2:30 de la tarde. La hora exacta en la que el silencio clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Federico Lleras Acosta, sede Francia, fue quebrado por el sonido del miedo.Un hombre ingresó abruptamente al área más sensible del centro asistencial. En su mano, un cuchillo. Frente a él, personal médico, auxiliares de enfermería y recién nacidos luchando por vivir. En segundos, la UCI neonatal se convirtió en escenario de pánico.Según confirmó la institución, el agresor, padre del recién nacido, amenazó de muerte al personal de salud, violando de forma grave la misión médica. Bajo intimidación, logró sustraer al bebé, desatando una emergencia de alto riesgo dentro y fuera del hospital.Mientras algunos funcionarios intentaban proteger a los demás pacientes, otros resultaron lesionados física y emocionalmente. Uno de ellos estuvo a punto de ser atacado directamente con el arma blanca.La huida fue corta. Gracias a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y a la reacción conjunta con la Policía Nacional, el hombre fue capturado a pocas cuadras del hospital.Minutos después, el alivio: el bebé fue recuperado sano y salvoActualmente, el menor permanece bajo estricta vigilancia médica especializada, con exámenes de rigor para garantizar que el violento episodio no haya comprometido su estado de salud. Por su parte, el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad judicial y enfrentará un proceso por secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a la misión médica y tentativa de homicidio, entre otros delitos que podrían derivarse de la investigación.En un pronunciamiento contundente, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios Uribe, rechazó de manera categórica lo ocurrido y lanzó un llamado urgente a la comunidad:“Hoy se puso en riesgo la vida de nuestros funcionarios, del personal de seguridad y del equipo de salud que día a día trabaja por salvaguardar la vida. La UCI neonatal es un área fundamental y lo ocurrido es un hecho extraordinario y profundamente lamentable. Rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra la misión médica”, afirmó.Palacios confirmó que el hospital ya inició las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, así como las notificaciones a las entidades competentes para el restablecimiento de los derechos del menor y de los trabajadores afectados, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).“Hoy garantizamos la atención integral del neonato y el acompañamiento a nuestros funcionarios, quienes no solo fueron agredidos físicamente, sino también emocionalmente”, agregó la gerente.El Hospital Federico Lleras Acosta reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los pacientes y el respeto absoluto por la misión médica, tras un episodio que dejó al descubierto la vulnerabilidad incluso de los espacios destinados a salvar vidas.
El vuelo LA4051 de LATAM, que cubría la ruta Bogotá-Cali, tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado tras reportar humo en una turbina y fuertes vibraciones poco después del despegue. Los pasajeros vivieron momentos de pánico al percibir un intenso olor a quemado y tirones en la aeronave, lo que obligó a la tripulación a retornar de inmediato a la capital.Emergencia en vuelo de LATAM Bogotá CaliDe acuerdo con los reportes de los ocupantes, la situación se tornó crítica durante la fase de ascenso. La presencia de humo y los movimientos bruscos del avión generaron alarma en la cabina. Ante la contingencia, los pilotos activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de las personas a bordo.La aerolínea confirmó el incidente mediante un comunicado oficial, explicando que "se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión". Ante esta señal, la tripulación tomó la decisión técnica de regresar a la base. Para agilizar el procedimiento, se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo, logrando un aterrizaje sin novedades adicionales.Respuesta de LATAMTras el aterrizaje en El Dorado, el equipo de mantenimiento inició la inspección técnica de la aeronave para determinar el origen exacto de la falla. LATAM Airlines Colombia informó que el sistema afectado está bajo revisión exhaustiva para evitar futuros riesgos operativos.Respecto a los viajeros afectados por el retraso y el incidente, la compañía aseguró su traslado hacia la capital del Valle del Cauca. "Los pasajeros fueron reacomodados en otro vuelo con destino a la ciudad de Cali que saldrá a las 10:00 p.m. del Aeropuerto El Dorado de Bogotá", puntualizó la aerolínea.
Iván Cepeda calificó como arbitraria, contraria a derecho y antidemocrática la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir su inscripción a la consulta de la izquierda Frente por la vida.“Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del Partido Político Pacto Histórico, y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025”, dijo Cepeda.Cepeda insistió en que la consulta el año pasado fue interna del Polo y, por lo tanto, no estaría inhabilitado para participar en un proceso similar. En esa medida, reiteran la postura de retirarse del proceso y seguir en la contienda a la primera vuelta.“El Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo, yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta, y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, aseveró Cepeda.El senador y precandidato también cuestionó las recientes decisiones del CNE en contra de las listas del Pacto a la Cámara de Representantes en regiones como Valle del Cauca y Bogotá, entre otras.Roy Barreras pide mantener la consulta de la izquierda el 8 de marzoPor su parte, Roy Barreras, quien también está en la contienda de la consulta de la izquierda, aseguró que la decisión del CNE es un atentado a la democracia y cuestionó la imparcialidad de uno de los conjueces involucrados.Sin embargo, su posición fue la de mantener la consulta e invitar a que participen mujeres.“Les envío esta comunicación con una propuesta clara, lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del frente por la vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie”, detalló Barreras.Con esto, el exembajador de Colombia ante el Reino Unido aseguró que no habrá fracturas en los compromisos ya tomados.“Para tranquilidad de todos, sí haremos acuerdo político. El nueve de marzo, a las 7:00 de la mañana, una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos, y llegaremos juntos a la primera vuelta, no estaremos divididos en la primera vuelta, la unidad es la victoria”, puntualizó.Pero esa estabilidad parece ya estar fragmentada, pues a la par de estas decisiones y reacciones, el exgobernador Camilo Romero, otro de los integrantes de la consulta, escribió: “Roy Barreras NO representa el progresismo”.
Un frente frío atípico registrado en plena temporada seca ha generado múltiples emergencias por lluvias en diferentes zonas del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la fecha se han reportado 256 eventos en 172 municipios, con un balance preliminar de más de 27.000 familias afectadas. Los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.Entre los eventos más recurrentes se encuentran movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, los cuales han impactado viviendas, comunidades e infraestructura vial. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina la respuesta en articulación con entidades como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana.En los territorios más afectados se mantiene el despliegue de equipos técnicos, asistencia humanitaria y capacidades operativas, incluyendo pelotones de rescate, embarcaciones y aeronaves de reconocimiento, según las necesidades de cada región. En Córdoba, uno de los departamentos con mayores afectaciones, se ha acompañado a las autoridades locales en la instalación de alojamientos temporales y la entrega de kits humanitarios.Asimismo, se han asignado puentes militares para restablecer la conectividad vial en sectores de Antioquia, Córdoba, Magdalena y La Guajira. De manera paralela, se activaron operaciones de búsqueda y rescate en municipios como Necoclí, con apoyo aéreo.La UNGRD reiteró que, conforme a la Ley 1523 de 2012, los entes territoriales son los primeros responsables de la atención de emergencias, mientras que el nivel nacional actúa de forma complementaria cuando las capacidades locales son superadas. Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.
Cinco días completa la subregión de Urabá antioqueño con graves afectaciones debido a las fuertes lluvias que han azotado sin clemencia a 10 municipios que hoy la pasan muy mal por los daños que los tiene, incluso, sin una casa a donde regresar cuando finalice la atención a las emergencias que dejan un muerto y tres desaparecidos.Uno de los municipios más golpeados es Necoclí en donde hay afectaciones por donde se mire. Idalia Ramos, afectada de la vereda Ecuador, relató que perdió enseres, cultivos y demás cosas, por lo que pidió una intervención urgente del Gobierno nacional."Necesitamos apoyo del gobierno nacional, de la alcaldía municipal, de todas partes que nos colaboren. La vivienda está en el agua, los cultivos están en el agua. Nosotros somos campesinos, necesitamos que nos colaboren. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que los cultivos están bajo el agua. Lo que es plátano, cacao, maracuyá, todo está inundado", expuso.Y uno de los puntos más críticos está en la vía Necoclí - San de Urabá, que conecta al departamento de Antioquia con Córdoba, y en donde un puente colapsó y tiene a toda la población entre la espada y la pared. Nicolás Ramos, insistió que no tiene cómo sacar sus cosechas antes de que se pierdan por completo."El 90 por ciento de las viviendas están bajo el agua. Que hagan presencia en el territorio, porque la verdad es que nosotros, como campesinos que vivimos es de la agricultura, en estos momentos estamos directamente con las manos atadas, no tenemos nada. Lo poquito que a veces las cosechas nos dan, se nos pierden, porque no tenemos vía para donde evacuarlas, para donde sacarlas", opinó.Tan graves son los daños en la infraestructura vial de carácter nacional que, incluso, hay personas como Juan Ramírez que no saben cómo están sus cosas debido a que no ha podido ingresar a su terrenos debido a las fuertes lluvias que no dejan de azotar al Urabá antioqueño."Vengo desde acá, de Necoclí, mi parcela, y vea que no he podido pasar. El motivo de de de esta lluvia, tengo mi cultivo de aquel lado, cacao. Se me ha llevado un cultivo de de coco, que me dijeron, pues, los vecinos de allá, y al al momento no he podido ir para allá porque el puente está caído", aseguró.A pesar de que el foco de las autoridades está en Necoclí el 90 % del Urabá antioqueño está damnificado y es el caso de Arboletes en donde zonas costeras están gravemente afectadas como relató en medio de la tristeza César Vellojín."Nosotros estamos aquí entre el río y el mar, así que imagínese el riesgo. Y en la zona ribereña también hay una una represa bastante grande, un acueducto, que nos reportaron que también está erosionando. Los animales también ya se están enfermando. Es muy triste todo esto, a veces como que se nos van las palabras", indicó.Tan complicada es situación climática en el departamento de Antioquia que hasta la Gobernación confirmó que las ayudas humanitarias están atrasadas por el transporte aéreo ha sido imposible y tras la caída del puente en la vía Necoclí - San Juan de Urabá, los kits tuvieron que ser transportados por la ruta de Caucasia, aumentando considerablemente la llegada de las ayudas.Pero no es el único punto crítico del departamento, también en el municipio de Urrao se tuvo que declarar la calamidad pública debido a las emergencias que dejaron veredas incomunicadas, daños en colegios, afectaciones al servicio de energía y pérdida de cultivo como indicó José Restrepo."Que afectó cerca de 60 familias. Además que el dueño del predio tuvo una afectación de prácticamente el 40-50% de la tierra. La gente hoy debe platicar en los bancos y hay preocupación también en el sector por el tema de la afectación de las cosechas", indicó.Por ahora y teniendo en cuenta que esto solo es el inicio de las fuertes lluvias que van a caer sobre el departamento, avanza la búsqueda de los tres desaparecidos, mientras que se le recomienda a las comunidades estar atentos a crecientes súbitas o movimientos en masa que serán frecuentes en la región durante las próximas semanas.
Colombia presentó a Estados Unidos un balance en materia de Defensa detallando resultados operativos, ofensivas militares y objetivos conjuntos contra organizaciones criminales transnacionales, un informe que fue entregado por el presidente Gustavo Petro al presidente Donald Trump durante su visita oficial a la Casa Blanca.El documento destaca que, entre 2022 y 2026, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional lograron mantener fuera de las calles de Estados Unidos cerca de 48.000 millones de dosis de droga, gracias a la incautación de 3.172 toneladas de cocaína, incluyendo 295 toneladas de pasta base. Estas operaciones representan un golpe económico, de acuerdo con el Gobierno, estimado en 92.000 millones de dólares para las estructuras criminales.Como compromiso directo con Estados Unidos, el Gobierno colombiano anunció que en los próximos dos meses concentrará operaciones conjuntas para dar con el paradero de tres de los máximos jefes del narcotráfico en el país. Se trata de alias ‘Chiquito Malo’, líder del Clan del Golfo; alias ‘Pablito’, tercer cabecilla del ELN; e ‘Iván Mordisco’, máximo jefe de las disidencias de las Farc; sin embargo, entre los objetivos no incluyeron a alias ‘Calarcá’. Estas acciones, indica el ministerio de Defensa, forman parte de una agenda binacional de seguridad enfocada en el desmantelamiento de redes criminales con impacto directo en territorio estadounidense.En el frente militar, el informe señala la destrucción de 18.509 laboratorios de droga, lo que equivale a un laboratorio neutralizado cada 40 minutos, además de 14.119 combates contra grupos armados organizados, con un promedio de un enfrentamiento cada 20 horas. Según el balance presentado al gobierno Trump, estas operaciones se realizaron con cero daños colaterales.El reporte también detalla acciones de alto impacto contra los principales carteles del país. Entre agosto de 2022 y enero de 2026 fueron neutralizados varios objetivos de alto valor, incluidos jefes del Clan del Golfo y de disidencias de las Farc. A esto se suman 13 bombardeos selectivos realizados entre 2024 y 2025 y recientes operaciones que dejaron cinco integrantes del Clan del Golfo abatidos, así como la muerte en combate de Wilson Darío Ruiz Vélez, alias ‘07’, y la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’, señalado como uno de los grandes articuladores del narcotráfico urbano.El documento concluye reafirmando a Colombia como “el aliado número uno de Estados Unidos en las Américas contra los narcoterroristas”, subrayando el costo humano de la guerra en el país contra criminales, que dejan entre 2022 y 2026, 360 integrantes de la Fuerza Pública muertos o heridos, además de cientos de soldados y policías afectados por ataques con drones y explosivos.
Desde su residencia en Washington, el embajador colombiano Daniel García-Peña confirmó en entrevista con Blu Radio que la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se desarrolló en un ambiente “cordial, respetuoso y productivo”. Según el diplomático, el encuentro marcó “un punto de inflexión” en las relaciones entre ambos países tras meses de tensiones políticas.García-Peña, quien coordinó la preparación del encuentro desde la embajada, confesó que existía “una lista de temas que no se tratarían” con el mandatario estadounidense. “El concepto era muy sencillo: hablar de los asuntos donde podemos tener acuerdo y evitar los temas donde no los pueda haber”, explicó. Entre los tópicos excluidos estuvieron el cambio climático y el gas, reconoció el embajador, por considerarse escenarios de “disenso evidente”.Lucha antidrogas y apoyo de WashingtonEl eje central de la reunión fue la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, campo en el que ambos gobiernos expresaron coincidencias. García-Peña relató que el presidente Petro expuso su modelo de erradicación voluntaria con sustitución de cultivos y mostró ejemplos del trabajo con comunidades campesinas. Trump, según el embajador, “quedó impresionado” y resumió el acuerdo señalando: “hay que dar oportunidades a los campesinos y darle duro a los capos”.El diplomático subrayó que no hubo exigencias por parte de Estados Unidos sobre el uso de glifosato o metas impuestas. “Trump entendió que la erradicación duradera debe hacerse con la gente, no contra ella”, apuntó García-Peña.Colombia, añadió, ratificó su compromiso con la erradicación de 30.000 hectáreas de hoja de coca durante 2026, dentro de los acuerdos ya firmados con las comunidades del Putumayo, Catatumbo y Nariño.Acercamiento sobre Venezuela y sancionesOtro de los temas destacados de la conversación fue la situación de Venezuela y el papel que Colombia podría desempeñar en la estabilización y reactivación económica del vecino país. García-Peña describió que Trump mostró “una apertura sorprendente” frente a la posibilidad de levantar sanciones que actualmente impiden los negocios entre empresas venezolanas y colombianas. “Le preguntó a Marco Rubio por qué seguían vigentes ciertas sanciones y dijo literalmente: ‘esas sanciones son una bobada’”, relató el embajador.En este contexto, Ecopetrol y ISA fueron señaladas como clave en un eventual restablecimiento energético entre ambos países. “Trump reconoció que para sacar el petróleo de Venezuela necesitan la energía que puede proveer Colombia”, explicó García-Peña. De concretarse, el levantamiento de sanciones permitiría, por ejemplo, activar el gasoducto binacional y reanudar operaciones con PDVSA y Monómeros, temas frenados durante años por las restricciones estadounidenses.Aunque descartó hablar de plazos, el embajador se mostró confiado en la velocidad del proceso: “Cuando hay decisión desde arriba, las cosas se agilizan. Trump es un hombre de acciones rápidas”.Sobre la lista Clinton y el presidente PetroUno de los puntos más sensibles giró en torno a la inclusión del presidente Petro y su familia en la lista OFAC. García-Peña fue enfático: “Ese tema no se trató en la reunión. Pero estoy convencido de que la consecuencia lógica de este nuevo escenario será su remoción. Fue un absurdo y un irrespeto hacia Colombia”. Aclaró, además, que el Gobierno trabaja por canales diplomáticos para revertir esa medida, aunque sin considerar el asunto prioritario dentro del diálogo con Washington.Detalles diplomáticos y el tono de la reuniónEl encuentro, calificado por el embajador como “extraordinario”, también dejó anécdotas de tono distendido. Una de ellas fue el regalo del libro The Art of the Deal al presidente estadounidense. “Era mi libro y se le perdió al presidente Petro, que se lo quedó dedicado por Trump con la frase ‘You are great’”, comentó entre risas García-Peña, considerándolo un gesto simbólico de acercamiento personal.Sobre un eventual compromiso de moderar el tono en redes sociales, García-Peña aseguró que “no hubo un acuerdo explícito, pero sí implícito”, señalando que, al final de la cita, Trump dijo a Petro: “You can call me anytime you want”, estableciendo un canal directo de comunicación entre ambos mandatarios. “El presidente lo entiende, ya no es momento de más insultos”, puntualizó.Un nuevo momento bilateralPara García-Peña, la reunión confirmó que Colombia sigue siendo el aliado más sólido de Estados Unidos en la región. “El presidente Petro llegó como jefe de Estado de un país que ha liderado la lucha contra el narcotráfico. Eso mereció respeto y cariño de Trump”, dijo.El embajador concluyó que este entendimiento “beneficia no solo a Colombia, sino a América Latina”, y reiteró que el propósito es mantener una relación “de cooperación práctica, sin dogmas ni confrontaciones”, en un momento en que ambos países parecen abrir una nueva etapa diplomática marcada por pragmatismo y resultados concretos.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, calificó como “una reunión extraordinaria” el encuentro sostenido entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. En conversación con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el diplomático explicó que el diálogo se centró en fortalecer la cooperación binacional en temas de narcotráfico, crimen transnacional y estabilización de Venezuela.“Lo importante fue que se reunieron dos jefes de Estado”, aseguró García-Peña. “Tuvimos una conversación maravillosa sobre compromisos que compartimos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y las oportunidades para colaborar en la estabilización de Venezuela”.El embajador enfatizó que asuntos como la inclusión de Petro en la Lista Clinton o las sanciones de la OFAC “ni siquiera se tocaron”, pero señaló que esas restricciones “son una ofensa al país” y confía en que la buena voluntad mostrada durante la cita permita revertirlas pronto. “Estoy convencido de que será una consecuencia lógica de esta excelente reunión”, afirmó.“No fue contra Petro, fue contra Colombia”El embajador defendió con firmeza la revisión de las sanciones impuestas al presidente colombiano por parte de la OFAC. “Eso no fue contra Petro, fue contra Colombia”, declaró. “Yo, Daniel García-Peña, estoy empeñado en que se revierta, porque fue una injusticia y un irrespeto a la dignidad del país”.Aunque el tema no se trató durante el diálogo de los mandatarios, el diplomático insistió en que la normalización de las relaciones y el reconocimiento de Colombia como aliado clave contra el narcotráfico “deben conducir a levantar esas medidas”.Prioridades conjuntas: narcotráfico y cooperación energéticaGarcía-Peña reveló que, previo al encuentro, el equipo colombiano preparó una lista de temas a tratar y otros a evitar, entre ellos el cambio climático o el gas, sobre los cuales “no habría posibilidad de acuerdo”. En cambio, los mandatarios se concentraron en áreas de consenso.Uno de los principales puntos discutidos fue la estrategia antidrogas. Según el embajador, Petro explicó a Trump la necesidad de promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con los campesinos y no recurrir al glifosato. “Trump entendió que la erradicación duradera debía hacerse con la gente, y resumió diciendo: ‘Hay que darle oportunidades a los campesinos y darle duro a los jefes de los carteles’”, relató García-Peña.El representante diplomático también confirmó que se reafirmó el compromiso colombiano de erradicar 30.000 hectáreas de hoja de coca este año, dentro de los acuerdos logrados con comunidades en Putumayo, Nariño y el Catatumbo.Venezuela y el posible levantamiento de sancionesOtro eje clave del diálogo fue la situación venezolana. De acuerdo con el embajador, el presidente de Ecopetrol expuso ante Trump el potencial de Colombia para apoyar el restablecimiento del sector energético venezolano. “Trump se dio cuenta de que para sacar el petróleo de Venezuela necesitan energía eléctrica y que los únicos que pueden ayudar en eso son los colombianos”, comentó García-Peña.Durante la conversación, el exmandatario estadounidense habría cuestionado las sanciones impuestas a Caracas y mostró disposición de revisarlas. “Dijo literalmente: ‘No entiendo por qué establecimos esas sanciones’, y pidió a Marco Rubio que las evaluara. Incluso preguntó si Venezuela estaría de acuerdo en que se levantaran”, relató el diplomático.Si esa posibilidad se concreta, permitiría a Ecopetrol y PDVSA restablecer proyectos de cooperación, incluyendo operaciones relacionadas con Monómeros, la empresa binacional afectada por las sanciones. “Sería importantísimo para Venezuela, para Colombia y para Estados Unidos si se lograra”, destacó.Confianza personal y nuevo canal diplomáticoAunque los mandatarios evitaron temas sensibles, el encuentro dejó señales de acercamiento político. García-Peña aseguró que Trump mostró “respeto y hasta cariño” hacia Petro, al punto de decirle al final del encuentro: “I like you”. Al cierre de la reunión, el expresidente estadounidense ofreció mantener un canal de comunicación directa: “Le dijo: ‘You can call me anytime you want’. Ese canal ya quedó establecido”, precisó el embajador.Sobre las comunicaciones posteriores, añadió que las gestiones se coordinarán con el senador Marco Rubio, a quien Trump dispuso como enlace principal para dar seguimiento a los acuerdos. “Nos corresponde ahora aterrizar con el Departamento de Estado cómo hacer que esas palabras se vuelvan realidad”, afirmó.Un nuevo capítulo en las relaciones bilateralesGarcía-Peña calificó la reunión como “histórica” por el tono positivo y la apertura al diálogo entre dos líderes con visiones opuestas. “Lo más maravilloso fue ver cómo dos presidentes con posiciones distintas pudieron construir sobre sus coincidencias y no sobre sus diferencias”, dijo.Consultado sobre si se pactó evitar nuevos enfrentamientos en redes sociales, respondió: “No se dijo explícitamente, pero fue implícito. El presidente Petro entiende que ahora hay un canal diplomático directo”.
En el corregimiento El Tigre, en Yondó, límites con Barrancabermeja, las autoridades realizaron un operativo en el que fueron capturados tres presuntos integrantes del Clan del Golfo que delinquían en el Magdalena Medio. Entre los detenidos en flagrancia por tráfico de armas y explosivos.Entre los detenidos se encuentra alias “Steven”, señalado por los investigadores como uno de los responsables de coordinar acciones violentas de la subestructura Edgar Madrid Benjumea en esta región. Junto a él fueron capturados alias “Tortugo” y “Maryuris”, quienes al parecer cumplían labores de apoyo e información para el grupo armado.Durante las diligencias de registro y allanamiento, las autoridades hallaron un revólver calibre 38, una granada de 40 milímetros, un kilo de pentolita, munición de uso restringido, radios de comunicación y teléfonos celulares, material que, según las investigaciones, iba a ser utilizado para fortalecer la capacidad armada de la estructura ilegal.Alias “Steven” es señalado de ordenar homicidios selectivos y estaría vinculado como presunto autor intelectual de un homicidio múltiple ocurrido en Yondó el 24 de noviembre de 2025, en medio de disputas por el control territorial y las rutas del narcotráfico en el Magdalena Medio.Los capturados, quienes tendrían una trayectoria criminal cercana a los cuatro años dentro del Clan del Golfo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, señaló que estas capturas hacen parte de una ofensiva sostenida contra el Clan del Golfo en la región, que en los últimos meses ha dejado detenidos en municipios como Puerto Wilches, Rionegro y Yondó, y que ha permitido avanzar en la contención de delitos como el homicidio y la extorsión.En otro operativo en el municipio de Puerto Wilches, la Policía del Magdalena Medio puso fin a la carrera criminal de más de tres décadas de un hombre que se había convertido en el arquitecto del crecimiento ilegal en el departamento de Santander. Bajo el nombre operativo de “Guardián del Magdalena”, las autoridades lograron la captura de alias ‘Sombra’, señalado como el principal cabecilla urbano del Clan del Golfo en esta zona del país.No se trata de una captura más en el tablero del conflicto. Alias ‘Sombra’ es descrito por los organismos de inteligencia como un veterano de la guerra, cuya trayectoria en estructuras armadas ilegales se remonta a 35 años atrás. Su experiencia no era solo operativa, sino logística: bajo su mando, la subestructura ‘Edgar Madrid Benjumea’ experimentó un crecimiento agresivo, logrando incrementar su pie de fuerza criminal en un 22,7%.Las investigaciones apuntan a que ‘Sombra’ era el encargado de articular las redes criminales, coordinar el reclutamiento de nuevos integrantes y, fundamentalmente, asegurar el flujo de caja a través del control de rentas ilícitas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
Los principales gremios económicos del país reaccionaron a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro, realizada en la Casa Blanca, luego de un año marcado por tensiones diplomáticas y cruces públicos entre ambos mandatarios.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, calificó el encuentro como constructivo y positivo, señalando que el mayor valor de la reunión no fue un anuncio puntual, sino la recuperación de un marco de confianza y previsibilidad en la relación bilateral.“Colombia y Estados Unidos comparten una agenda amplia, con desafíos complejos, pero también con oportunidades concretas que requieren coordinación constante. Este encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados basada en la confianza operativa y en la capacidad de ejecutar. Ese espíritu debe extenderse a los demás pilares de la relación: comercio, inversión, migración, turismo y cooperación, con un objetivo claro: que la relación bilateral produzca resultados medibles para los ciudadanos de ambos países”, indicó.Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó la importancia de mantener una relación diplomática seria y consistente entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que el comercio bilateral supera los 30 mil millones de dólares y genera empleo para miles de colombianos.“Es de inmensa importancia para la relación entre Estados Unidos y Colombia que exista una buena relación entre los presidentes y los gobiernos. De manera que yo diría que lo que ha sucedido el día de hoy va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países y es lo que efectivamente las empresas colombianas, los ciudadanos colombianos, los trabajadores colombianos y las familias colombianas esperan de la relación entre los dos gobiernos”, aseguró.En contraste, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reconoció que la reunión contribuyó a desescalar la tensión entre ambos gobiernos, pero aseguró que no se evidenciaron avances significativos. Cuestionó, además, lo que calificó como una falta de resultados concretos y advirtió sobre la necesidad de replantear la estrategia diplomática de Colombia frente a Estados Unidos de cara al futuro. “Avances significativos no hubo y, ante todo, lo que uno interpreta fue un sometimiento total de Petro y su gobierno a los intereses e intenciones de los Estados Unidos”, criticó.La reunión entre los presidentes Petro y Trump se llevó a cabo a puerta cerrada y, al término del encuentro, ambos mandatarios expresaron una impresión positiva. Sin embargo, para los gremios, el verdadero impacto del acercamiento dependerá de que se traduzca en resultados concretos para la economía y la relación bilateral.
La situación conocida por Blu Radio asegura que trabajadores del Ministerio de Trabajo denuncian presuntas irregularidades en el concurso de méritos que adelanta la entidad para proveer cargos, en su mayoría de inspectores de trabajo, un proceso que se inició en 2024.Según la denuncia, un grupo de funcionarios que actualmente se encuentran en provisionalidad interpuso acciones legales al considerar que el concurso habría presentado fallas desde su inicio, entre ellas la modificación de manuales de funciones a pocas semanas de su realización, pese a que la normativa vigente prohíbe cambios en los seis meses previos.De acuerdo con Jorge Uribe Quintero, inspector de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la subdirectiva Norte de Santander del sindicato Sinaltraempros, estas modificaciones vulnerarían la Circular 100, además de principios de transparencia y planeación.“Se modificaron los manuales de funciones incluso días antes del concurso, vulnerando la circular que regula estos procesos”, aseguró Uribe.Es por esto que, ante las presuntas irregularidades, los trabajadores interpusieron una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado y una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca, solicitando además una medida cautelar para suspender el concurso mientras se resolvía el fondo del caso.No obstante, según Uribe Quintero, el Consejo de Estado tardó catorce meses en pronunciarse sobre la medida cautelar y finalmente decidió no suspender el proceso, lo que generó preocupación entre los trabajadores.“El Consejo de Estado se demoró catorce meses en decidir y no suspendió el concurso”, afirmó el vocero sindical.La principal preocupación de los sindicatos es que las listas de elegibles, cuya publicación está prevista para febrero, se conozcan antes de que exista un fallo definitivo, lo que podría dejar sin efectos prácticos la decisión judicial. Según la denuncia, esta situación pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de 1.300 trabajadores, algunos de ellos con más de diez y hasta quince años de servicio, incluidos funcionarios en retén social y próximos a pensionarse.Por ello, las organizaciones sindicales hicieron un llamado a los entes de control y a las autoridades competentes para que revisen el caso y eviten lo que califican como una posible afectación masiva de derechos laborales dentro del Ministerio de Trabajo.¿Qué responde el Ministerio?Desde Blu Radio nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo y aseguraron que en este momento se encuentran realizando las verificaciones correspondientes sobre la denuncia.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Videos en poder de la inteligencia militar evidencian cómo el ELN avanza violentamente para copar territorios controlados por las disidencias de las Farc en zonas estratégicas del Catatumbo, en medio de la confrontación armada que se mantiene en esa región del país.Las grabaciones, realizadas por los propios integrantes del ELN, muestran a hombres fuertemente armados con fusiles ingresando a sectores donde, según los reportes de inteligencia, hacía presencia la estructura al mando de alias ‘Calarcá’. En uno de los videos se observa el avance armado casa por casa, mientras los criminales celebran la retirada forzada del grupo rival.El material fue obtenido tras la captura de un integrante del ELN en Cúcuta, a quien se le incautó un teléfono celular con los registros audiovisuales. En las imágenes se escuchan frases que evidencian la crudeza del enfrentamiento y la intención de ocupar el territorio: los criminales relatan cómo hallan chalecos abandonados, armas dejadas atrás y restos de campamentos, señal de una huida precipitada tras los combates.En un segundo video se escuchan gritos y arengas durante un enfrentamiento directo con otra estructura criminal, mientras los insurgentes coordinan ataques, celebran impactos y ordenan lanzar cargas explosivas, confirmando la intensidad de la confrontación entre ambos grupos ilegales.De acuerdo con inteligencia militar, estas acciones hacen parte de una estrategia del ELN para consolidar control territorial, debilitar a las disidencias y asegurar corredores estratégicos para el tráfico de armas, droga y movilidad armada, profundizando la crisis de seguridad que afecta a la población civil en esta región de Norte de Santander.Las autoridades advierten que esta guerra entre estructuras ilegales mantiene en alto riesgo a las comunidades del Catatumbo, donde el control armado se disputa a sangre y fuego, sin consideración por la vida ni la tranquilidad de los habitantes.
En medio de las emergencias que se han venido presentando en el Huila como consecuencia de las lluvias, la delegación departamental de Bomberos expresó su preocupación al señalar que, en lo corrido del 2026, la mayoría de las alcaldías no han firmado los convenios para la prestación de los servicios con los respectivos cuerpos bomberiles.El capitán Edinson Fernández, comandante de Bomberos Voluntarios del Huila, indicó a Blu Radio que, a la fecha, solo 13 municipios han suscrito los contratos para garantizar los servicios ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar.“Como delegación departamental de Bomberos nos encontramos muy preocupados porque en estos momentos solo 13 municipios han suscrito los convenios con las alcaldías, municipios como Palermo, Rivera, Teruel, Neiva, Isnos, Pitalito, Hobo, Yaguará, Aipe, La Plata, Timaná y El Pital. Son 23 municipios donde lastimosamente los alcaldes no están garantizando la prestación de los servicios situación que los hace muy vulnerables ante todas las emergencias que se han presentado en el Huila”, explicó el capitán Fernández.Agregó el capitán Fernández que los demás cuerpos de Bomberos están funcionando a media marcha y con esfuerzos atendiendo emergencias producto de las fuertes lluvias que no cesan en el Huila."El municipio de Elías es la única población donde las administraciones no han hecho el deber y la gestión de crear un cuerpo de Bomberos y lo importante que se requiere el organismo de socorro en un municipio, por eso hago el llamado a los alcaldes del Huila a que prioricen recursos para este tipo de convenios con los cuerpos de Bomberos”, anotó.Reporte de emergencias en HuilaA propósito de las lluvias, la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento informó que, a la fecha, hay un reporte de 26 municipios que registran 97 emergencias por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas de ríos y quebradas, vías colapsadas, inundaciones y 22 viviendas urbanas y rurales averiadas.La más reciente emergencia se registró en el sector de Los Altares sobre la Ruta 45 en la vía Neiva – Garzón, donde se presenta paso restringido por caída de rocas y tierra, sin embargo, personal de la Concesionaria Ruta al Sur continúa trabajando para recuperar la movilidad.No obstante, ante la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Betania, se mantienen los monitoreos aguas abajo del río Magdalena principalmente en los municipios de Hobo, Palermo, Rivera, Neiva, Aipe y Villavieja, donde existen comunidades ribereñas dedicadas a la ganadería, a la agricultura y a la pesca artesanal.
El alto tribunal tumbó la Resolución 0803 del 24 de septiembre de 2012, con la que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales había otorgado licencia ambiental al proyecto de perforación exploratoria APE Magallanes de Ecopetrol, en jurisdicción de los departamentos de Arauca y Norte de Santander.Esto, tras una demanda presentada por la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, que alegó que el permiso se concedió sin realizar un proceso de consulta previa con esta comunidad indígena, pese a que el proyecto podía afectar directamente su territorio ancestral y su forma de vida.En un fallo de 79 páginas, al que este medio tuvo acceso, el Consejo de Estado señaló que la expedición de la licencia desconoció el derecho fundamental a la participación y al consentimiento informado de los pueblos étnicos.Según el análisis del alto tribunal, las medidas compensatorias y los estudios de impacto ambiental que sustentaron el proyecto fueron elaborados sin un diálogo real con la comunidad U’wa, lo que vicia de ilegalidad el acto administrativo.Aunque Ecopetrol, empresa interesada en el proyecto, sostuvo que el área de influencia del APE Magallanes no se superponía con el resguardo indígena, el Consejo de Estado consideró que la cercanía geográfica y los posibles impactos sociales y ambientales obligaban a realizar el proceso de consulta, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Las Fuerzas Militares ejecutan desde la madrugada de este martes el primer bombardeo del añoen la región del Catatumbo, en el marco de una operación de alta precisión dirigida contra en ELN y la estructura 33 de las disidencias de las Farc, con presencia histórica en esta zona de Norte de Santander.La ofensiva es adelantada de manera conjunta y coordinada por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, con el empleo de capacidades diferenciales que incluyen bombardeos aéreos y maniobras ofensivas en tierra, con el objetivo de debilitar los corredores armados y logísticos del ELN.De acuerdo con los reportes preliminares desde el área de operaciones, siete presuntos integrantes del ELN fueron neutralizados y uno más capturado durante acciones desarrolladas en jurisdicción de los municipios de El Tarra y Tibú, donde tropas de la Segunda División y la División de Aviación Asalto Aéreo avanzan en labores de consolidación y control territorial.Le puede interesar: ”A mi papá la guerrilla le dijo que lo dejara de buscar”: hermana de menor muerto en bombardeoLas autoridades informaron que, durante la operación, se logró la incautación de abundante material de guerra, entre el que se encuentran armas largas y cortas, munición de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados. Asimismo, fueron destruidos drones y granadas adaptadas para ser lanzadas desde aeronaves no tripuladas, evidenciando la capacidad ofensiva que venía desarrollando esta estructura armada ilegal.El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares señalaron que la operación se ejecuta bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y con estricto respeto por los Derechos Humanos, priorizando la protección de la población civil que por años ha sido afectada por las confrontaciones y acciones violentas del ELN en esta región del país.Mientras continúan las operaciones militares, unidades en terreno permanecen desplegadas ejecutando maniobras ofensivas y de estabilización, con el objetivo de consolidar la zona y evitar el reagrupamiento de los criminales del ELN, considerada una de las más activas en el Catatumbo.
Una persona llega a visitar a un amigo en su conjunto residencial, recorre varias veces el lugar en busca de dónde estacionar y no encuentra ni un solo espacio disponible. Finalmente, se da cuenta de que varios vehículos llevan horas, e incluso días, ocupando los parqueaderos destinados para visitantes. No se trata de visitas, sino de residentes que los usan como una solución fija.Esta escena, tan común en muchos conjuntos, ha sido denunciada en varias ocasiones, pues no solo es una mala práctica, también va en contra de las normas, aunque muchos propietarios no lo sepan.Norma que muchos desconocen sobre los parqueaderos de visitantesLa norma está en la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, y fue aclarada recientemente por el Ministerio de Vivienda a través de un concepto técnico sobre la administración de los bienes comunes.Según esta ley, los conjuntos residenciales cuentan con bienes comunes, es decir, espacios que pertenecen a todos los copropietarios y están pensados para garantizar el funcionamiento, la seguridad y el disfrute de las viviendas. Dentro de estos bienes comunes, la norma indica algunas distinciones:Bienes comunes esenciales, como el terreno, la estructura del edificio, los cimientos o las zonas necesarias para la estabilidad y existencia del conjunto.Bienes comunes no esenciales, como salones comunales, zonas recreativas y parqueaderos, que pueden tener reglas específicas de uso, pero sin perder su carácter colectivo.En este punto es donde entran los parqueaderos. El Ministerio de Vivienda manifestó que los parqueaderos destinados a visitantes son bienes comunes de uso general.Eso significa que no pueden asignarse para uso exclusivo de un propietario, ni de manera informal ni mediante decisiones administrativas que contradigan su finalidad.Por el contrario, los parqueaderos para residentes sí pueden entregarse en uso exclusivo, siempre que el proceso sea equitativo, esté respaldado por el reglamento de propiedad horizontal y no viole normas urbanísticas. La clave está en que los espacios de visitantes deben conservar su destinación comunitaria.¿Puede el conjunto regular el uso de los parqueaderos?Según la ley mencionada, sí está permitido, pero con límites. Las copropiedades tienen la facultad de regular el uso de los parqueaderos de visitantes a través del reglamento interno o de convivencia. Allí pueden establecer, por ejemplo:Tiempos máximos de permanencia.Horarios de uso.Condiciones de acceso.Sanciones por uso indebido.Lo que no pueden hacer es convertir esos espacios en parqueaderos privados de facto para residentes.Además, si el conjunto quiere cobrar por el uso de parqueaderos de visitantes o explotarlos económicamente, esa decisión debe ser aprobada por la asamblea general de copropietarios y quedar expresamente consignada en el reglamento. “Documentos informales como cartillas o circulares solo tienen un carácter orientador y no son obligatorios ni reemplazan la norma”, indica la ley.¿Por qué esta regla es tan importante?El uso indebido de los parqueaderos de visitantes afecta la convivencia, genera conflictos entre vecinos y desnaturaliza el sentido de las zonas comunes. La Ley 675 busca precisamente evitar que algunos propietarios se apropien de espacios que están pensados para todos.En otras palabras, parquear en un espacio de visitantes como si fuera propio no es un “favor” ni una costumbre aceptable, sino una práctica contraria a la normativa de propiedad horizontal.
Un reciente estudio sectorial de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la viabilidad financiera de la educación superior en el país. De las 34 universidades públicas nacionales, solo una logra ser autosostenible, así lo confirmó Andrey Rodríguez, contralor delegado para asuntos educativos."De las 34 universidades públicas nacionales, una sola de ellas logra ser autosostenible. Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del Gobierno nacional. De lo contrario no podrían funcionar", indicó Rodríguez en Mañanas Blu.El origen del déficitRodríguez explicó que la raíz del problema está en cómo se calculaban los incrementos presupuestales desde 1992."Veníamos con una fórmula que actualiza los índices de educación superior por IPC. Esa fórmula llevó a que cerca de 18 billones de pesos no llegaran a las universidades públicas", explicó Rodríguez.Con la nueva ley, se busca usar un índice del DANE que refleje la realidad."Se llama básicamente así, índice de incremento de costos de educación superior, que permite reflejar en mayor realidad cómo crecen los costos", explicó. Disparidad de costos por estudianteEl estudio revela cifras "absolutamente disímiles" entre lo que recibe una universidad por alumno y lo que realmente le cuesta formarlo."'A la Universidad Nacional sacar ese estudiante a nivel de egresos le cuesta casi el triple de lo que recibe. En el caso de La Universidad de Antioquia le cuesta un estudiante cerca de 29 millones de pesos, pero solo recibe cerca de 7 millones y medio", explicó. Esta brecha financiera limita severamente la capacidad de las instituciones para invertir en infraestructura e investigación, así como para ampliar la cobertura educativa.Una nueva esperanza legislativaPara mitigar esta situación, se espera la sanción presidencial de una ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30.1. Los costos ahora se ajustarán mediante el Índice de Incremento de Costos de Educación Superior manejado por el DANE, reflejando mejor la realidad del sector.2."El proyecto de ley busca llegar más o menos a 0.5% del PIB", indicó Rodríguez.Escuche la entrevista aquí:
El abogado penalista Mauricio Pava presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución que establece zonas de ubicación temporal para miembros del Clan del Golfo, medida incluida dentro de la estrategia de Paz Total del gobierno nacional. Según dijo Pava en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la resolución vulnera los límites constitucionales en la negociación con estructuras criminales.La acción legal se fundamenta en la protección del Estado de Derecho, argumentando que la administración ha sobrepasado sus facultades al otorgar beneficios territoriales y jurídicos a grupos sin carácter político, sin un marco legal aprobado por el Congreso de la República.El núcleo de la demanda se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia 525 de 2023, que establece criterios sobre quiénes pueden acceder a zonas especiales y beneficios procesales.Pava explicó que existe una diferencia clara entre grupos con "pedigrí político" y bandas criminales: "Con estructuras criminales de alto impacto. Usted no puede tener zonas especiales de ubicación si no tiene un marco jurídico, una ley de sometimiento".El abogado señaló que la resolución del 22 de diciembre vulnera este principio, ya que el proyecto de ley de sometimiento todavía está “diluido” en el Congreso. Sobre la negociación con carteles de narcotráfico y minería ilegal, Pava agregó: "En el mundo de esta resolución... ese mundo es con bandas criminales, pandillas, estructuras de crimen organizado... con esos grupos es el sometimiento a la justicia".La demanda alerta sobre la entrada en vigor de la resolución, programada para el 1 de marzo de 2026, coincidiendo con los periodos electorales. Pava expresó preocupación por la transparencia y la libertad del voto en los municipios designados en Chocó y Córdoba."¿Quién va a garantizar que en esas zonas haya voto libre, que la población con tranquilidad pueda acudir a las jornadas electorales?", cuestionó, señalando que entregar territorios a grupos que los dominaron “a sangre y fuego” podría interpretarse como una legalización de facto de su control.La demanda también cuestiona la potestad del presidente de la República para suspender órdenes de captura y procesos de extradición en estas zonas. Según Pava, estas acciones solo serían legales si existiera una ley ordinaria de sometimiento, actualmente inexistente."Una cosa es la negociación con grupos que tengan un pedigrí político y otra cosa es la negociación con bandas criminales", subrayó, recordando que la falta de marco jurídico impide que estas medidas tengan respaldo legal legítimo.Escuche la entrevista completa aquí:
El Gobierno nacional volvió a poner en entredicho la metodología con la que se están midiendo las cifras de cultivos y producción de cocaína en el país.El Ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, aseguró que Colombia cuenta con argumentos técnicos y estadísticos para demostrar que los reportes de Naciones Unidas no reflejan la realidad actual, especialmente frente a las políticas implementadas desde 2022.Idárraga explicó que el sistema de monitoreo continuará, tal como lo ha ordenado el presidente Gustavo Petro, pero articulado con los mecanismos de seguimiento de la Policía Nacional.Sin embargo, el Gobierno adoptará una postura prudente a la espera de los resultados de la reunión entre el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, encuentro en el que este tema será uno de los puntos centrales de discusión.“La negación de continuar con ese tipo de sistemas porque si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, pues no nos queda otro camino que simplemente abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero también con el diálogo con EE. UU., quien sería el verificador en Europa. Estamos en las conversaciones para ver quiénes del Parlamento Europeo podrían, por ejemplo, entrar a asumir esa verificación”, dijo Andrés Idárraga.Con esto, el jefe de la cartera de Justicia encargado confirmó que ya se adelantan conversaciones para que Estados Unidos asuma un rol como verificador y que incluso se evalúa la posibilidad de que miembros del Parlamento Europeo participen en el proceso de validación de las cifras.
El Ejército abrió un nuevo proceso de incorporación para formar suboficiales, una convocatoria dirigida a jóvenes colombianos que buscan iniciar una carrera con formación militar, estabilidad laboral y proyección profesional.Las inscripciones se realizan a través de la Escuela Militar de Suboficiales y constituyen el primer paso para acceder al Curso de Suboficiales. El proceso estará habilitado hasta marzo de 2026 y toda la información oficial está disponible en la página web institucional, donde los aspirantes pueden consultar requisitos, etapas de selección, costos aproximados y contactos regionales.Entre los requisitos básicos se encuentra tener entre 17 y 23 años, ser bachiller académico, contar con los resultados de las Pruebas Saber 11, no registrar antecedentes penales, disciplinarios o fiscales, y acreditar conocimientos básicos de natación.Quienes se postulen deberán superar varias fases del proceso, que incluyen pruebas psicométricas y psicológicas, exámenes médicos, evaluaciones físicas en tierra y agua, así como entrevistas, visitas domiciliarias y pruebas de poligrafía.Durante la etapa de formación, los alumnos reciben una bonificación mensual y cuentan con alojamiento, alimentación, dotación y acceso a movilidad académica. Además, el programa contempla la obtención de una doble titulación académica. Una vez finalizado el curso, los nuevos suboficiales acceden a ocupación laboral inmediata dentro de la institución.Las autoridades recordaron que el proceso de incorporación no tiene intermediarios y advirtieron sobre posibles estafas, recomendando no realizar pagos a personas o cuentas no oficiales. Para ampliar la información, los interesados pueden acudir a las zonas de reclutamiento, distritos militares o consultar directamente los canales oficiales de la Escuela Militar de Suboficiales.
En las 1.440 sedes educativas de los 35 municipios no certificados del Huila, que son competencia del gobierno departamental, arrancó este lunes el calendario escolar 2026 con más de 112.000 estudiantes matriculados tanto en las zonas urbanas como en las áreas rurales.En el caso de Neiva, también iniciaron clases 32.500 niños y jóvenes en las 169 sedes educativas del municipio y con el suministro del programa de alimentación escolar PAE que tuvo una inversión inicial por encima de los 20.000 millones de pesos. “El proceso de negociación a través de la Bolsa Mercantil de Colombia se cerró exitosamente por un valor de 20 mil millones de pesos y hemos verificado todas las condiciones técnicas, sanitarias y operativas del operador. Además, la entrega de los alimentos coincide con la fecha de la apertura oficial del calendario escolar” así lo confirmó Olga Lucía Castaño, secretaria de educación municipal.En el Huila la secretaría de educación, confirmó que el programa PAE inició a media marcha en algunas instituciones y se espera que para la próxima semana este cubierto en un cien por ciento la alimentación escolar en todos los municipios del departamento.Desde la oficina del PAE Huila, informaron que la semana inmediatamente anterior quedó adjudicado el contrato para que se inicie a operar el programa de alimentación escolar a partir de la primera semana de febrero.
Un tripulante de la motonave Cetus Narwhal falleció luego de sufrir un grave accidente mientras la embarcación navegaba frente a Buenaventura, en el Pacífico colombiano. El hombre, quien se desempeñaba como bosun o contramaestre, cayó al interior de una de las bodegas de carga del buque, lo que desencadenó una operación de emergencia en alta mar.El reporte del incidente fue recibido por la Dirección General Marítima cuando la nave se encontraba a unas 30 millas náuticas al este de la boya de mar de Buenaventura. Tras la alerta, se activaron los protocolos de atención y se coordinó una operación de búsqueda y rescate para evacuar al tripulante herido.Inicialmente, se dispuso una unidad de Guardacostas para atender la emergencia, pero las condiciones del mar impidieron la evacuación por vía marítima. Ante este escenario, se solicitó apoyo aéreo y un helicóptero del Grupo Aeronaval del Pacífico realizó la extracción del tripulante a unas 15 millas náuticas del puerto.El hombre fue trasladado por vía aeromédica hasta instalaciones militares en Buenaventura y posteriormente remitido a un centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas después.Tras el incidente, la motonave fue retornada y fondeada en el puerto de Buenaventura para adelantar las actuaciones correspondientes. Las autoridades marítimas iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.“La Dirección General Marítima iniciará el proceso jurisdiccional respectivo, con el fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el incidente, así como las posibles responsabilidades a que haya lugar”, indicó la autoridad marítima colombiana.