La Procuraduría Provincial de Amagá confirmó que realizó una visita especial a las instalaciones de la administración municipal, a la Personería y al Comando de Policía de Fredonia, con el fin de investigar e indagar la situación de la fuga de tres detenidos en la cárcel de esa población.Y es que las autoridades buscan a dos prófugos de la justicia que estaban privados de la libertad en la cárcel municipal del suroeste de Antioquia, tras la incursión de personas armadas que el pasado domingo 31 de marzo ingresaron al penal haciéndose pasar como visitantes de los retenidos.Según las investigaciones, fueron varias personas armadas las que ocasionaron el escape de los detenidos; acción que quedó grabada en las cámaras de seguridad del establecimiento carcelario. Uno de los fugados ya fue recapturado cuando intentaba huir, lo mismo que una de las personas que se hizo pasar como visitante y que ayudó en la fuga de los presos.Este despacho provincial realizó visita especial a la administración de Fredonia, con el fin de recopilar todas las pruebas correspondientes para la identificación e individualización de los presuntos autores de la falta disciplinaria y las demás pruebas para el esclarecimiento de los hechos.Detalles de la fugaY es que, según la información oficial, haciéndose pasar como visitantes, cinco hombres armados ingresaron a la cárcel del municipio de Fredonia, donde facilitaron la fuga de tres presos, dos de los cuales continúan siendo buscados por parte de las autoridades.Durante los hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad, uno de los reclusos fue recapturado junto a otro de los hombres que ingresó al penal. Además, según el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía Antioquia, una motocicleta fue inmovilizada.En Fredonia y los demás municipios del suroeste del departamento se adelanta un plan candado y operativos con el fin de dar con el paradero de las personas que lograron fugarse con colaboración de sujetos que ingresaron armados.Aunque aún no se conocen las identidades de los prófugos, el capturado como colaborador de la fuga fue identificado como Yhoge Alexander Gallo Díaz y avanzan las respectivas labores de inspección e investigación en el territorio para dar con el paradero de estos reclusos.
Tras conocerse que los 13 presos repatriados desde el Ecuador estarán recluidos en la cárcel de Ipiales, Nariño, la cifra de presos colombianos que llegarían al país paulatinamente es de 1500.Ante esto, el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, confirma que la disponibilidad en temas carcelarios para recibir a estos internos es de 12 pabellones distribuidos en 126 cárceles a lo largo del país.En un inicio se pensaba que estos presos provenientes desde el Ecuador llegarían masivamente, pero, se confirmó que su ingreso al territorio será progresivo y que entre tanto se estudiarán los procesos basados en las cartillas geográficas para darle orden al cumplimiento del ‘Convenio Esmeralda’ que habla acerca de la repatriación.“Hay una comunicación que lidera el Ministerio de Justicia, a través de la comisión de repatriación, en donde se recibe la información de cada interno y que cumplan con los requisitos de estos colombianos que están allá en Ecuador”, expresó Gutiérrez.Ante el cuestionamiento sobre si existe la posibilidad de que aquellos presos que no estén condenados por delitos mayores puedan obtener el beneficio de casa por cárcel, el director del Inpec aclaró los internos vienen desde Ecuador con condiciones de prisión intramural, y que una posible detención domiciliara dependería de la decisión que tome el juez en cada caso.
La Fiscalía General de la Nación, La Policía y la Armada han capturado nuevamente a José Manuel Gnecco en San Andrés este 19 de abril, por presunta manipulación de testigos. Este suceso se produce minutos después de que Gnecco fuera puesto en libertad debido al vencimiento de términos en su proceso judicial por el asesinato de su esposa, María Mercedes Gnecco.Pese a la libertad de José Manuel Gnecco el juicio continuará por el homicidio de su esposa María Mercedes Gnecco quien fue asesinada en octubre de 2021, y las investigaciones apuntan hacia su propio esposo como el presunto responsable del homicidio, que habría ocurrido en la sala de su casa en la isla.Sin embargo, la decisión judicial de liberar a Gnecco se fundamentó en el límite de tiempo para la declaración de vencimiento de términos en el proceso. Según lo expresado por el juez encargado del caso, el proceso de Gnecco llevaba más de 170 días, superando el máximo de 150 días establecido para tal declaración.Por consiguiente, se dictaminó su libertad, aunque con la advertencia de que esta no implicaba su inocencia, sino que el proceso seguía en curso hasta la emisión de una sentencia definitiva.No obstante, el breve periodo de libertad de Gnecco llegó a su fin rápidamente cuando las autoridades procedieron a su recaptura. Esta medida se llevó a cabo en el marco de nuevas acusaciones por presunta manipulación de testigos.El caso de José Manuel Gnecco y el trágico destino de María Mercedes Gnecco continúan siendo objeto de investigación.
El Estado italiano deberá indemnizar a un agente de Policía que había sido sometido a un test psiquiátrico para determinar si era homosexual, después de que dos presos de la cárcel en la que trabajaba le acusaran de haber flirteado con ellos.El Tribunal Administrativo Regional de Piamonte ha fallado a favor del denunciante y el Estado deberá indemnizarlo con 10.000 euros más las costas procesales, según se lee en la sentencia.El agente trabajaba en la cárcel de Vercelli y se le incoó expediente disciplinario después de que dos presos aseguraran que este les había propuesto mantener relaciones sexuales.Las autoridades de la penitenciaría trataron este asunto con el acusado y después ordenaron un examen psiquiátrico para verificar "su personalidad", aunque el denunciante asegura que las pruebas y sus preguntas pretendían esclarecer su orientación sexual.El examen psiquiátrico se efectuó en Milán y concluyó que el agente era "idóneo" para el trabajo que desempeñaba, por lo que el expediente disciplinar fue inmediatamente archivado.No obstante, el hombre quedó marcado por estos hechos, sobre todo entre sus compañeros, por lo que tuvo que pedir el traslado de la cárcel de Vercelli, y en 2022 decidió denunciar su situación.El Tribunal ha considerado que la decisión de someterle a una prueba psiquiátrica es "arbitraria y exenta de un válido soporte jurídico, técnico y científico" ya que su mera realización presupone que la homosexualidad pueda ser un "problema de personalidad".
El ministro de Justicia, Héctor Osuna, confirmó este miércoles que 13 colombianos que se encontraban presos en Ecuador ya están en Tulcán, en la frontera entre ambos países.El grupo está compuesto por 11 hombres y 2 mujeres. Se espera que sean entregados en Rumichaca esta semana y luego enviados a la cárcel de Ipiales, donde se iniciará el proceso de distribución a diferentes centros penitenciarios colombianos.La crisis carcelaria en EcuadorLa decisión del Gobierno ecuatoriano de repatriar a presos colombianos que cumplen condena en sus cárceles ha generado gran controversia en ambos países. La medida, si bien busca aliviar el hacinamiento en las prisiones ecuatorianas y garantizar el cumplimiento de las penas en el país de origen de los reclusos, ha sido criticada por sectores que la consideran una carga para el sistema penitenciario colombiano y una amenaza a la seguridad pública.Se estima que alrededor de 3.000 presos colombianos se encuentran en cárceles ecuatorianas. La decisión inicial del Gobierno ecuatoriano de expulsar a 1.500 de ellos generó gran tensión entre ambos países, lo que llevó a la búsqueda de un acuerdo bilateral para la repatriación ordenada.En febrero pasado, los gobiernos de Colombia y Ecuador anunciaron un acuerdo para gestionar la repatriación de los presos colombianos que se encuentran en las cárceles ecuatorianas.“Colombia y Ecuador expresaron su voluntad de dar cumplimiento a los acuerdos bilaterales en materia de repatriación de ciudadanos privados de la libertad y gestionar, de manera expedita y oportuna, las solicitudes para que las personas condenadas puedan cumplir sus sentencias en su país de origen”, manifestaron en un comunicado conjunto.La decisión de Ecuador obedece a la difícil situación de orden público que vivió el vecino país en enero. El 9 de ese mes, un grupo armado irrumpió en un canal de televisión que transmitía en vivo y se tomó las instalaciones. Asimismo, diferentes grupos armados irrumpieron en las calles y se tomaron varios rehenes en la cárceles de ese país.La situación fue tan tensa, que el presidente Daniel Noboa, tomó decisión de declarar la existencia de un "conflicto armado interno" en el país.
El rapero español Morad fue trasladado a un módulo residencial de la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (nordeste de España), que acoge a condenados por delitos de tráfico, para iniciar cuanto antes el tratamiento de reeducación por su condena de conducción temeraria.Morad, que ingresó el pasado lunes 8 de abril en Brians 2 para cumplir una condena de seis meses por un delito contra la seguridad vial, iniciará el programa de reinserción aunque autoridades todavía no decidieron su clasificación.Los servicios penitenciarios disponen de dos meses de plazo para acordar la clasificación del rapero, que puede obtener directamente el tercer grado, con lo que solo tendría que acudir a prisión.No obstante, con el propósito de que empiece lo antes posible el tratamiento de reeducación, la dirección de Brians 2 lo trasladó ya del módulo de ingresos en el que permaneció las primeras horas a uno residencial donde cumplen condena presos sentenciados por delitos contra la seguridad vial.Morad, de hecho, compartirá módulo con otros reclusos condenados por el mismo delito y que se encuentran en tercer grado penitenciario, tras haber iniciado ya el tratamiento rehabilitador.Será la junta de tratamiento de Brians 2, integrada por juristas, psicólogos y otros técnicos, la que deberá decidir la clasificación penitenciaria del músico, en función de sus circunstancias personales, su actitud ante el delito y las perspectivas de rehabilitación.Morad entró voluntariamente en prisión el pasado lunes 8 de abril, para cumplir una condena de seis meses de cárcel que se le impuso después de que la Policía le denunciara por poner en peligro la seguridad del tráfico cuando conducía su vehículo en 2022.En el mes de febrero, el rapero, uno de los mayores exponentes de la música urbana en España, aceptó dos años de cárcel por haber instigado a una multitud a lanzar piedras contra los policías que, ante las quejas de los vecinos, acudieron en 2021 al lugar donde grababa sin permiso un vídeoclip con un dron.Esa condena, por incitación a los desórdenes públicos y atentado con uso de instrumento peligroso, le fue suspendida porque carece de antecedentes vinculados con ese tipo de delitos, con la condición de que no vuelva a delinquir en un período de dos años.También en febrero aceptó indemnizar con 10.000 euros a un Policía por otro de sus frentes judiciales, en este caso por grabar a un agente que le multaba y colgar las imágenes en sus redes sociales, donde le calumnió asegurando que era un "abusador de menores".Cuenta además con otra causa abierta, en la que la Fiscalía le pide seis años de prisión por atacar e intimidar con una defensa taser a varios agentes de la Policía tras saltarse el confinamiento nocturno en julio de 2021 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en plena pandemia.
En diálogo con Mañanas Blu, la diputada ecuatoriana Carla Cruz habló sobre crisis diplomática con México; expresó su preocupación por la situación provocada por la polémica irrupción en la Embajada mexicana para detener a Jorge Glas. Según la diputada, el presidente Novoa tomó una decisión muy inmadura políticamente y violó los convenios internacionales. La diputada enfatizó, que si bien es importante detener a prófugos de la justicia, no se debe ingresar a una embajada, ya que es territorio del país dueño de la embajada y está protegido por los convenios internacionales. En este caso, el Convenio de Caracas no ampara a Jorge Glas y el presidente está sobrepasando los límites al no respetar el Convenio de Viena. Como integrante de la Comisión de Exteriores del Parlamento ecuatoriano, la diputada Zambrano comentó que han convocado a la canciller para que explique lo sucedido y lleve todos los argumentos establecidos internamente en Ecuador. Además, el ministro del Interior y la ministra de Gobierno también comparecerán ante la Comisión. Sobre las acusaciones contra Jorge Glas en Ecuador, la diputada menciona que está involucrado en casos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. Aseguró que a pesar de que debería estar en la cárcel, la embajada mexicana le otorgó asilo político, lo que generó un debate sobre la tradición de asilo en Latinoamérica y la violación de las leyes internacionales. "Aplaudo que se haya detenido a un prófugo de la justicia que es Jorge Glas, pero esta no era la forma de acceder a una embajada", dijo.Escuche aquí la entrevista en Mañanas Blu:
En las últimas horas, los residentes del barrio Villanueva de Cali, donde está ubicado este centro de formación para menores infractores, comenzó a escuchar desorden y alboroto en el interior del lugar. De inmediato aseguraron sus viviendas, aún sin conocer qué era realmente lo que estaba sucediendo. Se trató de un intento de fuga del centro El Buen Pastor, el cual finalmente resultó exitoso para tres de los internos, según confirmaron las autoridades, después de hacer el conteo de los detenidos. Según la Policía, estos jóvenes al parecer habrían intimidado con armas blancas a su cuidador, para poder salir del lugar, e inicialmente, el grupo estaba conformado por cuatro de los internos."Aprovechan el momento en el que esta persona abre la reja, para intimidarlo con armas cortopunzantes y huir del centro especializado, sin embargo, gracias a la pronta reacción, se logró ubicar a uno de ellos dentro de las instalaciones, se continúan en la búsqueda de los otros tres jóvenes", aseguró el coronel Germán Manrique, subcomandante de la Policía de Cali.De inmediato se desplegó un plan candado en la ciudad, enviando uniformados a las casas familiares de estos tres jóvenes y también en las principales entradas de la ciudad, con el propósito de interceptarlos.Le puede interesar:
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Sebastián Valero Romero, presunto responsable del robo de una camioneta en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, el pasado 2 de abril. Este hombre, de acuerdo con las autoridades, es señalado de ser quien condujo el carro robado luego de intimidar a la víctima y obligarla a entregar las llaves del automotor.Lo increíble del caso es que una niña de 9 años, hija del propietario de la camioneta robada, quedó atrapada en las sillas traseras del vehículo y, en ese momento, fue que los delincuentes comenzaron su escape. Unas cuadras más adelante del hecho la menor decidió arrojarse de la camioneta en movimiento y llegar a su vivienda por sus propios medios.“Las evidencias indican que el hoy procesado, al parecer, transportó en un carro gris a la persona que ingresó a la residencia de la víctima, intimidó con un arma a un menor de 14 años y tomó a la fuerza las llaves del automotor. Posteriormente, una niña de nueve años que estaba en la camioneta descendió temerosa por lo que sucedía y el señalado asaltante se llevó el automotor”, indicó la Fiscalía.La alerta oportuna de la comunidad, destacaron las autoridades, permitió que la Policía recuperara la camioneta, donde dieron captura a Sebastián Valero, quien en su poder tenía una pistola traumática. “Por todo lo anterior, el detenido fue imputado por el delito de hurto calificado y agravado. El cargo no fue aceptado”, agregó la Fiscalía.
Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha asegurado que es "el más interesado en que todo se aclare" tras declarar ante la jueza de Majadahonda que investiga por el contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí y por otros del organismo cuando él lo presidía, entre 2018 y 2023."Como dije en su momento me he sometido a su señoría, la jueza, también al ministerio fiscal, y a mis propios abogados, he contestado todas las preguntas que me han hecho. Me han repreguntado, más de cuatro horas. Si tengo que volver a venir porque su señoría así lo indica aquí, voy a estar colaborando. Soy el más interesado en que todo se aclare", declaró a los periodistas."En estos cinco años en los que creo que he trabajado felizmente, he sido un privilegiado trabajando en la Federación, hemos hecho una gestión que ahí está a nivel económico, que ahí está a nivel deportivo, creo que muy buena, eso no lo puede poner nadie en duda", declaró a la salida de su declaración en el juzgado número 4 de Majadahonda, en una breve comparecencia sin preguntas."Y pues bueno, también he tenido constantes ataques, querellas, etcétera, esta es otra muestra más", continuó Rubiales, "pero desde luego, lo que mantengo, mantendré siempre, y estoy convencido de que se acabará haciendo justicia, es que jamás, jamás, ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular, en definitiva, hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad".Rubiales, que empezó a declarar a las 10.15 horas y tras un par de recesos salió más allá de las 14.30, mantuvo la línea ante los periodistas mostrada en el juzgado, donde negó haber pagado comisiones a Gerard Piqué o a su empresa Kosmos por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí y también haberlas cobrado. Afirmó, incluso, que con esos contratos "se salvó el fútbol".Respecto a las obras en el estadio sevillano de La Cartuja, adjudicadas a la empresa Gruconsa y también en el foco de la investigación, Rubiales explicó que la RFEF, como entidad privada podía contratar a quien quisiese, si bien indicó que hablaron con la Junta de Andalucía y les pidieron que aportasen "algo de dinero" para acondicionar el estadio.Defendió que lo sometió al comité económico y aludió a un informe técnico del departamento de eventos que indicaba que tenía que ser Gruconsa quien hiciese las obras porque ya se le había encomendado en 2020 una auditoría técnica de las deficiencias del estadio.Rubiales explicó que si la RFEF hubiese hecho un concurso, una nueva empresa hubiese tenido que realizar ese informe técnico y todo el trabajo previo que ya había hecho Gruconsa, si bien indicó que el abogado y asesor Tomás González Cueto, también investigado, le aconsejó hacer todo "tal y como dicen las leyes de contratación pública para darle la máxima transparencia".El fiscal propuso a la jueza que el expresidente del organismo federativo siga en libertad y que conserve su pasaporte. Las únicas medidas cautelares solicitadas por el representante de la Fiscalía son las comparecencias quincenales ante el juzgado y que le comunique cualquier viaje que vaya a realizar, informaron a EFE fuentes jurídicas.La magistrada de Majadahonda (Madrid) debe decidir ahora sobre la petición que ha hecho la Fiscalía tras escuchar durante varias horas las explicaciones de Rubiales sobre su gestión, una comparecencia en la que ha asegurado a la jueza que no tiene pensado irse a vivir fuera de España.La comparecencia de Rubiales se produjo apenas unos días después de la proclamación oficial de Pedro Rocha como nuevo presidente de la RFEF, como único candidato, un día después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) anunciara la creación de una comisión para tutelar el funcionamiento RFEF los próximos meses.Acudió tras cambiar recientemente de abogado -ahora le defiende el letrado José Vicente Tejedor- y pocas semanas después de regresar de República Dominicana, país en el que se encontraba cuando estalló la operación policial en la que se registró su domicilio en Granada y más tarde el alojamiento que compartía con su amigo Francisco Javier Martín Alcaide, 'Nene', en Punta Cana.Rubiales, que ya afronta una petición de dos años y medio de cárcel por agresión sexual y coacciones a la jugadora Jenni Hermoso por el beso no consentido que le dio en la final del Mundial en Sídney, declaró por primera vez en esta causa, abierta en 2022 a raíz de una denuncia del presidente del Centro Nacional de Entrenadores (CENAFE), Miguel Ángel Galán.Le puede interesar:
Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, Valle del Cauca, habló en Mañanas Blu sobre la ola de violencia que vive el municipio luego del asesinato de un concejal. Por este hecho se anunció una recompensa de 30 millones de pesos por información sobre los asesinos del cabildante Jhon Freddy Gil.Con el asesinato de Gil ya son tres los concejales asesinados en este departamento en lo que va del año. Paola Castillo manifestó su dolor por el asesinato del concejal Gil y rechazó cualquier forma de violencia. También habló sobre el riesgo que enfrentan tanto ella como otros concejales, debido a las medidas que han tomado contra la criminalidad en el municipio. Además, denunció que no han recibido medidas de seguridad de la UNP, pese a haberlas solicitado.La preocupante ola de violencia en Tuluá, Valle del Cauca; dos asesinatos en un fin de semana"Estamos trabajando fuertemente para garantizar la seguridad en Jamundí. La verdad es que nos duele mucho este hecho violento en el que acabó con la vida del concejal Gil y queremos expresar todas nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos cercanos, y rechazamos cualquier forma de violencia y demás actos que han dejado, no solamente como víctima a nuestro amigo y concejal, sino otras víctimas en el municipio", manifestó la mandataria."El riesgo es inminente"De acuerdo con Paola Castillo, hay concejales que han denunciado amenazas desde el mes de enero y, hasta la fecha, no han contado con ningún tipo de protección."Nosotros hasta este momento no hemos obtenido respuesta de la UNP. Estamos esperando a que actúen y a que puedan garantizar todas las condiciones de seguridad. Como alcaldesa, en los consejos de seguridad que hemos tenido por las diferentes situaciones, le hemos expresado de manera directa a la UNP la situación que estamos viviendo en Jamundí, el riesgo extraordinario que tenemos", enfatizó.Sobre los grupos que operan en la zonaLa alcaldesa de Jamundí confirmó que uno de los grupos que opera en la zona son la disidencias de las Farc, de la estructura de Jaime Martínez, la cual sigue manteniendo control en la zona."La verdad es que es una situación que conocemos, que sabemos que en la zona rural tenemos diferentes situaciones de inseguridad. Ahorita estamos trabajando contra la extorsión, contra el hurto que se ha dado hasta ese momento. Hemos tenido muy buenos resultados en el trabajo colaborativo con la policía, pero nuestra zona rural está afectada por el conflicto armado", dijo.Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado a nivel nacional para buscar intervención y recuperación del territorio, así como una inversión social en las comunidades afectadas por el conflicto armado. También resaltó la importancia de implementar medidas de seguridad en el municipio y de brindar apoyo en aspectos como infraestructura y servicios básicos."Necesitamos de la ayuda y todo el apoyo a nivel nacional para que haya intervención y recuperación de nuestro territorio, pero también hablamos de una intervención integral de seguridad, porque no es solamente la fuerza pública o militar, sino también que haya una inversión social en estas comunidades", finalizó. Escuche la entrevista aquí:
En medio de la actual coyuntura cafetera nacional, el Comité Departamental de Cafeteros de Santander, en representación de los 34 comités municipales de cafeteros y de las 33.500 familias en los 74 municipios productores de café en el departamento, emitió un comunicado en el cual expresa su respaldo total a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.El comunicado aborda varios puntos críticos que han surgido recientemente en el ámbito político y económico del café colombiano:Respaldo integral a la Federación: el Comité de Cafeteros de Santander rechazó categóricamente los pronunciamientos despectivos hacia la Federación Nacional de Cafeteros por parte del presidente Gustavo Petro y las "declaraciones erróneas de la ministra de Agricultura, las cuales generan incertidumbre en el mercado y ponen en riesgo la estabilidad financiera de los caficultores".Desconocimiento de la institucionalidad cafetera: critican la pasada Asamblea Cafetera convocada por el Gobierno Nacional sin la participación de la institucionalidad cafetera, lo cual "se percibe como un intento de deslegitimar a la Federación Nacional de Cafeteros como representante legítima de los productores de café colombianos".Administración responsable de recursos: el Comité destaca la gestión responsable y transparente de los recursos del Fondo Nacional del Café por parte de la Federación, respaldada por auditorías realizadas por Entes de Vigilancia. "Se expresa preocupación ante la posible amenaza de intervención en estos recursos, que han sido acumulados desde 1940", dice el comunicado.Llamado a la acción: los cafeteros convocaron a la "bancada parlamentaria cafetera, los gremios, entes de control, los cafeteros y la sociedad en general a pronunciarse y respaldar a la Institucionalidad Cafetera en esta coyuntura crítica".De igual forma, instaron al Gobierno nacional a aportar los recursos necesarios para fortalecer el Fondo de Estabilización de Precios del Café y "se le invita a participar en el Comité Nacional de Cafeteros para definir políticas de fomento a la caficultura nacional, en colaboración con la Federación Nacional de Cafeteros".
La Procuraduría General de la Nación se pronunció respecto al nuevo modelo de salud para los docentes en Colombia que fue presentado por el Gobierno nacional y que empieza este miércoles 1 de mayo. En este caso el ministerio público indica que este modelo es improvisado, ya que habría graves inconsistencias en términos de contratación que presenta el plan adoptado por el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro.Por otro lado, se habla de un aumento de costos, si se compara con el modelo anterior, ya que aumentaría a 1 billón 100.000 millones de pesos por cada año.La procuradora, Margarita Cabello, dice que la fiduprevisora maneja la atención en salud de los maestros en 10 contratos y que, a partir de la implementación de este nuevo modelo para la salud de los docentes, serían más de 8.000 contratos que elevarían los costos.¿Qué está pasando con la reforma a la salud?Cabe recordar que, con la implementación de este nuevo modelo se eliminaría la intermediación de los operadores, así como los copagos y, según el Ministerio de Salud, para esto se debe cambiar la estructura interna del sistema.Para el ente de control hay muchas dudas sobre este nuevo sistema, ya que no hay personal que demandará, tampoco del presupuesto destinado ni de quienes estarán a cargo de la supervisión a nivel regional y local que administren la base de datos y autorizaciones de cada servicio de salud prestados.Otra de las preocupaciones de la Procuraduría es que al quedar como operador de la gestión del servicio, podría arriesgar las reclamaciones de los usuarios, ya que esta es una entidad financiera y la Superintendencia de Salud no podría vigilar y controlarla.Por esta razón, se cuestiona que el nuevo modelo no establece un responsable que vigile la calidad de la prestación del servicio ni la gestión del riesgo.Ante las dudas que hay en el ambiente por este nuevo modelo de salud para los docentes en Colombia, el procurador delegado Marcio Melgosa le pide a varias directivas ajustar el proyecto, o de lo contrario, la atención en salud de los profesores quedaría en el limbo.Supersalud a las EPS: "Luego vienen a decir que el recurso no es suficiente"
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Santiago Chamorro, presidente de General Motors, habló del futuro del extenso lote en Bogotá dejará de operar una de las fábricas más emblemáticas de la compañía.Chamorro explicó que, tras la decisión de la empresa de salir de Colombia, actualmente están en un proceso de transición, evaluando los materiales y equipos que pueden ser reusados o reciclados."Lo que viene ahora es un proceso de transición en donde vamos a ver de esos materiales y de esas herramientas, de esos equipos que están allí presentes. ¿Qué se puede rehusar? ¿Qué se puede reciclar en última instancia?", comentó el presidente de GM durante la entrevista.Venta del terreno de General MotorsEl siguiente paso para General Motors es preparar el terreno, ubicado en la avenida Boyacá, con calle 56 sur, para su venta, una decisión que, según Chamorro, "es bastante interesante para la ciudad". El lote abarca un área impresionante de 280,000 metros cuadrados, aproximadamente 28 hectáreas.Esta extensión lo convierte en un candidato ideal para proyectos de gran escala que podrían beneficiar al desarrollo urbano de Bogotá.Vea también: explican qué pasará con el Chevrolet Joy, fabricado en el país, tras cierre de Colmotores“Seguramente lo vamos a poner a la venta. Primero, pasaremos el proceso de transición y más adelante estableceremos un proceso para la venta de ese espacio”, enfatizó Chamorro.General Motors se va de ColombiaLa compañía estadounidense General Motors (GM) anunció este viernes "cambios clave" en sus operaciones en Colombia y Ecuador que supondrán el cese de la fabricación de vehículos desde hoy en Colombia y a partir de agosto en Ecuador, lo que supondrá despidos masivos."Las operaciones de fabricación cesarán en la planta de Colmotores de Colombia y el proceso de desmontaje comienza hoy con un equipo reducido. En la planta de OBB en Ecuador la fabricación cesará a finales de agosto de 2024", anunció la compañía en un comunicado.Según la compañía, hasta ahora esta planta colombiana estaba operando al 9 % de su capacidad, mientras que en Ecuador se opera al 13 %, por lo que había una "subutilización" de ambas.General Motors fabrica vehículos de la marca Chevrolet en estos dos países, pero ahora "realizarán la transición a un modelo de compañías nacionales de comercialización, para así respaldar el lanzamiento de vehículos de próxima generación, incluido un portafolio de clase mundial, soportado por una experiencia excepcional para el cliente y servicios posventa", informó el gigante estadounidense."Las acciones que anunciamos hoy son fundamentales para garantizar que estemos mejor posicionados para ofrecer a nuestros clientes los vehículos y las tecnologías más avanzados, e impulsar la transformación de la industria en Colombia y Ecuador hacia un futuro sin emisiones", aseguró el presidente de GM Internacional, Shilpan Amin.Despidos masivos e inspección laboralEsto supondrá despidos que podrían llegar a 800 personas en la planta de Colmotores, situada en Bogotá, la única donde se fabrican vehículos en Colombia, según sindicatos."La empresa comprende el impacto que esta decisión tendrá en los empleados afectados y los apoyaremos durante su transición", añadió la compañía al respecto.Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo de Colombia informó que va a garantizar "la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores de la ensambladora de vehículos", y anunció que realizará una inspección de trabajo."He dado la instrucción a la dirección de Inspección Vigilancia y Control, de adelantar una serie de visitas a la planta para inspeccionar las condiciones laborales y verificar que se cumplan con los estándares exigidos por la ley", explicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.