El representante a la Cámara Christian Garcés, candidato al Senado por el Partido Centro Democrático, aseguró en Recap Blu que su aspiración al Congreso para el próximo periodo legislativo estará centrada en la generación de empleo formal, la reactivación económica y el combate a la corrupción en Colombia.“Yo me lanzo al Senado de la República especialmente para trabajar por los ingresos y los empleos de los colombianos”, afirmó. Según explicó, uno de los principales problemas del país es la informalidad laboral, que afecta a cerca de 12 millones de trabajadores, frente a menos de 10 millones con empleo formal. A su juicio, la pobreza solo puede enfrentarse con “empleo formal de calidad”.Propuesta económica y Comisión TerceraGarcés indicó que buscará integrar la Comisión Tercera de Asuntos Económicos para promover la reducción de impuestos y costos empresariales. “Bajaremos impuestos y costos a nuestras empresas para que haya más emprendimientos, más empresas”, señaló, al destacar la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera.También mencionó como prioridad a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Los ninis son más de 2.400.000 jóvenes en nuestro país. Ese será mi principal reto”, puntualizó.Corrupción y denunciasFrente a los recientes escándalos políticos, calificó como “vergonzoso” que los presidentes de Senado y Cámara hayan sido capturados en el mismo periodo. “Hay que tener el valor, hay que ayudar a conseguir las pruebas (…) para que las denuncias tengan resultados”, expresó.Aseguró que su trayectoria ha estado marcada por denuncias contra la corrupción. “Mi vida nunca he estado en un caso de corrupción, no tengo ninguna investigación”, sostuvo, e invitó a los ciudadanos a recopilar pruebas y acudir a su oficina para presentar denuncias.Rechazo a la Asamblea ConstituyenteSobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que no la respaldaría. “No la apoyaría porque no está justificada adecuadamente”, afirmó, al considerar que los problemas del país no obedecen a la Constitución sino a la falta de recursos y decisiones de gobierno.Finalmente, el candidato señaló que el Centro Democrático aspira a acercarse a 25 curules en el Senado y reiteró su invitación a los electores: “Vamos a recuperar el rumbo de nuestro país”.Escuche la entrevista completa acá:
Claudia Zuleta, candidata al Senado por el Centro Democrático, estuvo en Recap Blu, donde explicó sus principales propuestas legislativas y fijó su posición frente a temas clave del país.Zuleta, optómetra y abogada, con maestría en Derecho Constitucional y Seguridad Social, y tercera en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, afirmó que votar por su partido es respaldar una agenda legislativa enfocada en la seguridad, el desarrollo económico, la confianza en la inversión, el empleo y una agenda social “sólida pero sostenible”. Señaló que el Estado debe asistir a la población vulnerable, pero mediante programas estables que garanticen la sostenibilidad del sistema de seguridad social y una educación de calidad.Durante la entrevista, la candidata fue enfática en rechazar cualquier iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que, según indicó, podría ser presentada por el presidente Gustavo Petro. Zuleta sostuvo que su bancada se opondrá a un proyecto de este tipo al considerar que debilita los controles democráticos, rompe la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de Derecho. Aseguró que los mecanismos de control institucional no son “bloqueos”, sino parte esencial de una democracia constitucional.Frente a la crisis de credibilidad del Congreso de la República, Zuleta reconoció que la corrupción ha afectado gravemente la imagen del Legislativo y afirmó que esta problemática se ha profundizado. Hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto responsable y a rechazar prácticas como el clientelismo, la compra de votos y el constreñimiento electoral. Además, planteó la necesidad de fortalecer los órganos de control, reducir la impunidad y consolidar la disciplina de los partidos políticos para que los congresistas actúen conforme a las agendas por las que fueron elegidos.En materia de salud, la candidata señaló que este será uno de los ejes de su trabajo en el Congreso. Desde su experiencia como profesional del sector y exsecretaria de salud, afirmó que Colombia necesita una reestructuración del sistema, pero sin estatizarlo. Defendió el modelo de seguridad social diseñado en la Ley 100 de 1993, con pluralidad de actores públicos y privados. Criticó la intervención estatal sobre las EPS y aseguró que esta ha generado mayor ineficiencia, más quejas y mayores deudas.
La junta directiva de ISA decidió, por mayoría, sacar a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía, tras la decisión del Consejo de Estado de anular dicho nombramiento al encontrar varias irregularidades.“Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de la compañía”, informó ISA a través de un comunicado publicado como información relevante ante la Superintendencia Financiera.El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.En su reemplazo, como presidente encargado, estará Gabriel Jaime Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. Ahora, la compañía iniciará un nuevo proceso para elegir al presidente en propiedad.El pasado jueves, el Consejo de Estado determinó, en una decisión de única instancia, que el nombramiento de Carrillo en agosto de 2024 incurrió en una serie de irregularidades.El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y la actuación de la junta directiva.El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.Además, la Sala estableció que la junta directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional. Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por dicho comité.También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió formalmente a las observaciones presentadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, el pasado 26 de febrero, en la que se plantearon dudas sobre la transparencia y seguridad de los sistemas que se usarán en las próximas elecciones del 8 de marzo.En el documento, la entidad explicó que el código fuente de los software de escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados estará disponible para revisión independiente por parte de los auditores de los partidos políticos.Además, aclaró que dicha verificación se realizará en salas dispuestas en la Registraduría, con equipos configurados exclusivamente para ese proceso.La entidad también señaló que, tras la exposición del código, se realiza un proceso de “congelamiento” y custodia del software. Con ello, el día de las elecciones se genera un código de verificación que permite comprobar que el sistema utilizado es exactamente el mismo que fue auditado previamente por partidos, entes de control y misiones de observación electoral.Sobre la posibilidad de que los auditores hagan públicos hallazgos técnicos, la Registraduría aclaró que no se exige la firma de acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, dijo que sí habrá restricciones, como el uso de celulares o grabaciones dentro de las salas de auditoría. Cualquier hallazgo durante las elecciones deberá registrarse en formatos oficiales para su análisis por parte de la entidad.Frente a eventuales fallas en el algoritmo de conteo de votos, la autoridad electoral indicó que, de presentarse reportes debidamente documentados, estos serán evaluados para definir las medidas a adoptar y garantizar la confiabilidad del sistema.En cuanto a la transmisión de datos desde los formularios E-14, la Registraduría explicó que existen controles combinados, tanto humanos como automatizados, que incluyen repetición y confirmación de datos, validaciones internas del sistema y alertas ante inconsistencias en la información reportada por cada mesa.Asimismo, indicó que el sistema genera alertas cuando la suma de votos por partido supera el total registrado en la mesa y que, en el escrutinio, se aplica un proceso de doble digitación para reforzar los controles.La entidad aclaró que el número de votantes puede ser superior al de votos de una urna, debido a que en Colombia un ciudadano puede votar por una corporación y abstenerse en otra.Finalmente, la Registraduría precisó que, tras cada boletín de preconteo, los auditores de las organizaciones políticas recibirán archivos detallados, mesa por mesa, con la votación transmitida, lo que permitirá hacer seguimiento y verificar la evolución de los resultados en cada corte de información.
Según el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, en el 2026 la capital fue testigo de 1.761 manifestaciones, que según estas cifras hubo un incremento del 20 % frente al 2024. Números que se revelan después de que la concejal Heidy Sánchez asegurará que efectivamente el distrito plantea la posibilidad de cambiar los protocolos que están estipulados en el decreto 053 del 2023 en el marco de las protestas y bloqueos. Según la cabildantes, esta respuesta se dio por un derecho de petición radicado al Distrito.“¿Se plantea, por parte de la administración distrital, agún cambio en el protocolo contenido en el decreto 052 de 2023? A lo que el distrito respondió: “Esta dirección se encuentra adelantando un análisis de cáracter telecinco y jurídico"", menciona el documento.Y es que, según los explicado por la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la principal razón con este cambio es salvaguardar la integridad de quienes no participan en las manifestaciones y protestas, proteger vias y lugares importantes como el aeropuerto, edificios administarivos y hasta el TransMilenio, que ha sido victima de vandalizaciones en medio de las alteraciones de orden público.Sin embargo, esto ha generado algunas reacciones. Precisamente la concejal Heidy Sánchez aseguró que en vez de cambiar estos protocolos que, según afirma, “activa inmediatamente la represión”, hay que activar más canales de diálogo.“Quieren que el TransMilenio sea intocable y que, cuando alguien ose bloquearlo, se anulen sus derechos y se active inmediatamente la represión violenta por parte de la Policía. En vez de entender por qué la gente protesta más, en vez de robustecer los canales de diálogo, para que los gestores ayuden a generar puentes con las autoridades competentes y no se limiten a pedirle a los manifestantes que se retiren de la vía, lo que hace esta administración es agudizar la represión", concluyó la concejal.Entretanto, hay quienes defienden la iniciativa del Gobierno distrital. El concejal Juan David Quintero aseguró que es de carácter urgente blindar TransMilenio en medio de los bloqueos ya que “defender los derechos es de carácter fundamental”.“Bloquear TransMilenio impide que la gente llegue a las clases, a la cita médica, al trabajo… Acciones que concretan derechos fundamentales. Que algunos pocos, busquen defender sus ideas políticas violando derechos fundamentales no es admisible en nuestra democracia. No más bloqueos a TransMilenio. El derecho a la protesta no puede seguir anulando los derechos de los usuarios del sistema", escribió.Asimismo, la respuesta de la Secretaría de Gobierno de Bogotá es que este proyecto busca blindar a las persianas que se ven afectadas por los bloqueos en la ciudad, es decir, pacientes, trabajadores que van de regreso a casa o simplemente de quien no participa en las protesta.“Consideramos desmedido el bloqueo deliberado, incluso a veces el ataque violento, contra el transporte público en horas pico y en troncales, afectando millones de personas que van a estudiar, trabajar o a una cita médica. Los derechos de todos y todas importan”, concluyó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
Con el objetivo de garantizar una jornada transparente, segura y en paz, la Procuraduría General de la Nación anunció un amplio dispositivo de acompañamiento para las elecciones del próximo 8 de marzo en el departamento de Santander.La procuradora regional de instrucción de Santander, Magda Buendía, aseguró que, a la fecha, no se tiene identificado ningún riesgo electoral en el territorio, gracias al trabajo preventivo que se ha venido adelantando de manera articulada con las diferentes autoridades.La estrategia hace parte de una iniciativa liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, denominada “paz electoral”, que busca promover elecciones transparentes, seguras y respetuosas de los resultados.El lanzamiento de la campaña en Santander se realizó en la Universidad Industrial de Santander (UIS), con la participación de funcionarios de la Procuraduría, quienes invitaron a la comunidad estudiantil a convertirse en multiplicadores del mensaje democrático.“La campaña es una iniciativa del señor procurador Gregorio Eljach para que las elecciones se realicen de una manera transparente, segura. La estrategia se llama Paz Electoral y en ella están la Registraduría y la Contraloría. La idea es que las elecciones se desarrollen de manera consciente, oportuna y libre, que se respeten los resultados”, expresó Buendía.Frente al panorama para la jornada del 8 de marzo, la procuradora regional fue enfática en señalar que no existen alertas de riesgo en el departamento.“Hasta el momento no tenemos un riesgo. Hemos trabajado para ello. En cada puesto de votación va a haber seguridad de Policía y Ejército. De igual manera, en cada punto va a estar el Ministerio Público en las mesas de justicia, unidos con la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las personerías”, indicó.La articulación institucional incluye la presencia de organismos de control y autoridades de seguridad en todos los puestos de votación, con el fin de prevenir irregularidades y atender de manera inmediata cualquier eventualidad.Como parte del dispositivo especial, la Procuraduría dispuso la conformación de un grupo élite que recorrerá los distintos puntos y puestos de votación durante la jornada electoral.“Se han dispuesto funcionarios y también unos grupos élites para estar revisando las elecciones. El grupo élite va a pasar revista por todos los puntos y puestos de votación y, si se presenta alguna situación que amerite la presencia de la Procuraduría Regional o de alguno de los procuradores provinciales, vamos a estar ahí tratando de solucionar en tiempo las situaciones que se puedan presentar”, explicó la procuradora.En el área metropolitana de Bucaramanga se contará con aproximadamente 120 funcionarios de la entidad, además de procuradores judiciales que acompañarán los escrutinios en cada una de las comisiones.“Tenemos todo dispuesto. Hay un compromiso de todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación frente a esta campaña de Paz Electoral”, puntualizó Buendía.Con este despliegue institucional, las autoridades buscan garantizar que la jornada electoral del 8 de marzo en Santander se desarrolle con normalidad.
Las autoridades en Manizales capturaron al exalcalde de Filadelfia y actual subgerente de Inficaldas, William Jairo Noreña Vázquez, de 50 años, por un hecho violento ocurrido al interior de una residencia-hotel ubicada en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, establecimiento donde, según versiones conocidas, prestan servicios trabajadoras sexuales y mujeres transgénero.De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada a la línea de emergencias alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, las patrullas encontraron a dos personas lesionadas y procedieron a la captura en flagrancia del dirigente político.El reporte oficial indica que, según las versiones recopiladas en el sitio, el exmandatario habría accionado un arma de fuego contra las dos personas. Una resultó herida en un glúteo y la otra en una pierna y en el abdomen.Durante el procedimiento fue incautada una pistola con cinco municiones. La Policía precisó que el arma contaba con permiso de porte vigente, aunque actualmente rige suspensión general de estos permisos por la temporada electoral.En la plazoleta del comando ubicado en el barrio Linares, la institución presentó oficialmente al capturado, realizó la reseña y el registro fotográfico como parte del protocolo judicial.Le puede interesar: Capturan en Caldas, Antioquia, a hombre buscado por Interpol mediante circular azulEl detenido deberá comparecer en audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, quien definirá la legalidad de la captura, la eventual imputación de cargos y si procede o no una medida de aseguramiento.Las autoridades no entregaron mayores detalles sobre el curso de la investigación. No obstante, este medio conoció que el caso podría estar relacionado con un presunto intento de hurto, escenario en el que el exalcalde habría utilizado su arma en lo que considera defensa propia. Además, en un video que circula en redes sociales y que, al parecer, fue grabado por el propio implicado, se escucha mencionar que habría accionado el arma porque intentaban despojarlo de dinero en efectivo y presuntamente lo habrían amenazado con un arma blanca.Por ahora, el capturado mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de 50 millones por información de los responsables del ataque con dron a una familia en Segovia y 20 millones por quien operaba este artefacto. Las autoridades aún intentan determinar qué grupo armado está detrás de esta acción criminal.A la indignación que se registra en Antioquia por el asesinato de una madre y sus dos hijos, tras el ataque con dron con explosivos a su vivienda en la vereda Jaguas del municipio de Segovia, se sumó en las últimas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Tras cuestionar lo sucedido, el jefe de cartera de Defensa anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinde información efectiva sobre el operador del dron que lanzó el explosivo y hasta 50 millones de pesos por cada uno de los cabecillas de la estructura terrorista que estaría detrás de lo sucedido.Sánchez anunció que estas muertes, que calificó como infames, no quedarán en la impunidad, por lo que las capacidades de la Fuerza Pública han sido desplegadas en esa zona del nordeste del departamento para localizar y neutralizar a los criminales que perpetraron este hecho.El ministro calificó el hecho como un acto de terrorismo y cobardía, cuestionando cómo se puede describir a quienes asesinan de forma cruel a una madre y sus hijos y utilizan explosivos de manera indiscriminada contra personas inocentes. Señaló que estas acciones destruyen familias campesinas y dejan a comunidades enteras marcadas por la violencia, obligándolas a vivir con la ausencia permanente de sus seres queridos, víctimas de estructuras criminales que actúan sin ningún respeto por la vida.Si bien una de las hipótesis que mayor relevancia cobra es que el Frente 4 de las disidencias estarían detrás de la situación que enluta al departamento de Antioquia, las autoridades indicaron que es materia de investigación teniendo en cuenta la “alianza criminal” que tiene este grupo guerrillero con el ELN contra el Clan del Golfo. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que el hecho amerita una atención prioritaria por parte del Gobierno nacional.Vale la pena recordar que, por estos hechos, perdieron la vida María Cecilia Silva Silva, Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva, a la par que quedó herido Carlos Arcaes Silva, de 50 años, quien se recupera en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín por la gravedad de sus heridas.
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció oficialmente la habilitación de nuevas rutas aéreas comerciales desde el Aeropuerto Internacional Palonegro, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad de la ciudad y su área metropolitana.De acuerdo con la administración municipal, la apertura de nuevas frecuencias y destinos nacionales es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía, aerolíneas comerciales y autoridades aeronáuticas. Con esta ampliación, se espera un mayor número de vuelos semanales, mejores horarios de conexión y una reducción en los tiempos de desplazamiento para los pasajeros.La alcaldía destacó que el incremento en la oferta de sillas también permitirá una mayor competitividad en tarifas, favoreciendo tanto a viajeros frecuentes como al sector empresarial y turístico.En el marco de la Vitrina Turística de Anato, la aerolínea de bajo costo JetSMART anunció que a partir del 4 de junio de 2026 comenzará a operar nuevas frecuencias en la ruta Bogotá–Bucaramanga, ampliando la oferta aérea entre la capital del país y la capital santandereana.Según lo informado, la compañía operará 14 vuelos semanales entre Bogotá y Bucaramanga y 10 vuelos entre Bogotá y Cúcuta, lo que incrementará el número de sillas disponibles y generará mayor competencia en el mercado doméstico. Los tiquetes estarán disponibles con tarifas desde $84.500 por trayecto, impuestos incluidos, bajo el modelo de bajo costo.
El precandidato presidencial Roy Barreras informó en la noche de este viernes, 27 de febrero, que la Policía le alertó de un plan que se estaría desarrollando para atentar en su contra.“Según fuentes oficiales hoy a las 12:10 del mediodía una persona anónima llamó desde el número 3189860758 al CAD Centro Automático de Despacho y dijo que quería advertir que ‘están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo’ y colgó apresuradamente sin identificarse”, detalló Barreras.Ante esto, el exembajador radicó la respectiva denuncia asegurando que no suspenderá o modificará ninguna de los eventos que tiene previsto para el cierre de campaña, pues los inscritos en las consultas pueden adelantar eventos públicos solo hasta el domingo 1 de marzo.“Confío en la policía nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines o eliminar a quienes hemos dicho que haremos respetar el imperio de la ley”, aseveró Barreras.El precandidato tiene previsto múltiples eventos. El sábado estará en Cali con una caravana de motos por distintos sectores de la ciudad, recorridos por barrios populares y un encuentro con líderes liberales que respaldan su candidatura, así como con directivos sindicales y representantes de centrales obreras del departamento, entre otros.Ese mismo día se trasladará a Pasto, donde encabezará dos encuentros con ciudadanos y simpatizantes.El domingo, liderará una gran caminata en Bogotá cuyo punto de encuentro será el Monumento a Los Héroes Caídos, en el sector del CAN, sobre la avenida El Dorado e irá hasta el Centro de Memoria Histórica.
El candidato al Senado por el Centro Democrático, Carlos Meisel, aseguró en entrevista con Recap de Blu Radio que Colombia requiere una reforma profunda al sistema político, empezando por la manera en que se elige el Congreso. En entrevista con Recap Blu de Blu Radio, planteó cambios estructurales para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.“Este país necesita depurar cómo se elige el Congreso y las listas cerradas. Necesita democratizar más el sistema político y la justicia, claro que necesita unas reformas”, afirmó el aspirante. Según dijo, el modelo actual presenta fallas que deben corregirse para garantizar mayor transparencia y representación.Meisel también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, al señalar que la ciudadanía percibe impunidad frente al delito. “Aquí a un delincuente lo están sometiendo y más se demora en llegar el Policía a su casa que el bandido en regresar a ella. La justicia no está operando de manera adecuada”, sostuvo.En materia de oposición al presidente Gustavo Petro, afirmó que su rol ha sido intentar frenar lo que considera decisiones perjudiciales para el país. “He intentado que Petro no le termine de hacer tanto daño al país”, expresó, y agregó que buscaron proteger a los microempresarios durante el debate de la reforma laboral, aunque no lograron los resultados esperados.Sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el candidato defendió el respeto a la Carta Política. Aseguró que cualquier reforma debe hacerse por los mecanismos que establece la Constitución y rechazó lo que calificó como “atajos tramposos”, en referencia a la propuesta que ha mencionado el mandatario en el escenario político.Finalmente, en relación con el sistema de salud, indicó que la Ley 100 requiere ajustes tras más de 30 años de vigencia, pero defendió su estructura general. A su juicio, el país necesita reformas responsables que corrijan fallas sin desmontar lo que, según afirmó, ha funcionado.
El Centro Democrático le envió un comunicado a sus militantes en el cual advierte que puede haber sanciones para quienes voten por candidatos diferentes a Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, y a sus congresistas al Senado y a la Cámara de Representantes.“El respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y al Senado del partido y a la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, dice el comunicado del partido.Además, el Centro Democrático también explicó cuáles podrían ser eventualmente las sanciones que podrían enfrentar los concejales, ediles, diputados y congresistas que incumplan esta instrucción.“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, agrega el partido en su comunicado.
Un estudio publicado en 2024 por los investigadores Lucas Marín-Llanes, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez-González y Paulo Murillo-Sandoval, de la Universidad de los Andes, analizó el auge de los cultivos de coca y sus efectos en las economías locales, además de cómo se reflejó en impactos ambientales significativos, particularmente en la Amazonía, donde se registraron fuertes incrementos en la deforestación y en la transformación de suelos hacia la ganadería.La investigación analizó el incremento de cultivos que se produjo tras el anuncio, en mayo de 2014, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc.Según el documento, entre 2014 y el inicio de la implementación del programa en 2017, el área sembrada con coca en el país pasó de 68.000 a 171.000 hectáreas, un aumento cercano al 150 %.Para medir el impacto económico de ese crecimiento, los investigadores utilizaron imágenes satelitales de luminosidad nocturna como indicador indirecto de actividad económica, debido a la ausencia de datos oficiales de Producto Interno Bruto a nivel municipal.Con base en su modelo econométrico, el estudio estima que un aumento de una desviación estándar en los cultivos de coca entre 2014 y 2019 se asoció con un incremento de entre 2,5 % y 3,1 % en el PIB municipal. Los autores aclaran que esta estimación corresponde a variaciones significativas en el área cultivada y no a cambios marginales.El documento también calcula un efecto multiplicador sobre la economía local. De acuerdo con sus estimaciones, por cada dólar adicional generado por la venta de hoja de coca, el PIB municipal aumentó entre 1,17 y 2,30 dólares.En el caso de la base de coca, cada dólar adicional se asoció con un incremento de entre 0,86 y 1,63 dólares en la producción local. Según los investigadores, estos resultados sugieren que el impacto económico no se limita al ingreso directo del cultivo, sino que se expande hacia otros sectores.Los efectos fueron más pronunciados en zonas rurales, donde se concentra la producción, aunque también se observaron incrementos en áreas pobladas, lo que indica que el aumento en la actividad económica no se restringió únicamente a los puntos de cultivo.No obstante, el estudio señala que este crecimiento económico no produjo aumentos estadísticamente significativos en los ingresos fiscales municipales. Es decir, el mayor dinamismo productivo no se tradujo en un incremento del recaudo local.En contraste, los impactos ambientales fueron contundentes. Los investigadores documentaron un aumento del 104 % en las tasas de deforestación y un crecimiento del 302 % en el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganado en la Amazonía colombiana.El documento señala que, aunque la coca no siempre es el detonante directo de la deforestación, el auge puede estimular dinámicas productivas, como la expansión ganadera, que agravan la pérdida de bosque.Los autores concluyen que las economías ilícitas pueden generar ganancias económicas de corto plazo y actuar como catalizadores de actividad económica a nivel local. Sin embargo, advierten que estos efectos no necesariamente implican procesos de desarrollo sostenible y pueden venir acompañados de costos ambientales significativos.
La decisión fue comunicada por el Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del proceso para la desmovilización del Clan del Golfo tras evaluar las condiciones actuales del proceso y del territorio, en el marco de los compromisos adquiridos entre las partes. Según lo informado por el Mecanismo, no están dadas las condiciones para avanzar conforme al cronograma inicialmente establecido.El numeral 3 del acuerdo con el grupo establecía la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en los municipios de Nuevo Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, y proyectaba el inicio del traslado gradual y progresivo de integrantes del grupo armado ilegal a partir de esa fecha. Sin embargo, el cronograma deberá ser ajustado ante las dificultades expuestas en el marco del proceso.Entre las razones señaladas se encuentran las afectaciones derivadas de la actual ola invernal en los territorios donde se instalarían las zonas. Según informaron, las lluvias han provocado deterioro de vías e inundaciones en predios rurales y urbanos.A esto se suma el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, segundo comandante del Estado Mayor Conjunto del grupo, ocurrido cuando se desplazaba hacia una de las zonas. De acuerdo con lo explicado, este hecho retrasó las labores internas de pedagogía sobre los compromisos alcanzados.Además, la suspensión temporal de los diálogos a partir del 4 de febrero, decisión adoptada por el grupo armado con el propósito de realizar consultas internas y solicitar aclaraciones frente a declaraciones gubernamentales.Ante este panorama, el MTSMV determinó la necesidad de prorrogar el plazo establecido para el ingreso a las ZUT y solicitó a los Grupos de Trabajo correspondientes fijar una nueva fecha para el cumplimiento de este y otros compromisos que permanecen pendientes de ejecución.
En medio de las declaraciones dadas frente al Consejo de Seguridad realizado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que la emergencia económica por decreto ya fue firmada el pasado jueves 18 de diciembre. Frente al anuncio, aseguró que con este proyecto se busca que ponerle impuestos a los ‘megarricos’ y no a la clase media, como lo aseguran los empresarios."El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y tuvo que haber sido radicado ayer y básicamente se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos y no como han dicho la oposición y los empresarios que es a la clase media", señaló el ministro del Interior, Armando Benedetti.El ministro afirmó que lo que se encuentra en peligro es la economía del país, puesto que lo que se busca es pagar la deuda que tiene el país, labor que tiene la ley de financiamiento.“Y si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales y además suben los bonos. Y además entonces no se pueden hacer las megastructuras de obra civil como las 4G” argumento el ministro del Interior.Por el momento, el decreto no ha sido publicado, sin embargo, el ministro se mantiene en pie con la idea de pagar primero la deuda, porque de lo contrario se retrasan muchos proyectos que se tienen, razón por la cual se declaró la emergencia económica.
Tras los recientes ataques terroristas atribuidos a las disidencias de alias 'Mordisco' en Buenos Aires, Cauca, y a la guerrilla del ELN en Aguachica, Cesar, el Gobierno nacional, junto con las fuerzas públicas, realizó un Consejo de Seguridad extraordinario en donde evaluó lo ocurrido, reconoció los errores y anunció medidas inmediatas.El presidente Gustavo Petro admitió que hubo fallas en las operaciones y en los esquemas de seguridad. Entre los errores señalados se encuentran, primero, la falta de guardia en la estación ubicada en la Ruta del Sol II, frente a la base de entrenamiento en Aguachica, y segundo, la ausencia de los anillos de seguridad, primer, segundo y tercero, para la defensa de la estación de Policía en el municipio de Buenos Aires.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se duplicará el pie de fuerza y que se adoptaron correctivos inmediatos orientados a la prevención y a la protección tanto de la comunidad como de los policías.“Se evaluó la realidad de los hechos y como conclusión se llegó a que hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas, etcétera, donde se perpetraron los atentados terroristas en Buenos Aires y en la base de ahí. Eso es importante reconocerlo y que aquí el gobierno en ningún momento ha ayudado a que la fuerza pública esté pasiva ante el desarrollo del conflicto interno” afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.Para los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, el Gobierno anunció un refuerzo significativo de capacidades. Se designó a un brigadier general para liderar las operaciones, se incrementará la presencia policial con 325 nuevos uniformados, de los cuales 50 serán asignados a Popayán, y se desplegarán capacidades antidron que se espera entren en funcionamiento antes del 31 de diciembre. Además, un nuevo pelotón del Ejército será encargado de proteger la Vía Panamericana.En materia de recompensas, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció montos millonarios para dar con los responsables de los ataques terroristas de los últimos días. Por alias 'Mordisco' se ofrecen hasta $5.000 millones; por alias 'Marlon', que delinque en el Cauca, hasta 4.500 millones; por 'Jairo Ramírez', hasta $1.640 millones; por el explosivista conocido como 'Max Max', hasta $500 millones; y por alias 'Jimmy Saavedra' y 'Cabezas', hasta $300 millones por cada uno.“Que pierdan toda protección cuando se involucran en las hostilidades. Sepan que también se están fortaleciendo a través de ello los grupos criminales para asesinar el futuro de su nacional. El ELN amenazó al pueblo colombiano desde el día domingo en la mañana hasta el miércoles en la mañana con un paro armado que llamó, que no es más que un costeñimiento criminal con una amenaza terrorista” señaló el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.Según el Ministerio de Defensa, cada uno de estos cabecillas estaría vinculado a acciones criminales que dejaron entre cinco y diez personas muertas.Sobre el ataque ocurrido en Aguachica, el ministro señaló que el 80% de las intenciones terroristas fueron anticipadas por las autoridades, aunque confirmó que varios policías perdieron la vida. Finalmente, se informó que los ministerios de Defensa y Hacienda ya cuentan con un plan para la reconstrucción de la infraestructura afectada.Frente a todo este panorama, el ministro de Defensa anunció que se avanzará en un Conpes de $49 billones de para que se fortalezca la defensa de la Nación. El Gobierno reiteró que estas medidas buscan reforzar la seguridad en las regiones más golpeadas por la violencia, restablecer el orden público y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.
Sobre la Ruta 24 en jurisdicción del municipio de Paicol en el occidente del Huila, en un puesto de control la policía inspeccionó a un vehículo de carga tipo camión en el que hallaron más de siete mil kilos de marihuana que habían aforado en tulas provenientes del Cauca.De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el gigantesco cargamento del alucinógeno avaluado en alrededor de los siete mil millones de pesos, haría parte de los grupos armados residuales que delinquen en esa región del país que además son los encargados de controlar las finanzas del narcotráfico.“Unidades adscritas a la estación de Policía del municipio de Paicol en el Huila lograron la captura de un hombre y la incautación de siete toneladas y media de marihuana. Según las investigaciones preliminares la droga tenía como destino la ciudad de Bogotá esto para fortalecer las finanzas criminales del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc” indicó el Coronel Luis Fernando Serna Zapata, director encargado de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional.Durante el procedimiento judicial el conductor del automotor un hombre de 30 años de edad, fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de la Fiscalía Local de La Plata para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.El más reciente reporte oficial, señala que en lo corrido del este año 2025 las autoridades han incautado al menos 35 toneladas entre marihuana y base de coca, en los diferentes corredores viales del departamento, siendo el municipio de La Plata donde se han asestado duros golpes contra el narcotráfico.
La patrullera oceánica ARC “20 de Julio” fue incorporada oficialmente a la Fuerza Naval del Pacífico tras arribar a la Base Naval de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, luego de navegar 681 millas náuticas desde Cartagena. La ceremonia fue presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional, junto a altos mandos navales y autoridades civiles y militares.La llegada de la embarcación hace parte de un proceso de reubicación estratégica que busca fortalecer las capacidades operativas en el Pacífico colombiano, una región clave para el control marítimo, la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional.El buque, comandado por el capitán de navío Javier Loaiza Escarraga, inicia así una nueva etapa tras más de 14 años de servicio. Fue la primera patrullera oceánica construida completamente en el país, desarrollada desde 2009 en los astilleros de Cotecmar como parte de la modernización naval.“Esta determinación obedece a una evaluación rigurosa del entorno operacional donde existen dinámicas complejas del crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas que emplean rutas oceánicas y fluviales para afectar la estabilidad regional”, dijo el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.A lo largo de su trayectoria, el ARC “20 de Julio” ha navegado más de 263.000 millas náuticas en el Caribe, el Pacífico, el Atlántico sur y aguas antárticas. Entre sus resultados operacionales se destacan la incautación de más de 50 toneladas de estupefacientes, la interdicción de decenas de embarcaciones ilegales y el apoyo en múltiples misiones de búsqueda y rescate.Además de operaciones militares, la patrullera ha participado en expediciones científicas a la Antártida, convirtiéndose en la primera plataforma oceánica colombiana en apoyar investigaciones sostenidas en ese continente.Con su llegada al Pacífico, la embarcación asumirá nuevas misiones enfocadas en el control del espacio marítimo, la protección de recursos naturales y la presencia institucional en aguas estratégicas, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta esta región del país.
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) alertó que varias importaciones están frenadas por demoras en la expedición de vistos buenos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).De acuerdo con el gremio, aunque el Ministerio ha respondido comunicaciones, en la práctica los trámites siguen acumulados desde diciembre de 2025. Las demoras afectan especialmente la entrada de insumos esenciales como sustancias químicas, solventes, alcoholes y otros productos controlados, además de semillas, granos y derivados de cannabis para usos médicos, científicos e industriales.Analdex explicó que, tras una etapa crítica en enero por falta de personal, en febrero se incorporaron nuevos funcionarios. Sin embargo, los tiempos de respuesta aún superan el mes, cuando la norma establece que estos permisos deben resolverse en uno o dos días hábiles.El impacto ya se siente en la cadena de suministro: aumentan los costos por bodegaje y demoras en puertos y, algunas empresas enfrentan el riesgo de quedarse sin materias primas para producir. También advierten inseguridad jurídica, pues las mercancías pueden verse afectadas por vencimientos de plazos administrativos.Ante este panorama, el gremio pidió al Ministerio de Justicia agilizar de inmediato las aprobaciones pendientes y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervenir para coordinar una solución conjunta.La propuesta es instalar mesas de trabajo con las entidades de control y el sector privado para implementar un plan de choque que destrabe los trámites y garantice la continuidad del comercio exterior, para generar soluciones que se traduzcan en resultados concretos y rápidos para evitar mayores afectaciones a la economía.
En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El nuevo modelo de pasaporte colombiano entra en vigor el 1 de abril y, según el Gobierno, el documento planea estar entre los cuatro más seguros del mundo.Además, la Cancillería aclaró que los que tengan el pasaporte vigente luego de esa fecha podrán seguir usándolo hasta que termine la vigencia, después de ello, tendrán que sacar el nuevo modelo.El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.En este contexto, hay ciudadanos que pueden obtener el documento completamente gratis y para ello deben seguir un paso a paso.¿Quiénes pueden obtener el pasaporte nuevo gratis?De acuerdo con la Cancillería, las personas que estén inscritas en el Sisbén y que pertenezcan a los niveles 1 y 2, es decir, grupos A y B, pueden obtener el pasaporte gratis. Pero deben adelantar el trámite en las oficinas de Bogotá o gobernaciones con cita previa.Para ello, los ciudadanos deben llevar el certificado que acredite que pertenece a las categorías indicadas y seguir el proceso:Agendar una cita por medio del enlace habilitado y seleccionar una de las oficinas.Asistir a la cita de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.Acudir con todos los documentos solicitados.Reclamar el documento según los tiempos estipulados:-Oficinas de Pasaporte de Bogotá, sedes Centro y Norte: 24 horas hábiles.-Red CADE: 48 horas hábiles.Requisitos para obtener el pasaporte gratisNo obstante, para que el solicitante no pague ninguna suma de dinero debe acreditar que ostenta alguna de las siguientes condiciones:Si requiere tratamiento médico especializado, que no pueda ser adelantado en el país, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona con discapacidad, presentar certificado del médico especialista tratante, expedido por la Entidad Prestadora de Salud (EPS).Si es una persona adulta mayor de 62 años, presentar cédula de ciudadanía vigente.Si es una persona menor de 25 años que vaya a adelantar estudios en el exterior, presentar certificado o documento expedido por el ente educativo en el que conste que fue admitido para cursar estudios en el exterior.Si se trata de niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido y están a cargo del ICBF, presentar la solicitud de expedición de pasaporte exento proferida por el ICBF.Si se trata de personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares, cuando el solicitante deba viajar al exterior por enfermedad grave de algún familiar.Si se trata de personas que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior, presentar copia del contrato de trabajo traducido.Si se trata de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, desarrollo científico o tecnológico, presentar oficio expedido por el Ministerio del Deporte, solicitando la expedición del pasaporte exento.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación ante la crisis de reincidencia y los bajos índices de judicialización efectiva en las principales ciudades de Colombia durante 2025. Según el gremio, a pesar de las 104.858 capturas realizadas por la Policía Nacional en las capitales, la gran mayoría de los detenidos recupera la libertad de forma inmediata, lo que debilita la seguridad urbana.Cifras de capturas en ciudades capitales de ColombiaDurante el último año, el esfuerzo operativo de las autoridades locales se concentró en los grandes núcleos urbanos. Bogotá lideró la estadística con 34.270 capturas, seguida por Medellín con 12.222 y Cali con 6.889 registros. Otras ciudades con alta actividad policial fueron Cartagena (5.523), Barranquilla (5.262) y Villavicencio (4.973).Sin embargo, el volumen de detenciones contrasta con la baja tasa de aseguramiento. En Bogotá, el 94 % de las personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad, mientras que en Barranquilla la cifra alcanzó el 80 %. Este fenómeno, según la asociación, genera un ciclo de reincidencia que impacta directamente en la confianza ciudadana y en la inversión de recursos locales.Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, señaló que existe un desafío estructural en la articulación entre el esfuerzo policial y las decisiones de los jueces. "Las ciudades están invirtiendo recursos significativos en seguridad, tecnología y pie de fuerza", afirmó Santamaría, advirtiendo que la liberación masiva de capturados genera una "percepción de impunidad" y desmotivación institucional.Para el directivo, garantizar condiciones de seguridad efectivas no es solo una prioridad territorial, sino un asunto "estratégico para la estabilidad nacional", dada la concentración económica y social en las capitales.Ante este panorama, el gremio hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, la Fiscalía y las altas cortes para revisar los criterios de reincidencia y fortalecer la judicialización. Entre las peticiones destacan la necesidad de realizar ajustes normativos que permitan mayor coherencia entre la captura y la medida de aseguramiento, además de priorizar los delitos de alto impacto en contextos urbanos.
El Gobierno Nacional, mediante resolución presidencial, ha formalizado la creación de una Zona de Ubicación Temporal (SUT) en el municipio de Valle del Huamués, departamento de Putumayo, destinada al tránsito a la vida civil de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este grupo, descrito como una disidencia que se separó de la Segunda Marquetalia a finales de 2024, tendrá un plazo inicial de 10 meses para completar este proceso.El magistrado y negociador del Gobierno, Armando Novoa, explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que este espacio es fundamental para materializar los avances logrados en la mesa de diálogos, que incluyen la destrucción previa de 15 toneladas de explosivos y una reducción de homicidios en Nariño y Putumayo. Según Novoa, el ingreso a la zona tiene reglas estrictas: “Las armas se dejan al momento de ingresar. Esas armas se entregan a un mecanismo de monitoreo y verificación que procederá a la destrucción inmediata de las mismas”.El funcionario fue enfático en que este lugar no debe confundirse con modelos de negociación del pasado. “No habrá ni zonas de despeje ni lugares ocupados por estos grupos en armas. Los miembros de la coordinadora entrarán sin armas, sin uniformes y no será una zona de impunidad”, aseguró Novoa, aclarando que la suspensión de órdenes de captura solo se mantiene si no se cometen nuevos delitos.La zona de ubicación se establecerá en una finca de propiedad privada, por la cual el Estado pagará un contrato de arrendamiento. La seguridad externa estará a cargo de la Fuerza Pública, mientras que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA será el ente encargado de verificar la entrega y destrucción del armamento.En esta fase inicial, se espera el ingreso de 200 integrantes de la estructura, repartidos equitativamente: 100 en Putumayo y 100 en una zona similar que se creará próximamente en el departamento de Nariño. Aunque inteligencia militar estima que el grupo cuenta con unos 2.000 miembros (incluyendo redes de apoyo), este primer paso es considerado por el Gobierno como la "noticia del día" para la paz en la región.Finalmente, ante la cercanía de las elecciones del 8 de marzo, Novoa destacó la firma del Acuerdo número 13, mediante el cual el grupo armado se compromete a no afectar el proceso democrático ni el proselitismo electoral. “El grupo armado no afectará el proceso electoral, permitirá la libre circulación de candidatos y el proselitismo. Facilitará que el proceso electoral pueda desarrollarse de manera libre”, afirmó el negociador.Escuche la entrevista aquí: