Tropas de la Armada ubicaran un depósito clandestino con explosivos y material de guerra en zona rural del municipio de López de Micay. La operación se desarrolló en el sector Zaragoza, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, hallaron un arsenal que representaba un alto riesgo para comunidades y uniformados.En el lugar fueron encontrados seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, presuntamente de 81 milímetros, así como 11 granadas artesanales acondicionadas para ser lanzadas desde drones, una modalidad que ha encendido las alertas de seguridad en zonas de conflicto. También se incautaron cordón detonante, explosivos listos para fabricación de cargas, armas cortas, munición y material de intendencia.Durante la inspección, los uniformados hallaron además equipos tecnológicos y elementos logísticos que, según información preliminar, serían usados para fortalecer operaciones ilegales en el Pacífico caucano.Las autoridades atribuyen el material a la Estructura ‘Jaime Martínez’, organización criminal que mantiene presencia en corredores estratégicos de la región y que ha sido señalada de acciones armadas y presión sobre comunidades. El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los explosivos fueron destruidos de forma controlada por personal especializado en manejo de artefactos.Aunque no se reportaron capturas, el hallazgo vuelve a evidenciar la capacidad de estas estructuras para almacenar armamento en zonas selváticas de difícil acceso. Entretanto, las operaciones militares continúan en el litoral caucano, donde la Fuerza Pública busca contener la expansión de grupos armados y evitar nuevos ataques con explosivos en la región.
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a uno de los debates que se han presentado en los últimos meses en el país, apropósito de la época electoral: ¿modificaría la Constitución para ser reelegida en caso de ser presidenta de Colombia?En entrevista con Recap Blu aclaró que no impulsaría su propia reelección y que Colombia “ya cerró esa puerta con llave”. Sin embargo, manifestó que la figura de reelección no debe ser satanizada y que, en ciertos contextos, puede aportar estabilidad institucional."Creo que hay una satanización de la reelección más allá de lo debido. Yo no creo que la reelección en sí misma sea mala. Yo creo que usted encuentra muchos países donde la estabilidad de los gobiernos es muy útil. Por ejemplo, alcaldes que duran 14 años gobernando ciudades, ya saben, lo están haciendo bien, ¿qué necesidad tiene usted de ir a experimentar con otro? Usted experimenta cuando la cosa está mal. Pero yo creo que ya en Colombia Cerraron esa puerta y la cerraron con llave", afirmó la senadora.En ese sentido, Valencia sostuvo que la discusión sobre una eventual reelección presidencial debe darse en escenarios de calma y no en medio de la polarización que vive el país. A su juicio, abrir ese debate hoy “haría que a la gente se le pare el pelo de punta”. "Yo no voy a reelegirme, yo quiero hacer un buen Gobierno y dejar un buen sucesor. Yo tengo un gran equipo detrás, gran partido detrás, y creo que uno puede encontrar gente que lo suceda bien", agregó.¿Y una Constituyente?La senadora, quien lleva más de una década en el Congreso, también se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para Valencia, no existe ningún problema estructural del país que se resuelva con una nueva carta política. "A mí lo que me parece es que en un momento de polarización, de tantos problemas, de tantas crisis, abrir una discusión en torno a una nueva Constitución es una locura, porque es que las constituciones se hacen para sellar acuerdos. No para abrir heridas”, señaló.Sobre una eventual reelección en otros niveles, planteó que podría evaluarse la continuidad de alcaldes en grandes ciudades cuando los resultados sean positivos, aunque reiteró que el debate presidencial no es prioritario. “Colombia no necesita hoy reelecciones presidenciales”, subrayó.Finalmente, Valencia manifestó que el foco debe estar en recuperar la confianza, estimular la inversión y reducir la carga tributaria a las empresas para proteger el empleo de los colombianos.
De cara a las elecciones 2026, la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, en diálogo con Recap de Blu Radio aseguró que, de ser elegida presidenta, quiere sentar a todos los sectores para construir país sin importar los ideales, incluso, meses atrás en redes sociales aseguró que “estaba casada con un mamerto”.“Las personas consideran que las diferencias ideológicas lo hacen a uno incompatible personalmente y es una cosa ridícula. Vengo de una familia donde mi tía/abuela era no solo gobernadora, sino ministra del general Rojas Pinilla y mi abuelo era conservador y hacía oposición, el hermano de ellos era comunista. La otra era hermana era liberal y un domingo podrían conversar. Mi marido sigue siendo mamertico, ya no porque vota por mí”, dijo la precandidata entre risas.Paloma Valencia se confiesa: ¿su esposo votó por Petro?Entre risas, la precandidata dijo que no, su esposo no votó por Petro, pero tampoco lo hizo por Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, sino que en aquella ocasión le depositó su confianza en la primera vuelta a Sergio Fajarda y mencionó que, si actualmente no fuese candidata, seguramente lo volvería a hacer.“Si usted lo dejara, él habría votado mucho más… Votó en blanco, no quiso hacerlo por Rodolfo ni por Fico. Votó por Fajardo en ese momento (…) Es como de centro izquierda, algo por el estilo, pero creo que estar casada con alguien que piensa distinto a uno, pues le da a uno ocasión de pensar más ampliamente y de no estigmatizar. La política interesante es la que conversa”, dijo.¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?Tomás Rodríguez, esposo de la precandidata, ha construido su camino lejos de la política y se ha dedicado a la docencia, investigación y familia, conociéndola en la Universidad de los Andes.Hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente; su madre, Carme Barraquer, médica e investigadora, de una dinastía médica de origen catalán.Él se graduó de Economía en la universidad y hoy es docente de esta, forjando cada día un camino en la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.
Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de Kevin Acosta, el menor de 7 años que murió esperando un medicamento para la hemofilia.Petro señaló que el menor tuvo un accidente en bicicleta y que en un traslado que hizo la familia del menor pudo haber una “incompetencia” de la Nueva EPS.“No quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia; que efectivamente hubo un accidente en bicicleta y que hubo un periodo de tratamiento de hemofilia con un medicamento que se entregó en Pitalito, Huila, el Gobierno lo pagó. El niño tuvo que irse a Santander y en ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito”, dijo Petro.El presidente también aseguró que después del accidente en bicicleta el menor fue trasladado a Pitalito y su madre habría rechazado una intervención quirúrgica.“Lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila, lo remiten al hospital de Pitalito de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, agregó Petro.El presidente también dijo que había sectores que estaban acusando al Gobierno de asesinato en este caso y dijo que eso no era cierto. Además, dijo que el Gobierno no mintió al señalar que el menor había tenido un accidente.Kevin Acosta murió el viernes pasado en Bogotá, después de que su madre denunciara que el niño pasó semanas sin recibir el Emicizumab, necesario para tratar la hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre.Según la mujer, la entidad promotora de salud Nueva EPS, encargada de su atención, dejó de suministrarlo y el menor no recibió la atención oportuna tras el accidente, lo que atribuyó a fallas en el sistema de salud. El caso ha generado una fuerte polémica nacional y las autoridades continúan investigando para establecer responsabilidades.
Un violento robo quedó registrado por cámaras de seguridad en el sector de San Andresito de San José, en Bogotá, el pasado 15 de febrero. Las imágenes muestran cómo dos delincuentes armados y encapuchados ingresan a una joyería y, en cuestión de segundos, someten a los trabajadores para llevarse varias prendas de valor.En el video se observa a los hombres vestidos con ropa negra, capotas y tapabocas. Apenas entran al local desenfundan armas de fuego y comienzan a intimidar a quienes estaban atendiendo el establecimiento. El ambiente se vuelve tenso mientras los empleados permanecen inmóviles ante las amenazas.Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando uno de los ladrones se sube al mostrador y, sin bajar el arma, le arrebata las joyas a un trabajador. Su cómplice vigila el lugar apuntando a las víctimas, evitando cualquier intento de reacción.Tras concretar el asalto, ambos delincuentes salen del sitio y huyen con rumbo desconocido. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre este nuevo hecho de inseguridad en uno de los sectores comerciales más concurridos de la capital.
Autoridades del distrito están en la búsqueda del conductor de una volqueta de color morado con blanco que dejó botada una gran cantidad de escombros sobre vía pública del barrio Nueva Granada, en la localidad de Engativá, en Bogotá. En videos difundidos en redes sociales, grabados por transeúntes, se ve cómo el conductor abre la compuerta de carga de su volqueta y riega los residuos, que, como se ve en el video, no son pocos.El conductor de la volqueta, subido además en el andén, al notar que lo están grabando, sin pena alguna comienza la huida mientras la compuerta y el compartimiento de carga están reacomodándose. Según uno de los transeúntes que grabó el video, la placa del vehículo de carga pesada es SMB968 y es una volqueta de marca Kenworth.Entre tanto, cabe recordar que el distrito está en la búsqueda de las personas que sean identificadas arrojando basuras en lugares no autorizados, lo que puede generar un riesgo para la salud ambiental de la ciudad. Así mismo, como lo mencionó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a la ciudad llegarán 35 camiones compactadores nuevos para ampliar la cobertura de recolección.Así las cosas, al ser identificado este sujeto, conductor de la volqueta, tendrá que enfrentar una multa de 933.816 pesos, según lo estimado por la Secretaría de Seguridad y la UAESP. Entre tanto, si este camión fue contratado para transportar los escombros, los contratantes deberán pagar una multa tipo 3 de 379.600 pesos.
El Deportivo Independiente Medellín comenzará este martes, desde las 7:30 de la noche, su participación en la Copa Libertadores. Lo hará enfrentando, en condición de visitante, al Liverpool de Montevideo, por el juego de ida de la segundo fase previa de clasificación del certamen continental, en la que el equipo dirigido por Alejandro Rerstrepo iniciará su participación número 11.Historial del DIM vs. equipos de Uruguay en Copa LibertadoresEl de este martes será el séptimo partido del DIM ante un rival de Uruguay por Copa Libertadores. Hasta hoy, el historia registra un saldo completamente equilibrado, con dos victorias, dos empates y dos derrotas, lo que arroja un rendimiento del 44 % (8 de 18 puntos posibles) ante equipos de Uruguay por Copa Libertadores. En esos mismos juegos, además, el Medellín anotó 10 goles y recibió 7.Además, con el compromiso que se disputará en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera, de la capital uruguaya, Independiente Medellín sumará a su historial el cuarto rival de ese país por Libertadores. Previamente enfrentó a Peñarol, Defensor Sporting y el Club Nacional, estos dos últimos en fase de grupos de las ediciones de 2009 y 2023. Los número señalan igualmente que las dos victorias del equipo antioqueño en el historia fueron en condición de local, es decir, en el Atanasio Girardot, lo que agrega un nuevo reto al enfrentamiento de este martes.Convocatoria del DIM para debutar en Copa LibertadoresPara el partido, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo arribó a Uruguay con un total de 22 jugadores convocados: Salvador Ichazo, Éder Chaux, Kevin Mantilla, José Ortiz, Leyser Chaverra, Esneyder Mena, Frank Fabra, Francisco Chaverra, Didier Moreno, Léider Berrío, Halam Loboa, Marlon Balanta, Alexis Serna, Diego Moreno, Malcom Palacios, John Montaño, Gerónimo Mancilla, Luis Maturana, Hayen Palacios, Enzo Larrosa, Andrés Dávila y Francisco Fydriszewski.¿Cómo llega Liverpool al partido de Copa Libertadores vs. DIM?Cabe recordar que el Liverpool de Montevideo logró su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026 luego de finalizar en la tercera posición de la tabla anual del fútbol uruguayo y de conquistar el título del Apertura 2025. Sin embargo, para la Libertadores, el equipo charrúa presenta dos bajas destacadas: Nicolás Vallejo, que se marchó al Club León de México, y el delantero Abel Hernández, que puso rumbo al Club Atlético Peñarol.En el campeonato de Uruguay, mientras tanto, el club negriazul debutó con un triunfo 2-1 frente Albion y viene de perder 2-1 contra Defensor Sporting, resultados que lo ubican actualmente en la novena posición de un campeonato local compuesto por 16 equipos. Del otro lado, en la Liga Betplay, el DIM se ubica en la posición 16 con 6 puntos, producto de tres empates y una victoria en siete fechas disputadas.
Nueva polémica entre los gobiernos de Antioquia y la Nación por el Túnel del Toyo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que falta de voluntad del Gobierno nacional tiene retrasada la instalación de equipos electromecánicos en el tramo de la obra que está listo para operar.Pese a la decisión hace varios meses de las administraciones de Antioquia y Medellín de hacerse cargo del tramo correspondiente al Gobierno nacional en el Túnel del Toyo y que iba a quedar inconcluso por falta de recursos, sigue la confrontación alrededor de esta megaobra que busca facilitar la movilidad desde y hacia Urabá.Según el alcalde Fdeerico Gutiérrez, aunque ya las obras del tramo uno, entre Giraldo y Cañasgordas, están finalizadas, hay demoras generadas por el Gobierno nacional a través del Invías para la instalación de equipos electromecánicos necesarios para su funcionamiento.Los equipos ya están adquiridos y se encuentran en bodegas en Bogotá y Medellín, pero su no instalación podría retrasar la entrega de la obra pronosticada para finales de 2027.“¿Y qué hizo el Gobierno solo para joderle la vida a Antioquia y jodernos la vida a Andrés Julián y a mí? Claro, como ellos ya tenían comprometida las vigencias futuras para los equipos electromecánicos dentro del túnel, ¿qué dijeron? Que las pasaban para 2027”, reveló.Gutiérrez insistió que la situación nuevamente pone en jaque las intenciones de las administraciones regionales por culminar esta infraestructura de 37.7 kilómetros, incluso habiendo asumido el tramo dos, a cargo del Gobierno nacional, que quedó en un 54% de avance.“¿Qué hizo Petro? Otra vez poner el palo en la rueda, y algo que ya ellos tenían y ya estaban los recursos y los equipos están, qué es lo peor. Ahora sale este tipo y, simplemente, se le ocurre poner otra vez el palo en la rueda por su odio a Antioquia, por su odio a Medellín, por su odio al gobernador”.Sobre la actual polémica, otros funcionarios, como el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, también han cuestionado el proceder de la Nación frente a las gestiones restantes: “Muy triste que el Invías prefiera pagar un bodegaje costoso que se puede convertir en detrimento, que instalar más del 75% de los equipos en lo construido”, escribió en su cuenta de X.
Funcionario de la Alcaldía fue intimidado tras “halarle las orejas” a un ciudadano que arrojó un colchón en vía pública, en zona nororiental de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez rechazó lo sucedido y anunció sanciones por arrojar este elemento a la calleEn otro hecho que generó indignación, un ciudadano arrojó un colchón a la vía pública en el barrio Aranjuez, zona nororiental de Medellín, e intimidó a un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente que le hizo un llamado de atención por la disposición inadecuada de residuos.El hecho, que quedó registrado en video, fue dado a conocer por el alcalde Federico Gutiérrez, quien informó que el comportamiento no será tolerado y que ya se adelantan acciones para identificar al responsable. Según expresó el mandatario en su cuenta de X, el ciudadano no solo arrojó el objeto en el espacio público, sino que además amenazó a los funcionarios que realizaban labores de control.Gutiérrez aseguró que se aplicarán las sanciones correspondientes y reiteró la petición a la ciudadanía para denunciar este tipo de situaciones. También enfatizó que el cuidado del espacio público es una responsabilidad compartida y que la administración continuará con los operativos de vigilancia y control ambiental.Este caso se suma a otro hecho que generó rechazo en redes sociales, luego de que un hombre fuera grabado arrojando escombros a la quebrada La Rosa, en el barrio Santa Cruz.En el video se observa al individuo lanzar varios costales con tierra y otros materiales al afluente. Posteriormente, otras dos personas llegaron con una carretilla y arrojaron más material a un costado de la quebrada.Ambos casos quedaron registrados en video y están en conocimiento de la Policía Nacional, que adelanta las acciones para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes..
En medio de una operación militar que se adelantó a lo largo de la cuenca del río Caquetá, el Ejército fue blanco de otra asonada cuando se disponía a destruir siete dragas que las disidencias de las Farc usan para extraer oro ilegalmente.Según el reporte, ya habían capturado a cuatro presuntos integrantes del grupo ilegal cuando cerca de cien personas llegaron en canoas y lanchas, algunos de ellas encapuchadas, y comenzaron a rodearlos.Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil sin tener éxito, pues la gente terminó impidiendo la operación militar quedándose con toda la maquinaria y expulsando a los uniformados.“Esta maquinaria producía cerca de tres kilos de oro mensuales, generando millones de recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales”, aseguró el general Sergio Guzmán, comandante de la brigada 22 del Ejército.De manera paralela, en el departamento de Arauca, las autoridades evalúan los daños en la base militar San Jorge en Saravena, que fue nuevamente blanco de ataques esta vez por dos explosiones dentro del cantón, que al momento no deja reportes de heridos.
La crisis comercial entre Colombia y Ecuador entró en una fase decisiva. El Gobierno nacional activó su defensa jurídica tras la imposición de un arancel del 30% por parte de Quito a productos colombianos, una medida que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa denominó “tasa de seguridad”.Colombia respondió llevando el caso ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, al considerar que el gravamen desconoce el Acuerdo de Cartagena, que establece arancel cero entre los países miembros del bloque: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.La confirmación del arancel se hizo desde el Foro Económico Mundial en Davos, donde Noboa argumentó que Colombia no estaba cooperando suficientemente en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.La medida comenzó a regir el primero de febrero del 2025 y ha impactado sectores estratégicos como el agroindustrial, agropecuario, automotriz y la industria liviana y básica. Gremios exportadores advirtieron que el efecto no solo recae sobre los empresarios, sino también sobre los consumidores, que podrían enfrentar incrementos en los precios.Le puede interesar: AmCham pide mantener gestión para retirar aranceles impuestos por EE. UU. a ColombiaCabe recordar, que, tras lo ocurrido, hubo una reacción inmediata colombiana. El Gobierno impuso un arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos, calificando la decisión como proporcional, transitoria y revisable. Además, suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, elevando aún más la tensión bilateral.Pero ahí no finalizó la imposición de medidas. El gobierno de Noboa incrementó en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, una decisión interpretada como nueva represalia.Ahora, la definición está en manos de la Comunidad Andina, cuya decisión será clave para determinar si se vulneraron los acuerdos regionales de lo que comenzó como un desacuerdo político y se convirtió en un enfrentamiento jurídico y económico. Esta medida podría marcar el rumbo de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador en los próximos meses.
Los candidatos a la Cámara de Representantes Sol Suárez, Juan David Aristizábal y al senado Augusto Moreno coinciden en que Colombia necesita una agenda legislativa que ponga la tecnología, la innovación y el emprendimiento en el centro de la discusión económica y social, así lo expresaron en su paso por Blu 4.0.Tecnología e innovaciónJuan David Aristizábal organiza su propuesta en tres ejes atravesados por tecnología: empleo, educación y un Estado más eficiente. Insiste en usar IA y transformación digital para modernizar la administración pública, simplificar trámites y hacer un uso más inteligente de los recursos, de modo que el Estado deje de ser una barrera para la ciudadanía y los emprendedores.Sol Suárez plantea que el país está rezagado en conocimiento y regulación sobre temas como inteligencia artificial, plataformas digitales, criptoactivos y blockchain. Su llamado es a “actualizar” el Congreso para que las decisiones normativas no se tomen desde el desconocimiento, evitando leyes que frenen la innovación y la competitividad empresarial.Conectividad, cripto y crédito popularAugusto Moreno sostiene que la tecnología es un medio para cerrar brechas y no un lujo de las grandes ciudades. Subraya la urgencia de llevar conectividad real a las zonas rurales y apartadas, donde miles de hogares siguen sin acceso estable a internet y quedan fuera de la economía digital.En materia económica, Moreno propone impulsar la tokenización y el uso regulado de criptoactivos, acompañados de incentivos como tres años de cero renta para negocios de base tecnológica. También promueve una “ley crediticia popular” que use datos como el pago de servicios y el historial en billeteras digitales para ofrecer crédito formal a pequeños negocios y sacar a la gente del gota a gota.Economía digital y criptoSuárez advierte que Colombia es “cero competitiva fiscalmente” y que muchos emprendedores están asfixiados por la carga tributaria, al punto de que una empresa puede llegar a destinar cerca del 60% de sus ingresos a impuestos. Propone liberar caja para que ese dinero se pueda reinvertir en tecnología, talento digital y expansión de los negocios.Además, plantea la necesidad de una regulación seria del ecosistema cripto y fintech, que proteja a los usuarios frente a estafas y pirámides sin ahogar la innovación. Esto implicaría reglas claras para las plataformas, mayor supervisión a la publicidad de inversiones y un enfoque técnico en el diseño de la normativa.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
En operaciones desarrolladas contra las estructuras del narcotráfico que delinquen en el sur del país, durante el año 2025 el Ejército y la Policía incautaron, en los diferentes corredores viales del Huila, alrededor de 35 toneladas entre pasta base coca, cocaína y marihuana, en su mayoría provenientes del Cauca.De acuerdo con el balance de las autoridades, las incautaciones tuvieron un valor aproximado de 35 mil millones de pesos afectando enormemente las finanzas y las economías ilícitas de las bandas criminales y de los grupos armados ilegales incluyendo las disidencias de las Farc.El teniente coronel, Oscar Cárdenas Peña, subcomandante de Policía en Huila, en diálogo con Blu Radio, destacó las incautaciones en grandes cantidades que se lograron en operativos y puestos de control en los municipios de Pitalito, Timaná, Garzón, Paicol y La Plata.“Este año 2025, que acaba de terminar, tuvimos unas incautaciones muy importantes en el departamento, alrededor de 35 toneladas de estupefacientes fueron arrebatadas de los grupos al margen de la ley; puntualmente en clorhidrato de cocaína 1.5 toneladas y en marihuana más de 33 toneladas y son más de 38.000 millones de pesos que dejaron ingresar a las finanzas de estos grupos criminales” argumentó Cárdenas.El teniente coronel señaló que las rutas donde se incautaron grandes cantidades de marihuana fueron en la vía La Plata, Huila – Inzá, Cauca, en la vía La Plata – Paicol – Tesalia y entre Paletará, Cauca – Isnos sur del Huila, estupefacientes que pretendían ser llevados hacia el centro del país y otros cargamentos hacia el extranjero.Asimismo, en operativos desarrollados de manera articulada por tropas de la Novena Brigada del Ejército, en el año 2025 se inmovilizaron 116 vehículos que transportaban estupefacientes, se incautaron más de 7.000 kilos de insumos químicos para la producción de alcaloides y el decomiso de 1.600 millones de pesos en efectivo producto del narcotráfico en las carreteras del Huila.
Tras el cierre de las festividades de fin de año y los cuatro puentes festivos que marcaron la temporada de vacaciones, la Policía de Tránsito y Transporte entregó un balance sobre el estado de las vías en el país y las principales recomendaciones para los viajeros que se movilizan durante este fin de semana.En diálogo con Noticias de la Mañana, el coronel Germán Gómez, director encargado de la Policía de Tránsito y Transporte, aseguró que, a esta hora, la red vial nacional presenta condiciones estables, aunque se registran afectaciones menores por lluvias en al menos nueve departamentos.El oficial explicó que ninguna de estas situaciones representa cierres de gran magnitud, pero insistió en la importancia de que los conductores consulten el estado de las carreteras antes de iniciar su viaje, especialmente a través del numeral #767, habilitado para informar en tiempo real sobre novedades viales.¿Cómo está la vía al Llano?Sobre la vía al Llano, uno de los corredores con mayor flujo vehicular desde y hacia Bogotá, el coronel Gómez confirmó que se encuentra habilitada y operando con normalidad, aunque recomendó transitar con precaución, puesto que la región ha registrado fuertes lluvias en las últimas horas.Entre los corredores con mayor afluencia durante este puente festivo se destacan las vías Bogotá–Girardot, Bogotá–Tunja y los accesos por la calle 80 desde Villeta y Guaduas. En otras regiones, como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se espera un alto volumen de vehículos por el retorno tras las festividades locales.También se reporta movilidad significativa en Manizales y en el corredor de La Línea, que, según la Policía, permanece habilitado sin novedades.¿Cómo funcionará el pico y placa regional este puente festivo?La Policía recordó que el lunes festivo aplicará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá: entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán entrar vehículos con placa par, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., los de placa impar. Además, se mantiene la restricción para vehículos de carga superiores a 3,4 toneladas en los horarios establecidos.Finalmente, el coronel Gómez reiteró el llamado a realizar un chequeo mecánico previo del vehículo, portar la documentación en regla y mantener comportamientos responsables en la vía, como respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y no conducir bajo los efectos del alcohol.Cabe recordar que durante este puente festivo se espera alta congestión en las vías del país, por lo que el llamado a la prudencia y a la paciencia al volante es clave para los conductores que se movilizarán este fin de semana.“El respeto por las normas de tránsito son clave para garantizar un regreso seguro a casa”, concluyó el coronel.Escuche la entrevista completa aquí:
La difusión de un video atribuido a alias 'Iván Mordisco', en el que convoca a una cumbre entre distintos grupos armados ilegales tras la caída de Nicolás Maduro, ha reabierto el debate sobre los riesgos de seguridad en Colombia y su impacto regional, especialmente en Venezuela. Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la viabilidad de un encuentro de este tipo es limitada, pero el mensaje tiene un fuerte peso simbólico y político.Bonilla explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que “la probabilidad depende de cómo se muevan otros actores, como la fuerza pública, el gobierno colombiano y los organismos de inteligencia”, y advirtió que no se trata de un anuncio fácil de materializar. A su juicio, más que una cumbre concreta, lo que se observa es “un reavivamiento de una narrativa política en grupos armados que buscan legitimarse”, particularmente figuras como 'Iván Mordisco', en un contexto muy distinto al de las décadas pasadas.Narrativas políticas y control territorialSegún la analista, estos grupos ya no cuentan con la legitimidad social que alguna vez tuvieron. “Es muy difícil que hoy se interprete a 'Iván Mordisco' como una guerrilla tradicional”, afirmó, señalando que se trata de organizaciones profundamente vinculadas a economías ilegales. No obstante, subrayó que el verdadero poder de estas estructuras no radica únicamente en el narcotráfico, sino en el control territorial. “El gran negocio de los grupos armados es el control del territorio, porque desde ahí acceden a todo: rentas ilícitas, extorsión y dominio social”, sostuvo Bonilla.Este fenómeno, agregó, no es exclusivo de Colombia y se replica en otros países de la región, como México, Brasil y varias zonas de Centroamérica, lo que configura un desafío creciente para los Estados de derecho.Respuesta del Estado y desafíos estructuralesFrente a la postura del gobierno colombiano, que insiste en el debilitamiento de estos grupos y en llamados a la desmovilización, Bonilla expresó preocupación por una lectura estratégica incompleta. “Me preocupa que el Gobierno esté leyendo a los grupos armados solo como un asunto de narcotráfico, porque eso no explica lo que está pasando”, advirtió. Recordó que, incluso sin negociaciones, estas organizaciones crecieron de manera sostenida en años recientes.La experta insistió en la necesidad de fortalecer la justicia, las autoridades civiles y la prevención del reclutamiento forzado, pues las acciones militares aisladas resultan insuficientes ante estructuras que operan inmersas en la población civil.Impacto regional y escenario venezolanoSobre Venezuela, Bonilla anticipó que la crisis de orden público “va a ocurrir sí o sí”, debido a la combinación de corrupción, minería ilegal y presencia de mafias armadas. En ese sentido, alertó que “entre más dificultades tenga Venezuela, nuestra frontera también, y entre más dificultades tenga Colombia, Venezuela también”, lo que obliga a ambos países a actuar con una estrategia regional coordinada.Escuche la entrevista completa acá:
En el municipio de Purificación, Tolima, fue capturado Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias el ‘Ganadero’, un hombre que llevaba años moviéndose en las sombras del narcotráfico transnacional y que hoy es señalado como uno de los principales articuladores de rutas de droga en Suramérica.La captura, según las autoridades, se produjo tras un trabajo de inteligencia conjunta con autoridades de Paraguay, país que lo requería por tráfico de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos, y para el cual existía una Notificación Roja de Interpol.Las autoridades ubicaron a alias el ‘Ganadero’ en una zona rural, donde, según la investigación, vivía rodeado de lujos y vehículos de alta gama, mientras coordinaba la compra y venta de cocaína con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Su rol no era operativo en campo ya que se le atribuye el manejo de contactos, finanzas y enlaces entre organizaciones criminales de Colombia, Perú y Bolivia, claves para el movimiento de grandes cargamentos.De acuerdo con los investigadores, Ramírez Lozano habría asumido el liderazgo criminal tras la captura, en 2018, de Reinaldo Javier Cabañas, alias el ‘Cucho’, detenido en Alto Paraná, Paraguay, luego de la caída de una poderosa red de narcotráfico en la frontera con Brasil.Con esta captura, destacan las autoridades, se corta una pieza central del engranaje financiero que sostenía las rutas internacionales de la droga y se deja al descubierto cómo estos capos, lejos de los corredores del crimen, se esconden en municipios del interior del país mientras coordinan negocios ilegales a escala continental.
Camuflado en un costal era transportado un cilindro cargado con explosivos por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas por el kilómetro 6 de la vía que comunica al municipio de La Plata con el departamento del Cauca.La operación militar, adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada, en conjunto con el Grupo de Caballería Liviano N.° 11, permitió evitar que se repitieran las dolorosas imágenes vividas en esta población el 17 de abril de 2025, cuando una motocicleta cargada con explosivos detonó, dejando dos personas muertas y 30 más heridas.La neutralización de la acción terrorista se dio gracias a la información oportuna de la Red de Participación Ciudadana. De manera inmediata, las unidades desplegaron un reconocimiento de ruta en el sector.Fue así como, al notar la presencia de los soldados, los individuos emprendieron la huida y abandonaron en el lugar un cilindro bomba.“En el kilómetro 6 vía Inzá, la Red de Participación Ciudadana nos informa de uno hombres circulando por la vía con unos bultos, que posiblemente contenían un material extraño. Al nosotros localizarlos, estos sujetos abandonan el sitio y abandonan sobre el lugar un costal", confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante Novena Brigada.Siguiendo los protocolos de seguridad, se realizó el acordonamiento del área y se activó el equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) Delta, de la Novena Brigada. El trabajo técnico, con el apoyo del canino SOK, permitió confirmar la presencia de material explosivo y garantizar una intervención segura.Posteriormente, el artefacto fue destruido de manera controlada, sin afectar a la población civil ni la infraestructura vial.“Se realizo un procedimiento con nuestro grupo EXDE y se logra determinar que hay un artefacto explosivo tipo cilindro. El EXDE Delta logran neutralizar el artefacto explosivo, lo destruye y de esta manera protegemos a la población civil de una posible acción terrorista de estos actores criminales”. Puntualizo el comandante de la Novena Brigada del Ejército.Como medida preventiva, el tránsito vehicular estuvo suspendido mientras se desarrollaban las labores y fue restablecido una vez culminó la operación.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de Colombia, integrada por las altas cortes y la Fiscalía, llamó a respetar las decisiones judiciales y señaló que cualquier inconformidad debe tramitarse por vías institucionales previstas en la Constitución y la ley, en medio de cuestionamientos desde el Gobierno al reciente fallo sobre el salario mínimo.En un comunicado publicado este martes, esta Comisión recordó que las decisiones judiciales "son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho".El pronunciamiento se produce después de que el lunes, el ministro colombiano de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmara que el Gobierno mantendrá el incremento del 23,7 % del salario mínimo en el decreto transitorio que debe presentar tras la decisión del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, de suspender el acto administrativo que aumentó esa retribución.El texto de esta comisión, formada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el representante de los servidores judiciales y la Fiscalía, no menciona ningún caso específico.Sin embargo, el llamado se da a conocer pocos días después de la suspensión provisional del decreto que aumentó un 23,7 % el salario mínimo para 2026, con lo cual lo fijó en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, y de la orden de expedir una norma transitoria mientras se adopta una decisión de fondo sobre el incremento decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.La Comisión Interinstitucional apuntó que las discrepancias que pueda haber originado el fallo deben tramitarse a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, "dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución".En este sentido, la institución reiteró su compromiso "con el cumplimiento de la Constitución y la ley, la transparencia en sus decisiones y la protección de los derechos de todas las personas".Petro dijo el domingo durante una alocución que presentará análisis técnicos adicionales para cumplir con los requisitos del Consejo de Estado y reiteró que el salario mínimo es una remuneración "móvil", por lo que podría variar según las condiciones económicas.Además, convocó a los colombianos a reunirse este jueves en las plazas públicas del país para defender el aumento salarial, al considerar que se trata de una "conquista histórica" de los trabajadores.
La ofensiva contra la banda ‘Satanás’ en lo corrido de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha dejado por ahora 43 integrantes de esta organización criminal tras las rejas, debilitando su presencia en varias localidades de la capital del país.Las autoridades han atacado desde los jefes de mando hasta los sicarios, pasando por quienes movían las finanzas y la logística. La organización, señalada de extorsiones, homicidios, tráfico de drogas y uso de explosivos, perdió figuras clave desde 2024, cuando fue capturado alias ‘Maracucho’ o ‘Pedrito’, considerado el segundo al mando. A esa caída se sumaron ‘Gocho’, jefe de sicarios, y ‘Vitico’ o ‘Moco’, uno de los ejecutores más temidos.En 2025 los operativos apuntaron al dinero. Cayeron alias ‘Hendry’, dedicado a la extorsión, su pareja, quien manejaba las finanzas, y ‘La Pure’, vinculada a secuestros extorsivos. Cada detención fue un golpe directo a las rentas ilegales que sostenían a la banda.Este año también se registró la captura de siete miembros más, entre ellos alias ‘Bill’, señalado de coordinar amenazas, ataques armados y cobros extorsivos contra comerciantes, especialmente en Bosa y Kennedy. A esta célula se le atribuyen hechos violentos con muertos y heridos, además de un fuerte impacto en el comercio local.En los allanamientos se incautaron armas, granadas, explosivos, drogas, celulares, panfletos y motocicletas usadas en atentados. Según cálculos oficiales, estos golpes habrían afectado ingresos criminales cercanos a 200 millones de pesos mensuales.Desde la Secretaría de Seguridad insisten en que la presión seguirá. “Estos criminales no son poderosos. Solos, intimidando a la gente, son muy valientes, pero aquí, respondiéndole a la justicia, son unos cobardes; nunca dan la cara”, afirmó el secretario César Restrepo.
El reconocido y polémico estratega político JJ Rendón ha vuelto a poner el dedo en la llaga sobre la realidad electoral en Colombia. En diálogo con Mañanas Blu, el consultor venezolano analizó el panorama hacia las elecciones presidenciales de 2026, enviando un mensaje de cautela a quienes hoy celebran los resultados de los sondeos de opinión, asegurando que el liderazgo actual en las encuestas no garantiza el triunfo final.El espejismo de los punteros y el precedente históricoRendón fue enfático al señalar que Colombia posee una dinámica electoral particular donde los candidatos que dominan la escena en las etapas tempranas suelen desinflarse antes de la votación definitiva. Recordó casos emblemáticos como el de Antanas Mockus en febrero de 2010, quien "estaba arrasando" y ya se repartían ministerios antes de que la tendencia se revirtiera completamente.Según el estratega, esta situación se repitió en los procesos de 2014 y en la elección más reciente de Gustavo Petro. Rendón advierte que aparecer ganando entre octubre y marzo no es garantía de nada, citando también el histórico enfrentamiento entre Serpa y Uribe como prueba de que las encuestas de opinión pública no siempre reflejan la voluntad del "votante duro".La brecha entre la opinión pública y el voto realUno de los puntos más técnicos de su advertencia radica en la metodología de las mediciones actuales. Para Rendón, la mayoría de las encuestas públicas miden la opinión de la ciudadanía en general y no necesariamente la intención de quienes efectivamente acudirán a las urnas."Podrías tener un candidato que está muy arriba cuando en realidad, cuando le preguntas a los votantes duros, tiene 10 puntos menos", explicó el estratega. Este fenómeno se ve agravado por una tasa de abstención que oscila entre el 25% y el 30%, lo que significa que la opinión de personas que no van a votar termina distorsionando la percepción de apoyo real de los candidatos. Además, destacó que el voto de opinión en Colombia es significativamente más alto que el voto partidizado, lo que genera un gran volumen de indecisos que pueden cambiar el rumbo de la elección en cuestión de días.El factor de la "maquinaria" estatalMás allá de la opinión ciudadana, Rendón advirtió sobre la existencia de estructuras de poder que juegan un papel crucial en el resultado final. Mencionó que, a diferencia de lo que muchos prefieren ignorar, la "maquinaria" política existe y el gobierno de Gustavo Petro cuenta con una muy robusta que incluye alcaldías, gobernaciones y representación en el Congreso. Según el consultor, estos apoyos territoriales son factores que "a la hora del té" funcionan y ayudan a inclinar la balanza, un elemento que las encuestas actuales no logran capturar en su totalidad.
En medio de una operación militar en zona rural de San Andrés de Cuerquia, un nombre volvió a encender las alertas de inteligencia. Se trata de alias ‘Lobo’, cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc y considerado hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’. Este criminal logró escapar pese a que el operativo estaba dirigido específicamente contra él.Según información de inteligencia, ‘Lobo’, identificado como Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, de 30 años, acumula más de cinco años al servicio criminal. Su historial muestra un ascenso acelerado dentro de las filas de las disidencias cuando pasó de guerrillero raso a explosivista y luego a cabecilla de comisión, consolidándose como pieza clave en el andamiaje armado del grupo.Las autoridades sostienen que se fugó en medio del cerco militar junto a otros seis integrantes. El cabecilla se encontraba en una vivienda usada como punto de operaciones, pero aprovechó la cercanía de otras casas para escabullirse entre construcciones rurales. En su huida dejó atrás fusiles, explosivos y abundante material de guerra, lo que evidencia la presión del operativo. Reportes preliminares indican que habría resultado herido durante los enfrentamientos.El prontuario atribuido a alias ‘Lobo’ se remonta a años de violencia en el Norte antioqueño. Inteligencia lo vincula con la instalación de artefactos explosivos en veredas de Anorí, ataques contra tropas en campos minados y la incineración de maquinaria pesada en zonas rurales.También es señalado por hechos como la desaparición y asesinato de un líder social en Campamento, homicidios selectivos en áreas como Amalfi y el control armado mediante retenes ilegales entre municipios como Briceño, Guadalupe y Campamento. En años recientes, su accionar se habría centrado en extorsiones, inteligencia delictiva y amenazas a funcionarios públicos.Su trayectoria criminal muestra una evolución dentro de la estructura: en 2020 figuraba como combatiente del ELN, luego pasó a explosivista del frente 36 y terminó como cabecilla de comisión del grupo armado residual, liderando operaciones armadas y logísticas en corredores estratégicos.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Lobo’ era el encargado de reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su dominio en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando territorios que habían quedado debilitados tras operaciones militares en 2025.Su zona base estaría ubicada en un sector conocido como El Hoyo, en zona rural de Anorí, desde donde coordinaba movimientos armados y redes de apoyo. Sobre él pesa una orden de captura vigente por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de material de guerra.Aunque el golpe militar dejó capturas y la incautación de armamento, la fuga de alias ‘Lobo’ mantiene activa la operación en el Norte de Antioquia. Las tropas continúan desplegadas en corredores rurales, intentando cerrar el cerco sobre el hombre que hoy es considerado uno de los cabecillas más peligrosos de la Estructura 36 y pieza clave en el engranaje criminal de alias ‘Primo Gay’.
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: