Desde el Gobierno nacional informaron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de Córdoba, en respuesta a una comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que anunciaba que está proporcionando alimentos, kits de sanitización de agua y suministros para refugios temporales para las personas afectadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba.De acuerdo al texto el apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas, al tiempo que promueve la autosuficiencia y garantiza el mayor impacto posible.Sin embargo, la Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres aclararon por medio de comunicados que aclaran que el Llamamiento Internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia.“Mientras la capacidad del Sistema no sea superada, la respuesta se atiende con medios propios. Cuando la magnitud de la emergencia exige apoyo externo, la UNGRD solicita formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores activar los canales diplomáticos”, dicen los documentos.Además, dejan en claro que el presidente de la República es quien autoriza finalmente si la ayuda internacional se acepta o no.“Si la situación desborda completamente las capacidades del Gobierno, que NO es el caso, se activa el Llamamiento Internacional, contemplado en el artículo 43 de la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 46/182 de Naciones Unidas. Este mecanismo es firmado por el presidente de la República y define con precisión el tipo de asistencia requerida, desde la declaratoria nacional de emergencia hasta la rendición de cuentas al cierre del proceso”, añaden.Desde el Gobierno agregan que la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional no se enfoca en la respuesta a la emergencia sino busca garantizar la recuperación integral posdesastre.En este sentido, la cooperación responde a la demanda identificada técnicamente, no a la oferta externa, ni a los llamados de entes territoriales.
Los 32 alcaldes de las ciudades capitales del país anunciaron su respaldo unánime a la propuesta de “Paz Electoral” impulsada por la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo se desarrollen sin hechos de violencia y con garantías para los ciudadanos.La decisión se dio tras una reunión en la que participaron mandatarios locales y autoridades nacionales para analizar los principales riesgos que enfrentan los territorios en época electoral. La seguridad, el manejo de las protestas y la presencia de grupos armados ilegales fueron algunos de los temas centrales del encuentro. Los alcaldes coincidieron en que se necesita mayor coordinación con el Gobierno nacional para evitar alteraciones del orden público durante las jornadas de votación.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el procurador Gregorio Eljach se reunirá con la cúpula militar y con la Policía Nacional de Colombia para organizar un plan de seguridad que cubra todo el país en las fechas de votación. Señaló que es deber de los alcaldes garantizar que las personas puedan salir a votar tranquilas, pero también expresó preocupación porque en algunos casos las manifestaciones se salen de control y generan hechos violentos.El procurador Gregorio Eljach resaltó la importancia de mantener el diálogo entre el nivel nacional y las ciudades. Aseguró que trabajar de la mano con los alcaldes es clave para proteger la democracia y dar confianza a los ciudadanos.En medio del debate, Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, sostuvo que la “Paz Electoral” solo será posible si se logra debilitar la acción de los grupos armados ilegales en varias zonas del país. También advirtió que muchos mandatarios locales enfrentan solos la inseguridad y pidió mayor respaldo del Gobierno nacional.En el caso de Cali, el alcalde Alejandro Eder manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia y ataques terroristas. Indicó que en los últimos seis meses han cambiado tres veces al comandante de la ciudad, lo que afecta la continuidad en las estrategias de seguridad. Por esta razón, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando apoyo.Además, en los próximos días se realizará un Consejo Bidepartamental para revisar medidas en municipios del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que las capitales, especialmente la capital del país, enfrentan una alta presión por la concentración de movilizaciones. Señaló que el desafío está en garantizar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad ni el normal desarrollo del proceso electoral.Al finalizar la reunión, los alcaldes y la Procuraduría acordaron mantener una comunicación constante y trabajar de manera coordinada para anticiparse a posibles riesgos. La meta común es que los colombianos puedan participar en las elecciones con tranquilidad y confianza en que habrá garantías en todo el territorio nacional.
Automotores avaluados en más de 480 millones de pesos fueron recuperados en un operativo realizado por la Policía en el Huila. Son en total 23 motocicletas y 4 carros que habían sido hurtados entre los años 2016 y 2025 en Bogotá y en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.Durante la investigación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Huila lograron establecer que las estructuras delincuenciales alteraban los sistemas de identificación vehicular para posteriormente comercializar los automotores de manera ilegal.“En el marco de la estrategia operativa Huila Más Seguro, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, logró un importante resultado contra el hurto de automotores en el departamento. Gracias a las actividades operacionales e investigativas fueron recuperadas 23 motocicletas y 4 vehículos que presentaban requerimiento por hurto”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Modalidades de robo de carros más usadasLas modalidades de hurto más utilizadas fueron halado (48 %), atraco con arma de fuego (19 %), factor oportunidad (17 %) y atraco (11 %). Los resultados operativos se materializaron en los municipios de La Plata, Garzón, Baraya, Guadalupe y Yaguará.“Mediante análisis técnico, verificación del sistema de identificación vehicular y cruce de bases de datos, se determinó que los automotores tenían alteraciones en su sistema de identificación convencional para ser comercializados de manera ilegal”, puntualizó el comandante del Departamento de Policía Huila.Con estos operativos, desplegados en los municipios mencionados, no solo se afecta la delincuencia común, sino que también se impactan de manera directa las finanzas y la logística de grupos armados organizados.
El Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra el auto que suspendió provisionalmente el decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un aumento del 23 % del salario mínimo para este año.El recurso fue presentado de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en este solicitan revocar la decisión “al considerar que la medida cautelar desbordó los límites propios de este mecanismo procesal”.En el documento, el Gobierno sostiene que la suspensión provisional no se limitó a preservar la eficacia de una eventual sentencia, sino que terminó anticipando un juicio de fondo sobre la legalidad del decreto. Según los argumentos expuestos, el auto no solo suspendió el acto administrativo, sino que ordenó la expedición de un decreto transitorio para fijar el salario mínimo mientras se decide el proceso, lo que a juicio de la defensa de la presidencia, es una sustitución temporal de la competencia que la ley le atribuye al presidente cuando no hay acuerdo en la comisión tripartita de concertación.La súplica también señala que el Consejo de Estado no realizó un juicio completo de ponderación, necesidad y proporcionalidad antes de adoptar la suspensión, e insisten en que no se acreditó un perjuicio ni un riesgo inminente derivado de la vigencia del incremento del 23 %. El Gobierno también señala que la decisión genera incertidumbre económica y afecta a más de dos millones de trabajadores que dependen del salario mínimo.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro convocó mañana marchas en todo el país para, según el, defender el salario mínimo. Se espera que durante su participación en las movilizaciones de Bogotá firme el decreto transitorio que mantendrá el alza del mínimo mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.
La espera terminó y, nuevamente, Medellín será epicentro de turismo y música durante un fin de semana, tal como sucedió a finales de enero cuando recibió a miles de turistas por el concierto de Bad Bunny, pero esta vez gracias al CORE, un evento de la mano de Torrowland.El 20 y 21 de febrero, será epicentro de música electrónica en el Parque Norte y Cancha Cincuentenario desde las 5:30 de la tarde (ambos días). Esta tercera edición volverá a tener a grandes referentes de este género tomándose como referente la capital de Antioquia en toda la región.Horarios y artistas del CORE en MedellínViernes 21 de febreroMainstage18:00 – 20:30: CUROL20:30 – 22:30: FKA.M4A22:30 – 23:30: Oscar and the Wolf (after hours)23:30 – 01:30: The Blessed Madonna b2b HAAi01:30 – 03:00: ARTBAT03:00 – 05:00: Dom DollaMano – Hosted by atmosphere17:30 – 19:00: Niebla19:00 – 20:30: Alycia Bezgo20:30 – 22:00: Benwal22:00 – 00:00: Interplanetary Criminal00:00 – 02:00: VTSS02:00 – 04:00: Patrick MasonSábado 22 de febreroMainstage18:00 – 19:30: Dezko19:30 – 21:00: CAPOON21:00 – 22:30: Dino Lenny22:30 – 00:00: Julya Karma00:00 – 02:00: Joris Voorn b2b Yotto02:00 – 03:30: Mind Against03:30 – 05:00: Indira PaganottoMano – Hosted by atmosphere17:30 – 19:00: Cami Vasquez19:00 – 21:00: Emilija21:00 – 23:00: PRADA200023:00 – 00:30: NOVAH00:30 – 02:30: Kobosil02:30 – 04:00: 999999999¿Cómo llegar al CORE en Medellín?La recomendación para poder llegar al evento es por el metro de la ciudad, tomando la Línea A en la estación Universidad, además habrá taxis en el punto par ayudar con la salida de los asistentes.Al igual que FEP o Festival Cordillera, se usa el cashlessCORE Medellín es un festival cashless. Esto significa que la manilla no solo da acceso al festival, sino que también es el único medio de pago dentro del evento. Habrá puntos de recarga cashless disponibles en todo el parque.“CORE se trata de música, baile, canto, conocer nuevas personas y simplemente divertirse, cuidando al mismo tiempo los espacios verdes que te rodean. Es un lugar donde todas las personas deben sentirse seguras, bienvenidas y cómodas. Un espacio donde nadie debe experimentar discriminación, críticas o acoso”, expresaron desde la organización.
Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 17 de febrero:Disney demanda a ByteDance por crear videos con inteligencia artificial por personajes icónicos de la compañía, incluida la serie 'Padre de Familia', por derechos de autor.El canal de WhatsApp de TransMilenio permite a usuarios conocer novedades en las rutas de operación para evitar dolores de cabeza.Estudio revela que los hombres jóvenes son más propensos a tener menor actividad sexual que las mujeres por el uso de la tecnología en la habitación, pues influye en el comportamiento de la pareja.
Seguirá en libertad el exdirector Juan David Palacio, mientras un juez del circuito decide si toma una decisión diferente ante las solicitudes de la Fiscalía y el abogado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el caso de presunta corrupción por contratos suscritos con el cuerpo de Bomberos de Itagüí.Durante una nueva diligencia este martes, el fiscal 40 para los delitos contra la administración pública y el representante de víctimas Majer Abushijab, expusieron las razones por las que apelaron la decisión del juez 27 penal de control de garantías de la ciudad de que permanezcan sin medida de aseguramiento, tanto Palacio como las dos exsubdirectoras Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, mientras avanzan las etapas del proceso judicial en su contra.Para el fiscal, Palacio sí ha influido en testigos de este proceso, dejó personal atornillado a la entidad durante su paso, por la reestructuración que se gestó antes de salir de la dirección y además no es posible que haya sido instrumentalizado, como lo mencionó el mismo juez cuando justificó no enviarlo a la cárcel, como había sido solicitado.A ello se sumó la exposición del procurador José Luis Ochoa Escobar, quien también insistió en que el exdirector de la entidad durante la administración de Daniel Quintero debía tomar esta medida.También tuvieron intervención los abogados de los imputados, para controvertir estos argumentos y una vez finalizada la diligencia, quedó en manos de un juez del circuito determinar si toma una decisión diferente a la establecida en primera instancia, trámite que podría tardar hasta un mes.Alcalde insiste en medida de aseguramientoFrente a la decisión de primera instancia, más temprano el alcalde Federico Gutiérrez fue insistente en por qué a su criterio sí debe haber medida de aseguramiento para el exdirector. "Deberían estar con medida de aseguramiento porque desde afuera tienen incidencia directa en lo que pasa hoy en el área metropolitana, porque en junio del año 2023 antes de terminar período, se inventaron una reforma administrativa para atornillar ahí sus personas de confianza, e hicieron nombramientos hasta pocos días antes de que entraran estas nuevas administraciones, de que entrara la nueva directora. El juez en ningún momento negó la responsabilidad de estas personas en hechos de corrupción, todo lo contrario, fue muy duro y muy claro", expuso Gutiérrez.
En medio de una operación militar que se adelantó a lo largo de la cuenca del río Caquetá, el Ejército fue blanco de otra asonada cuando se disponía a destruir siete dragas que las disidencias de las Farc usan para extraer oro ilegalmente.Según el reporte, ya habían capturado a cuatro presuntos integrantes del grupo ilegal cuando cerca de cien personas llegaron en canoas y lanchas, algunos de ellas encapuchadas, y comenzaron a rodearlos.Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil sin tener éxito, pues la gente terminó impidiendo la operación militar quedándose con toda la maquinaria y expulsando a los uniformados.“Esta maquinaria producía cerca de tres kilos de oro mensuales, generando millones de recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales”, aseguró el general Sergio Guzmán, comandante de la brigada 22 del Ejército.De manera paralela, en el departamento de Arauca, las autoridades evalúan los daños en la base militar San Jorge en Saravena, que fue nuevamente blanco de ataques esta vez por dos explosiones dentro del cantón, que al momento no deja reportes de heridos.
La plataforma de video más importante del mundo sufrió una caída en su funcionamiento en la noche de este martes, 17 de febrero. Miles de usuarios en diferentes países reportaron fallas en la operación de YouTube.Además, Downdetector, página especialista en medir el funcionamiento de las principales redes sociales, evidenció miles de problemas reportados por los usuarios desde las 7:44 de la noche, pero que se acrecentó y tuvo su pico máximo a las 8:14 de la noche, hora colombiana.Así que no es su Internet o celular. YouTube no está funcionando en web, aplicación y tampoco depende del sistema operativo de su teléfono móvil. No carga ni siquiera la página de inicio de la plataforma.De hecho, el mensaje que le aparece al momento de ingresar a la aplicación de videos es "se produjo un error" y no carga nada más, solo el logo de YouTube.Se arregló YouTubeSobre las 9:00 de la noche se empezó a restablecer el servicio de la plataforma y ya cargaron los diferentes contenidos que las personas buscaban o estaban viendo antes de que se interrumpiera el servicio.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
La Casa de Nariño reveló detalles sobre la llamada entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente Gustavo Petro. Los temas clave fueron: frontera, energía, agua, seguridad y producción. La comunicación duró 15 minutos y se acordó trabajar conjuntamente para una reunión entre ambos. La fecha y el lugar están siendo definidos a nivel de Cancillerías.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, desde la captura de Nicolás Maduro, planteó que Colombia fuera mediador de un diálogo tripartito para buscar una solución a la situación del vecino país. Incluso, parte de la conversación que tuvo con Donald Trump incluyó que el país tuviera un papel clave en la reactivación de Venezuela, a través de cooperación en materia de energía y una alianza entre Ecopetrol y Monómeros.Según el presidente Gustavo Petro, su homólogo estadounidense estuvo de acuerdo en que las sanciones al régimen no han sido efectivas y que deben levantarse para lograr una recuperación de la economía. En ese contexto se dará la reunión entre el presidente colombiano y la encargada de Venezuela.El viernes 13 de febrero la canciller Rosa Villavicencio se refirió a dicho encuentro asegurando que "es posible" que Rodríguez viaje a Colombia en estos días. Agregó que esperaba tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita, que tras la llamada, quedó acordada.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que está proporcionando alimentos, kits de sanitación de agua y diferentes suministros para refugios temporales en Córdoba, tras las inundaciones registradas en las últimas semanas.Desde el Departamento aseguran que este apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas de las más de 250.000 familias y alrededor de 72.000 viviendas afectadas.Sin embargo, señalaron que esta asistencia humanitaria está dirigida a más de 1.400 hogares en Córdoba.Asimismo, la agencia destacó que Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia humanitaria a Colombia, pues el país recibe más del 30 % de toda la ayuda estadounidense destinada a Sudamérica con este propósito.Finalmente, aseguraron que parte de esta asistencia estratégica se hace con el objetivo de fomentar la estabilidad y fortalecer la relación entre Estados Unidos y Colombia.Lluvias no dan tregua en Córdoba y persiste la alerta por crecientes súbitasPese a ser esta una temporada de menos precipitaciones, la presencia de fuertes sistemas meteorológicos, como la vaguada monzónica y el sistema de baja presión del Darién, mantiene activa las alertas por tiempo lluvioso en la región Caribe, incluido el departamento de Córdoba.José David Garavito, meteorólogo del Ideam, afirma que durante esta semana se esperan continúen las lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en diferentes sectores del departamento, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles crecientes súbitas de ríos como Canalete y Sinú."Esta tendencia para los próximos días se mantiene, condiciones de cielo mayormente nublado, con probables lluvias de variedad intensidad, es decir, lluvias entre moderadas y fuertes, y probables tormentas eléctricas sectorizadas, tanto para el departamento de Córdoba, especialmente al suroccidente y oriente, como la ciudad de Montería", indicó.Es importante destacar que en el resto de la región Caribe, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, tampoco se descartan algunas lluvias durante esta semana.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una llamada telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá "próximamente", días después de que la Cancillería colombiana anunciara un "posible" viaje de la líder chavista esta semana al país cafetalero.Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado enero, no precisó cuándo tienen previsto celebrar la reunión."Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", escribió en Telegram.El objetivo, prosiguió, es "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países"."Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos", agregó la líder chavista.El pasado viernes, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo a EFE que "es posible" que Rodríguez viaje a su país esta semana y que esperaban tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó entonces la canciller durante una entrevista con EFE en Madrid.Villavicencio sostuvo que "hay voluntad" en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano quien invitó a Rodríguez a ir su país.Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.A juicio de Villavicencio, la "continuidad" que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- "ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles".
La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.Valencia asegura que hay un deterioro del sistema de salud que ha generado graves consecuencias como la muerte de Kevin Acosta, el menor de 7 años de edad que murió esperando un medicamento para la hemofilia.“Las EPS intervenidas por el gobierno desmejoraron sus indicadores financieros y prestacionales. Deben más plata, tienen más quejas y mayor siniestralidad. Además, en este Gobierno se dispararon las tutelas por salud. El Ministerio de Salud deliberadamente incumplió la orden de la Corte Constitucional de aumentar la UPC, al punto que le abrieron desacato. Esto afectó la sostenibilidad financiera del sistema. Acemi calcula el rezago en 33 billones de pesos”, dijo Valencia sobre las razones para presentar la queja disciplinaria.Además la candidata aseguró que todas las personas con hemofilia pueden hacer ejercicio, teniendo en cuenta que desde el Gobierno aseguraron que la familia de Kevin debía tomar medidas preventivas pues el menor había tenido un accidente en bicicleta.“Todas las publicaciones científicas afirman que los pacientes con hemofilia pueden hacer ejercicio. Es más, se recomienda que lo hagan para fortalecer músculos y huesos. Lo dicho por el ministro Jaramillo es irrespetuoso y pretende exculpar su responsabilidad por la pésima gestión de las EPS intervenidas y el desacato a la orden de la Corte, en que el niño usó una bicicleta”, agregó Valencia.
La empresa Mario Hernández anunció el lanzamiento de una campaña nacional para apoyar a las comunidades afectadas por la temporada invernal en el departamento de Córdoba. La iniciativa se desarrolla en respaldo a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, entidad encargada de coordinar la entrega de las ayudas humanitarias.Bajo el mensaje “Estamos juntos por Córdoba”, la campaña invita a los ciudadanos a participar mediante la adquisición de un kit solidario con un valor de $100.000. La compra se realiza a través de un código QR habilitado por la organización, mecanismo que permitirá canalizar los recursos directamente hacia la Cruz Roja para la distribución de mercados en las zonas afectadas.Según lo informado, la meta establecida es la entrega de 2.000 kits de ayuda humanitaria. Como parte del inicio de la campaña, los primeros 100 kits salieron desde la organización y ya se encuentran en proceso de traslado para su entrega en Córdoba, bajo la coordinación de la seccional Cundinamarca y Bogotá de la Cruz Roja.La iniciativa contempla el suministro de alimentos y artículos de apoyo básico para las familias damnificadas. De acuerdo con el comunicado, el propósito es promover una acción colectiva que permita atender necesidades inmediatas derivadas de la emergencia climática en la región.La organización hizo un llamado a los colombianos para sumarse a la campaña, indicando que cada aporte contribuirá al cumplimiento de la meta fijada. Asimismo, reiteró que el proceso de donación se realiza mediante el código QR oficial, con el fin de garantizar que los recursos lleguen directamente a la Cruz Roja Colombiana para su distribución en las comunidades afectadas.La campaña permanecerá activa mientras se alcanza el objetivo propuesto de 2.000 kits destinados a las familias impactadas por la temporada invernal en Córdoba.
En la tarde de este miércoles, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el Mapa de Riesgo Electoral 2026 para la ciudad de Bogotá. Según el informe, 315 de los 901 puestos de votación habilitados en la capital, equivalentes al 34 %, presentan algún nivel de riesgo para los próximos comicios al Congreso de la República y las Consultas Interpartidistas del próximo 8 de marzo. De estos, 36 puestos se encuentran en riesgo extremo, 130 en riesgo alto y 149 en riesgo medio.Las alertas frente al panorama electoral se ven frente a los llamados "comportamientos atípicos", que incluyen una baja participación histórica, altos índices de votos nulos y tarjetones no marcados. Estas irregularidades no se distribuyen de forma equitativa por la ciudad, sino que se concentran principalmente en el sur, suroccidente y sectores del centro de Bogotá.Uno de los casos más críticos es en la localidad de Sumapaz, ya que el 100 % de sus puestos de votación se encuentran bajo algún tipo de riesgo. Otras zonas con alertas significativas son Ciudad Bolívar, donde 15 de sus puestos están en riesgo extremo, y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puntos de votación presentan atipicidades. Localidades como Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero también superan el 50 % de sus puestos con alertas.A los riesgos técnicos y de participación se suma un factor determinante: el riesgo de violencia en Bogotá. El informe destaca hechos de enorme gravedad, como el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, lo que evidencia la fragilidad de las garantías para el ejercicio político en la capital.“La elección en Bogotá es especialmente compleja por la densidad inédita de candidaturas que confluyen en la ciudad. En la actual contienda hay 247 aspirantes a la Cámara de Representantes, a lo que se suma la campaña al Senado: con base en el comportamiento de 2022, al menos 112 candidatos al Senado harán campaña en Bogotá, una cifra conservadora si se tiene en cuenta que 177 aspirantes al Senado obtuvieron más de 1.000 votos en la capital en la última elección. Esta superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país”, se puede leer en el informe.Esta vulnerabilidad se acentúa por la complejidad de la contienda: Bogotá es el escenario más disputado del país, con una superposición de campañas nacionales y locales. Para 2026, el 96 % aspirantes a la Cámara de Bogota (238 candidatos) nunca han ocupado dicho cargo. Esta falta de experiencia política y la fragilidad de esquemas de seguridad hace que los nuevos candidatos sean especialmente vulnerables ante el contexto de violencia.“En este escenario, las recomendaciones son claras y urgentes: la Registraduría Distrital debe reforzar la capacitación de jurados, la pedagogía electoral y los controles diferenciados en puestos con antecedentes de votos nulos y baja participación; la Alcaldía de Bogotá debe asumir la participación electoral como una política pública territorializada, especialmente en las localidades donde históricamente se vota menos; y la fuerza pública debe diseñar un esquema de seguridad electoral focalizado, que proteja no solo la jornada de votación, sino también a los candidatos —en especial a los nuevos— y la logística previa y posterior al día electoral, en los territorios identificados como de mayor riesgo”, agrega.El informe concluye advirtiendo que, pese a que Bogotá posee una institucionalidad sólida, el derecho al voto no se ejerce con las mismas garantías en todos los territorios, lo que plantea el desafío de no normalizar una "democracia desigual" en el principal centro electoral del país.
Viajar al exterior exige algo más que tiquetes y reservas, pues el pasaporte es la llave que abre fronteras y certifica la identidad de millones de personas en el mundo. Para ello, la actualización de este documento se ha convertido en una prioridad para quienes viajan constantemente.El presidente Gustavo Petro presentó recientemente el diseño del nuevo pasaporte colombiano y aseguró que estará entre los cuatro más seguros a nivel mundial. Durante un consejo de ministros, el mandatario mostró la primera imagen de la libreta y explicó que la renovación se debe a una reestructuración profunda del modelo de contratación, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la soberanía tecnológica.“Pedí que la imprenta nacional estuviera al servicio. Ya tenemos el pasaporte”, indicó Petro indicando que el eje central de esta nueva versión será la protección avanzada de los datos personales.Además, según el Gobierno, el nivel de seguridad del nuevo documento permitirá que Colombia escale posiciones en estándares internacionales de identificación migratoria.Este nuevo modelo de pasaporte entrará en vigor en abril; no obstante, muchos ciudadanos se preguntan qué pasará con los pasaportes actuales que aún siguen vigentes.¿Seguirá siendo válido el pasaporte actual? Esto dice la CancilleríaLa Cancillería de Colombia aclaró que, a partir del 1 de abril de 2026, entrará en vigor el nuevo modelo de pasaporte, pero los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.Es decir, quienes ya tengan pasaporte ordinario o ejecutivo podrán continuar usándolo sin inconvenientes después de la fecha de implementación del nuevo diseño.La entidad recordó que en Colombia estos pasaportes tienen una vigencia de 10 años contados desde su expedición. Sin embargo, recomienda verificar con anticipación la fecha de expiración antes de planear un viaje internacional y renovarlo al menos seis meses antes de su vencimiento.Así lucirá el nuevo pasaporte colombianoEl presidente presentó la primera imagen del documento, aunque no entregó mayores detalles sobre sus características. Este fue el video del momento.
El próximo 22 de febrero el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, será el escenario de una jornada solidaria para apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones en los departamentos de Córdoba y la región de Urabá, que han dejado miles de familias con pérdidas en vivienda, cultivos y acceso a servicios básicos.Bajo el nombre de Cultura Solidaria, el evento se realizará el próximo domingo a las 3:00 de la tarde en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes. La iniciativa reunirá a artistas como Cabas, César Mora, Ilona, Lucio Feuillet, Nicolai Fella, Gabriela Ponce y María Fuell, además del Coro Nacional de Colombia, entre otros invitados.De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, que convocó este evento, las emergencias por lluvias han generado afectaciones significativas en varias comunidades que requieren apoyo en agua potable, salud, albergue temporal y recuperación de medios de vida.El concierto contará con asistencia presencial en Bogotá, pero también permitirá donaciones desde cualquier lugar del país o del mundo. Las entradas y aportes se gestionarán a través de la plataforma Tuboleta, mientras que la transmisión se hará a través del Sistema de Medios Públicos.La totalidad de los recursos recaudados será transferido a la Cruz Roja Colombiana, que ejecutará directamente las acciones humanitarias en territorio. Posteriormente, la organización entregará un reporte sobre la destinación de los fondos y las comunidades beneficiadas.
En medio de las tensiones que sacuden al Gobierno nacional por presuntas irregularidades en contratos del Fondo de Adaptación y la UNGRD, el director de esta última entidad, Carlos Carrillo, lanzó una de sus declaraciones más contundentes hasta ahora: “Si el presidente no valora lo que he hecho, que me pida la carta de renuncia”. La afirmación fue hecha durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, en la que el funcionario respondió a los señalamientos impulsados desde la Casa de Nariño y defendió su papel dentro del proyecto político del presidente Gustavo Petro.Carrillo aseguró que, lejos de ser un funcionario cuestionado por falta de transparencia o incompetencia, ha asumido uno de los retos más complejos del actual gobierno: enfrentar el que calificó como “el peor escándalo de corrupción de esta administración”. En ese contexto, afirmó que ha actuado con rigor técnico y que ha trasladado múltiples denuncias a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, tanto desde la UNGRD como durante su paso por la gerencia del Fondo de Adaptación.“Yo he hecho sinnúmero de denuncias, he dado muchos traslados a los entes de control y no necesité hacer una rueda de prensa desde los canales de Presidencia para hacer algo que es mi deber como funcionario”, señaló.Choque interno y críticas desde PresidenciaEl director de la UNGRD cuestionó duramente la actuación de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, a quien acusó de utilizar los canales institucionales de la Presidencia para hacer denuncias públicas sin haber agotado previamente los mecanismos internos. Según Carrillo, esa estrategia no solo generó desgaste al Gobierno, sino que también afectó su buen nombre.“Ella abusó de la institución presidencial y armó un show mediático que lo único que busca es hacerle daño a mi reputación y poner en entredicho un trabajo que he hecho con compromiso durante más de 20 años”, afirmó.Carrillo sostuvo que, desde el momento en que Rodríguez fue designada como gerente encargada del Fondo de Adaptación, él se puso a disposición para realizar un empalme adecuado y advertir sobre riesgos de corrupción, particularmente en el contrato conocido como la Ruta del Arroz, adjudicado a la Fundación San José. Sin embargo, aseguró que nunca fue recibido.La polémica por la ejecución de los contratosUno de los puntos más álgidos de la entrevista giró en torno a las cifras de ejecución de varios contratos estratégicos, especialmente el proyecto de Dinámicas Hídricas en La Mojana, cuyo avance fue señalado por Presidencia como inferior al 3%.Carrillo negó de manera categórica esas afirmaciones y explicó que se trata de un proyecto plurianual de más de 1,2 billones de pesos, heredado del gobierno anterior y que aún no ha sido contratado debido a fallas en la estructuración inicial.“¿Cómo se va a ejecutar un proyecto que no ha sido contratado? Decir que está en 3% de ejecución es mentirle al país o demostrar desconocimiento total de cómo funciona la contratación pública”, sostuvo. El funcionario explicó que la consultoría previa, valorada en 56 mil millones de pesos, se cayó porque ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos, y que posteriormente el proceso se vio frenado por decisiones políticas que impidieron avanzar en la ingeniería básica necesaria para adjudicar una obra de esa magnitud.La Ruta del Arroz y responsabilidades compartidasSobre el contrato de la Ruta del Arroz, Carrillo aclaró que el gerente general del Fondo de Adaptación no es ordenador del gasto, y que la estructuración y adjudicación del proyecto estuvo a cargo de la subgerencia de regiones.“Si hay dudas sobre ese contrato, ¿por qué se mantiene en su cargo al subgerente que lo estructuró y lo adjudicó?”, cuestionó, al tiempo que recordó que el caso ya está bajo investigación de la Procuraduría y la Contraloría.“No estoy atornillado al cargo”Ante la insistencia sobre una posible falta de respaldo del presidente Petro, Carrillo fue enfático en señalar que no tiene apego al cargo y que renunciaría de inmediato si el mandatario así se lo solicita.“Yo no voy a hacer lo de otros exfuncionarios. No voy a salir a hablar mal del Presidente. Si me pide la renuncia, se la entrego inmediatamente”, aseguró. Finalmente, el director de la UNGRD afirmó que continúa en el cargo por convicción política y por lealtad al proyecto del presidente Petro, al que dijo querer proteger, especialmente en regiones vulnerables como La Mojana, afectadas históricamente por el abandono estatal.
Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y actual gerente encargada del Fondo de Adaptación, respondió de manera contundente a las acusaciones del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) y exgerente del Fondo de Adaptación hasta noviembre, Carlos Carrillo. Rodríguez ha interpuesto denuncias contra Carrillo por presuntas irregularidades, falta de ejecución presupuestal, y posibles hechos de corrupción en las entidades que él manejó. La funcionaria enfatizó que su actuación está respaldada por documentos oficiales disponibles en plataformas como el SECOP, y que tiene el deber legal y constitucional como servidora pública de informar a las autoridades competentes sobre cualquier presunta falta o hecho ilegal.Baja ejecución presupuestal y alertas en La MojanaLas denuncias de Rodríguez se centran en los hallazgos de una "pésima ejecución presupuestal" en el Fondo de Adaptación, especialmente en los recursos destinados a La Mojana, asignados desde 2023. Según el corte de cuentas, la ejecución de estos recursos solo alcanza el 3%.La directora del DAPRE puso la lupa en seis proyectos problemáticos, muchos de los cuales tienen una ejecución financiera del 0%. Entre ellos se destaca el proyecto de la Ruta del Arroz, con un valor de 36.000 millones de pesos, que presenta un porcentaje de ejecución financiera del 0%, al igual que la investigación hidrodinámica, valorada en 17.000 millones de pesos.Rodríguez señaló que la baja ejecución contractual, particularmente la del 3% en La Mojana y el 0% en proyectos clave, no solo se relaciona con una falta de acción, sino que contribuye a la corrupción. Explicó que al no ejecutar las obras, teniendo el dinero disponible, se perjudica la entrega de servicios públicos oportunos al pueblo colombiano.Vínculo con BenedettiAngie Rodríguez desmintió las afirmaciones de Carrillo, quien intentó desvincularla de un criterio propio al sugerir que ella era "la mandadera de Benedetti". La directora calificó estos comentarios como un intento de "ridiculizarme" y "minimizar mis denuncias" por el hecho de ser mujer, lo que, según ella, evidencia que Carrillo está ejerciendo violencia política.Rodríguez subrayó que este comportamiento es una violación de la Ley 2453 de abril de este año, que tipifica la violencia contra las mujeres en política. "Yo no hago nada sin su autorización" afirmó, confirmando que la información que suministró a los colombianos es la misma que conoce el Presidente de la República.Asimismo, refutó la acusación de que no está descubriendo nada nuevo sobre los contratos, al aclarar que el proyecto de la Ruta del Arroz, valorado en 36.000 millones de pesos, fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carrillo.UNGRDRodríguez destacó que la baja ejecución no es un problema exclusivo del Fondo de Adaptación, sino un patrón de comportamiento en la gestión de Carrillo. Manifestó que el informe de ejecución presupuestal de la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión de Riesgo) con corte al 12 de diciembre muestra el mismo patrón, con solo el 5% de ejecución. La baja ejecución en la UNGRD afecta directamente al sector Presidencia, pues hace que los indicadores de este sector sean muy bajos en materia de ejecución.Conspiración internaFinalmente, Rodríguez se refirió a un tema sensible que involucra su vida profesional y personal. Señaló que "presuntamente existe una conspiración en mi contra para desacreditarme ante el señor presidente". La funcionaria sugirió que todo está relacionado, incluyendo presuntamente un asalto a la casa de sus padres. Rodríguez reveló que durante ese incidente, no solo se llevaron documentos, sino específicamente una escritura pública de salida del país de su hijo y el registro civil original del menor, indicando que las personas que le querían hacer daño sabían que su punto débil era su hijo. A pesar de los ataques, afirmó que no la van a doblegar y que no les tiene miedo.Escuche aquí la entrevista:
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación anunciaron investigaciones preliminares luego de las denuncias de la directora del Departamento Administrativo Nacional de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez contra el hoy director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo.Rodríguez convocó a una rueda de prensa la semana anterior, en la que prendió el ventilador y denunció lo que considera son irregularidades en la administración del Fondo de Adaptación, cuando Carrillo estaba al frente de la entidad. Según Rodríguez, apenas se ha ejecutado el 3 % de los recursos destinados a la atención de La Mojana y, al menos, en tres proyectos —la Plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y la investigación hidrodinámica— la ejecución es del 0 %.Rodríguez no solamente envió el informe a la prensa, sino que además lo remitió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría.“La Contraloría General de la República realizará una o varias indagaciones preliminares, a efectos de determinar, objetivamente, si los hechos expuestos podrían constituir un presunto daño fiscal y si ameritan, o no, la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal respecto de la ejecución de recursos públicos destinados a la atención de los efectos del fenómeno de La Niña, a las afectaciones sucedidas en La Mojana y otros”, señaló la entidad.Por su parte, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal está al frente de la indagación previa por esos mismos hechos. La entidad indicó que también se validarán las denuncias sobre posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades para la adjudicación de un contrato en el que podría estar involucrada la Fundación San José, así como la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer al contratista.Las denuncias de Rodríguez contra Carrillo terminaron en una pelea interna de Gobierno, en la que incluso está el ministro del Interior, Armando Benedetti. Carrillo señala a Rodríguez y a Benedetti de querer sacarlo del camino porque se “volvió incómodo” para los politiqueros.Carrillo se defendió de las acusaciones de la directora del Dapre también ante la prensa. En distintos medios aseguró que las acusaciones en su contra son como una “declaración de guerra” y una “canallada”.El funcionario asegura que los contratos objeto de crítica, en algunos casos, fueron declarados desiertos o estaban en proceso de incumplimiento contra el contratista, lo que explica la ejecución.El Fondo de Adaptación administra recursos por unos 624 mil millones.+
La “paz total” del presidente Gustavo Petro “hace agua” en medio de un nuevo desafío violento del ELN a los colombianos con un nuevo “paro armado”, sumado a las grandes dudas que surgieron tras la suspensión de la extradición a Estados Unidos de alias “Araña”, narcotraficante que busca quedarse en Colombia por medio de una negociación de paz como representante de una de las múltiples disidencias de las Farc.Con el ELN, la postura del presidente Gustavo Petro ha sido ambigua, porque si bien ordenó a comienzos de este año, intensificar las operaciones militares en su contra luego de que ese grupo asesinara a decenas de personas en una guerra territorial contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo, el 28 de octubre y el pasado 3 de diciembre, les hizo un guiño para que regresaran a la mesa de negociaciones.En el caso de Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', máximo cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo criminal que decidió separarse de la Segunda Marquetalia de 'Iván Márquez', la polémica ha surgido porque el presidente Petro decidió que por ahora queda suspendida su extradición a Estados Unidos, bajo el argumento de que está aportando resultados verificables y concretos en el marco de la Paz Total.La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano comenzó el pasado 16 de octubre, la destrucción de 14 toneladas de armas, en un acto que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, evento en el que ese grupo también se comprometió a concentrar al menos a mil de sus combatientes en zonas de ubicación temporal en Nariño y Putumayo, para iniciar su proceso de reinserción.En cualquier caso, no deja de ser polémico que se decida suspender la extradición de un hombre vinculado al tráfico de cocaína con organizaciones internacionales como el Cartel de Sinaloa, bajo el pretexto de que está apoyando el desarme del grupo que lidera, sobre todo en momentos de alta tensión diplomática con Estados Unidos.Como si todo esto no fuera suficiente, la senadora petrista Isabel Cristina Zuleta está en el “ojo del huracán”, luego de las denuncias que varios generales activos y retirados hicieran a la revista Semana, sobre las presuntas presiones de la congresista para que aliviaran la presión en contra de las disidencias de 'Calarcá', algo que ha negado la congresista.Sobre las revelaciones de la revista Semana, se conoció que el ministro de Defensa convocó a una reunión de emergencia para conocer el alcance de la situación, sumado a un duro salvamento de voto del magistrado de la sala de instrucción de la Corte, Misael Rodríguez, considerando que hay méritos para investigar a la senadora Zuleta por el llamado “Tarimazo”.A menos de ocho meses del final del mandato de Gustavo Petro, uno de los grandes interrogantes que deja su gobierno tiene que ver con su postura frente a los grupos armados ilegales y los límites entre la necesaria búsqueda de la paz y las decisiones que pueden rayar en la impunidad o en el tratamiento benévolo con los criminales.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció que se reunirá con la cúpula militar y policial y posteriormente con la senadora Isabel Cristina Zuleta, luego de las graves denuncias reveladas por la revista Semana, según las cuales la congresista habría solicitado a varios generales del Ejército y de la Policía que no adelantaran operativos contra estructuras criminales, especialmente en zonas afectadas por la minería ilegal.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que, por ahora, la información que maneja es la que ha sido divulgada por los medios de comunicación y que, dada la sensibilidad del tema, es necesario adelantar un proceso de verificación institucional antes de emitir cualquier pronunciamiento de fondo.“Por ahora la información que tengo es la que han visto ustedes en los medios. He interactuado también a nivel interno, pero ahorita voy a reunirme con la cúpula militar y policial para conocer de primera mano y analizar lo expuesto por ese medio, qué tan cierto es”, señaló el ministro Sánchez.Reunión con generales y encuentro con la senadora ZuletaEl ministro explicó que el procedimiento contempla primero escuchar a los altos mandos militares y de Policía mencionados en la publicación periodística y, posteriormente, reunirse con la propia senadora Zuleta, quien hace parte del Pacto Histórico y actualmente integra el Congreso de la República.“Algo tan sensible y tan crítico hay que averiguarlo. Hay que reunirse y hay que preguntarle también a la honorable senadora. Ella hace parte del cuerpo legislativo y nosotros del Ejecutivo”, sostuvo el titular de Defensa. Sánchez fue enfático en recordar que la línea de mando de la Fuerza Pública depende exclusivamente del presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero reconoció que existen espacios de interacción entre las distintas ramas del poder, especialmente en el marco del control político.¿Existían denuncias previas dentro del Ministerio de Defensa?Ante la pregunta directa sobre si, antes de la publicación de Semana, había recibido denuncias internas relacionadas con presuntas llamadas o presiones de la senadora Zuleta para frenar operativos militares, el ministro fue categórico:“No. Yo lo único que he interactuado en el tema específico con la honorable senadora es en lo relacionado con cómo avanzamos en solucionar el problema de la minería criminal, que tanto daño le hace a Colombia”. En ese contexto, Sánchez aprovechó para reiterar que la Fuerza Pública mantiene su accionar contra este delito, independientemente de debates políticos o legislativos.Operativos recientes contra la minería ilegalEl ministro de Defensa recordó que, incluso durante el fin de semana en el que se conocieron las denuncias, se realizaron operaciones contundentes contra la minería ilegal, lo que, a su juicio, demuestra que no existe ninguna instrucción de frenar la acción militar.“Este fin de semana hicimos dos operaciones importantes: una contra la producción en Urrao, donde destruimos maquinaria que no tiene nada de ancestral, esto es minería criminal; y otra en el Bajo Cauca, neutralizando actividades de comercialización criminal”, explicó.El papel de la Corte Suprema de JusticiaFrente a la posibilidad de que, tras las reuniones con los generales, se confirme la veracidad de las denuncias contra la senadora Zuleta, Sánchez dejó claro que no es el Ministerio de Defensa el ente encargado de juzgar, sino la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero constitucional de los congresistas.“Si se llegara a encontrar alguna actividad ilegal, hay que ponerlo en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Son los entes investigadores los que deben decir si es cierto o no”, puntualizó. El ministro evitó calificar de legales o ilegales las actuaciones atribuidas a la senadora, insistiendo en que cualquier conclusión debe provenir de las autoridades judiciales competentes.Límites a la interacción entre congresistas y Fuerza PúblicaDurante la entrevista, Sánchez también intentó marcar una línea clara frente a la relación entre congresistas y mandos militares. Si bien reconoció que es habitual que senadores y representantes llamen para alertar sobre problemas en sus regiones, dejó claro que no es aceptable pedir que se incumpla el deber institucional.“No debe ser aceptado que alguien llame a decir que no cumplan el deber institucional”, afirmó, en referencia directa a la denuncia de que se habría pedido frenar operativos militares.
El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, confirmó que el paro armado decretado por ELN ya deja 51 acciones terroristas en diferentes regiones del país, en medio de una escalada de violencia que se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre. Así lo señaló en entrevista con Néstor Morales, en el programa Mañanas Blu, donde calificó estas acciones como un “ataque directo al pueblo colombiano”.De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, los hechos se han registrado en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó y otras zonas del oriente y occidente del país, generando zozobra entre la población civil en plena temporada decembrina.“Esto que está haciendo el ELN es un ataque directo al pueblo colombiano, no discriminan a nadie para hacer sus acciones terroristas”, afirmó el ministro Sánchez.Acciones violentas y terrorismo mediáticoEl ministro explicó que, de los 51 eventos registrados, 38 corresponden a lo que denominó ‘terrorismo mediático’, consistente en la instalación de banderas del grupo armado ilegal, grafitis y la marcación de vehículos, acciones que buscan amplificar el miedo a través de redes sociales. Sin embargo, advirtió que al menos tres ataques sí han sido de carácter cinético, con afectaciones directas a la población.Entre los hechos más graves mencionó el asesinato de un conductor de ambulancia en Puerto Santander, Norte de Santander, así como la instalación de una motobomba en el peaje Lizama, en Barrancabermeja, que dejó herida a una trabajadora del lugar. También se reportó un ataque en el sector de Cuatro Vientos, en Maicao, que no dejó víctimas.“Esta amenaza criminal y terrorista contra todos los colombianos ya registra 51 eventos. Aunque muchos buscan generar miedo, algunos sí han causado víctimas y daños reales”, puntualizó el ministro.Recompensas y despliegue de la Fuerza PúblicaFrente a la ofensiva del ELN durante el paro armado, el Ministerio de Defensa anunció recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita neutralizar anticipadamente estas acciones terroristas. Además, se ofrece hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias ‘El Negro Mina’, uno de los cabecillas del ELN que aparece en videos amenazando a la población.“La clave siempre será la anticipación. Hemos desplegado todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública”, señaló Sánchez. El funcionario destacó que se encuentra en marcha un plan especial de seguridad de Navidad, con presencia del Ejército, la Policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), especialmente en zonas de alta complejidad como el Catatumbo, el Cauca y el Chocó, donde se han reforzado capacidades antidrones, fluviales y aéreas.ELN y el “cinismo terrorista”El ministro de Defensa rechazó los argumentos del ELN, que justifican el paro armado como una protesta contra el presidente estadounidense Donald Trump y su postura frente al presidente Gustavo Petro. Para Sánchez, se trata de una excusa sin sustento.“Es una excusa absurda. El ELN es muy experto en su cinismo terrorista. Esto no es un rechazo a un gobierno extranjero, es una amenaza al pueblo colombiano y a los más vulnerables”, afirmó.Recordó que esta organización narcocriminal lleva más de 60 años de existencia y reiteró el llamado a la desmovilización. “Ya deben pasar a la historia. No sigan haciéndole tanto daño al país ni a sus propias familias”, expresó.Paz Total y combate al narcoterrorismoConsultado sobre la política de Paz Total y los intentos de negociación con el ELN, Sánchez fue enfático en señalar que el Gobierno no ha dado ninguna instrucción para suspender operaciones militares.“Tenemos la instrucción clara del señor Presidente de la República de combatir al grupo narcoterrorista y proteger a todos los colombianos. En ningún momento se nos ha dicho que dejemos de atacar a esos criminales”, aseguró. El ministro sostuvo que el ELN “transformó su ideología revolucionaria por una cultura traqueta” y que, pese a los espacios de diálogo abiertos por ley, las Fuerzas Militares continúan actuando dentro del marco de la Constitución y la ley.Denuncia por presunta interferencia políticaFinalmente, el ministro se refirió a la denuncia revelada por la revista Semana, que señala a la senadora Isabel Zuleta de presuntamente interferir en operativos militares. Sánchez indicó que revisará el caso con la cúpula militar y policial y que posteriormente se reunirá con la congresista.“Algo tan sensible y crítico hay que averiguarlo. Vamos a analizar qué tan cierto es y si hay algo más que debamos conocer”, concluyó. Mientras tanto, el país permanece en alerta máxima ante el paro armado del ELN, con un Gobierno que insiste en mantener la ofensiva contra el terrorismo y garantizar la seguridad de los colombianos.