Entre el 9 y el 15 de febrero, operativos en distintas regiones dejaron 139 integrantes de grupos armados organizados afectados, en una semana marcada por acciones contra disidencias, ELN y Clan del Golfo. En medio de esas intervenciones también fueron recuperados dos menores que estaban en poder de estas estructuras.El foco principal estuvo en las economías ilegales. En materia de narcotráfico, se incautaron 1.405 kilos de cocaína y 805 kilos de marihuana, además de la destrucción de 35 laboratorios clandestinos. La cifra muestra el tamaño de las redes que siguen operando y la presión sobre sus centros de producción.La minería ilegal también quedó en la mira. Cinco personas fueron capturadas y 50 socavones intervenidos, un golpe que apunta a frenar otra de las principales fuentes de financiación de los grupos armados en zonas rurales.El balance deja una semana de operaciones simultáneas en varios frentes: menos droga en circulación, laboratorios desmantelados y afectaciones directas a estructuras ilegales. Un panorama que refleja una ofensiva enfocada en debilitar ingresos, movilidad y capacidad operativa de estas organizaciones.
Más de 11 millones de colombianos afectados por el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota” podrían beneficiarse de una propuesta que busca ofrecer alternativas legales y sostenibles de financiamiento.La iniciativa, presentada por Aníbal Gaviria, plantea un modelo de crédito con tasas de interés más justas y mecanismos de acceso para pequeños empresarios, emprendedores y familias que hoy no cuentan con respaldo del sistema financiero formal.El documento propone modificar el esquema actual de la tasa de usura —el tope máximo de interés permitido por la ley— para pasar de una tasa única general a una tasa personalizada por usuario. Este cambio permitiría reducir el costo de los créditos tanto para quienes recurren a préstamos informales como para quienes tienen obligaciones financieras más altas en la banca tradicional.“Hoy existe una tasa de usura igual para todos, lo que termina excluyendo a millones de personas del crédito formal. Con una tasa diferenciada, se busca que quienes tienen menos capacidad de pago puedan acceder a préstamos legales y seguros”, explicó Gaviria durante la presentación de la propuesta.El “gota a gota”, modalidad de préstamo ilegal que puede alcanzar intereses de hasta el 500 %, afecta a sectores de bajos ingresos, pequeños comercios y trabajadores informales. De acuerdo con estimaciones citadas en el documento, su impacto no solo compromete la estabilidad económica de las familias, sino que también fortalece estructuras delictivas dedicadas a la extorsión y al lavado de dinero.La propuesta también incluye mecanismos de acompañamiento financiero y fortalecimiento de las entidades de crédito público y cooperativo, con el fin de ampliar la cobertura y reducir los riesgos asociados al endeudamiento ilegal.En el ámbito económico, la iniciativa prevé que tasas más razonables y créditos accesibles impulsen la formalización de pequeños negocios, la generación de empleo y la dinamización de la economía local.Según el equipo técnico que respalda el proyecto, se trata de una medida estructural que busca equilibrar el acceso al crédito, reducir la dependencia del sistema informal y proteger a los usuarios financieros más vulnerables del país.
Montería será escenario de un encuentro clave para las regiones. La cumbre, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, busca no solo expresar solidaridad, unión y compromiso con Córdoba y su población afectada por la actual emergencia invernal, sino también construir soluciones conjuntas frente a los desafíos que enfrentan los territorios en materia de gestión del riesgo de desastres.Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con los mecanismos de atención inmediata, mitigación y recuperación de los sectores productivos, la infraestructura vial y el tejido social impactado por las lluvias. Asimismo, se discutirá la articulación entre instituciones como herramienta fundamental para poder responder de manera eficaz a las emergencias ambientales que golpean a distintas regiones del país.El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado a los mandatarios departamentales y al Gobierno nacional para construir una hoja de ruta que permita acelerar la recuperación del departamento y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras contingencias. “Esta emergencia necesita de varias etapas, la primera: la atención de la emergencia urgente y otras etapas que permitan la recuperación económica del departamento y de los daños”, señaló.La agenda también incluirá discusiones sobre paz electoral, garantías para el voto libre en las regiones y el fortalecimiento de la institucionalidad de cara a los próximos procesos electorales.Se espera la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; y el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, entre otros altos funcionarios.
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en el departamento de Caquetá y por las afectaciones que está sufriendo la población civil como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales en la región.Jenča rechazó las prácticas que calificó como inadmisibles y contrarias a los derechos humanos, entre ellas las retenciones, amenazas contra la comunidad, confinamientos forzados y el uso de artefactos explosivos. Según advirtió, estas acciones vulneran la vida, la integridad y la libertad de las personas, además de generar un clima de temor e incertidumbre en los territorios.“Expreso preocupación por el deterioro de la seguridad y las afectaciones a la población en Caquetá por el accionar de los grupos armados. Rechazamos las prácticas inadmisibles en contra de los derechos de las personas como retenciones, amenazas, confinamiento y uso de explosivos”, afirmó a través de su cuenta de X.El jefe de la misión hizo un llamado al cese inmediato de las acciones, e instó al Gobierno nacional y a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para garantizar “la protección de la vida y la integridad de la población”.Señaló que los derechos y el bienestar de la población deben constituir el eje central de toda acción institucional y humanitaria, especialmente en contextos donde la violencia impacta de manera directa a las comunidades más vulnerables.
Por medio de un comunicado, la Fundación Universitaria Los Libertadores advirtió que, debido al alza del salario mínimo, que se estableció en 1.750.905 pesos, el sector educativo del país enfrenta desafíos significativos que están afectando tanto a instituciones como a estudiantes y a sus familias.“El primer impacto está en la falta de sincronía entre el aumento del salario mínimo y la definición del valor de las matrículas, que se calcula con base en el IPC y debe reportarse con anticipación al Ministerio de Educación. En las instituciones educativas estos costos no pueden trasladarse al usuario final, por lo que deben ser asumidos internamente”, explicó Ángela María Merchán Basabe, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores.Los costos operativos de las instituciones educativas se ven presionados por la subida salarial; deben tener en cuenta los contratos de servicios tercerizados y las cargas prestacionales. Además, en el caso de las universidades, los aportes sociales se incrementan, impactando en el valor de las matrículas y en la sostenibilidad de las instituciones.Según el comunicado, expertos en economía y educación aseguran que el aumento sostenido en estos costos podría mantener la inflación del sector educativo entre el 6,5 % y el 7,5 %. Más allá de los porcentajes, el verdadero riesgo es que más jóvenes vean interrumpido su proyecto de vida por razones económicas.Es importante recordar que, en Colombia, acceder a la educación superior sigue siendo un privilegio del centro urbano. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane (2024), solo el 36 % de los jóvenes entre 17 y 21 años cursa estudios superiores. En las capitales, la cobertura alcanza el 42,6 %, pero en el campo apenas llega al 16,3 %. En departamentos como Vichada, Vaupés y Guainía, menos del 8 % de los jóvenes logra ingresar a la universidad. Esto demuestra que el acceso ya es desigual y que un aumento en los costos puede profundizar esa diferencia.
Los productos para el cuidado personal son cada vez más demandados por las personas. Ya no se trata solo de mujeres, cada vez más hombres buscan mejorar su estilo de vida y fortalecer sus rutinas de cuidado diario.En ese contexto, las tiendas D1 continúan ampliando su portafolio con productos para el cuidado del rostro, el cuerpo y las manos, entre otros. Con precios accesibles y diferentes marcas disponibles, D1 se ha convertido en una opción práctica para quienes buscan calidad sin afectar su presupuesto.Uno de los productos destacados es el agua micelar Delia, con un costo de $4.500. Este producto, junto con el jabón facial y los pomitos, es ideal para limpiar, desmaquillar y tonificar la piel del rostro, ojos y labios.Además, la mascarilla de Delia, por solo $2.500, complementa la rutina de cuidado facial y ayuda a mantener la piel limpia y revitalizada.Para la hidratación, se encuentra el gel hidratante con aloe vera, semillas de linaza, ácido hialurónico y extracto de pepino, entre otros componentes. Es ideal para piel grasa y tiene un precio de $13.900.Por su parte, el jabón de Natural Feeling, con un costo de $2.000, es una opción práctica para refrescar e hidratar la piel diariamente.Para quienes prefieren un maquillaje más ligero, está la crema facial correctora con color, que hidrata y protege contra los rayos del sol, por un valor de $6.000.En el caso de los hombres, también hay opciones específicas, como la crema para después del afeitado con vitamina E y aloe vera, que ofrece un efecto refrescante por $7.400.Tiendas D1 cuenta con otros productos de cuidado personal como shampoo, máquinas de afeitar, cremas corporales y crema dental, con precios que oscilan entre los $4.000 y $15.000, consolidándose como una alternativa económica para el cuidado diario.
El informe preliminar sobre el accidente del Beechcraft 1900D matrícula HK-4709, operado por Satena, concluye que la aeronave se estrelló contra una zona montañosa de Norte de Santander mientras descendía hacia el aeropuerto de Ocaña. Según la investigación, el avión inició el descenso con normalidad y mantuvo comunicación con el control aéreo hasta minutos antes del impacto. Los investigadores describen un choque frontal en trayectoria definida y sin fallas previas aparentes.Los últimos registros muestran que el avión descendía rápidamente y perdió contacto tras reportar que estaba a unas 15 millas del destino. Poco después, los sistemas dejaron de enviar datos y se confirmó el impacto en una montaña a unos 6.881 pies de altura, en una zona de difícil acceso. El reporte técnico indica que la aeronave chocó con rumbo aproximado de 286° contra una ladera empinada, en un impacto frontal.La dispersión de restos en un tramo superior a 140 metros y los daños severos en fuselaje, alas y cabina evidencian un choque directo con el terreno, lo que apunta preliminarmente a un evento de tipo vuelo controlado contra el terreno durante la fase de descenso. Aún falta que la investigación profundice en factores humanos y otras variables operacionales.“En el marco de las actividades de inspección y reconstrucción se logró establecer, de manera preliminar, la dinámica del impacto contra el terreno montañoso. La segunda inspección de los restos no evidenció, en la estructura ni en sus componentes, trazas de hollín ni fallas pre-impacto”, destaca puntualmente el informe.El documento también advierte que la escena del accidente fue alterada antes de la llegada de los investigadores, ya que habitantes del sector manipularon restos y recuperaron víctimas, lo que complicó la reconstrucción exacta de los últimos segundos. Aun así, el análisis de los registradores de vuelo y la distribución de piezas permitió establecer que no hubo explosión en el aire y que la aeronave se destruyó al impactar la montaña.La investigación sigue abierta y aún faltan análisis técnicos clave, como factores humanos, condiciones meteorológicas detalladas y funcionamiento de sistemas. Sin embargo, los hallazgos preliminares apuntan a que la combinación de descenso, terreno montañoso y pérdida de referencia situacional fueron determinantes en la tragedia aérea que dejó 15 personas fallecidas.
La Vicerrectoría de la Universidad Nacional confirmó el pasado domingo 15 de febrero que llegaron más de 700 personas a la Ciudad Universitaria; estas habrían arribado en 17 buses hacia las 7:00 de la mañana.De acuerdo con lo revelado, en los buses venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).Ante ello, la solicitud para alojarse dentro del campus fue denegada, al declarar que la Universidad no cuenta con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas en sus instalaciones.Los consejos comunitarios y la guardia indígena salieron a las calles este lunes; se ha reportado que se tomaron entidades como la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación, el DANE, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).Consejos comunitarios se tomaron la ciudadDe acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las movilizaciones impulsadas por ACONC iniciaron en horas de la mañana del lunes 16 de febrero, lo que ha generado afectaciones en varios puntos de la capital.Algunos manifestantes se ubican en las puertas del Ministerio de Educación y de la ANT, lo que ha impedido la evacuación de las personas que se encuentran en el interior del recinto.De hecho, varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial revelaron que integrantes de las comunidades indígenas habrían bloqueado puertas para impedir el acceso y la salida de la sede judicial en Bogotá: "La guardia afro nos tiene secuestrados en los juzgados administrativos".Ante eso, las autoridades han realizado trabajos de sensibilización para evitar bloqueos en los accesos; aunque los voceros han señalado que no quieren apoyo de entidades distritales, sino que requieren la presencia de entidades del orden nacional.Por su parte, en la Universidad Nacional todavía se mantiene el monitoreo preventivo en la parte externa del edificio Uriel Gutiérrez, aunque no se evidencian aglomeraciones ni situaciones que puedan representar afectaciones a la movilidad.En la carrera 30 con calle 26 también se adelantan monitoreos preventivos, pero hacia las 11 de la mañana no se registraban concentraciones ni novedades que afectaran la movilidad.
El abogado y profesor Juan Carlos Portilla interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, por el presunto delito de estafa patrimonial en favor de terceros. Según explicó en Mañanas Blu 10:30 A.M., el fundamento es que existiría una separación de cuerpos superior a dos años, lo que, bajo jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, implicaría la disolución automática de la sociedad conyugal.Portilla sostiene que el propio presidente Petro afirmó en la red social X que llevaba más de dos años separado de hecho. Sin embargo, en su Declaración de Bienes, Rentas y Conflictos de Interés de 2024, aseguró bajo juramento que tenía cónyuge. “O mintió en X o mintió en su declaración oficial”, afirmó el denunciante.¿Verónica Alcocer puede ejercer como primera dama?El abogado argumenta que, si la sociedad conyugal se rompió por el paso del tiempo, Alcocer no podría fungir como primera dama ni recibir respaldo logístico financiado con recursos públicos. “Ha engañado a los colombianos haciéndose fungir como primera dama cuando ya no es cónyuge”, aseguró.La denuncia inicial no se dirigió contra la Presidencia ni contra RTVC, sino directamente contra Alcocer. Portilla explicó que la Fiscalía no está obligada a notificar al presidente porque no es el investigado en este proceso.El caso se amplió tras respuestas a derechos de petición enviados a Presidencia y a RTVC. Según Portilla, la entidad pública confirmó la existencia de siete contratos, entre 2022 y 2025, relacionados con servicios de logística, producción audiovisual, maquillaje y fotografía para el presidente, que en total suman cerca de 23.000 millones de pesos.Dentro de esos contratos, afirma, estarían vinculados dos contratistas —Flores y Vélez— cuyos pagos podrían alcanzar cerca de 9.000 millones de pesos en cuatro vigencias fiscales. Para el denunciante, si esos recursos destinados al apoyo institucional del presidente fueron utilizados para acompañar a Alcocer en viajes y actividades, se configuraría un posible peculado por uso.
El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, no solo sacudió el tablero político regional, sino que encendió las alertas en Colombia. El Gobierno del presidente Gustavo Petro ya se prepara para enfrentar los posibles impactos humanitarios, sociales y de seguridad que podría generar esta situación en la frontera común.Ante este escenario, el Gobierno anunció que alista un decreto de emergencia económica, social y ecológica, una medida que busca dar respuesta rápida a eventuales flujos migratorios, tensiones en seguridad y afectaciones a comunidades fronterizas, especialmente en Norte de Santander.Petro prepara decreto de emergencia por impacto en la frontera con VenezuelaEl anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó que se trabaja en la proyección de un decreto de emergencia para atender la coyuntura derivada del ataque estadounidense. Como parte de esta estrategia, Benedetti liderará un puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, ciudad clave por albergar el principal paso fronterizo con Venezuela.Según explicó el funcionario, el objetivo es coordinar acciones inmediatas que permitan anticiparse a una posible crisis humanitaria. El Gobierno busca actuar con rapidez para evitar desbordamientos en la frontera y garantizar una respuesta institucional articulada.Medidas humanitarias y sociales que alista el Gobierno colombianoDentro del plan anunciado, el Gobierno contempla una serie de acciones enfocadas en la atención a población vulnerable, tanto colombiana como migrante. Entre las principales medidas se destacan:Asistencia en salud mediante hospitales y centros médicos en zonas fronterizas.Garantía del derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes.Protección especial a menores de edad y poblaciones en riesgo.Atención a personas de terceras nacionalidades que ingresen al país.Habilitación de albergues temporales en Cúcuta y otras ciudades.Refuerzo de los puestos fronterizos para mejorar las condiciones de seguridad.Estas acciones buscan mitigar el impacto inmediato que podría generar un nuevo escenario de inestabilidad en Venezuela.Refuerzan seguridad ante posibles riesgos armados en la zona limítrofeEn paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció un plan especial de seguridad para prevenir posibles acciones del ELN y otros grupos armados ilegales que operan en la frontera. Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros de límite, una zona históricamente golpeada por la presencia de organizaciones armadas.El Gobierno colombiano teme que estos grupos aprovechen la coyuntura para cometer atentados o fortalecer economías ilegales. En ese contexto, las autoridades buscan cerrar cualquier espacio a la violencia y proteger a las comunidades fronterizas.Mientras se define el alcance del decreto de emergencia, el Gobierno insiste en que la prioridad será la atención humanitaria y la estabilidad en una de las regiones más sensibles del país.
Tras la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de su cuenta de X, anunció la instalación de un puesto de mando unificado en Cúcuta."Con el propósito de adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica , en respuesta a la situación en la frontera. En el marco de este PMU se definirán y coordinaran medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas, tanto a connacionales, como migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país", afirmó Benedetti. Entre las asistencias anunciadas están la asistencia en salud, a través de centros médicos y hospitales, garantía del derecho a la educación protección integral de niños, niñas y adolescentes, atención y protección a personas de terceras nacionales, revisión y fortalecimiento de los puestos fronterizos para asegurar condiciones adecuadas de seguridad y habilitación de albergues temporales en Cúcuta y en otra ciudades del país.
Tras la reciente captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de los Estados Unidos, el expresidente Andrés Pastrana aseguró que este evento marca el inicio de un proceso judicial de gran escala con repercusiones directas en Colombia. Según Pastrana, existe una alta probabilidad de que el líder venezolano, ahora bajo custodia estadounidense, suministre información comprometedora sobre el presidente Gustavo Petro ante la corte del distrito sur de Nueva York.Implicaciones judiciales para Gustavo Petro y la Lista ClintonEl expresidente Pastrana sostiene que Gustavo Petro debe estar "absolutamente preocupado" por el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Pastrana calificó a Petro como el "canciller de Nicolás Maduro" y afirmó que el mandatario colombiano enfrenta un "efecto espejo" frente a la caída del régimen venezolano. Según la fuente, Petro podría estar vinculado con el narcotráfico, mencionando la existencia de pruebas que lo incluirían en la Lista Clinton, así como las confesiones de su hijo y hermano sobre la entrada de recursos ilícitos a su campaña,."Definitivamente", respondió Pastrana al ser cuestionado sobre si Maduro entregaría información contra Petro, recordando que el propio Maduro ya había intentado culpar a Colombia por los problemas de drogas en Venezuela en días recientes. Además, el expresidente enfatizó que la justicia estadounidense posee evidencias recolectadas a través de figuras como Alex Saab y el 'Pollo' Carvajal, quienes habrían aportado datos sobre la relación entre el gobierno de Petro y el régimen de Maduro.El fin de la "narcodictadura" y la transición con Edmundo GonzálezPara Pastrana, la captura de Maduro es solo la primera fase de una operación para erradicar lo que denomina una "narcodictadura". El exmandatario señaló que la falta de respuesta militar durante la extracción sugiere que Maduro pudo haber sido "vendido" por alguien cercano para cobrar la recompensa de 50 millones de dólares que pesaba sobre su cabeza.En cuanto al futuro político de Venezuela, Pastrana fue enfático en que el mundo debe reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente constitucional, y no solo como presidente electo, debido al "golpe de Estado" que Maduro habría perpetrado el pasado 10 de enero al impedir su posesión. Según las fuentes, la oposición, liderada por González y María Corina Machado, ya tiene estructurado un programa para "el día después" de la caída del régimen.Presión sobre el Cartel de los Soles y los aliados del régimenLa operación militar en Venezuela ha incluido, según Pastrana, la toma y destrucción de aeropuertos cercanos a Caracas y el desmantelamiento del sistema de comunicaciones para evitar la fuga de los aliados de Maduro. El expresidente mencionó que la presión ahora recae sobre figuras como Diosdado Cabello (apodado por él como "Chapo Cabello") y Vladimir Padrino López, por quienes también existen millonarias recompensas que "le arreglan la vida a mucha gente".Escuche aquí la entrevista:
La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras una operación militar anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, abre un escenario de máxima complejidad para Colombia. Así lo advirtió el investigador Ronald Rodríguez, del Observatorio para Venezuela de la Universidad del Rosario, quien calificó la situación como “el peor escenario posible” para el país.Según el analista, cualquier escalada de confrontación en Venezuela tendrá un impacto directo en Colombia, especialmente en materia migratoria y de seguridad. El país, advierte, no está preparado para enfrentar un nuevo flujo masivo de migrantes, en medio de una coyuntura interna marcada por la crisis humanitaria en el Catatumbo, donde más de 87 mil personas han sido desplazadas por enfrentamientos armados.Rodríguez subrayó que la capacidad institucional para responder a una emergencia migratoria está debilitada, con una Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo golpeada, reducción drástica de la cooperación internacional y ausencia de una política clara de atención a flujos migratorios. Actualmente, Colombia alberga más de 2,8 millones de venezolanos, de los cuales cerca del 69 % están regularizados.Grupos armados apoyarían el régimen de Nicolás MaduroPara Rodríguez, la dimensión de seguridad también es crítica. Advirtió que grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han expresado su intención de “defender la revolución bolivariana” y podrían aprovechar un escenario de confrontación para fortalecer su control en la frontera.El experto recordó que el régimen venezolano siempre planteó que no podría derrotar militarmente a Estados Unidos, pero sí podía sostener una lógica de resistencia, guerrilla y desgaste para retrasar cualquier proceso de transición democrática.Esa lógica, según Rodríguez, puede traducirse en un incremento de violencia, presión sobre la frontera y una afectación directa a la seguridad en regiones vecinas de Colombia.Finalmente, Rodríguez alertó sobre riesgos de seguridad en la frontera, especialmente por el papel que podrían asumir grupos armados como el ELN, que han expresado su intención de defender la llamada revolución bolivariana. Para Colombia, concluyó, el impacto de lo que ocurra en Venezuela será inevitable y profundo.Escuche la entrevista completa aquí:
Siguiendo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, el Gobierno activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para coordinar la atención humanitaria a la población migrante y fortalecer las acciones de seguridad en la frontera, luego de que confirmaran ataques en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, en Venezuela por parte de Estados Unidos. Así lo indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al detallar las medidas adoptadas ante el actual contexto de riesgo en la zona limítrofe.“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, se activó el Puesto de Mando Unificado para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran”, señaló el jefe de la cartera de Defensa, al explicar que el dispositivo busca una respuesta integral tanto en materia social como de seguridad.El ministro advirtió que, de manera paralela, se ordenó la activación de todas las capacidades operativas de la fuerza pública para anticipar y neutralizar posibles acciones violentas de estructuras armadas ilegales que operan en la región. En ese sentido, fue enfático en señalar a organizaciones criminales de carácter transnacional como la principal amenaza.“Se alertaron y activaron todas las capacidades de la fuerza pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN u otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera”, afirmó Sánchez, al tiempo que precisó que “las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”.Dentro del paquete de medidas adoptadas, el Gobierno también decidió reforzar la seguridad de las sedes diplomáticas consideradas estratégicas. Según el ministro, se incrementó el esquema de protección de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, con el fin de garantizar su integridad y prevenir cualquier incidente.“Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección”, indicó el ministro, al subrayar que estas acciones hacen parte de los protocolos preventivos activados en el marco de la coyuntura regional.Finalmente, el ministro de Defensa reiteró que el manejo de la política exterior y las relaciones internacionales es una atribución exclusiva del jefe de Estado, tal como lo establece la Constitución. “Acorde a la Constitución, las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de Jefe de Estado”, concluyó.Las autoridades aseguraron que el PMU permanecerá activo y en permanente evaluación, mientras se mantiene el despliegue de seguridad en la frontera y la atención a las comunidades que puedan verse afectadas por la situación.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.
Colombia vive un momento doloroso tras la muerte del pequeño Kevin Acosta, un niño con hemofilia cuyo caso ha conmocionado al país por este lamentable suceso.Frente a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y de sectores del Ministerio de Salud, quienes señalaron que el accidente en bicicleta fue la causa principal de la muerte del menor y cuestionaron su cuidado, Katherin Pico, madre de Kevin, afirmó que el niño no murió por una caída, sino por la falta del medicamento que nunca se le suministró a tiempo.Según explicó la madre, tras el golpe fue llevado a un centro médico y luego remitido a Pitalito, donde la atención fue deficiente. "Me lo demoraron 24 horas sin medicamentos, sin atención; es decir, solamente con oxígeno", afirmó la mujer.De igual manera, Katherin asegura que el problema no es montar bicicleta, sino la falta de medicamentos, pues sostiene que existen ciclistas profesionales con la enfermedad y aun así pueden participar en competencias de alto rendimiento.Ciclistas con hemofilia compiten en toursTras las críticas del Gobierno por permitir que un niño con hemofilia montara bicicleta, Katherin Pico defendió el derecho de su hijo a tener una vida normal. "El hecho de que sea hemofílico no significa que no pudiera realizar actividades... no lo podía tener atado a una cadena, amarrado o bajo llave", afirmó.La mujer recordó que hay atletas de alto rendimiento que participan en competencias como el Tour de Francia: "Mire, hay muchas personas, como muchos hemofílicos, que están participando en el Tour de Francia y ahí siguen; participan y en ningún momento les han prohibido hacerlo".De hecho, el periodista deportivo Ricardo Orrego confirmó las declaraciones de Katherin Pico y señaló que ciclistas como Alex Dowsett, británico especialista en pruebas de ruta, padecen hemofilia."Ha corrido toda su vida en competencias de alto nivel, es decir, en primera categoría. Incluso ha sido medallista de plata en contrarreloj en los Juegos de la Commonwealth", afirmó Orrego.Dowsett ha vestido los jerseys de Sky y Movistar Team, compartiendo equipo con el colombiano Nairo Quintana; incluso estuvo en el Katusha-Alpecin en Israel. Sin embargo, estos deportistas pueden competir al más alto nivel, siempre y cuando reciban los medicamentos adecuados. "La culpa no es de la bicicleta", concluyó.Otros ciclistas que padecen de esta enfermedad son: el español Pau Salvá, Fabio Blasco y Barry Haarde.Respuesta al presidente PetroSobre las palabras del presidente Petro, quien sugirió que las madres "no nacen aprendidas" y deben ser educadas sobre los riesgos de la enfermedad, Pico respondió que conoce perfectamente la condición, pues tiene otros familiares con hemofilia y ha convivido con ella toda la vida. "Él juzga sin saber... yo soy consciente de la enfermedad que él tiene", sentenció, pidiendo que la muerte de Kevin sirva para que otros niños, incluidos sus propios primos que hoy esperan medicina, no corran la misma suerte.
Una operación militar en el Norte de Antioquia terminó en combates, capturas y la incautación de un importante arsenal que, según inteligencia, iba a fortalecer la presencia armada de las disidencias en la región. La acción fue desarrollada por tropas del Ejército, en coordinación con el CTI en zona rural de San Andrés de Cuerquia.Durante la operación fueron capturados dos criminales de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, señalados de delinquir bajo las órdenes de alias ‘Lobo’, hombre cercano a alias ‘Primo Gay’. En el lugar las autoridades hallaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, celulares y abundante material de intendencia.De acuerdo con información de las autoridades, ‘Lobo’, quien tiene más de cinco años en actividades delictivas y orden de captura por homicidio agravado y otros delitos, se encontraba en la zona al momento de los enfrentamientos, pero logró escapar junto a otros integrantes del grupo armado.Las autoridades señalan que esta comisión armada pretendía reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su influencia en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando espacios que habían quedado vacíos tras anteriores operaciones militares en 2025.
La Dirección Nacional de Inteligencia se pronunció tras la controversia por el llamado a calificar servicios del general Edwin Urrego, una decisión adoptada por el presidente Gustavo Petro luego de recibir información en su despacho que revelaba un supuesto complot en su contra y el ministro del Interior, Armando Benedetti.La entidad aseguró que el mandatario, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Militares y la Policía, tiene la autoridad constitucional y legal para retirar del servicio activo a integrantes de la Fuerza Pública. Según la DNI, esta atribución se enmarca dentro de las competencias del jefe de Estado como máxima autoridad administrativa.La DNI también aclaró que las fuentes de información del presidente no se limitan a la inteligencia estatal y agregó que el flujo de datos proviene de distintas agencias de inteligencia, así como de reportes ciudadanos, lo que, según la entidad, fortalece la protección institucional y la defensa de la democracia.En el documento, la Dirección de Inteligencia reiteró su compromiso con el respeto de los derechos humanos y recordó que cualquier persona puede acudir a los canales oficiales para denunciar hechos o aportar información relevante.El informe que llevó a la salida del general Urrego de la PolicíaUn documento titulado “Verificación posible supuesta conspiración contra el señor presidente de la República y el señor ministro” puso bajo análisis el nombre del general Edwin Urrego, en medio de versiones sobre un eventual plan para afectar al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.El informe parte de la revisión de un solo correo remitido por una persona identificada como Andrés Abello, bajo el seudónimo “PACO”, que decía lo siguiente:"En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro Armando Benedetti por parte del teniente coronel Óscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla, en el cual, con políticos de derecha, como Char, vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro, diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor Moreno Arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo Grate de Bogotá, siendo el enlace", indica textualmente.El documento de inteligencia, en ninguno de sus apartes, menciona que la supuesta conspiración contra el presidente Petro haya sido en el marco o haya tenido relación con la visita del mandatario a la Casa Blanca, en la cual se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
En una jornada marcada por la tensión en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, Alexis Mina, consejero mayor de 43 consejos comunitarios del norte del Cauca, explicó las razones detrás de las movilizaciones que han paralizado sectores estratégicos de la capital. A pesar de los vínculos territoriales y personales con la vicepresidenta, las comunidades exigen soluciones estructurales a una crisis de seguridad y abandono estatal que, según denuncian, no ha sido resuelta por el actual gobierno.Vínculo con Francia Márquez y la realidad del "Vivir Sabroso"Una de las declaraciones más llamativas de Mina fue el reconocimiento de su proximidad con la vicepresidenta. "Aquí todos somos cercanos a Francia Márquez", afirmó, señalando que al provenir de una región pequeña como el norte del Cauca, la gran mayoría de los líderes se conocen entre sí. Sin embargo, esta cercanía no ha impedido la protesta, ya que consideran que su agenda de lucha es autónoma y responde a necesidades históricas de la organización.Ante los cuestionamientos sobre la consigna gubernamental de "vivir sabroso", el líder afrodescendiente matizó que las condiciones actuales en sus territorios están lejos de ese ideal. Mina vinculó el deterioro de la situación con la falta de implementación del Acuerdo de Paz de 2016, señalando que, tras una aparente calma inicial, la decisión de gobiernos anteriores de no avanzar en lo pactado desencadenó la crisis actual que el presente gobierno aún no logra revertir.Crisis de seguridad en el Cauca: El motor de la protestaEl núcleo de las exigencias de los 43 consejos comunitarios, que representan a unos 90,000 habitantes de municipios como Padilla, Puerto Tejada, Suárez y Santander de Quilichao, es la seguridad. Mina denunció que sus territorios están "asediados por carteles transnacionales, disidencias de las Farc, pandillas y el crecimiento de cultivos de uso ilícito".La movilización busca presionar al Estado colombiano —más que al gobierno de Petro específicamente— para saldar una deuda histórica que data desde 1986. El líder enfatizó que la protesta es una forma de exigencia frente a temas neurálgicos como la protección de la vida y la pervivencia en los territorios, los cuales serían discutidos en mesas técnicas con funcionarios con capacidad de decisión.Bloqueos en el CAN y la respuesta de las autoridades de BogotáLa protesta incluyó la retención de más de 1.100 personas el pasado lunes en edificios gubernamentales, una acción que Mina calificó como una medida de presión ante la falta de condiciones sanitarias y de alimentación para los manifestantes, así como la ausencia de interlocutores válidos.Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, expresó su profunda preocupación por estos hechos. Restrepo criticó que el Gobierno Nacional impidiera la actuación de la policía para restablecer el orden al mantener abiertas mesas de diálogo, lo que, en su opinión, dejó desprotegidos a los ciudadanos bogotanos. Además, el secretario sugirió que estas movilizaciones podrían estar siendo instrumentalizadas con fines políticos electorales, e hizo un llamado a la Fiscalía para investigar posibles nexos entre los bloqueos y campañas políticas.Escuche aquí la entrevista:
De acuerdo con una comunicación conjunta del Grupo de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídica, la reunión se desarrolló en un “ambiente constructivo” y permitió avanzar en los compromisos orientados a la desmovilización del grupo armado ilegal y a la construcción de paz en los territorios.“El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos, dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del (a) EGC en días previos”.Las partes señalaron que con el encuentro del pasado 9 de febrero se da por superada la suspensión de la conversación que había sido anunciada días antes por el Estado Mayor Conjunto del EGC.En el comunicado también indican que durante la sesión se acordaron compromisos que buscan impulsar el proceso, con beneficios para las comunidades afectadas por el conflicto.El encuentro se llevó a cabo por invitación del Grupo de Países Mediadores, conformado por el Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. La sesión contó además con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y de la Conferencia Episcopal.Es importante recordar que la suspensión de los diálogos se había producido tras las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que, según afirmaron, generaron inconformidad en el grupo armado ilegal y llevaron al anuncio de una pausa temporal en las conversaciones.
Una tormenta eléctrica desató momentos de pánico en Popayán, luego de que un rayo impactara una instalación militar y dejara a un soldado lesionado, además de causar daños en una aeronave del Ejército.El hecho ocurrió el pasado 15 de febrero en el Cantón Militar José Hilario López, donde el uniformado cumplía labores de centinela cerca de un helicóptero cuando se registró la descarga eléctrica. El momento quedó captado en video y muestra el instante exacto en el que el rayo golpea la zona donde se encontraba el militar y este quedó tendido en el suelo por la descarga.Tras el impacto, el soldado fue trasladado a un centro médico de la capital caucana. Según información oficial, su estado es estable y permanece en observación, sin que las lesiones revistan gravedad.Este es el video La descarga también alcanzó el helicóptero que se encontraba en plataforma. La aeronave, adscrita a unidades de aviación del Ejército, presentó daños en el rotor de cola y tuvo que ser retirada temporalmente para revisiones técnicas.Pese al susto que generó el incidente, fuentes militares indicaron que la aeronave ya está en condiciones para operar. Testigos del hecho relataron que el estruendo se escuchó en buena parte de la instalación militar y generó momentos de angustia entre el personal que se encontraba en la zona, pues el impacto fue casi simultáneo con el aguacero.Tras la descarga, se activaron los protocolos de emergencia y se restringió el acceso al área mientras especialistas verificaban posibles afectaciones adicionales en equipos y estructuras dentro del cantón.
Una intensa operación de búsqueda se mantiene en zona rural de Córdoba, donde autoridades y organismos de socorro intentan dar con el paradero de un hombre desaparecido en medio de la emergencia por inundaciones que golpea la región.El despliegue es liderado por la Armada, a través de la Fuerza Naval del Caribe y la Brigada de Infantería de Marina No. 1, en articulación con la Policía, la Defensa Civil, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y autoridades locales.El desaparecido fue identificado como Luis Eduardo Rivero Oviedo, un médico veterinario de 38 años, quien fue visto por última vez el 14 de febrero mientras apoyaba labores humanitarias en áreas afectadas por las lluvias en las zonas rurales de Montería y sus alrededores.Las labores se concentran en corredores fluviales y sectores anegados, donde rescatistas emplean maniobras de gancho y cuerda, patrullajes en botes tipo Zodiac y sobrevuelos con drones para ampliar el radio de rastreo. Las condiciones del terreno, marcadas por crecientes súbitas y zonas inundadas, han dificultado el avance de los equipos.Mientras avanzan las operaciones, las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para aportar cualquier información que permita ubicar al profesional. La búsqueda continúa sin descanso, en medio de una emergencia climática que ya ha dejado múltiples afectaciones en el Caribe.
Comprar vivienda o pagar estudios superiores siguen siendo de los mayores retos que enfrentan los colombianos; ante ese panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una de las principales alternativas para quienes sueñan con tener casa propia o avanzar en su formación.La entidad pública no solo administra la prestación social, también ofrece créditos hipotecarios, leasing habitacional y préstamos educativos. La vía más conocida es trasladar las cesantías al Fondo, que funcionan como respaldo al momento de solicitar el crédito.Cuánto le prestan con sus cesantías en 2026Para 2026, el Fondo Nacional del Ahorro dio a conocer que financiará hasta el 100 % del valor del inmueble a quienes cumplan los requisitos establecidos; es decir, los solicitantes podrían acceder a vivienda sin cuota inicial.Sin embargo, el monto definitivo dependerá de:La capacidad de pago del solicitante.El puntaje mínimo de calificación exigido.Que no existan embargos sobre los recursos.Tener las cesantías consignadas en el Fondo.Adicionalmente, las cesantías administradas por el FNA generan rendimientos atados a la UVR, lo que busca proteger su valor frente a la inflación; además, la entidad no cobra cuotas de administración ni comisiones por retiros.En educación, los afiliados pueden usar sus cesantías para financiar estudios propios, de su pareja o incluso de sus hijos.Con ahorro también le prestaría el FNAQuienes no reciben cesantías también pueden vincularse mediante el Ahorro Voluntario Contractual. Esta modalidad permite acceder al crédito siempre y cuando el afiliado realice aportes mensuales constantes. El método está disponible tanto para residentes en Colombia como para quienes viven en el exterior.Surge entonces una pregunta: ¿los afiliados por cesantías reciben préstamos más altos que quienes ahorran voluntariamente? Lo cierto es que no; en ambos casos la financiación puede ser hasta del 90 % del valor del inmueble, según la capacidad de endeudamiento.Por lo tanto, el FNA dispone de un simulador. Por ejemplo, si un apartamento tiene un costo de 180 millones y se financian 144 millones:En cuota fija en pesos a 20 años (9,5 % EA), la cuota aproximada sería de $1.443.160 mensuales con seguros.En UVR a 30 años, la cuota inicial rondaría los $810.331, aunque con un mayor número de pagos totales.Veamos un caso: Andrés tiene 29 años y desea comprar un apartamento cuyo valor es de 180 millones de pesos. Al utilizar el simulador eligió la opción por valor de la vivienda. Estos fueron los datos: Cuota constante en pesosCuota total con seguros: $1.443.160Valor de seguros: $137.364Valor de la vivienda: $180.000.000Monto a financiar: $144.000.000Plazo: 20 añosTasa de interés efectiva anual: 9,5 %Tasa de interés mensual: 0,759 %Número de cuotas: 240Cuota constante en UVRCuota total con seguros: $810.331Valor de seguros: $88.404Valor de la vivienda: $180.000.000Monto a financiar: $144.000.000Plazo: 30 añosTasa de interés efectiva anual: UVR + 4,5 %Tasa de interés mensual: UVR + 0,367 %Número de cuotas: 360Vale recordar que desde marzo de 2026 estará disponible la opción de financiar el 100 % de la vivienda, lo que ampliará las posibilidades para quienes buscan dar el paso hacia casa propia.
La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca lamentaron los hechos de violencia registrados este lunes en el CAN y se comprometieron a no bloquear edificios públicos.Durante más de seis horas se desarrolló una reunión entre los voceros de los 40 consejos comunitarios, que llegaron a la capital desde el domingo, y delegados del Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República.Como resultado del encuentro, se acordó la instalación formal de una mesa de diálogo que articulará a 20 entidades del Gobierno nacional para avanzar en soluciones a las demandas de la comunidad durante tres días consecutivos.Asimismo, se pactó el cese de los bloqueos luego de que este lunes se registrara la retención de al menos 1.300 funcionarios públicos de cuatro entidades, entre ellas, los ministerios de Educación y Minas; la sede de la Agencia Nacional de Tierras, el Dane y el resto complejo del Centro Administrativo Nacional, CAN.Fuentes confirmaron que las comunidades se comprometieron a permitir el ingreso de trabajadores a las instituciones mientras avanzan las conversaciones. Incluso, algunos campesinos ya habrían empezado a abandonar las instalaciones de la Universidad Nacional.En la jornada inicial se alcanzaron acuerdos preliminares en materia agrícola. Este martes continuaban las negociaciones.La agenda de negociación incluye temas como condiciones de seguridad, inversión social, fortalecimiento del sector agrícola, mejoramiento de vías e infraestructura y acceso a la educación, entre otros puntos prioritarios para las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca.La mesa cuenta con la mediación de la Defensoría del Pueblo y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de garantizar transparencia, respeto por los derechos fundamentales y avances concretos en favor de las comunidades.