Un avión de American Airlines que cubría la ruta entre Medellín y Miami aterrizó con perforaciones de bala en una de sus alas, detectadas durante una inspección rutinaria posterior en Estados Unidos, un hecho sobre el cual la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia aseguró que no ha recibido una notificación formal.La autoridad explicó en un comunicado que, según los reportes conocidos, "tras el aterrizaje de la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado lunes, una inspección rutinaria detectó perforaciones en el plano derecho de la misma".Sin embargo, precisó que hasta el momento "no ha recibido notificación formal sobre este evento por parte del operador aéreo, ni de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ni de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos", entidades competentes en ese país.Según los datos del sitio web de seguimiento Flightradar24, la aeronave, un Boeing 737 MAX 8, voló de Miami a Medellín el domingo y regresó a la ciudad estadounidense el lunes por la mañana.Ese trayecto se realizó sobre el mar Caribe, una zona donde actualmente se desarrolla la Operación Lanza del Sur, un operativo estadounidense contra el narcotráfico.La aerolínea señaló a la cadena CBS News que "encontraron una perforación en el exterior de una de sus aeronaves durante una inspección de rutina", por lo que "fue retirada de servicio inmediatamente para su posterior inspección y reparación", y que "colaborarán con las autoridades" para esclarecer lo ocurrido. EFE
La defensora del Pueblo, Iris Marín, participó en el panel ‘¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano’, un espacio que hizo parte del foro ‘Para la polarización, la conversación’.Este encuentro busca hablar sobre la necesidad de crear espacios para conversar sobre temas que a veces dividen, pero que también son necesarios para buscar soluciones.En este contexto, Marín aseguró que el país no está tan polarizado o dividido como a veces parece.“Bueno, me parece que el ejercicio es realmente muy ilustrativo, además de muy bonito, muy inspirador, es muy ilustrativo de que en Colombia no estamos tan divididos como creemos, tenemos muchas cosas en común y nuestra diferencia, que va a permanecer siempre, afortunadamente, es nuestra riqueza y no es una amenaza”, dijo Marín.En este foro también estuvo el embajador del Reino Unido en Colombia, quien asegura que nuestro país es mucho mejor ahora que hace algunos años.“Básicamente estamos operando desde 2016 en un contexto mucho más normal. La polarización en Colombia ahora parece más a la polarización en Chile, por ejemplo, que no era el caso hace 10 años y absolutamente hace 20 años. Entonces algo ha cambiado y es un segundo punto positivo, y eso no es negar que hay polarización y eso no es negar que hay problemas, por supuesto, en este país, pero creo que el punto de salida en términos de orgullo nacional es positivo y este país es un país distinto al país de hace 10 o 20 años”, señaló George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia.
Durante el foro ‘Para la Polarización, la conversación’, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado, se refirió a la situación que vive el país y reconoció que en distintos sectores existen angustias e incertidumbres que requieren un proceso común de sanación.“Tenemos angustias, incertidumbres, tenemos narrativas que se han construido a veces distorsionando también la realidad, pero narrativas que nos llevan a identificar esas cosas profundas, que son necesidades de sanación. Yo creo que somos un pueblo que requerimos seguir sanando”, señaló Henao.Desde la Iglesia Católica también indicaron que es necesario mantener la esperanza, pese a las incertidumbres que puedan existir en el contexto nacional.“Requerimos avanzar en nuestra capacidad de superar esas narrativas y somos un pueblo que definitivamente tenemos dentro de toda esa historia profunda que hay, a veces no narrada, de cómo se conformaron las ciudades, cómo se conformaron las regiones, cómo se conformaron distintos ámbitos. Tenemos también experiencias muy grandes de capacidad de mantener la esperanza y de mantener viva la visión hacia adelante”, agregó el monseñor.
Este miércoles se desarrolló el foro ‘Para la polarización, la conversación’, una iniciativa en la que líderes de distintos sectores reflexionaron sobre la necesidad de dialogar entre diferentes, incluso frente a temas que, en ocasiones, dividen al país.La rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, aseguró que Colombia tiene un futuro esperanzador, pero advirtió que es necesario aprender a hablar y escucharse en medio de las diferencias.“La gente cree que la democracia está muy frágil, pero sigue creyendo que esa es la forma de construir país. Lo que nos une es lo más profundamente humano: el perdón, la reconciliación, el amor”, señaló la rectora.Bernal hizo énfasis en el papel fundamental de la educación como herramienta para fortalecer el diálogo y la construcción colectiva en el país.“Por eso las universidades somos tan importantes, somos los que formamos esos ciudadanos que pueden hablar, que son compasivos, que son empáticos, que pueden tejer esas conversaciones de una manera en que el otro no es un antagonista, sino es una persona diferente, a la que yo puedo al menos escuchar activamente”, agregó.
Tras el exitoso lanzamiento de la campaña institucional #MejorConversemos que invita a los colombianos a "bajar el tono" y encontrar puntos en común en medio de las diferencias, Caracol Televisión, la Fundación Conversa Colombia, con el apoyo de PNUD y BDO Colombia, anuncian la realización del foro “Para la polarización, la conversación”.Este encuentro, que tendrá lugar el próximo 25 de febrero de 2026, surge como una respuesta a la necesidad de dialogar sobre los temas que nos dividen. El foro busca demostrar que, al conversar, descubrimos que tenemos más cosas en común de lo que pensamos para construir un mejor país.El evento será transmitido a través de las plataformas digitales de Noticias Caracol y en DITU.Una agenda para el diálogo constructivoEl evento abrirá con una conversación con cuatro de los colombianos que hicieron parte de la campaña #MejorConversemos para brindar su perspectiva sobre lo que nos polariza, para posteriormente abrir la agenda académica con empresarios, representantes de organismos multilaterales, líderes de opinión, entre otros.Conozca la agenda a continuación:“Mejor Conversemos”Moderador: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol09:05 a.m. – 9:55 a.m. PANEL 1: “¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano”•Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones Iglesia-Estado•William Ospina, escritor y periodista•Raquel Bernal, rectora Universidad de los Andes•Iris Marín, defensora del puebloModerador: Henry Murrain, director ejecutivo de CulturalMente y profesor de la Universidad Nacional de Colombia9:55 a.m. – 10:50 a.m. PANEL 2: “Colombia en el espejo del mundo; tensiones globales, respuestas locales”•George Hodgson, embajador de Gran Bretaña en Colombia•Claudio Tomasi, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD•Martina Klumpp, embajadora de Alemania•Alejandro Ramelli, magistrado presidente de la JEPModera: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol10:50 a.m. – 11:40 a.m. PANEL 3: “Sector privado, legitimidad y motor de la economía”•Bruce Mac Master, presidente de la ANDI•Diego Fernando Quijano, CEO BDO Interaméricas•María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo AvalModerador: Juan Roberto Vargas, director Noticias Caracol11:40 a.m. - 12:30 p.m. PANEL 4: “Redes, periodismo e información: ¿Cómo manejar la polarización?”•Juan Carlos Rincón, editor de opinión de El Espectador•Damián Cardona, director de comunicación y experto en integridad informativa de Naciones Unidas ONU•Mauricio Jaramillo, director general de Impacto TIC•Catalina Botero, directora Cátedra Unesco Libertad de Expresión de la Universidad de Los AndesModerador: Hernando Paniagua, vicepresidente digital en Caracol TV
El Paisita Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con una amplia base de jugadores que revisan diariamente los resultados.Número ganador de Paisita Día hoy, martes 24 de febrero de 2026El número ganador del chance Paisita Día de este martes 24 de febrero de 2026 es el 2275 - 1. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 2275Dos últimas cifras: 75Tres últimas cifras: 275La quinta: 1Últimos sorteos de Paisita DíaSorteoFechaResultadoPaisita Día23 febrero 20263562 - 4Paisita Día22 febrero 20264479 - 9Paisita Día20 febrero 20268267 - 5Paisita Día19 febrero 20267632 - 5Paisita Día18 febrero 20266536 - 2Paisita Día17 febrero 20266346 - 7Paisita Día16 febrero 20267119 - 8Paisita Día14 febrero 20262071 - 2Paisita Día13 febrero 20266900 - 5Paisita Día12 febrero 20262488 - 8Horario del sorteo Paisita DíaUno de los factores que más valoran los apostadores es la puntualidad en la publicación de resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite verificar las apuestas el mismo día.Los horarios oficiales del sorteo son:Lunes a sábado: 1:00 p. m.Domingos y festivos: 2:00 p. m.Una vez se anuncian los números ganadores, los participantes pueden consultar los resultados en puntos físicos autorizados o a través de los canales oficiales habilitados para tal fin.Modalidades de juego disponiblesEl Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes presupuestos y estrategias. Cada opción tiene probabilidades de acierto y montos de premio que varían según el nivel de precisión requerido.Las modalidades disponibles son:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad permite que cada jugador elija la alternativa que mejor se ajuste a sus expectativas y posibilidades económicas.Cómo reclamar un premio del Paisita DíaQuienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación del premio. Es fundamental cumplir con los requisitos establecidos y presentar la documentación solicitada.Los documentos básicos son:Tiquete original, sin daños ni alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: únicamente documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT debidamente diligenciado.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Con horarios definidos, múltiples modalidades de apuesta y un proceso de pago regulado, el Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más confiables y consultados en Colombia.
Autoridades de los departamentos de Cauca y Valle advierten que existe una amenaza de las disidencias de las Farc contra el proceso electoral del próximo 8 de marzo en varios municipios. Un riesgo por el que pedirán que se evalúe el traslado de puestos de votación de la zona rural de municipios como Buenaventura y Jamundí.Esta advertencia se hace teniendo en cuenta los ataques terroristas que las autoridades han podido frustrar en el área metropolitana de Cali, y en segundo lugar, los hostigamientos con drones contra la Fuerza Pública ocurridos en zona rural de Jamundí, Dagua y Buenaventura días atrás.La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que son más de 60 puestos de votación los que se ha solicitado su trasladado, por el riesgo de la presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc, específicamente el frente 'Jaime Martínez'."En el Valle tenemos 62 puestos que están solicitando que se puedan trasladar, sin embargo se ha estado evaluando con la comunidad, sobre todo Jamundí y Buenaventura para saber cuáles son de fuerza mayor para trasladar. Eso lo decide el Comité de Seguimiento Electoral Nacional, pero se hizo la solicitud, para que sea muy tranquilo el día de las elecciones, sean muy transparentes y libres, sobre todo libres", indicó la mandataria.La gobernadora del Valle señaló que el departamento ha estado protegido en las últimas opotunidades por la rápida reacción de la Fuerza Pública, sin embargo, la amenaza aún no se ha ido y no hay que desconocer el riesgo que se corre."Hay amenazas sobre Cali, eso lo hemos evidenciado porque ya se han detenido algunos carros que querían venir a hacer actos terroristas. Es muy importante que la gente lo sepa, se ha venido trabajando para evitarlos, pero no es que no haya habido intentos, sin embargo, la Fuerza Pública y toda esa articulación interinstitucional que tenemos ha logrado evitar esos actos terroristas", finalizó.Cabe recordar que el fin de semana, el comandante de las FF. MM. el general Hugo Alejandro López, lideró en Cali una reunión de seguridad donde se confirmó que más de 8.000 militares, miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, acompañarán a la Policía en el Valle del Cauca para garantizar la seguridad durante estas elecciones.A finales de esta semana se tiene programado un consejo de seguridad bidepartamental, entre Cauca y Valle, para que en conjunto puedan definir más acciones de protección a los votantes. Y conocer la solicitud de la Registraduría.
El precandidato presidencial Iván Cepeda respondió a la polémica generada por la presencia de personas con camisetas alusivas a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) durante un acto de su campaña en Tumaco, Nariño, y aseguró que solicitó su captura inmediata.“En cuanto tuve información, recurrí al capitán delegado para nuestra seguridad y le pedí inmediatamente que estos tres individuos (a quienes entregamos las imágenes) fueran capturados. Hasta ahora no hemos tenido respuesta frente a esa solicitud, pero evidentemente este es un hecho que debe ser investigado y esclarecido plenamente”, señaló.El candidato agregó que también enfrenta riesgos en materia de seguridad.En medio de la controversia, Cepeda también denunció lo que calificó como una campaña de desinformación en su contra, relacionada con su mención en los archivos del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes.El precandidato anunció que sus abogados presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre lo que consideran actos de persecución política en el desarrollo de su campaña.Según Cepeda, algunos candidatos y miembros de la oposición habrían viajado a Estados Unidos con el objetivo de buscar su judicialización e incluso su extradición, señalándolo de presuntos vínculos con narcotraficantes y grupos guerrilleros.“Se ha encontrado que en esos computadores no hubo cadena de custodia y, por ende, han sido manipulados. Ya hay un pronunciamiento de la justicia y la pregunta es por qué se intenta revivir este tema. La respuesta es que estamos en un momento electoral”, afirmó.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, prendió las alertas por la situación financiera de la red pública hospitalaria del departamento: las deudas acumuladas de las EPS con las E.S.E. ascienden a $304.264 millones, según el último reporte disponible, con corte a septiembre de 2025.Del total, $154.870 millones corresponden a cartera con más de 360 días de mora, es decir, obligaciones vencidas por más de un año. Los $149.394 millones restantes están por debajo de ese rango de tiempo.En su pronunciamiento, la mandataria advirtió que la falta de pago está golpeando la operación diaria de los hospitales y que, pese a los esfuerzos administrativos, la prestación de los servicios se está viendo comprometida por el desbalance de caja.“Estamos hablando de más de $304 mil millones que hoy las EPS retienen, lo que está llevando a que el sistema de salud pueda colapsar. Se hace necesario el flujo de caja y que se respete lo conciliado”, señaló Guerra. Añadió que esos recursos deberían respaldar la compra de medicamentos e insumos, el pago oportuno al talento humano en salud y el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.La situación, dijo, ya fue expuesta al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a quien le pidió medidas urgentes de inspección, vigilancia y control frente a las EPS morosas y mecanismos efectivos que garanticen el flujo de recursos hacia la red pública.Las EPS con mayor cartera reportadaDe acuerdo con el listado entregado por la Gobernación, las entidades con mayor deuda acumulada son:Coosalud EPS S.A.: $125.913 millonesNueva EPS S.A.: $60.523 millonesComparta (Cooperativa de Salud Comunitaria): $21.575 millonesAsociación Mutual SER: $19.817 millonesSalud Vida EPS S.A.: $18.241 millonesLa Gobernación del Magdalena advirtió que mantendrá acciones administrativas y legales para proteger la estabilidad financiera de los hospitales y la atención a los usuarios. En el mismo comunicado insistió en que los recursos del sistema deben llegar “a donde pertenecen: a la comunidad magdalenense”.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Según datos oficiales, el Gobierno ha entregado 316.076 indemnizaciones a víctimas con pertenencia étnica, cifra que representa el 64 % del total histórico de ese tipo de compensaciones en el país, consolidando a la actual administración como la que más ha avanzado en este rubro desde la promulgación de la legislación. La entidad ha resaltado que esta cifra no solo es numérica sino simbólica, pues además de cumplir con sentencias judiciales y otorgar medidas de reparación, contribuye a terminar la larga espera de miles de personas por justicia y reparación integral.Los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV) muestran que más del 19 % de las personas identificadas como víctimas del conflicto armado en Colombia pertenecen a pueblos y comunidades étnicas, incluidos afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros y población Rrom o gitana, quienes han sufrido hechos victimizantes como desplazamiento forzado, amenazas, confinamiento y pérdida de bienes. El reporte coincide con los esfuerzos por parte de la entidad de agilizar y ampliar la cobertura de indemnizaciones, ya que en periodos recientes se han destinado recursos significativos para la atención de víctimas de diferentes grupos poblacionales, con ajustes que buscan acelerar la entrega de medidas y mejorar la gestión de casos. A pesar de los desafíos que persisten en términos de desplazamiento forzado, violencia y desigualdad social.Por otra parte, la Unidad para las Víctimas, también ha promovido iniciativas para dignificar y visibilizar a estas poblaciones. En el departamento de Santander se realizó recientemente la Conmemoración de la Afrosantandereanidad, un encuentro cultural que busca reconocer la existencia y el sufrimiento de víctimas étnicas en la región, así como reforzar el compromiso institucional con sus derechos y reparación. "Todas estas acciones más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan terminar la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia.", afirmó la entidad durante la entrega de estas cifras en Colombia.
Tras gestiones de la Cancillería colombiana con el gobierno de Estados Unidos, regresará al país Rafael Vergara, el joven de 22 años e hijo de la congresista Ángela Vergara, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hace 20 días.Según su madre, el joven estaba a la espera de que se definiera su situación legal, contaba con permiso de trabajo y número de seguro social, y no tenía asuntos pendientes con la justicia en ese país.“La situación cada día va un poco peor, deteriorando su salud física, mental, pero sobre todo las condiciones en las que ellos se encuentran allá. Hace unos dos días hablamos y en la celda donde él se encuentra habían 70 personas. Hoy ya superaron las 80 personas en un estado de hacinamiento que obviamente no se les pueden garantizar unas buenas condiciones”, contó la congresista.En las próximas horas, la canciller Rosa Villavicencio se reunirá con la congresista en Cartagena. El tiquete aéreo para el regreso del joven ya fue adquirido: viajará mañana desde Louisiana hacia Dallas, Texas, y posteriormente a Bogotá, con llegada prevista a las 11:00 de la noche.Cabe mencionar que la representante a la Cámara por el Partido Conservador Colombiano denunció la detención de su hijo a través de su cuenta de X.“Él, como la gran mayoría, jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito y se encontraba en el país de manera legal, con fecha asignada para su audiencia dentro de su proceso de asilo. Vivía en el exilio”, explicó.En ese momento, Vergara solicitó apoyo del Gobierno nacional y de la Cancillería para su retorno. “Le pido de manera urgente al Gobierno colombiano y a la Cancillería su intervención para garantizar el regreso, la protección y el acompañamiento que nuestros connacionales merecen”, concluyó.
A 12 días de las elecciones para Congreso y de las consultas presidenciales, las autoridades se siguen preparando para garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral en la que los colombianos elegirán senadores, representantes a la Cámara y a tres candidatos presidenciales.En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el hecho de que la empresa Thomas Greg and Sons y la empresa ASD formen parte de la Unión Temporal Disproel, que es la encargada del software de escrutinio municipal y departamental.Sobre este asunto, vale la pena recordar que la empresa ASD, que entre otras cosas, está vinculada a procesos electorales en Colombia desde hace más de 25 años, cedió el pasado 20 de febrero, su participación en la Unión Temporal que provee dicha herramienta tecnológica, tras una polémica en la que se ha visto involucrada en Honduras.Como nota al margen, ASD, la misma empresa que ha sido objeto de los más recientes ataques del presidente Gustavo Petro, ha suscrito contratos con entidades del gobierno nacional entre 2022 y 2025 por más de 154 mil millones de pesos.Sobre la polémica por el famoso software de escrutinio, a partir de hoy y durante 3 días, la Registraduría abre la puerta para que los partidos políticos, los veedores y los auditores tengan la posibilidad de revisar el código fuente y verifiquen su funcionamiento, con el fin de despejar dudas sobre cualquier posible actuación irregular que se llegara a detectar.Hay un asunto de fondo, clave del que poco habla el gobierno: del constreñimiento electoral por parte de grupos criminales y de la compra de votos. En las últimas horas, el vicefiscal Gilberto Guerrero y el Registrador Hernán Penagos definieron rutas para combatir esos dos flagelos, que sin duda van a incidir en las elecciones del próximo 8 de marzo.
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que crea un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia generada por la ola invernal y los eventos hidrometeorológicos extremos que golpearon a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, ante el impacto de un frente frío entre enero y febrero que superó las previsiones oficiales. La emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, redes eléctricas, acueductos, viviendas y servicios públicos esenciales. El Gobierno estimó un impacto fiscal de 8,3 billones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de apenas 668 mil millones, ya comprometidos.El nuevo impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, equivalentes a $ 10.474.800.000 pesos. La tarifa general será del 0,50 %. Sin embargo, se fija una tarifa diferencial del 1,6 % para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, especialmente dedicadas al petróleo y al carbón.Quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Los recursos tendrán destinación específica y exclusiva para atender la emergencia y mitigar sus efectos económicos y sociales.
Los organismos de socorro reportaron un grave incendio estructural que se presentó en horas de la madrugada de este miércoles en el centro de Neiva, donde, según el reporte oficial, hay tres personas que murieron calcinadas al interior del inmueble.La jefe de Gestión de Riesgo del Municipio, Nancy Monje Trujillo, confirmó que, tan pronto fueron alertados de la conflagración, de inmediato se desplazaron dos máquinas y unidades del cuerpo de bomberos oficiales, quienes lograron controlar las llamas que consumieron un segundo de la residencia afectada.“Sobre las c4:30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en la calle 6 No 1H – 41, del barrio San Pedro en el centro de Neiva. Las unidades de Bomberos oficiales, al llegar al lugar, y cuando lograron mitigar el incendio, encontraron tres personas fallecidas, entre ellas, dos adultos mayores y también dos caninos”, informó la funcionaria de emergencias de Neiva.Le puede interesar: Grave incendio en institución educativa en el Salitre, en Bogotá: esto se sabeAgregó la funcionaria de la oficina de gestión de riesgo, Nancy Trujillo, que unidades especializadas en incendios del cuerpo de Bomberos avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas que originaron esta grave emergencia que deja a tres víctimas fatales en plena celebración de la Navidad.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial llegaron hasta el lugar de la emergencia para adelantar los actos urgentes y la inspección judicial de los cuerpos que quedaron prácticamente calcinados y poder establecer la identidad de las víctimas.
El expresidente Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático y su candidata presidencial, Paloma Valencia, presentarán este 24 de diciembre una tutela contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional.“El Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la emergencia económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y, mientras tanto, el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, señaló Uribe.Es importante recordar que este decreto ha generado una fuerte polémica en el país, pues desde el Gobierno aseguran que se necesitan recursos tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso; sin embargo, otros sectores consideran que es una extralimitación que afectará a los colombianos.Por su parte, la Corte Constitucional no va a hacer sesiones extraordinarias, sino que revisará el tema después del 13 de enero, cuando termine la vacancia judicial.
En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, analizó la situación de orden público en el departamento tras los incidentes registrados en la vía que comunica a Pasto con Chachagüí. El mandatario calificó las acciones de los grupos armados como parte de una "guerra híbrida", la cual busca generar una percepción de control territorial que, según sus declaraciones, estas organizaciones no poseen.Vía PanamericanaFrente a los reportes de población civil atrapada en combates, el gobernador aclaró que lo ocurrido fue una respuesta controlada del Ejército Nacional ante el hallazgo de un artefacto explosivo ubicado en una alcantarilla. Escobar enfatizó que, gracias a la inteligencia militar y policial, se logró detectar la amenaza y detener el tráfico de forma preventiva.Para sustentar su visión de seguridad, el gobernador presentó cifras comparativas: de 63 eventos ocurridos en la vía Panamericana, 60 han tenido lugar en el departamento del Cauca y solo tres en Nariño, los cuales han sido controlados. En este contexto, destacó como un golpe contundente a las estructuras criminales la reciente captura de alias 'Jimmy', un líder terrorista de alto impacto en la región.Procesos de paz y el reto de la sustituciónA diferencia de la situación en departamentos vecinos, Escobar resaltó que en Nariño avanzan dos procesos de paz con los grupos Comuneros del Sur y la 'Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, involucrando el tránsito a la vida civil de unos 260 combatientes. No obstante, reconoció que la columna Franco Benavides, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), no hace parte de estos diálogos y es la responsable de los intentos de ataque en la zona de la cordillera.En cuanto al problema de las drogas ilícitas, el panorama sigue siendo desafiante. Nariño cuenta con aproximadamente 65,000 hectáreas de hoja de coca. Aunque existe un plan para sustituir 20,000 hectáreas, el gobernador admitió que hasta el momento solo se han sustituido entre 400 y 500 hectáreas voluntariamente. Escobar defendió la inversión en infraestructura, como la carretera Roberto Payán-La Guayacana, como el camino para hacer viables productos lícitos como el cacao y la palma.Oposición al glifosato y enfoque en insumosEl mandatario departamental manifestó su rotunda oposición al uso de glifosato mediante drones, asegurando que aún no ha sido notificado oficialmente de tal medida por el Ministerio de Justicia. En su lugar, propuso una estrategia basada en la inteligencia económica."El problema no es el glifosato, el problema es la gasolina y el cemento", afirmó Escobar, explicando que estos son los insumos críticos para la producción de cocaína. Según el gobernador, el control estricto del flujo de combustible y materiales de construcción en zonas de frontera sería suficiente para desarticular el negocio del narcotráfico sin necesidad de disparar un solo tiro.Escuche aquí la entrevista:
Los organismos de socorro reportaron un grave incendio estructural que se presentó en horas de la madrugada de este miércoles en el centro de Neiva, donde según el reporte oficial hay tres personas que murieron calcinadas al interior del inmueble.La jefe de Gestión de Riesgo del Municipio Nancy Monje Trujillo, confirmó que tan pronto fueron alertados de la conflagración de inmediato se desplazaron dos máquinas y unidades del cuerpo de bomberos oficiales quienes lograron controlar las llamas que consumieron un segundo de la residencia afectada.“Sobre las cuatro y 30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en el barrio San Pedro en el centro de Neiva, las unidades de Bomberos oficiales al llegar al lugar y cuando lograron mitigar el incendio encontraron tres personas fallecidas, entre ellas dos adultos mayores y también dos caninos”, informó la funcionaria de emergencias de Neiva.Agregó la funcionaria de la oficina de gestión de riesgo Nancy Trujillo, que unidades especializadas en incendios del cuerpo de Bomberos avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas que originaron esta grave emergencia que deja a tres víctimas fatales en plena celebración de la Navidad.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial llegaron hasta el lugar de la emergencia para adelantar los actos urgentes y la inspección judicial de los cuerpos que quedaron prácticamente calcinados y poder establecer la identidad de las víctimas.
En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
El Espinal, segunda ciudad en importancia del Tolima, ya no es recordada únicamente por su tradición arrocera, su riqueza musical o sus expresiones folclóricas. En los últimos años, su nombre comenzó a asociarse con un fenómeno que alteró la tranquilidad de sus habitantes, la presencia de estructuras conocidas popularmente como “Los Brujos”, señaladas por autoridades y comunidad de estar vinculadas a economías ilícitas y hechos de violencia.Lo que antes era considerado un remanso de paz empezó a figurar en reportes de seguridad por homicidios selectivos y episodios de sicariato. Según las autoridades, detrás de estos hechos habría redes criminales que utilizan fachadas aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas.Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales. De acuerdo con lo manifestado por la administración seccional, la intervención institucional es prioritaria para evitar que estas estructuras continúen afectando la seguridad y la convivencia.Aun así, las cifras recientes muestran un cambio significativo. En lo corrido de 2026 se ha registrado un solo caso de sicariato en el municipio, una reducción que contrasta con periodos anteriores.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , atribuye esta disminución a las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales.“Tenemos un problema delicado en El Espinal, donde veníamos registrando sicariatos relacionados con estas estructuras. Este año solo se ha presentado un caso, y eso obedece a las medidas de prevención y control que hemos implementado junto con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó la mandataria.Matiz también subrayó que los resultados responden a una estrategia integral que incluye trabajo conjunto con la Fiscalía, presencia institucional y acciones preventivas en el territorio.Una problemática que encendió las alertasLa mandataria departamental ha sido enfática en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer el alcance de estas redes.“A los llamados ‘Brujos’, que todos conocen y a muchos les da temor mencionar, también los estamos investigando. He solicitado a la Fiscalía General de la Nación que designe un fiscal especializado para El Espinal que adelante estas indagaciones”, aseguró.Las advertencias institucionales sobre la influencia de estas estructuras no son nuevas. El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, junto con la gobernadora, fueron de los primeros funcionarios en referirse públicamente al fenómeno y a su posible impacto en el aumento de la criminalidad.¿Cómo operaría la estructura?Según lo expuesto por las autoridades y las indagaciones preliminares, estas redes montarían centros de atención telefónica desde donde ofrecen servicios esotéricos a clientes dentro y fuera del país. Aunque este tipo de prácticas no está prohibido por la legislación colombiana, las investigaciones apuntan a que el delito comenzaría cuando se utiliza la información personal obtenida para extorsionar a los usuarios.Las pesquisas también buscan establecer si algunos grupos habrían extendido sus actividades hacia otras economías ilegales, incluyendo microtráfico de drogas y la creación de redes para estafas relacionadas con trámites migratorios.Otra modalidad bajo la lupa es la oferta fraudulenta de supuestos trámites de regularización o expedición exprés de visas mediante redes sociales. Las autoridades investigan recaudos millonarios por servicios que no se concretan.Expansión y efectos regionalesInformes preliminares señalan que estas estructuras no solo operarían en El Espinal , sino que habrían extendido su presencia hacia municipios como Ibagué, Guamo , Saldaña y Melgar, donde también se han reportado alteraciones del orden público.Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno departamental insiste en que la prioridad es proteger a la ciudadanía y evitar que estas economías ilegales sigan afectando la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad social del centro del Tolima.La reducción de los homicidios en el municipio se presenta como un primer indicador de que la intervención estatal comienza a dar resultados, aunque las autoridades reconocen que el desafío apenas empieza.
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.