El British Medical Journal (BMJ), una de las principales publicaciones académicas en medicina a nivel internacional, dedicó un editorial a Colombia para analizar la situación actual de su sistema de salud y las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El texto sostiene que los problemas registrados en la prestación de servicios están relacionados con decisiones adoptadas desde el Ejecutivo y afirma que el deterioro era evitable.El artículo, titulado “Las reformas fallidas de Colombia demuestran por qué los sistemas de salud deben estar protegidos de la política”, describe una secuencia de hechos que, según la revista, marcaron el inicio de la crisis. “Todo empezó con retrasos”, señala el BMJ, al referirse a filas prolongadas en farmacias y a la postergación de cirugías. Posteriormente, menciona escasez de medicamentos, incluyendo insulina y tratamientos oncológicos, así como rechazos de pacientes en estado crítico en hospitales.El editorial también reporta cierres de servicios hospitalarios. “Las salas de maternidad y las unidades neonatales están cerrando sus puertas”, indica la publicación, y añade que los servicios de urgencias enfrentan sobrecarga y que se han cancelado programas de formación para médicos especialistas.Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, es citado en el texto. “La tragedia es que todo esto era completamente evitable”, afirma. En otra declaración incluida por el BMJ, señala: “Millones de vidas se han puesto en peligro y hay gente muriendo. Hay muchísimas lecciones que aprender”.El artículo recuerda que, durante más de dos décadas, el sistema de salud colombiano fue presentado como un modelo en la región. Según la revista, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Banco Mundial destacaron la cobertura y el esquema de financiamiento, basado en subsidios estatales y competencia entre aseguradores. El BMJ indica que cerca del 99 % de la población contaba con cobertura y que el gasto de bolsillo se ubicaba entre los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.La publicación también menciona que Colombia cuenta con 11 de los 30 hospitales incluidos entre los mejores de América del Sur y cita una comparación publicada en The Lancet, en la que el país fue clasificado en segundo lugar en América Latina, después de Costa Rica, en desempeño del sistema de salud.Pese a estos indicadores, el BMJ afirma que el presidente Gustavo Petro impulsó una reforma estructural del sistema tras su elección. El editorial sostiene que las medidas adoptadas alteraron el funcionamiento previo y que los efectos se reflejan en la prestación actual de servicios.El texto concluye que el caso colombiano ofrece elementos para el análisis internacional sobre la relación entre política y sistemas de salud, y subraya la necesidad de evaluar las consecuencias de las reformas en contextos similares.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió sin titubeos la polémica frase “los ricos también lloran”, pronunciada días atrás en medio de la crisis del Hospital San Rafael Itagüi, y dejó claro que no se arrepiente de haberla dicho. En entrevista con Recap Blu, el jefe de la cartera aseguró que su declaración fue sacada de contexto y que, en realidad, apuntaba a denunciar prácticas de mala administración, politiquería y corrupción en algunos centros hospitalarios del país.“No, no, de ninguna manera. No me arrepiento de haber dicho eso por una sencilla razón: hay que saber quién es el que está llorando, porque desafortunadamente hay mucha gente que llora para engañar”,dijo el ministro en Blu Radio.Según el ministro, las manifestaciones emotivas no pueden ocultar años de malas decisiones administrativas. A su juicio, muchos hospitales han sido entregados “a la voracidad de políticos y de gente corrupta, ineficiente e incapaz”, lo que termina afectando directamente la prestación del servicio de salud.Jaramillo recordó su experiencia como exgobernador y exalcalde. Afirmó que durante su gestión logró recuperar hospitales en condiciones críticas, sanear deudas y dejarlos funcionando plenamente. “Cuando fui gobernador recuperé totalmente el Federico Lleras, lo dejé 0 kilómetros en todas las deudas. Lo mismo hice cuando fui alcalde entre 2016 y 2019: levanté el hospital, lo fusioné y lo dejé saneado (...) Me fui yo y hoy tuvo que intervenir la Superintendencia por corrupción, deudas y abandono”, afirmó.En el caso específico del Hospital San Rafael Itagüi, el ministro cuestionó que, pese a la posibilidad de recibir recursos del Gobierno nacional —alrededor de 2.000 millones de pesos—, la administración se negara a aceptarlos por no haber levantado embargos antiguos."Entonces aquí no pueden venir es con lágrimas de cocodrilo. A venir a presentar una situación, echarle la culpa a los demás, cuando resulta que uno tiene que cumplir con su deber, administrar bien, quitar la corrupción", sostuvo.Frente a las críticas de que, más allá de la disputa política, quienes sufren son los pacientes, Jaramillo respondió que el sistema ha buscado alternativas para garantizar la atención. Indicó que en municipios como Itagüí existen otros hospitales que sí están funcionando correctamente y que están absorbiendo la demanda de servicios.
El agente interventor de EPS Famisanar, Germán Darío Gallo, se pronunció frente a los cuestionamientos del representante a la Cámara Andrés Forero y dio a conocer los principales resultados obtenidos durante los primeros 60 días de intervención de la entidad, en medio del debate público sobre la situación del sistema de salud.Gallo señaló que durante este periodo se adoptaron medidas administrativas y de disciplina financiera que permitieron una reducción del 43 % en la pérdida proyectada y una disminución de la siniestralidad, que pasó de 117,6 % a 108,5 %.En relación con los gastos administrativos, recordó que el sector cuenta con un tope regulado del 8 %. Según indicó, este indicador se ubicaba en 6,7 % en octubre de 2025 y cerró el año en 5,4 %, como resultado de acciones de control del gasto.En materia de atención a los usuarios, el interventor informó que se implementaron acciones para atender el rezago de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS). De acuerdo con las cifras presentadas, los casos acumulados pasaron de 11.857 a 5.017, lo que representa una reducción del 58 %.Sobre las tutelas, explicó que se fortaleció el seguimiento a estos procesos, luego de registrarse un pico de 2.775 casos en octubre, cifra que se redujo a 1.808 en diciembre.El balance también incluyó la implementación de la estrategia Ruta Región, que contempló recorridos y verificación directa en los departamentos de Meta, Tolima, Santander, Magdalena y Atlántico, con encuentros con autoridades locales y prestadores de servicios de salud.Finalmente, el interventor extendió una invitación al representante Andrés Forero a una mesa técnica de gestión, con participación de los equipos responsables y soporte documental, para revisar los avances y retos del proceso de intervención.
Luego de la alerta sanitaria emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la empresa Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. anunció el retiro voluntario de varios lotes de leches infantiles de la marca Alula Gold Premium que se encontraban disponibles en farmacias, comercios minoristas y operadores logísticos del país.La decisión se tomó tras conocerse una alerta internacional relacionada con la posible presencia de la toxina cereulida en un ingrediente suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas fórmulas infantiles. De acuerdo con la información entregada por la compañía, dicho ingrediente corresponde al omega-6 ARA, insumo presente en algunos de los productos retirados.Sanulac informó que, una vez conocida la alerta, solicitó análisis al proveedor del ingrediente y, de manera paralela, ordenó pruebas a un laboratorio independiente acreditado. Los primeros resultados, realizados tanto al ingrediente como al producto final mediante métodos internacionales normalizados, arrojaron resultados conformes. No obstante, análisis adicionales practicados al producto ya reconstituido evidenciaron la presencia de trazas de la toxina, lo que motivó el retiro preventivo de los lotes identificados.La empresa indicó que el retiro aplica únicamente para productos específicos de las líneas Alula Gold 1, 2, 3 y Alula Gold Comfort Premium, en distintas presentaciones y fechas de vencimiento, los cuales fueron detallados en el listado oficial divulgado por la compañía. Los demás lotes de estos productos no hacen parte del proceso de retiro y no están incluidos en la medida.Sanulac solicitó a las familias no consumir los productos pertenecientes a los lotes señalados, no devolverlos a los puntos de venta, tomar una fotografía del número de lote y comunicarse con la línea de atención dispuesta por la empresa para recibir orientación sobre el procedimiento. Asimismo, recomendó desechar los productos afectados y consultar con un profesional de la salud ante cualquier inquietud relacionada con el estado de los menores.El Invima mantiene la vigilancia sobre el caso en el marco de sus competencias, mientras se adelanta el seguimiento a las acciones adoptadas por la empresa frente a la alerta sanitaria.
El abogado penalista Mauricio Pava presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución que establece zonas de ubicación temporal para miembros del Clan del Golfo, medida incluida dentro de la estrategia de Paz Total del gobierno nacional. Según dijo Pava en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la resolución vulnera los límites constitucionales en la negociación con estructuras criminales.La acción legal se fundamenta en la protección del Estado de Derecho, argumentando que la administración ha sobrepasado sus facultades al otorgar beneficios territoriales y jurídicos a grupos sin carácter político, sin un marco legal aprobado por el Congreso de la República.El núcleo de la demanda se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia 525 de 2023, que establece criterios sobre quiénes pueden acceder a zonas especiales y beneficios procesales.Pava explicó que existe una diferencia clara entre grupos con "pedigrí político" y bandas criminales: "Con estructuras criminales de alto impacto. Usted no puede tener zonas especiales de ubicación si no tiene un marco jurídico, una ley de sometimiento".El abogado señaló que la resolución del 22 de diciembre vulnera este principio, ya que el proyecto de ley de sometimiento todavía está “diluido” en el Congreso. Sobre la negociación con carteles de narcotráfico y minería ilegal, Pava agregó: "En el mundo de esta resolución... ese mundo es con bandas criminales, pandillas, estructuras de crimen organizado... con esos grupos es el sometimiento a la justicia".La demanda alerta sobre la entrada en vigor de la resolución, programada para el 1 de marzo de 2026, coincidiendo con los periodos electorales. Pava expresó preocupación por la transparencia y la libertad del voto en los municipios designados en Chocó y Córdoba."¿Quién va a garantizar que en esas zonas haya voto libre, que la población con tranquilidad pueda acudir a las jornadas electorales?", cuestionó, señalando que entregar territorios a grupos que los dominaron “a sangre y fuego” podría interpretarse como una legalización de facto de su control.La demanda también cuestiona la potestad del presidente de la República para suspender órdenes de captura y procesos de extradición en estas zonas. Según Pava, estas acciones solo serían legales si existiera una ley ordinaria de sometimiento, actualmente inexistente."Una cosa es la negociación con grupos que tengan un pedigrí político y otra cosa es la negociación con bandas criminales", subrayó, recordando que la falta de marco jurídico impide que estas medidas tengan respaldo legal legítimo.Escuche la entrevista completa aquí:
Un reciente estudio sectorial de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la viabilidad financiera de la educación superior en el país. De las 34 universidades públicas nacionales, solo una logra ser autosostenible, así lo confirmó Andrey Rodríguez, contralor delegado para asuntos educativos."De las 34 universidades públicas nacionales, una sola de ellas logra ser autosostenible. Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del Gobierno nacional. De lo contrario no podrían funcionar", indicó Rodríguez en Mañanas Blu.El origen del déficitRodríguez explicó que la raíz del problema está en cómo se calculaban los incrementos presupuestales desde 1992."Veníamos con una fórmula que actualiza los índices de educación superior por IPC. Esa fórmula llevó a que cerca de 18 billones de pesos no llegaran a las universidades públicas", explicó Rodríguez.Con la nueva ley, se busca usar un índice del DANE que refleje la realidad."Se llama básicamente así, índice de incremento de costos de educación superior, que permite reflejar en mayor realidad cómo crecen los costos", explicó. Disparidad de costos por estudianteEl estudio revela cifras "absolutamente disímiles" entre lo que recibe una universidad por alumno y lo que realmente le cuesta formarlo."'A la Universidad Nacional sacar ese estudiante a nivel de egresos le cuesta casi el triple de lo que recibe. En el caso de La Universidad de Antioquia le cuesta un estudiante cerca de 29 millones de pesos, pero solo recibe cerca de 7 millones y medio", explicó. Esta brecha financiera limita severamente la capacidad de las instituciones para invertir en infraestructura e investigación, así como para ampliar la cobertura educativa.Una nueva esperanza legislativaPara mitigar esta situación, se espera la sanción presidencial de una ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30.1. Los costos ahora se ajustarán mediante el Índice de Incremento de Costos de Educación Superior manejado por el DANE, reflejando mejor la realidad del sector.2."El proyecto de ley busca llegar más o menos a 0.5% del PIB", indicó Rodríguez.Escuche la entrevista aquí:
Santa Marta volvió a llenarse de uniformes, bolsos escolares y filas a la entrada de los colegios. Este lunes, más de 90 mil estudiantes regresaron a clases en las 182 sedes oficiales del Distrito, dando inicio al calendario académico 2026 en medio de un dispositivo especial de seguridad y con una novedad clave: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) empezó a operar desde el primer día.La secretaria de Educación Distrital, Sandra Muñoz, aseguró que la jornada arrancó sin contratiempos y resaltó que este año la instrucción fue no esperar semanas para poner en marcha el Plan de Alimentación Escolar que supera una inversión de 56.000 millones de pesos.“La directriz de nuestro alcalde Carlos Pinedo ha sido clara de mejorar la calidad educativa, y garantizar la alimentación escolar es parte de poder brindarles a nuestros niños y jovenes mayores garantías para aprender y permanecer en el colegio, ”, explicó la funcionaria, al destacar que el objetivo es que los estudiantes encuentren en los colegios un entorno más seguro y con garantías básicas desde el inicio del año escolar.El regreso a clases estuvo acompañado por un despliegue de más de 200 policías en los alrededores de los colegios, como parte del plan de seguridad “Regreso a Clases”, articulado entre la Policía Metropolitana y la Alcaldía. Uniformados de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria, Gaula y otros grupos especializados realizaron controles antes, durante y después de la jornada para prevenir delitos, riñas, consumo de sustancias y situaciones que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes.“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, protección y bienestar de la niñez y la adolescencia, trabajando de manera permanente para fortalecer la convivencia y la tranquilidad en los entornos educativos de Santa Marta”, señaló el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante operativo de la Policía Metropolitana. Las autoridades insistieron además en recomendaciones básicas para padres y estudiantes: acompañar los recorridos, no aceptar ayuda de desconocidos, cuidar la información que se comparte en redes y mantener una comunicación cercana en casa.Sin embargo, no todo es tranquilidad. En instituciones como el colegio San Fernando, sede San Jorge, la comunidad educativa prendió las alarmas: llevan tres meses sin servicio de agua, lo que pone en riesgo la higiene, el funcionamiento de los baños y, en últimas, el normal desarrollo del calendario académico si no se soluciona en el corto plazo. Blu Radio se comunicó con la Empresa de Servicios Públicos Essmar, pero no entregaron declaraciones sobre esta situación.Entretanto, muchos padres de familia recibieron el regreso a clases con una mezcla de esperanza y preocupación. Esperan que 2026 sea un año más estable, sin la cadena de paros de maestros y suspensiones que, año tras año, terminan afectando el aprendizaje de los estudiantes.Santa Marta empieza un nuevo año escolar con salones llenos, vigilancia reforzada y la promesa institucional de garantizar alimentación y seguridad. El reto será que esas garantías se mantengan durante todo el calendario y que problemas como la falta de agua no terminen pasando la cuenta de cobro a miles de niños y jóvenes del Distrito.
En un operativo, la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a alias ‘Pechuga’, señalado como el principal articulador de una peligrosa alianza entre las bandas “Los Búcaros” y “Los del Sur”. Este hombre, que contaba con una trayectoria criminal de más de una década, se había convertido en el objetivo prioritario de las autoridades debido a su capacidad para coordinar homicidios selectivos y, especialmente, por su rol como enlace logístico del ELN.Las investigaciones judiciales vinculan directamente a ‘Pechuga’ con actos de terrorismo que conmocionaron a la región a finales del año pasado. Se le señala de participar activamente en la observación, logística y adecuación de los artefactos explosivos utilizados en el atentado contra el peaje La Lizama, ubicado en la vía que conduce a Barrancabermeja, así como en un ataque simultáneo contra una patrulla policial en diciembre de 2025. Bajo la modalidad de subcontratación criminal, este hombre ponía la estructura de sus bandas al servicio del ELN para ejecutar acciones violentas contra la fuerza pública y la infraestructura del departamento.“Muy importante estas capturas de alias ‘Pechuga’ y alias ‘Mocho’, por es el cabecilla de la banda ‘Los Bucaros’, estaba en compañía de su papá que había sido integrante de una estructura criminal, este delincuente está relacionado con 13 homicidios en la ciudad de Barrancabermeja en el mes de diciembre y estamos investigando homicidios en Bucaramanga. Además, está vinculado con el atentado al peaje La Lizama”, señaló el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Más allá de sus nexos terroristas, el prontuario de ‘Pechuga’ revela una estela de violencia urbana sin precedentes. Las autoridades lo sindican como el autor intelectual de al menos 17 homicidios cometidos entre 2025 y lo que va de 2026 en el área metropolitana. Junto a él fue capturado alias ‘Mocho’, otro integrante clave que facilitaba el control territorial en el norte de Bucaramanga, consolidando un monopolio delictivo que integraba el tráfico de estupefacientes y la extorsión a comerciantes de la zona.Durante el procedimiento de captura, las unidades policiales hallaron elementos que confirman la peligrosidad y las conexiones de esta red: un arma de fuego con munición, dos kilogramos de marihuana y, de manera reveladora, una bandera alusiva al ELN, lo que ratifica la tesis de la alianza entre la delincuencia común y la insurgencia. Con este resultado, la Policía Nacional no solo debilita las finanzas de estas organizaciones, sino que retira de las calles al hombre que actuaba como el puente estratégico para la violencia en el corredor entre Bucaramanga y el Magdalena Medio.
El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, presentó su propuesta de plan de seguridad. En el evento también se refirió a la reunión que se hará el 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington y cuestionó al mandatario colombiano por los choques que tuvo con su homólogo estadounidense.“Salió corriendo de rodillas a decir, por favor, recíbanme. Y ahora, ¿a qué va a Estados Unidos? En lugar de ir a trabajar por la tecnología, la educación, el comercio, la inversión, la seguridad, la justicia y la tecnología para los colombianos va a que le den la visa y a que lo saquen de la lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero, incluso al actual, no lo quiero ver, pero así se ve”, señaló el candidato Pinzón.Sobre su plan de seguridad señaló que presentará un proyecto de ley de cadena perpetua para feminicidas y que incrementará el pie de fuerza policial hasta el 80 % del estándar internacional.“El plan contempla la activación de reservistas, la modernización operativa y el bienestar integral de soldados y policías. Habrá un Incremento de 100.000 efectivos en 3 años (70 % FF. MM., 30 % Policía). En los primeros 100 días se hará el llamado a 30.000 reservistas (20.000 militares, 10.000 policías)”, dijo Pinzón.También agregó que creará cuatro megacárceles de seguridad con 20.000 cupos cada una.“Una estrategia de asfixia total contra las finanzas, las comunicaciones y las redes logísticas de las organizaciones criminales. El plan enfrenta de manera directa el narcotráfico, la extorsiónextorsión, la minería ilegal y el contrabando, atacando no solo a los cabecillas, sino a toda su estructura económica”, agregó Pinzón.
El expresidente y jefe único del Partido Liberal, Cesar Gaviria, se pronunció acerca de las intervenciones de la Superintendencia de Salud ante las EPS Sura y Nueva EPS, así como respecto a la decisión voluntaria de la caja de compensación Compensar de liquidar su EPS.Para el exmandatario, esta decisión fue producto de la asfixia financiera a la que ha sido sometido el sistema por cuenta de las decisiones del Gobierno Nacional, como el atraso en el pago de presupuestos máximos y el desfinanciamiento de la UPC. “El Gobierno ha generado una crisis de flujo de recursos al sistema y las EPS sin precedentes cercanos. Ese es el origen del deterioro de los indicadores financieros de las EPS”.“El Gobierno no ha atendido, por tanto, su deber constitucional de financiar adecuadamente el sistema de salud y las EPS, ha desconocido el fallo de la Corte Constitucional y ya se cumplieron los 45 días de plazo que le dio la Corte para pagar las muy significativas deudas que tenía con las EPS llevándolas al estado en el que se encuentran hoy para forzar su intervención o quiebra, como ya se dio en el caso de Sanitas y como es el caso de Compensar EPS en los últimos días. Con esto, está destruyendo el sistema de salud, poniendo en riesgo la vida de millones de colombianos”, señaló Gaviria.El expresidente recordó que durante las discusiones de la fallida reforma a la salud, los partidos Liberal, Conservador y de la U, presentaron una propuesta que sí abordaba estos problemas estructurales, de forma técnica y ordenada; por ejemplo, la introducción de cambios sobre la UPC para que se ajustara por condiciones de salud de riesgo y un esquema de gestión compartida del riesgo financiero entre el Estado y el aseguramiento con incentivos a los resultados y el buen desempeño. “Pero todas estas propuestas no fueron escuchadas, obstinadamente, por parte del Gobierno durante el debate de la reforma a la salud en el Congreso”.El jefe liberal sentenció que estas acciones llevan a la destrucción del aseguramiento como uno de los avances del sistema de salud de la ley 100 de 1992. “Los decretos anunciados por parte del ministro de salud en estos días, claramente provocarán el colapso del sistema, y al final, los pacientes quedarán desprotegidos, sin gestión de su riesgo de salud, tan solo, la posibilidad de pedir citas médicas desordenadamente y el sistema seguirá a la deriva. Solo queda pedir la pronta intervención de la Corte Constitucional, la Procuraduría y el Consejo de Estado y las demás instituciones de control para evitar que se profundice esta situación que, de nuevo recuerdo, coloca en peligro la vida de millones de colombianas y colombianos”.
En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, explicó que el giro directo que anunciaron desde el Gobierno es un mecanismo que ha existido por más de 12 años en el régimen subsidiado y que ahora se está extendiendo al contributivo. Esto garantiza liquidez en el sistema de salud y permite a las instituciones seguir operando.“El asunto del giro directo es un mecanismo fundado hace más de 12 años que tuvo o que tiene hasta el momento un gran desarrollo para mover la plata en el régimen subsidiado. Lo que se está anunciando ahora y que nosotros lo venimos pidiendo desde hace muchos años, es que se pueda extender ese esa modalidad de movimiento de los recursos también al régimen contributivo. Lo que se presentó ayer y que esperamos se pueda perfeccionar en el trámite y se pueda firmar como un decreto y que quede en firme, es esa extensión también hacia el régimen contributivo”, recalcó.Sin embargo, es importante destacar que el giro directo no soluciona todos los problemas del sistema de salud. Aunque garantiza liquidez, aún existen otras dificultades como la suficiencia y las carteras represadas, según dijo.“¿Por qué eso es importante para el sector prestador? Porque eso va a garantizar algo que por lo que ustedes nos han oído quejar toda la vida. Y es que hay unas grandes dificultades con el movimiento de los recursos, unas grandes dificultades de liquidez. Las plantas se quedan atrancada en diferentes lugares y no llegan al sitio donde se prestan los servicios, que son las instituciones hospitalarias, las clínicas, los dispensarios, las IPS en general, este mecanismo yo creo que nos va a aliviar mucho en esa enorme pugnacidad que hemos tenido en el sistema de salud, va a dar liquidez y eso va a permitir que todas estas instituciones sí puedan seguir operando”, añadió.Giraldo señaló que el papel de las EPS sigue siendo relevante en el proceso de verificación y auditoría de los recursos. Antes de que se realice el giro directo, las EPS deben verificar si las intervenciones realizadas fueron pertinentes y estaban atadas a los términos contractuales. Esto garantiza que el dinero se entregue de manera efectiva a las instituciones hospitalarias, clínicas y dispensarios.En cuanto a la preocupación sobre la eliminación del filtro financiero, Giraldo afirmó que es necesario que haya un control en los números y que las autoridades encargadas de la inspección, vigilancia y control, como la Contraloría y la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con su labor de manera proactiva.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
En carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, figuras prominentes como Jaime Arias, Fernando Ruiz, Augusto Gala, Carlos Castro, entre otros, expresan su preocupación por el destino del proyecto de reforma a la salud propuesto por el Gobierno nacional. Se subraya que este proyecto, cuyo propósito era reformar un sistema crucial que regula y protege el derecho fundamental a la salud, no cumplía con los mínimos requisitos constitucionales.Los exministros y exviceministros califican como decisiones erróneas las intervenciones llevadas a cabo por la Superintendencia Nacional de Salud en las EPS Sanitas y Nueva EPS. Consideran que estas acciones fueron una reacción improvisada por parte del Gobierno ante el fracaso del proyecto de ley, y evidencian una falta de consideración hacia los usuarios y pacientes. Además, señalan que el enfoque del proyecto parecía más orientado a cambiar la estructura institucional existente y crear nuevas entidades, lo que generó preocupaciones sobre la posible estatización del sistema de salud.Y añaden que la reciente solicitud de Compensar EPS al Gobierno nacional para establecer un plan de desmonte progresivo hasta su liquidación, como prueba de la urgencia de abordar la desfinanciación y otros problemas estructurales del sistema de salud. La situación actual, con 25 millones de colombianos dependientes directamente del Gobierno para su seguridad social en salud, exige una acción inmediata para proteger sus derechos y garantizarles el acceso adecuado a los servicios médicos.Finalmente, instan al ministro Jaramillo a establecer una amplia mesa de concertación sobre las acciones que la sociedad y el sector deben adoptar para mejorar el acceso a los servicios de salud y cerrar la brecha entre zonas rurales y urbanas en este aspecto. La protección del derecho a la salud de todos los colombianos se presenta como una prioridad indiscutible, que requiere un enfoque colaborativo basado en la evidencia para renovar el contrato social en materia de salud en el país.
Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre el reto del Gobierno de ser más eficiente en la intermediación de las EPS en medio de las liquidaciones que se están registrando, pues hay millones de usuarios y pacientes que están en medio de estos procesos. Explicó que el decreto de pago directo, que generó polémica, es una medida que se venía trabajando desde el año pasado y que se incluyó en el plan de desarrollo. Para los prestadores de servicios de salud, esta medida representa “una deuda que el sistema tenía” con ellos.Toro resaltó que los pagos por parte de las EPS a los prestadores de servicios de salud se demoran hasta 200 días, lo cual afecta la “fluidez” de “caja de las instituciones”. Con el decreto de pago directo, se espera que los prestadores de servicios puedan tener un reconocimiento y pago más rápido.“Hubo una discusión grande en la Cámara de Representantes y en el Senado; en ese mismo momento se discutía también la reforma de la salud. O sea, este es un artículo que quedó consagrado en el plan de desarrollo y se venía trabajando ya varios borradores de este decreto. Para nosotros, los prestadores, pienso yo, era una deuda que tenía el sistema para con nosotros; para nadie es un secreto que el sector salud, los prestadores, vendemos un producto en el sentido de dar una atención en salud, atendemos a las personas, procuramos que todo el talento humano en salud produzca la mejor atención y calidad, pero estas y estos pagos se demoran hasta 200”, sentenció Toro.Dijo que hay facturación que se demora muchísimo más de 200 días y, por eso, esto significaría “mejorar el flujo de caja”, pero al mismo tiempo reconoció que “es un gran reto del Gobierno” poder garantizar a los prestadores el reconocimiento y pago de la de los servicios prestados.Toro también destacó que el proceso de auditoría seguirá existiendo en el sistema de salud. Actualmente, las EPS realizan auditorías concurrentes para verificar la pertinencia y los costos de los tratamientos y servicios. Aunque el decreto no elimina este proceso, establece que se realizarán pagos a los prestadores de servicios hasta un porcentaje establecido, lo que garantiza un flujo de caja sin dejar de lado los procesos de auditoría, según precisó en Mañanas Blu.En cuanto a la deuda histórica de las EPS con los prestadores de servicios, Toro aseveró que el pago se realizará a partir de la facturación del mes anterior, pero la cartera histórica aún debe ser revisada. La deuda actual, según cifras oficiales, es de aproximadamente 14 millones de pesos.Así, habló de las liquidaciones que las EPS han generado problemas en los pagos a los prestadores de servicios. En los procesos de liquidación, “se ha perdido una gran cantidad de dinero”, lo que preocupa a los prestadores de servicios de salud.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó en Mañanas Blu con Néstor Morales que la emisión de decretos es una forma de enfrentar la crisis en el sistema de salud, especialmente en lo que respecta a la prevención y atención de enfermedades.Los decretos, según dijo el funcionario, buscan establecer equipos médicos en el territorio, intensificar programas de prevención y reabrir centros de salud. Además, se busca garantizar que la atención en salud sea de calidad y accesible para todos los colombianos.Sin embargo, el ministro también reconoció la importancia de una reforma a la salud a través del Congreso, que permita establecer una política pública sostenible en el tiempo y no a través de decretos.En cuanto a la posibilidad de revivir la reforma a través de la apelación en el Congreso, Velasco explicó que es una opción contemplada en la Constitución y la ley. Si la plenaria del Senado acepta la apelación, se abriría un nuevo debate y se buscaría la aprobación de una reforma que enfrente los problemas de la salud en el país.“Hay una probabilidad importante de que se mantengan mayorías para aprobar la reforma de la salud, pero evidentemente hay un trámite y en el trámite la Comisión Séptima del Senado rechazó el proyecto. Cuando intervine después de su rechazo, reconocí ese resultado. Un senador del Pacto Histórico, dentro de los límites legales que permite el reglamento del Congreso, hace una apelación y esa apelación la definirá el propio Congreso. Nosotros seremos respetuosos de la decisión que tome”, dijo.Además, Velasco manifestó que ese no es el único camino para revivir la reforma a la salud.“Lo que yo quiero insistir es que a mí me parece que tenemos que recoger lo que muchos colombianos han dicho. Si se necesita una reforma a la salud, revisemos cuáles fueron los elementos centrales que llevaron a la Comisión Séptima a negar el proyecto. Revisemos cuáles son los argumentos que llevaron al Gobierno a presentar el proyecto a la Cámara a aprobar el proyecto y tratemos de hacer esa concertación. Yo soy de los que creen que cuando hay un problema y una sociedad tiene que enfrentarlos, no podemos cerrar las puertas. Es probable que lo que nosotros presentamos tengan elementos como evidentemente lo evidenciaron los miembros de la Comisión Séptima que no los convenciese y entonces tenemos que intentar hacer una concertación con ellos, que son la comisión experta en el Congreso, en esos temas. Y yo sí creo que el Gobierno debe insistir en la aprobación de una reforma que enfrente la crisis de la salud que vive buena parte de colombianos, que no todos”, puntualizó el ministro.El ministro hizo una autocrítica en relación con la forma en que se planteó la reforma a la salud y reconoció que hubo errores en su construcción. Sin embargo, también destacó las virtudes del proyecto y la importancia de rescatar las fortalezas y superar los defectos en futuros debates.En cuanto a las demandas y los cuestionamientos legales que podrían surgir debido a los decretos emitidos, como el del giro directo a hospitales y clínica, el ministro señaló que el Estado está preparado para enfrentar cualquier reclamación por parte de las empresas afectadas.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 7-2026 luego de identificar un posible riesgo para la salud de bebés y niños pequeños asociado a algunos lotes de fórmulas infantiles de la marca ALULA.Según la entidad, uno de los ingredientes utilizados en estas fórmulas estaría contaminado con una toxina producida por una bacteria, la cual podría causar afectaciones a la salud si el producto es consumido.El ingrediente comprometido es el ácido araquidónico (ARA), un tipo de grasa (omega-6) que se añade a las fórmulas infantiles como parte de su composición nutricional. Ante esta situación, el Invima recomendó suspender de inmediato la distribución y el consumo de los productos involucrados mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.No es la primera vez que el Invima emite alertas relacionadas con fórmulas infantiles en el país. En ocasiones anteriores, la entidad ha advertido sobre riesgos sanitarios asociados a estos productos, en algunos casos en respuesta a alertas internacionales por la comercialización irregular de fórmulas vinculadas a enfermedades graves.Estos son los lotes que contienen el ingrediente contaminadoEl Invima publicó a través de un comunicado un listado con los nombres de las fórmulas infantiles, los lotes y las fechas de vencimiento y distribución en el país, y recomendó a la ciudadanía retirar inmediatamente el consumo de estos productos si adquirieron estas leches de fórmula.La alerta aplica para las presentaciones de 200, 400, 800 y 900 gramos de las fórmulas ALULA Gold Premium y ALULA Gold Comfort Premium, ante lo que la entidad solicitó a padres de familia y cuidadores revisar cuidadosamente el número de lote del producto antes de usarlo para identificar si coincide con los incluidos en la alerta sanitaria:La entidad sanitaria también exhortó a la comunidad a suspender inmediatamente el consumo de cualquier presentación incluida en la alerta y a reportar el hallazgo de estos productos a las autoridades sanitarias competentes.Las autoridades recordaron que los lotes vinculados no deben ser comercializados en Colombia y que cualquier hallazgo en puntos de venta debe ser notificado para fortalecer acciones de vigilancia y control.¿Qué responde la empresa?Luego de la alerta del Invima, la empresa Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. anunció el retiro voluntario de varios lotes de leches infantiles de la marca Alula Gold Premium que se encontraban disponibles en farmacias, comercios minoristas y operadores logísticos del país.
Un desabastecimiento crítico de medicamentos atraviesa Colombia, denunció la representante a la Cámara Carolina Arbeláez Giraldo, con base en datos proporcionados por el Invima. La congresista aseguró que los pacientes con dificultades para acceder a tratamientos pasaron de 30.000 a más de 205.000.Según una gráfica publicada por Arbeláez en su cuenta de X, actualmente hay 15 medicamentos desabastecidos. Entre los más preocupantes se encuentra la fenitoína, usada para tratar epilepsia y convulsiones; el nifedipino, para pacientes con hipertensión y partos prematuros; la metilergometrina, para casos de hemorragia posparto; la fampridina, necesaria para esclerosis múltiple; la penicilina V para infecciones bacterianas; el quinapril para enfermedades cardiovasculares y la triamcinolona inyectable.En la publicación también advierte que otros nueve medicamentos están en riesgo de desabastecimiento. Entre ellos figuran el candesartán con hidroclorotiazida, usado para pacientes con hipertensión arterial; el rocuronio bromuro, necesario para cirugías, UCI e intubaciones; y la olanzapina inyectable, necesaria para atender crisis psiquiátricas severas.Además, la representante divulgó cifras de reclamos en salud con corte a septiembre de 2025, que dan cuenta de 205.542 quejas registradas por el Invima. A esto se suma la alerta de la Anif, que señala que las quejas al sistema crecieron un 80 %, y el reporte de Acemi sobre 1,7 millones de reclamos en un solo año, según la publicación en X.Arbeláez advirtió que cerca de 1,3 millones de pacientes podrían quedarse sin tratamientos de alto costo y que el sistema de salud enfrenta un déficit cercano a los $32 billones, un panorama que, según dijo, agrava la garantía del derecho a la salud en el país.
La crisis en la Nueva EPS continúa profundizándose, según denunció Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de esta entidad, durante una entrevista en El Radar en la que advirtió que la intervención estatal, lejos de mejorar la situación, ha generado un deterioro sin precedentes en la atención médica, la entrega de medicamentos y la estabilidad administrativa.Álvarez explicó que los problemas se agravaron desde que la EPS fue intervenida por el Gobierno en abril de 2024. “En este momento es una empresa que va sin control. Hay una rotación cada dos o tres meses de todos los directivos y no hay una política clara para manejar la crisis”, afirmó. Según el líder de pacientes, en menos de dos años han pasado cerca de siete interventores, lo que ha generado desorden, incumplimiento de acuerdos y pérdida de confianza por parte de los prestadores de servicios.Uno de los impactos más visibles, señaló, ha sido la interrupción en la entrega de medicamentos y la falta de atención médica oportuna. “Tenemos todos los pacientes un mes casi sin reclamar medicamentos, y el Ministerio y la Supersalud están en silencio. Nada pasa en este país con una violación tan sistemática de un derecho fundamental como es el derecho a la salud”, denunció Álvarez. A esto se suma la suspensión de diagnósticos, consultas y ayudas especializadas, lo que estaría afectando tanto a pacientes crónicos como a quienes requieren atención por primera vez.Sobre las explicaciones oficiales que atribuyen la crisis a embargos judiciales superiores a dos billones de pesos, el vocero fue enfático en rechazarlas. “Esto es una cortina de humo. Desde mucho antes la situación venía crítica, con cierres de servicios permanentes durante todo 2025 y ahora en 2026”, aseguró. En su concepto, el verdadero problema radica en el desorden administrativo, la insuficiencia de recursos y la falta de continuidad en la gestión.Álvarez también cuestionó la idoneidad de quienes han asumido la intervención. “Es absurdo que una empresa en crisis sea manejada por personas sin experiencia gerencial en organizaciones de esta dimensión. Las intervenciones nunca han servido para mejorar una EPS, siempre terminan en liquidación y deterioro del servicio”, advirtió.Frente a la posibilidad de un colapso definitivo de la Nueva EPS, el dirigente señaló que hablar de quiebra por los embargos es irresponsable, pues “el 80 % del giro directo sigue entrando al sistema”. Sin embargo, alertó que la falta de decisiones oportunas y el silencio de los entes de control están agravando el panorama.Finalmente, Álvarez fue crítico con los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la eventual liquidación de EPS intervenidas. “Es una irresponsabilidad política, ética y legal crear más incertidumbre en los pacientes. No se puede jugar con la salud de millones de personas”, concluyó.
Lo que parecía ser un episodio común de su ciclo menstrual terminó convirtiéndose en una emergencia médica que cambió por completo la vida de Shakira Gorman, una adolescente de 17 años residente en Banbury, Inglaterra. Durante dos días, la joven soportó un sangrado intenso que atribuyó a su periodo, sin imaginar que su cuerpo estaba enviando señales de una condición extremadamente grave.Según relataron sus familiares, Shakira era una joven activa, saludable y sin antecedentes médicos relevantes. Sin embargo, su estado empeoró de forma repentina: empezó a sentir dificultad para respirar y perdió sensibilidad en brazos y manos. Alarmados por la situación, sus familiares llamaron a una ambulancia que la trasladó inicialmente a un centro médico local.De acuerdo con su cuñada, Chelsea Coles, los médicos enfrentaron grandes dificultades para identificar qué ocurría. “Le hicieron múltiples exámenes y no encontraban una causa clara. Cuatro horas después tuvieron que remitirla de urgencia al Hospital John Radcliffe”, explicó. Esa misma noche, el dolor en el pecho y en todo el cuerpo se volvió insoportable, por lo que fue necesario sedarla para realizarle estudios más complejos.El diagnóstico llegó al día siguiente y fue devastador: Shakira había sufrido un accidente cerebrovascular espinal, una condición extremadamente poco común, especialmente en personas tan jóvenes. Un coágulo había bloqueado el flujo sanguíneo hacia su médula espinal, provocándole una parálisis casi total. De inmediato, fue ingresada a cuidados intensivos y conectada a un respirador, donde permaneció durante 15 días.Actualmente, la adolescente continúa bajo tratamiento con anticoagulantes, aunque los médicos aún no pueden determinar si logrará una recuperación completa. “El único síntoma previo que tenía era un leve dolor en el hombro y la espalda. Incluso el personal médico estaba desconcertado, porque este tipo de derrame es prácticamente inaudito en adolescentes”, señaló su cuñada.Según la organización Brain & Spine Foundation, los accidentes cerebrovasculares espinales representan apenas el 1,25 % de todos los derrames, lo que hace aún más excepcional el caso de Shakira. Hoy, la joven no puede hablar y se comunica con su familia mediante una pizarra y lectura de labios. Apenas logra mover algunos dedos y no tiene fuerza suficiente para usar su teléfono.El caso ha generado conmoción entre especialistas y familiares, quienes insisten en la importancia de prestar atención a síntomas inusuales, incluso cuando parecen comunes. Para la familia de Shakira, lo ocurrido es un llamado urgente a no subestimar ninguna señal del cuerpo, por más cotidiana que parezca.
La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) envió una carta al Ministerio de Salud en la que expone las dificultades financieras que enfrenta la red hospitalaria pública del país, asociadas al incremento del salario mínimo y a la acumulación de deudas por parte de las EPS. En carta conocida por Blu Radio, la asociación dirigió la comunicación al ministro de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, sin que hasta el momento se haya emitido una respuesta oficial.En el documento, fechado el 7 de enero de 2026, ACESI señala que el aumento del salario mínimo para este año, fijado en 1.746.882 pesos más auxilio de transporte, impacta de manera directa a las Empresas Sociales del Estado, donde los gastos de personal representan cerca del 70 % del presupuesto total. Según la asociación, el incremento del 22,7 % no ha estado acompañado de un ajuste proporcional en los ingresos de los hospitales públicos.La carta también advierte sobre el estado de la cartera hospitalaria. De acuerdo con la información expuesta, más del 60 % de las deudas que mantienen las EPS con los hospitales públicos supera los 360 días de mora y el monto total adeudado supera los 11 billones de pesos con corte a septiembre de 2025, situación que afecta el flujo de recursos para la operación de la red pública.Además, ACESI menciona casos en los que algunas EPS no habrían aplicado incrementos autorizados de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en vigencias anteriores, lo que habría generado mayores presiones financieras sobre varios hospitales del país.En el documento, ACESI denuncia que en departamentos como Boyacá y Santander algunas EPS, entre ellas Sanitas, no habrían aplicado el incremento autorizado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante 2025, pagando a hospitales públicos valores correspondientes a la vigencia 2024. Según la asociación, esta situación habría generado un déficit adicional cercano al 5,36 % en los recursos que debían recibir las instituciones por los servicios prestados.La comunicación también hace referencia a la Resolución 2605 de diciembre de 2025, que ordena la equiparación de la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del contributivo para 2026. Frente a esta medida, la asociación advierte que algunas EPS estarían ofreciendo incrementos cercanos al 3 %, lo que, según el documento, no se ajustaría a lo establecido en la normativa vigente ni a los pronunciamientos de la Corte Constitucional.Ante este panorama, la asociación solicitó al Ministerio de Salud la apertura de una mesa de trabajo para analizar el impacto del aumento salarial, el traslado efectivo de los recursos de la UPC y acciones frente a la cartera vencida. Hasta el momento, no se conoce respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
La Contraloría General de la República presentó un informe en el que evidencia el crecimiento de las deudas de las EPS con los hospitales públicos del país. De acuerdo con el documento, entre enero y septiembre de 2025 la cartera pasó de $12,5 billones a $16,28 billones, lo que representa un aumento cercano a $4 billones y un incremento del 30 % en solo nueve meses.En diálogo con Blu Radio, Julián Niño, contralor delegado para el sector salud, explicó que la información analizada proviene, entre otras fuentes, de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), gremio que agrupa a más del 50 % de estas instituciones.Según el funcionario, en el listado de mayores deudores aparece de manera recurrente la EPS más grande del país, responsable de la atención de más de 11 millones de afiliados, seguida por otras entidades como Avia Salud, Emsanar, Asmet Salud y Comparta, esta última ya liquidada.Niño indicó que, por el peso que tiene en el sistema, la Nueva EPS concentra una parte importante de la cartera reportada y señaló que la Contraloría realizará una aproximación adicional con la Superintendencia Nacional de Salud para revisar el comportamiento del resto de las EPS en materia de deuda. Frente a las causas del incremento, el contralor delegado explicó que el informe evidencia una disminución en el flujo de recursos frente a la facturación de los hospitales.Como ejemplo, detalló que en 2024 los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron pagos por $15,7 billones, equivalentes al 84 % de lo facturado, lo que dejó un rezago del 16 %. En contraste, entre enero y septiembre de 2025 la facturación fue cercana a $16,3 billones, pero los pagos alcanzaron solo $12,6 billones, lo que redujo el giro al 77 % y dejó un faltante del 23 %. Según la Contraloría, esta brecha impacta directamente la operación de las Empresas Sociales del Estado y las decisiones administrativas que deben tomar sus gerentes.El informe también identifica recursos disponibles en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), correspondientes a presupuestos máximos, que requieren gestión administrativa por parte de las EPS para su uso efectivo. Niño señaló que la próxima semana se adelantará una reunión con la ADRES para revisar esta situación y reiteró que, en el caso de la Nueva EPS, la Contraloría advierte la ausencia de estados financieros públicos desde 2023, lo que limita el conocimiento sobre su realidad financiera.Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Olga Lucía Zuluaga, afirmó que la Nueva EPS es una de las entidades con mayor nivel de deuda con la red pública, en parte por el alto número de usuarios que concentra y por la dependencia que tienen varios municipios del régimen subsidiado administrado por esta entidad. Según el gremio, entre 2024 y septiembre de 2025 la cartera con esta EPS aumentó cerca del 40 %.Zuluaga explicó que el cambio recurrente de agentes interventores ha dificultado la continuidad de los acuerdos de pago y señaló que, adicionalmente, se están devolviendo facturas completas a los prestadores, pese a que la normativa permite objeciones solo sobre servicios o valores específicos. Esta situación, afirmó, ha generado obstáculos para la conciliación de cuentas y acuerdos de pago, especialmente en las regiones.El gremio indicó que la asociación mantiene comunicación con la ADRES, aunque precisó que los giros dependen de las autorizaciones de las EPS, y confirmó que se solicitó al Ministerio de Salud la instalación de una mesa técnica para revisar la situación financiera de la red pública hospitalaria.
La eventual imposición de un arancel del 30 % a las exportaciones colombianas impactaría negativamente el envío de medicamentos a Ecuador y tendría efectos significativos sobre la industria farmacéutica nacional, advirtió Clara Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. De acuerdo con el gremio, Colombia exporta anualmente a ese país medicamentos por un valor cercano a los 50 millones de dólares, principalmente destinados al uso humano.Clara Rodríguez, presidenta de Ascif, señaló que un incremento de este nivel en los costos podría afectar de manera directa a las empresas colombianas, su competitividad en el mercado regional y la sostenibilidad de las exportaciones hacia Ecuador.De acuerdo con la dirigente gremial, el escenario planteado podría traducirse en una pérdida de participación en ese mercado, una afectación a la producción local y riesgos para la continuidad del abastecimiento de medicamentos fabricados en Colombia.Desde la asociación explicaron que el mercado ecuatoriano representa un destino relevante para varios laboratorios nacionales, en particular para aquellos que concentran su producción en medicamentos esenciales y de atención humana. En ese contexto, un cambio en las condiciones arancelarias modificaría las dinámicas comerciales y los costos de acceso para los productos colombianos.Rodríguez indicó que Asif mantendrá un seguimiento técnico permanente sobre la evolución de esta situación, con el fin de evaluar sus impactos y definir acciones orientadas a la protección de la industria farmacéutica nacional. El gremio señaló que este análisis incluirá el comportamiento del comercio bilateral, los efectos sobre la producción y las implicaciones para la cadena de suministro de medicamentos.La asociación reiteró que continuará participando en los espacios de diálogo técnico e institucional que permitan analizar las medidas comerciales y sus efectos sobre el sector farmacéutico, así como sobre el acceso y la disponibilidad de medicamentos producidos en el país.
La Contraloría reiteró la advertencia que había emitido desde 2023 sobre el grave deterioro en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria y amplió su llamado de atención al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la crisis financiera del sistema no solo persiste, sino que se ha agravado de manera significativa.De acuerdo con el más reciente análisis del ente de control, pese a que el giro directo de la Adres aumentó un 27.2 %, la deuda con los hospitales públicos creció de forma acelerada, al pasar de $12.5 billones en 2024 a $16.28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un incremento cercano al 30 % en solo nueve meses.“Persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluyendo las intervenidas, frente a servicios financiados con la UPC, lo que demuestra que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido insuficientes e ineficaces, confirmando el riesgo de pérdida de recursos públicos previamente advertido”, alertó la entidad.El informe también revela una distribución desigual de los recursos. En 2025, los prestadores privados recibieron el 67.7 % del giro directo, mientras que los hospitales públicos solo accedieron al 23.2 %, lo que profundiza la asfixia financiera de una red que presta servicios en más de 600 municipios, especialmente en zonas apartadas del país.“En 2024, los hospitales públicos facturaron $18.8 billones, pero solo recibieron pagos por $15.7 billones, equivalente al 84 %. Entre enero y septiembre de 2025, la situación empeoró: se facturaron $16.3 billones, pero solo se pagaron $12. 6 billones, es decir, el 77 %”, indicó el órgano de control.Por niveles de complejidad, la Contraloría alertó que la reducción en los pagos afecta a toda la red pública, con caídas significativas en los hospitales de nivel II y III, comprometiendo la sostenibilidad de servicios de mediana y alta complejidad.El ente de control también expresó su preocupación por la situación de Nueva EPS, que no presenta estados financieros desde 2023, pese a los reiterados requerimientos. Según la Contraloría, existen recursos de presupuestos máximos disponibles que podrían ser girados a las IPS para aliviar la crisis, especialmente en los niveles de baja complejidad.La Contraloría instó a la Supersalud y al Ministerio de Salud a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen un flujo oportuno de recursos y eviten un eventual colapso del sistema, que pondría en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
La Asociación de Sociedades Científicas (ASC) volvió a responder al Ministerio de Salud y aseguró que la respuesta entregada en el marco de una acción de tutela sobre los Equipos Básicos de Salud no atendió de forma exacta ni detallada las preguntas formuladas por el juez.De acuerdo con la ASC, la autoridad judicial ordenó que la información fuera sustentada en contrataciones reales y vigentes. Sin embargo, el Ministerio mencionó la conformación de 13.473 equipos, sin aclarar cuántos de estos se encuentran activos, vigentes o en operación, ni cómo están integrados actualmente.La asociación también cuestionó la diferencia en las cifras reportadas por la cartera de Salud. Señaló que en septiembre el Ministerio indicó que se habían girado recursos para 23.450 equipos, mientras que en la respuesta reciente no se explica qué ocurrió con cerca de 10.000 equipos ni se aclara el estado de su contratación o ejecución presupuestal.Otro de los puntos señalados tiene que ver con la conformación de los equipos. Según la ASC, el Ministerio describe perfiles posibles y hace referencia a esquemas de flexibilidad, pero no especifica cuántos profesionales integran efectivamente cada equipo ni cuántos están contratados por perfil, información que había sido solicitada expresamente en la tutela.En relación con los salarios, la asociación indicó que la orden judicial pedía claridad sobre las remuneraciones reales. No obstante, la respuesta oficial se limitó a presentar tablas de referencia, sin certificar si esos valores corresponden a lo que se paga efectivamente ni bajo qué modalidades contractuales.Sobre la vigilancia y control de la ejecución, la ASC señaló que el Ministerio atribuyó esta función a la Superintendencia Nacional de Salud, pero omitió mencionar que, de acuerdo con sus propios lineamientos, el Ministerio de Salud tiene un rol directo en el seguimiento del programa.Finalmente, la Asociación de Sociedades Científicas afirmó que será el juez quien determine si la respuesta del Ministerio cumple o no con lo ordenado en la tutela y si la información entregada satisface los criterios de claridad, precisión y detalle exigidos por la autoridad judicial.
Nueva EPS adelanta negociaciones con el gestor farmacéutico Colsubsidio y, de concretarse un acuerdo, retomaría la dispensación de medicamentos a sus afiliados a partir del 10 de febrero.La posible reanudación del servicio se daría luego de que Colsubsidio suspendiera la entrega de medicamentos desde el pasado 1 de enero, como consecuencia de una deuda que mantenía Nueva EPS con el gestor farmacéutico. Desde entonces, miles de pacientes han enfrentado dificultades para acceder a tratamientos, incluidos medicamentos de uso continuo y de alto costo.Tras la salida de Colsubsidio, Nueva EPS anunció la vinculación de nuevos gestores farmacéuticos para garantizar la entrega de medicamentos. Sin embargo, en la práctica, los pacientes reportaron que la dispensación no se normalizó y que, pese a las órdenes médicas vigentes, no recibieron los tratamientos formulados.La situación ha impactado a usuarios en al menos 11 departamentos del país, donde se han presentado quejas reiteradas por la falta de entrega de medicamentos y la ausencia de información clara sobre los puntos de dispensación habilitados. Asociaciones de pacientes han advertido sobre los riesgos que esta interrupción representa para personas con enfermedades crónicas y condiciones que requieren tratamientos permanentes.Fuentes cercanas al proceso indicaron que las conversaciones entre Nueva EPS y Colsubsidio buscan restablecer el servicio mientras se resuelven los compromisos financieros pendientes. No obstante, hasta el momento, la aseguradora no ha confirmado oficialmente los términos del eventual acuerdo ni los mecanismos para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos una vez se reactive la operación.Entre tanto, los usuarios continúan a la espera de una solución que permita normalizar el acceso a los tratamientos prescritos, mientras persisten las afectaciones en la red de dispensación en varias regiones del país.