En medio de una operación militar en zona rural de San Andrés de Cuerquia, un nombre volvió a encender las alertas de inteligencia. Se trata de alias ‘Lobo’, cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc y considerado hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’. Este criminal logró escapar pese a que el operativo estaba dirigido específicamente contra él.Según información de inteligencia, ‘Lobo’, identificado como Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, de 30 años, acumula más de cinco años al servicio criminal. Su historial muestra un ascenso acelerado dentro de las filas de las disidencias cuando pasó de guerrillero raso a explosivista y luego a cabecilla de comisión, consolidándose como pieza clave en el andamiaje armado del grupo.Las autoridades sostienen que se fugó en medio del cerco militar junto a otros seis integrantes. El cabecilla se encontraba en una vivienda usada como punto de operaciones, pero aprovechó la cercanía de otras casas para escabullirse entre construcciones rurales. En su huida dejó atrás fusiles, explosivos y abundante material de guerra, lo que evidencia la presión del operativo. Reportes preliminares indican que habría resultado herido durante los enfrentamientos.El prontuario atribuido a alias ‘Lobo’ se remonta a años de violencia en el Norte antioqueño. Inteligencia lo vincula con la instalación de artefactos explosivos en veredas de Anorí, ataques contra tropas en campos minados y la incineración de maquinaria pesada en zonas rurales.También es señalado por hechos como la desaparición y asesinato de un líder social en Campamento, homicidios selectivos en áreas como Amalfi y el control armado mediante retenes ilegales entre municipios como Briceño, Guadalupe y Campamento. En años recientes, su accionar se habría centrado en extorsiones, inteligencia delictiva y amenazas a funcionarios públicos.Su trayectoria criminal muestra una evolución dentro de la estructura: en 2020 figuraba como combatiente del ELN, luego pasó a explosivista del frente 36 y terminó como cabecilla de comisión del grupo armado residual, liderando operaciones armadas y logísticas en corredores estratégicos.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Lobo’ era el encargado de reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su dominio en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando territorios que habían quedado debilitados tras operaciones militares en 2025.Su zona base estaría ubicada en un sector conocido como El Hoyo, en zona rural de Anorí, desde donde coordinaba movimientos armados y redes de apoyo. Sobre él pesa una orden de captura vigente por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de material de guerra.Aunque el golpe militar dejó capturas y la incautación de armamento, la fuga de alias ‘Lobo’ mantiene activa la operación en el Norte de Antioquia. Las tropas continúan desplegadas en corredores rurales, intentando cerrar el cerco sobre el hombre que hoy es considerado uno de los cabecillas más peligrosos de la Estructura 36 y pieza clave en el engranaje criminal de alias ‘Primo Gay’.
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Un operativo conjunto entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía dejó la captura con fines de extradición de alias 'Gustavo', un hombre requerido por Brasil por narcotráfico y lavado de activos. Todo se realizó en medio de estrategias contra el crimen transnacional que venían siguiéndole la pista desde hace meses.Según las investigaciones, el capturado lideraba una organización criminal con conexiones en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, además de conexiones en Europa. Su rol, según las autoridades, era coordinar el envío de grandes cargamentos de droga desde Colombia hacia distintos países de Suramérica, con destino final en mercados europeos como España y Holanda.Las investigaciones indican, además, que la estructura criminal buscaba consolidar corredores internacionales para el tráfico de estupefacientes, aprovechando rutas regionales para mover cargamentos que luego eran enviados al otro lado del Atlántico. Por eso, la captura es vista como un golpe a redes que operan más allá de las fronteras colombianas.El director de Antinarcóticos de la Policía, el general William Castaño, aseguró que con este resultado se debilitan corredores del narcotráfico y se impactan las finanzas ilícitas de estas organizaciones. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso de extradición solicitado por Brasil.Con esta detención, las autoridades buscan frenar el avance de redes que convierten a Colombia en punto clave de salida de droga hacia el exterior, en un negocio que mezcla rutas regionales, lavado de activos y alianzas criminales internacionales.
Entre el 9 y el 15 de febrero, operativos en distintas regiones dejaron 139 integrantes de grupos armados organizados afectados, en una semana marcada por acciones contra disidencias, ELN y Clan del Golfo. En medio de esas intervenciones también fueron recuperados dos menores que estaban en poder de estas estructuras.El foco principal estuvo en las economías ilegales. En materia de narcotráfico, se incautaron 1.405 kilos de cocaína y 805 kilos de marihuana, además de la destrucción de 35 laboratorios clandestinos. La cifra muestra el tamaño de las redes que siguen operando y la presión sobre sus centros de producción.La minería ilegal también quedó en la mira. Cinco personas fueron capturadas y 50 socavones intervenidos, un golpe que apunta a frenar otra de las principales fuentes de financiación de los grupos armados en zonas rurales.El balance deja una semana de operaciones simultáneas en varios frentes: menos droga en circulación, laboratorios desmantelados y afectaciones directas a estructuras ilegales. Un panorama que refleja una ofensiva enfocada en debilitar ingresos, movilidad y capacidad operativa de estas organizaciones.
La Corte Suprema de Justicia marcó un precedente en el país al sancionar por primera vez a un abogado por temeridad tras presentar un escrito elaborado con inteligencia artificial en el que citó fallos inexistentes del alto tribunal.La decisión, adoptada por la Sala Civil, impuso al jurista una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 SMLMV) y ordenó remitir copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que adelante las investigaciones correspondientes.Citas que nunca existieronSegún estableció la Corte, el documento enviado por el abogado incluía seis referencias a supuestos fallos de la Corte Suprema que no aparecen en el repositorio oficial. Lejos de corregir el error, el profesional del derecho presentó un segundo escrito en el que añadió cuatro nuevas citas, también inexistentes.En total, el expediente acumuló diez referencias de dudosa autenticidad a decisiones judiciales que nunca fueron proferidas por el alto tribunal.Posteriormente, en un nuevo escrito, el abogado reconoció que las imprecisiones se originaron en “un programa de inteligencia artificial que se trabaja con el fin de agilizar la contestación de los trámites”. Sin embargo, para la Sala Civil esa explicación no solo no atenúa la falta, sino que la agrava.“Riesgo previsible y evitable”La Corte fue enfática en señalar que quien presenta un documento judicial generado por un sistema de inteligencia artificial sin verificar la existencia de las fuentes citadas asume un riesgo “previsible y evitable”.El alto tribunal calificó la conducta como temeraria al considerar que el abogado incumplió su deber profesional de rigor, diligencia y verificación mínima de la información antes de ponerla en conocimiento de la justicia.Con esta decisión, la Corte envía un mensaje claro a la comunidad jurídica: el uso de herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, no exime de responsabilidad ni sustituye el deber de corroborar datos y fuentes oficiales.Además de la multa económica, el caso podría derivar en sanciones disciplinarias adicionales si la Comisión de Disciplina Judicial encuentra mérito para ello.El fallo sienta un precedente relevante en momentos en que la inteligencia artificial comienza a integrarse de forma creciente en la práctica legal. La Corte dejó claro que la modernización tecnológica no puede comprometer la veracidad ni la seriedad de los escritos judiciales, y que los abogados deberán responder por cualquier información inexacta presentada ante los tribunales.
Medellín sigue avanzando en el propósito de remodelar el estadio Atanasio Girardot, no solo para contar con un escenario de mayor capacidad, sino de cumplir con estándares internacionales para albergar más espectáculos de talla mundial.Fue el alcalde Federico Gutiérrez quien indicó que ante una curaduría urbana de la ciudad ya fueron radicados elementos como los diseños arquitectónicos y estructurales, estudio de suelos, de seguridad humana y el levantamiento topográfico completo para avanzar en la expedición de la licencia de construcción de lo que será el nuevo Atanasio Girardot.El mandatario explicó que ahora la curaduría lo que hará será evaluar estos documentos y emitir, si lo considera, algunas observaciones que serán tenidas en cuenta de cara a la aprobación final del megaproyecto donde se invertirán recursos públicos por 750 mil millones de pesos, muchos de ellos producto de la explotación comercial de la misma infraestrctura."Antes de empezar la construcción venimos trabajando en otros asuntos, en todo lo que tiene que ver también con la adaptación tecnológica, que es fundamental para el proyecto, porque esto no es solo entonces el tema estructural o arquitectónico, entonces el tema por ejemplo de seguridad dentro del estadio, entre otros", dijo el alcalde.Federico Gutiérrez destacó que siguen acciones paralelas a estas técnicas enfocadas en el componente social, principalmente a sectores impactados por la obra como comerciantes, equipos de futbol, periodistas y empresarios de eventos.Se espera que las obras inicien el próximo mes de julio, posterior a etapas licitatorias y contractuales, e incluyan una nueva cubierta, modernización tecnológica, aumento de capacidad de hasta 60.000 espectadores y remodelación de sus alrededores.
El incremento en la intensidad de las lluvias al cierre de la segunda semana de febrero nuevamente generaron emergencias en diferentes zonas de Antioquia, que a su vez siguen incrementando el registro de afectados.Según Daniel Galeano, director encargado del Dagran, en el departamento ya las familias damnificadas superan las 13 mil y al tiempo que avanzan las gestiones para su atención sigue el levantamiento del censo en poblaciones recientemente perjudicadas tanto del Urabá como del Suroeste, pues en Venecia y Santa Bárbara se reportaron fuertes vendavales.En esta última población quedaron cerca de 25 viviendas destechadas en las veredas El Vergel, Altos de los Gómez, Pavas y Pitayó."Llegando a las 13.400 familias damnilcas en todo el territorio antioqueño. Este fin de semana tuvimos graves afectaciones en el municipio de Turbo, en Carepa, en Chigorodó. Es invitar a las comunidades a que se sigan cuidando. En el tema de los vendavales, van a ser constantes, las lluvias siguen constantes", advirtió Galeano.A propósito de estas situaciones y las previsiones meteorológicas que indican la continuidad de lluvias para los próximos días, en el Valle de Aburrá también refuerzan controles a las actividades urbanísticas para prevenir tragedias, pues el 73% de municipios siguen en alerta por riesgo de deslizamientos.Así ocurrió en las últimas horas en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas en Medellín donde identificaron ochos construcciones sin licencia en terrenos designados como agroforestales y donde la norma solo permite una casa por cada 12 hectáreas, para proteger recursos naturales.Andrés Patiño, subsecretario encargado de Control Urbanístico,explicó que al estar las infraestructuras ya terminadas, junto la corregiduría revisarán cada situación para definir medidas correctivas, según corresponda."Nuestro interés es que las comunidades conozcan las limitaciones y usos del suelo antes de construir, para así evitar poner en riesgo la vida y el patrimonio de los habitantes. San Sebastián de Palmitas es uno de los corregimientos con mayor riqueza ambiental de Medellín, razón por la cual el adecuado ordenamiento del territorio es prioritario", dijo el funcionario.Mientras labores de prevención y control avanzan en diferentes zonas del departamento, sigue la gestión con la fuerza pública y otras instituciones públicas y privadas para la llegada de ayudas humanitarias a zonas apartadas de Antioquia.
Sebastián Rivera, director general de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), denunció que, en el periodo revisado entre 2022 y 2025, 55 de las 97 entidades territoriales, entre alcaldías y gobernaciones, redujeron la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a pesar de haber recibido incrementos presupuestales. Entre los territorios señalados se encuentran Villavicencio y el departamento del Atlántico.Ante este panorama, la UApA y el Ministerio de Educación Nacional anunciaron la expedición de una resolución de asignación de recursos para el PAE que estará condicionada al aumento de la cobertura. Según lo establecido, los entes territoriales deberán garantizar la atención de un número determinado de estudiantes sin disminuir la población beneficiaria. Además, el próximo 30 de abril se realizará un corte de evaluación para verificar el comportamiento de la prestación del servicio de alimentación escolar.Durante la presentación de los hallazgos, la entidad expuso un informe sobre gobernaciones y alcaldías que planearon 2026 con proyecciones de desfinanciamiento. Entre los casos con mayores brechas aparecen Santander, con una diferencia cercana a los 69.800 millones de pesos; Yumbo, con más de 21.900 millones; y Vichada, con alrededor de 19.900 millones. También figuran Meta, Magdalena, Cúcuta, Pasto, Santa Marta y Sucre, con déficits proyectados que oscilan entre 9.000 y 15.000 millones de pesos, según las cifras presentadas.La UApA también emitió una alerta sobre la implementación del PAE indígena. De acuerdo con la entidad, no todos los entes territoriales han suscrito contratos con las organizaciones indígenas, situación que deja a más de 100 niños sin acceso al programa de alimentación escolar en esos territorios.Frente a la emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba por las inundaciones, las autoridades informaron que, mientras se mantenga suspendido el calendario escolar, se habilitará la entrega de canastas alimentarias en los municipios afectados. La medida busca garantizar la continuidad del apoyo nutricional a niños, niñas y jóvenes que actualmente no están recibiendo el servicio del PAE debido a la interrupción de las clases.
Cuando trabajadores de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el sector Paso del Comercio, en el norte de Cali, adelantaban labores de limpieza, encontraron en un canal las cabezas de dos personas al interior de bolsas plásticas.Los operarios avisaron a las autoridades que, al llegar al sitio, encontraron otras partes de cuerpos humanos. A esta hora la Fiscalía adelanta la diligencia de levantamiento en este lugar a donde llega el material que arrastran los canales de aguas residuales de la ciudad.Aún no hay identidades de las víctimas de este aterrador crimen que se conoce 5 días después de que apareciera la cabeza de otra persona al interior de una maleta, a pocos metros del CAM, donde están ubicadas las sedes de la Alcaldía y del Concejo de Cali.La semana pasada las autoridades relacionaron ese macabro hallazgo con una aparente disputa entre bandas dedicadas al narcotráfico.
Tras la reciente captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de los Estados Unidos, el expresidente Andrés Pastrana aseguró que este evento marca el inicio de un proceso judicial de gran escala con repercusiones directas en Colombia. Según Pastrana, existe una alta probabilidad de que el líder venezolano, ahora bajo custodia estadounidense, suministre información comprometedora sobre el presidente Gustavo Petro ante la corte del distrito sur de Nueva York.Implicaciones judiciales para Gustavo Petro y la Lista ClintonEl expresidente Pastrana sostiene que Gustavo Petro debe estar "absolutamente preocupado" por el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Pastrana calificó a Petro como el "canciller de Nicolás Maduro" y afirmó que el mandatario colombiano enfrenta un "efecto espejo" frente a la caída del régimen venezolano. Según la fuente, Petro podría estar vinculado con el narcotráfico, mencionando la existencia de pruebas que lo incluirían en la Lista Clinton, así como las confesiones de su hijo y hermano sobre la entrada de recursos ilícitos a su campaña,."Definitivamente", respondió Pastrana al ser cuestionado sobre si Maduro entregaría información contra Petro, recordando que el propio Maduro ya había intentado culpar a Colombia por los problemas de drogas en Venezuela en días recientes. Además, el expresidente enfatizó que la justicia estadounidense posee evidencias recolectadas a través de figuras como Alex Saab y el 'Pollo' Carvajal, quienes habrían aportado datos sobre la relación entre el gobierno de Petro y el régimen de Maduro.El fin de la "narcodictadura" y la transición con Edmundo GonzálezPara Pastrana, la captura de Maduro es solo la primera fase de una operación para erradicar lo que denomina una "narcodictadura". El exmandatario señaló que la falta de respuesta militar durante la extracción sugiere que Maduro pudo haber sido "vendido" por alguien cercano para cobrar la recompensa de 50 millones de dólares que pesaba sobre su cabeza.En cuanto al futuro político de Venezuela, Pastrana fue enfático en que el mundo debe reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente constitucional, y no solo como presidente electo, debido al "golpe de Estado" que Maduro habría perpetrado el pasado 10 de enero al impedir su posesión. Según las fuentes, la oposición, liderada por González y María Corina Machado, ya tiene estructurado un programa para "el día después" de la caída del régimen.Presión sobre el Cartel de los Soles y los aliados del régimenLa operación militar en Venezuela ha incluido, según Pastrana, la toma y destrucción de aeropuertos cercanos a Caracas y el desmantelamiento del sistema de comunicaciones para evitar la fuga de los aliados de Maduro. El expresidente mencionó que la presión ahora recae sobre figuras como Diosdado Cabello (apodado por él como "Chapo Cabello") y Vladimir Padrino López, por quienes también existen millonarias recompensas que "le arreglan la vida a mucha gente".Escuche aquí la entrevista:
La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras una operación militar anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, abre un escenario de máxima complejidad para Colombia. Así lo advirtió el investigador Ronald Rodríguez, del Observatorio para Venezuela de la Universidad del Rosario, quien calificó la situación como “el peor escenario posible” para el país.Según el analista, cualquier escalada de confrontación en Venezuela tendrá un impacto directo en Colombia, especialmente en materia migratoria y de seguridad. El país, advierte, no está preparado para enfrentar un nuevo flujo masivo de migrantes, en medio de una coyuntura interna marcada por la crisis humanitaria en el Catatumbo, donde más de 87 mil personas han sido desplazadas por enfrentamientos armados.Rodríguez subrayó que la capacidad institucional para responder a una emergencia migratoria está debilitada, con una Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo golpeada, reducción drástica de la cooperación internacional y ausencia de una política clara de atención a flujos migratorios. Actualmente, Colombia alberga más de 2,8 millones de venezolanos, de los cuales cerca del 69 % están regularizados.Grupos armados apoyarían el régimen de Nicolás MaduroPara Rodríguez, la dimensión de seguridad también es crítica. Advirtió que grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han expresado su intención de “defender la revolución bolivariana” y podrían aprovechar un escenario de confrontación para fortalecer su control en la frontera.El experto recordó que el régimen venezolano siempre planteó que no podría derrotar militarmente a Estados Unidos, pero sí podía sostener una lógica de resistencia, guerrilla y desgaste para retrasar cualquier proceso de transición democrática.Esa lógica, según Rodríguez, puede traducirse en un incremento de violencia, presión sobre la frontera y una afectación directa a la seguridad en regiones vecinas de Colombia.Finalmente, Rodríguez alertó sobre riesgos de seguridad en la frontera, especialmente por el papel que podrían asumir grupos armados como el ELN, que han expresado su intención de defender la llamada revolución bolivariana. Para Colombia, concluyó, el impacto de lo que ocurra en Venezuela será inevitable y profundo.Escuche la entrevista completa aquí:
Siguiendo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, el Gobierno activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para coordinar la atención humanitaria a la población migrante y fortalecer las acciones de seguridad en la frontera, luego de que confirmaran ataques en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, en Venezuela por parte de Estados Unidos. Así lo indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al detallar las medidas adoptadas ante el actual contexto de riesgo en la zona limítrofe.“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, se activó el Puesto de Mando Unificado para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran”, señaló el jefe de la cartera de Defensa, al explicar que el dispositivo busca una respuesta integral tanto en materia social como de seguridad.El ministro advirtió que, de manera paralela, se ordenó la activación de todas las capacidades operativas de la fuerza pública para anticipar y neutralizar posibles acciones violentas de estructuras armadas ilegales que operan en la región. En ese sentido, fue enfático en señalar a organizaciones criminales de carácter transnacional como la principal amenaza.“Se alertaron y activaron todas las capacidades de la fuerza pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN u otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera”, afirmó Sánchez, al tiempo que precisó que “las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”.Dentro del paquete de medidas adoptadas, el Gobierno también decidió reforzar la seguridad de las sedes diplomáticas consideradas estratégicas. Según el ministro, se incrementó el esquema de protección de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, con el fin de garantizar su integridad y prevenir cualquier incidente.“Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección”, indicó el ministro, al subrayar que estas acciones hacen parte de los protocolos preventivos activados en el marco de la coyuntura regional.Finalmente, el ministro de Defensa reiteró que el manejo de la política exterior y las relaciones internacionales es una atribución exclusiva del jefe de Estado, tal como lo establece la Constitución. “Acorde a la Constitución, las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de Jefe de Estado”, concluyó.Las autoridades aseguraron que el PMU permanecerá activo y en permanente evaluación, mientras se mantiene el despliegue de seguridad en la frontera y la atención a las comunidades que puedan verse afectadas por la situación.
En un mensaje de la Cancillería, replicado por el presidente Gustavo Petro, se fijó la posición del gobierno rechazando lo que ocurre en territorio vecino.En esa medida, el Gobierno siguiendo en línea con lo dicho por el presidente Petro más temprano, pidió respeto a la soberanía y la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias internacionales."El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos", reiteraron.Así mismo, se dispuso de las medidas necesarias para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias."La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada", puntualidad el comunicado.Finalmente, el presidente Gustavo Petro agregó en su publicación la siguiente frase: "Que Bolívar proteja al pueblo Venezolano y al pueblo latinoamericano".
Un balance positivo en materia de seguridad entregó la Policía Nacional al cierre de noviembre y diciembre de 2025, periodo en el que se evidenció una reducción sostenida de varios delitos de alto impacto en Colombia, con énfasis en el homicidio.De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, durante esos dos meses los homicidios se redujeron en un 5,5 %. En diciembre, la tasa nacional alcanzó los 26 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no se registraba desde hace 20 años en época decembrina.El comportamiento a nivel regional mostró una disminución importante en varios departamentos. Putumayo reportó la mayor reducción del país, con un 72 % menos de homicidios, seguido de Risaralda, con una disminución del 43 %; Atlántico, con el 29 %; Antioquia, con el 13 %; y Cundinamarca, con el 9 %.Para el brigadier general Iván Gualdrón Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, estas cifras son el resultado de la implementación de estrategias focalizadas, el fortalecimiento del control territorial y la intensificación de las acciones preventivas en zonas priorizadas. “Lo que significan 158 vidas salvadas frente al mismo periodo del año 2024. Detrás de cada cifra hay una familia que hoy no llora una ausencia. Este avance se siente en el territorio: 16 departamentos y 264 municipios registraron disminuciones significativas, con resultados destacados como Bogotá, Barranquilla y Pereira”, señaló el general.En total, 364 municipios del país registraron menos homicidios. Bogotá presentó una reducción del 17 %, equivalente a 47 casos menos; Barranquilla, una disminución del 36 %, con 41 homicidios menos, mientras que Pereira se destacó con una reducción del 64 %, lo que representa 38 casos menos frente al mismo periodo anterior.En términos de modalidades, se evidenció que el homicidio cometido por medio del sicariato disminuyó en un 3 %, pasando de 1.790 a 1.728 casos en los últimos tres meses del año. Asimismo, las muertes derivadas de riñas descendieron de manera significativa, con una reducción del 14 %, correspondiente a 75 casos menos.A la par, la violencia intrafamiliar se redujo en un 18 %, mientras que los feminicidios presentaron una disminución del 27 %, de acuerdo con los registros oficiales.Las autoridades atribuyeron estos resultados a la estrategia “Una Navidad con Propósito”, que incluyó un mayor despliegue policial en toda Colombia. En medio de las labores, se logró la captura de 802 personas por homicidio y la incautación de 2.698 armas de fuego, acciones que, según la Policía, fueron determinantes para la reducción de los indicadores de violencia al cierre de 2025.
Más de 11 millones de colombianos afectados por el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota” podrían beneficiarse de una propuesta que busca ofrecer alternativas legales y sostenibles de financiamiento.La iniciativa, presentada por Aníbal Gaviria, plantea un modelo de crédito con tasas de interés más justas y mecanismos de acceso para pequeños empresarios, emprendedores y familias que hoy no cuentan con respaldo del sistema financiero formal.El documento propone modificar el esquema actual de la tasa de usura —el tope máximo de interés permitido por la ley— para pasar de una tasa única general a una tasa personalizada por usuario. Este cambio permitiría reducir el costo de los créditos tanto para quienes recurren a préstamos informales como para quienes tienen obligaciones financieras más altas en la banca tradicional.“Hoy existe una tasa de usura igual para todos, lo que termina excluyendo a millones de personas del crédito formal. Con una tasa diferenciada, se busca que quienes tienen menos capacidad de pago puedan acceder a préstamos legales y seguros”, explicó Gaviria durante la presentación de la propuesta.El “gota a gota”, modalidad de préstamo ilegal que puede alcanzar intereses de hasta el 500 %, afecta a sectores de bajos ingresos, pequeños comercios y trabajadores informales. De acuerdo con estimaciones citadas en el documento, su impacto no solo compromete la estabilidad económica de las familias, sino que también fortalece estructuras delictivas dedicadas a la extorsión y al lavado de dinero.La propuesta también incluye mecanismos de acompañamiento financiero y fortalecimiento de las entidades de crédito público y cooperativo, con el fin de ampliar la cobertura y reducir los riesgos asociados al endeudamiento ilegal.En el ámbito económico, la iniciativa prevé que tasas más razonables y créditos accesibles impulsen la formalización de pequeños negocios, la generación de empleo y la dinamización de la economía local.Según el equipo técnico que respalda el proyecto, se trata de una medida estructural que busca equilibrar el acceso al crédito, reducir la dependencia del sistema informal y proteger a los usuarios financieros más vulnerables del país.
Montería será escenario de un encuentro clave para las regiones. La cumbre, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, busca no solo expresar solidaridad, unión y compromiso con Córdoba y su población afectada por la actual emergencia invernal, sino también construir soluciones conjuntas frente a los desafíos que enfrentan los territorios en materia de gestión del riesgo de desastres.Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con los mecanismos de atención inmediata, mitigación y recuperación de los sectores productivos, la infraestructura vial y el tejido social impactado por las lluvias. Asimismo, se discutirá la articulación entre instituciones como herramienta fundamental para poder responder de manera eficaz a las emergencias ambientales que golpean a distintas regiones del país.El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado a los mandatarios departamentales y al Gobierno nacional para construir una hoja de ruta que permita acelerar la recuperación del departamento y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras contingencias. “Esta emergencia necesita de varias etapas, la primera: la atención de la emergencia urgente y otras etapas que permitan la recuperación económica del departamento y de los daños”, señaló.La agenda también incluirá discusiones sobre paz electoral, garantías para el voto libre en las regiones y el fortalecimiento de la institucionalidad de cara a los próximos procesos electorales.Se espera la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; y el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, entre otros altos funcionarios.
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en el departamento de Caquetá y por las afectaciones que está sufriendo la población civil como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales en la región.Jenča rechazó las prácticas que calificó como inadmisibles y contrarias a los derechos humanos, entre ellas las retenciones, amenazas contra la comunidad, confinamientos forzados y el uso de artefactos explosivos. Según advirtió, estas acciones vulneran la vida, la integridad y la libertad de las personas, además de generar un clima de temor e incertidumbre en los territorios.“Expreso preocupación por el deterioro de la seguridad y las afectaciones a la población en Caquetá por el accionar de los grupos armados. Rechazamos las prácticas inadmisibles en contra de los derechos de las personas como retenciones, amenazas, confinamiento y uso de explosivos”, afirmó a través de su cuenta de X.El jefe de la misión hizo un llamado al cese inmediato de las acciones, e instó al Gobierno nacional y a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para garantizar “la protección de la vida y la integridad de la población”.Señaló que los derechos y el bienestar de la población deben constituir el eje central de toda acción institucional y humanitaria, especialmente en contextos donde la violencia impacta de manera directa a las comunidades más vulnerables.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.
Colombia vive un momento doloroso tras la muerte del pequeño Kevin Acosta, un niño con hemofilia cuyo caso ha conmocionado al país por este lamentable suceso.Frente a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y de sectores del Ministerio de Salud, quienes señalaron que el accidente en bicicleta fue la causa principal de la muerte del menor y cuestionaron su cuidado, Katherin Pico, madre de Kevin, afirmó que el niño no murió por una caída, sino por la falta del medicamento que nunca se le suministró a tiempo.Según explicó la madre, tras el golpe fue llevado a un centro médico y luego remitido a Pitalito, donde la atención fue deficiente. "Me lo demoraron 24 horas sin medicamentos, sin atención; es decir, solamente con oxígeno", afirmó la mujer.De igual manera, Katherin asegura que el problema no es montar bicicleta, sino la falta de medicamentos, pues sostiene que existen ciclistas profesionales con la enfermedad y aun así pueden participar en competencias de alto rendimiento.Ciclistas con hemofilia compiten en toursTras las críticas del Gobierno por permitir que un niño con hemofilia montara bicicleta, Katherin Pico defendió el derecho de su hijo a tener una vida normal. "El hecho de que sea hemofílico no significa que no pudiera realizar actividades... no lo podía tener atado a una cadena, amarrado o bajo llave", afirmó.La mujer recordó que hay atletas de alto rendimiento que participan en competencias como el Tour de Francia: "Mire, hay muchas personas, como muchos hemofílicos, que están participando en el Tour de Francia y ahí siguen; participan y en ningún momento les han prohibido hacerlo".De hecho, el periodista deportivo Ricardo Orrego confirmó las declaraciones de Katherin Pico y señaló que ciclistas como Alex Dowsett, británico especialista en pruebas de ruta, padecen hemofilia."Ha corrido toda su vida en competencias de alto nivel, es decir, en primera categoría. Incluso ha sido medallista de plata en contrarreloj en los Juegos de la Commonwealth", afirmó Orrego.Dowsett ha vestido los jerseys de Sky y Movistar Team, compartiendo equipo con el colombiano Nairo Quintana; incluso estuvo en el Katusha-Alpecin en Israel. Sin embargo, estos deportistas pueden competir al más alto nivel, siempre y cuando reciban los medicamentos adecuados. "La culpa no es de la bicicleta", concluyó.Otros ciclistas que padecen de esta enfermedad son: el español Pau Salvá, Fabio Blasco y Barry Haarde.Respuesta al presidente PetroSobre las palabras del presidente Petro, quien sugirió que las madres "no nacen aprendidas" y deben ser educadas sobre los riesgos de la enfermedad, Pico respondió que conoce perfectamente la condición, pues tiene otros familiares con hemofilia y ha convivido con ella toda la vida. "Él juzga sin saber... yo soy consciente de la enfermedad que él tiene", sentenció, pidiendo que la muerte de Kevin sirva para que otros niños, incluidos sus propios primos que hoy esperan medicina, no corran la misma suerte.
Una operación militar en el Norte de Antioquia terminó en combates, capturas y la incautación de un importante arsenal que, según inteligencia, iba a fortalecer la presencia armada de las disidencias en la región. La acción fue desarrollada por tropas del Ejército, en coordinación con el CTI en zona rural de San Andrés de Cuerquia.Durante la operación fueron capturados dos criminales de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, señalados de delinquir bajo las órdenes de alias ‘Lobo’, hombre cercano a alias ‘Primo Gay’. En el lugar las autoridades hallaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, celulares y abundante material de intendencia.De acuerdo con información de las autoridades, ‘Lobo’, quien tiene más de cinco años en actividades delictivas y orden de captura por homicidio agravado y otros delitos, se encontraba en la zona al momento de los enfrentamientos, pero logró escapar junto a otros integrantes del grupo armado.Las autoridades señalan que esta comisión armada pretendía reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su influencia en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando espacios que habían quedado vacíos tras anteriores operaciones militares en 2025.
La Dirección Nacional de Inteligencia se pronunció tras la controversia por el llamado a calificar servicios del general Edwin Urrego, una decisión adoptada por el presidente Gustavo Petro luego de recibir información en su despacho que revelaba un supuesto complot en su contra y el ministro del Interior, Armando Benedetti.La entidad aseguró que el mandatario, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Militares y la Policía, tiene la autoridad constitucional y legal para retirar del servicio activo a integrantes de la Fuerza Pública. Según la DNI, esta atribución se enmarca dentro de las competencias del jefe de Estado como máxima autoridad administrativa.La DNI también aclaró que las fuentes de información del presidente no se limitan a la inteligencia estatal y agregó que el flujo de datos proviene de distintas agencias de inteligencia, así como de reportes ciudadanos, lo que, según la entidad, fortalece la protección institucional y la defensa de la democracia.En el documento, la Dirección de Inteligencia reiteró su compromiso con el respeto de los derechos humanos y recordó que cualquier persona puede acudir a los canales oficiales para denunciar hechos o aportar información relevante.El informe que llevó a la salida del general Urrego de la PolicíaUn documento titulado “Verificación posible supuesta conspiración contra el señor presidente de la República y el señor ministro” puso bajo análisis el nombre del general Edwin Urrego, en medio de versiones sobre un eventual plan para afectar al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.El informe parte de la revisión de un solo correo remitido por una persona identificada como Andrés Abello, bajo el seudónimo “PACO”, que decía lo siguiente:"En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro Armando Benedetti por parte del teniente coronel Óscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla, en el cual, con políticos de derecha, como Char, vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro, diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor Moreno Arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo Grate de Bogotá, siendo el enlace", indica textualmente.El documento de inteligencia, en ninguno de sus apartes, menciona que la supuesta conspiración contra el presidente Petro haya sido en el marco o haya tenido relación con la visita del mandatario a la Casa Blanca, en la cual se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
En una jornada marcada por la tensión en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, Alexis Mina, consejero mayor de 43 consejos comunitarios del norte del Cauca, explicó las razones detrás de las movilizaciones que han paralizado sectores estratégicos de la capital. A pesar de los vínculos territoriales y personales con la vicepresidenta, las comunidades exigen soluciones estructurales a una crisis de seguridad y abandono estatal que, según denuncian, no ha sido resuelta por el actual gobierno.Vínculo con Francia Márquez y la realidad del "Vivir Sabroso"Una de las declaraciones más llamativas de Mina fue el reconocimiento de su proximidad con la vicepresidenta. "Aquí todos somos cercanos a Francia Márquez", afirmó, señalando que al provenir de una región pequeña como el norte del Cauca, la gran mayoría de los líderes se conocen entre sí. Sin embargo, esta cercanía no ha impedido la protesta, ya que consideran que su agenda de lucha es autónoma y responde a necesidades históricas de la organización.Ante los cuestionamientos sobre la consigna gubernamental de "vivir sabroso", el líder afrodescendiente matizó que las condiciones actuales en sus territorios están lejos de ese ideal. Mina vinculó el deterioro de la situación con la falta de implementación del Acuerdo de Paz de 2016, señalando que, tras una aparente calma inicial, la decisión de gobiernos anteriores de no avanzar en lo pactado desencadenó la crisis actual que el presente gobierno aún no logra revertir.Crisis de seguridad en el Cauca: El motor de la protestaEl núcleo de las exigencias de los 43 consejos comunitarios, que representan a unos 90,000 habitantes de municipios como Padilla, Puerto Tejada, Suárez y Santander de Quilichao, es la seguridad. Mina denunció que sus territorios están "asediados por carteles transnacionales, disidencias de las Farc, pandillas y el crecimiento de cultivos de uso ilícito".La movilización busca presionar al Estado colombiano —más que al gobierno de Petro específicamente— para saldar una deuda histórica que data desde 1986. El líder enfatizó que la protesta es una forma de exigencia frente a temas neurálgicos como la protección de la vida y la pervivencia en los territorios, los cuales serían discutidos en mesas técnicas con funcionarios con capacidad de decisión.Bloqueos en el CAN y la respuesta de las autoridades de BogotáLa protesta incluyó la retención de más de 1.100 personas el pasado lunes en edificios gubernamentales, una acción que Mina calificó como una medida de presión ante la falta de condiciones sanitarias y de alimentación para los manifestantes, así como la ausencia de interlocutores válidos.Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, expresó su profunda preocupación por estos hechos. Restrepo criticó que el Gobierno Nacional impidiera la actuación de la policía para restablecer el orden al mantener abiertas mesas de diálogo, lo que, en su opinión, dejó desprotegidos a los ciudadanos bogotanos. Además, el secretario sugirió que estas movilizaciones podrían estar siendo instrumentalizadas con fines políticos electorales, e hizo un llamado a la Fiscalía para investigar posibles nexos entre los bloqueos y campañas políticas.Escuche aquí la entrevista:
De acuerdo con una comunicación conjunta del Grupo de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídica, la reunión se desarrolló en un “ambiente constructivo” y permitió avanzar en los compromisos orientados a la desmovilización del grupo armado ilegal y a la construcción de paz en los territorios.“El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos, dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del (a) EGC en días previos”.Las partes señalaron que con el encuentro del pasado 9 de febrero se da por superada la suspensión de la conversación que había sido anunciada días antes por el Estado Mayor Conjunto del EGC.En el comunicado también indican que durante la sesión se acordaron compromisos que buscan impulsar el proceso, con beneficios para las comunidades afectadas por el conflicto.El encuentro se llevó a cabo por invitación del Grupo de Países Mediadores, conformado por el Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. La sesión contó además con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y de la Conferencia Episcopal.Es importante recordar que la suspensión de los diálogos se había producido tras las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que, según afirmaron, generaron inconformidad en el grupo armado ilegal y llevaron al anuncio de una pausa temporal en las conversaciones.
Una tormenta eléctrica desató momentos de pánico en Popayán, luego de que un rayo impactara una instalación militar y dejara a un soldado lesionado, además de causar daños en una aeronave del Ejército.El hecho ocurrió el pasado 15 de febrero en el Cantón Militar José Hilario López, donde el uniformado cumplía labores de centinela cerca de un helicóptero cuando se registró la descarga eléctrica. El momento quedó captado en video y muestra el instante exacto en el que el rayo golpea la zona donde se encontraba el militar y este quedó tendido en el suelo por la descarga.Tras el impacto, el soldado fue trasladado a un centro médico de la capital caucana. Según información oficial, su estado es estable y permanece en observación, sin que las lesiones revistan gravedad.Este es el video La descarga también alcanzó el helicóptero que se encontraba en plataforma. La aeronave, adscrita a unidades de aviación del Ejército, presentó daños en el rotor de cola y tuvo que ser retirada temporalmente para revisiones técnicas.Pese al susto que generó el incidente, fuentes militares indicaron que la aeronave ya está en condiciones para operar. Testigos del hecho relataron que el estruendo se escuchó en buena parte de la instalación militar y generó momentos de angustia entre el personal que se encontraba en la zona, pues el impacto fue casi simultáneo con el aguacero.Tras la descarga, se activaron los protocolos de emergencia y se restringió el acceso al área mientras especialistas verificaban posibles afectaciones adicionales en equipos y estructuras dentro del cantón.