185 empresas de papel, utilizadas para que compañías reales se apropiaran ilegalmente del IVA y redujeran la base gravable del impuesto de renta.La red ilegal habría operado durante una década simulando operaciones comerciales mediante la venta de facturas falsas, con el fin de evadir impuestos y afectar gravemente las finanzas del Estado.“Los acusados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades. Así se habían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano ni operativa para sustentar las operaciones que evidenció la Fiscalía”, aseguró el director especializado contra los delitos fiscales, Leonardo Quevedo Castillo.Las supuestas empresas pedían, a cambio, entre el 1 % y el 5 % del valor facturado de forma irregular. La Fiscalía estableció que estas maniobras se realizaron entre 2012 y 2022, con el apoyo de análisis financieros del CTI y del Modelo Único de Investigación Financiera.Las capturas se realizaron en Bogotá y Casanare. A los implicados se les imputaron delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juez ordenó a cinco de ellos prisión domiciliaria y a la última, cárcel.
Un nuevo movimiento telúrico volvió a generar alarma entre los colombianos en la mañana de este domingo, 21 de diciembre.De acuerdo con el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC), a las 9:05 a. m. (hora local) se registró un sismo de magnitud 4.6, con epicentro en Neiva, departamento del Huila.Según la información oficial entregada por la entidad, el evento sísmico tuvo una profundidad de 34 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial, característica que suele hacer que los movimientos sean percibidos con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro. El temblor se localizó específicamente a unos 4 kilómetros de Neiva, en las coordenadas latitud 2.95 y longitud -75.30.Minutos después del movimiento, las redes sociales se convirtieron en el principal canal de reporte ciudadano. Usuarios de diferentes regiones del país aseguraron haber sentido el temblor, algunos describiéndolo como un sacudón fuerte pero corto, mientras que otros señalaron un movimiento prolongado que generó preocupación, especialmente en viviendas y edificaciones antiguas.¿En qué ciudades se sintió?Entre las ciudades donde se reportó percepción del sismo se encuentran Garzón, Armenia, Ibagué, Cali, Popayán y Florencia, además de otros municipios del centro y suroccidente del país. En Neiva, varios habitantes indicaron que el temblor se sintió con fuerza, provocando evacuaciones preventivas en oficinas, viviendas y algunos establecimientos comerciales.Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños estructurales de consideración.El Servicio Geológico Colombiano recordó que Colombia es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación en una zona de interacción de placas tectónicas, especialmente la placa de Nazca, la placa Suramericana y la placa del Caribe. Por esta razón, los movimientos telúricos son frecuentes y, en la mayoría de los casos, no representan un riesgo mayor.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y revisar los planes familiares de emergencia. Asimismo, recomendaron identificar zonas seguras dentro de los hogares y lugares de trabajo, y evitar difundir información falsa que pueda generar pánico.
La violencia volvió a sacudir al norte de Antioquia y encendió las alarmas de los organismos de control. La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales tras el asesinato de una menor de 13 años en el municipio de Briceño.La entidad rechazó de manera contundente el ataque que dejó como víctimas a una niña y un hombre asesinados y a una mujer gravemente herida, hechos que se atribuyen a un grupo armado ilegal que se autodenomina Guerrillas Campesinas Los Cabuyos. Para la Defensoría, este crimen evidencia el grave riesgo que enfrenta la población civil en una zona donde la presencia de actores armados ilegales se ha intensificado en los últimos meses.Ante esta situación, la Defensoría recordó que desde noviembre está vigente la Alerta Temprana 019-25 para Briceño, en la que se advirtió sobre el peligro de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, principalmente por el accionar del frente 36 de las disidencias lideradas por Yeferson Martínez.El escenario humanitario en el municipio es crítico. Desde octubre, los enfrentamientos y ataques armados han provocado el desplazamiento forzado de más de mil familias de al menos 25 veredas, además de homicidios, amenazas permanentes y confinamientos que mantienen a comunidades enteras aisladas y bajo el control del miedo y la incertidumbre.Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, encabezar una respuesta inmediata del Estado que permita proteger a la población y frenar el aumento de la violencia. También pidió a la Alcaldía de Briceño, a la Gobernación de Antioquia y a la Unidad para las Víctimas reforzar la atención humanitaria y garantizar apoyo integral a quienes han resultado afectados.Finalmente, la entidad exigió a los grupos armados ilegales detener de manera inmediata sus acciones contra la población civil y respetar los principios humanitarios. La Defensoría expresó su solidaridad con las familias de las víctimas mortales y aseguró que hará seguimiento al estado de salud de la mujer herida, mientras insiste en que la protección de la niñez y de las comunidades no admite más dilaciones.
A pocos días de que venza el plazo para recibir comentarios ciudadanos, crece la preocupación en el sector de servicios temporales por el proyecto de decreto que el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Trabajo, busca expedir para modificar esta modalidad de contratación. La alerta no es menor.Los representantes del gremio y trabajadores advierten que la iniciativa podría poner en riesgo hasta 500.000 empleos formales, muchos de ellos ocupados por personas que dependen de esta opción para sostener a sus familias.Desde hace varios años, el empleo temporal ha sido una puerta de entrada al mercado laboral para jóvenes sin experiencia, madres cabeza de familia, migrantes y trabajadores con baja calificación. Incluso, abogados laboralistas han señalado que este mecanismo permite que miles de colombianos accedan a trabajos con seguridad social y prestaciones.Por su parte, sectores económicos como comercio, logística, floricultura, agroindustria y construcción dependen de estos refuerzos para responder a los picos de demanda, especialmente en temporadas como diciembre o San Valentín.Límite del 10% en empleo temporal: el punto más sensible del decretoEl punto más debatido del proyecto es la propuesta de restringir al 10% el número de trabajadores en misión que una empresa puede contratar. Para el gremio, esta cifra no tiene una justificación técnica y desconoce la dinámica real de actividades que requieren flexibilidad para operar.Empresarios del sector de confección, por ejemplo, insisten en que cumplir ese tope los obligaría a contratar de manera permanente personal que solo necesitan por temporadas, lo que elevaría los costos y podría llevar a recortes e incluso al cierre de operaciones.Temor por aumento de informalidad y pérdida de empleos en ColombiaEn la plataforma SUCOP, donde se reciben los comentarios ciudadanos, ya se superó el millar de aportes, un volumen poco común en otros proyectos del Ministerio este año. Entre ellos aparecen voces de trabajadores en misión que temen quedarse sin empleo si el Gobierno mantiene el límite propuesto.Además, organizaciones del sector advierten que el decreto podría aumentar la inseguridad jurídica, especialmente porque otorga a los inspectores de trabajo la facultad de ordenar contrataciones directas o imponer sanciones inmediatas, una función que tradicionalmente ha recaído en los jueces.Con la decisión final en puerta, empresas y trabajadores piden que el Gobierno escuche las preocupaciones y reconozca que la temporalidad, lejos de ser precarización, sigue siendo una opción real de ingreso para miles de familias en Colombia.
Con la llegada de diciembre, muchos habitantes de conjuntos residenciales aprovechan el ambiente festivo para hacerle algunas remodelaciones a su apartamento. Para varios, es una manera de recibir el nuevo año con buena energía. Sin embargo, uno de los cambios más comunes puede convertirse en una infracción costosa.Muchos ciudadanos buscan ajustar o reemplazar la puerta principal del apartamento sin autorización, ya sea por seguridad o por estética, pero esta acción puede generar multas. Aunque para algunos la puerta parece un elemento exclusivo del inmueble, la Ley de Propiedad Horizontal establece que ciertos componentes visibles desde el exterior hacen parte de las zonas comunes, incluso si están dentro del límite privado.Ante este panorama, en la mayoría de edificios o conjuntos residenciales la puerta principal está protegida por una regla clara: no se puede modificar sin permiso de la administración.Cambiar la puerta en propiedad horizontal: por qué está prohibidoEn Colombia, la mayoría de inmuebles en arriendo o en propiedad dentro de conjuntos residenciales están regulados por la Ley de Propiedad Horizontal, que organiza la convivencia y el uso adecuado de los espacios compartidos. La normativa busca que ninguna modificación afecte la uniformidad de fachadas, pasillos o zonas de circulación.La Notaría 19 de Bogotá señala que, dentro de las prohibiciones generales, está “efectuar cambios estructurales sin autorización previa, como cambiar puertas, ventanas o colores de pintura que hacen parte de la fachada de los apartamentos o casas”.Esto significa que, incluso si usted vive en arriendo y quiere reforzar la seguridad o reemplazar una puerta deteriorada, debe consultar primero con la administración antes de tomar cualquier decisión.Multas por cambiar la puerta sin permiso: lo que debe saber antes de remodelarRealizar el cambio sin autorización puede salir costoso. La administración de la copropiedad está facultada para imponer sanciones económicas, llamados de atención y, en casos reiterados, reportes formales ante el consejo de administración.Para evitar problemas en plena temporada navideña, los expertos recomiendan:Consultar por escrito cualquier modificación visible desde el exterior.Revisar el reglamento interno del conjunto, donde se especifican modelos, colores y materiales permitidos.Solicitar aprobación previa para instalaciones adicionales, como cerraduras electrónicas o refuerzos.En este cierre de año, cuando aumentan las compras y los arreglos del hogar para recibir el año nuevo, vale la pena recordar que un cambio aparentemente menor puede terminar en un trámite costoso.
El Partido Cambio Radical oficializó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil su intención de participar en una consulta popular interpartidista con miras a las elecciones presidenciales de 2026, atendiendo, según la colectividad, el reiterado llamado a la unidad hecho por su líder natural, Germán Vargas Lleras.La decisión, explicaron, responde a lo que consideran un “urgente” esfuerzo por articular sectores democráticos que permitan enfrentar el deterioro institucional y el “rumbo equivocado” que, a su juicio, ha tomado el país bajo el actual Gobierno.El partido advierte que esa convergencia es necesaria para “detener una dictadura” y reconstruir las bases sociales, económicas e institucionales afectadas.En su pronunciamiento, Cambio Radical resaltó que la consulta interpartidista es un mecanismo democrático, transparente y participativo, idóneo para escoger una única opción de liderazgo respetuosa de las instituciones y de las reglas electorales.Pese al paso formal ante la Registraduría, la colectividad aún no anuncia quién será su candidato presidencial. No obstante, reiteró su compromiso con la defensa del orden constitucional, la responsabilidad política y la búsqueda de consensos que, dicen, puedan ofrecerle al país alternativas de estabilidad y recuperación.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este lunes emisiones de cenizas, una de las cuales alcanzó los 700 metros de altura sobre el volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca (suroeste).Según el SGC, se mantiene el registro de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, como los de tipo largo periodo, pulsos de tremor y tremor continuo."Esta sismicidad ha sido localizada principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su emisión hacia la atmósfera", aseguró la información.Algunas de las señales sísmicas estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza que se dispersaron preferencialmente hacia el oriente, de acuerdo con la dirección de los vientos.Nuevo video del volcán PuracéSe destacó la ocurrida hoy, que alcanzó una "altura de 700 metros sobre la cima del volcán". En total, se registraron cuatro emisiones de ceniza desde el cráter del volcán.Igualmente, continúan registrándose valores importantes de emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera, detectados por satélite, los cuales se dispersaron de manera predominante hacia el noreste dentro de un radio de 150 kilómetros respecto al volcán.Así mismo, se sigue observando un aumento de temperatura en la zona del cráter, posiblemente asociado con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán.Desde el pasado 29 de noviembre, el SGC cambió de amarillo a naranja el estado de alerta del volcán Puracé, debido a un "incremento notorio" en su actividad.El volcán Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán, la capital departamental del Cauca, y en su zona de influencia viven principalmente comunidades indígenas y campesinas.Es, además, uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos y "se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país", según el SGC.La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, lanzó una alerta momentos antes de que el Gobierno nacional declara un estado de emergencia económico para cubrir un faltante de $16,3 billones en el presupuesto de 2026, luego del hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.En una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, el gremio pidió frenar cualquier intento de sustituir al Legislativo mediante el uso de estados de excepción.El pronunciamiento fue firmado por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien solicitó al alto tribunal mantener una atención “especial, preventiva y oportuna” frente a cualquier decreto que se expida bajo un eventual estado de emergencia, con el fin de garantizar un control constitucional efectivo y oportuno.La preocupación de Fenalco se produce en un contexto particularmente sensible: la vacancia judicial. Según el gremio, la declaratoria de emergencia económica en este periodo podría permitir la expedición de decretos con fuerza de ley que entren en vigencia inmediata, consolidando situaciones jurídicas difíciles de revertir, incluso si posteriormente la Corte Constitucional los declara inexequibles.“Los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción producen efectos jurídicos inmediatos”, advirtió Fenalco en su misiva. El gremio sostiene en la carta que no se cumple el estándar constitucional para declarar un estado de excepción cuando la causa es la no aprobación de una ley de financiamiento por parte del Congreso. Fenalco asegura que esa negativa hace parte del ejercicio legítimo de las competencias del poder legislativo y no puede ser interpretada como una situación sobreviniente que habilite al Ejecutivo a legislar por decreto.“Aceptar que la negativa del Congreso justifique un estado de excepción vaciaría de contenido la separación de poderes y convertiría este mecanismo en un sustituto del trámite legislativo ordinario”, señaló Cabal.El gremio también cuestionó otros argumentos que podrían usarse para justificar la emergencia económica, como el aumento de las tasas de interés o la caída de los precios internacionales del petróleo. Según Fenalco, se trata de circunstancias previsibles y, en buena medida, asociadas a decisiones de política pública del propio Ejecutivo.
En medio de las declaraciones dadas frente al Consejo de Seguridad realizado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que la emergencia económica por decreto ya fue firmada el pasado jueves 18 de diciembre. Frente al anuncio, aseguró que con este proyecto se busca que ponerle impuestos a los ‘megarricos’ y no a la clase media, como lo aseguran los empresarios."El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y tuvo que haber sido radicado ayer y básicamente se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos y no como han dicho la oposición y los empresarios que es a la clase media", señaló el ministro del Interior, Armando Benedetti.El ministro afirmó que lo que se encuentra en peligro es la economía del país, puesto que lo que se busca es pagar la deuda que tiene el país, labor que tiene la ley de financiamiento.“Y si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales y además suben los bonos. Y además entonces no se pueden hacer las megastructuras de obra civil como las 4G” argumento el ministro del Interior.Por el momento, el decreto no ha sido publicado, sin embargo, el ministro se mantiene en pie con la idea de pagar primero la deuda, porque de lo contrario se retrasan muchos proyectos que se tienen, razón por la cual se declaró la emergencia económica.
Tras los recientes ataques terroristas atribuidos a las disidencias de alias 'Mordisco' en Buenos Aires, Cauca, y a la guerrilla del ELN en Aguachica, Cesar, el Gobierno nacional, junto con las fuerzas públicas, realizó un Consejo de Seguridad extraordinario en donde evaluó lo ocurrido, reconoció los errores y anunció medidas inmediatas.El presidente Gustavo Petro admitió que hubo fallas en las operaciones y en los esquemas de seguridad. Entre los errores señalados se encuentran, primero, la falta de guardia en la estación ubicada en la Ruta del Sol II, frente a la base de entrenamiento en Aguachica, y segundo, la ausencia de los anillos de seguridad, primer, segundo y tercero, para la defensa de la estación de Policía en el municipio de Buenos Aires.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se duplicará el pie de fuerza y que se adoptaron correctivos inmediatos orientados a la prevención y a la protección tanto de la comunidad como de los policías.“Se evaluó la realidad de los hechos y como conclusión se llegó a que hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas, etcétera, donde se perpetraron los atentados terroristas en Buenos Aires y en la base de ahí. Eso es importante reconocerlo y que aquí el gobierno en ningún momento ha ayudado a que la fuerza pública esté pasiva ante el desarrollo del conflicto interno” afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.Para los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, el Gobierno anunció un refuerzo significativo de capacidades. Se designó a un brigadier general para liderar las operaciones, se incrementará la presencia policial con 325 nuevos uniformados, de los cuales 50 serán asignados a Popayán, y se desplegarán capacidades antidron que se espera entren en funcionamiento antes del 31 de diciembre. Además, un nuevo pelotón del Ejército será encargado de proteger la Vía Panamericana.En materia de recompensas, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció montos millonarios para dar con los responsables de los ataques terroristas de los últimos días. Por alias 'Mordisco' se ofrecen hasta $5.000 millones; por alias 'Marlon', que delinque en el Cauca, hasta 4.500 millones; por 'Jairo Ramírez', hasta $1.640 millones; por el explosivista conocido como 'Max Max', hasta $500 millones; y por alias 'Jimmy Saavedra' y 'Cabezas', hasta $300 millones por cada uno.“Que pierdan toda protección cuando se involucran en las hostilidades. Sepan que también se están fortaleciendo a través de ello los grupos criminales para asesinar el futuro de su nacional. El ELN amenazó al pueblo colombiano desde el día domingo en la mañana hasta el miércoles en la mañana con un paro armado que llamó, que no es más que un costeñimiento criminal con una amenaza terrorista” señaló el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.Según el Ministerio de Defensa, cada uno de estos cabecillas estaría vinculado a acciones criminales que dejaron entre cinco y diez personas muertas.Sobre el ataque ocurrido en Aguachica, el ministro señaló que el 80% de las intenciones terroristas fueron anticipadas por las autoridades, aunque confirmó que varios policías perdieron la vida. Finalmente, se informó que los ministerios de Defensa y Hacienda ya cuentan con un plan para la reconstrucción de la infraestructura afectada.Frente a todo este panorama, el ministro de Defensa anunció que se avanzará en un Conpes de $49 billones de para que se fortalezca la defensa de la Nación. El Gobierno reiteró que estas medidas buscan reforzar la seguridad en las regiones más golpeadas por la violencia, restablecer el orden público y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Sobre la Ruta 24 en jurisdicción del municipio de Paicol en el occidente del Huila, en un puesto de control la policía inspeccionó a un vehículo de carga tipo camión en el que hallaron más de siete mil kilos de marihuana que habían aforado en tulas provenientes del Cauca.De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el gigantesco cargamento del alucinógeno avaluado en alrededor de los siete mil millones de pesos, haría parte de los grupos armados residuales que delinquen en esa región del país que además son los encargados de controlar las finanzas del narcotráfico.“Unidades adscritas a la estación de Policía del municipio de Paicol en el Huila lograron la captura de un hombre y la incautación de siete toneladas y media de marihuana. Según las investigaciones preliminares la droga tenía como destino la ciudad de Bogotá esto para fortalecer las finanzas criminales del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc” indicó el Coronel Luis Fernando Serna Zapata, director encargado de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional.Durante el procedimiento judicial el conductor del automotor un hombre de 30 años de edad, fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de la Fiscalía Local de La Plata para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.El más reciente reporte oficial, señala que en lo corrido del este año 2025 las autoridades han incautado al menos 35 toneladas entre marihuana y base de coca, en los diferentes corredores viales del departamento, siendo el municipio de La Plata donde se han asestado duros golpes contra el narcotráfico.
El bus en el que se desplazaba la mujer habría salido de la ciudad de Bogotá y se dirigía a la capital del departamento del Meta.Un lamentable hecho enluta una familia en pleno diciembre, luego de que un bus de la empresa Morichal chocara fuertemente contra una de las barandas del puente vehicular sobre la quebrada Coloradita en el kilómetro 73+500.El grave accidente de tránsito dejó como saldo una mujer sin vida que se desplazaba como pasajera y quien presuntamente por el impacto contra las barandas del puente habría fallecido.Cuatro pasajeros resultaron heridos, los cuales fueron evacuados por puertas y ventanas tras el fuerte impacto que generó la colisión del vehículo de transporte de pasajeros, los heridos fueron atendidos en el lugar del accidente por el personal médico.La policía de tránsito y transportes inicia las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente que deja como saldo una mujer fallecida y cuatro personas heridas.Las autoridades hacen un llamado contundente a los conductores para que respeten las normas de tránsito y respeten los límites de velocidad.
El representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales frente al deterioro de la seguridad en el país.A través de un video, el congresista argumentó que, durante 2025, Colombia ha registrado un agravamiento sostenido del orden público, con más de 140 miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos de servicio, más de 400 ataques armados y un aumento significativo de delitos como el secuestro, la extorsión y el terrorismo.“Cuando no hay respuestas eficaces frente a la amenaza armada, las omisiones deben investigarse. La realidad es alarmante. El paro armado del ELN, en solo 48 horas, dejó 51 acciones violentas en 13 departamentos. No son percepciones, son hechos: carreteras bloqueadas, comunidades confinadas y ciudadanos abandonados. Esta queja no es política, es defensa institucional y respeto por la Constitución”, indicó el representante.La queja también señala la ocurrencia de paros armados decretados por grupos ilegales en diciembre, que generaron restricciones a la movilidad, cierres de actividades económicas y afectaciones directas a derechos fundamentales de la población civil.Según Cortés, estas situaciones evidencian la falta de una estrategia integral y efectiva liderada desde el Ministerio de Defensa para contener la expansión de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad ciudadana.Por estos hechos, el representante solicitó a la Procuraduría admitir la queja, iniciar una investigación disciplinaria y determinar si el ministro incurrió en omisión, negligencia o incumplimiento grave de sus deberes, conforme al marco constitucional y legal vigente.