Tras el fallo que restableció su designación, el rector José Ismael Peña Reyes empezó a conformar su nuevo equipo directivo en la Universidad Nacional de Colombia, con cambios en las principales vicerrectorías del nivel central y en varias sedes regionales. Estos reordenamientos administrativos se dan en un contexto de tensión, luego de que se anunciara un nuevo paro académico en la sede Bogotá, que se extenderá hasta el 20 de marzo.En el nivel central de la institución, Luz Arabany Ramírez Castañeda, profesora titular de la Facultad de Administración de la sede Manizales asumirá la Vicerrectoría General; María Alejandra Guzmán Pardo, profesora asociada de la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá, estará al frente de la Vicerrectoría Académica; y Olga Janneth Gómez Ramírez, profesora asociada y exdirectora de Investigación y Extensión de la Sede Bogotá, dirigirá la Vicerrectoría de Investigación.Por otro lado, Édgar Cortés Reyes, profesor titular de la Facultad de Medicina, fue designado como nuevo secretario general de la universidad y, al mismo tiempo, como vicerrector encargado de la sede Bogotá.En las sedes regionales también quedaron confirmados nuevos nombramientos. Johnny Alexander Tamayo Arias, profesor titular de la facultad de Ingeniería y Arquitectura, será el vicerrector de la sede Manizales; Johanna Vásquez Velásquez, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, asumirá la Vicerrectoría de la sede Medellín; Mario Augusto García Dávila, profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es el nuevo vicerrector de la sede Palmira.Además, Jimmy Jolman Vargas Duarte, profesor asociado con experiencia en investigación y extensión, es el nuevo vicerrector de la sede de La Paz y Onésimo del Carmen de Arco Canoles, profesora asociada, es la directora de la sede Tumaco.También se realizaron otros seis nombramientos a nivel nacional, entre esos cambios en la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, la Dirección de la Editorial UNAL, entre otros.Durante el anuncio, el rector también hizo un llamado a la comunidad universitaria a trabajar desde la pluralidad, el diálogo y la excelencia académica, como base para la gestión institucional en los próximos años.
En diálogo con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, confirmó que los escoltas de la candidata Ana Guetio, desaparecida en el Cauca, reportaron a la entidad que su vehículo fue robado. Según explicó, en este momento se dirigen al municipio de El Tambo en un carro particular. “El vehículo fue robado. Solamente dan ese parte para avisar que están bien”, dijo.Guetio es aspirante a una curul de paz en la Cámara de Representantes. Su equipo denunció que desde la noche del miércoles, no conocían su paradero. Según informaron a través de un comunicado, la candidata se desplazaba hacia el municipio de Morales, en el Cauca, cuando se perdió contacto con ella. En el momento de la desaparición, Guetio cumplía compromisos propios del cierre de campaña en los departamentos de Nariño y Cauca y horas antes había sostenido un encuentro con la comunidad en el municipio de El Tambo.Por ahora, no es claro que fue lo que ocurrió durante las horas en las que no se supo sobre su paradero. En la misma situación está Andrés Vásquez, un candidato conservador al Senado que visitaba a su padre en Cesar y ahora está desaparecido.El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió a esto:“El papá estaba bañándose y escuchó una moto que llegó a la vivienda y cuando salió ya no estaba el candidato, pero si el celular. Le pedimos a la comunidad que si tienen información de comuniquen con el 157. No sabemos las causas de estas desapariciones”.El jefe de la cartera de defensa insistió en que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita deducir qué pasó con los candidatos al congreso. “No tenemos información de qué se trate de un secuestro o esté relacionado con su actividad así que ha medida de que avance, informaremos. En el caso del Cauca estaba acompañado por personal de la UNP y en el César, estaba en su casa y no tenía directamente seguridad”, concluyó.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reaccionó a la expedición del Decreto 0182 de 2026, norma con la que el Gobierno nacional modifica las reglas de habilitación territorial para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y ordena la redistribución de afiliados en todo el país.En un comunicado, el gremio señaló que la medida implica cambios estructurales en la operación del aseguramiento que, a su juicio, deberían tramitarse mediante ley y no por decreto. Además, sostuvo que el contenido de la norma reproduce lo establecido en el Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido en octubre pasado por el Consejo de Estado.Acemi advirtió que la redistribución masiva de usuarios podría afectar la continuidad y oportunidad en la atención, especialmente en un contexto en el que varias EPS se encuentran bajo medida de intervención y enfrentan dificultades financieras y operativas.Según los cálculos del gremio, la aplicación del decreto llevaría a una mayor concentración de afiliados en Nueva EPS, que actualmente tiene más de 11,5 millones de usuarios y podría recibir alrededor de 2,6 millones adicionales. También indicó que algunas EPS intervenidas registrarían incrementos cercanos al 40 % en su número de afiliados, mientras que las EPS agremiadas que no están intervenidas perderían más de 800.000 usuarios.Para Acemi, la redistribución no se daría en condiciones de equilibrio entre las entidades que ceden y las que reciben población, lo que podría generar impactos en la red de prestación de servicios, la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos.El gremio anunció que insistirá en las rutas de defensa legal frente al decreto, al considerar que la medida puede profundizar la situación actual del sistema y afectar a millones de afiliados en diferentes regiones del país.
En medio de lluvias constantes y sobre un terreno con complejas superposiciones de sepulturas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas culminó la tercera fase de intervención forense en el cementerio principal de San Vicente del Caguán, Caquetá. Como resultado, se recuperaron 11 cuerpos que ahora entrarán en proceso de identificación.La acción se desarrolló en el marco del Plan Regional de Búsqueda Caquetá Norte y contempló la intervención de 19 sitios de interés forense tipo fosa. Los cuerpos corresponderían a personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado en zona rural del municipio entre 2002 y 2015, quienes fueron inhumadas como no identificadas o como identificadas no reclamadas.“Los 11 cuerpos recuperados en este campo santo ahora surtirán un proceso de identificación. Este proceso de identificación estará realizado de la mano y bajo el liderazgo incluso del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y nos queda a nosotros también este trabajo importante de ubicar a sus seres queridos en los casos en los que de pronto no se tiene conocimiento de quiénes pueden ser y avanzar hacia las entregas dignas de cada uno de ellos”, señaló Yolima Jurado, coordinadora territorial Caquetá de la Unidad.Por su parte, el antropólogo líder de la misión, Juan Pablo Rodríguez, explicó que el cementerio presenta una compleja yuxtaposición de sepulturas, lo que obliga a realizar excavaciones con mayor rigor técnico. A esta complejidad se sumaron las condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes durante las jornadas de trabajo. Por ello, el equipo territorial prevé nuevas fases de intervención en el lugar.Esta fase contó con la participación de población firmante del Acuerdo de Paz, a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros y de procesos organizativos como Corpo-Reconciliación. “Su participación incluyó labores de excavación, contraste de información y revisión de evidencias forenses”.Paralelamente, se desarrolló la Ruta de la Memoria, un espacio pedagógico que vinculó a organizaciones sociales, familias buscadoras, sociedad civil y entidades del territorio.“La tarea es titánica, pero a la vez también el llamado es a que todos nos comprometamos, que el ejercicio de haber firmado ese acuerdo de paz no solamente nos comprometa a nosotros como firmantes y al Estado, al gobierno, a quienes estuvimos involucrados en el conflicto, sino que toda la sociedad colombiana también se personalice de lo que ha sido esa firma de ese acuerdo y que es tan importante” aseguró Willington Quiroz, firmante del Acuerdo de Paz de la vereda Agua Bonita.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Enel Colombia confirmó la entrada en operación de las subestaciones que garantizarán el suministro de energía eléctrica a la Primera Línea del Metro de Bogotá y el RegioTram de Occidente.La Subestación Porvenir, ubicada en el Patio Taller del Metro de Bogotá y la Subestación Montevideo, en Puente Aranda, son infraestructuras clave con capacidad para garantizar el suministro de energía a estos sistemas de transporte masivo, que movilizarán diariamente a miles de usuarios y conectarán corredores urbanos y regionales.El proyecto requirió una inversión cercana a los 88.000 millones de pesos y cuenta con una capacidad total de 80 MVA, conectados a nuevas líneas de alta tensión de 115 kV en Kennedy y Bosa. Según la empresa, esta infraestructura garantiza un suministro robusto y confiable para el funcionamiento del metro.De manera complementaria, Enel también confirmó la entrada en operación de la Subestación Montevideo, ubicada en Puente Aranda, considerada un hito para la futura operación del RegioTram de Occidente. Esta obra contó con una inversión cercana a los 106.000 millones de pesos y una capacidad total de 80 MVA.La subestación es 100% digital y telecontrolada y permitirá la conexión ferroviaria entre Bogotá y los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, beneficiando a más de 60.000 habitantes y fortaleciendo la integración regional.Inversiones récord y resultadosEn 2024, la compañía destinó más de 2.1 billones de pesos a fortalecer la infraestructura eléctrica y ampliar la capacidad de generación con fuentes renovables, consolidándose como uno de los principales actores en la transición energética del país.Solo en el primer trimestre de 2025 Enel invirtió más de 507 mil millones de pesos en infraestructura, modernización de redes digitales y resilientes y desarrollo de proyectos solares que contribuyen al objetivo de diversificar la matriz energética. Durante la primera mitad de 2025, las inversiones alcanzaron más de 1.3 billones de pesos, reflejando un crecimiento de más del 60% frente al mismo periodo del año anterior.Este ritmo de inversión se combina con indicadores financieros. Enel reportó un EBITDA consolidado de 5.7 billones de pesos y una utilidad neta de 2.56 billones de pesos durante los primeros nueve meses de 2025, resultados que reflejan una operación estable pese a los retos del sector.En este sentido, durante los meses de lluvia la compañía activó planes de contingencia con personal técnico y recursos dedicados a mantener la infraestructura eléctrica operativa y minimizar afectaciones a los clientes.
El aguacate Hass se convirtió en uno de los grandes protagonistas del comercio exterior colombiano en 2025. De acuerdo con cifras de la Dian analizadas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, las exportaciones de esta fruta alcanzaron los 375 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 21,3 % frente a 2024. El aumento fue aún más significativo: el país pasó de exportar 138.315 toneladas en 2024 a 201.479 toneladas en 2025, es decir, un incremento del 45,6 %.“El comportamiento de las exportaciones en 2025 fue relativamente positivo, pues logramos cruzar el umbral de los US$50.000 millones, cifra que no habíamos alcanzado en los últimos dos años. Sobre todo, es importante resaltar el crecimiento del sector agrícola, que fue del 33%, que se explica por el buen comportamiento del café, las flores, el banano y el aguacate Hass”, señaló Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.Desde el gremio productor, Corpohass destacó que el sector cerró el año con cerca de 200.000 toneladas exportadas, superando la meta proyectada de 182.000 toneladas. La presidenta de la entidad, Katheryn Mejía, subrayó que el crecimiento frente a 2024 fue cercano al 45 % en volumen y que el aguacate hoy impacta económicamente a más de 17 departamentos y 250 municipios del país.“Los colombianos somos grandes consumidores de aguacate, pero el aguacate tradicional, el criollo, el papelillo, y queremos que los colombianos, también conozcan el delicioso sabor del aguacate y sobre todo esas propiedades nutricionales tan importantes que tiene”, afirmó Katheryn Mejía, presidenta de Corpohass.En materia de empleo, el sector genera aproximadamente 81.000 puestos de trabajo formales y beneficia a cerca de 240.000 personas de manera directa e indirecta. Los departamentos que lideran la producción son Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Tolima y Valle del Cauca.Antioquia lideró ampliamente las exportaciones con el 47,3 % del total nacional, alcanzando 177,4 millones de dólares y un crecimiento del 50,2 %. El Eje Cafetero también reportó cifras positivas, Risaralda exportó 96,2 millones de dólares (+8,5 %), Caldas 19,9 millones (+10,7 %) y Quindío 9,6 millones (+42,4 %). En contraste, el Valle del Cauca registró una caída del 13,7 %, al ubicarse en 43,5 millones de dólares, y Cundinamarca disminuyó 21,7 %, con 19,4 millones.Europa continúa siendo el principal destino del aguacate colombiano, concentrando poco más del 60 % del total exportado. Países Bajos se mantiene como el mayor comprador, con una participación del 35,8 %, equivalente a 134,2 millones de dólares y un crecimiento del 10,8 %. Sin embargo, los mayores incrementos porcentuales se registraron en otros mercados: Alemania creció 39,5 %, pasando de 7,4 a 10,4 millones de dólares; España aumentó 44,9 %, alcanzando 29,7 millones; Francia subió 26,4 % y el Reino Unido 23,4 %.Algunos mercados europeos mostraron retrocesos. Bélgica registró una caída del 15,4 %, mientras que Italia presentó una disminución más pronunciada del 57,5 %, con exportaciones por debajo del millón de dólares.Estados Unidos, aunque no es el principal destino en participación total, según Corpohass se consolida como un mercado estratégico. El país norteamericano representa cerca del 30 % del volumen exportado y tiene un consumo per cápita cercano a los seis kilogramos por persona al año, lo que lo convierte en uno de los mayores consumidores mundiales.El balance de 2025 confirma que el aguacate Hass no solo es uno de los productos agrícolas con mayor crecimiento, sino también un motor de empleo, desarrollo regional y diversificación de mercados para Colombia, en un contexto en el que el agro vuelve a posicionarse como pilar fundamental del comercio exterior del país.
La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa técnica para analizar las inquietudes que han surgido frente al ingreso de Drogas La Rebaja como nuevo participante en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.De acuerdo con el Ministerio Público, la cadena farmacéutica se encuentra actualmente en una etapa inicial de su proceso de incorporación y adelanta trámites de habilitación con operadores logísticos y puntos de dispensación de medicamentos.Durante la mesa técnica, liderada por la Procuraduría delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, se precisó que el ingreso efectivo de este gestor farmacéutico será progresivo y estará sujeto al cumplimiento de los mismos requisitos normativos, técnicos y operativos que se exigen a los demás actores del sistema.El ente de control explicó que la intención de este espacio de diálogo es aclarar las expectativas que se han generado alrededor del proceso, así como su alcance real y estado actual, con el fin de disminuir la incertidumbre manifestada por varios usuarios y trabajadores del sector salud.Además, señalaron que en este espacio se discutieron aspectos relacionados con la experiencia, las capacidades operativas y la cobertura territorial que tendría Drogas La Rebaja en caso de consolidarse como gestor farmacéutico dentro del sistema.Finalmente, la Procuraduría reiteró que, por ahora, se trata de un proceso preliminar y que su avance dependerá de la verificación que realicen las autoridades competentes para garantizar que se cumplan todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente.
A través de una carta, Millonarios vs. Internacional de Bogotá en relación con dos jugadas puntuales en el último duelo vs. Internacional de Bogotá en donde el cuadro embajador cayó 3 a 2 en el estadio Metropolitano de Techo.La primera fue al minuto 45, en donde la queja nació por la pena máxima a favor de Millonarios y expulsión de Carlos Vivas del rival. Sin embargo, el VAR intervino en la decisión del juez que terminó echando para atrás la jugada y dejando el 0-0 para el término del primer tiempo.“Consideramos que el hecho de que las decisiones de un árbitro con visual perfecta y directa, en donde no se genera un error claro y obvio, pueden ser chequeadas por el VAR no solo viola flagrantemente el Protocolo VAR, sino que desnaturaliza la función del árbitro central como suprema autoridades del Partido; y, de aceptarse, se estaría validando que el partido sea dirigido por la cabina de VAR y no por el árbitro central”, indicó Millonarios.Asimismo, cuestionaron la decisión del árbitro de no imponer sanción sobre el futbolista cuando en imágenes, según dicen, se ve exacto la forma temeraria en que entró contra el futbolista en el área.En cuanto a la segunda jugada, el cuadro albiazul se quejó por un penal que no les fue pitado sobre 90+2 en donde, en imágenes, mostraron que el rival estaba sujetando la camiseta de uno jugador de Millonarios y debió ser sancionado.“Como es bien sabido por la Comisión Arbitral, en las Reglas IFAB en ningún momento se requiere que la sujeción sea violenta o haga caer al jugador afectado al terreno de juego; sino únicamente que dificulte su movimiento”, añadieron.En ese orden de ideas, el cuadro albiazul pidió una revisión a estas dos jugadas y un informe formal de qué manera se tomaron estas decisiones, asimismo, la publicaciones de los audios del VAR y conocer los procedimientos adoptados en ambas jugadas.
Se trata de José Ignacio Bustos Ruiz, alias 'Zarco', quien, según la Fiscalía, sería el responsable de más de 13 asesinatos en el departamento del Tolima, entre ellos el de un firmante de paz y un integrante de la comunidad LGTBIQ+. Bustos estaría también relacionado con el transporte de armamento ilegal, intimidaciones a la comunidad y disputas con otras estructuras por el control del territorio.De acuerdo con el fiscal del caso, los delitos se cometieron en San Antonio, al sur del departamento del Tolima, entre 2023 y 2024. El 7 de agosto de 2023 asesinó a Juan Manuel Céspedes Tique, miembro de la comunidad LGTBIQ+, y el 29 de octubre mató a Cenober Aguiar Mayor en la vereda El Diamante, un firmante de paz. Ese mismo día, Bustos asesinó a otro hombre que se encontró durante la huida luego de cometer el homicidio.“Arribaron por la parte alta o barranco de dicho lugar en la motocicleta usted, José Ignacio Bustos Ruiz, con el fin de localizar entre la multitud a la víctima Zenover Aguiar Mayor, a quien, una vez identificado, usted se le acercó y le causó la muerte al accionar sobre su cuerpo un arma de fuego tipo revólver de carga única, ocasionándole seis impactos. En el intermedio de la huida, al advertir que se acercaba una motocicleta detrás de ustedes, se detienen y esperaron a que llegaran los ocupantes de dicho automotor. Hicieron bajar de esa motocicleta, desenfundar el arma de fuego y dispararon, impactando en tres oportunidades”, explicó el fiscal.La Fiscalía encontró material probatorio no solo de estos homicidios, sino también de su rol como transportador de armas ilegales para las estructuras Ismael Ruiz y de avisar los movimientos de la Policía, el Ejército y los líderes sociales.La entidad le imputó los delitos de homicidio; concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que Bustos no aceptó.
Con el fin de proteger y garantizar la vida y los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, entre otras identidades y orientaciones sexuales nació el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTlQ+ con el Decreto 1311 de 2025.El decreto establece y define la forma de trabajo de manera articulada que se debe dar entre las autoridades tanto a nivel nacional, como local y las comunidades, sistema en el que se busca prevenir los escenarios de violencia que se presentan y atender las necesidades e incluso denuncias que presente la comunidad.“Reconocemos la riqueza de las diversidades humanas, las luchas que han sostenido por décadas y la urgencia de garantizar sus derechos sin excepciones. Este decreto es un compromiso firme con la igualdad real y con la dignidad de cada persona en Colombia”, afirmó Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad.La Comisión Intersectorial y el Comité Técnico serán los encargados de coordinar el Sistema Nacional LGBTIQ+, quienes tendrán que mantener un monitoreo constante de las políticas públicas, las rutas de atención y acciones que se realicen dentro del marco de protección de la población.La labor se dividirá con el Observatorio de Derechos de la Población LGBTIQ+ que será el área encargada de identificar y analizar la información para evitar caer en perjuicios, obtener datos que sean verídicos y tener una lectura de Colombia que permita identificar las problemáticas existentes y cómo poder contrarrestarlas, para que el Gobierno pueda orientar los recursos en dicha población y saber que necesidades se pueden cubrir.“El decreto incorpora, además, enfoques transversales que hablan de una política moderna y sensible, derechos, territorialidad, diferencialidad, género, interseccionalidad, étnico‑racial, justicia ambiental y curso de vida. En otras palabras, reconoce que la igualdad no es uniforme; es justa cuando entiende contextos, historias y realidades que cambian entre regiones, edades, identidades y condiciones sociales” anunció el ministerio de Igualdad.El ministerio hace el llamado a la nación has promover la cultura y sumar por medio del respeto y reconocimiento de la diversidad.
La Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional y el Clan del Golfo, o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia a definir prioridades claras dentro del proceso de conversación sostenido el pasado 5 de diciembre en Doha, Catar. Tras la reciente ronda de diálogo, la entidad enumeró cuatro asuntos que considera urgentes para avanzar hacia compromisos en los territorios más afectados por la violencia.En primer lugar, solicitó que se refuercen las garantías de seguridad y que se evite cualquier forma de estigmatización contra las comunidades que habitan las zonas de ubicación temporal (ZUT), donde persisten riesgos derivados de la presencia armada. La entidad recordó que, en la medida en que el Clan del golfo aún mantiene armas, el principio de distinción debe cumplirse de forma estricta para evitar que la población civil quede expuesta a nuevos riesgos.Como segundo punto, planteó que el grupo armado realice procesos formales de socialización interna para asegurar que las estructuras bajo su mando conozcan y respeten los avances logrados en materia socio jurídica. Además, insistió en que el Gobierno debe desplegar una estrategia nacional de pedagogía que llegue de manera clara a las comunidades de los municipios priorizados, para reducir la incertidumbre y fortalecer la comprensión pública sobre el alcance real de los acuerdos.La Defensoría también subrayó la importancia de que las autoridades étnico-territoriales participen de manera efectiva en las discusiones. Solicitó, además, que el Gobierno dé respuesta a las demandas presentadas por las comunidades del Chocó, las cuales han insistido en ser escuchadas como parte fundamental de cualquier construcción de paz en sus territorios.El cuarto punto exige la puesta en marcha de un mecanismo rápido que permita la entrega de todos los menores de 18 años vinculados al grupo ilegal. También pide que se suministre información completa sobre los niños, niñas y adolescentes fallecidos o desaparecidos dentro del Clan del golfo, y que se elimine de manera definitiva cualquier forma de instrumentalización de menores en el conflicto armado e incluso aquellas que consisten en asignarles tareas logísticas o roles indirectos dentro del grupo.Estas recomendaciones se suman a los compromisos recientemente anunciados por el Gobierno nacional, que incluyen la prohibición total del reclutamiento de menores, medidas frente a los flujos migratorios, acciones para proteger los ecosistemas, el “respeto y no interferencia a la paz electoral en procesos políticos electorales nacionales y territoriales” y mayor respeto por las reglas del Derecho Internacional Humanitario.La Defensoría destacó la importancia del acompañamiento internacional y del mecanismo tripartito que verificará el cumplimiento de lo pactado. En su pronunciamiento final, la Defensoría expresó que estos avances generan esperanza, pero advirtió que solo tendrán impacto real si se aplican con rigor en los territorios donde las comunidades siguen reclamando paz.
Este sábado 6 de diciembre fue detenido el mayor del Ejército de Colombia, Miguel Ángel Acosta Romero, en territorio venezolano. El oficial, adscrito a la Unidad contra Amenazas del Narcotráfico, cruzó el puente internacional Francisco de Paula Santander, uno de los pasos oficiales que comunica al departamento de Norte de Santander con el estado de Táchira, donde fue detenido.No hay precisión sobre las causas de la captura, sin embargo, ha trascendido que estaría en poder de las autoridades venezolanas.Acosta Romero estaba de permiso personal y posteriormente fue abordado por autoridades del vecino país, sin razón aparente o detallada hasta el momento.No se ha entregado una versión oficial que explique los motivos del procedimiento ni se conoce con certeza el lugar donde se encuentra el militar. Trascendió que las autoridades colombianas han iniciado acercamientos para tener información y gestionar su liberación.El caso mantiene la atención de los habitantes de la frontera colombovenezolana, mientras se espera un pronunciamiento que permita esclarecer los hechos.
Uno de los días más esperado por muchos en diciembre es el Día de las Velitas, el cual marca el inicio de la temporada navideña. En esta festividad las personas se unen junto con sus seres queridos para encender velas, una tradición que se celebra en todo el territorio colombiano. Esta fecha también conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María.Pasada la tarde, la gente sale a las calles a prender las velas, algunos comparten con bebidas, galletas o asados. No obstante, el clima puede influir o arruinar lo planeado para la noche.Pronóstico del clima para el Día de las VelitasEl Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) es el encargado de hacer los estudios e investigaciones relacionadas con la atmósfera, el tiempo y el clima del país y en las últimas 24 horas indicó que han ocurrido lluvias de mayor intensidad en varias zonas del país.Las fuertes precipitaciones se han registrado en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Quindío, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.Frente a esto, Max Henríquez Daza, meteorólogo colombiano conocido por sus pronósticos, informó que para este 7 de diciembre, Día de las Velitas, el clima será favorable con unas regiones, pero no con otras.A nivel nacional, el experto indicó que el Día de Velitas habrá “cielos despejados en la mayor parte del territorio colombiano”. Sin embargo, “en Bogotá las lluvias fuertes y con tormentas caerán en las tardes, desde hoy sábado hasta el martes”.Lo anterior, quiere decir que el 7 de Velitas será una tarde lluviosa en la capital del país, con posibilidad de que en horas de la noche cesen las precipitaciones.El comportamiento del clima descrito por Max Henríquez en Bogotá, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín, Tunja e Ibagué se debe a que estos territorios están en la zona denominada "punto neutro", “en la cual se esperan lluvias fuertes en las tardes, luego de mañanas soleadas”.
Luego de las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en contra del operador logístico de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo (Unión Temporal ILE 2026), especialmente del Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.) que hasta finales de enero hacía parte de esta unión temporal y estaba a cargo del sistema de transmisión telefónica de los resultados del preconteo (TREP), la firma decidió pronunciarse mediante un comunicado.Frente a las versiones de que esta firma estaba denunciada por presunto fraude en el marco de las elecciones presidenciales de Honduras de finales de 2025, ASD aseguró que no tiene investigaciones en curso ni sanciones relacionadas con el proceso electoral del país centroamericano ni con ningún otro proceso en el que haya participado, y calificó como “infundadas” las afirmaciones que señalan lo contrario.“Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso (...) El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca”, se puede leer en el documento.La compañía afirmó también que es una empresa plenamente independiente y que no tiene relación accionaria, de subordinación, control societario ni vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A. Señaló que sostener lo contrario constituye una falsedad que distorsiona su realidad jurídica y comercial.Sobre la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal ILE, ASD explicó que se trató de una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Precisó que dicha cesión no implica reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. Destacó que su trayectoria de más de tres décadas en operación electoral respalda la solidez de su actuar.Finalmente, ASD reiteró su respeto por la labor de los medios de comunicación, expresó su confianza en la verificación rigurosa de la información y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Indicó que continuará operando con seriedad y rigor técnico, confiando en que la verdad prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación.
La violencia armada en Colombia se está reorganizando y expandiendo, y amenaza con revertir los avances alcanzados tras la firma del Acuerdo de Paz. Así lo advierte el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en 2025, presentado ante el Consejo de Derechos Humano.El documento señala que la confrontación entre grupos armados ilegales, organizaciones criminales y la fuerza pública afectó de manera grave territorios como Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, Meta, y Antioquia, entre otros.En estos contextos, la población civil quedó atrapada entre desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual, uso de explosivos y reclutamiento de niños y niñas.La niñez sigue siendo una de las principales víctimas del conflicto. El ACNUDH verificó 150 casos de reclutamiento de niños y niñas en 2025, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor por el subregistro . Además, documentó la muerte de 30 menores que se encontraban en situación de reclutamiento en Arauca, Caquetá, Huila, Guaviare y Norte de Santander, incluidos ocho niños y siete niñas fallecidos en bombardeos.El informe también expresa preocupación por el uso de redes sociales para captar menores, exaltando el poder y el dinero asociados a la violencia. “El ACNUDH transmitió estas preocupaciones a Meta y TikTok, llamando a fortalecer la debida diligencia conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos para evitar que sus servicios faciliten violaciones y abusos de los derechos de las niñas y los niños”.Sin embargo, El ACNUDH también documentó casos de reclutamiento en espacios comunitarios, donde integrantes de grupos armados establecieron vínculos afectivos para manipular a niñas con promesas de protección o apoyo económico.En Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta se registró el uso de instituciones educativas por parte de grupos armados y enfrentamientos que interrumpieron clases. En Cauca y Putumayo, incluso se utilizaron escuelas para reclutar estudiantes indígenas nasa y murui muina, en riesgo de exterminio físico y cultural. También se reportaron amenazas y desplazamientos de docentes en varios departamentos.La oficina señala que los grupos armados continuan ejerciendo violencia de género, entre ellas violaciones sexuales, embarazos forzados y explotación sexual. “El ACNUDH conoció que estos grupos habían controlado pruebas de infecciones de transmisión sexual, prohibido el uso de métodos anticonceptivos y restringido el acceso a servicios de salud, ocasionando casos de mortalidad materna no registrada”.El informe advierte además sobre explotación sexual y trata contra niñas y mujeres, incluidas mujeres wiwas, arhuacas, jiw y nukak. También documenta feminicidios y castigos contra mujeres acusadas de mantener relaciones con miembros de estructuras rivales, y casos en los que niñas fueron obligadas a prestar labores de enfermería para grupos armados.Otro de los datos más alarmantes es el incremento del desplazamiento forzado masivo, que aumentó un 85% frente a 2024. Solo en Catatumbo, 89.013 personas fueron desplazadas en 2025, en medio de disputas por el control territorial y de economías ilícitas. A esto se suma un aumento del confinamiento del 12 %, especialmente en Chocó, Cauca y Bolívar, donde comunidades enteras vieron restringida su movilidad y acceso a medios de subsistencia.En materia de masacres, la Oficina recibió 87 alegaciones, de las cuales 53 fueron verificadas, con un total de 174 víctimas. El 95% de estos hechos fue atribuido presuntamente a grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y en el 75% de los casos la motivación estaría ligada a disputas por economías ilícitas.El informe también registró 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos; en 99 casos se verificó que el asesinato estuvo directamente relacionado con su labor. Los principales afectados fueron líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, “lo que evidencia un impacto diferenciado entre quienes defienden los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas”.Alertan además que en Cauca y Valle del Cauca se registraron 44 ataques contra la Fuerza Pública que dejaron 21 civiles y 8 uniformados muertos, además de más de 200 personas heridas. A esto se suma la continuidad del denominado “plan pistola” en departamentos como Antioquia y la región Caribe. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 murieron 173 integrantes de la Fuerza Pública y 765 más resultaron heridos.El informe advierte que la política de “paz total”, en donde se han concretado procesos de negociación con grupos armados, no ha logrado frenar violaciones y abusos graves como reclutamiento de menores, el asesinato de líderes sociales, “ni generar procesos de diálogo con participación libre y segura de las comunidades involucradas o colocar los derechos de las víctimas en el centro de las negociaciones”.También expresa preocupación porque procesos por graves violaciones de derechos humanos siguen en la Fiscalía y fuera de la priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que genera incertidumbre jurídica y riesgos para los derechos de las víctimas.El ACNUDH documentó además desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la libertad como mecanismos de control social. En Buenaventura y el Bajo Calima se reportaron 21 casos de desaparición en 2025. En Arauca, las privaciones de libertad pasaron de 163 en 2024 a 277 en 2025, muchas bajo la denominada “justicia revolucionaria”, con tratos crueles e incluso asesinatos.La Oficina también advirtió que, pese a las comunicaciones enviadas al Ministerio de Defensa sobre 15 situaciones de riesgo en varios departamentos, en la mayoría de los casos las medidas adoptadas fueron insuficientes o tardías para proteger a la población.En los territorios indígenas y afrodescendientes, la ONU expresó especial preocupación por la Sierra Nevada de Santa Marta y el Chocó, donde la disputa armada, el control social y actividades como la minería ilegal y la deforestación amenazan la pervivencia física y cultural de los pueblos.La conclusión del informe señala que la persistencia del conflicto, la violencia y el control social armado están “afectando gravemente a la población civil y debilitando los procesos organizativos y el tejido social de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas. Las estrategias de control social y territorial empleadas por estos actores, sumadas al aumento de la violencia preelectoral, la polarización, la desinformación y el discurso de odio, generan riesgos para el espacio cívico y el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.
En entrevista en Mañanas Blu 10:30, la exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial, Claudia López, celebró el repunte que registró en la más reciente encuesta de Invamer y aseguró que su campaña está enfocada en una meta clara: “La primera vuelta consiste en ganarle a De la Espriella el paso a segunda vuelta”.López calificó los resultados como una señal de que su mensaje “está calando” entre los ciudadanos. “Nos dan entusiasmo y esperanza. Es la confirmación de que la propuesta de defender lo que va bien, corregir lo que va mal y agregar lo que hace falta está llegando”, afirmó.La candidata explicó que, a su juicio, deben mantenerse avances como el incremento del salario mínimo, la reforma laboral y la reforma pensional, pero insistió en que el Gobierno ha fallado en temas clave como salud y seguridad. “Lo de salud ha sido un desastre. Que a la gente le nieguen medicamentos es inaceptable. Y en seguridad la paz total es un caos absoluto”, sostuvo.Frente a su propuesta programática, destacó la creación de un sistema público y gratuito de cuidado para mujeres, un millón de becas de educación y trabajo, y un plan de apoyo a microempresas. “Una mujer con autonomía económica no se deja humillar ni golpear. El cuidado debe dejar de ser una condena invisible”, señaló.Sobre la estrategia electoral, López rechazó la idea de “quitarle votos” a otros sectores y aseguró que su apuesta es hablarle a quienes buscan soluciones concretas y no peleas ideológicas. En ese contexto, lanzó críticas a lo que calificó como una política basada en confrontaciones personales. “Con prometer meter preso a uno u otro no se le resuelve la vida a nadie”, dijo.En cuanto a la consulta del 8 de marzo, defendió su decisión de participar y marcar distancia frente a otros líderes de centro como Sergio Fajardo, con quien dijo mantener afecto y respeto. “Yo creo que las decisiones deben tomarlas los ciudadanos en las urnas, no cuatro políticos tomando tinto”, afirmó.Al proyectar el escenario electoral, la candidata fue enfática: “Aspiro a hacer la primera votación individual el 8 de marzo”. Según su lectura, el verdadero reto inicial es superar a Abelardo de la Espriella y asegurar el paso a segunda vuelta. De cara a un eventual balotaje, anticipó que el contendor sería Iván Cepeda, de acuerdo con los sondeos.Finalmente, López hizo un llamado a votar en la consulta presidencial y reiteró su eslogan: “Soy una mujer frentera, sin corrupción y con experiencia. Esta campaña es para resolver problemas reales, no para alimentar peleas”.
Un total de 11 universidades del país realizaron un estudio en el marco de la iniciativa "Cuidar la Democracia", liderada por las universidades de Los Andes, EAFIT, Icesi, Javeriana, Rosario, La Sabana, Uninorte, Uniminuto, CESA, UTB y UNAB. Esta encuesta la respondieron 1.700 personas en 81 municipios en áreas rurales y urbanas. Todas las personas eran mayores de edad.Uno de los datos que arrojó este estudio es que al menos el 62% de los colombianos encuestados considera que la democracia está en riesgo."Ahora tenemos una democracia que normalizó la corrupción y que no ha atendido la desigualdad que es el mayor problema de este país. Algo que es muy interesante es que las personas que contestan dicen que más allá de la ideología no están viendo resultados que atiendan las necesidades de los ciudadanos, es una exigencia de que la democracia no está ateniendo los dolores de la población, entre ellos la corrupción la desigualdad", explicó Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes.En el estudio también se puede evidenciar que los colombianos consideran que el voto hace la diferencia, por lo que es importante participar activamente en la política."Les parece que el voto es muy importante y que esa es la manera en la que el ciudadano tiene participación en su democracia. Eso nunca coincide con lo que pasa en realidad porque por miles de inconvenientes la gente ese día no sale a votar", explicó Bernal.Además, se refirió a un tema sobre el que se ha hablado mucho recientemente y es la información falsa que se puede ver en diferentes escenarios."Mucho de lo que ha ocurrido con la democracia y la razón por la que está tan polarizada y frágil tiene que ver con las redes y la desinformación. Yo lo que creo que es muy importante es que todos actuemos frente a eso, hay una corresponsabilidad con la democracia. La encuesta también dice que es muy importante que las instituciones educativas estén al frente de eso, los países con mejores democracias son los países donde la educación es de mayor calidad", explicó la rectora de Los Andes.
Pese a que muchas cifras de violencia aumentaron el año pasado en Colombia, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, afirmó que el país está en un camino de paz desde que se firmó el acuerdo con las Farc en 2016, pero debe evitar un retroceso mayor que lo lleve de vuelta a sus peores años de conflicto."Creo que hoy no estamos en una situación de derechos humanos como la que había antes del acuerdo. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero nuestro informe describe diferentes violaciones de derechos humanos que son indicadores de que hay riesgo de un retroceso", expresó Campbell.Su despacho presentó este jueves el informe anual de ese organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país, que según el diplomático, apunta a "prevenir que Colombia vuelva a la situación que había antes de 2016" por el aumento de los desplazamientos forzados y los asesinatos de defensores de derechos humanos, entre otros.Violencia que no cesaEl informe señaló que en 2025 el conflicto "afectó agudamente" varias regiones del país, como el Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.Los grupos armados han provocado en estas zonas desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, principalmente indígenas y afrocolombianos.En ese sentido, Campbell destacó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 87 alegaciones de masacres, de las cuales 53 fueron verificadas, 16 revisadas y 18 consideradas "no concluyentes", lo que significa una disminución del 15 % frente a los casos de 2024.Estas matanzas son cometidas en su mayoría "por los grupos armados no estatales por razones de control territorial, control sobre la sociedad para intimidar y, sobre todo, para garantizar acceso a sus rutas para las economías ilícitas"."Ese es un dato muy positivo, pero al mismo tiempo hay aumento de desplazamiento el año pasado, un 85 % en comparación con 2024; hay más confinamiento, y hay más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, un aumento de un 11 %", expresó.En términos de desplazamiento, el notorio crecimiento estuvo impulsado por la salida de 89.013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, debido a los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.El confinamiento, entre tanto, aumentó un 12 %, principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Bolívar, con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes como principales víctimas.Ese encierro fue provocado por los paros armados de grupos como el ELN que restringen las actividades económicas básicas de las comunidades.Erosión del liderazgo socialLa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales pudo confirmar 99.En 39 casos las personas eran defensoras pero no se pudo determinar un nexo causal entre el homicidio y su labor, mientras que 69 alegaciones fueron consideradas como no concluyentes."Esto es un problema con causas estructurales, causas profundas, que no son fáciles de resolver", manifestó Campbell, quien señaló que el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, "ha hecho avances" en aspectos como las "garantías para personas defensoras de derechos humanos".Sin embargo, el representante de la ONU afirmó que falta "implementación de estas políticas" y de otras como la de "desmantelamiento del control de los grupos armados no estatales" en algunas zonas del país."Tienen un control sobre la sociedad y el territorio y un resultado (de esto) es una tasa de homicidios de personas defensoras de derechos humanos muy alta, completamente inaceptable", expresó.Campbell recordó que la protección de defensores de derechos humanos es una obligación del Estado, según el derecho internacional humanitario (DIH) por lo que insta al Gobierno de Petro, que termina el próximo 7 de agosto, a "tomar acciones más concretas para implementar estas políticas".
El registrador, Hernán Penagos, estuvo en un evento con el procurador, Gregorio Eljach, sobre paz electoral. Desde allí se refirió al proceso electoral que se dará el próximo 8 de marzo. Penagos respondió a algunas de las polémicas y narrativas que se han creado según las cuales podría haber fraude en elecciones.En un primer momento, Penagos hizo referencia a las consecuencias de la desinformación, recordando el ataque que sufrieron algunos funcionarios de la entidad en Gamarra por una información falsa.“¿Cuánto le tiene que costar a la nación colombiana mantener la democracia de nuestro país? ¿Cuánto más se tienen que degradar las instituciones? ¿Cuánto más tiene que golpearse la economía? ¿Cuánto más tienen que sufrir las personas, generar hostilidades y de pronto hasta padecer vidas humanas? No puede ser que un semejante asesine a otro por política ¿Será que no podemos ser más racionales y simplemente ver esto como un proceso democrático donde unos ganan y otros pierden?”, señaló el registrador Penagos.En el mismo sentido el registrador reiteró que se le han otorgado todas las garantías a todos los partidos y candidatos e incluso hizo un llamado frente a la inscripción de testigos electorales, un proceso que hacen las organizaciones políticas.“Puede haber cuatro millones de testigos en las elecciones del 8 de marzo. En cada mesa de votación pueden, y si los partidos quieren y hoy los llamo, designen todos los testigos que estimen pertinente que pueden ser 30 por cada mesa. Millones de personas están al frente del proceso electoral ¿Habrá lugar a alguna incidencia? ¿Habrá lugar a alterar algún dato con tantos ojos y tantas personas al frente del proceso electoral? No hay manera para crear narrativas de esa naturaleza”, dijo Penagos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta en X que la fuerza pública activó todas sus capacidades para ubicar a los candidatos Andrés Vásquez, aspirante al Senado por el partido Conservador, y Anita Guetío, candidata a la Cámara Especial por la Paz, quienes fueron reportados como desaparecidos en hechos ocurridos en Cesar y Cauca.Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, Andrés Vásquez fue visto por última vez en el municipio de Pelaya, mientras que Anita Guetío desapareció en zona rural de El Tambo. Frente a esta situación, aseguró que se desplegó de manera inmediata la capacidad operativa de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia.“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la fuerza pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, señaló el ministro, al detallar que se activaron componentes de investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate.El ministro enfatizó que la fuerza pública no permitirá que el miedo o la violencia interfieran en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país. “La institucionalidad está firme, el Estado está presente y no descansaremos hasta esclarecer estos hechos”, afirmó.Además, hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a los desaparecidos, garantizando absoluta reserva y protección a quienes colaboren. “Cada dato es clave y puede ser decisivo”, puntualizó, al reiterar que Colombia no retrocederá ante la criminalidad.
En un momento de alta tensión política y en vísperas de los próximos ciclos electorales, el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ha formalizado su proceso ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Armando Wouriyu Valbuena, vocero de dicho comité, defendió e Mañanas Blu la iniciativa como una respuesta a las "leyes de la naturaleza" y a la urgencia de millones de colombianos que buscan ajustes estructurales en el Estado.Descentralización y deuda con los territoriosEl argumento central de Wouriyu Valbuena para justificar una nueva Constitución radica en la descentralización efectiva. Según el vocero, la actual República está diseñada principalmente para beneficiar a las grandes capitales como Bogotá, Medellín y Cali, dejando en la exclusión a los bordes territoriales, las áreas fronterizas y a más de 15 millones de campesinos.A pesar de que la Constitución de 1991 ya contempla la autonomía regional, Wouriyu sostiene que no ha existido voluntad política ni intelectual en el poder legislativo para implementar estos mandatos. Como ejemplo, citó que solo hasta mayo de 2025 se pudo concretar la primera entidad territorial indígena, amparada en facultades de la propia carta del 91 que tardaron décadas en materializarse.El fin del "modernismo europeo" y la ética del EstadoWouriyu asocia el sistema democrático actual con un "modernismo europeo" que considera agotado. Para el vocero, es necesario adecuar la República a un momento "contemporáneo", superando estructuras que, a su juicio, han fomentado una "estética de la corrupción" heredada de siglos atrás.Esta propuesta implica, según sus palabras, realizar ajustes en el sistema de pesos y contrapesos (ramas ejecutiva, legislativa y judicial) para que las instituciones funcionen en favor de la vida y la paz, eliminando obstáculos que han mantenido una deuda pública no resuelta por 207 años.Reelección y el futuro de las institucionesAl ser consultado sobre si esta Constituyente busca facilitar la reelección del presidente Gustavo Petro, Wouriyu calificó estas afirmaciones como "especulaciones periodísticas" y de sectores sociales específicos. No obstante, al profundizar en el tema, señaló que la reelección es algo que "hay que analizar" y que inicialmente no estaba en su consideración, pero que ahora surge en el debate público.Escuche aquí la entrevista:
Las víctimas de este primer caso de secuestro en 2026 son dos empleados de una comerciante del sur del departamento, quienes fueron plagiados el pasado 20 de enero en la zona rural de Íquira.Según información preliminar, la pareja se trasladó desde Isnos hasta la vereda Río Negro, en Íquira, tras una citación dirigida a la dueña del establecimiento donde trabajaban. Al parecer, la convocatoria fue realizada por disidencias que exigían el pago de una extorsión.“Desafortunadamente, desde enero de este año se presentó un hecho en el que fueron secuestradas dos personas por integrantes de organizaciones armadas ilegales en el occidente del departamento. La Policía Nacional, a través del Gaula, ubica a los familiares y a las posibles víctimas, quienes fueron requeridas por estos criminales con el objetivo de exigir dinero a cambio de la libertad de sus empleados”, explicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Las autoridades ya iniciaron la investigación y despliegan operativos en la zona para lograr la liberación de la pareja y dar con el paradero de los responsables.“En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y nuestro Gaula de la Policía, se han realizado actividades judiciales y la recolección de elementos documentales, testimoniales y tecnológicos para dar con la ubicación de estas personas”, señaló el comandante del Departamento de Policía Huila.Por último, hizo un llamado a la comunidad para denunciar e informar a las autoridades sobre cualquier pista que permita localizar a las dos personas, que lamentablemente hoy continúan secuestradas.En esta zona del Huila opera la estructura Hernando González Acosta, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván ‘Mordisco’.
La familia de Jonathan Mauricio Román Giraldo vive días de angustia tras confirmarse su muerte en la guerra entre Ucrania y Rusia. El colombiano, nacido en Manizales y residente toda su vida en Bogotá, falleció el pasado 14 de febrero durante una operación militar en zona fronteriza, luego de que el grupo en el que combatía fuera impactado por un dron.La historia fue relatada por su primo, Luis Eduardo Castriñón, quien contó que Jonathan había sido integrante de la Policía y, más recientemente, trabajaba como programador de software en el sector privado. Sin embargo, el 29 de octubre de 2025 tomó la decisión de viajar a Europa y enlistarse en unidades que combaten del lado ucraniano.Según el relato familiar, en el ataque murieron cuatro combatientes: dos colombianos, un peruano y un brasileño. La noticia solo fue confirmada oficialmente el 20 de febrero, días después de que comenzara a circular en redes sociales con fotos. Posteriormente, el comandante del grupo al que pertenecía ratificó que Jonathan había perdido la vida en medio de la misión.Desde entonces, la familia ha iniciado una carrera contrarreloj para intentar repatriar el cuerpo. Sus allegados viven en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Sierra Morena, y aseguran que no cuentan con los recursos económicos para asumir los costos ni los trámites internacionales que implica traerlo de regreso.El proceso, explican, ha sido especialmente complejo por las condiciones de guerra. Ante la falta de representación consular activa en Ucrania, han intentado establecer contactos con autoridades diplomáticas en países cercanos, como Polonia, sin obtener resultados concretos hasta ahora.“Estamos tocando todas las puertas posibles para que su familia pueda darle el último adiós”, señaló su primo, quien hizo un llamado para visibilizar el caso y buscar apoyo institucional o humanitario. Mientras tanto, los familiares continúan gestionando ayuda en medio del dolor y la incertidumbre, con la esperanza de que el cuerpo de Jonathan pueda regresar a Colombia.