Tras esta reunión, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que el Ministerio de Defensa entregará toda la información sobre el contrato para la adquisición de 17 aviones gripen con la empresa sueca Saab.En ese sentido, el jefe del órgano de control; aseguró que tuvo que firmar una especie de “acuerdo de confidencialidad” para acceder a esa información.“Lo primero que tuve que hacer fue firmar un documento en el cual yo me comprometo a conservar unos temas de reserva, porque sí hay unos temas de seguridad nacional que dependen de ello”, dijo el contralor.Incluso, el contralor señaló que la adquisición de los aviones en reemplazo de los K-fue era necesaria tras esta reunión que sostuvieron en la Contraloría.“Considero que era un tema profundamente oportuno. Estamos hablando de una flota de aviones que tiene ya varios o bastantes años frente al tema. Se le han hecho un poquito más de 40, 50 años. Y se le han hecho varias actualizaciones y con todo respeto no aguantan una actualización más”.Las claves de la reunión entre el contralor y MindefensaEl contralor General explicó que formuló una serie de preguntas, como por ejemplo, el estudio operacional que sustentó la elección de los Gripen frente a otras alternativas evaluadas, así como los criterios técnicos aplicados, las ponderaciones utilizadas y las matrices comparativas entre las distintas ofertas, incluidas las presentadas por otros países.Rodríguez precisó que varias de estas preguntas ya cuentan con respuestas preliminares, pero advirtió que no se pronunciará hasta contar con toda la documentación por escrito y realizar la valoración técnica correspondiente.‘Si hay las condiciones para realizar algún tipo de advertencia, la Contraloría lo va a hacer’: Contralor General sobre contrato de aviones Gripen• Ministerio de Defensa deberá entregar por escrito respuesta a cuestionario formulado por la Contraloría General de la República en la mesa técnica desarrollada este jueves por solicitud de la entidad.• El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pidió información sobre el estudio operacional que justificó la selección de aviones Gripen, copia de los diferentes ítems discriminados el valor total del contrato, estudios previos que conllevaron a tomar la decisión, entre otra serie de condiciones técnicas.• El contralor General manifestó que la información será retroalimentada con la Procuraduría General de la Nación, entidad que también solicitó información sobre el contrato.El contralor aseguró que si hay las condiciones para realizar alguna advertencia sobre la compra de estos aviones, lo hará.
Por unanimidad, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en la tarde de este jueves, 4 de diciembre, la solicitud de fusión del Partido Progresistas al movimiento político del Pacto Histórico.Con este hecho, el movimiento político de la senadora María José Pizarro, que hace pocos días había obtenido su personería jurídica luego de su escisión del partido MAIS, se disolverá en el nuevo movimiento político del presidente Gustavo Petro y podrá participar en la lista única de este partido para el Congreso de la República, luego de qué se haga el cambio en el registro único de partidos y movimientos políticos.Asimismo, en la decisión se ordena incluir a la senadora Pizarro, a los representantes David Racero y Heráclito Landinez, y al exministro de Minas Omar Andrés Camacho, como integrantes de la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico.Quedaría faltando la decisión frente al partido Colombia Humana, partido del presidente Petro, y que no ha podido fusionarse, al no haber logrado cumplir los requisitos estatutarios para este proceso.
Copa Airlines, Satena y Wingo se suman al grupo de aerolíneas colombianas que cancelaron su operación desde y hacia Venezuela. El anuncio, que se conoció este jueves 4 de diciembre, fue respaldado por la Asociación Colombiana de Aviadores, ACDAC, quienes aseguraron que la suspensión de vuelos debe mantenerse hasta que "existan garantías verificables y soportadas en criterios técnicos" que confirmen un retorno en condiciones seguras y normales en ese espacio aéreo.A través de comunicaciones oficiales, Wingo y Copa Airlines anunciaron que la suspensión la mantendrán hasta el 12 de diciembre teniendo en cuenta que continúan evaluando la situación de riesgo que persiste en territorio venezolano.“Copa Airlines reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones. Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Caracas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Aerolínea”, indicó la aerolínea.Por el lado de Copa Airlines, la compañía informó que ofrecerá alivios a los pasajeros que se puedan ver afectados por esta situación:Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados. Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.comCada viajero podrá elegir la opción que más le favorezca con el fin de resarcir los daños ocasionados por las cancelaciones.Por su parte, Wingo propuso a sus viajeros reembolsar el 100 % del valor del tiquete, ya sea en el medio de pago original o a través de ‘voucher Wingo’, un estilo de beneficios con la aerolínea para redimir servicios en otra oportunidad. También ofreció el cambio de vuelo, según disponibilidad, sin penalidad ni diferencia en la tarifa.Con el panorama aún incierto y sin claridad sobre cuándo podrán restablecerse plenamente las operaciones, las aerolíneas mantienen abiertos sus canales de información mientras avanzan los análisis técnicos sobre el riesgo en el espacio aéreo venezolano. Por ahora, los viajeros deberán acogerse a los alivios ofrecidos y estar atentos a nuevas decisiones en los próximos días.
Más de 32.300 docentes han recibido actividades de seguridad y salud en el trabajo a través de los Equipos para el Cuidado Integral de la Salud del FOMAG, según el balance presentado en Medellín por Herman Bayona Abello, vicepresidente de Fiduprevisora para Fomag.La estrategia, que hace parte del acuerdo 003 de 2024 y constituye el eje del nuevo modelo de atención para los maestros del país, inició operación en noviembre con cuatro IPS en Antioquia, Caquetá, La Guajira y Meta. En esta primera fase se pusieron en marcha 54 equipos conformados por 216 profesionales, alcanzando cerca del 10% de los establecimientos educativos contratados. Bayona señaló que “estas acciones han beneficiado a 32.370 docentes en 753 establecimientos educativos”.El plan continuará su expansión el 15 de diciembre, cuando se incorporarán 19 IPS privadas y 6 Empresas Sociales del Estado en 15 departamentos adicionales. Con esta ampliación se sumarán 191 equipos que cubrirán un 34% más del territorio, alcanzando 2.665 establecimientos educativos y 114.488 docentes. Entre los departamentos que entran en esta fase están Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca.La proyección para enero de 2026 incluye la contratación de 36 IPS y Empresas Sociales del Estado adicionales, con lo que se garantizará la cobertura total del modelo de atención en salud laboral para todos los docentes afiliados al Fomag. En total, la estrategia cubrirá 7.840 establecimientos educativos, 39.886 sedes, 336.828 docentes y activará 562 equipos distribuidos en todo el país. La inversión destinada por el Gobierno asciende a 132.000 millones de pesos, con el fin de consolidar un modelo de atención integral, oportuno y territorializado.
El miedo a que sus cuatro hijos afronten el "trauma" de un arresto en Estados Unidos empujó a la colombiana Yarlidis Goez-Santos a autodeportarse esta semana del país, cansada de vivir bajo el temor de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)."No quiero que mis hijos sufran el trauma de que, al salir a la calle, agentes de ICE me detengan, nos esposen o nos saquen por la fuerza de la casa, no quiero que mis hijos vivan eso", expresó a EFE Goez-Santos horas antes de sumarse a los más de 1,6 millones de migrantes que se han autodeportado este año.Mientras salían los primeros rayos de sol en Tucson, en el fronterizo estado de Arizona, la familia se preparaba para dejar Estados Unidos, después de meses de incertidumbre y un constante miedo que comenzó en enero pasado, cuando ICE arrestó y deportó al esposo de la migrante mientras iba su trabajo."Ya lo estaban cazando, lo estaban esperando en la calle, de repente le cerraron el paso y se llevaron", recordó.Lo volvería a intentarLa familia llegó a Estados Unidos hace tres años tras escapar de la violencia, cruzar la frontera en El Paso, Texas, y solicitar asilo, pero las autoridades negaron el caso de la pareja, por lo que quedaron sin muchas opciones.El miedo se convirtió en terror cuando, meses atrás, agentes de ICE tocaron la puerta."No abrí, no les contesté nada, pero sabía que ya me estaban buscando", dijo.Desde entonces, la madre de 28 años vivió en constante miedo del arresto, dejó de ir a la calle, y solo salía en casos sumamente "necesarios", como llevar a sus hijos al doctor.Aún así, confiesa que, si regresara en el tiempo, volvería a intentar entrar a Estados Unidos, pese a los peligros que vivió la familia, que viajó, junto a la abuela, en el tren de 'La bestia' para cruzar México."Conocí personas muy buenas, que nos brindaron su ayuda, por eso estoy muy agradecida", dijo.El fin del sueñoPara la mujer, 'el sueño americano' ya no existe, especialmente bajo el presidente Donald Trump, cuyo Gobierno reportó a finales de octubre la expulsión de 527.000 migrantes desde el comienzo de la Administración en enero y la autodeportación de 1,6 millones."Realmente sí tengo miedo de regresar a Colombia, no sabemos cómo está la situación allá, no sabemos qué nos espera", añadió la madre mientras abrigaba a sus hijos.La familia utilizó la aplicación 'CBP Home' de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para autodeportarse, contactar a ICE y hacer los trámites para entregarse."De Tucson nos dijeron que viajaremos a Luisiana, donde de ahí volaremos a Colombia", explicó.La migrante dijo que el Gobierno estadounidense prometió entregarle 1.000 dólares por salir del país, pero solo a ella.Aún no conoce cómo o cuándo le entregarán el dinero, pero asegura que, si lo recibe, buscará invertirlo en el bienestar de sus hijos, de los que dos son ciudadanos estadounidenses, y el más pequeño tiene ocho meses.La niña mayor, de 9 años, entre lágrimas dijo que ella quiere regresar a Colombia porque tiene mucho miedo de que la separen de su madre.Mientras esperaba para dejar su hogar en Estados Unidos, apretaba una muñeca en sus manos, y de su hombro colgaba una bolsa con sus recuerdos y muñecos de peluche."Tenía mucho miedo, después que deportaron a mi papá, no quería salir, me quiero ir para estar tranquila", dijo la pequeña.ICE les dijo que solo podían llevar una maleta de 40 libras (18 kilos) cada uno."Es difícil empacar una vida en una maleta, empacar los sueños", dijo la madre.En Arizona solo queda la abuela de los niños, Iveth Rubio, quien tiene pendiente su asilo."Todo va a estar bien", le decía Rubio a su nieta mayor mientras la abrazaba.Antes de dejar Estados Unidos, la colombiana envió un mensaje al presidente Trump: "Me gustaría decirle que recuerde que él también viene de una familia migrante y que no todos los migrantes somos malos".
En una ofensiva coordinada que abarcó el Pacífico, el Caribe y el suroccidente del país, las Fuerzas Militares lograron afectar de manera contundente las economías ilícitas del narcotráfico, consideradas la principal fuente de financiación de los Grupos Armados Organizados. Así lo confirmó el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FF. MM., al destacar que estos resultados son producto de “la inteligencia estratégica, la acción conjunta y la interoperabilidad que nos permiten debilitar sus capacidades y proteger a los colombianos”.La primera operación se desarrolló en zona rural de Tumaco, Nariño, donde unidades del Comando Contra Amenazas Transnacionales del Ejército localizaron y destruyeron un complejo ilegal utilizado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Allí fueron halladas cerca de tres toneladas de droga, además de insumos sólidos y líquidos, maquinaria y elementos empleados para la producción de droga. Según el almirante Cubides, el complejo pertenecía a las disidencias de las Farc, estructura que viene siendo presionada por las tropas en este corredor estratégico del Pacífico.Al mismo tiempo, en el suroccidente del país, tropas de la Tercera División del Ejército interceptaron en Ginebra, Valle del Cauca, dos vehículos en los que tres sujetos transportaban más de media tonelada de marihuana. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones para establecer su rol dentro de las redes de tráfico en la región.Entre tanto, en el Caribe, una operación de interdicción marítima ejecutada por la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con apoyo de agencias internacionales, permitió detener una lancha rápida que movilizaba más de 2,6 toneladas de cocaína. En la embarcación fueron capturados tres colombianos, dos venezolanos y un ciudadano jamaiquino, quienes pretendían transportar la droga hacia Centroamérica.El almirante Cubides resaltó que estos contundentes golpes se suman al esfuerzo sostenido de soldados, marinos y aviadores que, solo en lo corrido del año, han logrado la incautación de más de 622 toneladas de clorhidrato de cocaína. “Este esfuerzo representa vidas protegidas, recursos ilícitos arrebatados a los criminales y condiciones favorables para el control institucional del territorio”, señaló el comandante general.Finalmente, Cubides envió un mensaje de reconocimiento a las tropas desplegadas en todo el país: “Todo mi reconocimiento a quienes, con honor, disciplina y carácter, aportan día a día a la lucha contra los delitos transnacionales. Seguimos avanzando, fortaleciendo la acción conjunta y manteniendo la presión permanente sobre las estructuras criminales. Vamos por más”, concluyó.
El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco Lince, confirmó que el pico y placa vigente se mantendrá sin cambios durante diciembre, desmintiendo así la información que circulaba masivamente en redes sociales sobre una posible modificación para la temporada de Feria.De acuerdo con Orozco, las publicaciones que sugerían levantar la medida o alterar la rotación de placas eran falsas y estaban generando confusión entre los ciudadanos.¿Cambia el pico y placa en Cali para diciembre?“Ha estado circulando información falsa sobre supuestos cambios al pico y placa, incluso que se levantaría la rotación. El pico y placa se mantiene como está, en la rotación actual, hasta el 31 de diciembre”, aclaró el funcionario.El secretario también anunció que esta semana se dará a conocer cómo operará el pico y placa en 2026. Explicó que el nuevo esquema será similar al implementado durante 2025 y que las fechas y rotaciones serán publicadas para que los ciudadanos puedan revisarlas antes de su firma.“Estamos próximos a publicar el pico y placa para 2026, básicamente un esquema similar al del 2025. Esa publicación estará disponible esta semana para comentarios de los caleños y posteriormente será firmada”, señaló.La Alcaldía de Cali reiteró el llamado a la ciudadanía para que verifique cualquier información en los canales oficiales antes de compartirla, con el fin de evitar la difusión de contenidos falsos.
La escena ocurrió a la 1:30 de la tarde del martes 2 de diciembre, en plena avenida 19 con calle 108, al norte de Bogotá. A esa hora, Jean Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años, fue asesinado tras oponerse al robo cometido por dos criminales que se movilizaban en una motocicleta naranja. Le dispararon a quemarropa y huyeron dejando a la víctima tendida en el suelo.Sin embargo, lo que vino después quedó registrado en un video que revela la reacción inmediata y solitaria de un patrullero de la Policía que, sin saberlo, sería quien cerraría la vía de escape a los asesinos. El uniformado realizaba su ronda habitual en bicicleta por el andén de la avenida 19 cuando escuchó los disparos y vio, a unos metros adelante, la motocicleta naranja que utilizaban los delincuentes para huir tras atacar a Jean Claude.El patrullero no dudó. En las imágenes obtenidas por Noticias Caracol se observa cómo suelta la bicicleta, desciende rápidamente hacia la calzada y se planta de frente a los dos delincuentes. El parrillero de la moto, armado, le apunta directamente al uniformado, obligándolo a reaccionar para proteger su vida y detener la fuga. En ese instante, el policía ya con su arma de dotación en la mano, abrió fuego contra los delincuentes que aceleraron con dirección al norte de la ciudad.La escena, muestra el intercambio de disparos en plena vía y la determinación del uniformado de la Policía por impedir que los criminales escaparan tras asesinar a un ciudadano indefenso. Gracias a esa reacción inmediata, la huida de la banda, conocida por cometer múltiples atracos en ese sector, se vio frustrada. Testigos aseguran que la acción del patrullero evitó que los delincuentes continuaran cometiendo delitos en su recorrido.Vecinos del sector denunciaron que esta banda ya había protagonizado varios robos similares: intimidaban a sus víctimas con armas cortopunzantes o de fuego, atacaban de forma sorpresiva y huían inmediatamente en la motocicleta naranja que aparece en diferentes videos de seguridad.En uno de estos registros, se observa cómo uno de los mismos delincuentes desciende de un carro gris, se abalanza contra un ciudadano, lo derriba en el piso y lo amenaza con un arma blanca mientras le arrebata sus pertenencias. Acto seguido, la motocicleta llega, recoge al ladrón y ambos escapan sin dejar rastro.Ese historial criminal, sumado al asesinato de Jean Claude Bossard, terminó chocando con la reacción de un patrullero que, en cuestión de segundos, se convirtió en la única barrera entre los asesinos y su fuga. Su acción, captada por las cámaras, se ha convertido en una pieza clave para entender cómo se desarrollaron los hechos y cómo la intervención de un solo uniformado logró detener una cadena de ataques que mantenía en zozobra a la comunidad.
El barrio San Felipe, en la localidad de Barrios Unidos, terminó con un nuevo episodio que revive el debate sobre las decisiones judiciales frente a delincuentes reincidentes. Un hombre de 44 años, con 19 anotaciones por delitos graves, entre ellos homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte ilegal de armas, fue capturado en flagrancia tras ingresar de manera irregular a una empresa y robar 10 equipos móviles avaluados en 10 millones de pesos.El hecho ocurrió cuando uniformados del CAI Polo Club adelantaban planes de vigilancia y recibieron la alerta de la comunidad, que notó movimientos extraños dentro del establecimiento. La patrulla llegó en pocos minutos y sorprendió al sujeto aún dentro del lugar, con los elementos hurtados y sin posibilidad de justificar su presencia allí. Los policías lograron detenerlo sin que se diera a la fuga y lo trasladaron a la URI correspondiente para su judicialización.Según el reporte oficial, el prontuario del capturado registra casi dos décadas de delitos y un historial de reincidencia que, para las autoridades, hacía indispensable una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Sin embargo, pese a la captura en flagrancia, la gravedad de las conductas previas y el riesgo evidente de reiteración, un juez decidió dejarlo en libertad mientras avanza el proceso.La determinación judicial generó molestia y preocupación entre los comerciantes del sector, quienes aseguran que este tipo de decisiones los deja nuevamente expuestos a los mismos delincuentes que, dicen, conocen bien la zona y vuelven a operar sin mayores consecuencias.Mientras continúa el trámite del caso, en el barrio San Felipe queda la sensación de que, aunque la reacción policial fue rápida y efectiva, el esfuerzo terminó diluido ante una decisión que permite que un delincuente con un historial amplio y violento vuelva a las calles en cuestión de horas.
El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró este jueves, 4 de diciembre, su petición al Gobierno de Ucrania de que permita la salida de soldados colombianos que, según dijo, fueron reclutados como mercenarios en ese país, y aseguró que se encuentran en condición de "esclavitud"."Ahí están los videos de los muchachos en Ucrania tratando de salir y no los dejan, son esclavos", afirmó el mandatario durante una ceremonia militar en Bogotá, donde defendió la prohibición del mercenarismo y cuestionó que exmiembros de las Fuerzas Armadas pongan sus conocimientos al servicio de actores privados en conflictos internacionales.Petro anunció que pidió a su Ministerio de Relaciones Exteriores comunicarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para gestionar la puesta en libertad de los colombianos."Le pedí a la canciller que le oficie a Zelenski para que libere a los mercenarios colombianos de esos ejércitos porque esa no es nuestra guerra", expresó el mandatario, quien agregó que Colombia "no tiene por qué" involucrarse en otras guerras, al asegurar que ni Ucrania ni Rusia han causado "daño" a su país.Esta es la segunda vez esta semana que Petro se refiere a los mercenarios colombianos en Ucrania, pues hace dos días expresó en X que esos soldados están "secuestrados" en ese país.La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el pasado miércoles en último debate un proyecto de ley para adoptar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, suscrita en Naciones Unidas en 1989.Con ello, el Gobierno busca tipificar delitos asociados a esta práctica, reforzar la cooperación judicial y reafirmar el rechazo a la "comercialización de la violencia".Hace un mes, la Justicia rusa condenó a 13 años de prisión a José Aarón Medina y Alexander Ante, dos colombianos acusados de participar como mercenarios en las filas del Ejército ucraniano y extraditados a este país desde Venezuela.Ambos bandos han contado desde el comienzo de la guerra con mercenarios extranjeros en sus filas y decenas de colombianos han muerto peleando en el lado ucraniano, según la prensa internacional.Decenas de mercenarios colombianos participan también en otros conflictos, como el de Sudán, donde hacen parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que combate en la región de Darfur.Un comando de 26 mercenarios colombianos también participó en julio de 2021 en el asesinato en Puerto Príncipe del entonces presidente de Haití, Jovenel Moise.
En medio de cuestionamientos y tensiones políticas, el Gobierno Nacional continúa avanzando en su política de Paz Total, con la apertura de un nuevo ciclo de diálogos con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), una de las disidencias del Estado Mayor Central. La mesa, instalada en Barbacoas, Nariño, busca definir acuerdos sobre metodología, zonas de ubicación y participación ciudadana, temas clave para consolidar avances en el proceso.El ciclo de negociación, que se desarrolla del 4 al 6 de diciembre, cuenta con el acompañamiento de la Iglesia Católica y de la comunidad internacional. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para los asuntos políticos y de paz, expresó que la expectativa es lograr avances significativos que refuercen la confianza y la legitimidad de la estrategia gubernamental.“Se ha avanzado, se ha madurado en la comprensión de este proceso y tenemos confianza en que se seguirá por esa línea”, afirmó monseñor Henao, quien destacó la importancia de este espacio para fortalecer las garantías electorales y promover la participación política en las regiones más afectadas por la violencia.El representante de la Iglesia subrayó que otro de los propósitos del encuentro es definir la arquitectura y los tiempos de un eventual acuerdo, que permita canalizar la participación de la sociedad civil y brindar seguridad jurídica a las comunidades.La negociación con la CNEB ocurre en un momento en que la política de Paz Total enfrenta fuertes críticas, tras los escándalos por posibles infiltraciones de grupos armados en organismos de inteligencia y por los señalamientos de reclutamiento de menores en zonas de influencia de las disidencias. Pese a ello, el Gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo como vía para reducir la violencia y avanzar hacia transformaciones sostenibles en los territorios.“Sabemos que hay contingencias, pero seguimos confiando en que estos diálogos avancen hacia acuerdos que traigan transformaciones reales. La presencia del Estado, la empresa privada y las organizaciones sociales será clave para garantizar esa transición hacia la convivencia y la reconciliación”, recalcó monseñor Henao.La Iglesia Católica considera que este ciclo de conversaciones representa una oportunidad de esperanza para las comunidades del occidente del país y un paso más en la consolidación de una paz territorial que responda a las expectativas de desarrollo, seguridad y legitimidad institucional.
En circunstancias que son materia de investigación se reportó la muerte de un joven de 21 años, identificado como Kevin Ferney Marulanda, al interior de del cantón militar de la Fuerza Aérea de Apiay, en Villavicencio.El joven llevaba apenas 5 meses prestando su servicio militar en esta unidad del departamento del Meta.En conversación con BLU Radio, los padres de Kevin pidieron una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía para establecer los motivos de la muerte de su hijo, pues no creen que se haya tratado de un caso de suicidio.“Nosotros queremos que esto quede claro sea lo que sea, pero que quede claro, que uno no quede con la incertidumbre, porque es que todas las personas que son cercanas a él, incluyéndonos nosotros, los familiares, incluyendo a nosotros los papás, se nos hace muy extraño que él haya tomado una medida tan drástica, tan determinante”, aseguró Ferney Marulanda, padre del joven.Le puede interesar: Hallan sin vida a soldado desaparecido tras combates con Clan del Golfo en Dabeiba, AntioquiaOficialmente, la Fuerza Aérea emitió un comunicado de prensa con poca información sobre el caso, el cual fue publicado en su cuenta de X.“En hechos que son materia de investigación, el Soldado Marulanda Gallo Kevin Ferney, integrante del segundo contingente del 2025 y quien prestaba el servicio militar en el Comando Aéreo de Combate No. 2, ubicado en Apiay, Meta, fue hallado sin vida en su puesto de guardia. Tan pronto se conoció el hecho, se realizaron los actos urgentes por parte de las autoridades competentes”, dice el comunicado.Por ahora, la familia está a la espera de una investigación formal sobre lo ocurrido, mientras despiden al joven de 21 años que dejó un vacío en sus corazones.
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) tendrá nueva presidente a partir de febrero de 2026. Se trata de María Consuelo Araujo, oriunda de Valledupar y graduada de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Araujo ha ocupado diversos cargos públicos, como el Ministerio de Cultura entre 2002 y 2006 y la jefatura de la cartera de Relaciones Exteriores entre 2006 - 2007.Cabe resaltar que el próximo año inicia una nueva era en la CCI, pues hasta el momento, el único presidente que ha tenido ha sido Juan Martín Caicedo, quien presentó su renuncia en octubre de este año, después de 21 años en el cargo, el mismo tiempo que tiene de creada la Cámara Colombiana de Infraestructura.El nombramiento de Araujo se da en un contexto en el que el sector de la infraestructura en Colombia enfrenta muchos retos. De acuerdo con un informe de Corficolombiana, aunque este sector llegó a representar más del 2% del PIB en 2019, su participación cayó a 1,1% en 2023, el nivel más bajo del siglo.La producción total de obras civiles hoy está 27,8% por debajo de los niveles prepandemia y la construcción de carreteras y calles registra un rezago del 43,8%. A esto se suma una transición incompleta entre las concesiones 4G, que ya están finalizando, y las 5G, que avanzan lentamente: a octubre de 2025, las metas del Plan Nacional de Desarrollo muestran solo un 47% de ejecución y ningún proyecto multimodal 5G (aeropuertos, trenes o canales) ha iniciado obra.Este rezago ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta la confianza del sector, marcado por dudas sobre el pago de vigencias futuras, retrasos en la actualización de peajes y señales regulatorias poco claras que incrementan la percepción de riesgo contractual. Todos estos son los retos que tendrá que asumir María Consuelo Araujo, a partir de febrero de 2026.
El presidente Gustavo Petro lanzó este jueves una fuerte respuesta a la advertencia emitida desde el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que cuestionó la efectividad de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Desde la Escuela Militar José María Córdova, el mandatario defendió la labor de las instituciones colombianas y reivindicó la autonomía nacional frente a presiones internacionales.“La soberanía se defiende con la vida… y a Colombia no se le amenaza… Porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común, y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y que aquí hay un cartel de los soles”, dijo el presidente.Petro insistió en que las redes del narcotráfico han intentado históricamente corromper instituciones y comunidades, pero subrayó que la resistencia del país frente a ese fenómeno no puede ser desconocida. “Todos sabemos que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso y por eso vuelvo a repetirlo: la codicia es enemiga antagónica de la vida”.El pronunciamiento del presidente se produce en medio de tensiones diplomáticas que han resurgido con la administración estadounidense, la cual ha endurecido su discurso frente a los gobiernos latinoamericanos y ha advertido sobre posibles repercusiones si Colombia no “mejora” sus indicadores en la lucha antidrogas.
El miércoles 26 de noviembre, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de la subteniente María Camila Mora y del capitán Pablo Masmela dentro de un vehículo en el Cantón Norte, en Bogotá. El hecho estremeció al país y encendió alertas sobre la violencia que enfrentan las mujeres, incluso dentro de las instituciones armadas.Sobre lo ocurrido, el abogado de la familia, Luis Eduardo Leyva, fue enfático al señalar que la subteniente Mora y el capitán Masmela no eran pareja. Habían sostenido una relación sentimental, pero esta había terminado más de tres meses atrás.Según su relato, Mora llegó al Cantón Norte para recoger a una amiga oficial cuando el capitán la interceptó. La oficial testigo indicó que él la obligó a regresar a su vehículo y, minutos después, la joven alcanzó a llamar a su amiga pidiendo auxilio. “La amiga oficial del Ejército vio llegar el carro, pero observa que no venía la teniente. Vuelve a asomarse a la ventana y observa cómo este mayor hace ingresar al vehículo nuevamente a la teniente. Y allí, luego de un minuto más o menos, es que alcanza la teniente a llamar a su amiga para pedir auxilio y a gritar. La testigo sale corriendo, pero tiene que dar una vuelta para poder llegar a los parqueaderos. Repito, veía desde su habitación y se escuchan las detonaciones”, describió el representante.Cuando la testigo abrió la puerta del carro, vio el humo del arma de fuego y a ambos militares sin vida. De acuerdo con la versión entregada por la familia, el capitán habría disparado contra Mora y posteriormente se habría quitado la vida.Desde entonces, su familia ha intentado convertir esta tragedia en un símbolo contra la violencia hacia las mujeres. La joven Mora fue reconocida por ser la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas del Ejército Nacional, motivo por el cual la muerte de la joven militar no solo golpea a sus allegados, sino que refleja el drama que viven miles de mujeres en el país.Los hechos de violencia han sido un ciclo lamentable en esta familia, pues su abogado detalló que la subteniente y su hermano quedaron huérfanos desde pequeños tras el asesinato de sus padres. “La familia de la teniente María Camila Mora es una familia reducida por la misma violencia. Hace muchos años también sus padres fueron asesinados vilmente y realmente es el tío quien se hizo cargo de esos dos pequeños, esos dos jóvenes que quedaron huérfanos, tanto la teniente como su hermano”.La familia, aunque reconoce el acompañamiento del Ejército durante estos días, anunció que adelantará acciones para buscar reparación integral. Según Leyva, acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa por fallas en los protocolos de seguridad dentro del Cantón Norte y por la omisión institucional que permitió que el hecho ocurriera. La indemnización, explicó, será destinada en parte a la creación del Premio Nacional María Camila Mora, un reconocimiento anual a mujeres militares destacadas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.En el ámbito penal, el abogado recordó que, al haber fallecido el presunto agresor, la acción penal se extingue, pero aclaró que esto no implica el cierre total del caso. Señaló que se puede perseguir el patrimonio del responsable fallecido con fines resarcitorios y reiteró que esta posibilidad debe servir para enviar un mensaje de prevención y sanción contundente. “Se debe entender que la persecución del patrimonio del homicida seguirá. No estamos diciendo que los herederos tengan la culpa, pero sí deberá responderse con la herencia. Se pueden perseguir los bienes de quien causó el homicidio y así, entonces, que lo piensen más. No es solamente que la mato, me mato y ya acabó todo. No. Se pueden perseguir los bienes de quien causó la muerte de una persona, como en el caso de la teniente”.Mientras avanzan las gestiones jurídicas, el hermano de la subteniente ha asumido la representación de la familia. La intención, insistió el abogado, no es emprender una retaliación contra la institución militar, sino garantizar que los errores sean reconocidos y reparados. “La vida de María Camila no se recuperará, pero el Estado tendrá que responder por los daños causados, y su memoria será honrada como corresponde a una mujer destacada dentro del Ejército Nacional”, concluyó el abogado Leyva.
Dos personas aún sin identificar, que se movilizaban en una motocicleta AX100, perdieron la vida tras colisionar de manera violenta contra un vehículo de carga tipo turbo, color blanco, en el sector conocido como el cruce de Algeciras, sobre la vía principal que comunica a Neiva con Garzón.Según el reporte oficial de las autoridades, las dos víctimas quedaron calcinadas tras el fuerte impacto, mientras que el conductor del automotor resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo y recibe atención médica en un centro asistencial de la zona.“En el kilómetro 79, sobre la Ruta 45, cruce de Algeciras, se presentó un accidente de tránsito donde se vieron involucrados dos vehículos: un camión tipo turbo marca Mitsubishi y una motocicleta AX100. Ambos vehículos quedaron consumidos por las llamas. Desafortunadamente, en el hecho las dos personas de la motocicleta pierden la vida y el conductor del camión resultó herido con quemaduras en su cuerpo”, confirmó la capitán Martha Liliana Losada, jefe de Tránsito y Transporte de la Policía en el Huila.Por su parte, peritos de criminalística de la Policía de Tránsito avanzan en las investigaciones para identificar a las víctimas fatales y esclarecer las causas del siniestro vial que terminó con la incineración de los vehículos involucrados.Por último, las autoridades hacen un llamado a conductores y motociclistas a acatar las señales de tránsito y conducir con responsabilidad, teniendo en cuenta el alto flujo vehicular que aumenta en esta temporada de fin de año en las vías del departamento.
Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de Ser Colombia, explicó que durante este año se registraron avances importantes en los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos solares y eólicos, así como en los ajustes regulatorios necesarios para habilitar nuevas subastas y contratos de energías renovables.Sin embargo, Hernández advirtió que el país podría enfrentar una crisis energética en los próximos años.“Es importante tener en cuenta que el consumo de energía eléctrica de los colombianos está creciendo dos veces más rápido de lo que está dándose el desarrollo de la oferta, y si no integramos nueva energía, Colombia va a entrar en un déficit de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno hacia el 2028, por eso necesitamos triplicar lo logrado hasta el momento en renovables y consolidar las regulaciones o los cambios normativos que siguen pendientes, y eso implica que va a ser necesario para poder acelerar la entrada de los proyectos”.En cuanto a resultados, Hernández destacó que las energías renovables ya representan el 13% de la capacidad total de generación eléctrica, frente al 2,5% registrado hace dos años. También señaló que el país duplicó su capacidad en autogeneración y proyectos pequeños, con la expectativa de cerrar 2025 con más de 1.200 megavatios en operación, además de avanzar en medidas regulatorias prioritarias para fortalecer el sector.A esto se suma la entrada en operación, comercial o en pruebas, de 27 proyectos solares y eólicos durante este año, que totalizan 925 megavatios de nueva capacidad, con mayor presencia en Cundinamarca, Tolima y Atlántico.La expansión del sector también ha generado un impacto económico equivalente a 2.900 millones de dólares en inversión privada en los últimos dos años y más de 27.000 empleos directos durante la construcción de proyectos en 19 departamentos.
Según un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las cifras contradicen el discurso oficial: de enero a octubre de 2025, los homicidios intencionales pasaron de 10.952 en 2024 a 11.327 en 2025, lo que representa un incremento del 3,4 %. Además, la tasa nacional subió de 20,8 a 21,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.Este repunte revierte la leve reducción registrada el año anterior y, de mantenerse la tendencia, el cierre de 2025 podría superar los niveles de violencia de 2023.La FIP advierte que el aumento de homicidios no es un hecho aislado: también se observa un incremento en los secuestros (117,8 % más que en 2024), las masacres, los ataques a la fuerza pública y los desplazamientos forzados, lo que evidencia un deterioro general de la seguridad en el país.El informe señala que interpretar las cifras de manera selectiva, por ejemplo, centrarse en un indicador puntual para afirmar una reducción, puede generar conclusiones equivocadas y dificultar la formulación de políticas efectivas de seguridad.En conclusión, según la FIP, los datos de 2025 reflejan que la violencia letal en Colombia persiste o incluso se incrementa, pese al discurso gubernamental que insiste en una disminución. El análisis llama a reconocer la magnitud del problema y a fortalecer las estrategias integrales de seguridad y prevención.
El dirigente del Centro Democrático Juan Carlos Cometa, denunció un nuevo hecho de intimidación en su vivienda en zona rural de Mocoa, donde cuatro sujetos lo increparon, lo señalaron políticamente y dejaron nuevas amenazas contra su actividad en el Putumayo.Según relató Cometa, en la madrugada de este miércoles, hacia las 2:00 de la mañana, un grupo de cuatro sujetos armados llegó hasta su vivienda en Las Planadas, interrumpiendo su descanso y el de su familia. Los hombres lo increparon exigiéndole la entrega de supuestas armas oficiales.“Me dijeron: ‘Entregue las armas’, y yo les respondí que el armamento no era de la Unidad Nacional de Protección, sino de mi propiedad, con salvoconducto legal”, aseguró en diálogo con Blu Radio. “Me señalaron de paraco, que yo era de ultraderecha, que hacía parte de los mismos corruptos que hace 200 años han liderado la política en el país y cuestionaron que apoyara a un candidato de derecha”, añadió en su relato el dirigente.Tras el violento hecho, Cometa madrugó a presentar la denuncia y a solicitar acompañamiento policial alrededor de las 6:00 de la mañana,. Agregó que los atacantes pintaron una consigna con aerosol en su vehículo particular, dejando un mensaje intimidante.Cometa recordó que esta situación no es aislada: “Es la segunda vez que me atacan. En un pasado atentado, en la misma finca y también en horas de la noche, mi vehículo recibió varios disparos”. Para el líder político, la situación se ha vuelto insostenible: “Realmente no se puede hacer trabajo político en el Putumayo”.En los últimos días, Cometa adelantaba la recolección de firmas para respaldar la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, lo que aumenta el peso político de la denuncia.El caso fue puesto en conocimiento de la Sijín de la Policía, mientras Cometa y su familia esperan medidas urgentes de protección ante el recrudecimiento de las intimidaciones en la región.
La Policía rescató este martes en el Cauca a Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien fue secuestrado hace once días mientras se movilizaba en un vehículo por la carretera Panamericana, en ese convulso departamento del suroeste del país.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el rescate y llamó por teléfono al artista para informarle que su hijo "ya va a estar en el lugar en el que debe estar", aseguró en declaraciones a la prensa."Yo le dije que primaba la vida de su hijo y del mánager y no nos doblegamos ante estos criminales", añadió el ministro, quien aseguró que en el operativo la Policía capturó a una persona que hacía parte de un grupo de delincuencia común.En diálogo con Mañanas Blu, el coronel Edgar Correa, director del Gaula de la Policía, entregó detalles de cómo fue el rescate del joven, las condiciones en las que los encontraron y lo que tuvieron que vivir durante el cautiverio. La crucial prueba de supervivencia y la planificaciónDesde el primer día del secuestro, el Gaula inició una investigación coordinada con la Fiscalía General de la Nación, mientras simultáneamente desarrollaban la parte operativa enfocada en un posible rescate. Durante 15 días, el intercambio de información, el acompañamiento a la familia de la víctima, la información técnica, y la inteligencia de fuentes humanas permitieron acumular datos cruciales para la toma de decisiones.Hace tres días, la investigación se centró en una "zona de interés" estratégica. Fue en ese momento que se recibió la prueba de supervivencia. El coronel Correa explicó que, aunque ya se estaba considerando la realización del operativo, la prueba de vida fue fundamental para confirmar y alinear toda la información previa obtenida de fuentes humanas, datos técnicos e imágenes especiales y sobrevuelos en el terreno.La planeación del rescate se realizó con una metodología rigurosa, analizando el ambiente climático y diversas circunstancias, siempre priorizando la preservación de la vida de los secuestrados. Se tuvo especial consideración no solo en el ingreso, sino también en la seguridad operacional durante la salida de las personas secuestradas, un momento que a menudo genera dificultades.Delincuencia común y el operativo de rescateLos investigadores del Gaula concluyeron que los dos jóvenes estaban en poder de delincuentes comunes, lo cual fue un factor que alentó la decisión de adelantar un operativo de rescate. Sin embargo, el Coronel Correa señaló que existe la hipótesis, aún en investigación, de que estos delincuentes comunes pudieran estar actuando como un 'outsourcing' para vender a los secuestrados a disidencias de las Farc. De hecho, es habitual que bandas criminales en la zona del túnel en la Villa Panamericana de Popayán roben vehículos que luego son vendidos a grupos armados ilegales.Los delincuentes, que obtienen mucha de su información sobre la capacidad económica de las víctimas a través de redes sociales, exigían altas sumas de dinero, estimadas entre 4000 y 7000 millones de pesos. Afortunadamente, no se alcanzó a realizar ningún pago de rescate.
Fue radicado en la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto que busca castigar el porte, fabricación y transporte del fentanilo en Colombia. Es una iniciativa liderada por el ministro del interior, Armando Benedetti, y el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.Uno de los objetivos es, por ejemplo, una reforma contundente para tipificar como delito tanto el tráfico, la fabricación, el desvío, porte ilegal de fentanilo. Esto, según el texto, con el fin de garantizar la investigación, la judicialización y una sanción efectiva.“Este es un mensaje de nuevo a la comunidad nacional e internacional, a propósito de una medida preventiva que estamos aplicando, que esperamos tenga eco en el Congreso de la República, para impedir que Colombia se convierta en un lugar de transporte o fabricación de esa sustancia que daño le hace a la salud pública”, argumentó Idárraga.Por su parte, el ministro Benedetti señaló que esto es un proyecto preventivo, para evitar que los laboratorios de fentanilo que hay en México se instalen en Colombia.Los ministros resaltaron que la meta es impedir que organizaciones criminales puedan usar fentanilo como una nueva fuente de ingresos, teniendo en cuenta esa capacidad de generar dependencia en dosis diminutas.El proyecto también lo que busca es blindar la cadena de control para evitar que el producto médico, el que sí está permitido en entornos hospitalarios, sea sustraído o alterado para redirigirlo ya al mercado ilegal. Con esta radicación, el documento iniciará su trámite a partir del próximo año en la Cámara de Representantes para un primer debate.
La controversia por el bloqueo temporal del diario sueco Expressen en Colombia continúa escalando, luego de que la representante a la Cámara Katherine Miranda denunciara presuntas irregularidades en la restricción de acceso al portal, justo después de la publicación de reportajes sobre la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo.En entrevista con Recap Blu, Miranda explicó las "alertas" que le llevaron a investigar el caso, luego de que periodistas y ciudadanos reportaran que, tras los artículos sobre la primera dama, el sitio dejó de funcionar en territorio colombiano. La congresista indicó que, mediante un derecho de petición, el Ministerio de las TIC confirmó que Expressen había sido incluido en una lista de páginas a bloquear el 31 de octubre de 2025, es decir, 15 días antes de la primera publicación sobre Alcocer.Sin embargo, la aclaración del MinTIC contrastó con la versión de Coljuegos, entidad que inicialmente apareció como responsable del bloqueo. Esta aseguró que el portal habría sido incluido en la lista desde 2021, supuestamente por promover juegos ilegales. Miranda insistió en que las fechas no coinciden y que, además, el bloqueo solo se hizo efectivo cuando estalló el debate por las notas periodísticas de Expressen.Para la congresista, la principal preocupación no es lo que el diario sueco haya publicado sobre Alcocer, sino los indicios de un patrón de censura institucional. De hecho, aseguró que tiene pruebas de que la página funcionaba con normalidad antes del 16 de noviembre, y que dos días después de los reportajes fue cuando dejó de abrir.“Es una alerta enorme que tenemos que tener como demócratas. Me angustia que se estén censurando portales de comunicación que cuestionan al Gobierno”, afirmó. La confusión aumentó cuando se comprobó este mismo martes, 2 de diciembre, que el portal sí estaba accesible nuevamente. Para Miranda, este vaivén deja interrogantes sin resolver: “Si está en la lista de bloqueados desde hace años o desde octubre, ¿por qué hoy sí se puede ingresar? ¿Por qué justo cuando había escándalo no se podía?”.Ante la falta de una explicación unificada, Miranda pidió claridad sobre los criterios para determinar qué páginas se bloquean en Colombia y quién tiene la potestad final para ordenar dichas restricciones. Explicó que tanto la Policía como Coljuegos pueden solicitar bloqueos por motivos específicos —como apuestas ilegales o pornografía infantil—, pero que es el MinTIC quien ejecuta la instrucción. Su preocupación, dijo, es que estas figuras del Estado, subordinadas al gobierno nacional, puedan ser usadas con fines políticos.“Me preocuparía encontrar medios nacionales bloqueados por cuestionar al Gobierno”, concluyó.
La inesperada salida de Angie Rodríguez de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) volvió a mostrar la inestabilidad que ha acompañado al Gobierno Petro durante más de tres años. La funcionaria, considerada una de las personas de mayor confianza del presidente, recibió la petición de renuncia directa del mandatario.Rodríguez había llegado al cargo tras varias crisis en el despacho presidencial, luego de los pasos de Carlos Ramón González y Laura Sarabia, y había logrado darle algo de continuidad a una oficina marcada por los relevos. Pero en los últimos días perdió el respaldo de Petro.¿Por qué salió Angie Rodríguez del Dapre?El punto de quiebre fue la figura de José Alexis Mahecha, exdirectivo del DAS, investigado en el escándalo de las chuzadas del gobierno Uribe y absuelto hace pocos meses. Mahecha había sido nombrado en el DAPRE por Rodríguez, con quien compartía vínculos políticos a través de Guillermo Alfonso Jaramillo y el departamento del Tolima. Sin embargo, su gestión generó tensiones internas y cuestionamientos de lealtad, lo que llevó a Rodríguez a sacarlo del cargo.Pese a ello, Mahecha buscó reubicarse en el Gobierno y avanzaba hacia un puesto como secretario general en una dependencia del Ministerio de Hacienda que maneja temas de rentas, juegos e impuestos, un cargo con incidencia y conexiones sensibles, incluso por la actividad de su hijo en Coljuegos. Ante este panorama, Rodríguez decidió despublicar la hoja de vida de Mahecha para ese nuevo nombramiento, movimiento que llegó a oídos del presidente Petro y generó profundo malestar.El pulso lo ganó Mahecha. Su reencauche terminó costándole el puesto a Rodríguez, quien había consolidado un círculo de trabajo cercano con Armando Benedetti y acompañaba al presidente en agendas, reuniones y viajes oficiales.
En Bogotá, Miguel Ayala se reencontró con su padre, el también cantante Giovanny Ayala, luego de estar junto con su mánager Nicolás Pantoja secuestrados durante 15 días en el Cauca.En medio de una rueda de prensa, el joven contó detalles de la privación de su libertad que ocurrió desde el 18 de noviembre, cuando el vehículo en el que viajaban fue interceptado en la vía Panamericana por hombres armados. “Los primeros días no podíamos dormir, con miedo a que nos hicieran algo. Siempre nos dijeron que no nos iba a pasar nada. Los días pasaban muy, muy lentos, pero nunca fuimos lastimados”, contó Miguel Ayala, mientras su padre le sostenía el brazo al contar los difíciles momentos que vivió en cautiverio.Todavía con botas pantaneras, agradeció a Dios y al Gaula de la Policía Nacional por el operativo que realizaron este 2 de diciembre en la vereda Chorritos, ubicada en el municipio de La Sierra, Cauca, una zona de difícil acceso donde los secuestradores mantenían retenidas a las víctimas. En la intervención también participaron los Comandos Jungla, el GOES y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC),que permitieron sorprender a los responsables y asegurar el área para la extracción segura del Ayala y Pantoja."¡Qué Navidad tan bonita que nos da la Policía!”Giovanny Ayala también habló ante los medios de comunicación y expresó su agradecimiento hacia la fuerza pública por sus labores de investigación para así poder ubicar y rescatar a su hijo tras dos semanas secuestrado.“Qué bendición tener a nuestros muchachos de nuevo con toda la familia, qué Navidad tan bonita que nos da la Policía”, dijo.Giovanny recordó los difíciles momentos que vivió la familia ante la incertidumbre del estado de salud de su hijo y la situación en la que se podría encontrar durante la privación de su libertad.“Fueron quince días de zozobra. Si mi hijo no dormía, si pasa frío, si tenía hambre, yo estaba ahí encomendado a todos los santos para que me lo cuidaran; no soltaba este cristo del Señor de los Milagros que me regalaron encomendándome a él”, añadió.Vale recordar que en el operativo fue capturada una persona y se incautó una arma de fuego, que hará parte de las pruebas para avanzar en el proceso judicial contra los captores de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja.