Las emergencias climáticas en Córdoba dejan más de 169.400 personas damnificadas y cerca de 48.000 hogares afectados. Ignacio García, coordinador de mecanismos de respuesta a emergencias de la ONG Acción contra el Hambre, aseguró que la magnitud de las pérdidas afecta “seriamente y severamente” la seguridad alimentaria de las familias.“Se reportan pérdidas de más de cinco mil doscientos treinta animales de producción, pérdidas de cultivos, pérdida de enseres y de otros elementos que son vitales en los medios de vida de las familias y, por lo tanto, en la seguridad alimentaria de las comunidades”, aseguró.Actualmente, 24 de los 30 municipios de Córdoba presentan algún nivel de afectación, es decir, el 80 % del departamento enfrenta inundaciones u otros eventos climáticos. Según la organización, los casos más críticos se concentran en San Pelayo, Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas, aunque también se han brindado apoyos puntuales al hospital de Tierralta.García subrayó que los niños, las comunidades indígenas y las mujeres gestantes y lactantes se encuentran entre los grupos con mayor nivel de riesgo.Ante esta situación de riesgo alimentario, la organización asegura haber movilizado más de 1.500 ayudas humanitarias, principalmente alimentos y elementos de protección, en comunidades como Caño Viejo y La Esmeralda, en Puerto Escondido.La ONG insistió en que la magnitud de la emergencia exige una respuesta articulada entre instituciones del Estado y actores humanitarios. Ademas, hizo un llamado a mantener el monitoreo y la coordinación ante posibles afectaciones en el mediano y largo plazo, derivadas de la pérdida de infraestructura y medios de subsistencia.
En las últimas semanas han ocurrido emergencias por lluvias en gran parte del territorio colombiano, esto debido a los efectos del cambio climático que azota no solo al país, sino a otros estados en el mundo, que han sufrido de tormentas de nieve y graves inundaciones.Precisamente, en Colombia, los departamentos más afectados han sido: Córdoba, La Guajira y Antioquia, lugares donde las crecientes de los ríos han hecho estragos dejando comunidades, viviendas y hasta animales bajo el agua y sin hogar.Los cuerpos de rescate, entre bomberos, militares y miembros de la Defensa Civil, no han tenido descanso, pues según cifras recientes ya van 69.000 familias damnificadas por las fuertes lluvias.Ideam revela el pronóstico del clima para este fin de semanaEl Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de febrero de 2026 se presentarán lluvias ligeras a moderadas en amplias zonas del territorio nacional, con algunos episodios de mayor intensidad.De acuerdo con el reporte, las regiones Andina, Pacífica y el sur del Caribe serán las más afectadas por las precipitaciones, así como sectores de la Orinoquía y la Amazonía. Para la capital del país, Bogotá, se pronostican lluvias ligeras a moderadas durante todo el fin de semana, especialmente en horas de la tarde y la noche.Viernes 13 de febreroDurante la tarde y noche se esperan lluvias moderadas a fuertes en departamentos de Amazonas, oriente y occidente de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente de Cundinamarca, centro y norte de Santander, centro y oriente del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.Asimismo, se prevén lluvia ligeras a moderadas en: Putumayo, sur del Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés, Huila, Tolima, occidente de Boyacá, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, sur de Bolívar, Cesar y en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.La parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones mayormente secas. No se descartan lluvias de variada intensidad al sur y oriente del área marítima.Sábado 14 de febreroLas precipitaciones se intensificarán, con especial énfasis en la región de la Orinoquía y zonas del Pacífico y Caribe. las lluvias de mayoir intensidad ocurrirán en sectores del sur del Amazonas, occidente del Putumayo, oriente del Caquetá, Guaviare, occidente de Guainía, norte del Vaupés, occidente de Antioquia, golfo de Urabá, centro del Tolima, occidente de Cundinamarca, norte y sur de Santander, centro y oriente del Meta, centro del Vichada, centro y norte del Chocó, Cauca, Nariño, Córdoba, sur de Bolívar y sur del Cesar.De igual forma, habrá lloviznas y lluvias ligeras en los siguientes departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, occidente de Boyacá, norte y centro de Norte de Santander, oriente de Arauca, Casanare, Sucre, sur del Magdalena, centro y sur de La Guajira, Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del Cauca.Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ligeras o lloviznas en la zona insular, con mayor intensidad hacia el suroccidente.Domingo 15 de febreroLas lluvias moderadas a fuertes continuarán en gran parte del país, incluyendo el centro y norte de la región Andina y amplios sectores del Caribe como: sectores del norte del Amazonas, Putumayo, centro y oriente del Caquetá, occidente del Guaviare, Vaupés, Antioquia, golfo de Urabá, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente y oriente del Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, centro y occidente del Meta, Casanare, Córdoba, Sucre, Bolívar, norte y oriente del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera el predominio de condiciones secas; sin embargo, no se descartan lluvias ligeras y lloviznas.El Ideam también señaló la presencia de un nuevo frente frío en el Atlántico norte, el cual no tendrá influencia directa sobre el territorio colombiano.Finalmente, la entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a las condiciones climáticas, especialmente en zonas con alerta por deslizamientos e inundaciones, evitar transitar por áreas de alta pendiente y tomar medidas de prevención ante posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes.
El Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto con el cual el Gobierno fijó el aumento del salario mínimo en un 23 % para el 2026. Tras esta decisión el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, convocó a una mesa de concertación, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado obligó al Gobierno a expedir en ocho días un nuevo decreto transitorio.Por su parte, el presidente Gustavo Petro convocó a los empresarios para que asistan a la mesa de concertación."Aprovecho para invitar al gran empresariado a usar la comisión de concertación que por decisión unilateral del Gobierno se convoca para establecer dialogo y acuerdo, antes del decreto transitorio. Es un Pacto por la Vida lo que se ha propuesto", dijo Petro.Además, el mandatario dijo que los empresarios deben pagar esta quincena el sueldo con el aumento del 23 % que se fijó para el 2026."Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas. El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del consejo de estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia que se mantiene hasta que el consejo de estado tome decisión de fondo", agregó Petro.Es importante recordar que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto pues encontró, de manera preliminar, que el Gobierno sustituyó en la práctica los criterios legales del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 (IPC, productividad, PIB, salarios en el ingreso nacional, meta de inflación) por la brecha frente al “salario vital”, que no está en la ley.
La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, asegura a EFE que el presidente estadounidense, Donald Trump, no les ha impuesto ninguna condición ni les ha exigido "rendición de cuentas", y ahora que la situación se ha "normalizado" Colombia quiere estabilizar la relación con Washington usando su excedente de energía para impulsar el sector petrolero en Venezuela."Fue una conversación muy sincera, muy sin condiciones. De conocerse, de intercambiar opiniones, pero no hubo una rendición de cuentas ni nos dijeron 'tienes que hacer esto o lo otro'", explica la canciller, en una entrevista con EFE en el consulado colombiano en Madrid, donde mantendrá una serie de reuniones este fin de semana para supervisar los procedimientos para las elecciones legislativas del 8 de marzo.Es decir, que al contrario de lo que se ha especulado después de esa reunión del pasado día 3 en la Casa Blanca, la canciller asegura que Estados Unidos no les ha pedido que reanuden las fumigaciones aéreas de cultivos de coca ni les ha impuesto condiciones."Le dijimos (a Trump) a través del presidente (Gustavo) Petro que nuestra opción de lucha (contra el narcotráfico) es la erradicación permanente, que es una erradicación voluntaria", señala, indicando que el mandatario estadounidense se mostró receptivo y satisfecho.Tampoco se habló de la presencia militar estadounidense en la frontera con Venezuela, ya que en la lucha contra el narcotráfico conjunta hay una "coordinación militar en términos de inteligencia e información" con EE.UU., pero quienes actúan "son los ejércitos colombiano y venezolano".Trump, desinformadoVillavicencio habla de un escenario diferente al que se contemplaba a principios de año cuando Trump no descartaba una intervención en Colombia como la que realizó en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.Según la canciller, Trump "estaba muy desinformado de lo que es Colombia" y "no conoce América Latina". Ese acercamiento permitió establecer acuerdos para mantener la colaboración contra el crimen organizado y "poder reactivar la economía de Venezuela"."La postura de EE.UU. y del presidente Trump es bastante pragmática. Entonces, con él hay que hablar con pragmatismo para tener alguna identificación. Pero el pragmatismo no indica que los valores se dejen a un lado", subraya la ministra.En este sentido, añade, Petro habría convencido a Trump de que la sustitución de cultivos de coca por otros como café o cacao, con apoyo de la comunidad internacional, es el camino definitivo.Ahora la estrategia colombiana pasa por la interdependencia energética: "Venezuela es el país que tiene mayor reservas de petróleo en el mundo y lógicamente eso es un recurso muy importante para la economía norteamericana. Ahora bien, para sacar petróleo, se necesita energía y Venezuela no tiene la suficiente energía para ese proceso. Colombia sí la puede generar", resume Villavicencio.La propuesta que lanza es vender energía a Venezuela, restableciendo los oleoductos destruidos por años de bloqueo de Washington a Caracas, para que EE.UU. pueda explotar el crudo venezolano de forma más sostenible, pues Colombia tiene reservas suficientes y ha incrementado la generación de energías renovables como la solar.Próximos pasos con VenezuelaSobre la seguridad fronteriza, la canciller recuerda que el próximo 21 de febrero se reunirá la Comisión de Defensa binacional para coordinar acciones de seguridad en los 2.200 km de frontera con Venezuela.Pero precisamente el petróleo y la energía es el punto que más le interesa a Colombia tocar en la reunión bilateral que tendrán próximamente Petro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que aún no tiene fecha."Petro habló con ella telefónicamente y tenemos mucho interés", apunta Villavicenco, que añade que hay "voluntad" de las dos partes para reunirse y que "es posible" que la bilateral se celebre la próxima semana, pero "el lunes o martes podremos tener ya una respuesta de parte del Gobierno venezolano", aunque por el momento no la hay.El Gobierno colombiano, que no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro en las últimas elecciones de 2024 hasta que no se conocieran las actas, valida ahora a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, "como la interlocutora de Estados Unidos" y asegura que tanto las fuerzas sociales como la oposición democrática la ven como "la presidenta interina".La continuidad en el poder "ha evitado un derramamiento de sangre, una conflictividad mayor y violencia en las calles", reflexiona. Y a partir de esta situación, Colombia quiere ahora "reactivar toda la economía del Occidente de Venezuela" y ser en sí misma un actor clave para el apoyo y la reactivación.
Un informe de inteligencia militar y policial encendió las alarmas en el norte del departamento del Caquetá. Según información recopilada por agencias desplegadas en el sur del país, un integrante de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ estaría planeando ejecutar una acción terrorista contra la población civil y la fuerza pública en área general del municipio de Puerto Rico.De acuerdo con los reportes conocidos en las últimas horas, el señalado es alias 'Esneider', identificado como Esneider Suárez, quien presuntamente tendría la intención de perpetrar un atentado en una zona frecuentada cotidianamente por habitantes del municipio, con el objetivo de generar afectación indiscriminada y enviar un mensaje de intimidación en medio de la ofensiva militar que se desarrolla en la región.Las líneas de acción criminal que estarían bajo análisis incluyen el uso de explosivos acondicionados en drones, vehículos cargados con artefactos explosivos y el lanzamiento de “tatucos” mediante rampas artesanales. Este tipo de métodos ya han sido utilizados por estructuras armadas ilegales en otras zonas del país y representan un alto riesgo tanto para uniformados como para la comunidad civil.Las autoridades consideran que estos posibles hechos serían una retaliación por la sostenida ofensiva operacional desplegada en los últimos días por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra las estructuras de las disidencias en el departamento.Alias ‘Esneider’ pertenece a la estructura ‘Rodrigo Cadete’ y se desempeñaría como cabecilla de la comisión de finanzas en los municipios de Rionegro y Cartagena del Chairá, especialmente en el sector conocido como La Bolsa de Guayas. En esa zona, según la inteligencia, estaría encargado de coordinar actividades relacionadas con el sostenimiento económico de la organización.Información suministrada por fuente humana indica que actualmente se encontraría en zona rural de San Vicente del Caguán, en el sector El Pato, área limítrofe entre Caquetá y Huila. Al parecer, habría llegado a ese punto para apoyar confrontaciones armadas entre la estructura Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de Bloques y Frentes y la estructura Teófilo Forero de la llamada Segunda Marquetalia.En el plano judicial, las autoridades adelantan labores para lograr la plena identificación y judicialización de este actor armado. Además, se tiene conocimiento de que estaría ejerciendo presiones y coacción sobre la comunidad del poblado de Rionegro para forzar la salida del Ejército y la Policía de esa jurisdicción, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.Alias ‘Esneider Suárez’ actuaría bajo órdenes de Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con los alias de ‘Urías Perdomo’ o ‘Cotiz’, señalado como cabecilla principal de la estructura “Rodrigo Cadete” de las disidencias de ‘Calarcá’. Por este último, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura.Desde los diferentes niveles del mando policial y militar se ordenó alertar a las unidades en la región para fortalecer los dispositivos de seguridad, activar planes de reacción y contraataque, y reforzar la red de fuentes humanas con el fin de anticipar y neutralizar cualquier intento de acción terrorista en el departamento del Caquetá.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves en una entrevista televisiva que la liberación de presos que lleva acometiendo Caracas desde diciembre, y que se ha acelerado tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, no es un tema que haya sido discutido con el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump."Este es un tema que no ha estado en la agenda bilateral con los EE.UU. Ha sido una iniciativa de Venezuela desde diciembre de 2025", afirmó tajante Rodríguez en una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC.Al ser preguntada sobre si su Gobierno interino se compromete a liberar a "presos políticos detenidos injustamente", Rodríguez contestó que "absolutamente".La mandataria afirmó que ahora mismo se está dando "un proceso de profunda evaluación del sistema judicial", el cual defendió al asegurar que ha mantenido "la paz en Venezuela""Ese sistema de justicia, con sus logros y sus fallas, protegió la paz de los venezolanos. Sin embargo, hay cosas que corregir. Y sin duda, las corregiremos", añadió.Rodríguez defendió también la ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999 que está impulsando su Gobierno y cuyo debate definitivo el Parlamento, controlado por el chavismo, ha aplazado a la próxima semana.Según el Gobierno venezolano se han liberado más de 800 presos desde diciembre, unas excarcelaciones que se aceleraron con la caída de Maduro.Tras el derrocamiento de Maduro a manos de EE.UU., el Gobierno Trump ha concedido el mando de la transición a la exvicepresidenta chavista y asegurado que está supervisando a su Ejecutivo.Por su parte, organizaciones civiles defienden que la cifra de presos liberados estarían en realidad en torno a la mitad de lo que dice el Gobierno interino de Rodríguez.
Dos banderas alusivas al frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, instaladas en el corregimiento de San Vicente, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, generaron temor entre la comunidad, así como entre ciclistas y turistas que visitan la zona.Concejales del municipio manifestaron su preocupación por la presencia de estos grupos armados, que buscan generar zozobra en un corregimiento reconocido por sus ríos y su oferta turística."Esta situación que se presentó en el corregimiento San Vicente, a solo 20 minutos del casco urbano de nuestro municipio, nos genera gran preocupación, porque San Vicente siempre ha sido un corregimiento pacífico, con mucho turismo y mucho por mostrar. Su gente ha realizado inversiones en glamping, hoteles y estaderos muy bonitos, y cuenta con ríos maravillosos. Que lleguen estos grupos al margen de la ley a generar zozobra nos preocupa profundamente", dijo Luigi Morales, concejal de Jamundí.Por su parte, Rafael Rodríguez, diputado del Valle del Cauca, indicó que estas banderas son un mensaje de control territorial, dado que Jamundí es una zona estratégica del narcotráfico y de los grupos armados. Sin embargo, destacó que en la zona rural se construirá un batallón de alta montaña con el fin de reforzar la seguridad."Expreso mi total respaldo al Ejército Nacional para recuperar el control que se perdió como consecuencia de una fracasada estrategia de seguridad del gobierno nacional. Jamundí y todo el territorio del sur del Valle del Cauca, que colinda con el norte del Cauca, están siendo afectados por los cultivos de coca y la disputa de grupos armados, incluida la presencia del frente Jaime Martínez, por el control de este corredor que conduce al río Naya y al Pacífico", manifestó Rodríguez.Por esta razón, se solicitó a las autoridades locales reforzar la seguridad para garantizar que la comunidad y los visitantes puedan transitar sin riesgos y evitar que la violencia se extienda a otros corregimientos del municipio.
La precandidata presidencial Claudia López afirmó que no haría alianzas políticas ni con Abelardo de la Espriella ni con Iván Cepeda, incluso en un escenario de segunda vuelta presidencial. Así lo señaló durante Recap Blu, en la que fue consultada sobre eventuales pactos para llegar a la Casa de Nariño.López sostuvo que, aunque reconoce que en una segunda vuelta suelen ser necesarias las alianzas —tal como ocurrió con el presidente Gustavo Petro en 2022—, en estos dos casos su respuesta fue contundente. “No”, reiteró, al ser consultada sobre si apoyaría a alguno de los dos.En el caso de Abelardo de la Espriella, la exalcaldesa de Bogotá fue particularmente dura. Aseguró que no tendría ningún tipo de acercamiento político con él, al que calificó como un “defensor de la mafia”. “Aquí lo que queremos es acabar con la corrupción y la impunidad. A la que hay que defender es a la gente, no a la mafia”, afirmó.Sobre Iván Cepeda, López marcó diferencias de fondo, aunque reconoció su integridad personal. “Iván es un hombre decente, me consta, pero eso no basta”, dijo, al argumentar que ni él ni otros congresistas como Paloma Valencia tienen experiencia real en el ejercicio del Gobierno. “La Presidencia no puede ser el primer trabajo público de nadie. Ya vimos lo que pasó con Duque y eso salió mal”, advirtió.La precandidata también cuestionó de manera directa la paz total, de la cual señaló a Cepeda como uno de sus principales arquitectos. Según López, esta estrategia no ha logrado desmovilizaciones ni reducciones significativas de la violencia y, por el contrario, ha coincidido con el fortalecimiento de estructuras criminales y el aumento del reclutamiento de menores. “No ha desmovilizado ni un raponero”, afirmó, al tiempo que comparó estos resultados con los procesos de desmovilización adelantados durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.López insistió en que su rechazo a Cepeda no es personal, sino político y técnico. “El país enfrenta crisis de salud, crisis fiscal y una emergencia social y ambiental. El palo no está para cucharas”, señaló.Durante la entrevista, la precandidata también descartó alianzas con otros nombres del escenario político como Roy Barreras, a quien asoció con “corrupción y politiquería”, y Daniel Quintero. Pero se mostró abierta al diálogo con figuras como Clara López, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo, destacando su experiencia en el servicio público.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro priorizar que la emergencia económica decretada tras la ola invernal se concentre exclusivamente en la atención de las comunidades afectadas y la reconstrucción del territorio.Según la dirigente, la gravedad de la situación exige una respuesta rápida, firme y coordinada del Estado, pero también técnicamente sustentada y focalizada en mitigar los efectos del frente frío que golpea a estas regiones.El decreto expedido el pasado miércoles por el Ejecutivo, le da una serie de facultades al mandatario para crear impuestos que permitan recaudar el dinero pendiente. Según ha dicho el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la atención de la emergencia en el corto y largo plazo requiere de al menos $8 billones y una de las medidas sería un impuesto al patrimonio.Sin embargo, para Gutiérrez, “la emergencia no debe convertirse en un vehículo para crear nuevos impuestos, ni para adoptar medidas sin relación directa con la crisis”, sino que debe servir para ejecutar mejor los mecanismos existentes.Ante eso, presentó una serie de propuestas para que sean tenidas en cuenta: una de ellas es que, antes de expedir decretos legislativos extraordinarios, se active plenamente el esquema de gestión del riesgo contemplado en la Ley 1523 de 2012, con medidas como la declaratoria de calamidad pública o desastre que habilita el uso ágil de recursos y acudir a la contratación directa.“También pueden usarse herramientas del presupuesto ordinario: traslados, reprogramaciones, aplazamientos y priorización del gasto. El Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 819 de 2003 permiten hacer estos movimientos para responder a urgencias, cuidando la sostenibilidad fiscal”, agregó Gutiérrez.Gutiérrez insistió en esa línea en la importancia de un análisis transparente y detallado de los recursos requeridos así como no descartar apoyos económicos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.“En vez de crear nuevas cargas fiscales que afecten la competitividad, debe revisarse el uso de partidas presupuestales sin comprometer, que podrían ser jurídicamente compatibles y reorientar parte de esos recursos a la atención inmediata y conjurar los efectos de la emergencia”, dijo Gutiérrez.Por otra parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, insistió en la urgencia de atender la emergencia en todos los departamentos afectados tanto por parte del Gobierno como por el apoyo de diferentes sectores que hoy están gestionando donaciones y otro tipo de ayudas.“Para eso estamos en este momento con varias campañas de donaciones en recursos y en especie que estamos canalizando a través de los bancos de alimentos para que le puedan llegar a las personas en el territorio lo antes posible”, dijo el líder gremial.Sobre la medida de emergencia económica que podría incluir un impuesto al patrimonio, Bruce Mac Master dijo que era antitécnica.“Esto en última significa que vamos a generar impuestos también a la generación de empleo. Son impuestos que terminan afectando a los trabajadores y a las familias colombianas. Pues bien, el Estado tiene otras herramientas que debería utilizar”, dijo Bruce Mac Master coincidiendo con Natalia Gutiérrez.Por ahora, el presidente Gustavo Petro descartó la petición de los gobernadores de usar los recursos de regalías hoy sin ejecutar y su Gobierno prepara los nuevos decretos que aclararan cuáles serían los nuevos impuestos.
Desde Múnich, en el marco de la Conferencia de Seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que ningún país, sin importar su poder, está a salvo de la desinformación. Y puso como ejemplo a Estados Unidos, al señalar que incluso allí se han difundido versiones erróneas sobre el papel de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.“Cada país del mundo, sin importar cuán poderoso se considere, es vulnerable a este flagelo global conocido como desinformación y mala información”, afirmó el ministro durante un espacio en el que compartió escenario con la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas; el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz; y el canciller saudí, Faisal bin Farhan Al Saud.Sánchez citó el informe “Riesgos Globales” del Foro Económico Mundial, que ubica la desinformación como el segundo mayor riesgo global después de los conflictos entre Estados, con la advertencia de que podría convertirse en el principal en los próximos años, impulsado por herramientas como la inteligencia artificial.En ese contexto, sostuvo que la desinformación también alcanzó al presidente estadounidense Donald Trump, a quien, según dijo, “hicieron creer que Colombia no estaba haciendo nada para combatir el narcotráfico”. No obstante, tras una reunión sostenida a comienzos de mes entre Trump y el presidente Gustavo Petro, se habría logrado un entendimiento más amplio sobre la dimensión del problema.El ministro recordó que, según cifras expuestas en ese encuentro, alrededor de 316 millones de personas consumen drogas en el mundo, un dato que, afirmó, demuestra la dificultad de erradicar el narcotráfico mientras persista la demanda global. “Esto hace que sea muy difícil erradicar el narcotráfico mientras siga existiendo la demanda”, recalcó.Sánchez defendió el papel de Colombia como principal aliado en el hemisferio occidental en la lucha contra el crimen organizado transnacional y aseguró que el país ha sufrido más de 2.000 bajas, entre heridos y muertos, en sus fuerzas militares y de policía durante los últimos años en esta confrontación.
La candidata al Senado y presidenta del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, respondió en Mañanas Blu 10:30 AM a las críticas lanzadas por Sofía Gaviria, quien anunció su salida de la colectividad en medio de fuertes cuestionamientos sobre el manejo interno del movimiento. Frente al impacto electoral de esta ruptura, Betancourt fue enfática: “Aquí se va alguien y no se lleva votos”.La controversia se desató luego de que Gaviria asegurara que esperaba una colectividad democrática, con respeto por los disensos y autonomía de sus militantes, y no un partido “manejado por una sola persona”. En respuesta, Betancourt rechazó que el conflicto sea un asunto personal y sostuvo que se trata de “un problema de Sofía Gaviria con el partido”, no con ella."Nosotros no somos maquinaria, nosotros no somos clientelismo. Aquí se va alguien y no se lleva votos porque no tienen votos. Aquí lo que hay es valores y principios. Lo que nosotros le estamos ofreciendo a Colombia es la posibilidad de meter al Congreso gente extraordinaria para sacar a los bandidos", añadió Betancourt.Varios conflictos con GaviriaSegún explicó la líder del partido Oxígeno, los desencuentros se originaron por varios episodios que generaron incomodidad dentro de la colectividad. La excandidata presidencial relató un incidente ocurrido en el Congreso, en el que —según dijo— Gaviria tuvo un altercado con un policía por un control de seguridad. También mencionó diferencias reiteradas en discusiones internas sobre decisiones de campaña, que, a su juicio, derivaban en acusaciones de autoritarismo cuando la mayoría no respaldaba la postura de la entonces cabeza de lista.Betancourt defendió la estructura y las reglas del partido, asegurando que a Gaviria se le dio espacio para integrar personas de su confianza dentro de la lista. No obstante, afirmó que el problema surgió cuando, en su criterio, no se respetaron los procedimientos internos ni las decisiones colectivas. "Se tiene que regir por códigos de ética, porque los partidos no pueden ser los garajes que muchos partidos son. Esto es prueba de la crisis de los partidos en Colombia. Hay problemas en todos los partidos, no solo en este", subrayó.Más allá del choque interno, Betancourt insistió en que la salida de Gaviria no compromete el futuro electoral de Oxígeno ni su personería jurídica, en un escenario donde los partidos deben alcanzar un umbral mínimo de votación para conservarla.Finalmente, la dirigente sostuvo que el partido cuenta con una lista “extraordinaria” y que la disputa interna no debe desviar la atención de lo que considera el verdadero debate electoral.
La Presidencia de la República señaló que, por el momento, no se tiene confirmada la visita de la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez a Colombia.La Casa de Nariño indicó que se sigue trabajando con la cancillería para concretar está visita.El Gobierno colombiano informó que lo que sí está confirmada la reunión del Comité Binacional de Defensa el 21 de febrero.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo este viernes a EFE que "es posible" que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viaje a Colombia la semana próxima y que esperan tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó la canciller durante una entrevista con EFE en Madrid ante las informaciones aparecidas en varios medios colombianos sobre que la presidenta encargada de Venezuela estará en Colombia la semana próxima."Ella fue invitada a Bogotá (...). Yo creo que el lunes o martes podremos tener ya una respuesta de parte del Gobierno venezolano", añadió Villavicencio.La canciller sostuvo que "hay voluntad" en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, quien invitó a Rodríguez a visitar su país.Este posible viaje a Colombia sería el primero al extranjero de Rodríguez desde que juró como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro."El presidente Petro habló con ella telefónicamente y claro, tenemos mucho interés en hablar con ella, hablar con todas las fuerzas sociales", afirmó Villavicencio."Hemos hablado con la oposición democrática y pues todos reconocen a Delcy como la presidenta interina (de Venezuela)", agregó a la canciller.A juicio de Villavicencio, la "continuidad" que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- "ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles".
En medio de una agenda de alto nivel en París, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, formalizó la intención de Colombia de vincularse a la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Grave y Organizado, una alianza integrada por siete naciones del continente.Durante dos días de reuniones con autoridades francesas, el funcionario, acompañado por el embajador Alfonso Prada, sostuvo encuentros con la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin; la ministra de Acción y Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin; el ministro del Interior, Laurent Nuñez; y directivos de la agencia VIGINUM, entre otros altos funcionarios.El objetivo central es compartir información de inteligencia estratégica para desmantelar redes dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos y la infiltración criminal en economías legales. La coalición está conformada por Bélgica, España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suecia.Según explicó el ministro, la apuesta es avanzar en un esfuerzo multinacional que permita identificar y neutralizar la infiltración de estructuras ilegales en sectores formales de la economía y golpear directamente sus finanzas.Uno de los resultados concretos fue la firma de un acuerdo técnico con el Gobierno francés para designar a un oficial de la Policía Nacional como enlace permanente ante autoridades aduaneras en Francia, con el fin de optimizar operaciones contra la delincuencia organizada transnacional.Además, Colombia puso a disposición de la Unión Europea, a través de Francia, sus capacidades militares y policiales en la lucha contra el terrorismo, incluyendo experiencia en inteligencia, investigación criminal y operaciones especiales.
El Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) acordaron respaldar la sustitución y erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Nariño y Putumayo, durante una reunión extraordinaria realizada el 11 y 12 de febrero en Inda Zabaleta y Tumaco (Nariño).De acuerdo con el acta suscrita el 12 de febrero, las partes acogieron el llamado del presidente de la República para avanzar en la meta de sustituir 15.000 hectáreas en Nariño y 15.000 en Putumayo. En el documento señalan que la iniciativa busca contribuir a la “dignificación de la vida” mediante el fortalecimiento de movimientos sociales, étnicos y campesinos vinculados a la economía cocalera.Las delegaciones también afirmaron que respaldarán y apoyarán rel inicio de las Asambleas del Resguardo Indígena de Inda Zabaleta, previstas desde el 14 de febrero, en las que se definirán las condiciones para avanzar en la sustitución voluntaria en coordinación con las autoridades propias del territorio.La CNEB manifestó que respetará las decisiones comunitarias relacionadas con la protección ambiental, la no deforestación y la no resiembra de cultivos ilícitos. Asimismo, se comprometió a no interferir en el programa Renhacemos, liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), y a contribuir al cumplimiento de la meta acordada.Según lo pactado, la verificación de los avances se realizará el 31 de marzo de 2026 por parte de la DSCI, en coordinación con un organismo internacional y con acompañamiento de la Mesa de Diálogos.Finalmente, las delegaciones informaron que el séptimo ciclo de diálogos se realizará los días 11, 12 y 13 de marzo en el corregimiento de Llorente, en Tumaco, mientras que las subcomisiones preparatorias se reunirán en Bogotá el 26 y 27 de febrero.
Finalmente se confirmó cuál sería la reducción en el precio de la gasolina para el año 2026. A partir del 1 de febrero, el valor por galón bajará $300 pesos, como parte de un proceso ordenado por el Gobierno nacional. Según explicó la entidad, la disminución obedece al saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a la caída de los precios internacionales del petróleo y del dólar.Si bien, inicialmente la baja se explica por una disminución superior al 17 % en el precio del dólar, que pasó de $4.400 en 2025 a rondar los $3.700 actuales, también se suma la caída del precio del petróleo, que tuvo una baja cercana al 23 % y hoy se ubica alrededor de los 62 dólares.Así mismo, el cierre gradual del déficit del FEPC permite que estos ajustes se realicen sin asumir una nueva deuda fiscal. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han señalado que la medida busca alinear los precios locales con el mercado internacional de manera responsable.Pese a ello, datos revelados en Mañanas Blu han abierto el debate sobre la estrategia del Gobierno nacional, al advertir que la reducción del precio de la gasolina debería hacerse de forma más gradual desde ahora.Precio de la gasolina en 2026: en cuánto debería quedar el galónLa validación del precio de la gasolina, según expertos, debería asumirse con recortes progresivos, similares a los aplicados durante el periodo de incrementos que llevaron el combustible a superar los $16.000 pesos por galón.Sin embargo, durante el programa Mañanas Blu, analistas como Sergio Cabrales y Felipe Campos señalaron que la gasolina debería tener una disminución mucho mayor. De acuerdo con los valores actuales del petróleo y del dólar, la baja tendría que estar entre $3.000 y $3.500 pesos, y no limitarse a los $300 pesos confirmados recientemente por el Gobierno.Por lo tanto, se estima que, con base en estos datos, el precio de la gasolina debería ubicarse alrededor de los $13.000 pesos. No obstante, los expertos consideran que la reducción podría ser progresiva a lo largo de 2026, sin afectar la sostenibilidad fiscal ni recurrir a distorsiones como la gasolina subsidiada. “Para estar alineados con el precio internacional debería estar hoy un 18 o 19 % abajo; es decir, deberíamos pagar alrededor de 13 mil pesos”, señalaron en Mañanas Blu.El anuncio llega en el arranque de 2026Con apenas 19 días transcurridos del año 2026, el anuncio se conoce luego de incrementos como el de 90 pesos por galón aplicado en enero. La decisión responde a la promesa del presidente Gustavo Petro de bajar los precios una vez se ordenaran las cuentas del FEPC, una noticia que sorprende tras más de dos años en los que los colombianos pagaron entre $2.000 y $3.000 pesos adicionales en el valor final del combustible.
La Contraloría General de la República prendió las alarmas ante la posibilidad de un inminente desabastecimiento de pasaportes en Colombia, a raíz de los retrasos en la implementación del nuevo contrato que reemplazará al actualmente ejecutado por la firma Thomas Greg & Sons. Según advirtió el contralor para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, en entrevista con Mañanas Blu, existen riesgos financieros, operativos y de planeación que podrían impedir la entrada en vigencia del nuevo modelo a partir del próximo 1 de abril.“Estamos muy cerca de ese escenario”, reconoció Abadía, al precisar que hay demoras y vacíos en el cumplimiento del cronograma establecido por la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia. Retrasos técnicos y ausencia de maquinariaLa Contraloría ha detectado que no se ha completado la importación ni la instalación de la maquinaria necesaria para la producción de los nuevos documentos. “Hasta la semana anterior, pese a los requerimientos formales, no hay evidencia de que se haya contratado al importador ni que la maquinaria esté en el país”, indicó Abadía.Este retraso compromete el cumplimiento de los plazos de producción, que deberían garantizar la continuidad del servicio desde el primer día de abril. El organismo de control insiste en que cualquier demora podría tener consecuencias directas sobre la disponibilidad de pasaportes para los ciudadanos.Riesgos financieros y cambiariosEl funcionario también señaló inconsistencias en la planeación financiera del contrato, particularmente por la decisión de valorarlo en euros. “Cuando se fija en moneda extranjera, se traslada el riesgo cambiario al Estado colombiano”, explicó.“Nos preocupa que las variaciones en la tasa del euro frente al peso generen costos adicionales que el presupuesto nacional no pueda absorber. Antes, los pasaportes se contrataban en pesos y ese riesgo no existía”, puntualizó el contralor delegado. Además, la Contraloría encontró que no están definidos con claridad los costos de personalización, transporte e impuestos asociados a la importación de las libretas, ni existen previsiones claras para financiar eventuales aumentos en la demanda. Otro cambio relevante es la transición de un modelo “por demanda” a uno de cantidad mínima anual, que fija en 1.200.000 unidades la producción obligatoria. Esto —según el organismo— podría crear desbalances financieros si la demanda real estuviera por debajo de esa cifra.Sin prototipo del nuevo pasaportePese a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Colombia tendrá “el cuarto mejor pasaporte del mundo”, la Contraloría no ha tenido acceso a un modelo físico del nuevo documento.“No hemos visto el pasaporte nuevo. Esa es una pregunta que debe responder la Cancillería. Nosotros seguimos haciendo seguimiento, pero a esta altura no tenemos información suficiente sobre su diseño ni sus especificaciones técnicas”, afirmó Abadía. El contralor también aclaró que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta que expire su vigencia, por lo que no será necesario renovarlos de inmediato. “Podrán coexistir los dos modelos. Cambiar todos los pasaportes vigentes generaría un daño fiscal de inmensas proporciones”, explicó.Seguimiento permanente a la Cancillería y la Imprenta NacionalEl organismo de control ha dispuesto un equipo de funcionarios para trabajar de forma presencial y continua en la Cancillería y en la Imprenta Nacional, con el propósito de monitorear la ejecución del nuevo contrato. “Son las entidades responsables de rendir cuentas ante la Contraloría. Estamos en tiempo completo haciendo seguimiento, porque los plazos son cortos y el riesgo es alto”, enfatizó Abadía.El funcionario insistió en que la advertencia busca prevenir, no sancionar: “Estas son alertas técnicas, no políticas. Queremos que las cosas se hagan bien, sin riesgos para el patrimonio público ni para la ciudadanía”.El nuevo modelo de pasaportes surge tras la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de no renovar el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que ha manejado la producción de estos documentos durante varias décadas. La disputa provocó una controversia legal y política que terminó resolviéndose con una licitación adjudicada a la Casa de la Moneda de Portugal, en asocio con la Imprenta Nacional de Colombia.Mientras la Cancillería sostiene que el nuevo proceso permitirá “modernizar y mejorar los estándares de seguridad”, la Contraloría advierte que todavía no hay garantías suficientes de que el servicio podrá mantenerse sin interrupciones. A dos meses de la fecha prevista para el cambio, la incertidumbre sobre el abastecimiento de pasaportes sigue vigente.
En una reciente entrevista, el concejal de Medellín y exsecretario de seguridad, Andrés Tobón, compartió detalles alarmantes sobre la información revelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respecto a una reunión secreta entre Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano, y disidencias de las Farc en la capital antioqueña. Según Tobón, diversas fuentes de inteligencia y expertos en crimen organizado han confirmado que este encuentro no solo ocurrió, sino que contó con la coordinación y protección de estructuras criminales locales.Logística y protección en la Vía Las PalmasDe acuerdo con las fuentes citadas por el concejal, el encuentro habría tenido lugar en una lujosa vivienda propiedad de un odontólogo, ubicada estratégicamente en la vía Las Palmas, entre los municipios de Medellín y Envigado. Lo más preocupante para la seguridad ciudadana es que la protección de Maduro Guerra habría estado a cargo de "La Terraza", una de las estructuras criminales más peligrosas de la ciudad. Esta organización es comandada por alias Douglas desde la cárcel de Itagüí, quien actualmente participa en la mesa de paz urbana del gobierno nacional.Vínculos entre el narcotráfico y VenezuelaEl propósito central de esta reunión, ocurrida presuntamente en 2020, habría sido la negociación de asuntos relacionados con el narcotráfico. Tobón enfatizó que, aunque la noticia resulte sorpresiva por sus detalles, encaja en un contexto mayor donde Venezuela actúa como "jefe y cliente" del crimen organizado en Colombia. El concejal explicó que, a principios de 2020, traslados de cabecillas de La Oficina a la cárcel de La Picota permitieron una coordinación criminal más fluida, facilitando vínculos entre estructuras que antes no colaboraban, como las disidencias de las Farc y bandas locales.Controversia por la falta de capturas en plena pandemiaUno de los puntos más debatidos es cómo un personaje tan reconocible pudo ingresar a Medellín durante el confinamiento absoluto de la pandemia de 2020 sin ser detectado. Al respecto, Tobón señaló que, dada la naturaleza del crimen organizado, es creíble que el ingreso se realizara de forma ilegal a través de fronteras porosas y bajo estrictos modelos de seguridad.Por su parte, aunque el entonces comandante de la policía, el general Camacho, admitió haber escuchado rumores sobre la reunión, afirmó en su momento que no se pudo corroborar la información, razón por la cual no se informó al alcalde de la época. No obstante, Tobón sugiere que es muy probable que la inteligencia colombiana haya colaborado con las autoridades norteamericanas para construir el material probatorio que hoy sustenta la acusación en Estados Unidos. Se espera que durante el proceso de juicio se revelen más nombres y detalles sobre este pacto que, según la justicia estadounidense, tendría vigencia hasta el año 2026.Escuche aquí la entrevista:
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta participación en política.La decisión Cabal la tomó tras una publicación en X de Benedetti, en la que decía que ningún candidato le ganaría a Petro si hubiera reelección.“El servidor público hace referencia directa a la figura del Presidente de la República, utilizando expresiones de respaldo político y asociando su nombre personal al del mandatario. La publicación fue realizada mientras el señor Armando Benedetti ostentaba plenamente su cargo como ministro del Interior, sin que exista constancia de que se tratara de una comunicación institucional, pedagógica o informativa propia de sus funciones legales”, señala Cabal en el documento enviado a la Procuraduría.Es por esto que Cabal pidió que se investigue la conducta del ministro; además, solicitó que, de comprobarse una falta disciplinaria, se impongan las sanciones correspondientes.El ministro Benedetti ya también se refirió al tema por medio de su cuenta de X, señalando que tiene derecho a opinar.“Tengo derecho a opinar sobre si me gusta o no la figura de la reelección. Además, Petro no es candidato; es como si alguien se quejara porque supuestamente yo salí a invitar a votar por ti cuando no eres candidata, después de haber sido derrotada por Paloma Valencia”, respondió el ministro del Interior.
La delegada departamental de la Registraduría Nacional, Yanira Córdoba Rivera, en diálogo con Blu Radio advirtió que durante las mesas de trabajo que se han adelantado con las demás autoridades, han identificado que tres municipios del Huila aparecen en el mapa con posible riesgo electoral principalmente por temas de orden público.Señaló la delegada para el Huila que los municipios con riesgos para el desarrollo de los comicios del próximo ocho de marzo, aparecen La Plata, Tesalia y Algeciras, donde la fuerza pública tendrá una atención y vigilancia especial para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto.“Bueno… existe un mapa de riesgo hay unas variables que ha detectado la Defensoría del Pueblo junto con la MOE y dentro de ese mapa de mayor riesgo están los municipios de La Plata, sobre todo en la zona rural, igual el municipio de Tesalia por el lado de Pacarní donde hay estadísticas que podrían afectar el proceso electoral y de igual manera se encuentra el municipio de Algeciras”, indicó la delegada para el Huila Yanira Córdoba.Agregó la funcionaria Córdoba Rivera que de manera permanente han venido realizando mesas de trabajo con la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la MOE, entre otras entidades competentes, para garantizar una jornada democrática en las mejores condiciones de seguridad para los votantes.“Hemos venido analizando con las autoridades cada uno de los puntos donde se van a instalar los puestos y las mesas de votación, 125 puestos van a estar a cargo del Ejército en la parte rural, a cargo de Policía Huila estarán 83 puestos y la Policía Metropolitana de Neiva vigilará 60 puestos de votación, eso quiere decir que todos los puestos tendrán cobertura de la fuerza pública”, anotó la delegada.De acuerdo con la Registraduría, en el Huila, habrá 268 puestos de votación de los cuales 121 son urbanos y 147 rurales, donde se instalarán 2.849 mesas en los cascos urbanos y centros poblados para las elecciones de Congreso del próximo ocho de marzo.Finalmente, la delegada de la Registraduría Yanira Córdoba explicó que el Huila tiene un censo de 937.740 huilenses habilitados para sufragar y fueron designados 19.300 jurados de votación que estarán cubriendo todos los puestos que se instalarán en todo el departamento para los comicios legislativos.
La Organización de las Naciones Unidas anunció el acompañamiento a Colombia en la implementación de soluciones para la población en situación de desplazamiento interno, tras la visita de una delegación de representantes del sistema internacional que sostuvo reuniones con autoridades y comunidades en varias ciudades del país.Según la información presentada durante la visita, en Colombia hay más de siete millones de personas en situación de desplazamiento interno y cerca de tres millones de refugiados y migrantes venezolanos. La delegación señaló que la respuesta requiere medidas que superen la atención de emergencia e incluyan acciones orientadas al acceso a vivienda, empleo y servicios básicos.Las soluciones planteadas buscan que las personas desplazadas puedan estabilizar sus condiciones de vida mediante el retorno a sus lugares de origen, la reubicación en otras zonas del país o la integración en los territorios donde residen. Estas acciones incluyen programas de vivienda, educación, atención en salud y acceso a medios de subsistencia.Durante la agenda de trabajo se revisó la aplicación de la Política Nacional de Soluciones Duraderas para Personas Desplazadas Internamente (CONPES 4180), que incorpora el desplazamiento como un asunto de desarrollo y de política pública. La delegación sostuvo encuentros con entidades del Gobierno, organismos de control y representantes de la sociedad civil.Las visitas incluyeron recorridos por Bogotá, Medellín y Quibdó, donde se presentaron programas relacionados con integración urbana, vivienda y regularización de asentamientos. En estos espacios se recopilaron testimonios de comunidades afectadas por el desplazamiento.La delegación indicó que las acciones también se articulan con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y con estrategias para atender desplazamientos asociados a fenómenos climáticos y desastres. La organización informó que continuará el trabajo conjunto con instituciones nacionales y autoridades territoriales para la ejecución de estas medidas.
La inusual ola invernal continúa generando afectaciones en todo el país, incluidas las vías. En este momento se registran 31 cierres en diferentes corredores del país, de los cuales 25 son parciales y 6 totales, según confirmó el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.Las principales afectaciones se concentran en los departamentos de Nariño, Córdoba y Magdalena, así como en la región del Urabá antioqueño. Los daños obedecen principalmente a pérdida de banca, fracturas estructurales y colapso de puentes.¿Cuáles son los cierres totales de vías por lluvias?NariñoEn el municipio de Tangua permanece el cierre total de la vía Rumichaca–Pasto, en el kilómetro 51+100, por pérdida total de banca. La ruta alterna habilitada es Pasto–Piales.Urabá (Antioquia)Se registran dos cierres totales:Vía Necoclí–Arboletes (Km 17+450), por afectación del Puente Mulatos. No hay vía alterna.Vía Arboletes–San Juan (Km 63+850), por afectación en la cabecera de puente. Tampoco cuenta con paso alterno.CórdobaLos Córdobas, vía Puerto Rey–Montería (Km 19+350), por fractura del Puente Jalisco. La vía alterna es Medellín–Caucasia–Planeta Rica–Montería.Lorica (sector Sabana Acosta), vía Tuchín–Momil (Km 23+100), por caída de puente sobre el arroyo Ejem. No hay vía alterna.MagdalenaVía Santa Marta–Palomino (Km 37+700), por colapso del Puente Mendihuaca. La ruta alterna es Zona Bananera–Fundación–Bosconia–Valledupar.Las afectaciones viales se dan en medio de un panorama más amplio de emergencia por lluvias. Al menos 13 personas murieron esta semana en distintas zonas del país como consecuencia de las intensas precipitaciones, de acuerdo con balances oficiales conocidos este domingo.El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que un frente frío que ingresó desde el norte del continente americano hacia el Caribe colombiano incrementó en enero las lluvias en más de un 64 % frente al promedio histórico nacional.La entidad señaló que este comportamiento se presenta “en el marco de una crisis climática”, lo que ha derivado en crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y afectaciones en infraestructura vial en diferentes regiones.La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía mantiene monitoreo permanente sobre los puntos críticos y recomienda a los conductores consultar el estado de las vías.
En la mañana de este viernes, 13 de febrero de 2026, los habitantes de diversas regiones del occidente y centro de Colombia fueron sorprendidos por un evento sísmico de magnitud considerable. Según el boletín actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:40 hora local, ubicando su epicentro a tan solo 17 kilómetros de la cabecera municipal de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.El reporte técnico indica que el sismo tuvo una magnitud de 4.7. Un dato crucial para entender el impacto de este fenómeno es su profundidad de 105 kilómetros. Generalmente, los sismos con una profundidad mayor a 70 km se clasifican como de profundidad intermedia, lo que permite que la energía se disipe de una manera que suele ampliar el área donde se percibe, aunque reduciendo la intensidad destructiva en el epicentro inmediato en comparación con los sismos superficiales.Regiones donde se percibió el movimientoPese a que el epicentro se situó en la geografía chocoana, la energía liberada se sintió con claridad en varios departamentos vecinos, especialmente debido a la consolidación de las ondas sísmicas a través de la cordillera. Las autoridades locales y reportes ciudadanos confirmaron que el sismo fue perceptible en:Chocó: Principalmente en la zona del epicentro y Quibdó.Eje Cafetero: Con reportes significativos en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío).Valle del Cauca: Se registraron reportes en Cali y municipios del norte del departamento.Antioquia: El movimiento se sintió en la ciudad de Medellín y el suroeste antioqueño.Otras zonas: También se recibieron reportes desde Ibagué (Tolima) y algunas localidades del Huila.Contexto geológico y antecedentesColombia es un país con una alta actividad sísmica debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de varias placas tectónicas, como la de Nazca, Sudamericana y la del Caribe. La región del Chocó, en particular, se encuentra en una zona de alta complejidad tectónica donde el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana genera eventos recurrentes.A diferencia de los sismos superficiales (menores a 30 km de profundidad), que suelen causar daños estructurales severos pero en áreas muy localizadas, los sismos de profundidad intermedia como el de hoy tienden a ser sentidos en un radio geográfico mucho más amplio, lo que explica por qué departamentos tan distantes como Huila y Antioquia reportaron el evento simultáneamente.
Mientras el país habla de mundiales y sueña con goles en otro continente, en el corregimiento El Obligado, zona rural de San Pelayo, se juega otro partido. Aquí no hay camisetas numeradas ni árbitros. Hay lluvia persistente, botas hundidas en el lodo y un río crecido que amenaza con meterse en las viviendas y arrasar con cultivos, enseres y años de trabajo.Once ingenieros militares, entre ellos una mujer que comanda el pelotón, trabajando hombro a hombro con más de 200 habitantes de San Pelayo y Cereté. La tarea: levantar un muro de contención superior a los dos metros de altura para intentar frenar el avance del agua y ganar tiempo frente a una emergencia que no da tregua.No es una metáfora exagerada llamarlos “selección”. Flórez, Lugo, Vargas, Ortiz, Palmera, Hernández, Martínez, Cogollo, Cardona, Jiménez y la subteniente Isabel Rodríguez coordinan movimientos como si se tratara de una estrategia ensayada. Mientras unos llenan bultos de arena sin pausa, otros los organizan de forma escalonada, construyendo una barrera flexible que resiste la presión del río. Cada saco pesa, cada viaje agota, pero el ritmo no se detiene.La técnica es simple y efectiva: arena compactada, apilada con precisión para reducir filtraciones y absorber el impacto de la corriente. No es concreto ni acero, pero es una solución inmediata que protege viviendas y evita que el cauce se desborde hacia el caserío. Es ingeniería de emergencia ejecutada bajo presión, en tiempo real y con el agua avanzando a pocos metros.El muro todavía no termina. Deberá extenderse por más de dos kilómetros. La amenaza sigue ahí, latente, y la emergencia no es un titular pasajero: es la angustia de familias que han visto el nivel del río acercarse a sus puertas.El alcalde de San Pelayo, William Cavadia Hernández, destacó el trabajo articulado con la comunidad y calificó al grupo como una “selección de rescatistas” preparada para este tipo de situaciones. En el terreno, el soldado profesional Jesús Flórez lo resume desde la experiencia: están apoyando con bultos de arena y madera para evitar que el río pierda su cauce, en un esfuerzo que, dice, asume con gratitud y vocación de servicio.A su lado, la subteniente Rodríguez insiste en el valor del trabajo en equipo. Observa a sus soldados empapados, exhaustos, pero firmes. Habla de disciplina, de unión con la comunidad y de la importancia de mantenerse coordinados para responder a la emergencia.La escena se repite en otros puntos del departamento y en municipios como Montería, mientras las lluvias mantienen en alerta a varias regiones del país. Pero en El Obligado, por ahora, eran once los que disputaban el partido más difícil: contener el agua, proteger los hogares y sostener la dignidad de comunidades golpeadas por la fuerza de la naturaleza. Un partido que no se juega con balón, sino con cada bulto de arena levantado bajo la lluvia.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.