Durante el debate de la Gran Consulta de Blu Radio se puso sobre la mesa el fenómeno de la judicialización de la política. Los aspirantes a la Presidencia de la República fijaron posiciones radicales frente a la posibilidad de tramitar una ley de punto final para la reconciliación en Colombia. La discusión surgió en un contexto donde sectores de derecha e izquierda denuncian persecución judicial, citando casos emblemáticos como el del expresidente Álvaro Uribe o las advertencias de extradición contra el actual mandatario Gustavo Petro.El bloque del "Sí": Por un Gran Acuerdo NacionalTres de los candidatos, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa, se mostraron a favor de buscar un mecanismo legal que ponga fin a la confrontación política en los tribunales.Aníbal Gaviria defendió la propuesta argumentando que la violencia ha sido el principal lastre del país, cobrando más de 400.000 vidas en lo que va del siglo. Le puede interesar: “La Petrosalud nos llevó a Kevin y a doña Cecilia”: candidatos de la Gran Consulta en El DebatePara Gaviria, es imperativo un "gran acuerdo nacional" que no busque la impunidad en delitos comunes o económicos, sino que se centre en aspectos de tipo político para una reconciliación definitiva.Por su parte, Juan Daniel Oviedo sostuvo que el país debe evitar "hacer política con las decisiones judiciales". Según Oviedo, una ley de punto final permitiría corregir un sistema que genera "incentivos perversos" y corrupción, permitiendo que la política se enfoque en resolver los problemas ciudadanos en lugar de ataques personales. "Tenemos que evitar que por fin de una vez por todas digamos que no vamos a hacer política con las decisiones judiciales, porque la justicia se respeta y la independencia de la justicia es fundamental", indicó Oviedo.Enrique Peñalosa coincidió, criticando duramente lo que llamó la "judicialización de la política", señalando casos como el de Iván Cepeda, a quien acusó de dedicar su vida únicamente a perseguir a Uribe en lugar de promover leyes constructivas."No se trata de punto final para la persecución a los criminales, sino la judicialización de la política. Yo sí, por supuesto, no voy a perseguir a nadie ni a ningún petrista ni a nadie", aseveró.El bloque del "No": La lucha contra la impunidadEn la otra orilla, cinco candidatos, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y David Luna, rechazaron tajantemente la idea de un borrón y cuenta nueva.Mauricio Cárdenas advirtió que una ley de este tipo es el pretexto que buscan quienes proponen una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las reglas de juego y perpetuarse en el poder."Si hay delitos, son delitos y deben ser juzgados por nuestras cortes", sentenció, rechazando cualquier forma de impunidad para el presidente o su círculo cercano.Vicky Dávila fue enfática al afirmar que los colombianos están "mamados de la impunidad". Aunque aseguró que de ser presidenta no perseguiría ni a Petro ni a Uribe, defendió que la justicia debe ser independiente y que no se pueden hacer pactos para privilegiar a los políticos mientras el ciudadano de a pie sí debe pagar cárcel."Yo siendo presidente no voy a perseguir a Petro", indicó Dávila.David Luna reforzó esta tesis. Para Luna, la paz política no requiere nuevas leyes, sino la voluntad de debatir con respeto y dejar el ego de lado."Los políticos que cometan delitos, para el pote, para la cárcel", aseguró. Escuche el debate aquí:
El partido político Mira solicitó la intervención de la Cancillería, la Procuraduría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral ante presuntas irregularidades en la jornada electoral en el exterior. Una de las denuncias señala que, en Madrid, España, las mesas de votación estaban ubicadas sin la debida distancia, lo que habría afectado la privacidad del elector.En conversación con Blu Radio, el cónsul de Colombia en esa ciudad, Javier Higuera, explicó que se adoptaron correctivos para garantizar mejores condiciones durante la jornada.“Estábamos con una distribución que se podía mejorar y para el día de hoy, como medida de mejora, establecimos una nueva distribución que nos dio un espacio más amplio y hoy la jornada fluyó de manera incluso más eficiente que la de ayer”.En Madrid hay 103.000 personas habilitadas para votar y 139 mesas de votación dispuestas para esta jornada. La votación en el exterior también avanza en otros 66 países, entre ellos Estados Unidos. Desde allí, el embajador de Colombia, Daniel García Peña, entregó un balance del primer día.“En el día de ayer ejercieron su derecho al voto 2.052 personas a lo largo de Estados Unidos. Es así como aprovecho para invitar a los connacionales que hayan inscrito su cédula antes del pasado 8 de enero a votar a lo largo de esta semana, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, hasta el próximo domingo”, señaló.En Estados Unidos hay más de 500 puestos de votación abiertos por los 12 consulados y más de 360.000 colombianos están habilitados para participar en estas elecciones.
En el bloque de preguntas cruzadas durante el debate organizado por Blu Radio para la Gran Consulta por Colombia, el tono subió varios puntos cuando Vicky Dávila lanzó una pregunta que incomodó a Juan Daniel Oviedo: “¿Por qué te gusta ese Petro? ¿Te gusta un poquito?”.Vicky Dávila enmarcó su intervención en una crítica directa al gobierno de Gustavo Petro, en la que señaló que Colombia enfrenta una corrupción “disparada”, problemas de seguridad, crisis en salud y falta de oportunidades. Además, afirmó que ha sido “un pésimo presidente” y sugirió una actitud benévola de Oviedo frente al gobierno actual.Oviedo respondió con vehemencia: “Reconocer la realidad no me hace petrista”Oviedo rechazó las acusaciones y pidió bajar el tono de los prejuicios. Afirmó que reconocer que “el 48 % del país siente que las cosas van bien” no lo convierte en simpatizante del presidente. “¿O es que acaso querían hacer campaña con un país destruido?”, replicó.El exdirector del DANE también insistió en que el debate no puede quedarse en etiquetas. Además, propuso poner fin a los “populismos de izquierda o de derecha” y asumir la realidad con seriedad. Recordó que Petro ganó en democracia, aunque a muchos no les guste, y desconocerlo no ayuda a construir soluciones.Oviedo cuestionó a Vicky Dávila por su postura sobre GazaLuego llegó el turno de Juan Daniel Oviedo para preguntar y contraatacó a Vicky Dávila con un tema sensible: la guerra en Gaza. Planteó si no valía la pena abrir la puerta a una postura diferente frente al reconocimiento de un genocidio, tras mencionar la muerte de casi 16.000 civiles y niños desde 2023.Dávila respondió que no está de acuerdo con que mueran inocentes, pero defendió el derecho de Israel a protegerse y criticó que Petro no condenara con contundencia los ataques contra ese país. También llevó el debate al terreno local: mencionó la violencia en Colombia, el accionar del Clan del Golfo y el reclutamiento de 18.600 menores por parte de las FARC.
Esta es información que le entregó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la senadora Angélica Lozano, luego de una solicitud formal que ella elevó. Y la respuesta es directa: el Clan del Golfo no ha puesto a disposición ni un solo niño, niña o adolescente reclutado.El grupo había anunciado en septiembre de 2025 que devolvería a los menores como un gesto inicial dentro del proceso de diálogo. Incluso habló de realizar un censo interno para identificarlos y entregarlos al Estado.Sin embargo, varios meses después, el ICBF certifica que no ha recibido a ningún menor por parte de esa organización. Ni uno.Mientras tanto, el proceso sí ha avanzado en otros frentes. Cinco de los principales jefes tienen suspendidas sus órdenes de captura y extradición. Además, el Estado ha destinado más de 9.600 millones de pesos en esquemas de protección financiados con recursos públicos. También se habilitaron zonas especiales en Córdoba y Chocó donde pueden concentrarse bajo condiciones acordadas.El contraste es lo que genera la polémica: hay beneficios vigentes y recursos invertidos, pero el compromiso humanitario de devolver a los niños sigue sin cumplirse.Para la senadora Lozano, no puede hablarse de avances reales si el gesto más importante, que era devolver a los menores, sigue pendiente. “Si el primer gesto de paz eran los niños, ese gesto todavía no llega”, concluyó.
Jaime Parra, conocido como alias ‘El Médico’, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que dentro de la organización se practicaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres, incluidas menores reclutadas.“Como médico de la extinta organización y encargado de la política de salud en esta organización, reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas”.“Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres”, añadió. Luego de leer los relatos de víctimas, Parra asegura que sus decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas.“Esto les generó un daño psicológico y en su salud física del cual soy consciente luego de leer los relatos de las víctimas”. El exintegrante del Secretariado también aceptó que los hechos investigados en el macrocaso 7 sí ocurrieron.“Los hechos señalados en el macrocaso 7 ocurrieron; reconocerlos es un deber, un compromiso ético y moral con el país y con las víctimas”. Además, admitió que muchos menores fueron expuestos a situaciones que no debieron vivir.“En lugar de protegerlos, no supimos garantizar plenamente sus derechos ni su bienestar. Fueron expuestos a experiencias que nunca debieron vivir”. Finalmente, sostuvo que nada de lo ocurrido debió pasar, y que “asume la responsabilidad” como antiguo integrante del exsecretariado.“Este reconocimiento no borra el dolor ni las consecuencias, pero es un paso necesario para aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y contribuir a que los hechos como esto no se repita nunca más”.
La investigación por la intoxicación y muerte de dos menores en abril de 2025, tras consumir frambuesas contaminadas con talio, continúa avanzando en la Fiscalía General de la Nación con diligencias orientadas a establecer las rutas de envío de la fruta envenenada y a precisar las responsabilidades en el caso.Dentro de las actuaciones recientes, el ente acusador solicitó información a cinco empresas de domicilios sobre servicios que habrían sido requeridos por Zulma Guzmán, señalada como presunta determinadora y actualmente recluida en Reino Unido, y por Zenaida Pava, de 63 años, vinculada a la investigación por su presunta participación en la coordinación del envío y entrega de las frambuesas.La primera compañía en responder fue Rapigo. De acuerdo con informes del proceso, en esa plataforma Pava habría solicitado tres servicios, uno el 8 de enero y otros el 3 y 5 de abril de 2025, fechas que coinciden con el periodo en que ocurrió el caso. Según la información recopilada por los investigadores, en esos servicios se habría utilizado un número de celular vinculado a la indagación.Al parecer, el punto de origen de los envíos coincide con una ubicación cercana a un edificio del norte de Bogotá donde funciona la oficina de Jeisson Rosas, coach de Zulma Guzmán. No obstante, frente a esa referencia, la defensa de Rosas ha asegurado que no existen registros de que Zenaida Pava haya sido su cliente o de que exista relación entre ambos. También argumentó que en ese edificio operan múltiples oficinas y que, para ese momento, el ingreso al lugar era público.Hasta el momento están pendientes las respuestas de otras empresas requeridas, con el propósito de establecer si en los servicios solicitados se transportaron las frambuesas envenenadas y hacia qué destino fueron dirigidas. Esta información será clave para descartar o confirmar si existieron otros intentos de envenenamiento bajo el mismo modus operandi.Mientras tanto, en Reino Unido, Zulma Guzmán permanece recluida en una cárcel de mujeres, a la espera de que la justicia británica resuelva la solicitud de extradición presentada por Colombia. En ese escenario, su defensa y la Fiscalía deberán exponer en las próximas semanas sus argumentos ante las autoridades judiciales de ese país.
Wilmar Mejía era hasta hace tres meses director de inteligencia de la DNI. Resultó salpicado en un escándalo revelado por Noticias Caracol, en el que junto al general Juan Miguel Huertas fue señalado de presuntos vínculos con cabecillas de las disidencias de alias Calarca. Según dicha información, el funcionario al parecer filtraba datos reservados y acercaba a la organización criminal con miembros de la fuerza pública. Incluso fue identificado, presuntamente, en los archivos de Calarácon el alias de 'El Chulo'. El negó todas estas acusaciones en su contra y aseguró que había conocido a cabecillas de las disidencias en el marco de su trabajo por La Paz en distintas regiones del país.Tres meses han pasado desde que fue suspendido de su cargo por orden de la Procuraduría. En su contra hay incluso una investigación interna en la entidad a la que pertenece. Pero hoy el organismo de control levantó dicha suspensión argumentando que no hay pruebas suficientes, que se trata de una medida cautelar y no una sanción, y que tanto él como Huertas han colaborado con las investigaciones. Con esto, la Dirección Nacional de Inteligencia debe reintegrar a Mejía en su cargo y Blu Radio conoció que así ocurrirá, con una resolución que será expedida en las próximas horas en la que vuelve a ser nombrado como director de inteligencia.El presidente Gustavo Petro ha defendido a estos servidores públicos a pesar de la gravedad de las denuncias. Incluso tanto Mejía como Huertas fueron vistos en casa de Nariño el pasado 23 de febrero y acudieron allí para una reunión con el mandatario. Este encuentro tenía como objetivo, según fuentes cercanas, que Petro conociera en qué iba el proceso legal de ambos; sin embargo, por temas de agenda, no se habría materializado.
La Secretaría de Salud de Bucaramanga anunció el inicio de una jornada de vacunación gratuita en la comuna 12, sector donde reside el hombre diagnosticado con sarampión tras llegar procedente de México.La medida preventiva fue confirmada por la secretaria de Salud, Gloria Orduz, quien explicó que el paciente se encuentra en aislamiento y bajo seguimiento permanente por parte de las autoridades sanitarias.“La persona en este momento se encuentra aislada por parte de la Secretaría de Salud. Se le han realizado los seguimientos, se tienen sus datos y se le han dado las indicaciones de aislamiento y de cuidados que debe tener con las demás personas con las que convive y en su trabajo. En este momento está aislado”, señaló la funcionaria.Según la Secretaría, hasta ahora no se han reportado nuevos casos asociados. Orduz aseguró que el paciente no ha tenido contacto reciente con otras personas y que, en caso de haberlo tenido antes del diagnóstico, adoptó medidas de prevención como el uso de tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento, teniendo en cuenta que el contagio del sarampión se produce por vía aérea, a través de gotículas.“Hasta el momento no hemos tenido personas que hayan asistido a clínicas o centros de salud con síntomas relacionados, ni reportes de otros posibles contagios”, agregó.Como parte de la estrategia de contención, la Secretaría de Salud desplegará brigadas de vacunación en la comuna 12, con el fin de verificar esquemas incompletos y aplicar gratuitamente la vacuna triple viral, principal herramienta para prevenir el sarampión.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a revisar su carné de vacunación, acudir a los puntos habilitados y consultar de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, erupción en la piel, tos, congestión nasal o enrojecimiento de los ojos.
El Tribunal de lo Criminal de París dictó este lunes penas de entre seis y 15 años de cárcel para los cuatro acusados de complicidad con el checheno que en 2020 decapitó al maestro francés Samuel Paty, antes de ser abatido por la policía.La sentencia de este juicio en apelación dicta penas algo inferiores de las que había pedido el pasado viernes la Fiscalía contra los acusados, que en sus últimas palabras en el proceso negaron toda intención criminal.La mayor pena, 15 años de reclusión, fue pronunciada contra Abdelhakim Sefrioui, padre de un alumno de Paty y autor de una campaña de desprestigio del maestro en redes, que contó con el apoyo del predicador islamisma Brahim Chnina, condenado a diez años.Pusieron así en el punto de mira al profesor, al que reprochaban haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión, lo que llevó a su asesinato por parte de Abdoullakh Anzorov, de 18 años, el 16 de octubre de 2020, un crimen que causó una gran conmoción en Francia.Son penas superiores a las dictadas en primera instancia, cuando habían sido condenados a finales de 2024 a 13 y 15 años de cárcel, respectivamente.El tribunal también condenó a los otros dos acusados de complicidad en el crimen. A siete años de cárcel Azim Epsirkhanov y a seis Naïm Budaoud, acusados de haber conducido a Anzorov al lugar de los hechos y de haberle ayudado a procurarse el arma del crimen cometido en el colegio Bois d'Aulne, en la localidad de Conflans-Sainte-Honorine, en la región de París.Para ambos había pedido la Fiscalía una pena de 16 años de cárcel, la misma que les habían impuesto en primera instancia.Samuel Paty enseñó las caricaturas en una clase dedicada a la libertad de expresión y, como relataron más tarde los presentes, antes de hacerlo dijo a los alumnos susceptibles de sentirse afectados por las imágenes que podían salir unos minutos del aula, pero en ningún momento pidió a los adolescentes musulmanes que tenían que irse.Fueron precisamente las falsas informaciones en redes sociales sobre la presentación de las caricaturas de Mahoma por el profesor de historia a sus alumnos las que llegaron a Anzorov, notoriamente radicalizado, quien sin conocer personalmente a Paty a partir de ahí elaboró su proyecto criminal.
Dos días antes del escándalo por presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc en Calarcá, el Gobierno nacional expidió los decretos con los que designó a cuatro integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) como gestores de paz. Entre los beneficiados figuran alias Samir, señalado de participar en el ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia), y Danilo Alvizú, vocero del EMBF, cuya designación fue renovada justo antes de que se revelaran los polémicos chats que lo vinculan con jefes disidentes.Las resoluciones, firmadas por el presidente Gustavo Petro el 21 de noviembre de 2025, les otorgan a los nombrados funciones de interlocución en el proceso de paz, pese a mantener órdenes de captura activas y antecedentes por delitos como homicidio, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas.Aunque la resolución ordena “comunicar la decisión a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, desde esa entidad aseguraron a W Radio que no tienen conocimiento del procedimiento ni de los alcances de esas designaciones, lo que profundiza las dudas sobre la coordinación institucional y la transparencia del proceso.El hecho ha generado fuertes cuestionamientos por parte de víctimas, expertos y sectores políticos, que advierten sobre los riesgos de otorgar estatus oficial a cabecillas armados mientras continúan las denuncias por reclutamiento de menores, expansión territorial y control armado en varias regiones del país.La polémica se suma a las advertencias recientes de la Defensoría del Pueblo, que pidió que las decisiones presidenciales en el marco del proceso de paz se utilicen únicamente con fines humanitarios y no para favorecer la impunidad o facilitar la movilidad de grupos armados.En medio del escándalo, el Gobierno defiende los nombramientos como parte de su estrategia de paz total, pero las contradicciones entre las resoluciones presidenciales y las respuestas institucionales reavivan las dudas sobre el verdadero control del proceso.
Una vez más, el presidente Gustavo Petro defendió al general Juan Miguel Huertas y al director de Inteligencia, Wilmar Mejía. A través de su cuenta de X, el mandatario relacionó la información sobre una presunta infiltración de las disidencias a su Gobierno, a través de estos dos altos funcionarios, con un posible plan para que haya un indictment en su contra en EE. UU., con el fin de encarcelarlo. Este estaría relacionado con los supuestos ingresos a su campaña de dinero del narcotráfico.“La importancia de desmontar el análisis falso de Caracol tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos de entregar pruebas falsas a EE. UU. para un posible indictment y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase: ‘Petro es el jefe de los narcotraficantes’. Expresión mentirosa con la que tratan de destruir a mi familia y al progresismo colombiano”, escribió el mandatario en su cuenta de X.Cabe mencionar que EE. UU. ya lo incluyó en la Lista Clinton, junto a su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti. La justificación del Gobierno Trump fue su supuesto rol en el tráfico ilícito de drogas, con niveles de cultivos de coca muy altos. A esto se suma su política de paz total, que es vista como una iniciativa que permitió el florecimiento de los carteles de la droga.El mandatario concluyó escribiendo: “Con Calarcá hoy hay negociaciones en primera fase, sin que haya avanzado a una negociación de paz y sin cese al fuego. Las fuerzas de Calarcá son atacadas por nuestro Ejército y solo de él dependerá si se rompen las negociaciones”.
El excongresista y líder indígena del departamento del Cauca, Feliciano Valencia, quien acompañó activamente la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez, habló en Mañanas Blu, de las serias acusaciones que pesan sobre la vicepresidenta, las cuales sugieren un presunto acuerdo entre ella y las disidencias de las Farc para facilitar su llegada a la Presidencia de Colombia. Estas alegaciones se basan en chats y comunicaciones hallados a alias 'Calarcá' y publicados en un informe de Noticias Caracol.La campaña en el CaucaFeliciano Valencia enfatizó que, si bien él y miles de personas acompañaron la campaña de Petro y Márquez, su participación se limitó a "motivar a la gente" e "invitarlos a votar". El líder indígena fue categórico al afirmar que nunca se involucraron en asuntos financieros.Detallando el funcionamiento de la campaña en el departamento del Cauca, Valencia aseguró que esta fue "muy austera". Señaló que las comunidades fueron las responsables de financiar la logística, el transporte y las salidas a votar. "Fue una campaña de motivación y autosostenimiento el que nosotros hicimos en el departamento del Cauca," afirmó.Insistió en que, hasta donde él conoce, nunca se ofreció dinero ni a los líderes ni a quienes estaban al frente de las campañas."Esperamos que la justicia como debe ser investigue esta situación, aclare esa situación y pues tome las medidas que después de hacer ese ejercicio de investigación corresponda".Valencia advirtió que, si los órganos judiciales determinan que hubo algo "anómalo" o si la investigación diera "positivo", sería "muy lamentable que esto haya sucedido".Clima de violenciaEn relación con la limpieza del proceso electoral en el Cauca, una región históricamente afectada por la violencia y el control de grupos insurgentes, Valencia negó que hubiera existido coerción de grupos armados ilegales.Indicó que, en el norte del Cauca, la Guardia Indígena siempre estuvo en coordinación con el Ejército Nacional y la Registraduría Nacional en los puestos de votación. Aseguró que en esos puntos no se evidenció que los grupos armados estuvieran obligando a la gente a votar.Sin embargo, el excongresista expresó una profunda preocupación por la actual ola de violencia en el departamento. Mencionó específicamente el reciente comunicado de 'Iván Mordisco', que prácticamente declara la guerra al gobierno nacional. Valencia advirtió que la influencia de este actor en el suroccidente colombiano le preocupa sobremanera, temiendo que esta situación "vaya a dar con el traste la jornada electoral del 2026".Escuche aquí la entrevista:
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró en las últimas horas un aumento en los eventos sísmicos relacionados con el movimiento de fluidos del volcán de Puracé, ubicado cerca de la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, informó este martes la entidad."En las últimas horas se ha registrado un aumento de las señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos (Tremor y Largo Periodo), localizadas debajo del cráter del volcán Puracé a profundidades menores a 1 kilómetros", expresó el SGC en un comunicado.El organismo afirmó que, además de las señales, ha habido incrementos en la salida de gases con "columnas que han alcanzado hasta 1,6 kilómetros de altura y dispersión hacia el suroccidente", lo cual puede incluir pequeñas emisiones de ceniza."El volcán Puracé permanece en estado de alerta amarilla, en el cual pueden presentarse fenómenos como emisiones esporádicas de ceniza, incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, ruidos, olores, precipitación de azufre y lahares menores, entre otros", agregó la información.El Puracé -ubicado a 27 kilómetros de Popayán y en cuya zona de influencia viven, principalmente, comunidades indígenas y campesinas- es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos."Se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país", precisó el SGC.La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y, desde 2021, está presentando cambios paulatinos en su actividad.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las revelaciones sobre presuntos vínculos entre integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado, al advertir que las decisiones del Gobierno en el manejo del proceso de paz podrían estar facilitando abusos y desviaciones del propósito de terminar la violencia.El organismo recordó que el Presidente de la República tiene la facultad de suspender órdenes de captura para promover la paz, pero señaló que esa herramienta solo puede usarse con fines humanitarios y no para permitir la movilidad de grupos armados o el encubrimiento de delitos.Mencionó como ejemplo el caso de Anorí, en Antioquia, ocurrido en julio de 2024, donde se detectó el traslado de integrantes del EMBF que no tenían suspensión de captura, junto con dinero, armas y un menor de edad.La Defensoría alertó además sobre las contradicciones entre los compromisos del EMBF en la mesa de diálogo y la situación en los territorios. Aunque el grupo prometió suspender el reclutamiento de menores, concentrarse en una zona temporal y avanzar hacia la dejación de armas, en la práctica se registra un aumento de su presencia armada, expansión territorial y control sobre comunidades en departamentos como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo.El comunicado también hace referencia a declaraciones de líderes del EMBF que rechazan públicamente la entrega de armas, así como a revelaciones periodísticas que ponen en duda su voluntad de paz.Ante ello, la Defensoría pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación adelantar investigaciones rápidas e independientes sobre los posibles vínculos entre el grupo armado y funcionarios del Estado, y evaluar el retiro temporal de quienes pudieran estar comprometidos.Finalmente, la entidad insistió en que el país necesita hechos de paz reales y exigió al EMBF la liberación inmediata e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes reclutados, como muestra concreta de compromiso con la reconciliación.
Durante las preguntas cruzadas del debate de los precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas confrontó directamente a la senadora Paloma Valencia sobre la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez integre su fórmula vicepresidencial. El debate, que permitió a los precandidatos fijar posturas claras mediante una dinámica de preguntas cruzadas, puso de manifiesto las profundas divisiones sobre el papel del uribismo en las próximas elecciones y la viabilidad jurídica de tal propuesta. El argumento de la ilegalidad y el relevo generacionalCárdenas fue tajante al expresar su desacuerdo con la idea de Valencia. Según el exministro, buscar a Uribe como vicepresidente no solo es un error político, sino una movida legalmente inviable. "Es ilegal. Él no podría asumir la función presidencial", afirmó Cárdenas, sugiriendo que las restricciones constitucionales impedirían que el expresidente ocupara dicho cargo ante una eventual falta del mandatario.Además de los obstáculos legales, Cárdenas cuestionó la necesidad de mirar hacia atrás en lugar de apostar por figuras emergentes. "¿Es necesario volver al pasado?", preguntó, enfatizando que el país cuenta con un "liderazgo nuevo" y personas que desean "tomar las riendas de este país" con una visión renovada, lejos de la sombra de figuras que ya han cumplido su ciclo en el poder ejecutivo.La respuesta de Paloma ValenciaPor su parte, Paloma Valencia defendió su postura asegurando que no considera que la propuesta sea ilegal. Sin embargo, aclaró que la decisión sobre quién la acompañará en la vicepresidencia no es algo que tenga definido actualmente. Valencia señaló que, de resultar ganadora en la consulta, buscará el consenso con sus aliados políticos para definir ese cargo. "Mi decisión será, ojalá, concertada con todos y con mi partido", señaló la senadora, extendiendo una invitación a Cárdenas y a su equipo para discutir el tema en el futuro.Valencia subrayó que una candidatura surgida de esta coalición debe ser un esfuerzo conjunto y no una decisión ajena a los demás integrantes del equipo.Uribe: ¿Candidato o consejero permanente?A pesar de las críticas de Cárdenas, Valencia reafirmó su profunda admiración y lealtad hacia Álvaro Uribe, describiéndolo como una figura muy querida por los colombianos que, al recorrer el país, tiene el poder de convertir a cualquier candidato en presidente. La senadora fue enfática en que, independientemente del cargo formal que ocupe, la influencia de Uribe será constante en su carrera. "Si no es mi fórmula, sí va a ser mi consejero siempre", puntualizó.Escuche aquí el momento:
A través de su cuenta de X, el precandidato de la Consulta Frente por la Vida se refirió a las opciones que está considerando para la Vicepresidencia. Por un lado, mencionó a la senadora Gloria Flórez, quien en su momento también aspiraba a ser precandidata presidencial, pero se bajó de la contienda y se sumó a su compañero de bancada, el senador Iván Cepeda, cuando se votó la consulta de octubre del año pasado.La periodista María Jimena Duzán, de Cambio, es otra de sus opcionadas. A la lista se suma también su colega, escritora y columnista colombiana Patricia Lara.El último nombre es el de la exmagistrada del Consejo Nacional Electoral, Adelina Covo, suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ya había expresado públicamente su apoyo a su campaña. Esto, desde algunos sectores, fue interpretado como un respaldo del jefe de la cartera política, aunque él lo negó e insistió en que, como lo pidió el presidente, no votaría la consulta.Barreras aseguró que estas opciones las considera si el presidente Gustavo Petro no acepta ser su fórmula vicepresidencial, pues insiste en que está habilitado para hacerlo, al igual que el expresidente Álvaro Uribe, como también lo planteó la precandidata de la Gran Consulta, Paloma Valencia.“Todo el mundo me pregunta quién va a ser mi vicepresidente. Yo contesto: uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta. Hoy me levanté pensando que, después de todo el recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. ¿Qué piensan?”, aseguró.
El futuro del sistema pensional colombiano y la posibilidad de aumentar la edad de jubilación se tomaron el debate de la Gran Consulta por Colombia. En un escenario de incertidumbre por las reformas del Gobierno Petro, los precandidatos fijaron posiciones divididas entre la sostenibilidad financiera y la protección del ahorro actual.Mientras figuras como Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa sostuvieron que el incremento es una necesidad técnica debido al aumento en la esperanza de vida, otros sectores liderados por Vicky Dávila, David Luna y Mauricio Cárdenas rechazaron tajantemente la medida, priorizando la seguridad jurídica de los ahorradores.Candidatos que proponen incrementar la edad de jubilaciónLa sostenibilidad del sistema frente al envejecimiento poblacional fue el argumento central de quienes dijeron "sí" a una reforma en la edad. Aníbal Gaviria fue enfático al señalar que "a los colombianos hay que hablarles con franqueza"; según el precandidato, Colombia tiene una de las edades más bajas de la OCDE y el ajuste es la vía para "estabilizar el tema pensional".Por su parte, Juan Daniel Oviedo propuso un acuerdo nacional para que, a partir de 2035, se incremente la edad de pensión de las mujeres, vinculándolo a la realidad demográfica del Censo 2018. En esa misma línea, Enrique Peñalosa aclaró que este cambio no afectaría a quienes están cerca de jubilarse, sino a los jóvenes que ingresan al mercado laboral, dado que hoy los ciudadanos "viven 20 años más que en 1960".Candidatos que rechazan el aumento de la edad pensionalEn la otra orilla blindaron la edad actual (57 años mujeres y 62 hombres). Vicky Dávila calificó como injusto un posible aumento y centró su crítica en el manejo de los recursos por parte del actual Gobierno: "Tenemos que proteger la plata de los trabajadores y de los ahorradores".David Luna coincidió en que no se pueden "cambiar las reglas de juego" a quienes han ahorrado durante años, mientras que Mauricio Cárdenas propuso financiar el sistema mediante el recorte del gasto público y la reactivación de la producción de hidrocarburos, sin tocar la edad. Juan Manuel Galán afirmó que, aunque el sistema es injusto, la edad "no es la prioridad en este momento". Finalmente, Paloma Valencia planteó un modelo alternativo de ahorro desde el nacimiento, evitando una respuesta binaria sobre el incremento.
En medio del debate sobre la crisis de las finanzas públicas que enfrenta el país, los candidatos presidenciales coincidieron en que la prioridad no sería una nueva reforma tributaria, sino un fuerte recorte del gasto público.La discusión partió de un diagnóstico común: “El 7 de agosto del 26 se va a levantar el tapete y vamos a encontrar algo que ya estamos previendo, es una situación con un déficit fiscal gigantesco”. Ante ese panorama, la pregunta fue directa: ¿es más importante reducir el gasto público que aumentar el recaudo con una nueva tributaria?Luna: “No le voy a dar ese papayazo”El primero en responder fue David Luna, quien aseguró que el país puede ajustar 50 billones de pesos en los próximos cuatro años.“50 billones de pesos se puede ajustar el gasto en nuestro país en los próximos cuatro años, obviamente reduciendo dobles competencias, reduciendo subsidios y, lo más importante, reduciendo las corbatas politiqueras”, afirmó.Agregó que es clave “recuperar la regla fiscal” y sostuvo que una nueva reforma sería inviable políticamente: “Hacer una nueva reforma tributaria, más allá de que sería la número 14 en los últimos años, es un imposible desde el punto de vista político (…) Yo no les voy a dar ese papayazo”.Gaviria: menos burocracia central y más regionesPor su parte, Aníbal Gaviria planteó una reducción de la burocracia central como eje de su estrategia.“Una disminución de la burocracia tiene que ser una de las primeras tareas del próximo gobierno”, señaló, y propuso trasladar competencias y recursos a departamentos y municipios “sin crecer la burocracia en ellos”.Para Gaviria, la descentralización y la autonomía serían “la verdadera reforma fiscal” que permitiría aliviar el peso del Estado central.Cárdenas: “La única opción es recortar el gasto”El exministro Mauricio Cárdenas fue enfático en que el hueco fiscal no se puede cubrir con impuestos.“No hay cómo conseguir 50 billones de pesos con reformas tributarias. Esa opción simplemente no existe (…) La única opción es recortar el gasto”, afirmó.Propuso eliminar contratos de prestación de servicios —“Son 191.000 contratistas. Eso no se necesita. Ahí hay 8 billones de pesos”— y reducir tasas de interés de la deuda: “Petro está pagando tasas del 14 %, nosotros las podemos poner en el 7 %. Ahí hay otros 10 billones”.Advirtió que, de no hacerse ajustes, “viene una crisis económica brutal si no paramos esto a tiempo”.Vicky Dávila: corrupción y préstamo empresarialLa candidata Vicky Dávila centró su propuesta en combatir la corrupción. “El primer chorro que vamos a tapar es el de la corrupción. 60 billones de pesos, dice la Contraloría, que cada año se van a los bolsillos de los corruptos”, afirmó.Además, propuso un préstamo voluntario del 1 % de los ingresos de grandes empresas para fortalecer la seguridad: “Nos van a prestar, y la vamos a invertir en drones, en cámaras, en que los policías tengan sus uniformes y su armamento”.Frente a las críticas, aclaró: “No es para tapar el hueco fiscal (…) Eso se tapa reduciendo el despilfarro y acabando con la corrupción”.Oviedo: eficiencia antes que recorteEl exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo matizó la discusión y habló de eficiencia.“La reforma tributaria no es el mecanismo de cada cuatro años para tapar el hueco fiscal”, dijo, pero advirtió que más que reducir el tamaño del Estado, hay que hacerlo más eficiente.Señaló que el gasto público representa cerca del 38 % del PIB, frente al 45 % de la OCDE, y cuestionó la viabilidad del 1 % empresarial: “No va a dar para verdaderamente tapar el hueco fiscal que tenemos en 2027”.Peñalosa y Galán: fin al despilfarro y modernizaciónEl exalcalde Enrique Peñalosa habló de “un despilfarro gigantesco” y cuestionó la ejecución de grandes obras. “Aquí lo que ha habido es un despilfarro politiquero e irresponsable”, afirmó.En tanto, Juan Manuel Galán pidió romper con el modelo de reformas tributarias constantes: “Tenemos que acabar con ese modelo de cada 18 meses hacer una reforma tributaria”. Propuso modernizar la Dian, lo que —según dijo— podría aumentar el recaudo entre 12 % y 14 %.Paloma Valencia: bajar impuestos y reducir ministeriosFinalmente, la senadora Paloma Valencia sostuvo que Colombia tiene “los impuestos más altos de toda la OCDE” y que eso ahuyenta la inversión.“Vamos a bajar los impuestos y vamos a reducir el Estado. De 19 ministerios vamos a pasar a 12”, aseguró, al anunciar fusiones de entidades para lograr un “Estado pequeño y eficiente”.
El debate de la Gran Consulta por Colombia en Blu Radio dejó una línea divisoria clara entre quienes mantendrían aspectos del proyecto de salud del presidente Gustavo Petro y quienes proponen desmontarlo por completo. La pregunta fue directa: ¿conservarían algo de la iniciativa oficial?Entre los que respondieron afirmativamente estuvieron Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo. Ambos coincidieron en la necesidad de una reforma, aunque con matices y ajustes frente al modelo impulsado por el Gobierno.Gaviria aseguró que “se necesita una reforma a la salud, y muchas otras”, pero advirtió que los cambios no pueden hacerse “a las patadas, porque no salen o salen frustradas”. Indicó que mantendría el énfasis en la atención primaria, fortalecería el sistema mixto, aumentaría la UPC y obligaría a las EPS a atender en máximo una hora.Oviedo, por su parte, sostuvo que la ciudadanía quiere sentir que el derecho a la salud se materializa. En su intervención señaló que es clave que el Estado entienda que el sistema también debe cuidar a los trabajadores informales en situación de vulnerabilidad, una meta que calificó como loable.En la orilla contraria se ubicaron Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, David Luna, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán, quienes rechazaron de plano la propuesta oficial y cuestionaron su ejecución.Dávila afirmó que el actual modelo “no sirve para nada” y urgió el pago de la deuda de medicamentos. Además, pidió mayor vigilancia para evitar que los recursos de la salud terminen financiando campañas, y planteó liquidar las malas EPS para dignificar la labor médica.Cárdenas calificó la reforma como “una ley corrupta” y habló de una “Petrosalud” construida, según él, por la puerta de atrás mediante intervenciones a EPS. Señaló que se requieren nuevos interventores y más gerencia para evitar que los recursos se desvíen con fines políticos.Valencia sostuvo que el proyecto “no tiene ni pies ni cabeza” y advirtió sobre el riesgo de entregar la salud a la politiquería. Defendió un sistema mixto y solidario, con entrega inmediata de medicamentos y servicios a domicilio, alejando el debate de posiciones ideológicas y enfocándolo en resultados concretos.Luna enfatizó que “la salud no es un experimento” y subrayó que el problema no es normativo sino de administración. Aseguró que lo que necesita el país es gerencia para garantizar que los medicamentos y tratamientos lleguen oportunamente a los pacientes.Peñalosa cuestionó la idea de estatizar el sistema y advirtió que una salud completamente pública podría derivar en ineficiencia y corrupción. En su concepto, la participación privada es un factor clave para garantizar eficiencia.Galán, finalmente, fue uno de los más críticos al afirmar que lo ocurrido con el sistema de salud constituye “un crimen de lesa humanidad”, al señalar que miles de personas han muerto en medio de lo que describió como un intento sistemático de desfinanciar el modelo vigente.
El futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz está en duda y fue el segundo bloque del debate en Blu Radio: ¿prorrogarían su mandato más allá del periodo actual? Las respuestas marcaron una línea divisoria en la Gran Consulta por Colombia, pues algunos candidatos rechazan la continuidad de la JEP, mientras otros la defienden. El detonante del tema fue el reconocimiento de las FARC sobre el reclutamiento de 18.000 menores. A partir de allí, los precandidatos fijaron su postura frente al cumplimiento de los compromisos del Estado.¿Quiénes no prorrogarían la JEP?En el bloque del “no” estuvieron Vicky Dávila, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán. Sus razones fueron:Paloma Valencia calificó la JEP como “un tribunal de impunidad creado para la impunidad” y cuestionó que el reconocimiento de los 18.000 niños reclutados llegue “a destiempo” y se tramite con sanciones restaurativas. “Aquí tenemos que poner las cosas en orden y defender nuestra fuerza pública”, afirmó.Vicky Dávila fue más allá: “No la vamos a acabar, simplemente no la vamos a prorrogar”. Recordó que, según dijo, se han invertido casi cuatro billones de pesos y preguntó: “¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la reparación?”. Propuso destinar esos recursos a educación y salud.Juan Manuel Galán sostuvo que la JEP no era necesaria y que una comisión de la verdad habría sido suficiente. Señaló que ha generado “desmoralización” en integrantes de la fuerza pública y aseguró que no ampliaría su mandato más allá de lo establecido.¿Quiénes continuarían con la JEP?En la otra orilla quedaron David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Enrique Peñalosa.David Luna defendió la división de poderes: “Soy liberal y demócrata. En la JEP hay jueces de la República”. A su juicio, corresponde exigir resultados rápidos en verdad, justicia y reparación, no desmontar el tribunal en medio del debate político.Aníbal Gaviria admitió desacuerdos con algunos fallos, incluso los calificó como “aberrantes”, pero insistió en que el Estado debe cumplir sus compromisos. Propuso ajustar y exigir, no acabar.Mauricio Cárdenas fue claro: “Hay que cumplirlo. Fue el último acuerdo de negociación política”. Enrique Peñalosa defendió que la JEP concluya su tarea y destacó que haya logrado confesiones sobre reclutamiento y otras atrocidades. Juan Daniel Oviedo habló de esclarecer la verdad tras más de 70 años de conflicto.
En el marco del debate de Blu Radio con los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, los aspirantes mostraron una postura unánime frente a uno de los temas más sensibles del país: el orden público. Ante la pregunta directa sobre si abrirían la puerta para entablar procesos de paz con grupos al margen de la ley, la respuesta de todos los aspirantes fue un rotundo "no", marcando una distancia definitiva frente a las políticas actuales de diálogo.Sometimiento a la justicia y fin de la "Paz Total"Para Juan Manuel Galán, el cambio de mando el próximo 7 de agosto significaría el desmantelamiento inmediato del actual modelo de negociación. Su enfoque se centra en atacar las finanzas criminales y reactivar la persecución judicial. Según Galán: "Se acaba la paz total. Se reactivan todas las órdenes de captura contra los cabecillas de las organizaciones criminales... no más negociaciones ni diálogos colectivos de tipo político con estructuras criminales. En mi gobierno habrá una política de sometimiento individual a la justicia".Seguridad total y Plan Colombia 2.0Paloma Valencia propuso una transición hacia lo que denominó "seguridad total", enfatizando el control del microtráfico y la extorsión mediante el fortalecimiento de la fuerza pública con apoyo internacional. Valencia afirmó: "Con nosotros se acaba la paz total y llega la seguridad total. Vamos a reducirle los ingresos a los ilegales... tenemos que robustecer nuestra fuerza pública con un plan Colombia 2.0 que incluya gobiernos europeos porque necesitamos inteligencia, capacidades, drones".De la insurgencia al "traqueteo": El fin de la voluntad políticaPor su parte, David Luna justificó su negativa argumentando que la naturaleza de los grupos armados ha mutado de fines políticos a intereses puramente mafiosos, lo que imposibilita un diálogo de paz tradicional. Luna sostuvo: "El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias dejaron de ser grupos que se quieren tomar el poder con las armas para convertirse en grupos de traquetos, de mafiosos... si alguien se quiere someter, lo debe hacer ante la justicia ordinaria".El respaldo político a la fuerza públicaAníbal Gaviria centró su argumento en la pérdida de validez de la lucha armada, señalando que el acceso al poder en Colombia hoy se da a través de las urnas y no de los fusiles. Gaviria explicó: "No diálogos de paz, tiene un sustento y lo que tiene que haber es una política y una estrategia de sometimiento de los grupos criminales al Estado y los que no se sometan, toda la fuerza del Estado". Además, enfatizó la necesidad de un "apoyo político, el respaldo y el liderazgo del presidente" hacia los uniformados.Combate frontal y extradiciónEl exministro Mauricio Cárdenas fue enfático en que su administración no brindaría espacios de diálogo a organizaciones que considera narcoterroristas y que amenazan la democracia local. Cárdenas declaró: "Se levantan las mesas de negociación. Lo segundo, se revoca toda esta cantidad de medidas que han suspendido órdenes de captura. Se van a extraditar cuando venga la Interpol por ellos. No los vamos a frenar, que se los lleven".Autoridad sin complejos y recompensas en dólaresVicky Dávila justificó su postura basándose en lo que considera un cansancio generalizado de la ciudadanía hacia la impunidad y la falta de resultados de los diálogos previos. Dávila propuso: "Se acaba la paz total... vamos a tener recompensas jugosas en dólares en un fondo con Estados Unidos que no se lo puedan robar... vamos a recuperar el territorio recuperando la autoridad, la fuerza legítima del Estado para usarla sin complejos y sin abusos".Conocimiento del enemigo y desarticulación financieraPara Juan Daniel Oviedo, la situación de orden público requiere una respuesta técnica basada en la inteligencia para frenar la captura de rentas locales y autoridades civiles por parte de criminales. Oviedo argumentó: "Ya no podemos ir por el camino de la negociación porque Colombia hoy tiene un problema de orden público muy distinto al que teníamos en el pasado... queremos, como lo mencionaban ya, proceso de sometimiento a partir del conocimiento de quiénes son los enemigos del orden".Infraestructura, tecnología y megacárcelesFinalmente, Enrique Peñalosa basó su negativa en la pérdida de legitimidad política de los grupos armados y propuso una combinación de presencia estatal física y medidas punitivas severas. Peñalosa concluyó: "De ninguna manera lo haría porque ya perdieron cualquier legitimidad política que pudieran haber tenido... vamos a fortalecer con armamento, con tecnología, con inteligencia... y vamos a construir seis megacárceles con 25,000 cupos para que castiguemos de verdad".Escuche aquí lo dicho por lo precandidatos:
A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, los principales jefes de los entes de control y de la organización electoral hicieron un llamado público a respetar la institucionalidad y evitar descalificaciones anticipadas contra el órgano electoral.El procurador general, Gregorio Eljach, fue enfático al advertir que cuestionar sin pruebas debilita la confianza en el sistema democrático. “Respetar es no descalificarla, respetar es no cuestionarla, respetar es no tacharla anticipadamente sin presentar una sola prueba y después, cuando se le reclama, se dice: no es que esas son meras opiniones; pues hasta para opinar hay que tener cuidado, porque el órgano electoral en Colombia también lo vamos a hacer respetar”, afirmó.El registrador nacional, Hernán Penagos, también defendió la independencia de la entidad que dirige y aseguró que su deber es garantizar el cumplimiento de la Constitución.“Lo que sí hay que cuidar es la independencia y la autonomía de todos los órganos, de las ramas del poder público y de los órganos de control; y pueden asediar la entidad cuantas veces quieran, pero vamos a defender esa autonomía y esa independencia porque es nuestro deber, porque hay que actuar con determinación y porque la Constitución se cumple. No sé por qué eso es un delito o es una falta, porque cumplir el deber y exigir independencia de la entidad se convierte en una falta. Cada uno cumple sus deberes y los estamos cumpliendo a cabalidad”, sostuvo.Por su parte, el contralor general, Hernán Rodríguez, también se refirió al contexto electoral y reveló que existen investigaciones en curso relacionadas con presunta participación indebida en política. “El procurador ayer adelantó algo y manifestó algo que hemos conversado en privado y que sabemos para dónde van las cosas: que hay cerca de 40 investigaciones a servidores públicos por presunta participación indebida en política, que lógicamente va a ir de la mano con utilización de recursos públicos”, señaló.
La Contraloría General de la República alertó sobre la firma de 6.292 contratos directos por un valor superior a 2 billones de pesos en sectores que no tendrían excepción dentro de la Ley de Garantías, tras su entrada en vigor.El análisis fue realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que revisó la contratación directa efectuada entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, periodo en el que ya aplicaba la restricción legal que limita este tipo de contratación por parte de las entidades estatales hasta el final del proceso electoral.En total, la entidad examinó 25.685 contratos por 2,8 billones. Luego de depurar las excepciones contempladas en la norma, que permiten contratación en sectores como salud, defensa y seguridad, así como en casos de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito, el organismo de control identificó que 2 billones corresponden a contratos en sectores no exceptuados.Según el informe, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos concentran el mayor número de contratos directos reportados durante la vigencia de la Ley de Garantías sin que, en principio, estuvieran cobijados por las excepciones.Seguimiento a posible uso proselitista de recursosLa Contraloría también adelanta un monitoreo al uso de recursos públicos con posibles fines proselitistas en época electoral.Entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026 se identificaron 17.841 contratos directos por más de $1,68 billones destinados a eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas o logística.Posteriormente, ya con la Ley de Garantías en vigor, se detectaron 368 contratos directos adicionales por 31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, asociados a este mismo tipo de actividades.El Contralor General señaló que la entidad actúa como garante técnico del correcto uso de los recursos públicos. “En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, afirmó.La presión presupuestalRodríguez señaló que hay más presiones presupuestales, en parte por el incremento en el pago de la reposición de votos, aunque aclaró y recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) justificó el aumento en un ajuste técnico que estaba pendiente. Para 2025, el valor de la reposición por cada voto válido es de 8.433 pesos.
El momento de las definiciones ha llegado. La carrera hacia la Presidencia de 2026 comienza a tomar forma con el primer gran encuentro de los candidatos que integran la Gran Consulta Popular por Colombia, un espacio decisivo para escoger al aspirante único que representará a esta coalición en la primera vuelta presidencial.Bajo la conducción de Camila Zuluaga y Ricardo Ospina, ocho precandidatos se enfrentan en un debate clave que pone sobre la mesa las principales preocupaciones del país: seguridad, economía y salud. Cada intervención busca convencer no solo a los votantes de la coalición, sino a millones de colombianos que observan con atención quién tiene la capacidad de liderar un nuevo rumbo nacional.En el escenario estarán Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa. (Juan Carlos Pinzón canceló a última hora) Cada uno llega con propuestas propias y visiones distintas sobre cómo enfrentar la compleja coyuntura que atraviesa Colombia.La transmisión inicia con un análisis del tablero político hacia 2026, seguido de la explicación de las reglas del debate. Luego, en el bloque de Visión de País, los aspirantes responden por qué consideran ser la mejor opción para liderar la Gran Consulta. Posteriormente, el eje de seguridad aborda los planes concretos frente al deterioro del orden público y el accionar de estructuras criminales.El debate avanza hacia la economía, uno de los puntos más sensibles para los ciudadanos, con propuestas sobre el costo de vida, la generación de empleo y la crisis de combustibles. En el segmento de salud, los candidatos exponen sus fórmulas para salvar el sistema y garantizar la atención oportuna y eficiente a los colombianos.Los momentos más tensos llegan en el cara a cara, cuando los aspirantes se interpelan directamente, y en la ronda de preguntas rápidas, donde deben responder “sí” o “no” frente a temas que dividen al país. Finalmente, el “Minuto de Oro” cierra la jornada con un mensaje directo al electorado.Este debate no solo define un candidato, sino que marca el tono de la contienda presidencial de 2026. Aquí comienza, en firme, la disputa por el liderazgo del país.