Los soldados Luis Mauricio Morales, Alexis Muñoz y Josué David Uribe fueron asesinados este miércoles por disidentes de la estructura 'Carolina Ramírez' bajo el mando de alias 'Iván Mordisco' en Caquetá.La emboscada se dio en una vía rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde los militares acompañaban la instalación de puestos de votación. Allí fueron interceptados por los ilegales que, además de quitarles la vida, les robaron parte de su armamento. Otro militar resultó herido y fue trasladado a un hospital en Florencia.En diálogo con Blu Radio, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, entregó detalles de cómo se habría dado el ataque.“Muy seguramente conocieron la ubicación de las tropas, identificaron cuál era su ruta de avance y montaron un área preparada con explosivos, con fuego de fusilería en una vía y es donde nos asesinan nuestros tres soldados”, dijo López.El general descartó que en este caso haya fuga de información o participación de infiltrados dentro de las tropas como se ha determinado en anteriores ataques si no que los ilegales aprovechan el traslado que se está haciendo de cara a las elecciones.“Aquí no estamos hablando de infiltrados ni de infiltraciones. Aquí estamos hablando de que determinan la ruta que lleva esta unidad. En este periodo pues tenemos una debilidad y es que saben que nosotros estamos desplegando toda nuestra capacidad hacia los diferentes puestos de votación”, agregó López.El general envió un mensaje de solidaridad a las familias de los soldados asesinados e insistió en que continuarán las operaciones para dar con los responsables.“No tenemos la explicación clara para las familias y entregarle a sus hijos en un cajón, pero tenemos que seguir trabajando por Colombia. Hoy perdemos a nuestros hombres en defensa de la democracia. Es lo que hay y sabemos que tenemos amenazas y que este sacrificio supremo que hacen nuestros hombres hoy pues demuestra a Colombia de que esta guerra nos toca pararla”, puntualizó el general.
Autoridades entregaron detalles de las incautaciones adelantadas en las últimas semanas de dinero en efectivo que presuntamente estaría relacionado con compra de votos y otros delitos electorales.Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han incautado casi $1500 millones de pesos en diferentes operativos de control en Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Guajira y CórdobaLos casos de presunta compra de votosJustamente, uno de los casos se reportó el 28 de enero en La Pintada, Antioquia, donde se capturó a dos personas por el delito de lavado de activos, a quienes se les incautaron $212.000.000 en efectivo durante un control vial en zona rural. Ambos quedaron en libertad pero vinculados a la investigación.El 3 de febrero en el sector Las Palmas de Barrancabermeja, Santander, también detuvieron a dos personas con $109.958.000 en efectivo y un arma de fuego. Al igual que el anterior hecho, los implicados quedaron en libertad.El 5 de febrero en Villavicencio, Meta, incautaron $56.970.570 que eran transportados por una persona en un vehículo particular, quien no acreditó su procedencia y el 11 de febrero en un puesto de control sobre la Ruta 25 en Buenaventura, Valle del Cauca, aprehendieron $52.000.000. En estos dos casos no se registraron capturas.El 18 de febrero, también en Buenaventura, Valle, capturaron a una persona e incautaron $110.000.000 y luego fue dejado en libertad.En Puerto Triunfo, Antioquia, la Policía capturó a tres personas que tenían pegadas al cuerpo fajas con un total de $243.500.000. Pese a esto, también quedaron en libertad. Esto ocurrió el 20 de febrero.En Mapiripán, Meta, agentes de la Policía capturaron el 28 de febrero a tres personas y les incautaron $100.000.000 que llevaban en una lancha. Allí dos de los detenidos obtuvieron la libertad y el otro fue enviado a la cárcelEl otro operativo se adelantó este jueves 4 de marzo en el aeropuerto internacional Camilo Daza en Cúcuta, Norte de Santander, donde a una persona le hallaron $26.900.000 en efectivo, 3.037 stickers de propaganda política y 5 folios con listados de nombres y apellidos.A esta lista se suman los reportados en el mes de marzo que han alcanzado notoriedad pues se trata de personas vinculadas con el ámbito político actual.Uno de ellos es el caso del escolta de la UNP y miembro del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes quien fue capturado con otra dos personas luego de que en su carro particular (el cual era remolcado en una grúa) encontraran $145.000.000 en efectivo y repartido en varios sobres de manila marcados con nombres de políticos de La Guajira.Esto ocurrió en la vía de Hatonuevo y dentro del vehículo también había propaganda alusiva a un candidato al Congreso quien ya se desmarcó de cualquier irregularidad.El otro caso es el de la captura del exconcejal de Montería, Misael Augusto Villarrea, detenido en Córdoba con $434.700.000. Su situación judicial está por definirse.
A través de un video compartido en redes sociales, la candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico, María Bolívar Maury, denunció haber sido víctima de un atentado armado mientras se movilizaba por carretera durante la noche del martes.Según relató la aspirante, una motocicleta interceptó el vehículo en el que se desplazaba y realizó tres disparos que impactaron la camioneta. La candidata aseguró que fueron momentos de pánico en los que temió por su vida y por el futuro de su familia.“Una motocicleta interceptó el vehículo en el que me movilizaba y disparó tres veces contra él. Tres disparos impactaron el vehículo, tres intentos de callar una voz”, afirmó.Bolívar aseguró que en medio del ataque pensó en sus hijos, de 7 y 8 años, y en la posibilidad de que se quedaran sin su madre. También señaló que el hecho refleja los riesgos que enfrentan quienes participan en política en medio de un ambiente de fuerte polarización.Tras el ataque, la candidata informó que presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó que se revisen las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Además, confirmó que ha tenido contacto con la Policía Nacional de Colombia, que le ofreció acompañamiento y apoyo en el proceso de investigación.El Partido Alianza Social Independiente (ASI), colectividad por la que aspira Bolívar, rechazó el ataque y aseguró que el atentado representa una grave amenaza contra su vida, su familia y el libre ejercicio de la política en Colombia.El partido explicó que el esquema de protección del vehículo evitó consecuencias fatales, pese a los disparos que impactaron la camioneta. La colectividad también expresó su preocupación por el clima de violencia que enfrentan líderes políticos y sociales en el país y pidió a las autoridades reforzar las medidas de seguridad.La presidenta del partido, Berenice Bedoya, aseguró que el ataque fue un hecho real que pudo terminar en tragedia. “Fueron disparos reales, una intención real de hacer daño. Gracias a Dios y al blindaje de la camioneta hoy ella está viva”, señaló.Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también rechazó el atentado y aseguró que se activaron las medidas de protección. Según él, se comunicó con la Policía para brindar acompañamiento a la candidata y trasladó el caso a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para evaluar y reforzar su esquema de seguridad.“En Colombia no hay lugar para la intimidación ni para la violencia contra quienes participan en política”, escribió el ministro en su cuenta de X.La candidata pidió justicia e insistió en que la violencia no puede convertirse en una herramienta para silenciar voces políticas ni para limitar el debate democrático.
Tras los recientes hechos de violencia registrados en el departamento del Caquetá, donde tres soldados perdieron la vida y uno más resultó herido, la gobernadora del Meta y actual presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Rafaela Cortés Zambrano, emitió un contundente pronunciamiento en el que refuerza las alertas de seguridad de cara a la jornada electoral del próximo domingo.Cortés Zambrano fue clara al señalar que las instituciones colombianas no se dejarán amedrentar por las acciones de grupos al margen de la ley que buscan desestabilizar el orden público en regiones estratégicas del país."El mensaje es claro: no vamos a ceder ante las amenazas ni ante los actos terroristas. Cada ciudadano tiene el derecho constitucional de elegir y ser elegido, y nuestro deber es evitar que alguien se lo impida", afirmó la mandataria.Como medidas inmediatas, la presidenta de la FND anunció el inicio de un trabajo de articulación con la Fuerza Pública y los organismos de control para reforzar la presencia institucional en las zonas más afectadas. El objetivo es garantizar que hechos como los ocurridos esta mañana no se repitan y que la ciudadanía pueda acudir a las urnas con total tranquilidad."Tenemos plena confianza en nuestras instituciones y no vamos a rendirnos. Seguimos cerrando filas frente a los enemigos de la paz", concluyó Cortés Zambrano.Se espera que en las próximas horas se realice un nuevo Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación en Caquetá y en otros departamentos que han reportado alteraciones al orden público.
La Fuerza Aérea de Israel inició la mañana de este miércoles, en el quinto día de ofensiva junto a EE.UU., ataques "a gran escala" contra Teherán con el objetivo de debilitar el régimen, según un comunicado castrense. Estos ataques contra infraestructura del régimen, de los que aún el Ejército no ha dado detalles, se enmarcan en la décima ronda de bombardeos contra la capital iraní.Según medios, una fuerte explosión tuvo lugar en la zona este de Teherán; mientras que EFE constató el zumbido de cazas israelíes sobrevolando el cielo. Unas tres horas antes, Israel ya había bombardeado hoy decenas de presuntos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interna y de la fuerza paramilitar Basij en Teherán.Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años. La Media Luna Roja Iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado. El Ejército israelí dice haber realizado unas 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 municiones en los últimos cuatro días de ofensiva a Irán; más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, informó ayer el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recuperado ante el actual conflicto en Oriente Medio el lema del 'No a la guerra' popularizado con la invasión de Irak en 2003 y advirtió este miércoles de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias, en referencia a las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump.Sánchez se expresó de esta forma en una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y después de las amenazas de Trump a España, al que no ha citado explícitamente en ningún momento, por su posición en esta guerra.La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras, "No a la guerra", dijo tajante Sánchez.Recordó que Estados Unidos "ya nos arrastró" a la guerra de Irak en 2003, que a su juicio desencadenó "la mayor oleada de inseguridad" en Europa desde la caída del Muro de Berlín.Aquella guerra (la de Irak) "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global", según Sánchez "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global."Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", sentenció en alusión a los exmandatarios George W. Bush (EE.UU.), Tony Blair (Reino Unido) y José María Aznar (España).Sánchez también advirtió que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la actual guerra en Oriente Medio "solo por el miedo a las represalias de alguno", en alusión a las amenazas de Trump de cortar el comercio con el país por su posición ante el conflicto."España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia", añadió.Medidas ante la incertidumbreHay que prepararse para la posibilidad "de que sea una guerra larga", dijo Sánchez, quien prevé que aumente también la incertidumbre económica, con subidas del precio del petróleo y el gas, y por ello defendió la posición de España frente a los dirigentes que "usan el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos".Sánchez garantizó que su Gobierno, si es necesario, ayudará a los hogares, trabajadores y empresas que se puedan ver afectados por el impacto económico."España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria", sostuvo.En la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló este miércoles que ya se ha reunido con empresarios y sindicatos para tomar medidas "con carácter inmediato" ante el conflicto y defendió la soberanía de España, "un país de paz"."No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie", subrayó Díaz sobre las amenazas de Trump.Mientras, el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó este miércoles a Sánchez de "ir contra la seguridad de España" por su posición ante el conflicto, que atribuye a sus intereses electorales, y le pidió "situarse junto a sus aliados" y preservar la relación con EE.UU. al margen de las "discrepancias" con Trump.Por otro lado, Sánchez prometió asistencia a los españoles que se encuentran en Oriente Medio para ayudarles a regresar si lo desean, algo para lo que dijo que están trabajando "día y noche" el servicio exterior y el ejército.Un avión militar español despegará esta mañana desde la base aérea de Torrejón (Madrid) para evacuar a españoles que se encuentran atrapados en el Golfo Pérsico, según informaron fuentes de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.Este martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi.Fue la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000.
Israel eliminará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní, afirmó este miércoles el ministro israelí de Defensa, Israel Katz."Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", dijo en un comunicado."No importa cuál sea su nombre ni dónde se esconda", añadió.Katz afirmó que él y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, han instruido al Ejército para que hagan uso de "todos los medios" a fin de debilitar, junto a EE.UU., las capacidades del régimen y derrocarlo.La fuerza aérea israelí atacó el martes el edificio que alberga en la ciudad santa de Qom al Consejo de Expertos, el cuerpo de clérigos que debía elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, en un intento de interrumpir el proceso de nombramiento.Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los 88 clérigos en el edificio, según informó a EFE una fuente militar israelí.Israel atacó Irán junto a EE.UU. este sábado, en una guerra que ya ha causado alrededor de 800 muertos en el país persa -entre ellos Jamenei y 165 niñas de primaria-, pero también más de 50 muertos en Líbano y también fallecidos en países del Golfo.En Israel, son diez los fallecidos, incluidos tres hermanos adolescentes en Beit Shemesh.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 3 de marzo de 2026 su sorteo número 3143, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en todo el país.En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, acompañado de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que ampliaron las oportunidades de ganar.Premio mayor – 3 de marzo de 2026El número ganador del premio mayor fue: 1348 de la serie 267. Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo realizado el martes 3 de marzo de 2026 y es el único válido para efectos de verificación y pago de premios.De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar un premio es de 30 días calendario contados a partir de la fecha del sorteo, siempre presentando el billete original.Premios secos – Sorteo 3143Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:Premio seco de $300 millones5416 – Serie 038Premios secos de $100 millones2681 – Serie 0623513 – Serie 2118438 – Serie 189Premios secos de $50 millones5613 – Serie 2190672 – Serie 1898207 – Serie 0012083 – Serie 153Premios secos de $20 millones1541 – Serie 0495191 – Serie 2475661 – Serie 2901932 – Serie 1728131 – Serie 087Premios secos de $10 millones9221 – Serie 2507090 – Serie 2574780 – Serie 1066548 – Serie 2220091 – Serie 2684843 – Serie 2613986 – Serie 227Se recomienda comparar cuidadosamente número y serie con la imagen oficial publicada por la entidad para confirmar cualquier premio.¿Cuándo y dónde se juega la Lotería de la Cruz Roja?La Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:El sitio web oficialRedes sociales verificadasLínea telefónica: (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100¿Cómo reclamar un premio?Para cobrar un premio es obligatorio:Presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Presentar la cédula de ciudadanía (para premio mayor y premios secos).Las aproximaciones pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados al premio mayorEn caso de resultar ganador del premio mayor de $10.000 millones, se aplican los siguientes descuentos:17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.Recomendación finalLa recomendación para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales, revisar cuidadosamente el número y la serie del billete y respetar los plazos establecidos por la ley para realizar el trámite de cobro.Consultar fuentes oficiales y actuar dentro del tiempo establecido es clave para asegurar el pago oportuno de cualquier premio obtenido.
En las últimas horas, una fuerte controversia se armó en las campañas presidenciales por un cruce de declaraciones entre el abogado Abelardo de la Espriella y el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, a raíz de comentarios que han sido calificados en la opinión pública como homofóbicos.El origen de la discordia entre De La Espriella y OviedoEl incidente se desencadenó durante una entrevista concedida por De la Espriella al canal de YouTube RichyTv. En un ambiente distendido que terminó por generar un incendio digital, el abogado y hoy aspirante presidencial se refirió a Oviedo de una manera que muchos sectores consideraron despectiva y cargada de prejuicios. Al ser consultado sobre su contendor, De la Espriella lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.La expresión sobre la imposibilidad de "arreglo" para Oviedo fue interpretada como un ataque directo a su orientación sexual. La reacción de Juan Daniel Oviedo no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en la red social X: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”. La controversia no se quedó en un asunto de dos. Otros actores de la contienda electoral, como el exministro Mauricio Cárdenas, se sumaron a las voces de protesta. Cárdenas fue enfático al rechazar las palabras de De la Espriella: "Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente."
En una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar los alcances de la Jurisdicción Agraria y Rural, representantes del Gobierno, entidades del Estado y gremios expusieron sus posiciones sobre cómo y por qué debe implementarse este sistema judicial para resolver los conflictos sobre la tierra en Colombia.La advertencia de Humberto de la CalleEl exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De la Calle, aseguró que la jurisdicción agraria es clave para cumplir lo pactado en La Habana, aunque advirtió que el modelo actual no corresponde completamente a lo acordado en las negociaciones.“Lo que realmente se pactó en La Habana no es lo que tenemos. Yo no quiero llorar sobre la leche derramada, pero desde el 2016 hice afirmaciones en ese sentido. Lo que realmente se pactó fue una jurisdicción agraria como órgano de cierre y, desafortunadamente, eso se tornó imposible por razones políticas y también incluso por la resistencia de las Cortes”, afirmó.Según indicó, la ausencia de ese órgano ha generado una bifurcación entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa que dificulta resolver con eficacia los conflictos agrarios.“Aquí todo lo que está aflorando es la ausencia de órgano de cierre autónomo de la jurisdicción agraria. Porque la persistencia de la bifurcación entre las dos jurisdicciones, civil y contencioso-administrativa, sí mantiene redundancias y, repito, bifurcaciones que van en contra de la necesidad de soluciones eficaces a esa conflictividad. No se pudo por razones políticas, luego toca ahora tratar de salvar lo que tenemos”, afirmó.Durante la audiencia pública, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, aseguró que la creación de esta jurisdicción permitiría atender conflictos relacionados con saneamiento de la propiedad, arrendamientos agrarios o prescripción adquisitiva de dominio.Además, aseguró que su existencia tiene base constitucional directa, “por lo que no depende de una decisión política posterior para su validez estructural y funcionamiento. En este orden de ideas no se requiere un desarrollo legal adicional necesariamente”, aseguró Cuervo.Adicionalmente, explicó que es viable designar despachos pilotos que operen transitoriamente con las reglas supletorias establecidas en el Código General del Proceso.“Han sido identificados por la política pública y que justifican una puesta en marcha progresiva, incluso antes de que exista una ley ordinaria que detalle competencias y procedimientos”, afirmó.La advertencia de la Agencia Nacional de TierrasEl director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, alertó que la ausencia de decisiones judiciales en materia agraria está frenando procesos clave para la reforma rural.Según explicó, el Gobierno ha gestionado cerca de 761 mil hectáreas, provenientes de compras voluntarias y de la incorporación de 288 mil hectáreas de baldíos de la Nación al Fondo de Tierras.Sin embargo, asegura que existen 2.592.000 mil hectáreas ofrecidas voluntariamente por propietarios para su venta al Estado, de las cuales más de 1,6 millones son presuntos baldíos y otras 600 mil tienen composición mixta de propiedad, lo que impide comprarlas o recuperar esos terrenos.“A la hora de iniciar el proceso agrario, hoy frente a la negación de la entrada en vigencia de la jurisdicción agraria, tampoco podemos resolver la facultad que ya teníamos en la ley 160. Entonces, propietarios que voluntariamente han ofertado sus tierras para cumplir el acuerdo de paz, ni se les puede comprar ni se recuperan los bienes baldíos de la nación. Porque en este limbo efectivamente se generan todas las trazabilidades concretas que ralentizan la posibilidad de que el acuerdo honre con su palabra la implementación del acuerdo de paz”, afirmó.El llamado al Congreso: 63 días para debatir la jurisdicciónDesde el Gobierno, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Agraria sigue sin ser debatido en el Congreso y que el tiempo, ya es limitado.“Ni la plenaria de la Cámara ni la plenaria del Senado han asumido los debates. 63 días hábiles nos quedan del periodo legislativo para que la jurisdicción agraria no sea nuevamente archivada. Este no es un debate que pueda esperar 70 años más. Este es un debate que llevamos dando desde 1936. Necesitamos entonces que el Congreso de la República llegue a discutir y queremos acá pedirle a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso y que en este periodo legislativo avance en la jurisdicción”, señaló.En el mismo sentido, el ministro de Justicia pidió al Congreso avanzar en el trámite de la iniciativa.“El Proyecto de Ley Estatutaria fue aprobado por el Congreso de la República y, tras el control automático de constitucionalidad mediante la Sentencia C-340, declaró su exequibilidad con algunas precisiones y condicionamientos en agosto de 2025. El 11 de noviembre, el expediente fue remitido al Congreso para que proceda conforme a sus competencias y adelante las actuaciones correspondientes sin que tengamos novedad a la fecha. Hacemos un llamado al presidente del Congreso para que proceda con el envío del expediente a la Presidencia para la sanción definitiva”, señalo el ministro.Jueces especializadosDurante la audiencia, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, pidió que los conflictos agrarios continúen siendo resueltos por jueces especializados en temas de tierra, con el fin de evitar que los procesos se diluyan entre distintas jurisdicciones.“Sería inadmisible cualquier retroceso en materia del debido proceso y en la garantía que hoy tiene la ciudadanía para que sean los jueces quienes resuelvan los procesos agrarios. Así las cosas, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia consideramos que, más allá de los errores técnicos de los que adolece la demanda, por los cuales la Corte debería declararse inhibida, el debate constitucional propuesto y la decisión que adopta este Tribunal será determinante para la estabilidad de los arreglos institucionales y las garantías judiciales que hoy existen para dar cumplimiento al acuerdo final”, aseguró.Bedoya advirtió que trasladar estas decisiones a entidades administrativas podría afectar la imparcialidad y el acceso a la justicia en los conflictos sobre la tierra.“Sería un enorme retroceso que se pierdan garantías y que se sacrifique la imparcialidad y autonomía judicial al confiar la decisión de estos conflictos sobre la tierra a un funcionario del Ejecutivo que responde como es natural a los propósitos y a la agenda del Gobierno de turno”, concluyó.
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia alertó sobre eventuales retrasos en el pago de las mesadas pensionales correspondientes al mes de febrero de 2026, situación que podría impactar a los pensionados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquidación y del Hospital San Juan de Dios.La advertencia quedó expuesta en una circular, en donde la entidad explicó que actualmente atraviesa una coyuntura jurídica derivada de procesos judiciales iniciados con anterioridad por algunos pensionados.Como resultado de estas demandas, se impusieron medidas cautelares, entre ellas el embargo de cuentas del Fondo, lo que ha afectado su flujo de recursos, por lo que el pago de esta obligación podría verse afectado.Según el documento, los embargos ordenados en el marco de estos procesos judiciales han limitado la disponibilidad de los recursos con los que la entidad cumple sus obligaciones, entre ellas el pago mensual de las pensiones. Aunque el Fondo no confirmó un incumplimiento generalizado con anterioridad, sí advierte sobre eventuales demoras en el giro oportuno de las mesadas para sus usuarios.Este Fondo fue creado mediante el Decreto 1591 de 1989 y tiene como función principal administrar y pagar las pensiones legales y convencionales de los extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, así como otras prestaciones asistenciales reconocidas a sus beneficiarios.Sin embargo, frente a este panorama, la entidad aseguró que ya adelanta diferentes gestiones administrativas, financieras y jurídicas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de superar la contingencia y restablecer la normalidad en sus operaciones.El objetivo, según indicaron en el comunicado, es garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y evitar afectaciones a largo plazo y prolongadas a los pensionados, quienes dependen de estas mesadas como su principal fuente de ingreso.
Se realizó en Bogotá la última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral de cara a los comicios de este domingo, 8 de marzo. La sesión estuvo liderada por los ministros del Interior y Defensa, el procurador y el registrador Hernán Penagos, quien hizo un llamado a que las dudas sobre el proceso que han sido manifestadas desde el Gobierno se hagan en justas proporciones. Además, anunció que de ser necesaria una auditoría forense, sería autorizada.“Entiendo la preocupación, porque la política es así. Pero no lleguemos a extremos que terminan matando gente por eso, que terminan asesinando personas. Llevemos a las justas proporciones. Si hay que hacer auditoría forense está autorizada. También cualquier otra actividad, tratamos de hacerlo, hacemos auditoría forense del proceso. La iniciamos la semana entrante, sin problema una vez avance escrutinio porque estamos trabajando para que todo salga bien”, dijo el registrtador.Esto a propósito de la alocución del presidente Petro esta semana en la que volvió a insistir en cuestionar los softwares para el conteo de votos y pidió vigilancia a través de testigos electorales que impugnen las mesas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró los alcances de esa solicitud.“El presidente dice impugnar cada vez que haya una falla, él no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vean una falla (…) por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y la personas que votaron, que hay dos equis en el formulario, que el E14 no está debidamente diligenciado con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó, todos esos casos son para impugnación”, explicó.El presidente también ordenó perseguir los delitos electorales. En ese sentido, se pronunció durante la sesión el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunciando que hasta la fecha han incautado más de 1.000 millones de pesos en operaciones vinculadas a este tema.“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en diez eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…) y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, detalló.Por último, la Misión de Observación Electoral alertó que en el último mes aumentó de 170 a 185 el número de municipios en riesgo por factores de violencia y fraude, es decir, 15 más frente al informe del 4 de febrero. De esos 185 municipios, 94 están catalogados en riesgo extremo. “Cauca y Antioquia son los que mayor nivel de riesgo tienen. Son amenazas de distintos tipos de actores armados", dijo la directora de esta organización, Alejandra Barrios.
Durante su intervención en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, realizada en Bogotá, el procurador general, Gregorio Eljach, sostuvo que la entidad viene cumpliendo con una función constitucional, con el objetivo de garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Es por esto por lo que desde el Ministerio Público, como actividad preventiva, estableció dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral."Venimos cumpliendo con una función constitucional, que es garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Eso es el fundamento de la actividad preventiva que viene haciendo la Procuraduría y para eso establecimos no una sino dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral”, dijo el procurador.Asimismo, afirmó que hasta el momento no han encontrado ningún indicio que evidencie algún tipo de fraude para las elecciones del próximo domingo."No hemos encontrado evidencia, al menos indicios, de que viene preparándose un fraude para alterar el resultado de las elecciones. No lo hemos encontrado, ni hace 15 días, ni ayer y hasta hoy. Lo que no quiere decir que, si llega a aparecer algo, también lo diré aquí y en público, porque es mi deber", puntualizó.El jefe del Ministerio Público hizo una invitación a los ciudadanos para "que el domingo cada uno defienda sus intereses legítimos, hagan su trabajo electoral, así como los testigos que representan a cada uno de los partidos, sin dejar de lado la tranquilidad, la calma y el respeto por lo demás".
En desarrollo del Plan Democracia 2026, tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias “Daniel” o “Político”, señalado cabecilla pseudopolítico del denominado Cartel del Clan del Golfo, en la vereda El Amparo, zona rural del municipio de Ituango.El operativo fue adelantado por el Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, con apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 7, en coordinación con el CTI Antioquia y la Fiscalía Especializada EDA.Alias “Daniel”, con cerca de cinco años de trayectoria criminal, fue interceptado en caminos veredales cuando transportaba un costal que en su interior contenía 40 barras de explosivo, 98 detonadores aneléctricos y 300 metros de mecha de seguridad. Durante el procedimiento también le fue incautado un equipo celular.De acuerdo con información de inteligencia militar, el capturado sería el encargado de coordinar actividades de extorsión y de convocar reuniones en las que, mediante amenazas, presionaba a la comunidad para brindar apoyo a determinados candidatos en las elecciones. Incluso, habría utilizado explosivos como mecanismo de intimidación para obligar a la población civil a asistir a esos encuentros.La comunidad lo habría identificado plenamente, lo que facilitó su ubicación y posterior captura.Según las autoridades, este resultado operacional impacta directamente el subsistema pseudopolítico del Clan del Golfo en el norte de Antioquia y permitió anticipar un presunto plan para afectar la jornada electoral del 8 de marzo en zonas rurales de Ituango y municipios cercanos como Peque, Sabanalarga y Toledo.El capturado y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso de judicialización. El Ejército aseguró que continuará desplegando operaciones para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del voto en la región.
La desaparición de siete jóvenes en San Sebastián de Mariquita y Fresno, en el norte del departamento del Tolima, desde el año pasado, encendió las alarmas a nivel nacional. Las autoridades confirmaron una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información veraz que permita dar con su paradero.Los jóvenes reportados como desaparecidos son: Zait Esteban Delgado, David Santiago Toro Arévalo, Sergio Andrey Venegas Moncada, Luisa Fernanda Chavarro Díaz, Fredy Hernando Galindo Cruz, Santiago Izquierdo Cuervo y Alejandra Arias León.Según las autoridades, fueron vistos por última vez en los municipios de San Sebastián de Mariquita y Fresno. Sus edades oscilan entre los 18 y 21 años, lo que ha generado gran preocupación entre la comunidad y sus familias.Consejo de Seguridad y recompensaTras un Consejo de Seguridad extraordinario realizado en la Escuela de Aviación de Mariquita, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, anunció la activación de un plan de búsqueda liderado por un alto oficial de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), con el respaldo del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial.“Los extrañamos y nos duele en el corazón que estén desaparecidos”, expresó la mandataria, quien confirmó la aprobación de un plan de recompensas de hasta 15 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la ubicación de los jóvenes. La Gobernación y las alcaldías de Mariquita y Fresno desplegarán una estrategia de difusión masiva para que la ciudadanía conozca los rostros y datos de los desaparecidos.La gobernadora también anunció que, a partir del 9 de marzo, se reforzará la presencia de la Fuerza Pública en ambos municipios y que desde el 14 de marzo se iniciará un plan de intervención integral en barrios urbanos y zonas rurales de Mariquita.De manera paralela, la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer del Tolima brindarán acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.“Estos hechos no solo le han dolido a Mariquita; le han dolido a todos los tolimenses. Estamos articulando todas las acciones necesarias para dar con la ubicación de estos jóvenes”, concluyó Matiz, advirtiendo que habrá mano dura contra los responsables.Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado urgente a la ciudadanía para aportar cualquier información a través de las líneas 123 de la Policía Nacional o el 165 del Gaula.
A tres días de las elecciones del 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que en el último mes aumentó el número de municipios en riesgo por factores de violencia y fraude. Según la actualización del mapa, se pasó de 170 a 185 territorios, es decir, 15 más frente al informe presentado el 4 de febrero.De esos 185 municipios, 94 están catalogados en riesgo extremo. La MOE advirtió que este incremento se da en un contexto en el que continúan las amenazas al voto libre y a la transparencia del proceso electoral.El panorama en materia de violencia también empeoró. La misión identificó 37 municipios adicionales, para un total de 376 en riesgo por este tipo de factores, lo que equivale al 34 % del país. De estos, 145 están en riesgo extremo, 106 en alto y 125 en medio.En el análisis departamental, Cauca y Antioquia encabezan la lista con 21 y 20 municipios en riesgo, respectivamente.Otro de los puntos destacados del informe tiene que ver con la plataforma “Pilas con el Voto”, que ha recibido 145 reportes ciudadanos de posibles irregularidades. El 60 % de estos casos está relacionado con presiones al voto libre y participación indebida de funcionarios públicos en política.La conclusión del organismo es clara: existe la necesidad de que las autoridades refuercen la vigilancia, coordinen planes de seguridad y garanticen que no se repitan errores logísticos o tecnológicos de elecciones anteriores, tanto durante la jornada como en el preconteo y la consolidación de resultados.
La emboscada perpetrada en zona rural de Cartagena del Chairá no solo dejó tres soldados muertos y uno herido, sino también la pérdida de armamento de dotación oficial que quedó en poder de la estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, responsable del ataque.El hecho ocurrió hacia las 7:00 de la mañana de este martes 4 de marzo en el área de operaciones del sector Santo Domingo, cuando tropas de la compañía C del Batallón de Despliegue Rápido No. 36 (Badra 36), adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, sostuvieron combates directos contra integrantes de la estructura ‘Carolina Ramírez’, facción de las disidencias de las Farc.En la acción armada fueron asesinados los soldados profesionales Luis Mauricio Morales Leal, Alexis Muñoz y Josué David Uribe Chinchilla. Además, resultó herido otro soldado profesional, quien recibió un impacto en el hombro izquierdo y fue evacuado para atención médica.De acuerdo con el reporte operacional, tras el ataque fue reportado como material perdido una ametralladora M60 y tres fusiles Ace, armamento que habría quedado en poder del grupo armado ilegal tras la incursión. Las autoridades avanzan en el desarrollo de maniobras ofensivas para neutralizar a los responsables y recuperar el control total del área, en una región donde la estructura ‘Carolina Ramírez’ mantiene presencia armada.
De cara a las elecciones del 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro ha insistido en combatir la compra de votos y la trashumancia electoral. En ese sentido, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunció la incautación de más de mil millones de pesos en episodios que estarían vinculados a este tipo de delitos.“Ya llevamos 1.500 millones de pesos en diez eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan personas para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira (…) y hoy en esta madrugada 434 millones de pesos en efectivo en Córdoba. Los partidos nos han pedido que enfoquemos el esfuerzo sobre los puestos de votación. Por ello ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, dijo.El jefe de esta cartera también confirmó que ya fue expedida la Directiva 04, que materializa la orden del presidente Gustavo Petro de que los ascensos de los comandantes estén sujetos a la reducción de los homicidios y el combate a delitos electorales. “Esto debe ser valorado como una de las variables que se analizan con los comités para los ascensos. Hay que verificar cada uno de los casos de manera juiciosa, pero no podemos irnos al extremo de que va a haber falsos positivos electorales”, explicó.Respecto a estas declaraciones del mandatario, en las que también pidió que las mesas de votación sean impugnadas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que no es para todos los casos. “Cada vez que haya una falla, él no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vean una falla (…) por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y las personas que votaron, que hay dos equis en el formulario, que el E14 no está debidamente diligenciado con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó. Todos esos casos son para impugnación”, concluyó.
El partido Colombia Humana se pronunció frente a la diligencia que adelantó la Fiscalía General de la Nación, el pasado miércoles, en el marco de las indagaciones que adelanta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña 'Petro Presidente 2022'.El movimiento aseguró que el requerimiento de información hecho por la Fiscalía es un procedimiento ordinario de verificación de documentos, y que no corresponde a una investigación penal al partido o a sus directivas.Por medio de un comunicado, la colectividad afirmó que siempre ha atendido de manera respetuosa y transparente los requerimientos de las autoridades, entregando la documentación solicitada dentro de los plazos establecidos.Cabe recordar que el documento que respaldó la diligencia —expedido por el fiscal 50 Anticorrupción, Elkin Javier Ardila Espinosa— ordenó a la Policía Judicial realizar una búsqueda selectiva en las bases de datos del movimiento Colombia Humana.Allí se solicitó la entrega de contratos, facturas, recibos, comprobantes de ingresos, transferencias electrónicas, extractos bancarios, órdenes de servicio y cualquier evidencia que acredite transacciones vinculadas con la campaña presidencial del Pacto Histórico, especialmente pagos a Google y de publicidad digital.Finalmente, Colombia Humana reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la ética pública.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal pidió la nulidad de las resoluciones del Inpec que permitieron el traslado de los cabecillas de las bandas de Medellín desde la cárcel de Itagüí al polémico ‘tarimazo’.Este fue el evento en el que estuvo presidente Gustavo Petro en Medellín el pasado 21 de junio.“Dichas resoluciones carecen de fundamento jurídico válido y contravienen lo dispuesto en la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) y la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), al permitir traslados con fines ajenos a los previstos por la ley”, explicó Espinal.Este evento se desarrolló en la plazoleta de La Alpujarra y allí estuvieron los nueve cabecillas de la mesa de paz de la cárcel del Itagüí.“El traslado se realizó a solicitud de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien supuestamente actuó como 'coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana', figura que no está contemplada en el ordenamiento jurídico ni entre los sujetos legalmente facultados para solicitar traslados de personas privadas de la libertad”, agregó Espinal.Esta acción, según el congresista, busca que se reafirme la competencia exclusiva de la rama judicial en la ejecución de penas y evitar que se repitan actuaciones que, según el representante, comprometan la institucionalidad penitenciaria del país.“Estas decisiones del Inpec vulneran principios esenciales del Estado de Derecho, como la separación de poderes, la reserva judicial y el principio de legalidad: el sistema penitenciario colombiano no puede ser instrumentalizado con fines políticos. El Inpec debe mantener su naturaleza técnica y jurídica, alejada de cualquier interferencia externa”, dijo el congresista.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad personal de tres personas que acudieron a la acción de tutela tras el retiro o la modificación de sus esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).En la sentencia con ponencia del magistrado Miguel Efraín Polo, la Corte Constitucional determinó que la UNP vulneró los derechos de los accionantes al no motivar adecuadamente las decisiones administrativas que afectaron su seguridad, ni valorar de forma integral las amenazas recientes, las condiciones personales y los contextos de riesgo que enfrentan.El alto tribunal recordó que los estudios de riesgo deben ser técnicos, individualizados y actualizados, y que el Estado tiene un deber reforzado de protección cuando se trata de líderes sociales, defensores de derechos humanos o exservidores públicos expuestos a peligros por la labor que ejercen.En esos casos, dice la Corte Constitucional que no basta un análisis formal o genérico, sino que se requiere una motivación clara y suficiente que permita al beneficiario conocer y controvertir las razones de la decisión.Incluso la Corte pudo evidenciar que la UNP incurrió en fallas al retirar o modificar los esquemas sin estudios rigurosos y sin considerar hechos intimidatorios posteriores. Por eso, ordenó realizar nuevos estudios de riesgo en los tres casos y dispuso que las medidas de protección se mantengan vigentes hasta que se emitan nuevas decisiones debidamente fundamentadas.
En el resguardo indígena de Inda Zabaleta, Nariño, se adelantó una nueva jornada de destrucción de material de guerra entregado por la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). En esta segunda fase fueron eliminadas 6,5 toneladas de artefactos explosivos, que se suman a las 3,8 toneladas destruidas previamente en Putumayo, para un total de 10,5 toneladas neutralizadas.El material incluía 823 minas antipersonal, 500 cápsulas de activación, granadas, cilindros, morteros y otros explosivos de fabricación industrial e improvisada. Las labores fueron realizadas por el grupo de manejo de artefactos explosivos del Ejército Nacional, bajo supervisión de la mesa de diálogos y con acompañamiento de las comunidades locales.De acuerdo con Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en este proceso, la destrucción de este material “representa hechos concretos que salvan vidas y transforman territorios históricamente golpeados por la guerra”. Añadió que, pese a las críticas a la Paz Total, estas acciones “protegen a las comunidades y fortalecen el derecho del país a superar la violencia por la vía del diálogo”.El Ejército Nacional destacó el impacto de la operación: con la cantidad de material destruido “se habrían podido fabricar más de 30.000 artefactos explosivos”, lo que refleja el nivel de amenaza que enfrentaban las poblaciones rurales de Nariño y Putumayo.Desde las comunidades, la percepción es similar. Jerson David Villada, representante del movimiento campesino y multiétnico Asomocampaz, aseguró que la reducción del riesgo de explosivos ha permitido “volver a transitar sin miedo, acabar con las escenas de guerra y reactivar la vida comunitaria”.La última fase de destrucción está prevista para los próximos días, también en Nariño. Con ella se completará la entrega total del arsenal de la disidencia, en lo que el Gobierno considera un avance clave para generar confianza en los diálogos y demostrar que la Paz Total puede avanzar con hechos verificables, no solo con discursos.
La Fiscalía General de la Nación ratificó a la fiscal Lucy Laborde en la investigación que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La decisión fue adoptada tras declararse infundada la recusación presentada por el abogado defensor, Alejandro Carranza, quien solicitaba apartarla del caso.Frente a las versiones que daban cuenta de tensiones internas, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, negó que exista un conflicto entre la funcionaria que adelanta el caso, la Dirección de Lavado de Activos y su propio despacho. “No existe una polémica entre la fiscal que adelanta el caso y la dirección de lavado de activos o mi despacho como tal. Y lo que ha trascendido a los medios de comunicación, a mi modo de ver, son preocupaciones probablemente a mi juicio menores de la fiscal, quien ha asumido que algunas actuaciones que son normales en el rol y en el direccionamiento estratégico que adelantamos bajo la dirección mía”, consideró la fscal en una reciente atención a medios.La funcionaria explicó que, bajo su dirección, la entidad promueve la asociación de casos con el propósito de articular los procesos. "No queremos tener dos y tres noticias por los mismos hechos. Por eso se convoca una mesa de trabajo, para que haya un trabajo de articulación y no estemos como haciendo una cosa aquí y allá”, explicó tras la inconformidad expresada por la fiscal Laborde, quien denunció su inconformidad con una reunión de la Fiscalía en la que, afirma, se discutieron detalles de la imputación y la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, sin su conocimiento previo y violando el principio de reserva procesal.Camargo reconoció que las inquietudes expresadas por Laborde podrían corresponder a “preocupaciones menores”, pero insistió en que la Fiscalía respalda plenamente su gestión.La fiscal general reiteró que las decisiones sobre la asignación de casos obedecen a reglas internas para evitar duplicidad de actuaciones. “En lo que tiene que ver con aquellos casos donde hay procesos que se adelantan en varias fiscalías, hay unas reglas que se han establecido para saber quién los asume para no duplicar y triplicar después”.La decisión se da en medio de una reciente controversia entre la fiscal Laborde y la Fiscalía General, debido a que el pasado 22 de septiembre, Laborde, por medio de una carta, denunció presiones indebidas en el caso y advirtió que ella no había solicitado una fiscal de apoyo, la cual fue designada, sin la presunta consulta o petición previa de la funcionaria.
La superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, explicó en entrevista con Blu Radio los alcances de la sanción impuesta a Movistar por contactar usuarios sin su consentimiento, e indicó que otras empresas podrían enfrentar medidas similares si persisten en esta práctica.Rusinque detalló que la entidad confirmó una multa de 170 millones de pesos contra la compañía, tras comprobar que realizó llamadas reiteradas a usuarios de otros operadores con fines comerciales sin contar con autorización expresa. “Esto constituye una violación al derecho fundamental de habeas data”, señaló.La funcionaria subrayó que los ciudadanos deben tener control sobre el uso de sus datos personales y recordó que no es normal que se utilicen números telefónicos o correos electrónicos sin consentimiento. Además, invitó a quienes se sientan afectados a inscribirse en el Registro Nacional de Números Excluidos, un mecanismo que permite solicitar la exclusión de bases de datos comerciales.No obstante, algunos usuarios han reportado dificultades con este registro, pues aseguran que al inscribirse dejan de recibir mensajes importantes, como alertas bancarias o códigos de seguridad. Rusinque aseguró que tomará nota de esta situación y revisará el tema con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para evitar perjuicios a los usuarios.La superintendente también recordó la importancia de leer cuidadosamente los contratos antes de aceptar el uso de datos con fines publicitarios, ya que muchas veces la autorización se otorga sin revisar las condiciones. En caso de arrepentimiento, los usuarios pueden revocar ese permiso y exigir que se suspendan los contactos.Finalmente, Rusinque confirmó que la SIC adelanta otras investigaciones relacionadas con llamadas no autorizadas por parte de diferentes operadores y empresas. “Nuestro propósito es enviar un mensaje claro al mercado: no vamos a permitir que se normalicen prácticas que vulneran la protección de datos personales”, afirmó.Durante la entrevista, la funcionaria también se refirió brevemente al proceso de integración entre Movistar y Tigo, una operación que la SIC evalúa actualmente por su posible impacto en la competencia del sector. Rusinque indicó que el análisis continúa y que la decisión final se conocerá antes de que finalice el próximo mes.