El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se adelantan investigaciones para determinar quiénes son los responsables de la muerte de Kevin Acosta, paciente con hemofilia que falleció mientras esperaba un medicamento clave para su tratamiento. El jefe de la cartera política defendió al presidente Gustavo Petro tras sus declaraciones en las que señaló a la familia del menor por una presunta falta de cuidados.“No me parece indolente, porque el presidente estaba buscando las causas y a los responsables. Alguien puede dar una interpretación de mala fe en contra de su apreciación. Sé de buena fuente que se están haciendo investigaciones para dar con los verdaderos responsables de lo que sucedió”, afirmó.Benedetti también se refirió a las elecciones y al anuncio de su suegra de votar en la consulta del 8 de marzo por Roy Barreras. Señaló que esa es una decisión personal de Adelina Covo y reiteró que él no participará en la consulta.La izquierda atraviesa una división tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir de la consulta al candidato Iván Cepeda. Roy Barreras mantuvo su participación, lo que generó molestia en el Pacto Histórico, que pidió a sus militantes abstenerse de votar el 8 de marzo y advirtió posibles sanciones.
En el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de la acción unificada, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) en coordinación con la Policía Nacional, en desarrollo de operaciones militares ofensivas, logró la ubicación y destrucción, en la vereda Bella Vista, de Sabana de Torres, departamento de Santander, un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, Subestructura Édgar Madrid Benjumea.El complejo cocalero se encontraba compuesto por cuatro estructuras con capacidad de producción mensual de dos toneladas de estupefaciente. Gracias a las labores de inteligencia militar, se tienen indicios de que los integrantes de este grupo han buscado trascender fronteras, en su intención de comercializar la droga en países de Centroamérica y en los Estados Unidos, tomando como corredores de movilidad las áreas costeras y marítimas del mar Caribe.Con la ubicación de este laboratorio, donde fueron hallados 1026 kilogramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en 151.000 millones de pesos, y la destrucción de la infraestructura, valorada 700 millones de pesos, se continúa atacando las economías ilícitas del Clan del Golfo.De esta manera, el Ejército Nacional cumple con su misión constitucional en la búsqueda permanente de garantizar el orden interno y soberanía de nuestro país, propendiendo por el bienestar de las comunidades.
En una operación conjunta de Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía fue capturado Carlos Armando Castaño Ortiz, conocido con los alias de ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, señalado cabecilla de zona de la subestructura Gener Morales, perteneciente a la estructura Oliverio Isaza Gómez del Clan del Golfo. La operación se realizó en el centro poblado del corregimiento San Miguel, zona rural de Sonsón, Antioquia.De acuerdo con información de inteligencia, este peligroso cabecilla llevaba cerca de dos décadas delinquiendo y era considerado pieza clave en el sostenimiento financiero del grupo armado. Las autoridades lo señalan de coordinar cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos y redes ilegales, además de participar en narcotráfico, extracción ilícita de combustibles y control de rentas criminales en municipios de Antioquia, Caldas y Tolima. También está vinculado con homicidios selectivos y el manejo de corredores estratégicos en el Magdalena Medio.El prontuario del capturado incluye pasos por antiguas estructuras criminales y grupos armados, desde su vinculación a las AUC en 2002 hasta su paso por bandas como la Oficina de Envigado y organizaciones regionales, antes de consolidarse dentro del Clan del Golfo. Según el reporte oficial, era hombre de confianza de mandos superiores y tenía injerencia directa en la expansión territorial del grupo.Durante el operativo le fueron incautados un radio de comunicaciones, un teléfono celular y una camioneta gris con placas de Bogotá. Para las autoridades, su captura representa un golpe a la estructura criminal, al debilitar su línea de mando y frenar la expansión de la red de extorsiones en el corredor del río Magdalena, una zona clave para el tráfico de armas, drogas y dinero ilegal.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía, mientras se adelantan las audiencias judiciales y se espera ampliación oficial sobre los delitos que le serán imputados. Con este resultado, las autoridades buscan afectar la capacidad financiera y operativa de la organización en el Magdalena Medio, donde el Clan del Golfo mantiene una fuerte disputa por el control territorial.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó su participación en las marchas de este jueves, convocadas en respaldo al Gobierno nacional por todo el revuelo del salario mínimo.El presidente de Fecode, Domingo Ayala, explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la decisión fue adoptada tras una reunión de la federación y sus sindicatos filiales.Según indicó, el objetivo central es defender el concepto de “salario mínimo vital”, una figura que, afirmó, está respaldada por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el marco constitucional colombiano.La movilización en Bogotá está prevista para la tarde, aunque en otras regiones del país algunos sindicatos afiliados realizarán marchas en horas de la mañana. En la capital, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), filial de Fecode, saldrá hacia la Plaza de Bolívar desde las 2:00 de la tarde.¿Por qué saldrá a marchar Fecode?Aunque la mayoría de sus afiliados no devenga el salario mínimo, la organización sindical asegura que su presencia en las calles responde a un principio de solidaridad con los trabajadores que sí dependen de ese ingreso básico.Ayala reconoció que los docentes del sector oficial han logrado mejoras salariales a través de negociaciones colectivas y que ninguno de ellos percibe actualmente el salario mínimo. Sin embargo, insistió en que la federación agrupa no solo maestros, sino también trabajadores administrativos y otros empleados del sector educativo, algunos de los cuales —según afirmó— podrían estar en diferentes condiciones salariales.“Nosotros somos una organización sindical de trabajadores de la educación y actuamos con solidaridad frente al conjunto de los trabajadores del país”, sostuvo el dirigente.El debate surge en medio de la discusión sobre el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno, que fue fijado en 23,7%. Para Fecode, aunque el ajuste representa un avance, no resuelve completamente el rezago acumulado durante décadas. El dirigente sindical aseguró que el propósito debe ser avanzar gradualmente hacia un salario que garantice condiciones de vida dignas, en coherencia con los compromisos internacionales suscritos por Colombia ante la OIT. Actualmente, Fecode agrupa a 34 sindicatos en todo el país y representa aproximadamente a 350.000 afiliados, según cifras entregadas por su presidente.Durante la entrevista también se abordó la participación política de Ayala, quien confirmó su aspiración al Senado por el Frente Amplio Unitario. No obstante, sostuvo que su presencia en la movilización será en calidad de dirigente sindical y no como candidato.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sanitaria y ordenó el retiro de varios lotes de mantequilla de maní tras detectar la posible presencia de fragmentos de plástico azul en algunos productos. La decisión se tomó como medida preventiva luego de que se identificara material extraño durante controles de calidad en el proceso de producción, lo que podría representar un riesgo para los consumidores.Los productos afectados fueron comercializados en distintos puntos de venta, incluyendo supermercados, bodegas y restaurantes en estados como Nueva York y Nueva Jersey, además de otras regiones del país. En total, los artículos fueron distribuidos en cerca de 40 estados, lo que amplió el alcance de la alerta y obligó a una rápida reacción de fabricantes, distribuidores y autoridades sanitarias.¿Cuáles son las mantequillas de maní contaminadas?Las presentaciones involucradas corresponden principalmente a porciones individuales, utilizadas frecuentemente en establecimientos de alimentos y servicios. Entre los productos incluidos en el retiro se encuentran:Mantequilla de maní cremosa en presentación de 0.75 onzas distribuida por US FoodsMantequilla de maní de 0.5 onzas y mantequilla fresca de 0.75 onzas distribuida por Dyma Brands, Inc.Mantequilla de maní cremosa con receta especial de 0.75 onzas distribuida por Sysco CorporationPresentaciones combinadas de mantequilla de maní con mermelada en empaques individualesEstos productos eran ampliamente utilizados en el sector gastronómico y también vendidos directamente al público.Hallazgo de fragmentos de plástico activó el retiroLa empresa Ventura Foods LLC fue la encargada de iniciar el retiro voluntario luego de identificar fragmentos de plástico azul en uno de los filtros utilizados durante el proceso de fabricación. Este hallazgo encendió las alarmas internas y activó los protocolos de seguridad alimentaria establecidos.De acuerdo con declaraciones entregadas a la revista 'People', un portavoz de la compañía explicó que la decisión se tomó de forma preventiva para proteger a los consumidores y evitar posibles incidentes.La empresa también indicó que, desde el momento en que se detectó el problema, se notificó a clientes, distribuidores y minoristas para que suspendieran la venta y revisaran sus inventarios. Asimismo, se solicitó retirar inmediatamente cualquier producto potencialmente afectado.Recomendaciones de la FDA a consumidores y distribuidoresLa FDA recomendó a los consumidores no ingerir los productos incluidos en el retiro y verificar si poseen alguno de los lotes afectados. En caso de tenerlos, la autoridad sanitaria aconseja devolverlos al punto de compra o desecharlos de forma segura.Entre las principales recomendaciones se encuentran:No consumir los productos identificados en la alertaRevisar etiquetas y presentaciones individualesSuspender el uso inmediato si se sospecha que pertenece a los lotes retiradosContactar al establecimiento donde fue adquiridoHasta el momento, no se han confirmado casos de personas lesionadas relacionados con este incidente. Sin embargo, la presencia de fragmentos de plástico puede representar un riesgo físico, incluyendo posibles lesiones en la boca o el sistema digestivo.El retiro de estos productos forma parte de los mecanismos de vigilancia implementados para proteger la salud pública. Las autoridades sanitarias mantienen estrictos controles y coordinan con fabricantes para detectar y retirar rápidamente cualquier producto que pueda representar un riesgo.
En Bogotá ya comenzó a operar un programa que busca aliviar el bolsillo de quienes más lo necesitan. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán puso en marcha una estrategia para que población vulnerable pueda viajar sin costo en TransMilenio, cuyo pasaje en 2026 quedó en 3.550 pesos.La medida, liderada por la Secretaría de Integración Social junto con la Secretaría de Movilidad, reemplaza los antiguos descuentos parciales en la tarifa. Ahora el beneficio es directo: pasajes gratuitos cargados mensualmente en la tarjeta personalizada TuLlave, según el perfil socioeconómico de cada persona.¿Quiénes pueden acceder a los pasajes gratis de TransMilenio?El Distrito definió los grupos priorizados bajo criterios de focalización vigentes. No se trata de una inscripción abierta para todos, sino de una asignación dirigida a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.Entre los beneficiarios están:Personas en situación de pobreza extrema y moderada.Personas mayores de 62 años.Personas con discapacidad.Desde febrero, el programa amplió su cobertura e incluyó también a:Personas mayores vinculadas a la Comunidad del Cuidado.Exhabitantes de calle que estén en procesos de resocialización a través del servicio de Hospedaje Social.Personas que viven en pagadiarios, una población con alta vulnerabilidad económica y residencial.Según explicó la entidad distrital, la asignación mensual depende de la caracterización social de cada caso. La recomendación es consultar en el portal oficial de la Secretaría de Integración Social si se cumplen los requisitos.Así puede activar los pasajes gratis en la tarjeta TuLlave personalizadaPara acceder al beneficio no basta con estar focalizado: es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada. Allí se cargan los pasajes gratuitos cada mes y deben activarse de manera manual.El proceso se puede hacer en estaciones o en puntos automáticos del sistema, siguiendo estos pasos:Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.Seleccionar “Transacciones virtuales”.Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.Confirmar los pasajes asignados.Finalizar el proceso.El Distrito insiste en que los pasajes deben activarse mensualmente para no perder el beneficio. Con esta estrategia, la ciudad apuesta por garantizar movilidad a quienes necesitan desplazarse para acceder a servicios de salud, formación o empleo, sin que el costo del transporte se convierta en una barrera adicional.
Juan Carlos Naranjo Becerra, un taxista de Bogotá, es señalado de utilizar un datáfono como herramienta para cometer robos bajo la modalidad conocida como “cambiazo” de tarjetas bancarias. De acuerdo con la investigación, este conductor ofrecía a los pasajeros la opción de pagar la carrera con tarjeta y allí empezaba el robo.Durante la transacción, manipulaba el datáfono para generar demoras o fallas aparentes en el pago, algo que los pasajeros veían con normalidad. Justo en medio de esa confusión y aprovechando momentos de distracción, intercambiaba la tarjeta original por un plástico inservible o una réplica, que luego entregaba al usuario sin que este lo notara.Las evidencias y denuncias recopiladas indican que, una vez obtenía la tarjeta original de la víctima y la clave del titular, el conductor acudía de inmediato a cajeros electrónicos para realizar retiros de dinero. Bajo este método, se habría apropiado de más de 379 millones de pesos, afectando al menos a 35 personas que coincidieron en el mismo patrón de fraude tras usar taxis en la ciudad.El taxista fue capturado durante un allanamiento en la localidad de Suba y en el procedimiento fueron incautados dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. Además, al momento de su captura, las autoridades le encontraron en sus prendas dos credenciales adicionales pertenecientes a otras personas.Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Naranjo Becerra no aceptó los cargos; sin embargo, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.
De cara a las elecciones del 8 de marzo, la izquierda sigue dividida tras la decisión del Consejo Nacional Electoral que dejó por fuera al candidato Iván Cepeda. El precandidato Roy Barreras siguió adelante con su consulta del Frente por la Vida en la que participa con Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Elías Pineda.Esto generó molestia al interior del sector que apoya a Cepeda e incluso en el mismo candidato. Este miércoles se conoció una circular interna en la que el Pacto Histórico le pide a sus militantes no votar las consultas y advierte también sanciones a quienes decidan hacerlo; frente a esto respondió en un video Barreras, asegurando que es una petición que responde al miedo.“Compañeros, no se equivoquen. La unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos ahora derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro. La unidad es lo que permitirá que el progresismo profundice las reformas sociales, pero con un cambio estable, seguro, que le dé tranquilidad y garantías a todos los colombianos”, dijo.También se refirió a las amenazas sobre sanciones: “No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándole garantías a todos. Yo sé unir al país y, por supuesto, sabré unir a quienes hemos estado unidos durante años. Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos. Estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha, de derrotar la consulta uribista y luego de unir a Colombia”, concluyó.
El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, insistió este miércoles en la supuesta falta de compromiso de Colombia en temas de seguridad fronteriza, argumento usado por Quito para aplicar un arancel del 30 % a las importaciones desde el vecino país."Este es un tema de seguridad, lo que se requiere es un compromiso firme y seguro de parte de Colombia de control de la frontera. Hasta ahora no lo hemos tenido", señaló en la televisión Ecuavisa.Ecuador y Colombia están enfrascados en una guerra comercial que comenzó con el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero el mencionado arancel a las importaciones desde ese país. En represalia, Bogotá también anunció acciones en el área comercial y de energía contra Ecuador.Jaramillo descartó que Ecuador pudiese abandonar la Comunidad Andina de Naciones (CAN) si la disputa con Colombia se agrava, y aseveró que "el diálogo no está roto", "sí hay una comunicación con Colombia", sobre la que -dijo- no puede dar los detalles, aunque expresó su esperanza de que se logre "una respuesta satisfactoria"."Lo que se requiere aquí es seguridad, control de fronteras. No puede haber comercio sostenible si no hay seguridad en la frontera, si no hay control. Se necesita que tengamos operativos coordinados, conjuntos, intercambio de información, de inteligencia, eso es lo que requerimos como país", insistió.Medidas ante la CANEl martes, la Cancillería informó en un comunicado de que Ecuador presentó ante la Secretaría General de la CAN tres reclamos formales contra Colombia por supuestas vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional.El comunicado se difundió en momentos en que medios de prensa colombianos señalaban que Bogotá habría presentado dos demandas contra Ecuador ante la CAN por la aplicación de un arancel del 30 %.Ecuador decidió "activar los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena para la defensa de sus derechos frente a medidas previamente adoptadas" por Colombia "que afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos", señaló la Cancillería.La decisión se dio -añadió- porque Ecuador ha identificado "incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario".El comunicado apuntó que las medidas adoptadas por Colombia responden a la decisión de Ecuador de aplicar una tasa del 30 %, adoptada por razones de seguridad nacional "ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional".
El Gobierno nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) firmaron dos acuerdos en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, con el objetivo de avanzar en el desescalamiento de las violencias y fortalecer la protección de la población civil en los municipios de Dibulla (La Guajira), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena).Uno de los compromisos suscritos es el cese de homicidios y la abstención de actos crueles, inhumanos o degradantes contra la población civil. El grupo armado también reiteró que no adelantará acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional, ni realizará ataques contra instalaciones oficiales.En el acuerdo, las ACSN se comprometieron a no reclutar, usar ni vincular menores de 18 años en ninguna de sus actividades. Señalaron que, en caso de identificarse la presencia de menores en sus estructuras, deberán facilitar su desvinculación inmediata y ponerlos a disposición de las autoridades civiles competentes para el restablecimiento de sus derechos.Asimismo, el grupo se comprometió a respetar los derechos de la población civil y de las personas con especial protección, a no instrumentalizar el proceso con fines políticos o militares y a no interferir en el desarrollo de los procesos electorales.También acordó abstenerse de realizar cualquier tipo de extorsión en los municipios de Dibulla, Ciénaga y Santa Marta, y no obstaculizar las acciones de transformación territorial lideradas por el Gobierno nacional, las entidades territoriales y las autoridades civiles en estas zonas.Por su parte, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aseguró que seguirá los “recursos necesarios para asegurar las condiciones logísticas y operativas requeridas”.
La abogada Marcela García Cifuentes ha radicado una acción de tutela y anunció la preparación de denuncias de carácter penal contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Esta medida judicial surge como respuesta a las recientes declaraciones del mandatario relacionadas con el fallecimiento de Kevin Acosta, un niño que padecía hemofilia, y los señalamientos públicos dirigidos contra su madre.Indignación y empatía desde la experiencia del paciente La motivación de García Cifuentes para interponer esta acción legal se fundamenta en una profunda indignación ante el trato que el Gobierno nacional ha dado a la familia afectada. La abogada, quien se identificó como sobreviviente de cáncer, manifestó que comprende el dolor de enfrentar una enfermedad y poner la esperanza en tratamientos médicos. Según explicó, su pilar actual es defender a las mujeres cabeza de hogar, por lo que considera inaceptable que una madre que atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo deba, además, defenderse de los ataques de la más alta instancia del gobierno.Vulneración de la intimidad y datos sensibles Uno de los puntos más críticos de la tutela es la denuncia sobre la divulgación no autorizada de la historia clínica y datos médicos de la madre de Kevin. García Cifuentes calificó como "terrible" que se expusiera la información privada de la paciente de la manera en que se hizo. Por ello, la tutela exige tres puntos claros: el cese inmediato de los señalamientos públicos, el retiro de todos los datos médicos divulgados sin consentimiento y una rectificación por parte del presidente Petro. La abogada enfatizó que esta rectificación debe darse en "condiciones de equidad", es decir, con el mismo nivel de difusión que tuvieron las declaraciones originales del mandatario.Defensa del buen nombre y la presunción de inocencia El recurso judicial busca proteger derechos fundamentales que, según la jurista, han sido vulnerados de manera flagrante: la privacidad, la intimidad, el buen nombre y la presunción de inocencia. García Cifuentes señaló que el presidente ha culpado públicamente a la madre del menor, haciendo mención a detalles como traslados en bicicleta y una supuesta negativa a autorizar cirugías, lo cual ha causado un dolor adicional a la familia en un momento de extrema vulnerabilidad. Aunque la abogada aclaró que no ha hablado directamente con la madre de Kevin, decidió actuar de oficio tras ver el sufrimiento de la mujer en entrevistas recientes donde se defendía de los ataques presidenciales.Escuche aquí la entrevista:
La contienda interna del progresismo colombiano sumó un nuevo capítulo tras el anuncio oficial de la Unión Sindical Obrera (USO), el poderoso sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, de respaldar la campaña presidencial de Roy Barreras. La decisión se produce en medio de la fractura política entre el sector del Pacto Histórico, que impulsa a Iván Cepeda, y la apuesta de Barreras por medirse en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.En entrevista con Blu Radio, Martín Ravelo, presidente de la USO, explicó que la determinación fue adoptada en el marco de un plenario sindical con representación de más de 28 subdirectivas. “Más allá de una jugada, es una decisión democrática que acaba de tomar la Unión Sindical Obrera”, sostuvo.El respaldo de la USO cobra especial relevancia en el escenario político, dado que hace cuatro años el sindicato apoyó la candidatura presidencial de Gustavo Petro, incluso con una financiación de 500 millones de pesos que posteriormente generó sanciones del Consejo Nacional Electoral por inconsistencias en el reporte.Seguridad energética y defensa de Ecopetrol, ejes del respaldoLa USO argumentó que su decisión se fundamenta en la necesidad de fortalecer la seguridad energética de Colombia y proteger la industria petrolera como patrimonio público. Ravelo fue enfático al señalar que las propuestas de Iván Cepeda no se alinean con esa visión.“Básicamente porque el candidato Iván Cepeda lo que ha planteado de cara al país y de forma pública es radicalizar la agenda ambientalista, que desconoce cuál es la realidad energética que tenemos hoy en el país”, afirmó el dirigente sindical.Según Ravelo, Colombia continuará dependiendo durante años de los combustibles fósiles, por lo que considera contraproducente acelerar la transición energética. “Ese desestímulo que se le ha venido propinando a la industria de los hidrocarburos nos tiene sumidos en situaciones concretas como la importación de más del 20 % del gas que consumimos los colombianos”, advirtió.En ese contexto, la USO respalda la propuesta de Roy Barreras de impulsar la exploración y producción de petróleo y gas, incluyendo el desarrollo técnico y científico de pilotos de fracking en el Magdalena Medio. “El compromiso es incentivar la industria, el negocio original de Ecopetrol, que es el crudo y el gas”, subrayó Ravelo.Tensión en el Pacto Histórico por la consulta presidencialEl anuncio del sindicato ocurre mientras el Pacto Histórico atraviesa una disputa interna tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir a Iván Cepeda de la consulta presidencial del Frente por la Vida. En respuesta, la Dirección Nacional del Pacto emitió una circular ordenando a su militancia no participar en la consulta del 8 de marzo y concentrar esfuerzos en las listas al Congreso.Gabriel Becerra, vocero del Pacto Histórico, defendió la decisión como una postura coherente frente a lo que calificó como una política de exclusión. “No vamos a participar en la consulta y por lo tanto no vamos a pedir el tarjetón. Es una orientación legítima”, afirmó.Sin embargo, Roy Barreras insiste en la necesidad de ampliar la base electoral del progresismo. Recordó que para la victoria de Petro en 2022 fueron necesarios 11 millones de votos, cifra superior a los 2,7 millones obtenidos en la consulta interna de octubre. “Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos, estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha”, expresó Barreras, defendiendo su tesis de unidad tras medición democrática.Debate sobre transición energética y frackingUno de los puntos neurálgicos del debate es el futuro de la política mineroenergética. Mientras Iván Cepeda ha defendido una agenda ambientalista más estricta, Barreras propone una transición energética “justa y paulatina”, sin abandonar la producción nacional de hidrocarburos.Ravelo marcó distancia frente a lo que considera una transición acelerada: “Estamos alineados con la necesidad de transitar hacia energías renovables, pero debe ser de manera justa y no acelerada, que es lo que hemos venido observando”.La discusión también revive el debate sobre el fracking en Colombia, una técnica cuestionada por sectores ambientalistas, pero defendida por parte de la industria como alternativa para reducir la dependencia de importaciones de gas y crudo.Un movimiento con impacto políticoEl respaldo de la USO a Roy Barreras tiene un peso simbólico y estratégico. Se trata de uno de los sindicatos más influyentes del país, históricamente vinculado a las luchas por la defensa de Ecopetrol y los derechos laborales en el sector petrolero.Ante cuestionamientos sobre posibles influencias políticas, Ravelo negó presiones externas y rechazó versiones sobre la intervención del ministro Edwin Palma, exdirigente sindical. “Esta decisión es una decisión democrática que toman las huestes de este sindicato, que siempre se ha mantenido independiente de las fuerzas políticas”, afirmó.
Catorce organizaciones campesinas colombianas participan esta semana en la Amsterdam Cocoa Week y en el Festival Chocoa 2026, uno de los escenarios más importantes del mundo para la industria del cacao y el chocolate. Detrás de esta delegación hay más de 25.000 familias productoras que buscan abrirse espacio en mercados internacionales con cacao fino y de aroma cultivado en distintas regiones del país.Las asociaciones provienen de departamentos como Arauca, Meta, Huila, Boyacá, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Nariño y Putumayo. Varias de estas zonas han estado marcadas por el conflicto armado y por economías ilícitas, pero hoy consolidan el cacao como una alternativa productiva sostenible. En este contexto, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha acompañado el proceso de fortalecimiento y proyección internacional de estas organizaciones.Los productores que viajaron a Países Bajos fueron reconocidos previamente en los concursos Cacao de Oro y Grano de Oro, distinciones que destacan la calidad, el aroma y la excelencia del grano colombiano. En Ámsterdam compiten y exhiben su producto ante compradores especializados, chocolateros y expertos del sector, con la expectativa de establecer contactos directos y mejorar sus condiciones de comercialización.Cabe mencionar que cerca del 95 % de esta producción se destina a exportación y más de 65.000 familias dependen de esta cadena productiva en más de 500 municipios. Para las organizaciones participantes, la vitrina internacional no solo representa una oportunidad comercial, sino también la posibilidad de consolidar al cacao como cultivo de paz y motor de desarrollo rural en territorios históricamente golpeados por la violencia.
El exembajador y precandidato Roy Barreras está consolidando respaldos de cara a la votación de las consultas. Este miércoles, la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos del sector petrolero que en la campaña pasada respaldó al hoy presidente Gustavo Petro, anunció oficialmente su apoyo a la candidatura de Barreras para el próximo 8 de marzo.La USO fue un actor político relevante en la elección que llevó a Petro a la Casa de Nariño, incluso realizó aportes económicos a esa campaña, los cuales hicieron parte de investigaciones en curso por violación de topes electorales.En un comunicado, la organización sindical explicó que su respaldo obedece a coincidencias programáticas, especialmente en materia energética.“La USO de manera institucional y mayoritaria considera que el candidato Roy Barreras representa los intereses de nuestros afiliados y afiliadas, por lo cual se adhiere a su candidatura en la consulta del Frente Amplio por la Vida este próximo 8 de marzo”, señala el documento.El sindicato también dejó claro que busca un cambio frente al enfoque energético actual del Gobierno. Aunque reiteró la importancia de avanzar en energías renovables, insistió en que el país no puede “abandonar ni marchitar la producción petrolera y de gas”. En esa línea, mencionaron que Roy Barreras “se compromete con los trabajadores y trabajadoras del petróleo y el gas (…) a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética”.
Desde el Gobierno nacional informaron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de Córdoba, en respuesta a una comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que anunciaba que está proporcionando alimentos, kits de sanitización de agua y suministros para refugios temporales para las personas afectadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba.De acuerdo al texto el apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas, al tiempo que promueve la autosuficiencia y garantiza el mayor impacto posible.Sin embargo, la Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres aclararon por medio de comunicados que aclaran que el Llamamiento Internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia.“Mientras la capacidad del Sistema no sea superada, la respuesta se atiende con medios propios. Cuando la magnitud de la emergencia exige apoyo externo, la UNGRD solicita formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores activar los canales diplomáticos”, dicen los documentos.Además, dejan en claro que el presidente de la República es quien autoriza finalmente si la ayuda internacional se acepta o no.“Si la situación desborda completamente las capacidades del Gobierno, que NO es el caso, se activa el Llamamiento Internacional, contemplado en el artículo 43 de la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 46/182 de Naciones Unidas. Este mecanismo es firmado por el presidente de la República y define con precisión el tipo de asistencia requerida, desde la declaratoria nacional de emergencia hasta la rendición de cuentas al cierre del proceso”, añaden.Desde el Gobierno agregan que la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional no se enfoca en la respuesta a la emergencia sino busca garantizar la recuperación integral posdesastre.En este sentido, la cooperación responde a la demanda identificada técnicamente, no a la oferta externa, ni a los llamados de entes territoriales.
Los 32 alcaldes de las ciudades capitales del país anunciaron su respaldo unánime a la propuesta de “Paz Electoral” impulsada por la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo se desarrollen sin hechos de violencia y con garantías para los ciudadanos.La decisión se dio tras una reunión en la que participaron mandatarios locales y autoridades nacionales para analizar los principales riesgos que enfrentan los territorios en época electoral. La seguridad, el manejo de las protestas y la presencia de grupos armados ilegales fueron algunos de los temas centrales del encuentro. Los alcaldes coincidieron en que se necesita mayor coordinación con el Gobierno nacional para evitar alteraciones del orden público durante las jornadas de votación.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el procurador Gregorio Eljach se reunirá con la cúpula militar y con la Policía Nacional de Colombia para organizar un plan de seguridad que cubra todo el país en las fechas de votación. Señaló que es deber de los alcaldes garantizar que las personas puedan salir a votar tranquilas, pero también expresó preocupación porque en algunos casos las manifestaciones se salen de control y generan hechos violentos.El procurador Gregorio Eljach resaltó la importancia de mantener el diálogo entre el nivel nacional y las ciudades. Aseguró que trabajar de la mano con los alcaldes es clave para proteger la democracia y dar confianza a los ciudadanos.En medio del debate, Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, sostuvo que la “Paz Electoral” solo será posible si se logra debilitar la acción de los grupos armados ilegales en varias zonas del país. También advirtió que muchos mandatarios locales enfrentan solos la inseguridad y pidió mayor respaldo del Gobierno nacional.En el caso de Cali, el alcalde Alejandro Eder manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia y ataques terroristas. Indicó que en los últimos seis meses han cambiado tres veces al comandante de la ciudad, lo que afecta la continuidad en las estrategias de seguridad. Por esta razón, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando apoyo.Además, en los próximos días se realizará un Consejo Bidepartamental para revisar medidas en municipios del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que las capitales, especialmente la capital del país, enfrentan una alta presión por la concentración de movilizaciones. Señaló que el desafío está en garantizar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad ni el normal desarrollo del proceso electoral.Al finalizar la reunión, los alcaldes y la Procuraduría acordaron mantener una comunicación constante y trabajar de manera coordinada para anticiparse a posibles riesgos. La meta común es que los colombianos puedan participar en las elecciones con tranquilidad y confianza en que habrá garantías en todo el territorio nacional.
Automotores avaluados en más de 480 millones de pesos fueron recuperados en un operativo realizado por la Policía en el Huila. Son en total 23 motocicletas y 4 carros que habían sido hurtados entre los años 2016 y 2025 en Bogotá y en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.Durante la investigación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Huila lograron establecer que las estructuras delincuenciales alteraban los sistemas de identificación vehicular para posteriormente comercializar los automotores de manera ilegal.“En el marco de la estrategia operativa Huila Más Seguro, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, logró un importante resultado contra el hurto de automotores en el departamento. Gracias a las actividades operacionales e investigativas fueron recuperadas 23 motocicletas y 4 vehículos que presentaban requerimiento por hurto”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Modalidades de robo de carros más usadasLas modalidades de hurto más utilizadas fueron halado (48 %), atraco con arma de fuego (19 %), factor oportunidad (17 %) y atraco (11 %). Los resultados operativos se materializaron en los municipios de La Plata, Garzón, Baraya, Guadalupe y Yaguará.“Mediante análisis técnico, verificación del sistema de identificación vehicular y cruce de bases de datos, se determinó que los automotores tenían alteraciones en su sistema de identificación convencional para ser comercializados de manera ilegal”, puntualizó el comandante del Departamento de Policía Huila.Con estos operativos, desplegados en los municipios mencionados, no solo se afecta la delincuencia común, sino que también se impactan de manera directa las finanzas y la logística de grupos armados organizados.
El Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra el auto que suspendió provisionalmente el decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un aumento del 23 % del salario mínimo para este año.El recurso fue presentado de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en este solicitan revocar la decisión “al considerar que la medida cautelar desbordó los límites propios de este mecanismo procesal”.En el documento, el Gobierno sostiene que la suspensión provisional no se limitó a preservar la eficacia de una eventual sentencia, sino que terminó anticipando un juicio de fondo sobre la legalidad del decreto. Según los argumentos expuestos, el auto no solo suspendió el acto administrativo, sino que ordenó la expedición de un decreto transitorio para fijar el salario mínimo mientras se decide el proceso, lo que a juicio de la defensa de la presidencia, es una sustitución temporal de la competencia que la ley le atribuye al presidente cuando no hay acuerdo en la comisión tripartita de concertación.La súplica también señala que el Consejo de Estado no realizó un juicio completo de ponderación, necesidad y proporcionalidad antes de adoptar la suspensión, e insisten en que no se acreditó un perjuicio ni un riesgo inminente derivado de la vigencia del incremento del 23 %. El Gobierno también señala que la decisión genera incertidumbre económica y afecta a más de dos millones de trabajadores que dependen del salario mínimo.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro convocó mañana marchas en todo el país para, según el, defender el salario mínimo. Se espera que durante su participación en las movilizaciones de Bogotá firme el decreto transitorio que mantendrá el alza del mínimo mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.
La Fiscalía Penal Militar y Policial investiga un presunto caso de falso positivo en Antioquia con la muerte de un soldado y un civil; las denuncias se conocieron en el Congreso durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los archivos de alias Calarcá.Los documentos fueron compartidos por la representante Katherine Miranda, por el partido Alianza Verde, en el debate donde dijo “en el gobierno Colombia potencia mundial de la vida comienzan los casos de falsos positivos”.El hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la vereda pascuita de Ituango, Antioquía; según el recuento de la Fiscalía, un grupo de soldados capturó a John Byron Londoño Gutiérrez, un presunto integrante del Clan del Golfo que estaba desarmado, le quemaron su moto y lo golpearon.Después, se comprometió a entregar información sobre el cabecilla alias Jonás, y los llevó a una vivienda donde se encontraba pero allí alias Jonás salió disparando e impactó en la cara al soldado Ronald Estiduart Jaramillo Mendoza, causándole la muerte y aquí viene el encubrimiento.Dice la Fiscalía que en lugar de reconocer un error operacional, el comandante del pelotón, el subteniente Manuel Felipe Sánchez ordenó a sus subalternos asesinar al informante capturado con sus fusiles y fingir que hubo un combate en el que murieron tanto el soldado como el civil.Varios uniformados, testigos presenciales, dijeron en sus declaraciones juradas que manipularon la escena para aparentar un combate, dicen que el hombre no era una amenaza en ese momento y aún así lo asesinaron, lo acostaron boca abajo y una de las armas incautadas en la vivienda con un palo se la pusieron en la mano izquierda para aparentar que disparaba en el supuesto combate pero dejaron cabos sueltos.“El señor no contaba con el dedo pulgar izquierdo, ministro, y a esa fue donde le pusieron el arma, donde supuestamente había disparado”, dijo la representante Miranda.Esto ocurrió en la mañana del 15 de diciembre, pero dice la Fiscalía que en el montaje de una escena de combate en horas de la tarde un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana dio apoyo aéreo y es allí cuando los soldados comienzan a disparar.“Se gastaron 718 cartuchos calibre 5,56 milímetros, 300 cartuchos calibre B762 eslabonada, ocho granadas, dos granadas de mano MIM-26 (...) Lo que está pasando en este gobierno es absolutamente grave", reiteró Miranda.El caso se conoció en medio del debate de moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien pidió a la justicia absoluta contundencia.“No lo toleramos, esperamos que se aplique toda la contundencia y si es falso positivo o como se considere que lo define allá la autoridad y todo el peso de la ley. A nosotros nos han confiado las armas de la República y eso exige un comportamiento ético superior”, dijo Sánchez.La Fiscalía tras la denuncia y pruebas recolectadas determinó que habría irregularidades en las versiones entregadas por los uniformados involucrados.
Esta mujer recibía la sustitución de asignación de retiro por ser hija en condición de discapacidad de un miembro de la fuerza pública fallecido en 2017, un día la pensión de sobreviviente no le fue consignada y el alto tribunal determinó que la Policía vulneró garantías esenciales como la vida digna, el debido proceso administrativo, la seguridad social, la salud y el mínimo vital de ella.Todo comenzó cuando la Caja de Sueldos de Retiro suspendió el pago desde enero de 2022 argumentando que la mujer no presentó un nuevo dictamen médico que confirmara la persistencia de su discapacidad.No obstante, la reducción drástica del porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 75,1% a 21,6% en julio de 2022 careció de motivación suficiente y desconoció múltiples soportes médicos que señalaban la permanencia de sus afecciones, entre ellas esquizofrenia paranoide.Tras estudiar esta tutela la Corte Constitucional también pudo evidenciar que la Policía negó considerar un dictamen de una Junta Regional de Calificación de Invalidez, emitido en 2023, que determinó una pérdida de capacidad laboral del 55%.A esto se sumó que la suspensión del pago se realizó de manera automática, sin acto administrativo previo que permitiera a ‘Camila’ ejercer recursos, y que la entidad no revisó adecuadamente su solicitud de revocatoria directa.Por ello, el alto tribunal ordenó restituir de inmediato el pago de la prestación, incluyendo las mesadas adeudadas, y afiliar nuevamente a Camila al Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
El abogado de la influenciadora Aida Victoria Merlano expuso su recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia con el que pretende tumbar la condena de 13 años de prisión conta Merlano Manzaneda. Allí, las posturas de la Fiscalía y la Procuraduría fueron contrariasAnte los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Ángel del Río, quien es el abogado de la influenciadora Aida Victoria Merlano, se jugó su última carta exponiendo el recurso con el que pretende tumbar la condena proferida por el Tribunal Superior de Bogotá a 13 años de cárcel por haberle ayudado a su mamá a fugarse de un consultorio odontológico en 2019.En ese sentido, la defensa de Merlano pidió a la Corte que se case la sentencia en su contra lo que en la práctica significa tumbar las condenas de primera y segunda instancia donde la influenciadora resultó condenada. Para el abogado, hubo errores a la hora de condenar a Aida Victoria.La postura de la Fiscalía frente a uno de los delitos que se le endilgan a la influenciadora fue clara para el ente acusador. Se logró acreditar que Aida Victoria Merlano "utilizó a su hermano, un joven de 17 años, para el delito de fuga de presos". Hernando Barreto, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en este proceso explicó que aún y cuando el hermano de Aida Victoria, quien para la época (2019) tenía 17 años, hubiera obrado con voluntad el hecho de que la influenciadora lo hubiera hecho presuntamente participe de la acción, "se hace acreedor a la sanción prevista penal".Una postura distinta tuvo la Procuraduría General de la Nación, quien pidió absolver a la infliuenciadora o reajustar la pena en favor de la influenciadora. “El fallo impugnado sí debería casarse y proferirse fallo de reemplazo de sentido absolutorio en favor de Aida Victoria Merlano Manzaneda. De no ser de recibo las anteriores reflexiones, solicitamos respetuosamente a la Sala que case parcialmente la sentencia recurrida para que se declare la extinción de la acción penal por el delito de fuga de presos en calidad de cómplice atribuido, y se proceda al reajuste punitivo en favor de la acusada, que ello supone”, Procuraduría sobre el caso de la influenciadora Aida Victoria Merlano", solicitó Jaime Gutierrez Millán procurador delegado.La excongresista que protagonizó la cinematográfica fuga logró un preacuerdo con la justicia.Fue condenada a tres años y seis meses de prisión tras fugarse de un consultorio odontólógico en Bogotá en 2019. La exparlamentaria estuvo mucho tiempo en Venezuela y ya está detenida de nuevo en territorio colombiano.La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista por el delito de fuga de presos, en esa misma diligencia, le fue negado el beneficio de casa por cárcel a Merlano Rebolledo.
Este jueves los precandidatos presidenciales Daniel Palacios, Vicky Dávila y Aníbla Gaviria entregaron sus firmas ante la Registraduría.Cada uno de ellos estuvo realizando este proceso durante algunos meses para poder inscribirse como candidatos a la Presidencia para el 2026.El exministro del Interior Daniel Palacios entregó 1.3 millones de firmas y aseguró que ya llegó el momento para lograr la unión que permita realizar una consulta el 8 de marzo.“Ya llegamos al momento en donde quienes quieren ir a una consulta lo han expresado y quienes no quieren ir a una consulta ya lo han dicho. Porque aquí muchos han hablado de unión pero en el momento de la unión huyen y no se quedan en la unión. El mensaje tiene que ser que es ya”, aseguró Daniel Palacios.Por su parte, la precandidata Vicky Dávila entregó 1.3 millones de firmas y se refirió a la posibilidad de elegir al candidato de la oposición por medio de una encuesta, una idea planteada por el expresidente Álvaro Uribe.“Yo le insisto en la consulta, le insisto en que no desista. Y le insisto en que nos de esa oportunidad a quienes llegamos por primera vez a la arena política, a quienes están luchando dentro del Centro Democrático, esas tres mujeres tan valientes, a Juan Carlos Pinzón a todo este grupo tan valeroso, David Luna, Aníibal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios y todos. No quiero dejar a ninguno por fuera”, agregó Vicky Dávila.Por su parte, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria presentó 1.600.000 firmas. Además a Gaviria lo acompañaron los también precandidatos David Luna y Mauricio Cárdenas. Gaviria aseguró que la alianza que se busca para el 2026 no puede ser con los extremos, ni de izquierda ni de derecha.“Lo que nosotros hemos hecho, y lo que continuaremos haciendo, es buscando una candidatura que surja de una unión, de un colectivo de varios candidatos para que de allí, como tiene que ser la democracia, los colombianos escojan y el que salga de ahí será respaldado por los otros para ir a la primera vuelta y a la Presidencia”, dijo Gaviria.
La Procuraduría General había informado el 18 de agosto, a través de uno de sus boletines, que formuló pliego de cargos a José Fernando Cardona Uribe, presidente ejecutivo de Nueva EPS. Esa comunicación generó atención alrededor del caso. Hoy, el organismo determinó cerrar por completo la actuación que se adelantaba en su contra. En la decisión se establece que la investigación identificada con los radicados IUS E-2021-720980 y IUC D-2022-2286440 no continuará. La Procuraduría concluyó que debía darse por terminada y ordenó el archivo definitivo del expediente relacionado con Cardona Uribe, quien actuaba en calidad de presidente ejecutivo de Nueva EPS.El organismo también determinó que no se enviará comunicación al ciudadano que había presentado la queja, debido a que el proceso no comenzó por su denuncia directa, sino por un informe de un servidor público. Por lo tanto, no existe obligación de notificarlo.En cuanto a las personas involucradas, la Procuraduría instruyó que la decisión debe ser notificada directamente a José Fernando Cardona Uribe y a su defensor, Andrés Jimeno Mayorga, mediante los datos ya registrados en el expediente. Además, se recordó que existe la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria. Se informó también que los sujetos del proceso pueden autorizar notificaciones por medios electrónicos y que, incluso, tienen la opción de renunciar a los tiempos procesales si así lo desean.Finalmente, se ordenó a la secretaría encargarse de todas las anotaciones y registros necesarios para que la decisión quede en firme, incluida su incorporación al sistema interno correspondiente.Con esto, la Procuraduría cierra de manera definitiva el proceso disciplinario y deja sin efecto la actuación que había sido anunciada meses atrás, en favor de José Fernando Cardona Uribe.
El exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina ya no será embajador de Colombia en Palestina. El decreto de su nombramiento expiró luego de que no pudiera trasladarse a Cisjordania para ejercer sus funciones, situación que, según él, se dio por decisiones del gobierno israelí que le impidieron el ingreso. Ospina había sido posesionado el 22 de mayo, pero casi siete meses después la embajada no pudo instalarse y la designación quedó sin efecto.En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, Ospina cuestionó a la Cancillería por no haber considerado alternativas para permitirle asumir el cargo. Afirmó que propuso instalar la misión en un tercer país o aprovechar un encuentro en la ONU con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, para entregar sus cartas credenciales, pero ninguno de esos caminos fue aceptado.“El nombramiento ante el inmenso pueblo palestino ha expirado (…) La decisión arbitraria del gobierno de Netanyahu, desconociendo los Acuerdos de Oslo y la posibilidad del Estado Palestino, hizo imposible mi llegada a Cisjordania”, escribió.También lamentó que, según él, “las tradiciones diplomáticas pueden más que la importancia de la vida y la paz entre palestinos e israelíes”, al señalar que sus propuestas fueron rechazadas.Aunque nunca logró asumir plenamente sus funciones, Ospina agradeció la designación y pidió al presidente Petro no desistir de la instalación de una embajada colombiana en Palestina.