La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca lamentaron los hechos de violencia registrados este lunes en el CAN y se comprometieron a no bloquear edificios públicos.Durante más de seis horas se desarrolló una reunión entre los voceros de los 40 consejos comunitarios, que llegaron a la capital desde el domingo, y delegados del Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República.Como resultado del encuentro, se acordó la instalación formal de una mesa de diálogo que articulará a 20 entidades del Gobierno nacional para avanzar en soluciones a las demandas de la comunidad durante tres días consecutivos.Asimismo, se pactó el cese de los bloqueos luego de que este lunes se registrara la retención de al menos 1.300 funcionarios públicos de cuatro entidades, entre ellas, los ministerios de Educación y Minas; la sede de la Agencia Nacional de Tierras, el Dane y el resto complejo del Centro Administrativo Nacional, CAN.Fuentes confirmaron que las comunidades se comprometieron a permitir el ingreso de trabajadores a las instituciones mientras avanzan las conversaciones. Incluso, algunos campesinos ya habrían empezado a abandonar las instalaciones de la Universidad Nacional.En la jornada inicial se alcanzaron acuerdos preliminares en materia agrícola. Este martes continuaban las negociaciones.La agenda de negociación incluye temas como condiciones de seguridad, inversión social, fortalecimiento del sector agrícola, mejoramiento de vías e infraestructura y acceso a la educación, entre otros puntos prioritarios para las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca.La mesa cuenta con la mediación de la Defensoría del Pueblo y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de garantizar transparencia, respeto por los derechos fundamentales y avances concretos en favor de las comunidades.
Durante el consejo de ministros de la noche de este lunes, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió al caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció mientras esperaba un medicamento para la hemofilia.“El caso de Kevin, desafortunado, por supuesto. La información que tenemos es que tuvo un accidente cráneo encefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia, pues, tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave”, dijo Jaramillo.Es importante recordar que la madre de Kevin ha dicho que al menor no se le dio un tratamiento oportuno ni adecuado. El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema durante el consejo de ministros.“¿Y qué es lo que hemos hecho? Prevenir. O sea, el esfuerzo está en prevenir. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar, obviamente, la familia. si se educa más pues está en mejores condiciones de prevenir. Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la a la bicicleta pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo Petro."No hay una crítica alrededor de la atención. Esto es a investigar, a fondo, la causa por la cual no le dieron el medicamento hay que investigarlo. Porque hay personas responsables individuales que no fueron suficientemente eficaces, la cuestión financiera no es obstáculo, porque sí hay fondos", añadió el presidente.Cabe recordar que, después de las 4 de la tarde de este lunes, habitantes de Charalá, Santander, despidieron al niño de 7 años que murió esperando un medicamento en un centro de salud de Pitalito, en Huila, a donde fue remitido de urgencia.“Cada vez que iba a reclamar, me decían ‘espere’. Mientras tanto, mi hijo estaba sin tratamiento, hoy lo estoy velando, mi niño está en una caja, y sólo lo trasladaron por que yo en medio de videos y llamadas pedí ayuda a la gente a través de medios de comunicación”, recordó, con la voz quebrada, la madre de Kevin.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El consolidado nacional de eventos por lluvias entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 16 de febrero, reporta 165 emergencias registradas en 18 departamentos y 123 municipios del país, con un total de 83.773 familias y 169.721 personas afectadas.De acuerdo con el informe, las lluvias han impactado 111.309 hectáreas y han provocado la destrucción de 1.101 viviendas, mientras que otras 17.020 presentan averías. Los eventos más recurrentes corresponden a movimientos en masa, con 71 casos, seguidos de inundaciones, con 61 reportes, y crecientes súbitas, con 19.El departamento de Córdoba concentra el mayor número de familias afectadas, con 59.703 registros. Le siguen La Guajira, con 11.286; Antioquia, con 3.907; Chocó, con 3.393; y Magdalena, con 2.827, según el consolidado oficial.La entidad señaló que el seguimiento a las emergencias se mantiene en coordinación con autoridades territoriales, mientras avanzan las acciones de respuesta y atención a las comunidades afectadas en las zonas reportadas.
De acuerdo con la comunicación enviada a los usuarios el pasado fin de semana, Movistar aclaró que hace parte del grupo Millicom, pero que esto no afecta los servicios ni los derechos de sus clientes bajo la legislación colombiana. Millicom informó que Tigo y Movistar seguirán operando como marcas independientes, al menos mientras se completan los trámites regulatorios derivados de la integración autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).La resolución 94169 de 2025 de la SIC avaló la integración empresarial entre ambas compañías, pero dejó claro que el proceso de convergencia comercial y eventuales cambios de marca estará sujeto a condiciones y tiempos adicionales. Por ahora, la indicación a los usuarios es no adelantar ningún tipo de trámite: no cambiar la SIM, no actualizar contratos ni modificar planes de manera preventiva. La empresa remarcó que cualquier ajuste futuro en la marca o en la oferta será informado de forma oficial y con suficiente anticipación a los clientes. En paralelo, la integración comercial ya está en marcha, lo que permitirá coordinar estrategias entre Tigo y Movistar sin que ello suponga, en esta etapa, la desaparición inmediata de la marca Movistar.¿Qué pasará con los usuarios de Movistar?Para los clientes, el mensaje central es de continuidad: no habrá cambios inmediatos en los servicios contratados ni se exigirán trámites adicionales por efecto directo de la operación. Los usuarios seguirán siendo clientes de Movistar, mantendrán las mismas condiciones contractuales y no se prevén modificaciones en planes, precios o beneficios únicamente por la integración con Tigo. La SIC estableció condicionamientos para proteger la competencia y a los consumidores, entre ellos exigencias de transparencia en ofertas empaquetadas y límites a prácticas comerciales que puedan afectar a operadores más pequeños.A mediano y largo plazo, Millicom proyecta aprovechar la escala del nuevo grupo para acelerar el despliegue de redes 5G, ampliar la cobertura de fibra óptica y lanzar paquetes convergentes más agresivos que integren servicios móviles y del hogar. Ese reforzamiento posiciona al bloque Tigo–Movistar con más de 40 millones de líneas móviles, muy cerca del liderazgo que hoy ostenta Claro en el mercado colombiano. En cualquier escenario futuro de unificación plena bajo la marca Tigo, la transición deberá pasar por nuevas evaluaciones de las autoridades y del mercado, por lo que, por ahora, Movistar continuará operando con su nombre y canales habituales.Telefónica sale y Millicom toma el controlLa integración se produce tras la venta del 67,5% de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (Movistar Colombia) que Telefónica Hispanoamérica tenía en el país, operación que se cerró en 2026 por unos 214 millones de dólares. Con ello, Telefónica pone fin a más de dos décadas de presencia directa en Colombia, período en el que fue protagonista de la modernización de la telefonía móvil, fija y, más recientemente, de la introducción de tecnologías de quinta generación. Esta desinversión se enmarca en la estrategia global del grupo español de reducir su exposición en Hispanoamérica para concentrarse en mercados como España, Alemania, Reino Unido y Brasil.Millicom, matriz de Tigo y con sede en Luxemburgo, consolida así su posición como segundo gran operador del país, al reunir bajo su control las operaciones de Tigo y Movistar. El nuevo mapa competitivo queda dominado por tres grandes jugadores —Claro, el bloque Tigo–Movistar y otros operadores de menor tamaño— en un contexto de alta concentración que seguirá bajo la lupa de las autoridades para evitar efectos adversos sobre tarifas, calidad y opciones de servicio para los usuarios
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
La marca japonesa Mazda se posicionó como la marca de carros más segura del mundo en la nueva evaluación “Safety Verdict” publicada por Consumer Reports, superando incluso a fabricantes tradicionalmente asociados con la seguridad como Volvo.El nuevo informe ofrece un análisis integral sobre qué tan seguros son los vehículos modernos. No solo evalúa la protección en caso de choque, sino también el comportamiento en emergencias, las tecnologías de asistencia al conductor que vienen de serie y la facilidad de uso de los controles interiores.Según Consumer Reports, las marcas mejor calificadas son aquellas que no solo protegen en caso de accidente, sino que también ayudan a evitarlo.¿Qué modelos respaldan la reputación de seguridad de Mazda?Mazda ha obtenido múltiples reconocimientos en seguridad, incluyendo casi un conjunto completo de premios Top Safety Pick+ del IIHS, la calificación más alta de esa agencia.Modelos como el Mazda CX-70 registran puntuaciones casi perfectas tanto en evaluaciones del IIHS como de la NHTSA.Jennifer Morrison, directora de Seguridad Vehicular de Mazda North American Operations, afirmó que el reconocimiento refleja el trabajo de sus equipos globales para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y una dinámica de conducción destacada en cada modelo.“La seguridad es un pilar fundamental de la filosofía de Mazda, y nos honra el reconocimiento de Consumer Reports a nuestro compromiso inquebrantable de proteger a conductores, pasajeros y a todos los actores en la vía. Este reconocimiento refleja el trabajo de nuestros equipos globales de ingeniería para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y un desempeño dinámico sobresaliente en cada modelo”, puntualizó Morrison.Sin embargo, queda la duda de si el nuevo Mazda CX-5, que adoptará una interfaz más centrada en pantallas en Estados Unidos, mantendrá esta reputación, dado que Consumer Reports criticó precisamente este tipo de sistemas en otras marcas.¿Cuáles son las marcas de carros más seguras en 2026?El informe concluye que la seguridad moderna va más allá de resistir un impacto: también depende de evitar el accidente y ofrecer una experiencia de conducción que no distraiga al conductor.MazdaGenesisAcuraLincolnHyundaiHondaNissanAudiSubaruKia¿Cómo evalúa Consumer Reports la seguridad de los carros?Consumer Reports adoptó un enfoque más amplio para medir la seguridad vehicular.Nivel “Basic”Incluye vehículos que cumplen con los estándares federales de seguridad de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).Nivel “Better”Aquí se evalúan:Pruebas de manejo y frenadoCalificación Good o Acceptable en la prueba de choque frontal con pequeño solapamiento del IIHSAl menos Acceptable en la prueba de choque lateralSi la tracción delantera o total es estándar, lo que mejora el manejo en lluvia, hielo o nieveTambién se otorgan mejores puntajes a vehículos con un peso mínimo de 1.3 toneladas, ya que los autos más livianos presentan mayor riesgo en caso de colisión.A pesar de esto, Mazda superó a otras marcas aunque el Mazda MX-5 Miata es uno de los pocos vehículos con tracción trasera estándar y un peso inferior a 2.500 libras.¿Qué exige el nivel “Best” en seguridad?En el nivel más alto, Consumer Reports analiza:Qué tan distractivos son los sistemas de infoentretenimiento y los controlesSi el frenado automático de emergencia, la alerta de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado trasero son estándarCalificación Good en la prueba de choque lateralAl menos Acceptable en la prueba frontal de solapamiento moderadoMarcas como Tesla y Volvo obtienen buenos resultados en pruebas de choque, pero fueron penalizadas en el estudio por controles interiores considerados distractivos.Emily A. Thomas, directora asociada de seguridad automotriz en Consumer Reports, explicó:“Un carro seguro tiene un manejo y frenado predecibles en la conducción diaria y en emergencias, controles que no distraigan, tecnología que pueda prevenir un choque en primer lugar y un diseño que proteja a los ocupantes si ocurre un accidente”.
Al menos 25 familias de la vereda Bambú, en el municipio de Rionegro, permanecen en riesgo tras un deslizamiento de gran magnitud que ya arrasó cerca de 10 hectáreas de montaña y amenaza con represar una quebrada, lo que podría generar una avalancha.La emergencia se registró en las últimas horas en este sector rural, donde la remoción en masa descendió por la ladera llevándose a su paso cultivos y cobertura vegetal. El movimiento de tierra avanzó hasta una fuente hídrica, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante la posibilidad de que el cauce quede completamente obstruido.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana, confirmó que desde la administración municipal se activaron medidas preventivas para reducir el riesgo.“Estuvimos en el Bambú, atendiendo de primera mano las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra en masa. Desde la Gestión del Riesgo Municipal activamos el acompañamiento inmediato y continuaremos realizando monitoreo constante para garantizar la seguridad de nuestras familias”, señaló el mandatario.Según explicó, las autoridades locales trabajan de manera articulada con la comunidad para evaluar los daños, identificar puntos críticos y definir posibles evacuaciones si el terreno continúa inestable.José Izaquita, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bambú, relató los instantes de pánico que vivieron cuando comenzó la emergencia.“Se escucharon unos ruidos, unos truenos, como detonaciones. La tierra empezó a sonar y a bajar la montaña. Sonaban los palos y la red de alta tensión se escuchaba como si explotara. Eso iba bajando con fuerza”, narró.Ante el avance del derrumbe, Izaquita alertó a los vecinos para que salieran de sus viviendas. “Empecé a llamar a la gente para que salieran de las casas. El problema es que está tapando el río. Con la comunidad estamos tratando de destapar, pero la tierra ya llegó al río”, agregó.El temor principal de los habitantes es que el represamiento genere una acumulación de agua que, de liberarse súbitamente, provoque una avalancha que afecte las viviendas ubicadas aguas abajo.Por ahora, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. Entretanto, la comunidad permanece en máxima alerta ante cualquier nuevo movimiento de tierra.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, tomó distancia del respaldo que algunos gremios han dado al aumento de 23,7% del salario mínimo, al señalar que la gran industria sí puede asumir ese nivel de incremento, pero no así la mayoría del tejido empresarial compuesto por micro, pequeñas y medianas compañías. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Cabal insistió en que la decisión del Gobierno de fijar ese aumento respondió a criterios políticos y no económicos, y que hoy sus efectos ya se sienten en empleo, precios y viabilidad de los negocios.El dirigente gremial respondió a las declaraciones de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien se mostró de acuerdo con mantener el mínimo en 23,7% tras el reciente fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto y ordenó expedir uno nuevo. “Yo entiendo la posición de Bruce, no la comparto, porque él obviamente sabe que la gran industria puede pagar ese salario o se acomodó a pagar ese salario”, afirmó Cabal, al marcar la línea divisoria entre grandes compañías y microempresas.Solo 2,4 millones ganan mínimo y 13 millones están en la informalidadCabal contextualizó el debate recordando que el aumento del salario mínimo de 2026, fijado inicialmente en 23,7%, aplica a una porción relativamente pequeña de la población ocupada, frente a una mayoría en informalidad o desempleo. “En Colombia de los 25 millones de la población económicamente activa, solamente 2.400.000 ganan salario mínimo. Tenemos más de 13 millones de informales y de rebusques que ni siquiera llegan al mínimo”, señaló el presidente de Fenalco, al advertir que entre más alto sea el mínimo, “más difícil va a ser volverse a un trabajo formal”.El dirigente gremial añadió que el país registra “más de 2 millones de desempleados que tampoco ganan el mínimo mínimo, y que entre más caro sea el mínimo, más difícil le va a ser conseguir un trabajo formal”. A su juicio, la discusión no puede centrarse solo en quienes ya devengan el salario mínimo, sino en cómo el nivel de ese ingreso incide sobre la creación de empleo formal y la posibilidad de que trabajadores informales se vinculen al sistema laboral con prestaciones.El 93% de empresas, en riesgo por el aumento y las reformasUno de los ejes de la advertencia de Fenalco es la estructura empresarial del país. “Nosotros tenemos que pensar en todos, y además en el tejido empresarial, que es el 93%, micro, pequeñas y medianas empresas, que no pueden pagar ese incremento tan alto, y muchas de ellas van a desaparecer, van a tener que venderse”, afirmó Cabal, al subrayar que se trata de negocios intensivos en mano de obra que suelen pagar salario mínimo a sus trabajadores.Según un sondeo interno del gremio, el impacto ya empezó a reflejarse en decisiones empresariales. “En el sondeo que hicimos, que ha pasado en enero y febrero, el 71% ya está reduciendo su planta personal o la va a reducir próximamente. El 28% ya está incrementando precios”, describió. Agregó que “el 8% ya está anunciando cerrar o parcial o totalmente sus establecimientos” y que “el 27% está hablando de procesos de automatización e inteligencia artificial para poder mitigar los costos laborales”.Efecto en el costo de vida de 48 millones de colombianosMás allá del impacto directo sobre las nóminas, Fenalco advierte que el incremento de 23,7% en el salario mínimo se traduce en aumentos de tarifas, servicios y bienes que afectan a todos los hogares, incluidos quienes no se benefician del alza. Cabal sostuvo que “no solamente el efecto es pagar el salario mínimo el 23.7% a 2 millones y medio de trabajadores, el efecto es el encarecimiento a 48 millones de colombianos de la vida como se está volviendo”.El dirigente recordó que muchas tarifas indexadas al salario mínimo, como cuotas de administración, pasajes y servicios, ya han venido subiendo. “¿No han empezado ya a subir muchos precios y servicios en el mercado? Hay que preguntarle solamente a los hogares colombianos que viven administraciones, en edificios, qué ha pasado con su cuota de administración”, dijo. También llamó la atención sobre el impacto en exportadores y productores, en un contexto que calificó de “debate político” y no económico, lo que a su juicio dificulta revertir las decisiones adoptadas.Consejo de Estado, nuevo decreto y crítica a un “salario político”El escenario se modificó con la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el incremento del salario mínimo para 2026 en 23,7%, al considerar que carecía de una justificación jurídica y económica verificable y ordenar al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en ocho días. Fenalco fue uno de los gremios que demandó la norma, argumentando que se desconocieron los criterios técnicos previstos en la Ley 278 de 1996 y se sustituyeron por conceptos como “salario vital” sin carácter vinculante.Cabal fue enfático en que la reunión de la Comisión de Concertación Laboral convocada tras el fallo no es para renegociar el porcentaje con los gremios, sino para vigilar que el Ejecutivo cumpla el mandato judicial. “A la Comisión de Concertación Laboral hoy no vamos a concertar. El espacio y el trámite de la concertación ya se agotó el año pasado. El Consejo de Estado fue muy claro, que es que hay que sacar un nuevo decreto. El gobierno tiene que sacar un nuevo decreto”, afirmó. “El gobierno tiene que explicar los factores económicos que nunca los explicó, de dónde se sacó de la manga ese 23.7%, qué fue lo que realmente pasó. Un salario político, no fue un salario económico”.El presidente de Fenalco explicó que ahora sí asistirá a la mesa, a diferencia de diciembre, porque existe un mandato expreso del alto tribunal. “Este es un mandato del Consejo de Estado al gobierno y señala unos factores económicos y una explicación de ellos, y nosotros seremos vigilantes de que ese mandato se cumpla. Solamente por esa razón asistiremos a la mesa de concertación”, dijo. Y reiteró la posición del gremio: “La inmensa mayoría del pueblo colombiano, de los hogares y de las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia, no pueden con ese 23%. Que haga el gobierno ya es su responsabilidad y su conciencia. Seguramente lo dejará así, pero nosotros no participaremos de esa decisión”.Un panorama laboral “muy complejo” para 2026Cabal subrayó que el incremento del salario mínimo no ocurre en el vacío, sino en medio de otros cambios normativos que, en conjunto, presionan los costos laborales de las empresas. Recordó los efectos de la reforma laboral, descritos como “ya fuertes” para el sector empresarial, y mencionó la reducción adicional de la jornada semanal en dos horas a partir de junio, también con incidencia en la estructura de costos de las compañías.“Hay una realidad social que no nos podemos olvidar, que este país no es de grandes empresas, este país es de microempresas pequeñas”, recalcó el presidente de Fenalco. En ese contexto, definió el panorama laboral como “muy complejo” y reiteró su preocupación por la posibilidad de mayores cierres de negocios, caída del empleo formal y aumento de la informalidad, si se mantiene sin ajustes un incremento del mínimo que considera desproporcionado frente a la situación económica y los criterios técnicos definidos en la ley.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó este sábado que no está preocupado por lo que Nicolás Maduro pueda contar de él a las autoridades de Estados Unidos tras haber sido detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en los ataques de Washington a Caracas y otras ciudades de ese país."No estoy preocupado para nada", escribió Petro en X, donde respondió un mensaje del periodista Hassan Nassar, que manifestó que el mandatario colombiano "debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles" en Estados Unidos.El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que fuerzas de su país capturaron a Maduro y a su esposa en una operación que calificó como "brillante".Esta acción llega en un contexto en el que Petro ha protagonizado en los últimos meses críticas cruzadas con Trump por la agresiva campaña antidrogas de Washington en torno al Caribe.El mes pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro de que será "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno estaba ejerciendo contra Maduro.Igualmente, la Administración estadounidense retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que incluyó en la llamada Lista Clinton, tras acusarlo de ser un "líder del narcotráfico".Al respecto, el mandatario colombiano insistió hoy en que no tiene nada qué esconder y que, por el contrario, se dedicó "a investigar 10 años y evidenciar en debates públicos las relaciones entre políticos de poder y los narcotraficantes armados"."Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz", concluyó el presidente.En ese sentido, el exsenador Gustavo Bolívar, quien es uno de los principales aliados de Petro, recordó que hay diferencias con Maduro pues, para comenzar, el mandatario colombiano "fue elegido democráticamente, sin fraude"."Petro está garantizando elecciones este año (...) La derecha hace campaña sin mordaza y la prensa es libre. En Colombia hay democracia. Hay separación de poderes, cortes independientes, un Congreso independiente", agregó Bolívar.
Las aerolíneas que operan en el aeropuerto El Dorado de Bogotá comenzaron a cancelar vuelos con destino al Caribe, incluidos trayectos hacia Venezuela, tras el operativo militar adelantado por Estados Unidos que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro. La medida se da en medio de un escenario de alta tensión regional y responde a restricciones aéreas impuestas por Washington sobre el espacio aéreo venezolano.La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció la suspensión de varios movimientos aéreos hacia Venezuela, entre ellos los vuelos de deportación que se habían retomado semanas atrás. Estas operaciones, que incluso se reactivaron después de una conversación telefónica entre Trump y Maduro, quedaron pausadas tras la ofensiva militar y la posterior extracción del líder del régimen venezolano.Las cancelaciones están directamente relacionadas con una notificación de NOTAM emitida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el cual prohíbe los vuelos comerciales y cualquier tipo de sobrevuelo en el espacio aéreo correspondiente a la zona de Maiquetía. Aunque inicialmente algunas rutas hacia ciudades como Maracaibo seguían operando, en las últimas horas se confirmó la suspensión de vuelos desde Bogotá hacia varios destinos del Caribe.¿Cuáles aerolíneas han cancelado vuelos?Aerolíneas como Avianca, LATAM y Copa Airlines ya habían dejado de volar hacia el aeropuerto de Maiquetía desde hace varias semanas, justamente por esta prohibición. El NOTAM, que estaba vigente hasta mediados de febrero, fue renovado nuevamente por Estados Unidos en la madrugada de este sábado, 3 de enero, y comenzó a regir desde las 6:00 de la mañana, con una alerta expresa para evitar cualquier tránsito aéreo en esa zona de Venezuela.En paralelo, desde el oficialismo venezolano se elevó una dura denuncia. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) difundió un comunicado en el que califica como una “cobarde agresión militar” los bombardeos registrados en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. En el texto, el partido exige al presidente Donald Trump una "fe de vida de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", a quienes señalan como “secuestrados” durante la operación.Mientras tanto, desde sectores del régimen venezolano se ha advertido sobre la posibilidad de una segunda oleada de ataques, aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó por ahora esa opción. Las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias se mantienen en alerta, a la espera de nuevas decisiones que podrían extender las cancelaciones y afectar la conectividad aérea de la región.
La Cancillería de Colombia rechazó las acciones armadas contra Venezuela, luego de que se conociera la captura de Nicolás Maduro tras un operativo militar de gran escala liderado por fuerzas de Estados Unidos. En un comunicado emitido este 3 de enero de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por los hechos y advirtió sobre los riesgos que este tipo de acciones representan para la estabilidad regional y la población civil.De acuerdo con la Cancillería, las recientes acciones armadas vulneran la integridad territorial y la autonomía política de Venezuela. Reiteró que Colombia mantiene una postura firme en defensa de la soberanía de los Estados y del respeto a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en especial la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias.El pronunciamiento se conoció horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que fuerzas de su país capturaron a Nicolás Maduro y lo sacaron de Venezuela tras lo que calificó como un “ataque a gran escala”, seguido de intensos bombardeos en Caracas y otras regiones. Según Trump, el dictador venezolano deberá responder ante un tribunal de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, y aseguró que no permitirá que personas de su círculo retomen el poder.Vale recordar que, como medida preventiva, se ordenó el despliegue de la fuerza pública en la frontera, el fortalecimiento de la capacidad de atención ante un eventual aumento de flujos migratorios y la activación de la Embajada y los consulados de Colombia en Venezuela. Estas acciones buscan garantizar la asistencia y protección de los ciudadanos colombianos que se encuentran en territorio venezolano en medio de la actual coyuntura.Finalmente, el Gobierno Petro ofreció sus oficios mediadores para contribuir a una salida diplomática a la crisis y llamó a la unidad y solidaridad del pueblo latinoamericano frente a la injerencia de gobiernos extranjeros. La Cancillería concluyó que solo a través del respeto al derecho internacional, la cooperación multilateral y la protección de la vida y la dignidad humana será posible evitar una escalada de consecuencias imprevisibles para Venezuela, Colombia y toda la región.
El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, no solo sacudió el tablero político regional, sino que encendió las alertas en Colombia. El Gobierno del presidente Gustavo Petro ya se prepara para enfrentar los posibles impactos humanitarios, sociales y de seguridad que podría generar esta situación en la frontera común.Ante este escenario, el Gobierno anunció que alista un decreto de emergencia económica, social y ecológica, una medida que busca dar respuesta rápida a eventuales flujos migratorios, tensiones en seguridad y afectaciones a comunidades fronterizas, especialmente en Norte de Santander.Petro prepara decreto de emergencia por impacto en la frontera con VenezuelaEl anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó que se trabaja en la proyección de un decreto de emergencia para atender la coyuntura derivada del ataque estadounidense. Como parte de esta estrategia, Benedetti liderará un puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, ciudad clave por albergar el principal paso fronterizo con Venezuela.Según explicó el funcionario, el objetivo es coordinar acciones inmediatas que permitan anticiparse a una posible crisis humanitaria. El Gobierno busca actuar con rapidez para evitar desbordamientos en la frontera y garantizar una respuesta institucional articulada.Medidas humanitarias y sociales que alista el Gobierno colombianoDentro del plan anunciado, el Gobierno contempla una serie de acciones enfocadas en la atención a población vulnerable, tanto colombiana como migrante. Entre las principales medidas se destacan:Asistencia en salud mediante hospitales y centros médicos en zonas fronterizas.Garantía del derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes.Protección especial a menores de edad y poblaciones en riesgo.Atención a personas de terceras nacionalidades que ingresen al país.Habilitación de albergues temporales en Cúcuta y otras ciudades.Refuerzo de los puestos fronterizos para mejorar las condiciones de seguridad.Estas acciones buscan mitigar el impacto inmediato que podría generar un nuevo escenario de inestabilidad en Venezuela.Refuerzan seguridad ante posibles riesgos armados en la zona limítrofeEn paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció un plan especial de seguridad para prevenir posibles acciones del ELN y otros grupos armados ilegales que operan en la frontera. Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros de límite, una zona históricamente golpeada por la presencia de organizaciones armadas.El Gobierno colombiano teme que estos grupos aprovechen la coyuntura para cometer atentados o fortalecer economías ilegales. En ese contexto, las autoridades buscan cerrar cualquier espacio a la violencia y proteger a las comunidades fronterizas.Mientras se define el alcance del decreto de emergencia, el Gobierno insiste en que la prioridad será la atención humanitaria y la estabilidad en una de las regiones más sensibles del país.
Tras la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de su cuenta de X, anunció la instalación de un puesto de mando unificado en Cúcuta."Con el propósito de adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica , en respuesta a la situación en la frontera. En el marco de este PMU se definirán y coordinaran medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas, tanto a connacionales, como migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país", afirmó Benedetti. Entre las asistencias anunciadas están la asistencia en salud, a través de centros médicos y hospitales, garantía del derecho a la educación protección integral de niños, niñas y adolescentes, atención y protección a personas de terceras nacionales, revisión y fortalecimiento de los puestos fronterizos para asegurar condiciones adecuadas de seguridad y habilitación de albergues temporales en Cúcuta y en otra ciudades del país.
Tras cuatro horas de reunión y de opiniones divididas, concluyó la mesa de Concertación Extraordinaria convocada para analizar la modificación del salario mínimo en Colombia, dejando al país a la expectativa de la expedición de un nuevo decreto y evidenciando profundas diferencias entre el Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales.Por ahora, el incremento del 23,7 % se mantiene vigente mientras avanzan los días clave para cumplir con el Auto del Consejo de Estado. Las centrales obreras respaldaron firmemente la permanencia del aumento, calificándolo como un “derecho adquirido, legal y constitucional”. Además, insistieron en que el nuevo decreto debe expedirse en las mismas condiciones en que fue promulgado el Decreto 1469 del pasado diciembre, es decir, conservando el incremento del 23,7 %.“Estamos interesados en que el decreto que le exige el Consejo de Estado se haga en las mismas condiciones en que se expidió el 1469 del pasado diciembre, es decir, con un incremento 23,7 %”, afirmó Fabio Arias, presidente de la CUT.Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el Ejecutivo acudirá a todos los recursos legales disponibles, entre ellos solicitudes de aclaración y recursos de súplica, al tiempo que cumplirá con lo ordenado por el Consejo de Estado. La intención, afirmó, es garantizar seguridad jurídica sin retroceder en los derechos de los trabajadores.A la par, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó que la principal preocupación del Ejecutivo está centrada en el impacto que el aumento pueda tener sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que se adelanta un paquete de medidas que incluiría mecanismos como la inversión forzosa para mitigar posibles afectaciones.Ávila también lanzó una crítica directa a la junta directiva del Banco de la República por el incremento de las tasas de interés.“Lo que va a observarse en el corto plazo son más bien los efectos inflacionarios de haber ellos incrementado la tasa de referencia porque esto le está implicando al sector productivo y empresarial mayores costos de financiación y esos mayores costos de financiación se traducen en mayores precios en el mercado”, sostuvo el jefe de la cartera de Hacienda.Por su parte, Fenalco expresó su desacuerdo con mantener el incremento del 23,7 %, advirtiendo que podrían ponerse en riesgo cerca de 700.000 empleos en el país y que más de un millón de microempresas resultarían afectadas.No obstante, el gremio aclaró que, en caso de que la medida sea definitiva, la acogerá. Sus voceros señalaron que la reunión se dio con el fin de conocer los diferentes puntos de vista de los implicados y definir cómo se verían afectados frente a un eventual retroceso y si la decisión es segura tanto para trabajadores como para empresarios.Mientras los sindicatos defienden el incremento como un logro irrenunciable, los empresarios advierten sobre impactos en el empleo y el Gobierno busca equilibrar la estabilidad económica con la protección de los derechos laborales.
En Colombia, la Constitución Política de 1991 les ha garantizado a los ciudadanos la libertad de culto. Según el artículo 19 de la carta magna, “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Sin embargo, una decisión de la Corte Constitucional habría fijado un límite a este derecho.La Corte se pronunció sobre la libertad religiosa en el país y dejó claro un detalle que muchos han pasado por alto: considera que ninguna creencia puede ponerse por encima de otra.El alto tribunal estudió una tutela que una mujer interpuso contra un condominio que, de acuerdo con su reclamo, adecuó una capilla común para el culto católico, pese a que todos los residentes aportan para su mantenimiento.De acuerdo con la sentencia T-437 de 2025, la decisión abrió un debate sobre el alcance que deben tener los cultos en espacios compartidos, especialmente frente a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política.Corte puso freno a capillas católicas en conjuntos residencialesEl caso sobre la capilla al interior de un conjunto residencial, que aparentemente estaba destinada solo al uso de prácticas católicas, abrió una disputa amplia, pues la mujer solicitó que el espacio regresara a su uso original o que también fuera empleado para todas las creencias.De ese modo, la Corte señaló que los espacios semiprivados también deben respetar los derechos fundamentales. “Esa medida era innecesaria, pues podían adoptarse alternativas menos restrictivas, como convertir la capilla en un espacio multirreligioso con elementos portátiles o adecuar otra zona común al culto de distintas creencias. También era desproporcionada, pues sacrificaba de manera irrazonable la libertad de cultos de la accionante y de los demás residentes no católicos”, indicó el alto tribunal.El principal inconveniente, según la Corte, es que la creación de este tipo de espacios puede limitar a quienes no comparten la creencia. “Puede ser la limitación de la libertad de cultos de quienes no comparten la misión de la organización o la destinación del bien”.¿Qué pasará con la capilla al interior del conjunto residencial?Ante la tutela, la administración del conjunto tomó la decisión de cubrir las imágenes y los símbolos católicos; sin embargo, la Corte Constitucional lo consideró insuficiente y explicó que esa solución no garantizaba una alternativa digna para quienes no profesan esa fe.Por ello, ordenó convocar a los copropietarios para definir medidas que puedan significar igualdad y libertad religiosa al interior de la propiedad horizontal y proponer alternativas como:Convertir la capilla en un espacio multirreligioso.Usar elementos portátiles según cada culto.Adecuar otra zona común para distintas creencias
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo declaró la alerta amarilla en Manizales ante la intensificación de la temporada invernal y el aumento sostenido de las lluvias durante febrero.La decisión fue adoptada bajo el liderazgo del alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, tras evaluar los reportes de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, que evidencian niveles críticos de saturación de suelos. Según el informe técnico, se han registrado precipitaciones que superan los promedios históricos, con eventos extremos de hasta 50 milímetros en menos de una hora.Actualmente, la mayoría de estaciones superan el umbral preventivo de 200 milímetros acumulados en un periodo inferior a 25 días. En el caso de la estación de La Palma, el acumulado ya alcanza los 300 milímetros.“Estamos en alerta amarilla. Muchas de las estaciones hidrometeorológicas de la ciudad ya superaron los 200 mm de lluvias en menos de 25 días. La estación de La Palma ya tiene 300 mm de lluvia. Esto no es para que nos pongamos en pánico, pero sí para que estemos en alerta; vamos a estar cuidando y protegiendo la ciudad de manera permanente”, señaló el mandatario.Sectores bajo monitoreoEl reporte indica que estaciones como Hospital de Caldas, Niza, Chec, Alcázares, El Carmen, Emas, Bosques del Norte y Maltería superaron la barrera de los 200 milímetros, lo que eleva el nivel de vigilancia en estas zonas.Equipos de geólogos e ingenieros, junto con el programa Guardianas de la Ladera, intensificaron las inspecciones en áreas con tratamiento geotécnico para identificar grietas, filtraciones o señales de inestabilidad que puedan derivar en deslizamientos.Llamado a la ciudadaníaLa Administración Municipal reiteró la importancia del manejo adecuado de residuos y pidió evitar arrojar basuras en laderas o cerca de los imbornales, ya que esto reduce la capacidad hidráulica del sistema y aumenta el riesgo de inundaciones que comprometan la estabilidad de viviendas.La comunidad puede reportar cualquier anomalía, como grietas en vías o laderas, a las líneas de emergencia: 119 (Bomberos Oficiales) y 116 (Aguas de Manizales).
El año 2026 arrancó con una novedad, pues el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) reveló un nuevo esquema de financiación que les permitiría a los colombianos adquirir viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) sin tener que contar con cuota inicial.La medida tiene la tarea de facilitar el acceso a vivienda a los hogares con ingresos limitados, siempre y cuando los solicitantes cumplan con las condiciones requeridas en temas de afiliación y evaluación financiera que exige el FNA.De acuerdo con lo revelado por el Fondo Nacional del Ahorro, el crédito hipotecario cubriría el 100 % del valor del inmueble, tanto para vivienda nueva como usada dentro de las categorías VIS y VIP; con esta medida, las personas ya no necesitarían contar con un ahorro previo destinado a la cuota inicial, que en Colombia normalmente representa entre el 10 % y el 30 % del precio de la vivienda.¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la financiación del 100 %?Cabe recordar que para acceder a la financiación total del FNA primero se debe contar con una serie de documentos, así como cumplir algunos requisitos.Lo principal es que las personas interesadas en adquirir su primera vivienda VIS o VIP deben estar afiliadas y activas al Fondo Nacional del Ahorro.Si no tienen sus cesantías en el FNA, deberán solicitar el traslado; esto es clave para evaluar el crédito sin cuota inicial.Ahorro Voluntario Contractual (AVC o AVC Plus): los afiliados pueden hacer aportes de ahorro voluntario que sean reconocidos por el FNA como prueba de disciplina financiera, requisito que sirve para calificar al crédito.Cumplir con la afiliación y con alguno de estos mecanismos permite que la entidad estudie la capacidad crediticia de la persona, sin necesidad de exigir un pago inicial del inmueble.Documentos que pide el FNA para crédito de viviendaDocumentos de la persona:Formulario de solicitud de crédito diligenciado en su totalidad.Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %.Certificación laboral original, con fecha de expedición no mayor a 60 días, que indique sueldo, cargo, tipo de contrato y antigüedad.Desprendibles de nómina de los últimos tres meses.Certificado de Ingresos y Retenciones del año gravable anterior.Extractos bancarios de los últimos tres meses.Declaración de renta del último año gravable.Documentos de la vivienda nueva o usada:Certificado de Tradición y Libertad con vigencia no mayor a 30 días.Fotocopia de la cédula del vendedor.Promesa de compraventa firmada.Impuesto predial del año vigente.Reglamento de propiedad horizontal, en caso de ser conjunto o edificio.Certificación bancaria del beneficiario del giro.¿Qué pasa si no es beneficiado? Condiciones de elegibilidadSi bien la cuota inicial deja de ser obligatoria, la aprobación del crédito seguirá siendo validada y dependerá de la capacidad de pago y del comportamiento financiero del aspirante. De ese modo, el FNA evaluará el historial de ahorro reconocido, los ingresos, la estabilidad económica, así como sus políticas internas.
Después de seis décadas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó que los restos hallados en Bucaramanga corresponden al padre Camilo Torres Restrepo, desaparecido el 15 de febrero de 1966 en medio de hostilidades armadas en Patio Cemento, San Vicente de Chucurí.La entidad informó que la identificación fue posible tras un proceso de investigación humanitaria y extrajudicial que se extendió por más de dos años y medio e integró análisis históricos, forenses y genéticos. Entre las fuentes revisadas estuvo el testimonio de una fuente militar que, en entrevistas realizadas 20 años atrás, señaló que el cuerpo del sacerdote habría sido exhumado tres años después del combate y trasladado al pabellón militar del cementerio municipal Campo Hermoso de Bucaramanga.El hallazgo se produjo el 19 de junio de 2024, cuando la UBPD intervino ese camposanto y recuperó una urna funeraria de color caoba con apliques en alto relieve, coincidiendo con la descripción aportada. En su interior fueron hallados varios cuerpos, entre ellos uno cuyas estructuras óseas presentaban concordancia con el perfil biológico del sacerdote, incluyendo sexo, edad, estatura y lesiones compatibles con las heridas que le causaron la muerte, según registros históricos y actas oficiales de 1966.Como parte del proceso, el 16 de diciembre de 2024 la UBPD realizó una intervención en el Cementerio Central de Bogotá para la toma de muestras a familiares fallecidos de Torres Restrepo, con el fin de avanzar en los análisis genéticos comparativos. Entre julio de 2025 y enero de 2026 se ampliaron los estudios de individualización y reasociación ósea, reforzando la hipótesis de identidad con base en características biológicas y documentación histórica.“En diciembre del 2025, se entregaron muestras a un laboratorio especializado en Texas (EE. UU.) que permitió orientar la preselección de muestras con mayor contenido de ADN para su análisis en Colombia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.La UBPD precisó que los análisis osteológicos fueron complementados con estudios genéticos del Instituto, los cuales confirmaron coincidencia con el perfil genético del padre de Camilo Torres, Calixto Torres. Según los resultados, “es 1.230.000.000 de veces más probable que el individuo analizado sea el hijo del señor Calixto, a que sea otro individuo de la población de referencia”.La entrega del cuerpo se realizó el domingo 15 de febrero de 2026 al padre Javier Giraldo, quien hizo la solicitud de búsqueda. Giraldo indicó que los restos permanecerán en la capilla de la Universidad Nacional de Colombia y que se está a la espera de definir la fecha de una ceremonia de homenaje, luego de que el acto previsto inicialmente no pudiera llevarse a cabo.
Sebastián Rivera, director general de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), denunció que, en el periodo revisado entre 2022 y 2025, 55 de las 97 entidades territoriales, entre alcaldías y gobernaciones, redujeron la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a pesar de haber recibido incrementos presupuestales. Entre los territorios señalados se encuentran Villavicencio y el departamento del Atlántico.Ante este panorama, la UApA y el Ministerio de Educación Nacional anunciaron la expedición de una resolución de asignación de recursos para el PAE que estará condicionada al aumento de la cobertura. Según lo establecido, los entes territoriales deberán garantizar la atención de un número determinado de estudiantes sin disminuir la población beneficiaria. Además, el próximo 30 de abril se realizará un corte de evaluación para verificar el comportamiento de la prestación del servicio de alimentación escolar.Durante la presentación de los hallazgos, la entidad expuso un informe sobre gobernaciones y alcaldías que planearon 2026 con proyecciones de desfinanciamiento. Entre los casos con mayores brechas aparecen Santander, con una diferencia cercana a los 69.800 millones de pesos; Yumbo, con más de 21.900 millones; y Vichada, con alrededor de 19.900 millones. También figuran Meta, Magdalena, Cúcuta, Pasto, Santa Marta y Sucre, con déficits proyectados que oscilan entre 9.000 y 15.000 millones de pesos, según las cifras presentadas.La UApA también emitió una alerta sobre la implementación del PAE indígena. De acuerdo con la entidad, no todos los entes territoriales han suscrito contratos con las organizaciones indígenas, situación que deja a más de 100 niños sin acceso al programa de alimentación escolar en esos territorios.Frente a la emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba por las inundaciones, las autoridades informaron que, mientras se mantenga suspendido el calendario escolar, se habilitará la entrega de canastas alimentarias en los municipios afectados. La medida busca garantizar la continuidad del apoyo nutricional a niños, niñas y jóvenes que actualmente no están recibiendo el servicio del PAE debido a la interrupción de las clases.
La discusión por el aumento del salario mínimo volvió al centro del debate público luego de que el presidente citara un estudio académico para defender un incremento superior al 23 %. Sin embargo, su autor, el economista Daniel Ossa, salió a aclarar el alcance real de esa investigación y a poner paños fríos a una discusión que, según él, tiene varias aristas.En entrevista este lunes 16 de febrero de 2026 en Mañanas Blu, Ossa explicó que se enteró del uso de su trabajo “por la publicación del presidente en X” y fue claro en señalar que su análisis no plantea aumentos de un solo golpe, sino una discusión de fondo sobre cómo se reparte el crecimiento económico.El estudio que abrió el debate sobre el salario mínimoOssa, profesor asistente de economía en la Universidad de Denver, explicó que su investigación fue publicada en 2018 y analiza la brecha entre el crecimiento del salario mínimo y la productividad laboral desde 2002.“El salario mínimo ha crecido por debajo de la productividad laboral por el uso de una medida errónea”, señaló. Según explicó, en Colombia se ha usado la productividad total de los factores, cuando lo relevante para hablar de ingresos es cuánto produce cada trabajador.Ahí lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Si los salarios no crecen al ritmo de la productividad laboral, ese crecimiento económico se va a otro lado”. Y fue más allá: “Se va a ganancias, dividendos, intereses y rentas, y eso agrava la desigualdad”.¿Subir el salario mínimo genera más informalidad?Frente a las críticas que apuntan a que un salario mínimo más alto dispara el desempleo y la informalidad, Osa fue directo. “Ese cálculo incluye el sector informal, porque también aporta al PIB”, aclaró, desmontando la idea de que su análisis ignore esa realidad.Además, cuestionó que el debate se concentre solo en el salario. “Los países con más informalidad son los que producen bienes de bajo valor agregado. Si queremos reducirla, la discusión no es el salario mínimo, es una política industrial”, afirmó.Inflación, gradualidad y decisiones de fondoOssa reconoció que un aumento fuerte puede tener efectos inflacionarios, como advirtió el Banco de la República, pero insistió en que su propuesta apunta a cerrar la brecha de forma progresiva. “No de un sopetón”, enfatizó.Finalmente, subrayó que su trabajo es solo una pieza del rompecabezas. “La comisión de concertación debe evaluar todos los argumentos y tomar una decisión bien informada”, concluyó el economista, citado recientemente por el presidente Gustavo Petro en medio de la polémica nacional.
A través de un comunicado, el partido Centro Democrático lanzó una alerta por riesgos electorales en el departamento del Casanare, a causa del traslado del lugar de los escrutinios para las elecciones del próximo 8 de marzo.Según la denuncia, el lugar definido para este proceso es alejado de la zona urbana de Yopal, y no cuenta con la infraestructura y la seguridad necesaria.“No existe ese encerramiento, está en obra el área y eso no brinda unas garantías físicas de seguridad. La denuncia es grave. A hoy, la Gobernación de Casanare tampoco tiene punto donde van a ser los escrutinios departamentales”, señaló a BLU Radio Jonathan Camargo, coordinador departamental, el partido Centro Democrático.En el mismo documento, el partido Centro Democrático llama la atención a su militancia a rodear el proceso electoral y pide a los entes de control las garantías necesarias para el ejercicio democrático.“El llamado es a la Procuraduría y a la Registraduría que no nos permitamos que tengamos una vulneración de los derechos electorales de los casanareños, que esto es grave para nosotros y es grave para el proceso electoral. Creemos que se puede estar configurando hasta delitos electorales de este proceso, teniendo en cuenta que no tenemos la logística”.Por estos, hechos el Centro Democrático ya interpuso una acción de tutela que ya fue admitida por un juez de Yopal.
El informe preliminar sobre el accidente del Beechcraft 1900D matrícula HK-4709, operado por Satena, concluye que la aeronave se estrelló contra una zona montañosa de Norte de Santander mientras descendía hacia el aeropuerto de Ocaña. Según la investigación, el avión inició el descenso con normalidad y mantuvo comunicación con el control aéreo hasta minutos antes del impacto. Los investigadores describen un choque frontal en trayectoria definida y sin fallas previas aparentes.Los últimos registros muestran que el avión descendía rápidamente y perdió contacto tras reportar que estaba a unas 15 millas del destino. Poco después, los sistemas dejaron de enviar datos y se confirmó el impacto en una montaña a unos 6.881 pies de altura, en una zona de difícil acceso. El reporte técnico indica que la aeronave chocó con rumbo aproximado de 286° contra una ladera empinada, en un impacto frontal.La dispersión de restos en un tramo superior a 140 metros y los daños severos en fuselaje, alas y cabina evidencian un choque directo con el terreno, lo que apunta preliminarmente a un evento de tipo vuelo controlado contra el terreno durante la fase de descenso. Aún falta que la investigación profundice en factores humanos y otras variables operacionales.“En el marco de las actividades de inspección y reconstrucción se logró establecer, de manera preliminar, la dinámica del impacto contra el terreno montañoso. La segunda inspección de los restos no evidenció, en la estructura ni en sus componentes, trazas de hollín ni fallas pre-impacto”, destaca puntualmente el informe.El documento también advierte que la escena del accidente fue alterada antes de la llegada de los investigadores, ya que habitantes del sector manipularon restos y recuperaron víctimas, lo que complicó la reconstrucción exacta de los últimos segundos. Aun así, el análisis de los registradores de vuelo y la distribución de piezas permitió establecer que no hubo explosión en el aire y que la aeronave se destruyó al impactar la montaña.La investigación sigue abierta y aún faltan análisis técnicos clave, como factores humanos, condiciones meteorológicas detalladas y funcionamiento de sistemas. Sin embargo, los hallazgos preliminares apuntan a que la combinación de descenso, terreno montañoso y pérdida de referencia situacional fueron determinantes en la tragedia aérea que dejó 15 personas fallecidas.
Dos integrantes de las disidencias de las Farc se sometieron voluntariamente a la justicia en zona rural de López de Micay, en el departamento del Cauca. Tras una operación conjunta de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, los hombres, pertenecientes a la estructura ‘Jaime Martínez’, vinculada a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, se presentaron ante las autoridades.Los hombres manifestaron su intención de abandonar las armas tras la presión sostenida de operaciones ofensivas en esta zona estratégica del departamento del Cauca. La entrega se produjo en una región marcada por el accionar de grupos armados ilegales, donde las comunidades han denunciado constantes riesgos por combates, explosivos y presencia de estructuras criminales.Durante el procedimiento, los sometidos entregaron un arsenal de armas, entre ellos 12 fusiles, dos pistolas, 26 proveedores y más de 600 cartuchos, además de dos granadas y cañones cortos para ametralladora M-60. También fueron puestos en manos de las autoridades artefactos explosivos improvisados, entre ellos dos cilindros con cerca de 50 kilos de explosivos cada uno, detonadores eléctricos y unos 600 metros de cordón detonante, material que representaba un alto riesgo para la población civil.Junto al armamento, se incautaron equipos de comunicación y elementos de intendencia utilizados por la estructura armada. Tras asegurar el área, los hombres recibieron atención médica y quedaron bajo custodia para iniciar su proceso judicial y eventual reintegración, en medio de los protocolos establecidos para este tipo de sometimientos.