Los soldados Luis Mauricio Morales, Alexis Muñoz y Josué David Uribe fueron asesinados este miércoles por disidentes de la estructura 'Carolina Ramírez' bajo el mando de alias 'Iván Mordisco' en Caquetá.La emboscada se dio en una vía rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde los militares acompañaban la instalación de puestos de votación. Allí fueron interceptados por los ilegales que, además de quitarles la vida, les robaron parte de su armamento. Otro militar resultó herido y fue trasladado a un hospital en Florencia.En diálogo con Blu Radio, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, entregó detalles de cómo se habría dado el ataque.“Muy seguramente conocieron la ubicación de las tropas, identificaron cuál era su ruta de avance y montaron un área preparada con explosivos, con fuego de fusilería en una vía y es donde nos asesinan nuestros tres soldados”, dijo López.El general descartó que en este caso haya fuga de información o participación de infiltrados dentro de las tropas como se ha determinado en anteriores ataques si no que los ilegales aprovechan el traslado que se está haciendo de cara a las elecciones.“Aquí no estamos hablando de infiltrados ni de infiltraciones. Aquí estamos hablando de que determinan la ruta que lleva esta unidad. En este periodo pues tenemos una debilidad y es que saben que nosotros estamos desplegando toda nuestra capacidad hacia los diferentes puestos de votación”, agregó López.El general envió un mensaje de solidaridad a las familias de los soldados asesinados e insistió en que continuarán las operaciones para dar con los responsables.“No tenemos la explicación clara para las familias y entregarle a sus hijos en un cajón, pero tenemos que seguir trabajando por Colombia. Hoy perdemos a nuestros hombres en defensa de la democracia. Es lo que hay y sabemos que tenemos amenazas y que este sacrificio supremo que hacen nuestros hombres hoy pues demuestra a Colombia de que esta guerra nos toca pararla”, puntualizó el general.
Autoridades entregaron detalles de las incautaciones adelantadas en las últimas semanas de dinero en efectivo que presuntamente estaría relacionado con compra de votos y otros delitos electorales.Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han incautado casi $1500 millones de pesos en diferentes operativos de control en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Guajira y CórdobaLos casos de presunta compra de votosJustamente, uno de los casos se reportó el 28 de enero en La Pintada, Antioquia, donde se capturó a dos personas por el delito de lavado de activos, a quienes se les incautaron $212.000.000 en efectivo durante un control vial en zona rural. Ambos quedaron en libertad pero vinculados a la investigación.El 3 de febrero en el sector Las Palmas de Barrancabermeja, Santander, también detuvieron a dos personas con $109.958.000 en efectivo y un arma de fuego. Al igual que el anterior hecho, los implicados quedaron en libertad.El 5 de febrero en Villavicencio, Meta, incautaron $56.970.570 que eran transportados por una persona en un vehículo particular, quien no acreditó su procedencia y el 11 de febrero en un puesto de control sobre la Ruta 25 en Buenaventura, Valle del Cauca, aprehendieron $52.000.000. En estos dos casos no se registraron capturas.El 18 de febrero, también en Buenaventura, Valle, capturaron a una persona e incautaron $110.000.000 y luego fue dejado en libertad.En Puerto Triunfo, Antioquia, la Policía capturó a tres personas que tenían pegadas al cuerpo fajas con un total de $243.500.000. Pese a esto, también quedaron en libertad. Esto ocurrió el 20 de febrero.En Mapiripán, Meta, agentes de la Policía capturaron el 28 de febrero a tres personas y les incautaron $100.000.000 que llevaban en una lancha. Allí dos de los detenidos obtuvieron la libertad y el otro fue enviado a la cárcelEl otro operativo se adelantó este jueves 4 de marzo en el aeropuerto internacional Camilo Daza en Cúcuta, Norte de Santander, donde a una persona le hallaron $26.900.000 en efectivo, 3.037 stickers de propaganda política y 5 folios con listados de nombres y apellidos.A esta lista se suman los reportados en el mes de marzo que han alcanzado notoriedad pues se trata de personas vinculadas con el ámbito político actual.Uno de ellos es el caso del escolta de la UNP y miembro del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes quien fue capturado con otra dos personas luego de que en su carro particular (el cual era remolcado en una grúa) encontraran $145.000.000 en efectivo y repartido en varios sobres de manila marcados con nombres de políticos de La Guajira.Esto ocurrió en la vía de Hatonuevo y dentro del vehículo también había propaganda alusiva a un candidato al Congreso quien ya se desmarcó de cualquier irregularidad.El otro caso es el de la captura del exconcejal de Montería, Misael Augusto Villarrea, detenido en Córdoba con $434.700.000. Su situación judicial está por definirse.
A través de un video compartido en redes sociales, la candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico, María Bolívar Maury, denunció haber sido víctima de un atentado armado mientras se movilizaba por carretera durante la noche del martes.Según relató la aspirante, una motocicleta interceptó el vehículo en el que se desplazaba y realizó tres disparos que impactaron la camioneta. La candidata aseguró que fueron momentos de pánico en los que temió por su vida y por el futuro de su familia.“Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz”, afirmó.Bolívar aseguró que en medio del ataque pensó en sus hijos, de 7 y 8 años, y en la posibilidad de que se quedaran sin su madre. También señaló que el hecho refleja los riesgos que enfrentan quienes participan en política en medio de un ambiente de fuerte polarización.Tras el ataque, la candidata informó que presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó que se revisen las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Además, confirmó que ha tenido contacto con la Policía Nacional de Colombia, que le ofreció acompañamiento y apoyo en el proceso de investigación.El Partido Alianza Social Independiente (ASI), colectividad por la que aspira Bolívar, rechazó el ataque y aseguró que el atentado representa una grave amenaza contra su vida, su familia y el libre ejercicio de la política en Colombia.El partido explicó que el esquema de protección del vehículo evitó consecuencias fatales, pese a los disparos que impactaron la camioneta. La colectividad también expresó su preocupación por el clima de violencia que enfrentan líderes políticos y sociales en el país y pidió a las autoridades reforzar las medidas de seguridad.La presidenta del partido, Berenice Bedoya, aseguró que el ataque fue un hecho real que pudo terminar en tragedia. “Fueron disparos reales, una intención real de hacer daño. Gracias a Dios y al blindaje de la camioneta hoy ella está viva”, señaló.Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también rechazó el atentado y aseguró que se activaron las medidas de protección. Según él, se comunicó con la Policía para brindar acompañamiento a la candidata y trasladó el caso a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para evaluar y reforzar su esquema de seguridad.“En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política”, escribió el ministro en su cuenta de X.La candidata pidió justicia e insistió en que la violencia no puede convertirse en una herramienta para silenciar voces políticas ni para limitar el debate democrático.
Tras los recientes hechos de violencia registrados en el departamento del Caquetá, donde tres soldados perdieron la vida y uno más resultó herido, la gobernadora del Meta y actual presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Rafaela Cortés Zambrano, emitió un contundente pronunciamiento en el que refuerza las alertas de seguridad de cara a la jornada electoral del próximo domingo.Cortés Zambrano fue clara al señalar que las instituciones colombianas no se dejarán amedrentar por las acciones de grupos al margen de la ley que buscan desestabilizar el orden público en regiones estratégicas del país."El mensaje es claro: no vamos a ceder ante las amenazas ni ante los actos terroristas. Cada ciudadano tiene el derecho constitucional de elegir y ser elegido, y nuestro deber es evitar que alguien se lo impida", afirmó la mandataria.Como medidas inmediatas, la presidenta de la FND anunció el inicio de un trabajo de articulación con la Fuerza Pública y los organismos de control para reforzar la presencia institucional en las zonas más afectadas. El objetivo es garantizar que hechos como los ocurridos esta mañana no se repitan y que la ciudadanía pueda acudir a las urnas con total tranquilidad."Tenemos plena confianza en nuestras instituciones y no vamos a rendirnos. Seguimos cerrando filas frente a los enemigos de la paz", concluyó Cortés Zambrano.Se espera que en las próximas horas se realice un nuevo Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación en Caquetá y en otros departamentos que han reportado alteraciones al orden público.
Un juez de Bogotá abrió un nuevo incidente de desacato contra el presidente Gustavo Francisco Petro porque no se ha retratado ni ha ofrecido excusas públicas al empresario Jaime Miguel González Montaño, exgerente de la EPS Coosalud.Este es un nuevo requerimiento al mandatario nacional en medio de la polémica y las reclamaciones de González por las declaraciones que, en alocuciones y en publicaciones en redes sociales, ha hecho Petro contra González, donde lo ha señalado de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadoras de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.El anterior requerimiento se había dado el pasado 26 de enero, cuando el mismo juzgado le dio plazo de 48 horas a Petro para informar qué acciones ha hecho para cumplir dicha orden de retractación o si retiró sus publicaciones contra González.Y es que ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 11 de noviembre de 2025, había revocado un fallo de primera instancia ordenando al presidente retractarse en un plazo de cinco días y presentar excusas públicas.Según el fallo, la retractación debía realizarse en el mismo formato en que fueron emitidas las afirmaciones, es decir, a través de la red social X y mediante intervención pública. Además, el tribunal ordenó al jefe de Estado abstenerse de emitir nuevos mensajes o manifestaciones que vulneraran los derechos del demandante.Sin embargo, a la fecha, no hay evidencia de un pronunciamiento de fondo que dé cuenta del cumplimiento de la sentencia.En varias ocasiones, el juzgado también ha rechazado las solicitudes de nulidad y otros recursos presentados por la defensa del mandatario insistiendo en el cumplimiento inmediato del fallo. A pesar de nuevos requerimientos en enero y febrero de 2026, el despacho señala que el presidente guardó silencio frente a la orden de retractación.
La Fuerza Aérea de Israel inició la mañana de este miércoles, en el quinto día de ofensiva junto a EE.UU., ataques "a gran escala" contra Teherán con el objetivo de debilitar el régimen, según un comunicado castrense. Estos ataques contra infraestructura del régimen, de los que aún el Ejército no ha dado detalles, se enmarcan en la décima ronda de bombardeos contra la capital iraní.Según medios, una fuerte explosión tuvo lugar en la zona este de Teherán; mientras que EFE constató el zumbido de cazas israelíes sobrevolando el cielo. Unas tres horas antes, Israel ya había bombardeado hoy decenas de presuntos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interna y de la fuerza paramilitar Basij en Teherán.Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años. La Media Luna Roja Iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado. El Ejército israelí dice haber realizado unas 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 municiones en los últimos cuatro días de ofensiva a Irán; más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, informó ayer el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recuperado ante el actual conflicto en Oriente Medio el lema del 'No a la guerra' popularizado con la invasión de Irak en 2003 y advirtió este miércoles de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias, en referencia a las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump.Sánchez se expresó de esta forma en una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y después de las amenazas de Trump a España, al que no ha citado explícitamente en ningún momento, por su posición en esta guerra.La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras, "No a la guerra", dijo tajante Sánchez.Recordó que Estados Unidos "ya nos arrastró" a la guerra de Irak en 2003, que a su juicio desencadenó "la mayor oleada de inseguridad" en Europa desde la caída del Muro de Berlín.Aquella guerra (la de Irak) "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global", según Sánchez "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global."Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", sentenció en alusión a los exmandatarios George W. Bush (EE.UU.), Tony Blair (Reino Unido) y José María Aznar (España).Sánchez también advirtió que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la actual guerra en Oriente Medio "solo por el miedo a las represalias de alguno", en alusión a las amenazas de Trump de cortar el comercio con el país por su posición ante el conflicto."España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia", añadió.Medidas ante la incertidumbreHay que prepararse para la posibilidad "de que sea una guerra larga", dijo Sánchez, quien prevé que aumente también la incertidumbre económica, con subidas del precio del petróleo y el gas, y por ello defendió la posición de España frente a los dirigentes que "usan el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos".Sánchez garantizó que su Gobierno, si es necesario, ayudará a los hogares, trabajadores y empresas que se puedan ver afectados por el impacto económico."España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria", sostuvo.En la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló este miércoles que ya se ha reunido con empresarios y sindicatos para tomar medidas "con carácter inmediato" ante el conflicto y defendió la soberanía de España, "un país de paz"."No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie", subrayó Díaz sobre las amenazas de Trump.Mientras, el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó este miércoles a Sánchez de "ir contra la seguridad de España" por su posición ante el conflicto, que atribuye a sus intereses electorales, y le pidió "situarse junto a sus aliados" y preservar la relación con EE.UU. al margen de las "discrepancias" con Trump.Por otro lado, Sánchez prometió asistencia a los españoles que se encuentran en Oriente Medio para ayudarles a regresar si lo desean, algo para lo que dijo que están trabajando "día y noche" el servicio exterior y el ejército.Un avión militar español despegará esta mañana desde la base aérea de Torrejón (Madrid) para evacuar a españoles que se encuentran atrapados en el Golfo Pérsico, según informaron fuentes de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.Este martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi.Fue la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000.
Israel eliminará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní, afirmó este miércoles el ministro israelí de Defensa, Israel Katz."Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", dijo en un comunicado."No importa cuál sea su nombre ni dónde se esconda", añadió.Katz afirmó que él y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, han instruido al Ejército para que hagan uso de "todos los medios" a fin de debilitar, junto a EE.UU., las capacidades del régimen y derrocarlo.La fuerza aérea israelí atacó el martes el edificio que alberga en la ciudad santa de Qom al Consejo de Expertos, el cuerpo de clérigos que debía elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, en un intento de interrumpir el proceso de nombramiento.Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los 88 clérigos en el edificio, según informó a EFE una fuente militar israelí.Israel atacó Irán junto a EE.UU. este sábado, en una guerra que ya ha causado alrededor de 800 muertos en el país persa -entre ellos Jamenei y 165 niñas de primaria-, pero también más de 50 muertos en Líbano y también fallecidos en países del Golfo.En Israel, son diez los fallecidos, incluidos tres hermanos adolescentes en Beit Shemesh.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 3 de marzo de 2026 su sorteo número 3143, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en todo el país.En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, acompañado de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que ampliaron las oportunidades de ganar.Premio mayor – 3 de marzo de 2026El número ganador del premio mayor fue: 1348 de la serie 267. Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo realizado el martes 3 de marzo de 2026 y es el único válido para efectos de verificación y pago de premios.De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar un premio es de 30 días calendario contados a partir de la fecha del sorteo, siempre presentando el billete original.Premios secos – Sorteo 3143Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:Premio seco de $300 millones5416 – Serie 038Premios secos de $100 millones2681 – Serie 0623513 – Serie 2118438 – Serie 189Premios secos de $50 millones5613 – Serie 2190672 – Serie 1898207 – Serie 0012083 – Serie 153Premios secos de $20 millones1541 – Serie 0495191 – Serie 2475661 – Serie 2901932 – Serie 1728131 – Serie 087Premios secos de $10 millones9221 – Serie 2507090 – Serie 2574780 – Serie 1066548 – Serie 2220091 – Serie 2684843 – Serie 2613986 – Serie 227Se recomienda comparar cuidadosamente número y serie con la imagen oficial publicada por la entidad para confirmar cualquier premio.¿Cuándo y dónde se juega la Lotería de la Cruz Roja?La Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:El sitio web oficialRedes sociales verificadasLínea telefónica: (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100¿Cómo reclamar un premio?Para cobrar un premio es obligatorio:Presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Presentar la cédula de ciudadanía (para premio mayor y premios secos).Las aproximaciones pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados al premio mayorEn caso de resultar ganador del premio mayor de $10.000 millones, se aplican los siguientes descuentos:17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.Recomendación finalLa recomendación para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales, revisar cuidadosamente el número y la serie del billete y respetar los plazos establecidos por la ley para realizar el trámite de cobro.Consultar fuentes oficiales y actuar dentro del tiempo establecido es clave para asegurar el pago oportuno de cualquier premio obtenido.
En una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar los alcances de la Jurisdicción Agraria y Rural, representantes del Gobierno, entidades del Estado y gremios expusieron sus posiciones sobre cómo y por qué debe implementarse este sistema judicial para resolver los conflictos sobre la tierra en Colombia.La advertencia de Humberto de la CalleEl exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De la Calle, aseguró que la jurisdicción agraria es clave para cumplir lo pactado en La Habana, aunque advirtió que el modelo actual no corresponde completamente a lo acordado en las negociaciones.“Lo que realmente se pactó en La Habana no es lo que tenemos. Yo no quiero llorar sobre la leche derramada, pero desde el 2016 hice afirmaciones en ese sentido. Lo que realmente se pactó fue una jurisdicción agraria como órgano de cierre y, desafortunadamente, eso se tornó imposible por razones políticas y también incluso por la resistencia de las Cortes”, afirmó.Según indicó, la ausencia de ese órgano ha generado una bifurcación entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa que dificulta resolver con eficacia los conflictos agrarios.“Aquí todo lo que está aflorando es la ausencia de órgano de cierre autónomo de la jurisdicción agraria. Porque la persistencia de la bifurcación entre las dos jurisdicciones, civil y contencioso-administrativa, sí mantiene redundancias y, repito, bifurcaciones que van en contra de la necesidad de soluciones eficaces a esa conflictividad. No se pudo por razones políticas, luego toca ahora tratar de salvar lo que tenemos”, afirmó.Durante la audiencia pública, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, aseguró que la creación de esta jurisdicción permitiría atender conflictos relacionados con saneamiento de la propiedad, arrendamientos agrarios o prescripción adquisitiva de dominio.Además, aseguró que su existencia tiene base constitucional directa, “por lo que no depende de una decisión política posterior para su validez estructural y funcionamiento. En este orden de ideas no se requiere un desarrollo legal adicional necesariamente”, aseguró Cuervo.Adicionalmente, explicó que es viable designar despachos pilotos que operen transitoriamente con las reglas supletorias establecidas en el Código General del Proceso.“Han sido identificados por la política pública y que justifican una puesta en marcha progresiva, incluso antes de que exista una ley ordinaria que detalle competencias y procedimientos”, afirmó.La advertencia de la Agencia Nacional de TierrasEl director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, alertó que la ausencia de decisiones judiciales en materia agraria está frenando procesos clave para la reforma rural.Según explicó, el Gobierno ha gestionado cerca de 761 mil hectáreas, provenientes de compras voluntarias y de la incorporación de 288 mil hectáreas de baldíos de la Nación al Fondo de Tierras.Sin embargo, asegura que existen 2.592.000 mil hectáreas ofrecidas voluntariamente por propietarios para su venta al Estado, de las cuales más de 1,6 millones son presuntos baldíos y otras 600 mil tienen composición mixta de propiedad, lo que impide comprarlas o recuperar esos terrenos.“A la hora de iniciar el proceso agrario, hoy frente a la negación de la entrada en vigencia de la jurisdicción agraria, tampoco podemos resolver la facultad que ya teníamos en la ley 160. Entonces, propietarios que voluntariamente han ofertado sus tierras para cumplir el acuerdo de paz, ni se les puede comprar ni se recuperan los bienes baldíos de la nación. Porque en este limbo efectivamente se generan todas las trazabilidades concretas que ralentizan la posibilidad de que el acuerdo honre con su palabra la implementación del acuerdo de paz”, afirmó.El llamado al Congreso: 63 días para debatir la jurisdicciónDesde el Gobierno, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Agraria sigue sin ser debatido en el Congreso y que el tiempo, ya es limitado.“Ni la plenaria de la Cámara ni la plenaria del Senado han asumido los debates. 63 días hábiles nos quedan del periodo legislativo para que la jurisdicción agraria no sea nuevamente archivada. Este no es un debate que pueda esperar 70 años más. Este es un debate que llevamos dando desde 1936. Necesitamos entonces que el Congreso de la República llegue a discutir y queremos acá pedirle a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso y que en este periodo legislativo avance en la jurisdicción”, señaló.En el mismo sentido, el ministro de Justicia pidió al Congreso avanzar en el trámite de la iniciativa.“El Proyecto de Ley Estatutaria fue aprobado por el Congreso de la República y, tras el control automático de constitucionalidad mediante la Sentencia C-340, declaró su exequibilidad con algunas precisiones y condicionamientos en agosto de 2025. El 11 de noviembre, el expediente fue remitido al Congreso para que proceda conforme a sus competencias y adelante las actuaciones correspondientes sin que tengamos novedad a la fecha. Hacemos un llamado al presidente del Congreso para que proceda con el envío del expediente a la Presidencia para la sanción definitiva”, señalo el ministro.Jueces especializadosDurante la audiencia, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, pidió que los conflictos agrarios continúen siendo resueltos por jueces especializados en temas de tierra, con el fin de evitar que los procesos se diluyan entre distintas jurisdicciones.“Sería inadmisible cualquier retroceso en materia del debido proceso y en la garantía que hoy tiene la ciudadanía para que sean los jueces quienes resuelvan los procesos agrarios. Así las cosas, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia consideramos que, más allá de los errores técnicos de los que adolece la demanda, por los cuales la Corte debería declararse inhibida, el debate constitucional propuesto y la decisión que adopta este Tribunal será determinante para la estabilidad de los arreglos institucionales y las garantías judiciales que hoy existen para dar cumplimiento al acuerdo final”, aseguró.Bedoya advirtió que trasladar estas decisiones a entidades administrativas podría afectar la imparcialidad y el acceso a la justicia en los conflictos sobre la tierra.“Sería un enorme retroceso que se pierdan garantías y que se sacrifique la imparcialidad y autonomía judicial al confiar la decisión de estos conflictos sobre la tierra a un funcionario del Ejecutivo que responde como es natural a los propósitos y a la agenda del Gobierno de turno”, concluyó.
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia alertó sobre eventuales retrasos en el pago de las mesadas pensionales correspondientes al mes de febrero de 2026, situación que podría impactar a los pensionados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquidación y del Hospital San Juan de Dios.La advertencia quedó expuesta en una circular, en donde la entidad explicó que actualmente atraviesa una coyuntura jurídica derivada de procesos judiciales iniciados con anterioridad por algunos pensionados.Como resultado de estas demandas, se impusieron medidas cautelares, entre ellas el embargo de cuentas del Fondo, lo que ha afectado su flujo de recursos, por lo que el pago de esta obligación podría verse afectado.Según el documento, los embargos ordenados en el marco de estos procesos judiciales han limitado la disponibilidad de los recursos con los que la entidad cumple sus obligaciones, entre ellas el pago mensual de las pensiones. Aunque el Fondo no confirmó un incumplimiento generalizado con anterioridad, sí advierte sobre eventuales demoras en el giro oportuno de las mesadas para sus usuarios.Este Fondo fue creado mediante el Decreto 1591 de 1989 y tiene como función principal administrar y pagar las pensiones legales y convencionales de los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, así como otras prestaciones asistenciales reconocidas a sus beneficiarios.Sin embargo, frente a este panorama, la entidad aseguró que ya adelanta diferentes gestiones administrativas, financieras y jurídicas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de superar la contingencia y restablecer la normalidad en sus operaciones.El objetivo, según indicaron en el comunicado, es garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y evitar afectaciones a largo plazo y prolongadas a los pensionados, quienes dependen de estas mesadas como su principal fuente de ingreso.
Se realizó en Bogotá la última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral de cara a los comicios de este domingo, 8 de marzo. La sesión estuvo liderada por los ministros del Interior y Defensa, el procurador y el registrador Hernán Penagos, quien hizo un llamado a que las dudas sobre el proceso que han sido manifestadas desde el Gobierno se hagan en justas proporciones. Además, anunció que de ser necesaria una auditoría forense, sería autorizada.“Entiendo la preocupación, porque la política es así. Pero no lleguemos a extremos que terminan matando gente por eso, que terminan asesinando personas. Llevemos a las justas proporciones. Si hay que hacer auditoría forense está autorizada. También cualquier otra actividad, tratamos de hacerlo, hacemos auditoría forense del proceso. La iniciamos la semana entrante, sin problema una vez avance escrutinio porque estamos trabajando para que todo salga bien”, dijo el registrtador.Esto a propósito de la alocución del presidente Petro esta semana en la que volvió a insistir en cuestionar los softwares para el conteo de votos y pidió vigilancia a través de testigos electorales que impugnen las mesas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró los alcances de esa solicitud.“El presidente dice impugnar cada vez que haya una falla, él no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vean una falla (…) por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y la personas que votaron, que hay dos equis en el formulario, que el E14 no está debidamente diligenciado con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó, todos esos casos son para impugnación”, explicó.El presidente también ordenó perseguir los delitos electorales. En ese sentido, se pronunció durante la sesión el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunciando que hasta la fecha han incautado más de 1.000 millones de pesos en operaciones vinculadas a este tema.“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en diez eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…) y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, detalló.Por último, la Misión de Observación Electoral alertó que en el último mes aumentó de 170 a 185 el número de municipios en riesgo por factores de violencia y fraude, es decir, 15 más frente al informe del 4 de febrero. De esos 185 municipios, 94 están catalogados en riesgo extremo. “Cauca y Antioquia son los que mayor nivel de riesgo tienen. Son amenazas de distintos tipos de actores armados", dijo la directora de esta organización, Alejandra Barrios.
Durante su intervención en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, realizada en Bogotá, el procurador general, Gregorio Eljach, sostuvo que la entidad viene cumpliendo con una función constitucional, con el objetivo de garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Es por esto por lo que desde el Ministerio Público, como actividad preventiva, estableció dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral."Venimos cumpliendo con una función constitucional, que es garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Eso es el fundamento de la actividad preventiva que viene haciendo la Procuraduría y para eso establecimos no una sino dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral”, dijo el procurador.Asimismo, afirmó que hasta el momento no han encontrado ningún indicio que evidencie algún tipo de fraude para las elecciones del próximo domingo."No hemos encontrado evidencia, al menos indicios, de que viene preparándose un fraude para alterar el resultado de las elecciones. No lo hemos encontrado, ni hace 15 días, ni ayer y hasta hoy. Lo que no quiere decir que, si llega a aparecer algo, también lo diré aquí y en público, porque es mi deber", puntualizó.El jefe del Ministerio Público hizo una invitación a los ciudadanos para "que el domingo cada uno defienda sus intereses legítimos, hagan su trabajo electoral, así como los testigos que representan a cada uno de los partidos, sin dejar de lado la tranquilidad, la calma y el respeto por lo demás".
En desarrollo del Plan Democracia 2026, tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias “Daniel” o “Político”, señalado cabecilla pseudopolítico del denominado Cartel del Clan del Golfo, en la vereda El Amparo, zona rural del municipio de Ituango.El operativo fue adelantado por el Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, con apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 7, en coordinación con el CTI Antioquia y la Fiscalía Especializada EDA.Alias “Daniel”, con cerca de cinco años de trayectoria criminal, fue interceptado en caminos veredales cuando transportaba un costal que en su interior contenía 40 barras de explosivo, 98 detonadores aneléctricos y 300 metros de mecha de seguridad. Durante el procedimiento también le fue incautado un equipo celular.De acuerdo con información de inteligencia militar, el capturado sería el encargado de coordinar actividades de extorsión y de convocar reuniones en las que, mediante amenazas, presionaba a la comunidad para brindar apoyo a determinados candidatos en las elecciones. Incluso, habría utilizado explosivos como mecanismo de intimidación para obligar a la población civil a asistir a esos encuentros.La comunidad lo habría identificado plenamente, lo que facilitó su ubicación y posterior captura.Según las autoridades, este resultado operacional impacta directamente el subsistema pseudopolítico del Clan del Golfo en el norte de Antioquia y permitió anticipar un presunto plan para afectar la jornada electoral del 8 de marzo en zonas rurales de Ituango y municipios cercanos como Peque, Sabanalarga y Toledo.El capturado y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso de judicialización. El Ejército aseguró que continuará desplegando operaciones para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del voto en la región.
La desaparición de siete jóvenes en San Sebastián de Mariquita y Fresno, en el norte del departamento del Tolima, desde el año pasado, encendió las alarmas a nivel nacional. Las autoridades confirmaron una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información veraz que permita dar con su paradero.Los jóvenes reportados como desaparecidos son: Zait Esteban Delgado, David Santiago Toro Arévalo, Sergio Andrey Venegas Moncada, Luisa Fernanda Chavarro Díaz, Fredy Hernando Galindo Cruz, Santiago Izquierdo Cuervo y Alejandra Arias León.Según las autoridades, fueron vistos por última vez en los municipios de San Sebastián de Mariquita y Fresno. Sus edades oscilan entre los 18 y 21 años, lo que ha generado gran preocupación entre la comunidad y sus familias.Consejo de Seguridad y recompensaTras un Consejo de Seguridad extraordinario realizado en la Escuela de Aviación de Mariquita, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, anunció la activación de un plan de búsqueda liderado por un alto oficial de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), con el respaldo del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial.“Los extrañamos y nos duele en el corazón que estén desaparecidos”, expresó la mandataria, quien confirmó la aprobación de un plan de recompensas de hasta 15 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la ubicación de los jóvenes. La Gobernación y las alcaldías de Mariquita y Fresno desplegarán una estrategia de difusión masiva para que la ciudadanía conozca los rostros y datos de los desaparecidos.La gobernadora también anunció que, a partir del 9 de marzo, se reforzará la presencia de la Fuerza Pública en ambos municipios y que desde el 14 de marzo se iniciará un plan de intervención integral en barrios urbanos y zonas rurales de Mariquita.De manera paralela, la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer del Tolima brindarán acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.“Estos hechos no solo le han dolido a Mariquita; le han dolido a todos los tolimenses. Estamos articulando todas las acciones necesarias para dar con la ubicación de estos jóvenes”, concluyó Matiz, advirtiendo que habrá mano dura contra los responsables.Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado urgente a la ciudadanía para aportar cualquier información a través de las líneas 123 de la Policía Nacional o el 165 del Gaula.
A tres días de las elecciones del 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que en el último mes aumentó el número de municipios en riesgo por factores de violencia y fraude. Según la actualización del mapa, se pasó de 170 a 185 territorios, es decir, 15 más frente al informe presentado el 4 de febrero.De esos 185 municipios, 94 están catalogados en riesgo extremo. La MOE advirtió que este incremento se da en un contexto en el que continúan las amenazas al voto libre y a la transparencia del proceso electoral.El panorama en materia de violencia también empeoró. La misión identificó 37 municipios adicionales, para un total de 376 en riesgo por este tipo de factores, lo que equivale al 34 % del país. De estos, 145 están en riesgo extremo, 106 en alto y 125 en medio.En el análisis departamental, Cauca y Antioquia encabezan la lista con 21 y 20 municipios en riesgo, respectivamente.Otro de los puntos destacados del informe tiene que ver con la plataforma “Pilas con el Voto”, que ha recibido 145 reportes ciudadanos de posibles irregularidades. El 60 % de estos casos está relacionado con presiones al voto libre y participación indebida de funcionarios públicos en política.La conclusión del organismo es clara: existe la necesidad de que las autoridades refuercen la vigilancia, coordinen planes de seguridad y garanticen que no se repitan errores logísticos o tecnológicos de elecciones anteriores, tanto durante la jornada como en el preconteo y la consolidación de resultados.
La emboscada perpetrada en zona rural de Cartagena del Chairá no solo dejó tres soldados muertos y uno herido, sino también la pérdida de armamento de dotación oficial que quedó en poder de la estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, responsable del ataque.El hecho ocurrió hacia las 7:00 de la mañana de este martes 4 de marzo en el área de operaciones del sector Santo Domingo, cuando tropas de la compañía C del Batallón de Despliegue Rápido No. 36 (Badra 36), adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, sostuvieron combates directos contra integrantes de la estructura ‘Carolina Ramírez’, facción de las disidencias de las Farc.En la acción armada fueron asesinados los soldados profesionales Luis Mauricio Morales Leal, Alexis Muñoz y Josué David Uribe Chinchilla. Además, resultó herido otro soldado profesional, quien recibió un impacto en el hombro izquierdo y fue evacuado para atención médica.De acuerdo con el reporte operacional, tras el ataque fue reportado como material perdido una ametralladora M60 y tres fusiles Ace, armamento que habría quedado en poder del grupo armado ilegal tras la incursión. Las autoridades avanzan en el desarrollo de maniobras ofensivas para neutralizar a los responsables y recuperar el control total del área, en una región donde la estructura ‘Carolina Ramírez’ mantiene presencia armada.
De cara a las elecciones del 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro ha insistido en combatir la compra de votos y la trashumancia electoral. En ese sentido, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunció la incautación de más de mil millones de pesos en episodios que estarían vinculados a este tipo de delitos.“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en diez eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…) y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, dijo.El jefe de esta cartera también confirmó que ya fue expedida la Directiva 04, que materializa la orden del presidente Gustavo Petro de que los ascensos de los comandantes estén sujetos a la reducción de los homicidios y el combate a delitos electorales. “Esto debe ser valorado como una de las variables que se analizan con los comités para los ascensos. Hay que verificar cada uno de los casos de manera juiciosa, pero no podemos irnos al extremo de que va a haber falsos positivos electorales”, explicó.Respecto a estas declaraciones del mandatario, en las que también pidió que las mesas de votación sean impugnadas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que no es para todos los casos. “Cada vez que haya una falla, él no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vean una falla (…) por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y las personas que votaron, que hay dos equis en el formulario, que el E14 no está debidamente diligenciado con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó. Todos esos casos son para impugnación”, concluyó.
La Corte Suprema de Justicia se prepara para la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio, ocurrida el 6 de noviembre de 1985. Las Altas Cortes están organizando la agenda de homenajes para el jueves 6 y viernes 7 de noviembre de la próxima semana, pero han decidido no invitar al presidente Gustavo Petro.Esta exclusión refleja una molestia en la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron las principales víctimas de la toma perpetrada por el M-19 en 1985, todo por cuenta de un comentario.Los actos centrales para la conmemoración se llevarán a cabo el viernes 7 de noviembre. Están previstos dos eventos ese día: uno en la mañana en el Palacio de Justicia y otro al mediodía, que será una misa en la Catedral Primada de Colombia por los 40 años de la tragedia.El comentario que desató discordiaLa razón específica de la exclusión del presidente Petro se remonta a una visita que hizo hace unos meses a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando el magistrado Gerson Chaverra era el presidente de la corporación.En la oficina del magistrado Chaverra existe un cuadro alusivo a la toma del Palacio de Justicia. Según fuentes, le contaron a Mañanas Blu, el presidente Gustavo Petro se detuvo a mirar la obra y, dirigiéndose al entonces presidente de la Corte Suprema, exclamó que la toma fue "una genialidad y un acto de insurrección del M-19".El asombro del magistrado Chaverra fue notable entonces. Él le corrigió inmediatamente al presidente, señalándole que no se trató de una genialidad, y le dijo con vehemencia que se trataba de "toma terrorista del Palacio de Justicia" contra una institución colombiana, en la que murieron más de cien personas. Aunque el presidente tampoco estará en Colombia en esa fecha por viajes internacionales, la razón fundamental de la exclusión radica en su postura frente al evento que costó la vida a los magistrados.A continuación los detalles:
La familia del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia en 1985, emitió un pronunciamiento público en defensa de su memoria y en respaldo al fallo judicial que ordenó a la productora Burning S.A.S. adoptar medidas correctivas frente a la película 'Noviembre'. Según la familia, la cinta presenta una versión “distorsionada e injuriosa” de los hechos, al retratar al jurista como colaborador del grupo armado M-19.El Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá falló una tutela interpuesta por Juliana Gaona Bejarano, hija del magistrado, en la que alegó vulneración a los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la memoria de su padre. En la decisión, el despacho consideró que la obra, producida por Burning S.A.S. y dirigida por Tomás Corredor Pulido, vulneró el derecho a la verdad histórica al atribuirle al magistrado características y frases sin sustento probatorio.En consecuencia, el juez ordenó que la película y todas sus piezas promocionales incluyan un aviso visible indicando que se trata de una “ficción basada en hechos reales” y que cualquier semejanza con personas reales “no implica afirmación histórica”. Además, dispuso eliminar la frase “Ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”, por considerarla una afirmación lesiva y carente de respaldo judicial. También prohibió el uso del nombre y rasgos del magistrado en contextos que sugieran vínculos con el M-19.Durante su intervención pública, Juliana Gaona destacó que la decisión “no constituye censura”, sino una medida para proteger la verdad y la dignidad de una víctima del conflicto. “Mi padre fue un jurista íntegro que dedicó su vida a la defensa de la Constitución. La libertad de creación es esencial, pero no puede tergiversar la historia ni estigmatizar a las víctimas”, expresó.Por su parte, la productora Burning S.A.S. defendió la obra como un ejercicio legítimo de libertad artística y negó haber vulnerado derechos. Afirmó que el personaje mencionado no representa de manera biográfica al magistrado Gaona, sino que constituye una figura ficcional dentro de un relato inspirado en hechos reales.'Noviembre', estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el pasado 6 de septiembre, recrea el drama de un grupo de personas atrapadas durante la toma del Palacio.Con este fallo, el juez reiteró que incluso las personas fallecidas conservan el derecho a la protección de su imagen y su buen nombre, y que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad frente a la verdad y la memoria histórica del país
El partido Nuevo Liberalismo oficializó la candidatura presidencial de Juan Manuel Galán para las elecciones de 2026. La decisión fue adoptada por unanimidad durante el Consejo Ordinario Nacional de la colectividad, en el que se resolvió otorgarle el aval como candidato único a la Presidencia de la República.Con esta determinación, Galán se convierte en el segundo aspirante en recibir aval oficial de un partido político de cara a la contienda presidencial, consolidando su posición como uno de los primeros nombres definidos en el panorama electoral.Durante su intervención, Galán agradeció la confianza del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo y aseguró que asume la candidatura con un sentido de responsabilidad y compromiso con el país. En su discurso, destacó que el partido buscará conformar un gran equipo político, no solo para competir en la Presidencia, sino también en el Congreso de la República.“Acepto con responsabilidad, con ánimo, con entusiasmo, con optimismo por lo que puede significar para nuestro país que el nuevo liberalismo logre conformar un gran equipo no solamente en el Gobierno nacional, sino en el Congreso de la República para avanzar en las transformaciones que nuestro país requiere con urgencia” afirmó el precandidato.También afirmó que la prioridad del movimiento será proteger la democracia y la constitución política del 91. “Preservemos nuestra democracia, defendamos la constitución de 1991 y podamos resolver los problemas, darles soluciones a los ciudadanos para sus principales angustias y necesidades”.Con el aval de su partido, Juan Manuel Galán inicia oficialmente su recorrido hacia la campaña presidencial de 2026, conservando un mensaje de defensa de la democracia y fortalecimiento institucional.
El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Pachón, lanzó un duro reclamo al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, mientras acompaña al presidente Gustavo Petro en Arabia Saudita.La polémica surgió luego de que Bahamón asegurara que la certificación Halal, que Petro anunció como un logro de su Gobierno, no había sido un obstáculo para las exportaciones de café hacia el Medio Oriente.Pachón respondió con un torrente de expresiones ofensivas: “¿Sabe qué me emberraca a mí como campesino que soy? Que este señor venga aquí a criticar lo que estamos haciendo acá. Sabe que me emputa”.El líder de la ADR acusó a la Federación de Cafeteros de haber sido vocera de los campesinos en los TLCs pero de arruinar el agro: “¿Por qué no entraron aquí a los negocios? Ustedes fueron los voceros de los campesinos. Nos volvieron mierda”.Pachón defendió la certificación Halal como una oportunidad histórica para que los productores, incluidos excombatientes y cocaleros, puedan exportar directamente su café, cacao y otros productos, sin intermediarios: “Por eso queremos que los cocaleros dejen la coca y se haga la paz. Ustedes nunca le dieron la oportunidad a los campesinos de ser exportadores directos”.El presidente de la ADR cuestionó el esquema de venta de la FNC, que obliga a los campesinos a pasar por cooperativas que entregan el café a multinacionales: “No les da ninguna garantía de que van a ganar”.Bahamón presentó cifras: “En el 2023 exportamos 56.234 sacos y en 2024 alcanzamos 118.992 sacos. Las exportaciones de café soluble con mayor valor agregado crecieron 10 veces”, bajando literalmente la caña a los anuncio de Petro desde Oriente Medio.Pachón advierte que este “negocio para los campesinos” desde Riyadh busca romper décadas de intermediación que, según él, han “vuelto mierda” el agro colombiano.
En medio de la creciente tensión entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, Estados Unidos podría ejercer su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para impedir la renovación completa de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en Colombia, vigente desde 2017.Según información revelada por Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, 14 de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad respaldan la continuidad de la misión por un año más, mientras que Estados Unidos mantiene reparos debido a la crisis diplomática que ha escalado entre Bogotá y Washington.La administración Trump ha advertido que solo apoyará la prórroga si se eliminan dos componentes clave:La verificación del cumplimiento de las sanciones propias de la JEP, tanto para los exintegrantes del secretariado de las FARC como para los miembros de la fuerza pública sancionados.El seguimiento al componente étnico del Acuerdo Final de Paz.De concretarse esta modificación, la ONU perdería la facultad de supervisar el cumplimiento de las sanciones restaurativas, un pilar fundamental del sistema transicional colombiano, y quedaría en el aire quién asumirá esa tarea.La sesión decisiva se realizará este viernes a las 9:30 a.m. hora de Colombia (10:30 a.m. en Nueva York). En representación del país participará únicamente la embajadora ante Naciones Unidas, Leonor Zalabata, dado que ni la canciller Rosa Villavicencio ni el viceministro Mauricio Jaramillo asistirán.
El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves que Colombia presentará ante la ONU una proposición para que cesen los ataques de Estados Unidos contra lanchas atribuidas al narcotráfico en el mar Caribe, los cuales tachó de "agresión" contra la región."La operación en el Caribe es ilegal según Amnistía Internacional. ¿Qué piensan los Gobiernos del Caribe? ¿Qué piensan sus pueblos? Colombia debe presentar una proposición en Naciones Unidas pidiendo el cese de la agresión al Caribe", expresó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X.El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó el martes que el Ejército de su país atacó el lunes cuatro embarcaciones "en aguas internacionales", matando a catorce personas presuntamente relacionadas con el narcotráfico.El alto funcionario señaló el miércoles que EE. UU. llevó a cabo un nuevo ataque contra otra lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental y, durante el operativo, murieron cuatro personas que estaban a bordo de la embarcación.Con este nuevo ataque ya son quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales –la mitad de ellas en el Pacífico– y las cuales EE. UU. vincula con actividades de narcotráfico, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre relacionados al narcotráfico, y agregó que, de realizar estas maniobras, notificará al Congreso.Estos ataques profundizan las tensiones entre Washington y los Gobiernos de Colombia y Venezuela, a cuyos presidentes Trump ha acusado de promover el narcotráfico.La semana pasada, Estados Unidos incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', al propio Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, por presuntos vínculos con el narcotráfico.En septiembre, el Pentágono retiró a Colombia —considerado el mayor productor mundial de cocaína— de la lista de países que colaboraron en la lucha antidrogas durante el último año.Desde entonces, las relaciones entre ambos países, ya marcadas desde enero por desacuerdos en temas como la lucha antidrogas, la migración y la ofensiva israelí en Gaza, se han deteriorado aún más.