Las autoridades encendieron las alertas frente a una modalidad de falsificación que combina conocimientos técnicos y procesos químicos para transformar billetes extranjeros devaluados en dólares falsos.De acuerdo con información conocida en medio de una investigación, las redes criminales estarían adquiriendo grandes cantidades de moneda extranjera de bajo valor en el mercado internacional. El objetivo no es ponerla en circulación, sino utilizar el papel moneda original como base para la falsificación.Según explica el mayor Cristian Guevara, jefe del grupo contra la falsificación de moneda de la Dijin de la Policía, los delincuentes someten esos billetes a un proceso químico que elimina las tintas y elementos gráficos originales, dejando el papel prácticamente en blanco, pero conservando sus características físicas, como textura y composición de fibras.En algunos casos, incluso, se ha detectado la participación de personas con conocimientos en química, incluidos estudiantes, quienes aplican procedimientos técnicos específicos para lograr el “lavado” del billete sin deteriorar el material base.“Ellos adquieren monedas devaluadas de otros países en grandes cantidades. Lo que hacen es, mediante un proceso químico, inclusive hay personas con conocimientos de química, algunos estudiantes, donde utilizan un proceso ya establecido para ello, lavan la moneda extranjera, el billete extranjero, adquieren el papel moneda y sobre este imprimen las diferentes denominaciones de dólares”, dijo el mayor.Una vez obtenido el papel limpio, los falsificadores imprimen sobre este las diferentes denominaciones del dólar estadounidense. Posteriormente, ajustan el tamaño del billete utilizando cortadoras industriales, ya que las dimensiones del papel extranjero pueden variar frente a las medidas oficiales del dólar. El corte se realiza con precisión para que coincida exactamente con la denominación que desean replicar.Las autoridades continúan investigando el alcance de esta modalidad, que representa un reto adicional en la lucha contra la falsificación de moneda, debido a que el papel utilizado no es convencional, sino que proviene de billetes auténticos emitidos por otros países.
El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un posible hackeo de su teléfono celular y lo que calificó como un “entrampamiento” promovido por actores políticos para desprestigiar su gestión en la Contraloría. Según confirmó, el ente investigador ya ordenó verificar las denuncias y avanzar en las indagaciones correspondientes y aseguró que entregó información detallada y nombres de personas que, presuntamente, estarían detrás de los hechos.“Estamos presentando una denuncia de información que hemos recibido de un entrampamiento que están ejecutando políticos, mujeres del departamento de La Guajira, del Cesar y funcionarios públicos del municipio de Sabana Larga”, dijo el Vicecontralor.De acuerdo con su versión, existiría una estrategia orientada a fabricar señalamientos en su contra. “Hemos puesto en conocimiento las informaciones que hemos recibido relacionadas con la búsqueda de testigos falsos para que puedan testificar en mi contra sobre temas de abuso, corrupción y hechos que van a ser replicados por bodegas y por robos este fin de semana y el siguiente”, afirmó.Zuluaga indicó que la Fiscalía ya tiene conocimiento detallado de los hechos y confía en que estas investigaciones se desarrollen lo más pronto posible. El caso queda ahora en manos del ente acusador, que deberá establecer si existió un intento de acceso ilegal a dispositivos del alto funcionario y si hay evidencia de un plan para afectar su imagen mediante denuncias falsas.
A nueve meses del secuestro de dos agentes del CTI y dos miembros de la Dijín en poder del ELN, sus familias aseguran que no han recibido respuestas concretas por parte del Gobierno nacional ni de la Fiscalía frente a una eventual gestión para lograr su liberación.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada, uno de los agentes del CTI retenidos, afirmó que la situación ha estado marcada por el silencio institucional.“Es muy triste la situación porque Rodrigo Antonio, Jesús Antonio y los dos miembros de la Dijín en varios videos han expresado su frustración y desesperanza debido a la falta de gestión del Gobierno nacional y la fiscal para lograr su liberación”, señaló.Según explicó, han pasado nueve meses desde el secuestro y cuatro meses desde el último video conocido, fechado el 30 de septiembre. “No sabemos nada de ellos y es muy triste porque preguntamos al Gobierno, a la fiscal, a los entes encargados de este proceso, y absolutamente no hay respuesta a nuestras preguntas. No hay respuesta”, reiteró.Macualo indicó que desde el primer momento las familias actuaron con cautela, siguiendo lo que los propios secuestrados manifestaron en un primer video divulgado el 9 de mayo. “Desde el primer momento nos tocó quedarnos quietos porque ellos mismos en el primer video dijeron que tocaba tener que quedarnos quietos, no hacer nada hasta que no saliera el segundo video”, explicó.Posteriormente, en una nueva prueba de supervivencia, los retenidos pidieron a sus familiares acudir ante el presidente de la República, la Fiscalía y otras entidades para gestionar su liberación. De acuerdo con la esposa del agente del CTI, las familias han acudido a la Fiscalía, la Presidencia, la ONU, organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica. “Es un completo silencio, absolutamente. No hay respuesta a todas nuestras preguntas”, afirmó.En la misma entrevista participó Alejandra Sanabria, esposa de Franklin Esley Hoyos, agente de la Dijín también secuestrado. Señaló que en una de las pruebas difundidas por el ELN se mencionó la intención de realizar un intercambio de personas privadas de la libertad. “Indicaron que querían hacer un intercambio de presos. Pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta, ni del Gobierno ni pronunciamiento”, dijo.Sanabria aseguró que han enviado cartas y comunicados a distintas entidades, incluido el Ministerio de Defensa, sin obtener una respuesta concreta. “Nosotros hemos vuelto a escribir y enviar muchas cartas y comunicados para que nos atiendan, pero la respuesta ha sido nula. Simplemente lo que hacen es enviarse correos entre todos, como una forma de evasiva al caso”, sostuvo.Frente a la posibilidad de un acercamiento a través de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, indicó que han tenido comunicación con uno de los delegados de paz, aunque no directamente con el comisionado.“La razón que hasta el momento nos dan es que ellos están trabajando y van a hacer lo posible. Pero ya vamos para siete meses y no se ha hecho ninguna gestión real”, manifestó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Oficina de Gestión del Riesgo en el Huila entregó un reciente balance de las emergencias que se han registrado en varios municipios por cuenta de las lluvias acompañadas de vendavales y crecientes súbitas de ríos y quebradas.Municipios como Íquira, Saladoblanco, La Plata, Gigante, Pitalito y Palermo, han reportado daños en puentes veredales, vías terciarias, un acueducto averiado y al menos 15 cabezas de ganado que murieron impactadas por una descarga eléctrica en una finca del municipio de Teruel.De acuerdo con el boletín oficial de Gestión de Riesgo, en el departamento van hasta el momento 11 municipios que han declarado la calamidad pública como medida para atender de manera urgente a las familias que han resultado damnificadas y también afectaciones en obras de infraestructura.“Tenemos desde el día anterior varios deslizamientos en el sector de Pericongo sobre la Ruta 45, allí cayeron rocas en la vía principal, también tenemos una emergencia en la vereda La Armenia de Teruel, donde afectó varias cabezas de ganado y un equino alcanzados por una descarga eléctrica. En Palermo desde hace dos días se presentó daños en la red principal del acueducto municipal, pero esta emergencia ya está siendo superada por la empresa de servicios públicos de Palermo”, dijo Orlando Garzón, profesional para la atención de desastres de la Oficina de Gestión en el Huila.Según el boletín oficial, a la fecha hay un registro de 196 familias damnificadas, 277 viviendas averiadas y destruidas, 118 deslizamientos de tierra, 176 vías entre principales y terciarias afectadas, emergencias censadas en 30 municipios del departamento.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, se refirió este lunes al caso de Juliana Guerrero y a las investigaciones que rodean a la Fundación Universitaria San José, institución señalada por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. En entrevista en Mñanas Blu 10:30, el funcionario fue enfático en que la designación de Guerrero como delegada del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar no corresponde al Ministerio de Educación, sino directamente a la Presidencia de la República.“El delegado o delegada del presidente ante los consejos superiores universitarios es una función que no puedo usurpar. Esa nominación la define el presidente o quien él delegue”, aseguró Rojas, al ser consultado por la permanencia de Guerrero en ese cargo pese a que la Fiscalía anunció una imputación de cargos por presunta falsedad en documento público relacionada con su título académico.El ministro explicó que, aunque el Ministerio de Educación sí tiene competencias en materia de inspección y vigilancia sobre instituciones de educación superior, no tiene injerencia en las decisiones de la Presidencia sobre sus representantes en los consejos universitarios. “Juliana Guerrero no ha tenido ningún contrato con el Ministerio de Educación mientras he sido ministro, ni es mi delegada ante ningún consejo superior universitario”, puntualizó.Investigación contra la Fundación Universitaria San JoséEn la entrevista, Rojas también confirmó que desde 2023 el Ministerio adelanta un proceso formal contra la Fundación Universitaria San José, luego de recibir denuncias de estudiantes y usuarios por presuntas irregularidades académicas. Según explicó, la institución enfrenta actualmente dos vías de actuación: una preventiva y otra sancionatoria, amparadas en la Ley 1740.“La medida preventiva incluye vigilancia especial, una inspectora in situ y la formulación de un plan de mejoramiento acompañado por el Ministerio. Paralelamente, avanza el proceso sancionatorio, en el que la rectora y el exsecretario general tienen derecho a presentar descargos, como lo establece la ley”, detalló.Rojas rechazó críticas de sectores políticos que piden una intervención inmediata o la remoción automática de directivos. Aclaró que en Colombia no existe la figura de intervención universitaria como tal, sino medidas graduales de inspección y vigilancia. “No puedo saltarme el debido proceso ni usurpar funciones que corresponden a otras entidades como la Fiscalía”, sostuvo.El nombre de Juliana Guerrero volvió al centro del debate público tras conocerse que habría recibido un título sin cumplir requisitos académicos, lo que derivó en la imputación anunciada por la Fiscalía. Sin embargo, una hora después de hacerse pública esa decisión, el Gobierno confirmó que no sería retirada de su rol como delegada ante la Universidad Popular del Cesar, lo que generó críticas desde distintos sectores.Frente a esto, el ministro de Educación insistió en que cualquier decisión sobre su permanencia corresponde exclusivamente a la Presidencia. “Mis delegados son funcionarios del Ministerio porque así lo exige la norma. En este caso, la responsabilidad es de Palacio”, reiteró.Mientras avanzan las investigaciones contra la Fundación Universitaria San José y el proceso judicial contra Guerrero, el Ministerio de Educación aseguró que mantendrá una postura de “defensa irrestricta de los derechos de los estudiantes” y que no tolerará irregularidades en el sistema de educación superior.
La suspensión provisional del decreto que eliminaba la exención de IVA para compras internacionales entre 50 y 200 dólares sigue generando incertidumbre entre usuarios, plataformas de comercio electrónico y empresas de mensajería. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Angélica Rincón, directora ejecutiva de Cladec Colombia, explicó que los operadores courier continúan recaudando el impuesto mientras esperan una directriz formal de la DIAN.Rincón confirmó que el gremio envió el viernes 30 de enero a las 10:55 de la mañana una comunicación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solicitando orientación jurídica tras la decisión de la Corte Constitucional, notificada en la tarde del jueves 29 de enero, que suspendió provisionalmente las medidas tributarias derivadas del estado de emergencia.“No hemos recibido todavía una respuesta a nuestro correo”, afirmó Rincón. Señaló que la preocupación radica en la falta de claridad sobre la fecha exacta a partir de la cual debe aplicarse la suspensión.Según explicó, los couriers actúan como intermediarios en el proceso de importación bajo la modalidad de envíos urgentes. “Este recaudo lo hacen nuestros operadores courier, es decir, los intermediarios bajo la modalidad de envíos urgentes. Y este recaudo se liquida cada 15 días y se paga directamente a la DIAN”, indicó. Añadió que el dinero recaudado “no se lo quedan ellos, sino que se lo entregan a la DIAN, en una liquidación consolidada de pagos que se hace quincenal”.Frente a versiones que indican que la DIAN no estaría recibiendo estos recursos, la directora de Cladec aseguró que los pagos se han venido realizando conforme al calendario. Precisó que la quincena del 15 al 30 de enero ya fue cancelada y que el 15 de febrero se debe pagar lo recaudado entre el 1 y el 15 de febrero.En la práctica, cuando un usuario realiza una compra internacional por un valor superior a 50 dólares y hasta 200 dólares, el courier recauda el IVA al momento de la nacionalización del envío. Posteriormente, ese dinero se consolida y se gira a la DIAN. “Yo soy un mero recaudador e intermediario”, sostuvo Rincón, al explicar que si el operador omite el pago, las sanciones recaen sobre el intermediario.Durante la entrevista, se mencionó el caso de comunicaciones enviadas por empresas como DHL a sus clientes, en las que recomiendan conservar facturas y comprobantes mientras se define la aplicación de la suspensión. Rincón confirmó que la incertidumbre jurídica ha llevado al gremio a solicitar claridad formal antes de dejar de cobrar el impuesto.“Estas posiciones no son vinculantes ni para la DIAN ni para los administrados. Por eso es necesario que se emita una posición jurídica por parte del área jurídica de la DIAN”, señaló. Agregó que se requiere una definición expresa sobre “la fecha del inicio de la suspensión de la emergencia económica” y el tratamiento de los envíos que estaban en tránsito o en proceso de nacionalización al momento del anuncio de la Corte.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Más de 12 horas completa desaparecido el reconocido DJ y productor cartagenero DJ Dever tras una presentación musical en un municipio del departamento del Atlántico.La alerta fue emitida por la misma familia y el equipo de trabajo del artista de música urbana, quienes señalaron que DJ Dever se encontraba junto a dos de sus empleados al momento de la desaparición.El secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, sostuvo que una vez se conoció el hecho, se puso en contacto con la familia del artista cartagenero y activó la articulación con las autoridades del Atlántico, en donde está siendo manejado el caso.Aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades, se conoció que dos bailarinas que estaban con el artista durante la presentación fueron encontradas al norte de Barranquilla. El productor y los dos empleados, al parecer, habrían sido conducidos en un vehículo con rumbo desconocido.Blu Radio conoció que unidades del Gaula de la Policía de Atlántico y Bolívar están al frente la investigación y han desplegado personal en el municipio de Tubará y la ciudad de Barranquilla.Deverson Rios, popularmente conocido como DJ Dever, ha trabajado impulsando los sonidos urbanos y la champeta de la mano de artistas como Lil Silvio y El Vega, Kevin Flórez, Koffe el Kafetero, Criss y Ronny, e incluso J Balvin. Es el productor de éxitos de la música urbana cartagenera como “Voy a amanecer”, “La foto”, “Wakanda” y “Macta Llega”, entre otros. Además, es uno de los creadores del festival de música “Wakanda”.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado se pronunció tras la decisión de la JEP de mantener la competencia para investigar el magnicidio del líder conservador. Esa jurisdicción va a investigar la versión de los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual ese grupo fue el responsable del homicidio, ocurrido en noviembre de 1995.Es importante recordar que la JEP ratificó la competencia en el caso después de negar una apelación de la familia de Gómez Hurtado que pedía devolver la investigación a la Fiscalía. En un comunicado, los familiares aseguran que las pruebas entregadas por los exfarc no son suficientes ni sólidas."Reiteramos con absoluta claridad que en el proceso adelantado ante la JEP no existe ningún indicio, y mucho menos prueba, que desvirtúe el acervo probatorio acumulado durante años por la justicia ordinaria y que apunta a la hipótesis de un crimen de Estado", señala el comunicado de la familia.Es importante recordar que en el año 2020 los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc enviaron una carta a la JEP en la que se adjudicaban el magnicidio, posteriormente algunos exjefes del grupo se presentaron a la jurisdicción para contar su versión sobre los hechos, sin embargo, esta hipótesis no convence a la familia de Gómez Hurtado."Confiamos en que la aclaración realizada por la Sección de Apelación respecto del alcance exclusivo de su competencia sobre exintegrantes de las FARC-EP no interfiera ni limite los procesos en curso ante la Fiscalía General de la Nación ni ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con la eventual responsabilidad del entonces presidente Ernesto Samper en estos hechos", agregó la familia de Gómez Hurtado
Un documento titulado “Verificación posible supuesta conspiración contra el señor presidente de la República y el señor ministro” pone bajo análisis el nombre del general Edwin Urrego, en medio de versiones sobre un eventual plan para afectar al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.El informe parte de la revisión de un solo correo remitido por una persona identificada como Andrés Abello, bajo el seudónimo “PACO”, que decía lo siguiente:"En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro armando benedetti por parte del Teniente Coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla en el cual con politicos de derecha, como Char, vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor moreno arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo grate de bogotá siendo el enlace", indica textualmente.El documento de inteligencia, en ninguno de sus apartes, menciona que la supuesta conspiración contra el presidente Petro haya sido en el marco o haya tenido relación con la visita del mandatario a la Casa Blanca en la cual se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.Incluso, menciona en sus conclusiones que no se descarta que la información tenga un propósito negativo en contra de los oficiales mencionados, “sugiriendo que las versiones podrían estar motivadas por conflictos internos o denuncias de maltrato a subalternos”.No obstante, sí menciona que no se descarta la posibilidad de que estas personas, incluyendo al general Urrego, pudieran haber sido abordadas por alguna agencia extranjera, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines y que su cercanía con círculos políticos desde el inicio de su carrera policial, pudo haber sido aprovechada para la “eventual realización de hechos de carácter delictivo”.El nombre del general Urrego en el centro del análisis del informeEl documento menciona expresamente al general Edwin Urrego, detallando su trayectoria institucional, cargos desempeñados, entre ellos Subdirector de la Dijín (2023-2024) y Director de Investigación Criminal e Interpol (2024-2025), y su actual responsabilidad como comandante en Barranquilla desde el 12 de mayo de 2025.El informe relaciona procesos judiciales en los que ha sido mencionado como demandado en su calidad de director de la Dijín o comandante, así como consultas en bases de datos donde figura como denunciante en casos de “transferencia no consentida de activos” y “hurto por medios informáticos”, todos en estado inactivo.Uno de los elementos citados en el documento es un artículo de que recuerda que “varios policías, entre ellos el mayor Edwin Mosleider Urrego, brindaron una protección irregular a la pastora María Luisa Piraquive durante su comparecencia ante la Fiscalía en 2014”, hecho que, según el documento, “generó controversia”.El análisis en el informe incluye referencias a denuncias internas, entre ellas, que “desde la llegada de Edwin Masleider Urrego Pedraza como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se denuncia una negativa sistemática al suministro de información a los medios y a la ciudadanía”.También alude a declaraciones de un patrullero de la Policía que identifican como Burbano, sobre “interferencias internas y corrupción en la investigación contra ‘Papá Pitufo’”, así como a investigaciones sobre presuntos vínculos de oficiales con redes de contrabando. En ese contexto, el documento plantea que “se podría verificar si hay alguna conexión laboral o de mayor confianza entre los dos oficiales”, en referencia a relaciones internas dentro de la Dijín.En otro apartado se menciona a la oficial María Paula Cifuentes Rojas, quien “se desempeña actualmente como ayudante del Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza”, y a su esposo, el teniente coronel Óscar Moreno, adscrito también en Barranquilla. El texto señala que Moreno Arroyave “tuvo vínculos con funcionarios del grupo ORAN en la DIJÍN” y recoge versiones según las cuales habría sido señalado por “posibles actos de corrupción relacionados con pagos irregulares de recompensas junto al señor general”, aunque aclara que en verificaciones de antecedentes “no se encontró ningún antecedente vigente”.El documento incluye un capítulo titulado “Las hipótesis detrás del relevo”, donde relaciona operativos policiales en octubre y noviembre de 2025 con la salida intempestiva de Urrego de la Metropolitana de Barranquilla y su posterior designación en otra unidad. Allí se afirma que “la cercanía temporal entre este operativo y el relevo en el cargo fortalece la percepción de que la salida de Urrego obedeció a presiones políticas y no a un cambio rutinario”.“El primero ocurrió el 30 de octubre, cuando disturbios en la Universidad del Atlántico motivaron un operativo policial con sobrevuelo de helicóptero. El segundo episodio ocurrió el 11 de noviembre, cuando se realizó un allanamiento en Lagos del Caujaral autorizado por la Corte Suprema y ejecutado por varias unidades policiales”, destaca el documento, haciendo referencia a la casa del ministro Benedetti que fue allanada.Lo que concluye en informe de inteligencia en contra del general UrregoEn sus consideraciones finales, el informe advierte que: “No se descarta la posibilidad de que estas personas pudieran haber sido abordadas por alguna agencias extranjeras, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines”. Asimismo, señala que “la cercanía del señor oficial con ciertos círculos políticos, desde el inicio de su carrera policial, pudo haber sido aprovechada para la eventual realización de hechos de carácter delictivo”.Sin embargo, el mismo documento también plantea que “no se descarta que la información difundida tenga un propósito negativo en contra de los oficiales”, sugiriendo que las versiones podrían estar motivadas por conflictos internos o denuncias de maltrato a subalternos.
La Corporación Militares Víctimas del Conflicto Interno (MilVíctimas) anunció formalmente que renunciará a la representación jurídica de 127 víctimas de la fuerza pública acreditadas ante la JEP, al denunciar falta de garantías para su participación en el Macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por las extintas Farc.La organización aseguró que la decisión obedece a una “vulneración sistemática del derecho a la participación efectiva” y a la ausencia de respaldo institucional para ejercer una defensa digna.En una comunicación dirigida al procurador delegado ante la JEP, Fernando Antonio Burgos Támara, la corporación afirmó que durante más de ocho años ha ejercido labores de manera gratuita, sin financiación estatal ni cooperación internacional.Actualmente, MilVíctimas representa a 127 personas acreditadas en el Macrocaso 01, de las cuales 90 son víctimas directas y 37 indirectas. Según la organización, han acompañado audiencias de versiones voluntarias, presentado observaciones, preparado a las víctimas en el componente psicosocial y participado en decisiones clave como Sentencias y Autos relacionados con los bloques Oriental y Sur.Sin embargo, denuncian que han enfrentado “serias limitaciones institucionales” que afectan el ejercicio de la representación, entre ellas dificultades en la convocatoria y concentración de las víctimas, entrega tardía de información, falta de espacios adecuados para la socialización de decisiones y ausencia de acompañamiento logístico mínimo.“Estas dificultades se ven agravadas por un fenómeno persistente de estigmatización hacia las víctimas de la Fuerza Pública, quienes continúan siendo asociadas al rol de perpetradores, desconociendo su condición de víctimas y profundizando procesos de revictimización institucional”, aseguran en el documento.La organización también alertó sobre la falta de enfoque diferencial, el reconocimiento limitado y la débil articulación institucional, factores que, en su concepto, vulneran el acceso efectivo a la justicia, la reparación integral y la participación real de sus representados.“En consecuencia, la Corporación MilVíctimas anuncia formalmente su decisión de renunciar a la representación jurídica de las 127 víctimas acreditadas en el Macrocaso 01, por la imposibilidad material, jurídica y operativa de continuar ejerciendo una representación digna, eficaz y respetuosa de sus derechos”, afirmaron.Señalaron además que la renuncia “no obedece a falta de compromiso”, “sino que constituye una consecuencia directa de la vulneración sistemática del derecho a la participación efectiva de las víctimas militares y policiales”.“Advertimos respetuosamente que esta renuncia forzada dejaría en estado de indefensión a más de un centenar de víctimas, si no se adoptan medidas urgentes por parte de las autoridades competentes”, agregaron.
La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas tras detectar un incremento masivo en la contratación estatal durante el primer mes del año. Según el informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), el Gobierno Nacional suscribió una cifra récord de contratos justo antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, la cual restringe la contratación directa para evitar el uso de recursos públicos con fines electorales.Andrés Felipe Cifuentes, director de la Diari, de la Contraloría, explicó en diálogo con Mañanas Blu, que entre el 1 y el 30 de enero de 2026 se firmaron 521.269 contratos, cuyo valor total asciende a los 32.88 billones de pesos. Lo más preocupante para el organismo de control es la concentración del gasto en un periodo de tiempo extremadamente corto: el 45% de esta contratación se comprometió únicamente en la última semana de enero, alcanzando su punto máximo el 30 de enero con firmas por 5.7 billones de pesos en un solo día.El predominio de las órdenes de prestación de serviciosEl análisis de la Contraloría revela que la modalidad de órdenes de prestación de servicios (OPS) representa el "pareto" o el grueso de esta situación contractual. De la cifra total, aproximadamente 22.34 billones de pesos corresponden a este tipo de contratos, lo que suma alrededor de 501.000 órdenes emitidas. Cifuentes señaló que esto representa un aumento del 5% en comparación con los contratos firmados en el periodo previo a la Ley de Garantías del año 2022, lo que evidencia una tendencia creciente a centralizar la contratación de personal contratista bajo esta modalidad antes de las restricciones.Sectores bajo vigilancia especialEl informe de la Diari no solo detalla cifras globales, sino que identifica con precisión los sectores donde se está concentrando el flujo de recursos. El sector de Inclusión Social lidera ampliamente la lista con 16 billones de pesos contratados durante la vigencia. Otros sectores que muestran movimientos significativos, con cifras que oscilan entre los 5 y 8 billones de pesos, son Minas y Energía, Salud y Trabajo.Medidas de control y trazabilidad electoralAnte la pregunta sobre si este incremento está ligado directamente a la cercanía de las elecciones, Cifuentes fue cauteloso pero enfático en que la función de la Diari es precisamente salvaguardar los recursos para que no queden supeditados al proceso electoral. "Es lo que tenemos que empezar a revisar", afirmó el director, explicando que ya se han emitido alertas a las 14 contralorías delegadas sectoriales.Escuche aquí la entrevista:
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, relató en entrevista con Mañanas Blu los detalles de su salida anticipada del evento de entrega de 1.700 títulos de propiedad rural en Chaparral, encabezado por el presidente Gustavo Petro.La jornada, que inicialmente estaba destinada a celebrar la formalización de tierras para campesinos del sur del Tolima, terminó marcada por la controversia política. La mandataria departamental aseguró que decidió retirarse tras no recibir espacio para intervenir y sentirse “totalmente ignorada” por parte del Gobierno Nacional.Un acto histórico que terminó en polémicaEl evento, organizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tenía como objetivo formalizar 1.700 predios rurales, una acción que, según la gobernadora, representa “un avance muy importante” para el campesinado.“Que un campesino sea dueño de la tierra que ha trabajado durante tantos años dignifica su vida, le da seguridad jurídica y le abre puertas enormes a nuevas oportunidades”, afirmó Matiz durante la entrevista.La mandataria explicó que asistió al acto precisamente para reconocer ese esfuerzo institucional y reiterar la necesidad de convertir la entrega de títulos en un punto de partida para el desarrollo productivo del sur del departamento. Sin embargo, señaló que la organización del evento y el trato recibido la llevaron a tomar la decisión de retirarse.“Si la voz institucional no es bienvenida, no tenía nada que hacer allí”Matiz relató que, tras las intervenciones de miembros de la comunidad, el director de la ANT y la ministra presente, se anunció la intervención del presidente sin que ni ella ni el alcalde de Chaparral fueran llamados a participar.“Si la gobernadora y el alcalde no tenían espacio para participar, si la voz institucional del departamento no era bienvenida en la conversación, entonces personalmente tomé la decisión de retirarme”, expresó.Según su versión, se acercó primero a la ministra para despedirse “de manera amable y correcta” y luego al presidente Petro, a quien le dijo: “Señor presidente, me voy a retirar del evento”. Aseguró que no recibió respuesta.La gobernadora también denunció que durante el evento hubo silbidos en su contra y que tanto su gabinete como su equipo enfrentaron dificultades para ubicarse en el recinto.“No somos enemigos”Uno de los puntos que la mandataria quiso dejar claros es que sus diferencias con el presidente Petro no obedecen a enemistades personales ni políticas irreconciliables. “Quiero responderle a usted aquí de frente, mirándolo a los ojos y sin ambigüedades: no somos enemigos y no tenemos por qué ser enemigos”, relató al recordar el diálogo que sostuvo con un asistente que le preguntó si era “enemiga de Petro”.Matiz enfatizó que las diferencias ideológicas son legítimas en democracia, pero que no deben convertirse en odio. “Jamás esas diferencias pueden convertirse en odio, porque no sería edificante ni ejemplarizante”, subrayó.Defensa de la dignidad del TolimaLa polémica creció tras un mensaje publicado por la gobernadora en su cuenta de X, donde cuestionó lo sucedido en el acto. En la entrevista explicó que escribió ese mensaje porque sintió una “humillación muy grande”.Matiz añadió que su intención era proponer al presidente una agenda conjunta para el desarrollo del sur del Tolima, incluyendo la culminación del corredor vial y estrategias productivas que complementen la entrega de tierras. “Yo le iba a decir al presidente: pasemos del Pacto de Chicoral al Acuerdo de Chaparral y pongámonos de acuerdo en lo que vamos a seguir haciendo por este sur del Tolima”, afirmó.Inversiones en educación y salud en el sur del TolimaLa gobernadora también destacó las inversiones que adelanta el departamento en la región, entre ellas la construcción del Hospital Regional del Sur en Chaparral, con una inversión superior a los 85 mil millones de pesos.Asimismo, reconoció la inversión del Gobierno Nacional en una sede de la Universidad del Tolima en Chaparral, cercana a los 30 mil millones de pesos, y aseguró que desde la administración departamental se han destinado más de 89 mil millones en educación superior, entre gratuidad, transferencias e infraestructura.Seguridad y minería ilegal: otro frente críticoEn la entrevista, la mandataria también abordó la situación de seguridad en el sur del Tolima, marcada por el aumento de la minería ilegal y la presencia de disidencias de las FARC.Denunció que en el municipio de Ataco operan cerca de 300 máquinas extrayendo oro, con la llegada de más de 3.000 personas provenientes de otros departamentos. Según indicó, parte de los recursos derivados de esta actividad estarían financiando estructuras armadas ilegales.“Tenemos un problema gravísimo con algunos disidentes de las FARC que se encuentran allí en el sur del Tolima”, advirtió. Matiz informó que solicitó un consejo de seguridad extraordinario con el ministro de Defensa y que se declaró como objetivo de alto valor a alias “Capotillo”, señalado de amenazarla.Un llamado a la articulación institucionalFinalmente, la gobernadora insistió en que el país necesita articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales. “El ejercicio del poder público tiene que ser un ejemplo de madurez, de respeto, de construcción. Al presidente le corresponde el país; a nosotros nos corresponde el Tolima”, concluyó.
La falta de consenso entre los mandatarios departamentales y el Gobierno nacional ha escalado tras la reciente reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su preocupación al concluir que no se lograron acuerdos significativos respecto a la gestión de las rentas cedidas por el consumo de licores y tabaco. Según la mandataria, el Gobierno central pretende retener recursos que, por mandato constitucional, pertenecen a las regiones para financiar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte.Amenaza a los derechos fundamentales y la saludLa gobernadora fue enfática al señalar que la disputa no es una simple pelea política, sino una defensa de los servicios básicos para la población más vulnerable. El núcleo del problema radica en el financiamiento del régimen subsidiado de salud. Toro explicó que, en el Valle del Cauca, el 49% de las rentas de la licorera y la totalidad de los impuestos al cigarrillo se destinan a este fin. "Si no pagamos el régimen subsidiado al ADRES, la gente se queda sin salud", advirtió, subrayando que las personas de escasos recursos serían las más perjudicadas ante la falta de pago a las EPS por parte del Estado.Impacto económico y el fantasma del contrabandoLas cifras presentadas por la administración departamental son alarmantes. Solo en el Valle del Cauca, la afectación por el impuesto al cigarrillo alcanzaría los 120.000 millones de pesos. Además, la gobernadora denunció que el 40% del mercado de cigarrillos en su departamento ya está en manos de bandas criminales dedicadas al contrabando, una situación que se agravaría con los nuevos gravámenes. Según Toro, el aumento del impuesto específico al consumo encarece los productos legales, incentivando el comercio ilícito y perjudicando gravemente a la industria de licores regional.De la "rebelión" a la vía jurídicaAunque inicialmente se habló de una posible "rebelión" por parte de los gobernadores al negarse a aplicar el decreto, Toro aclaró que se están agotando las instancias legales. La Federación Nacional de Departamentos presentará un recurso ante la Corte Constitucional para solicitar la suspensión provisional de los efectos del decreto en lo referente a licores y cigarrillos.Escuche aquí la entrevista:
En Colombia, de acuerdo con las cifras preliminares del registro de homicidio intencional del Ministerio de Defensa, entre enero y diciembre de 2025, fueron asesinadas 13.726 personas, lo que equivale a un promedio de 37,6 homicidios diarios; es decir, cerca de 38 muertes violentas cada día en el país.El dato representa un incremento frente a 2024, cuando se reportaron 13.497 homicidios. La diferencia es de 229 casos más, lo que implica un aumento del 2 % en el acumulado anual. Traducido a la vida cotidiana, significa que cada 24 horas casi cuatro decenas de familias pierden a un ser querido por causa de la violencia, una cifra que se mantiene alta a lo largo del año.El comportamiento mensual muestra que la violencia letal no tiene una temporada claramente definida. Durante 2025, los registros oscilaron entre poco más de 1.000 y cerca de 1.200 homicidios por mes. Diciembre cerró como uno de los meses más críticos, con alrededor de 1.210 asesinatos, lo que representa un promedio cercano a 39 homicidios diarios solo en ese mes. Agosto y mayo también se ubicaron entre los periodos más violentos del año.Si se observa la evolución histórica, el país no ha logrado romper la barrera de los más de 12.000 homicidios anuales desde mediados de la última década. Tras una caída significativa en 2020 (por pandemia), cuando se registraron poco más de 12.000 asesinatos, las cifras repuntaron con fuerza a partir de 2021 y se han mantenido por encima de los 13.500 casos anuales en los últimos cinco años. Esto confirma que el promedio diario de homicidios en Colombia ronda desde hace tiempo entre 35 y 38 personas asesinadas.Más allá de los porcentajes, el dato diario dimensiona el impacto real de estas cifras: cada hora, en promedio, una persona es asesinada en Colombia. La estadística refleja una violencia persistente que atraviesa regiones, contextos urbanos y rurales, y que continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad y convivencia en el país, mientras miles de muertes se acumulan año tras año en el registro oficial.
El caso del asesinato de dos niñas con frambuesas cubiertas de talio en el norte de Bogotá sigue sumando nuevos capítulos que han llevado la investigación a un nivel inesperado. Recientemente, un nuevo nombre aparece en el expediente y despierta cuestionamientos sobre cómo se movió el domicilio que ocasionó el fatal desenlace.Un testimonio reciente del domiciliario que entregó las frambuesas llevó a las autoridades a investigar de cerca a Zenaida Vargas Pava, una mujer adulta que, según el relato, habría sido la persona que le entregó la bolsa sellada con frambuesas al hombre para que realizara la entrega.¿Quién es Zenaida Vargas y por qué se relaciona con la investigación?Resulta que Zenaida Vargas aparece en el proceso luego de la declaración del repartidor, de acuerdo con Noticias Caracol. Según el testimonio, ella fue contactada por un hombre identificado como Jeisson Rojas y, posteriormente, le entregó el paquete que debía ser llevado hasta una residencia al norte de la capital.El domiciliario indicó que Vargas pagó el servicio en efectivo, le entregó 10.000 pesos y fue insistente en que la entrega debía completarse. Incluso, tras concretarse el envío, le escribió para confirmar que el domicilio fue completado, información que sigue siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía.El domiciliario comentó que inicialmente recogió el paquete en un edificio del norte de Bogotá. Al llegar al sitio, una adolescente le abrió la puerta, pero negó que alguien hubiera pedido algo, lo que en su momento generó confusión.Minutos más tarde, recibió llamadas insistentes para que regresara y dejara el encargo, lo que finalmente hizo. Ese cruce de llamadas y mensajes, junto con los pagos realizados, son pruebas valiosas para identificar a los otros responsables del asesinato de las dos menores.Como avanza el proceso penalDe momento, la Fiscalía ha sido clara en señalar que Zenaida Vargas no tiene una vinculación directa en el proceso penal. Las indagaciones tienen el objetivo de determinar su participación circunstancial o si tuvo un rol más activo en la entrega del producto contaminado.La investigación, que arrancó en 2025, se originó cuando las frambuesas con talio llegaron a la vivienda y provocaron la intoxicación y muerte de dos niñas. Por su parte, la principal señalada, Zulma Guzmán, se encuentra detenida en el Reino Unido y enfrenta un proceso de extradición.
El abogado Víctor Mosquera expresó su preocupación por el retiro de la imputación que había sido anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.A través de un comunicado, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados manifestó “su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, aunque reconoció que la medida busca “preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.El retiro de la solicitud de imputación fue adoptado por la fiscal 295 de la seccional de Bogotá luego de advertirse un conflicto de competencias dentro de la Fiscalía General de la Nación.La funcionaria había radicado la diligencia contra Rodríguez por presuntamente no haber atendido al menos 23 solicitudes del entonces senador Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad, antes del atentado del 6 de junio de 2025, en el que posteriormente fue asesinado.Según explicó la Fiscalía, el proceso se frenó no por falta de pruebas, sino porque desde el 11 de junio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, había creado un Grupo de Tareas Especiales para concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio.Con la conformación de ese equipo, la fiscal seccional perdió competencia para actuar de manera independiente, razón por la cual decidió retirar la imputación y evitar eventuales nulidades procesales.En ese sentido, Mosquera pidió celeridad para retomar el proceso. En el comunicado, la firma señaló: “esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.Asimismo, expresó respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, destacando que “ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.También manifestó confianza en el trabajo del equipo especial al afirmar que “confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”.Ahora será el Grupo de Tareas Especiales el encargado de evaluar el material probatorio y definir si se retoma la imputación o se adopta una estrategia jurídica distinta.
En medio de las graves afectaciones que deja la ola invernal en Montería, la Procuraduría anunció la apertura de una intervención preventiva para vigilar la respuesta institucional y garantizar la adecuada atención a las comunidades damnificadas.La decisión se conoce mientras distintos sectores ribereños y zonas vulnerables del municipio reportan inundaciones, pérdida de enseres, afectaciones en la malla vial y fallas en algunos servicios públicos, producto del aumento en los niveles de los tres afluentes que rodean la ciudad y que generaron la emergencia.El Ministerio Público solicitó formalmente a la Alcaldía de Montería, a la Gobernación de Córdoba y a los organismos de gestión del riesgo, un informe detallado sobre las acciones adelantadas para mitigar el impacto de las lluvias. Entre los requerimientos están la activación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el censo actualizado de familias damnificadas y la disponibilidad real de ayudas humanitarias.Además, pidió claridad sobre los planes de contingencia frente a nuevas y eventuales crecientes de los ríos, así como las medidas preventivas adoptadas en instituciones educativas y centros de salud, con el fin de evitar mayores riesgos para la población.El ente de control hizo un llamado especial a priorizar la atención integral a niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, garantizando condiciones dignas en albergues temporales, acceso oportuno a agua potable y servicios médicos.La Procuraduría reiteró que mantendrá vigilancia permanente sobre la ejecución de los recursos destinados a atender la emergencia y recordó a las entidades territoriales su deber constitucional de actuar con celeridad, transparencia y coordinación institucional.Finalmente, el organismo invitó a la ciudadanía a reportar posibles irregularidades en la entrega de ayudas o fallas en la atención a través de los canales oficiales, como parte del control social frente a la emergencia que atraviesa Montería.
La historia de Alejandra Montoya y su hija María Antonia Guerra Montoya, una niña colombiana de 9 años, ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, las condiciones en los centros de detención de ICE y la situación de los niños migrantes detenidos. Madre e hija permanecieron privadas de la libertad durante más de cuatro meses en el centro de detención familiar de Dilley, Texas, tras ser retenidas por la agencia migratoria estadounidense en el aeropuerto de Miami.Hoy, ya en Medellín, Alejandra relató en entrevista con Mañanas Blu el drama que vivieron desde el 2 de octubre de 2025, cuando ambas fueron detenidas en circunstancias que, asegura, aún no logra comprender del todo.“Mi hija fue detenida dentro de las instalaciones del aeropuerto y a mí me llamaron. Yo estaba en llegadas internacionales esperando que me la entregaran y en ese momento ingreso y soy detenida”, recordó Montoya.Una detención inesperada en MiamiMaría Antonia viajaba desde Colombia para pasar diez días de vacaciones en Estados Unidos. Su madre reside en Nueva York desde 2018 y estaba casada con un ciudadano estadounidense desde octubre de 2023, con un proceso formal ante USCIS para obtener la residencia permanente.Sin embargo, agentes de ICE le argumentaron que debía esperar la aprobación de su residencia en Colombia o firmar una deportación voluntaria. Permanecieron cerca de 48 horas en custodia en el aeropuerto de Miami antes de ser trasladadas al centro de detención de Dilley, Texas, donde estuvieron 128 días adicionales.“El argumento fue que me fuera a esperar los papeles a mi país, que eso no era un estatus legal y que iba a ser detenida”, afirmó.La vida en el centro de detención de Dilley, TexasEl centro de Dilley es el único centro de detención familiar en Estados Unidos, lo que implica que todas las personas recluidas allí son padres, madres e hijos. Según Alejandra, las familias estaban separadas por colores: cafés (familias completas), verdes (padres solteros con hijos) y amarillos (madres solteras con niños).La descripción de María Antonia sobre el lugar fue contundente: “Eran cajas con ventanas, todo era de un color opaco, triste”, relató su madre. Durante la entrevista, Alejandra denunció malos tratos y restricciones excesivas hacia los menores. “Gritar a un niño, decirle no juegues, no brinques, no corras… ponerse un pito en la boca y estar todo el tiempo haciéndole llamados de atención por acciones normales en el crecimiento de un niño”, señaló.Uno de los episodios más difíciles fue cuando Alejandra debió ser hospitalizada por complicaciones renales. “Me llevaron al hospital y la niña quedó 100% bajo custodia de los oficiales”, recordó.La carta que conmovió a ColombiaEl caso tomó relevancia pública tras conocerse una de las ocho cartas divulgadas por el portal ProPublica, escritas por niños detenidos en Dilley. Dos de ellas eran de niñas colombianas. En su carta, María Antonia escribió: “Yo soy María Antonia Guerra Montoya y estoy hace 113 días en detención. Extraño a mis amigos y siento que me van a olvidar. Estoy aburrida aquí, ya extraño mi país y mi casa”.También denunció dificultades con su alimentación: “No me dan mi dieta, yo soy vegetariana, no como bien”.Alejandra aseguró que desde el ingreso informaron sobre la dieta especial de su hija. “Cartas médicas, historia clínica… incluso la sometieron a una entrevista con un capellán para que explicara por qué era vegetariana. Es irónico que una niña de 9 años tenga que dar ese tipo de explicaciones”.Durante tres meses, la alimentación de la menor consistió en arroz, fríjoles, lechuga y zanahoria. “Al tercer mes le entregaban una porción de fruta con leche de soya… En cuatro meses solo fue a desayunar cinco veces”, denunció.Denuncias contra ICE y política migratoriaEl caso se suma a múltiples denuncias sobre presuntos abusos en centros de detención migratoria en Estados Unidos, no solo de ciudadanos latinoamericanos, sino también de europeos y otras nacionalidades.“Entramos en un limbo político y lastimosamente ahora son los niños las víctimas… son niños que no deben estar en detención”, afirmó Alejandra.Aunque reconoció que el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la actual administración era conocido, aseguró que nunca imaginó que su situación pudiera derivar en detención. “Nunca tuve miedo porque EE.UU. es un país abanderado por la libertad y el cumplimiento de la ley”.Regreso a Colombia y recuperación emocionalEl 6 de febrero aterrizaron en Bogotá. Hoy permanecen en Medellín, acompañadas por el esposo de Alejandra, quien viajó para recibirlas. Sobre un eventual regreso a Estados Unidos, Montoya fue clara: “Mi prioridad en este momento es la recuperación emocional y psicológica mía, de mi hija sobre todo”.La historia de Alejandra y María Antonia no solo expone el impacto de la detención infantil en centros migratorios, sino que abre nuevamente el debate sobre los límites de la política migratoria y la protección de los derechos humanos de los niños migrantes.“La visibilidad también protege”, concluyó Alejandra, convencida de que contar lo vivido puede evitar que otras familias atraviesen el mismo calvario.
Tras la expedición del Decreto 150 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica para atender las graves inundaciones y afectaciones climáticas en el país, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, manifestó el respaldo de los mandatarios regionales a esta medida. Sin embargo, la discusión se centra ahora en la fuente de los recursos: mientras el Gobierno sugiere la creación de impuestos, los gobernadores insisten en la movilización de recursos ya existentes en el sistema.Regalías vs. Impuestos Según Tavera, existen más de 4.5 billones de pesos "atrapados" en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías que podrían utilizarse de forma inmediata. El representante de los departamentos recordó que ya existen antecedentes legales, como el Acto Legislativo 04 de 2017 y la experiencia durante la pandemia del COVID-19, donde se liberaron saldos no comprometidos para atender crisis de infraestructura y salud. A pesar de que el Presidente ha señalado que los saldos disponibles podrían ser menores, Tavera sostiene que Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda pueden certificar la disponibilidad de estos fondos para evitar una carga tributaria adicional.Lecciones de la pandemia y simplificación de trámites Un punto clave en la propuesta de los gobernadores es replicar la agilidad administrativa vista en 2020. Durante la emergencia del COVID-19, se redujeron los requisitos para proyectos de inversión de 11 a solo 4, y los tiempos de citación de los OCAT pasaron de siete días a uno solo. Los gobernadores buscan que, bajo el amparo de la Sentencia 254 de 2020 de la Corte Constitucional, se garantice la conexidad de estos recursos con la inversión necesaria para la restauración social, ambiental y económica de zonas críticas como Córdoba, Bolívar, Santander y el Chocó.Necesidad de una "Gerencia de Reconstrucción" Para garantizar que la ejecución sea eficiente, la FND propone la creación de una gerencia o un articulador que coordine a los diferentes ministerios (Vivienda, Salud, Ambiente, entre otros) y active el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres. Tavera enfatizó la importancia de un "patrimonio autónomo" para transferir y ejecutar los recursos rápidamente, evitando que la burocracia retrase la atención de posibles epidemias por agua estancada o el desabastecimiento de alimentos.Próximos pasos en Montería La hoja de ruta continuará los días 18 y 19 de febrero en Montería, Córdoba, donde se llevará a cabo una cumbre con el Gobierno Nacional, organismos de control y el sector privado. En este encuentro se buscará definir responsables específicos para tareas críticas como el diagnóstico de redes de alcantarillado, la red energética y los planes de reubicación de viviendas en las regiones más golpeadas por la crisis.Escuche aquí la entrevista:
El presidente Gustavo Petro, afirmó este miércoles que su país importará gas venezolano a un menor precio, en un contexto en el que Venezuela ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo."Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato", expresó Petro durante un acto de Gobierno en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.El Parlamento venezolano aprobó hace dos semanas una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, después de años de control estatal.El pasado 21 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estimó que los ingresos venezolanos por venta de crudo aumentarán "en un 37 %" este 2026 y ha anunciado la creación de dos fondos soberanos para el manejo del dinero, que, anticipó, contarán con un mecanismo de transparencia.Petro dijo el pasado 3 de febrero que en la reunión de ese día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela.Según Petro, en ese proyecto Colombia "puede ayudar mucho" porque hace unos meses tuvo contactos energéticos con Venezuela y tras los cambios en ese país luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, "Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol" participe.El presidente explicó entonces que el plan contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia, así como la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya construidas, que permitirían impulsar sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes en alianza con empresas venezolanas, entre ellas la petroquímica Monómeros.En 2007, Colombia y Venezuela acordaron, por medio de las estatales Ecopetrol y PDVSA, la compraventa y transporte de gas natural a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte Antonio Ricaurte, infraestructura que salió de operación en 2015.
Ante el anuncio de la Universidad Nacional de estar adecuando un osario en la capilla Cristo Maestro del campus en Bogotá para alojar los restos óseos que serían de Camilo Torres, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó nuevos detalles investigaciones insistiendo en que, por ahora, no están los resultados definitivos.“En este momento continuamos a la espera de los resultados de los últimos análisis para que el equipo forense de la Unidad de Búsqueda pueda emitir el informe integral de identificación y el reporte de lo acaecido”, reiteraron.En esa línea, la Unidad recordó que la investigación en esa entidad inició en 2019 tras la recibir una solicitud formal por parte del sacerdote jesuita Javier Giraldo, cofundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y uno de los investigadores claves del legado de Camilo Torres.Desde ese momento, tras la recolección de varias pruebas y testimonios, dieron con la localización de un punto en Bucaramanga donde estarían los restos.“El 19 de junio de 2024 se llevó a cabo la recuperación de un cuerpo que, según indicios asociados y morfológicos como edad, sexo biológico, talla, contextura y signos de trauma violento, podría corresponder al sacerdote desaparecido”, agregó la Unidad.Cabe recordar que el padre murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse sumado al ELN. Esto ocurrió en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander.Desde ese momento, la información que se tenía es que los militares se habían quedado con su cuerpo; sin embargo, a finales del pasado mes de enero luego de un comunicado del ELN, la Unidad de Búsqueda así como Medicina Legal, informaron el hallazgo.Este miércoles, la entidad reveló además que el equipo conformado por investigadores humanitarios, médicos forenses, antropólogos, odontólogos y genetistas, han adelantado múltiples estudios y recuperado pruebas.“Es así como la inspección inicial practicada al cuerpo de Camilo Torres Restrepo, tras su fallecimiento en el año 1966, describe lesiones que coinciden con traumatismos óseos identificados en las estructuras recuperadas por el equipo forense de la Unidad de Búsqueda”, detalló la entidad en un comunicado.Así mismo, la Unidad aseguró que ha cotejado muestras óseas con material genético del cuerpo que sería de Torres con el de otros de sus familiares, también exhumados por la entidad en diciembre del 2024.Para esto han contando con el apoyo de varios laboratorios genéticos, uno de ellos ubicado en Estados Unidos, así como de Medicina Legal.Con estos avances y mientras se esperan los resultados definitivos, la Unidad insistió en que la disposición final de los restos, si se confirma plenamente su identidad, será definida por la persona que solicitó adelantar su búsqueda.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador, quien según los protocolos de la entidad es la única persona que puede tomar la decisión de la disposición final del cuerpo”, puntualizaron.
En medio de la crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, Juan Manuel Galán sorprendió al mencionar el nombre del único funcionario que, a su juicio, se salva de la actual administración. “Me parece que es honesto, que es íntegro”, dijo en entrevista con Recap Blu, antes de revelar el nombre: Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). “Es un tipo decente, honesto, que le puso la cara a un tema muy complicado y ha sostenido la caña a pesar de la guerra que le han hecho”, agregó.Vale recordar que Carrillo asumió la dirección de la UNGRD luego del escándalo de corrupción que se destapó en el país por cuenta de la carrotanques en La Guajira, que llevaron a juicio a su exdirector Olmedo López y el exsubdirecdor Sneyder Pinilla.Calificación al Gobierno PetroAunque Carrillo se salva en esta administración, Galán dio una muy baja calificación al Gobierno Petro. Cuando se le pidió ponerle una nota de 1 a 10, fue contundente: “Insuficiente en todo”. Incluso evitó asignar un número específico y reiteró que, en su concepto, la administración actual está “rajada”. En ese sentido, cuestionó la alta rotación de ministros, los cambios en manuales de funciones para nombramientos y las dificultades en la política exterior, mencionando como ejemplo la situación de la Cancillería.Más allá de la crítica, Galán planteó lo que sería su apuesta si llega a la Presidencia: reducir el poder del Gobierno central y transferir mayor autonomía a las regiones. Propuso avanzar en un modelo de regionalización que permita a las regiones ejecutar macroproyectos ambientales, de infraestructura y seguridad. Defendió que las regiones puedan consolidarse como verdaderas entidades territoriales con capacidad de gestión.¿Qué cambiaría del país?El dirigente también señaló uno de los problemas estructurales del país: el sistema de financiamiento de la política. A su juicio, mientras no se reforme la manera en que se financian partidos y campañas, cada Gobierno seguirá llegando con sus propios contratistas, desmontando lo anterior y dejando obras inconclusas o “elefantes blancos”, como lo ha advertido la Contraloría.Sobre gobernabilidad, Galán aseguró que buscaría acuerdos amplios en el Congreso, incluso con sectores ideológicamente distintos. Destacó que durante su paso por el Legislativo logró sacar adelante 17 leyes mediante consensos, entre ellas la ley de enfermedades huérfanas, la regulación del cannabis medicinal y la norma que facilita el acceso gratuito al software lector de pantalla JAWS para personas con discapacidad visual. “Colombia necesita un verdadero acuerdo nacional”, concluyó el precandidato de la Gran Consulta por Colombia.