La Corporación El Minuto de Dios anunció la activación de una campaña a nivel nacional con la que buscan brindar ayuda a las miles de familias damnificadas por la ola invernal en el país.Aseguraron que gran parte de la ayuda humanitaria que enviarán se concentrará en el departamento de Córdoba, el cual hasta el momento es el que presenta mayor afectación. Sin embargo, no descartan la entrega de insumos en los departamentos de Nariño, Bolívar, Urabá, La Guajira y Cauca, si lo llegan a necesitar.El Minuto de Dios señaló que estos aportes los reciben en dinero y en donaciones como alimentos no perecederos, elementos de aseo, colchonetas y frazadas.De acuerdo con reportes oficiales, hasta la fecha se registran graves pérdidas en 104 municipios que han dejado más de 69.000 familias afectadas.Si usted desea llevar alguna donación, la corporación habilitó un punto de entrega en Bogotá, en el Banco de Ropas, ubicado en la Tv 73A #82-61, barrio Minuto de Dios, en el horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana – 4:00 de la tarde y los sábados 9:00 de la mañana – 1:00 de la tarde.¿Cómo puede donar?Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa solidaria pueden realizar su donación a través de los siguientes canales:Cuenta corriente Davivienda No. 004069997585.En la página web oficial www.minutodedios.orgO comunicándose al teléfono 601 5874441 para obtener más información.¿Cuáles son los elementos que puede donar?Alimentos no perecederos: arroz, pasta, atún/sardina en lata, granos, harina, aceite, panela, avena, sal, azúcar, bebidas en polvo.Elementos de aseo e higiene: jabón de baño y de ropa, champú, crema dental, cepillos, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales (niños y adultos).Ayudas de abrigo y descanso: colchonetas y frazadas (nuevas).Finalmente, hicieron un llamado a la solidaridad de toda ciudadanía para que de esta forma la ayuda llegue a tiempo y se convierta en un alivio para aquellas personas que lo necesitan en estos departamentos.
Durante el consejo de ministros adelantado en Montería, dedicado a la emergencia de inundaciones en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro denunció que antes de la reunión del 3 de febrero en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hubo un plan para frustrar dicho encuentro.Según el mandatario, fue un general retirado de la Policía, quien, según dijo, "alguien le dio la orden" de ponerle "sustancias psicoactivas" en uno de los vehículos oficiales donde se desplaza, con el objetivo de "destruir" la crucial reunión en Washington. Aseguró, además, que más involucrados fueron retirados.El presidente también aclaró que fueron motivos de seguridad similares los que le impidieron llegar el lunes a tiempo a atender las emergencias en el Caribe. Denunció que hubo un supuesto plan para atentar contra su integridad y que el retraso fue por temor a "un ataque contra el helicóptero" en el que viajaba con sus hijos."Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten", dijo Petro desde la capital de Córdoba durante el consejo de ministros que inició en la noche del lunes y se retomó este martes.Según Petro, por eso anoche no pudo llegar a Montería, donde era esperado, ya que después de dos horas de vuelo no hubo condiciones de seguridad para el aterrizaje del helicóptero presidencial, por lo cual el aparato tuvo que volar mar adentro.El mandatario no dio detalles de su recorrido, que al parecer comenzó en la isla Gorgona, en el Pacífico, donde, según dijo en su cuenta de X, estuvo ayer antes de viajar a Montería, en la Costa Atlántica. Hasta ahora ninguna autoridad de los organismos de seguridad ha informado del descubrimiento de un supuesto plan para atentar contra el presidente.A lo largo de su mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2022, el presidente colombiano ha denunciado varias veces supuestos planes de atentado en su contra.En septiembre de 2024, por ejemplo, señaló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de terminar ese año en un atentado con un camión cargado con dinamita.
Luego de que se conociera la decisión por parte del Ministerio de Educación en la que anunció la formulación de cargos a la Fundación San José, a la rectora Romelia Ñuste Castro y al exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, así como la inspección y vigilancia permanente dentro de la institución, la reacción por parte de las congresistas que denunciaron este hecho no se hizo esperar.Para la representante Jennifer Pedraza, la decisión por parte de la cartera es insuficiente, pues aseguró que, desde marzo del 2025, el Ministerio de Educación ya venía vigilando constantemente la institución y aun así se presentó esta irregularidad de compra de títulos.“Me parece que es una buena noticia, pero aun así es insuficiente porque desde marzo del año pasado supuestamente el Ministerio de Educación ha estado vigilante de la Fundación Universitaria San José y en este trayecto en julio se les coló nada más y nada menos que una compra y venta de un título que fue el caso de Juliana Guerrero”, señaló la congresista.Asimismo, le pidió al ministro de Educación, Daniel Rojas, que organice una mesa de trabajo con estudiantes y egresados de la institución para hablar sobre las alternativas que tienen frente a la desvalorización de sus títulos universitarios.“Le diría al ministro Rojas que formalmente le hemos pedido que establezca una mesa de trabajo para que le ofrezcan alternativas a los actuales estudiantes de la San José y a los egresados que están viéndose afectados por un Ministerio de Educación negligente y que hoy sus títulos universitarios tienen muy poco valor en el mercado laboral”, agregó.Por su parte, la representante Catherine Juvinao señaló que la respuesta más sensata y que ella esperaba tomara el ministerio sería una intervención a la institución educativa.“Una medida verdaderamente drástica frente a lo que ya no es solamente un escándalo de presunta expedición de títulos irregulares, sino también de contratación posiblemente irregular con entidades públicas, como lo hemos denunciado, ameritaba mínimo una intervención”, señaló Juvinao.Además, aseguró que es “cantinflesco” que les pidan a las mismas directivas de la institución que haga planes de mejoramiento, luego de permitir la compra dentro de la institución.“Vamos a ver qué sale de los supuestos planes de mejoramiento que le van a pedir a esta institución. Pero a mí me parece casi que cantinflesco que les pidan a las mismas directivas corruptas que han cometido todos estos actos de conocimiento público que ahora se vuelvan buenas, que dejen de ser corruptas y que dejen de cometer tantas barbaridades”, concluyó.Es importante destacar que, pese a la decisión tomada por el ministerio sobre la inspección y la formulación de cargos, la cartera señaló que dichas medidas no implican el cierre de la institución, por lo que podrá continuar desarrollando sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas.
La Federación Nacional de Departamentos hizo una propuesta para atender la ola invernal que se presenta en diferentes zonas del país pero especialmente en el departamento de Córdoba.Los gobernadores piden que para atender la emergencia se utilicen los saldos no ejecutados de las regalías que son administrados por la nación.“Ante la necesidad de la declaratoria de emergencia económica y ambiental en razón de las graves inundaciones en la región Caribe y Pacífica del país, desde la Federación Nacional de Departamentos (FND), se propuso como una alternativa para la atención, mitigación y restablecimiento de las zonas afectadas, la utilización de saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías en las carteras ministeriales, que ascienden a más de 6 billones de pesos y corresponden a los recursos disponibles de Ambiente (1,5 billones) y Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) (4,6 billones)”, dice el comunicado de la federación.La propuesta se le hizo formalmente al Gobierno durante el consejo de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro en Montería. La idea la llevó a la mesa el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta."Los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que en virtud de la misma se busquen alternativas para atenderla. Lo que buscamos es una concertación con los mandatarios territoriales que permita una estrategia de recaudo efectiva, acorde con la propuesta del Gobierno nacional, sin afectar ni violar la autonomía territorial de los ya limitados ingresos de los departamentos", señaló el Gobernador Zuleta.
En respuesta a un recurso de apelación que interpuso la Fiscalía, un juzgado penal de conocimiento de Barranquilla decidió que Digno José Palomino Rodríguez, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Pepes’, debe permanecer en prisión.Este reciente fallo revocó la decisión de primera instancia que le había concedido detención domiciliaria a Digno Palomino y ordenó, en cambio, privación de su libertad en centro carcelario, tal como se lo han impuesto en otros procesos y por los cuales ha continuado recluido en la cárcel La Picaleña, de Ibagué.Vale recordar que esta nueva medida de cárcel está relacionada con la investigación que se le sigue por la presunta ejecución de 17 homicidios en Barranquilla, Soledad y Malambo, entre ellos el crimen de una comerciante.En el desarrollo de las audiencias, la Fiscalía ha expuesto testimonios de testigos que señalan a Palomino como el líder de la estructura criminal para la que trabaja el sicario que le quitó la vida a esta comerciante por no cumplir con el pago de una extorsión.Dice la Fiscalía que sí entregó las pruebas contundentes que vincularían a Digno con la banda ‘Los Pepes’ y que no se puede pretender a que tenga que accionar un arma para poder señalarlo como responsable de un homicidio.En su momento, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial también compulsó copias en contra del juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla para que se investigue una presunta actuación irregular al pretender conceder dicho beneficio de casa por cárcel a Palomino.
En un trabajo de investigación que se extendió por más de nueve meses, la Policía con el apoyo de la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturaron en el Huila a tres presuntos integrantes de la red de apoyo del frente Hernando González Acosta del bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Entre los capturados en las diligencias de allanamiento que se cumplieron en los municipios de La Plata y Gigante, se encuentra alias ‘Miguel’ o ‘Pinzas’ principal cabecilla de adelantar acciones delictivas dentro de esa organización armada ilegal que delinque en el occidente del departamento.De acuerdo con las investigaciones, los capturados habrían participado en el atentado terrorista el Jueves santo del 17 de abril del 2025 en el que fue activada una motocicleta con explosivos en inmediaciones de la estación de policía del municipio de La Plata, hecho que les causó la muerte a dos hermanos y dejó heridas a otras 30 personas.“Hoy demostramos que quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de nuestros ciudadanos no tendrán refugio ni impunidad”, indicó el general William Oswaldo Rincón, director general de la Policía Nacional.Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública.
Ya pasó un año desde que Bad Bunny estrenó Debí Tiras Más Fotos, un álbum que hizo como homenaje a todos los puertorriqueños en el mundo. Mencionado por él mismo como una carta de amor a sus propias raíces que, sin pensarlo, terminó conectando con millones de latinos en todo el planeta.Una de las canciones de este álbum que más llamó la atención fue “NUEVAYoL”, una adaptación del ‘Conejo Malo’ de “Un Verano En Nueva York”, una de las canciones más famosas de la historia del Gran Combo de Puerto Rico y una insignia de la salsa latina creada por el cubano Justi Barrero en 1975 e interpretada por la voz salsera de Andy Montañez.Ahora, un año después, esta canción revivió en una nueva generación que, en su momento, se alejó de los ritmos salseros y entró en una ola urbana que gracias a un referente de este género vuelve a conectar con los más jóvenes, algo que desde el mismo Combo de Puerto Rico agradecen y así lo manifestaron en diálogo con Blu Radio.“Para nosotros un gran honor y agradecido por, porque haya escogido la canción, no, para, para su proyecto. Y de esa manera, pues, como he dicho antes, que jóvenes que no conocían esta música, por ejemplo, Un Verano en Nueva York, aunque un verano en Nueva York es una canción que yo creo que, especialmente en Colombia, creo que desde la barriga de la madre están escuchando la canción”, mencionaron.Asimismo, contaron que “les tomó por sorpresa” cuando escucharon la adaptación por primera vez ya que el tema de los derechos es por otro lado y no fue hasta que salió no se enteraron del homenaje del ‘Conejo Malo’ a su música, pero se encuentran agradecidos por eso y por todo lo que ha hecho por volver a entonar ritmos puertorriqueños en todo el mundo.“Una de las primeras canciones que se grabaron fue “NUEVAYoL”. Estaba en República Dominicana en 2023 (…) Tengo screenshots y me enviaron una pista de rap con una base de salsa de los 70 y les mando Un Verano En Nueva York, el loco se quedó callado y luego envió un beat, esa primera parte y la segunda la trabajamos en el campamento. Fue el primer tema que se hizo, aunque no es el que despierta y crea la idea principal del álbum, sino algo que teníamos hace tiempo trabajando”, contó en su momento Bad Bunny sobre la canción en Apple Music.
Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este lunes, 9 de febrero:La tecnología que apareció en el show del mediotiempo del Super Bowl: más allá de los drones que siguieron a Bad Bunny.La tendencia de la generación del uso de las imágenes con inteligencia artificial y cómo potencian las mismas redes sociales.Cuidado con las estafas digitales. Ahora intentan suplantar plataformas de entretenimiento como Netflix y más.
El Consejo de Estado rechazó una demanda que pretendía anular la resolución 1117 del 30 de enero de 2026, con la que la Registraduría avaló la inscripción del comité promotor que busca recoger las firmas y el respaldo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Gobierno en cabeza del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.La decisión se da luego de que el alto tribunal alertara de un error, pues la demanda se hizo en contra de la resolución que aún no es un hecho definitivo si no un trámite administrativo que está en proceso. En otras palabras, no cabe recurso contra la inscripción porque es la etapa inicial y aún el comité debe cumplir otros requerimientos.Y es que para el demandante, el contenido del proyecto presentado por los promotores no es una simple iniciativa de participación ciudadana, sino que proyectaba un verdadero diseño integral de un proceso constituyente al hablar de la composición de la eventual Asamblea, las reglas de elección de delegados, límites del poder constituyente y la pregunta que sería sometida a votación.Sin embargo, el Consejo de Estado explicó que la resolución tuvo como fin verificar que se cumpliera los requisitos formales para la inscripción de un comité promotor, como la identificación de los ciudadanos, la designación de un vocero y la presentación del proyecto de articulado. Es decir, que el documento era más de carácter instrumental y no estaba avalando si la inventiva era legal o no.“En ese contexto, se tiene que la decisión de inscribir el comité promotor de una iniciativa legislativa no produce un efecto jurídico definitivo respecto del trámite iniciado, salvo que, en efecto, el plazo legal para ese propósito ya hubiere vencido, caso en el cual, si no se ha logrado completar el número de apoyos requeridos, la propuesta será archivada, tal como lo establece el artículo 1”, reseñó el fallo.El Consejo de Estado recordó finalmente que los actos administrativos, como la resolución en cuestión, sólo pueden ser demandados ante tribunales administrativos o solo podrían ser evaluados cuando están frenando un procedimiento. Y en este caso, la inscripción del comité promotor no bloquea el proceso, sino que apenas da inicio a etapas como la recolección de firmas, la verificación de apoyos ciudadanos y la eventual certificación del cumplimiento de los requisitos legales.Con este fallo, el comité promotor conformado por nueve personas, podrá continuar con la recolección de firmas a través de los formularios aprobados. Esos apoyos o firmas serán entregados nuevamente a la Registraduría para su verificación: si estas no cumplen los requisitos, la iniciativa se archiva, pero de lo contrario pasará a ser un proyecto de ley listo para radicarse y debatirse en el Congreso, que tendrá la palabra final.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional confirmó que José Raúl Moreno, actual jefe de Despacho de la Presidencia, quedará como ministro encargado del Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad).Hay que recordar que Moreno había sido nombrado oficialmente como jefe de Despacho de la Presidencia mediante el Decreto 1424 de 2025, firmado el martes 24 de diciembre. El documento fue suscrito por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y confirmó su llegada al cargo, según informó la Unidad Nacional de Protección (UNP).El nombramiento se da luego de que el pasado 15 de enero, el mandatario solicitara la carta de renuncia al entonces ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, marcando un nuevo ajuste dentro del equipo de Gobierno.La designación de Florián en el Ministerio de Igualdad y Equidad generó una gran polémica en su momento y causó y a su vez un debate jurídico, el Tribunal estudió al menos 3 demandas que pedían tumbar esa designación y uno de los argumentos es la Ley de Cuotas en los cargos públicos.Una de las demandas, por ejemplo, señalaba en su momento que el nombramiento vulneraba dicha ley porque exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno sean ocupados por mujeres y, según el demandante, Florián no cumplía con esa condición.Ahora, con este nuevo encargo, José Raúl Moreno asume la dirección de una de las carteras más polémicas del Gobierno.
El próximo 23 de enero, en Nueva York, se realizará una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que Colombia participará como miembro no permanente, mandato que asumió recientemente. Para este encuentro, la canciller Rosa Villavicencio viajará a Estados Unidos tras obtener una visa especial, gestionada con el apoyo de la Embajada de EE. UU. en Colombia.De acuerdo con fuentes diplomáticas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, facilitó las gestiones necesarias para que la ministra obtuviera el permiso de ingreso, luego de que el gobierno de Donald Trump retirara la visa a Villavicencio, al presidente Gustavo Petro y a varios funcionarios cercanos al mandatario colombiano.La decisión de retirar las visas se produjo en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, marcadas por diferencias políticas y declaraciones cruzadas, una de ellas la del presidente Petro pidiéndole al Ejército de EE. UU. que no siguiera las órdenes de Trump.La visa otorgada a la canciller no será utilizada únicamente para la sesión del Consejo de Seguridad. Villavicencio también la empleará para su viaje a Washington el próximo 1 de febrero, con el objetivo de preparar la reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump, prevista para el 3 de febrero.Ese encuentro es considerado clave para recomponer la relación entre ambos países y abordar temas como cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y la agenda regional.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
Las capitales de Colombia y los departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia económica de Petro: dicen que “elude los límites democráticos”El pasado 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) formalizó una solicitud a la Corte Constitucional para que suspenda de manera inmediata el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país. La petición se fundamenta en los posibles efectos jurídicos graves e irreparables que, según la organización, pueden afectar a los sectores económicos gravados por las medidas tributarias adoptadas bajo el amparo del decreto, medida considerada por la asociación como carente de “fundamento constitucional válido”.Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, habló en Blu Radio sobre esta situación y la posición del gremio."Asocapitales tomó la decisión de acompañar esta medida porque creemos que estos decretos de emergencia económica no son procedentes. Lo que hemos solicitado es la suspensión temporal, acompañando y coadyuvando esta iniciativa inicial que tomó la ciudad de Medellín", indicó Santamaría.Asimismo, dijo que "el caso que ha fundamentado el Gobierno nacional no es un caso sobreviniente, sino por lo contrario, porque está fundamentada en una crisis fiscal ya conocida de tiempo atrás".Santa María calificó de "ilógico" que el Gobierno declare una crisis de excepción mientras promueve simultáneamente un aumento del 23% en el salario mínimo."Es muy ilógico que se esté promoviendo un aumento también del salario mínimo del 23% y, al mismo tiempo, se esté diciendo y mandando el mensaje que se necesita una excepción de crisis económica en el país", manifestó.Desde Asocapitales, Santamaría advierte que el uso de mecanismos excepcionales para resolver problemas de planeación presupuestal sienta un antecedente perjudicial para el país. "Cada vez que haya una situación que no pudo regular el Ejecutivo, pues acude a un mecanismo excepcional", criticó el director Santa María.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno del presidente Gustavo Petro está en el centro de una nueva polémica por la decisión de revivir un acuerdo comercial con Brasil que, según denunció la senadora Paloma Valencia, ha perjudicado gravemente a la industria automotriz colombiana.La congresista aseguró que esa decisión habría sido tomada para asegurar la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la cumbre de la Celac realizada en noviembre de 2025 en Santa Marta.De acuerdo con Valencia, en 2017 Colombia y Brasil firmaron un acuerdo para el comercio de vehículos sin aranceles, conocido como el Apéndice 5.1 del ACE-72. Sin embargo, Brasil habría modificado sus reglamentos técnicos internos, impidiendo en la práctica el ingreso de vehículos colombianos a su mercado, pese a que cerca del 19 % de los carros que se venden en Colombia provienen de ese país.La senadora afirmó que esta situación generó un fuerte desbalance comercial. Mientras entre 2018 y 2025 Colombia exportó a Brasil, en promedio, apenas 1,5 millones de dólares en vehículos, las importaciones desde ese país superaron los 775 millones de dólares.En paralelo, la industria automotriz nacional sufrió una fuerte caída. Según cifras citadas por Valencia, la producción pasó de 123.615 vehículos en 2018 a 30.736 en 2024, una reducción del 75 %. Además, la participación de vehículos producidos en Colombia cayó del 32 % en 2014 al 8 % en 2024, año en el que General Motors Colmotores cerró sus operaciones en el país.Por estas asimetrías, en septiembre de 2024 el propio Gobierno Petro, a través del entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció el retiro de Colombia del acuerdo, decisión que debía hacerse efectiva un año después. No obstante, días antes de la cumbre de la Celac, el Gobierno suspendió esa denuncia y revivió el acuerdo.Según la senadora Valencia, la razón fue política: la cumbre no contaba con la asistencia de mandatarios de peso y el Gobierno necesitaba una presencia relevante. Con esta decisión, Brasil podrá seguir vendiendo hasta 50.000 vehículos al año en Colombia sin aranceles, mientras la producción nacional continúa en caída.La información detallada por Valencia es oficial, es decir, proviene del mismo Gobierno, específicamente de la respuesta a un derecho de petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Los recursos para atender la crisis por lluvias en el país dependen de la decisión que adopte la Corte Constitucional frente al decreto de emergencia económica, según afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. El funcionario indicó que el Gobierno nacional fijó plazo hasta el miércoles 11 de febrero para que se reactive la medida, con el fin de garantizar financiación para las acciones de atención.Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó los alcances del nuevo decreto que prepara el Ejecutivo. Señaló que, tras la suspensión provisional de las medidas adoptadas en la anterior emergencia económica, estas no pueden repetirse en un nuevo acto administrativo.Ante ese escenario, el Gobierno plantea enfocar la nueva emergencia en la obtención de recursos a través de una medida tributaria. La propuesta consiste en la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con un esquema progresivo que excluye a las pequeñas y medianas empresas.De acuerdo con el ministro de Hacienda, el gravamen se aplicaría a patrimonios líquidos a partir de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos. Para ese rango, la tarifa sería del 0,6 %, mientras que los patrimonios que superen las 600.000 UVT tendrían una tarifa del 1,2 %.El Gobierno sostiene que esta medida busca asegurar recursos para la atención de la emergencia, mientras se define la situación jurídica del decreto ante la Corte Constitucional.El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias requerirá hasta 8 billones de pesos. Para financiar esa intervención, el Gobierno evalúa la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con carácter progresivo, una medida que, según explicó, busca obtener recursos sin afectar a las pequeñas y medianas empresas.
Lo que durante años fue sinónimo de miedo, control armado y despojo para 619 hectáreas de tierra rural, ubicadas en los municipios de San Luis y Guamo, Tolima, ahora serán una nueva oportunidad para comunidades campesinas, víctimas del conflicto, como parte de los procesos de Reforma Agraria que adelanta el Gobierno Nacional.Se trata de predios que, según registros oficiales del Fondo de Reparación para las Víctimas, estuvieron presuntamente vinculados al Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que hoy ingresan a un proceso institucional orientado a su uso social, productivo y reparador.La Agencia Nacional de Tierras (ANT) lideró la recuperación y administración de estas tierras, que, por décadas, estuvieron marcadas por la violencia, el desplazamiento forzado y la informalidad en la tenencia. Los predios El Paraíso y El Jardín, en Guamo, y Guamal, en San Luis, suman en conjunto las 619 hectáreas que ahora tendrán un nuevo propósito: producir alimentos y garantizar acceso a la tierra a familias campesinas.Según Javier Marín, experto grado 6 de la Dirección General de la ANT, este proceso representó un giro histórico para el territorio. “Estos predios provienen del Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas y hacen parte de los procesos que adelanta la Agencia Nacional de Tierras para avanzar en su entrega a comunidades campesinas, en el marco de la Reforma Agraria”, explicó.Marín precisó que uno de los predios más representativos está ubicado en San Luis, con una extensión superior a las 370 hectáreas, y que habría sido señalado en procesos judiciales como un punto estratégico del Bloque Tolima. “Hoy ese mismo predio deja atrás su pasado ligado a la guerra y pasa a manos de campesinos y víctimas del conflicto, con fines productivos y de reconstrucción del tejido social”, señaló.La recuperación de estas tierras se sumó a otros procesos similares en el departamento. Con estas 619 hectáreas, el Tolima alcanza 1.374 hectáreas recuperadas para la Reforma Agraria, consolidando una de las apuestas centrales del Gobierno para saldar la deuda histórica con el campesinado.Desde la ANT se reiteró que estos procesos no solo buscan devolver la tierra, sino transformar territorios golpeados por la violencia en espacios de producción, arraigo y paz rural. Para las comunidades campesinas, el paso de estos predios a manos legales representa la posibilidad de reconstruir proyectos de vida y fortalecer la economía del campo.
La senadora Aida Quilcué fue rescatada este martes tras un operativo de presión civil y militar en la zona rural del departamento del Cauca. La congresista, que había sido interceptada por hombres armados en jurisdicción del municipio de Totoró, ya se encuentra bajo la protección de la Guardia Indígena y en proceso de traslado hacia la ciudad de Popayán para reencontrarse con su familia.Detalles del rescate de la senadora Aida QuilcuéEl operativo de liberación se concentró en el páramo de Guanacas, una zona de difícil acceso ubicada en la parte alta del municipio de Inzá. Según confirmó el alcalde del municipio, Delio Trujillo, la recuperación de la libertad de la líder indígena fue resultado de una acción coordinada. "La presión de la ciudadanía, de la guardia y las autoridades indígenas, en conjunto con la fuerza pública, sirvió", señaló el mandatario local.La senadora fue hallada junto a los dos integrantes de su esquema de seguridad en un sector donde la comunicación por señal de celular o radio es inexistente. Tras el contacto inicial, se reportó que Quilcué se encuentra en buen estado físico. "Hablé con ella, estaba tranquila, estaba bien, por lo menos en su voz", añadió el alcalde.Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), advirtió sobre la peligrosidad del sector donde ocurrió el incidente. "Es una zona bastante complicada en la que ya se han dado varios hechos anteriores", explicó el vocero, subrayando que el área es escenario recurrente de afectaciones contra comuneros y ciudadanos.Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué grupo armado ilegal estuvo detrás de la retención. La congresista será trasladada a un centro asistencial para una valoración médica detallada mientras los organismos judiciales inician las investigaciones para esclarecer los móviles del secuestro.
Más de 70 niños y niñas de zonas rurales del Catatumbo, en Norte de Santander, estrenarán mejores espacios para estudiar. El Ministerio de Educación, en articulación con Findeter, entregó este domingo varios proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa en tres municipios de la región, con una inversión total que supera los 1.800 millones de pesos.Las obras se realizaron en Teorama, Hacarí y San Calixto, territorios históricamente golpeados por el conflicto y por las dificultades de acceso a servicios básicos. En total fueron destinados $1.839 millones para la adecuación de aulas, cocinas y comedores escolares, cubiertas, baterías sanitarias, zonas exteriores, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de dotación básica de mobiliario.En Teorama se intervino la Institución Educativa – Sede Pulpitos, ubicada en zona rural del municipio. Allí se invirtieron cerca de $279 millones en trabajos que se ejecutaron entre julio y diciembre de 2025 y que beneficiarán directamente a cinco estudiantes de la vereda.Por su parte, en Hacarí se desarrollaron dos proyectos. El primero se llevó a cabo en la Institución Educativa – Sede El Cerro, donde se invirtieron aproximadamente $680 millones para mejorar las condiciones de estudio de 13 alumnos. El segundo correspondió a la Institución Educativa El Valle, que recibió adecuaciones por $410 millones y beneficia a 17 estudiantes.En el municipio de San Calixto también hubo buenas noticias. Allí se entregaron las obras en la Institución Educativa Quebrada Azul, que atiende a 36 estudiantes de la zona rural y que contó con una inversión cercana a los $470 millones.Según el Ministerio de Educación, estas intervenciones buscan cerrar brechas históricas en el acceso y la calidad educativa en regiones apartadas del país, garantizando espacios dignos para el aprendizaje.Con estas entregas, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso con el fortalecimiento de la educación rural en el Catatumbo y con el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades educativas de Norte de Santander.
A través de un plan candado y en una persecución de película la Policía de Tránsito detuvo a un camión que había sido hurtado cargado con más de 120 bultos de sal en el sector conocido como Bajo Sartenejo, en la vía principal que comunica al municipio de Garzón con Neiva.Minutos después, los uniformados motorizados lograron la captura de otras cuatro personas involucradas en el hurto del automotor de carga, cuando se movilizaban en dos automóviles particulares en inmediaciones del centro poblado de La Jagua en la vía Garzón – Pitalito.“Hemos capturado a seis delincuentes, quienes en plena vía nacional Ruta 45 habían hurtado un camión con la mercancía que llevaba, las dos personas propietarias de la carga, de inmediato dieron aviso a la policía de Garzón, se coordinó con policía de carreteras y con los comandantes de las estaciones de policía de Gigante y Altamira y se logró la captura de estos delincuentes” indicó el coronel Javier Alberto Duarte, comandante de Policía Huila.De acuerdo con las autoridades, el vehículo hurtado y recuperado es un camión de estacas marca HINO línea FC500, color blanco, avaluado en aproximadamente 150 millones de pesos, mientras que los 120 bultos de sal estarían avaluados en la suma de 12 millones de pesos.Los seis capturados identificados como Juan Camilo Gómez, Luis Fernando Vivas, Gisela Juliana, Maicol López, Alexis Mosquera y Fredy Varón, fueron imputados por la Fiscalía por el delito de hurto calificado y un Juez de Control de Garantías de Garzón, Huila, les impuso medida privativa de la libertad en centro penitenciario. La mujer tendrá casa por cárcel.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El presidente Gustavo Petro presentó el diseño del nuevo pasaporte colombiano, asegurando que este documento se posicionará entre los cuatro más seguros a nivel global. Durante un consejo de ministros, el mandatario exhibió la primera imagen de la libreta, señalando que la actualización es el resultado de una reestructuración profunda en el modelo de contratación para erradicar presuntas irregularidades.El jefe de Estado vinculó la transformación del documento con el fortalecimiento de la soberanía tecnológica. "Pedí que la imprenta nacional estuviera al servicio. Ya tenemos el pasaporte", afirmó Petro, resaltando que la seguridad será el pilar fundamental de esta nueva versión. Según el mandatario, el nivel de protección de los datos permitirá que Colombia destaque en el escalafón internacional por la calidad de su identificación migratoria.Petro también denunció intentos de sabotaje al proceso, relacionando la emisión del pasaporte con el control de softwares sensibles en el país. "Esto lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia", sostuvo. El presidente advirtió que la transparencia en los algoritmos es clave para evitar fraudes, añadiendo que la reforma en la contratación "casi le cuesta la cárcel".Finalmente, el mandatario evitó profundizar en detalles técnicos para no incurrir en faltas legales.
Tras la incertidumbre generada por cuenta de un "tercer frente frío" al país, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry, aclaró el panorama climático para las próximas semanas. En diálogo con Mañanas Blu, la funcionaria explicó que, si bien existe una masa de aire frío descendiendo desde el hemisferio norte, su impacto sobre el territorio nacional será mínimo o nulo, ya que el fenómeno se encuentra actualmente saliendo de la zona de incidencia.Impacto del tercer frente frío en el territorio nacionalDe acuerdo con la directora Echeverry, este tercer frente frío es una masa de aire proveniente del norte global, un fenómeno usual durante el invierno del hemisferio norte. Sin embargo, a diferencia del frente que causó estragos a principios de febrero, este nuevo evento no generará alteraciones significativas en los patrones de vientos ni aumentos drásticos en las precipitaciones para Colombia.La funcionaria enfatizó que el frente ya está transitando hacia la primavera, lo que reduce la probabilidad de que afecte al trópico con la misma fuerza que los eventos anteriores. "Estamos viendo que ya sale de la zona de incidencia del territorio y que no vamos a tener picos de precipitación asociados", aseguró Echeverry, mencionando que solo podrían presentarse algunas alteraciones menores en el archipiélago de San Andrés.¿Por qué ha sido tan intenso el clima recientemente?El clima en Colombia ha mostrado un comportamiento inusual debido a una "suma de muchos factores". La directora señaló que la intensidad de los frentes fríos este año ha sido histórica, citando como ejemplo el registro de 0 grados en Matanzas, Cuba, algo sin precedentes. En el caso colombiano, el frente frío de inicios de febrero se encontró con un océano Pacífico aún frío y otros fenómenos como la oscilación de Madden-Julian y bajas presiones en el Caribe, lo que exacerbó las lluvias.Fecha estimada para la normalización del clima en febreroPara quienes esperan un respiro de las lluvias, el Ideam trae noticias alentadoras. Se espera que en las últimas semanas de febrero las condiciones climáticas comiencen a alinearse con los promedios históricos, lo que significa una disminución de las precipitaciones, especialmente en la región Caribe. No obstante, se advirtió que regiones como el Pacífico continuarán con lluvias, dado que es su comportamiento climatológico normal durante todo el año.Temporada de lluvias y alertas vigentes para marzoA pesar de la tregua esperada a finales de febrero, la directora advirtió que esta será corta. Colombia se prepara para el inicio de la temporada de más lluvias, que suele instalarse entre marzo y junio para las regiones Andina y Caribe. Por esta razón, las alertas hidrológicas se mantienen vigentes, ya que los suelos saturados y los caudales altos en embalses y ríos podrían generar inundaciones ante cualquier precipitación continuada.Escuche aquí la entrevista:
Colombia amaneció este martes 10 de febrero de 2026 con una nueva señal de alerta en materia de corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción, presentado por Transparencia Internacional, mostró que el país volvió a caer en el ranking global, una tendencia que, según expertos, ya no es coyuntural sino estructural.En entrevista con Mañanas Blu, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, fue directo al describir el panorama: “Hay una tendencia grave de caída”. Colombia perdió dos puestos frente al año pasado y acumula un descenso de 12 posiciones desde 2023.Índice de corrupción en Colombia: una caída que no se detieneHernández explicó que el retroceso responde a múltiples factores evaluados por fuentes internacionales. “Las fuentes miran el alcance de la corrupción en el gobierno, en el Congreso, en la justicia”, señaló, y advirtió que esa mirada externa coincide con lo que se vive dentro del país.Según el directivo, los escándalos recientes no solo son más frecuentes, sino más complejos. “Cada vez generan mayor impacto y, lastimosamente, aún tienen una tarea muy grande por delante en términos de sanción”, afirmó. Para el experto, la percepción internacional refleja lo que sienten muchos ciudadanos en su vida diaria.Expectativas altas y resultados bajos en la lucha anticorrupciónUno de los puntos clave, dijo Hernández, fue el contraste entre las expectativas y los resultados. “Se generó una gran expectativa al inicio del gobierno y eso se marcó en el índice”, recordó. En 2023, Colombia alcanzó 40 puntos sobre 100, pero desde entonces la tendencia ha sido descendente: 39 puntos en 2024 y 37 en la medición actual.“El deterioro es muy preocupante. Hay acciones que no se han tomado y que necesitan mucha urgencia, liderazgo y capacidad para generar resultados”, subrayó.Corrupción global y debilidad de los controlesEl índice también muestra un deterioro a nivel mundial, especialmente en América Latina y África. Para Hernández, esto responde a la falta de liderazgo global y a la persistencia de flujos financieros ilícitos. “Los estándares internacionales están dejando de implementarse”, advirtió.En el plano interno, señaló que los órganos de control tienen un reto enorme. “La expectativa es grande, los resultados no son suficientes”, dijo, al insistir en que Colombia sigue reaccionando tarde, cuando los recursos ya se perdieron.Con 182 países evaluados, Colombia ocupa hoy el puesto 99, por debajo de la mitad del ranking. Un resultado que, más allá de la cifra, confirma una percepción que sigue pasando factura dentro y fuera del país.
Las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ han consolidado en el Cauca uno de sus principales bastiones armados a través del denominado Bloque Occidental Jacobo Arenas, una estructura que articula frentes rurales, urbanos y corredores estratégicos hacia el Pacífico. De acuerdo con información de inteligencia, esta facción mantiene una presencia activa y violenta en amplias zonas del departamento, con capacidad para ejecutar atentados, controlar economías ilícitas y ejercer presión directa sobre la población civil.En la cúspide del Bloque Occidental aparece Iván Jacobo Idrobo, alias ‘Marlon’, identificado como el principal cabecilla y uno de los hombres más peligrosos del suroccidente colombiano. Su historial incluye asesinatos de líderes sociales, reclutamiento forzado de menores y expansión territorial en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Bajo su mando delinque un aparato armado con fuerte énfasis en acciones terroristas, uso de explosivos y guerra con uso de drones.Uno de los hombres clave del bloque es Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Viejo Dionisio Rayo’, ideólogo y explosivista, señalado de haber participado en el ataque con morteros contra el Palacio de Nariño en 2002. Actualmente, coordina acciones simultáneas, incluyendo el uso de drones y vehículos cargados con explosivos, lo que ha elevado el nivel de amenaza contra la Fuerza Pública y la población civil en el Cauca.En el componente financiero aparece Geovanny Gómez, alias ‘Mahecha’, cabecilla de finanzas, quien articula el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal. Su estructura controla producción y rutas de cocaína con destino a mercados internacionales, además de lavado de activos mediante inversiones en bienes y negocios, lo que sostiene la operación armada en municipios caucanos clave.En el territorio caucano delinquen varias estructuras subordinadas. La estructura ‘Jaime Martínez’, bajo el mando de alias ‘Jairo Ramírez’ o ‘Jairito’, concentra su accionar en Suárez, Buenos Aires, Morales y Cajibío, controlando corredores hacia el Pacífico y regulando economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el mercado de marihuana. Esta facción ha ejecutado ataques con explosivos y drones, generando desplazamientos forzados y un esquema de “gobernanza armada” sobre comunidades rurales.Otra de las estructuras más violentas es la ‘Dagoberto Ramos Ortiz’, liderada por Alex Vitongo Andela, alias ‘David’ o ‘Mípez’, responsable de atentados con carros bomba, asesinatos selectivos de líderes sociales y reclutamiento forzado de menores. Su influencia se extiende por municipios del norte del Cauca, donde también cobra “peajes” al narcotráfico y mantiene secuestros y extorsiones sistemáticas.En el sur del departamento actúa la estructura ‘Carlos Patiño’, comandada por Jhon Alexander Jiménez, alias ‘Zamora’, señalada de secuestros masivos, incluido el plagio de 29 uniformados, ataques en El Plateado, Argelia, El Tambo y Patía, así como asesinatos de líderes sociales y menores que se negaron a ser reclutados. Su financiación proviene principalmente del tráfico de cocaína y la extorsión a campesinos y comerciantes.A estas se suman la estructura ‘Andrés Patiño’, con presencia en el macizo colombiano y municipios como Bolívar y La Vega; y la estructura 30 ‘Jhonnier Toro Arenas’, responsable de atentados en Timbiquí y desplazamientos masivos en la costa pacífica caucana. Ambas combinan acciones terroristas, reclutamiento de menores y control de economías ilícitas, ampliando la presión armada sobre comunidades rurales e indígenas.El documento también advierte sobre la articulación de estas estructuras con frentes urbanos y con otros bloques, lo que refuerza la capacidad de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ para sostener una ofensiva prolongada. En el Cauca, este entramado criminal se traduce en violencia persistente, control territorial ilegal y un impacto directo sobre la seguridad y la vida cotidiana de la población civil, que sigue atrapada entre el miedo, el desplazamiento y la ausencia efectiva del Estado.