El Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro condenó al exalcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas, por irregularidades en un contrato firmado en 2019 para el suministro de alimentación a miembros de la Policía Nacional que supuestamente prestaban apoyo en ese municipio de Santander.La decisión judicial fue anunciada durante la audiencia de lectura del sentido del fallo realizada el pasado 30 de abril de 2026, en la que el despacho judicial declaró la responsabilidad penal del exmandatario por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.El proceso se originó por un contrato suscrito entre la Alcaldía de San Gil y la fundación Fundasander por un valor cercano a los 130 millones de pesos. El convenio tenía como objetivo suministrar alimentación durante un mes a un grupo de uniformados que cumplirían labores específicas en el municipio.Sin embargo, según la investigación adelantada por las autoridades, las supuestas raciones alimentarias no habrían sido entregadas en las condiciones contratadas. Además, se estableció que varios de los policías que aparecían como beneficiarios no estaban prestando servicio en San Gil durante ese periodo. Algunos se encontraban de vacaciones e incluso otros ya estaban pensionados.Por estos hechos, también fue condenado el exsecretario de Gobierno de San Gil, Urbano Ballesteros, quien participó en el trámite y aprobación de los documentos relacionados con el contrato. En su caso, la condena corresponde al delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.El caso generó atención en Santander, debido a que, durante el proceso judicial, las defensas intentaron solicitar el vencimiento de términos para evitar una decisión de fondo. Además, trascendió que algunos de los implicados habrían intentado impedir la divulgación pública del avance del proceso.La condena también tuvo repercusiones políticas y administrativas. Esta semana, Ariel Fernando Rojas Rodríguez se apartó de sus funciones en el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, Indersantander.El proceso hace parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratación pública que han involucrado a exfuncionarios de distintos municipios de Santander, especialmente en contratos relacionados con prestación de servicios y manejo de recursos públicos.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció la realización de la primera jornada masiva denominada “Gran Matriculatón”, una estrategia liderada por la Secretaría de Educación para facilitar el acceso de niños, jóvenes y adultos al sistema educativo oficial de la ciudad.La actividad busca beneficiar especialmente a estudiantes que actualmente se encuentran desescolarizados y desean retomar sus estudios en instituciones públicas del municipio.La jornada se llevará a cabo el próximo 22 de mayo, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en el Parque García Rovira, frente a la Alcaldía de Bucaramanga.Durante el evento habrá cupos disponibles en diferentes instituciones educativas oficiales, dependiendo del grado requerido por cada estudiante. Además, la administración municipal informó que los adultos y adultos mayores que no hayan culminado la primaria o el bachillerato podrán acceder a programas gratuitos de educación flexible a través de los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI).Entre los requisitos exigidos para el proceso de matrícula están el documento de identidad del estudiante, certificado vigente de afiliación a salud, último boletín de calificaciones, certificado del último año aprobado y documento de identidad del acudiente.La Secretaría de Educación indicó que los interesados podrán consultar previamente la disponibilidad de cupos mediante el código QR habilitado por la entidad o a través de la página oficial de la Secretaría de Educación de Bucaramanga.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga adelantó una jornada de limpieza y recuperación ambiental en el Lago de las Babillas, ubicado en el sector de Lagos del Cacique.Durante la intervención, uniformados y miembros de la comunidad realizaron labores de aseo, ornato y descontaminación del ecosistema, con el propósito de preservar este espacio natural y proteger las diferentes especies de fauna que habitan en la zona.Según informó la institución, en el lago habitan animales silvestres como babillas, iguanas, tortugas, peces y ardillas, además de aves como mirlas, azulejos y canarios costeños, que encuentran en este lugar un entorno natural para su conservación.Las actividades incluyeron recolección de residuos y adecuación de áreas verdes, buscando recuperar las condiciones ambientales del lago y fomentar el cuidado de este pulmón ecológico de Bucaramanga.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor Daniel García Acevedo, destacó la importancia de proteger estos espacios naturales y fortalecer la cultura ambiental entre los ciudadanos.“Cuidar nuestros entornos naturales también es construir seguridad y convivencia. Invitamos a toda la ciudadanía a proteger estos espacios, respetar la fauna y contribuir con pequeñas acciones al cuidado del medio ambiente”, señaló el oficial.Finalmente, la Policía hizo un llamado a la comunidad para evitar arrojar residuos en fuentes hídricas y promover acciones de conservación que permitan garantizar la protección de los ecosistemas urbanos de la capital santandereana.
Una mujer de 36 años fue capturada en flagrancia en Bucaramanga, señalada de exigir dinero a un funcionario del sector salud a cambio de no atentar contra su integridad y la de una mujer embarazada. El operativo fue adelantado por el Gaula de la Policía Metropolitana en el centro de la ciudad. Según las autoridades, la captura se produjo en medio de un procedimiento controlado cuando la mujer recibía 2 millones de pesos, producto de una exigencia económica y extorsión realizada a la víctima. La investigación permitió establecer que el funcionario ya habría entregado cerca de 11 millones de pesos en pagos anteriores bajo presiones y amenazas. De acuerdo con la información oficial, la mujer presuntamente exigía un total de 20 millones de pesos y utilizaba el nombre de la estructura criminal “Conquistadores de la Sierra” para intimidar a la víctima y obtener beneficios económicos ilegales.Durante el operativo fueron incautados 2 millones de pesos en efectivo y un teléfono celular que, según las autoridades, era utilizado para ejecutar la actividad delictiva. El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor Daniel García Acevedo, señaló que continúan las acciones contra la extorsión en el área metropolitana y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos ante las autoridades.La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que la presentará ante un juez para definir su situación judicial. Las autoridades han advertido sobre el aumento de casos de extorsión en Bucaramanga y su área metropolitana, especialmente mediante llamadas, mensajes y amenazas en nombre de grupos criminales. El Gaula reiteró la recomendación de no entregar dinero y denunciar inmediatamente cualquier exigencia económica o intimidación a través de las líneas oficiales de atención.
Una red señalada de dedicarse a la falsificación y distribución de moneda y billetes de lotería en distintas regiones del país fue desmantelada. En medio de operativos realizados en Bogotá, Cali y Medellín, las autoridades capturaron y judicializaron a seis presuntos integrantes de esta estructura criminal.Según la investigación de la Fiscalía, la organización habría operado a gran escala mediante la fabricación de billetes falsos y loterías adulteradas, que luego eran distribuidas utilizando canales del comercio formal, entre ellos empresas de mensajería y vendedores de lotería.Entre los capturados está Héctor Fabio Ramírez, alias “El Motas”, señalado de coordinar la distribución del dinero falsificado. También fue judicializado Kevin Correa Cabrera, quien presuntamente diseñaba y elaboraba el material ilícito aprovechando su relación con un establecimiento de impresión.Las autoridades, además, identificaron a Juan José Cárdenas Candela, alias “Muelas”, como el posible encargado de conseguir los insumos para la producción ilegal, mientras que Dagoberto William León Ruiz, alias “Dago”, sería uno de los responsables de falsificar billetes de lotería.En el caso de Medellín, la Fiscalía señaló a los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno de utilizar un negocio relacionado con juegos de suerte y azar como fachada para comercializar el material fraudulento a través de loteros.En medio del allanamiento y registro, las autoridades encontraron billetes falsificados de 20 mil, 50 mil y 100 mil pesos que sumaban más de 57 millones de pesos. También fueron incautados 56.330 dólares y 412 billetes de lotería adulterados, correspondientes a sorteos programados en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, entre otros departamentos.Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a las seis personas delitos como falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito del monopolio rentístico y falsedad en documento público. Cinco de ellos fueron enviados a la cárcel y la sexta persona fue enviada a casa por cárcel mientras avanza el proceso.
El ciclista francés Paul Magnier se impuso en un ajustadísimo esprint en la tercera etapa del Giro de Italia, la última disputada en Bulgaria, de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, después de neutralizar una fuga que estuvo a punto de llegar a buen puerto.El uruguayo Thomas Silva, del XDS Astana, consiguió conservar el maillot rosa de líder de la carrera que había obtenido al imponerse en la jornada del sábado. El italiano Jonathan Milan (Lidl) fue segundo en el esprint y el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), tercero.En un día relajado para el grueso del pelotón, la fuga del día, compuesta por Manuele Tarozzi(Bardiani), Alessandro Tonelli y el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), vestido con el maillot azul de líder de la montaña, no fue neutralizada hasta que faltaron alrededor de 300 metros para la meta.A la llegada, con los últimos 150 metros sobre adoquines y el recuerdo de los accidentes en las dos etapas anteriores, el pelotón llegó desdibujado, sin organización. Los trenes de lanzamiento arrancaron el esprint desde muy lejos, y volvió a imponerse, como el primer día de este Giro, Paul Magnier.
Bancolombia empezó a hacer cambios importantes que llaman la atención de millones de colombianos que reciben o envían dinero día a día. La entidad dio a conocer que los códigos QR que usan personas y negocios recibirán una actualización y quedarán conectados directamente a Bre-B.La novedad no busca hacer desaparecer los códigos actuales de un día para otro, pero sí obliga a que los usuarios hagan ajustes si quieren seguir usando este mecanismo de cobro o transferencia sin inconvenientes.El cambio, de acuerdo con lo explicado por la entidad, tiene la tarea de ampliar las opciones de pago y facilitar transacciones en tiempo real entre las diferentes entidades bancarias que hay en Colombia.Bancolombia anuncia cambios en servicios de pagoLos primeros cambios cobijan a quienes usan los códigos QR desde la App Mi Bancolombia para recibir dinero, ya sea de familia, amigos o conocidos. Ahora los códigos harán parte de Bre-B y quedarán vinculados directamente a las llaves que cada cliente tenga registradas en el banco.Es decir, esto permitirá recibir pagos desde cualquier entidad que se encuentre en el sistema interoperable. La modificación hace que el QR deje de funcionar solo dentro del sistema bancario tradicional y pueda operar bajo una lógica más abierta e inmediata.Para quienes ya tienen el código guardado en la galería del celular sí habrá un cambio importante. Ese QR debe ser actualizado. El proceso, de acuerdo con la entidad, consiste en entrar a la aplicación, tocar el botón de códigos QR y generar uno nuevo. También puede hacerse desde la opción “Tu Llavero”, dentro del botón Bre-B.Así funcionan desde ahora estos pagosLos negocios también entran en estos cambios. Hasta ahora, muchos comercios que ya operaban con Bre-B usaban la llave “código de negocio” para recibir pagos. Desde ese punto, ahora podrán sumar otras alternativas de identificación.Bancolombia habilitó opciones como llave alfanumérica, correo electrónico, NIT, cédula para independientes y hasta número de celular. La idea es que cada negocio tenga más caminos para cobrar y que sus clientes los puedan identificar con mayor facilidad.Sin embargo, hay un detalle importante. Si un comercio decide cambiar la llave que ya tenía registrada, el código QR asociado, digital o físico, se desactivará automáticamente y deberá ser reemplazado en el punto de venta.Qué deben tener en cuenta clientes y negocios de BancolombiaLa entidad también lanzó una advertencia de seguridad. Recordó que nunca pedirá por llamadas, mensajes, correos o enlaces confirmar, cancelar o modificar llaves y códigos QR.Además, insistió en que antes de hacer cualquier transferencia conviene revisar que el nombre que aparece en pantalla corresponda realmente a la persona o negocio correcto.
Hasta el próximo 22 de mayo fue el plazo estipulado por la Gobernación del Atlántico para que las EPS que operan en el departamento firmen contratos con los hospitales públicos locales y garanticen atención médica completa a sus afiliados sin necesidad de desplazarse a Barranquilla.De esa manera fue establecido por el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, tras liderar una mesa de trabajo con representantes de las EPS y las Empresas Sociales del Estado, llamadas ESE. Allí, remarcó la necesidad de que las aseguradoras tengan los servicios y tecnología necesaria para que no pierda a sus pacientes.“No podemos estar diciéndole a un paciente que vaya a otro municipio o a otra ciudad porque no podemos hacer un examen de laboratorio o un estudio”, afirmó el funcionario, subrayando que los servicios deben resolverse en el territorio donde vive el usuario.En ese sentido, la Secretaría reiteró que las EAPB, conocidas como EPS, deben garantizar la disponibilidad de todas las tecnologías y servicios de salud en el municipio de residencia del afiliado, con el fin de evitar traslados innecesarios que representan costos adicionales y riesgos para las familias.El secretario de Salud departamental explicó que, además, es fundamental avanzar en el ajuste del valor por usuario conforme al incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), así como en el mejoramiento de la cápita para los servicios de urgencias. De igual forma, señaló la necesidad de que se contrate servicio de certificación de defunción domiciliaria por parte de médicos en los municipios. "Para que estas familias no padezcan además una situación engorrosa y no tener quién haga un acta de defunción en su casa”, explicó el secretario Fajardo Jordán quien además resaltó la importancia de humanizar la atención incluso en momentos críticos.En cuanto al fortalecimiento de la red pública, la Gobernación confirmó que las 20 nuevas ambulancias gestionadas estarán destinadas exclusivamente a las ESE para el traslado asistencial básico, priorizando remisiones hacia centros de mayor complejidad en Sabanalarga y Soledad, y solo en casos estrictamente necesarios hacia Barranquilla por evento.Desde el sector asegurador, Carmen Julia Niño Pantoja, gerente de Mutualser para el Atlántico, informó que su entidad ya cuenta con un 98 % de contratación en el departamento, habiendo cerrado mesas de negociación con 12 de los 14 municipios donde operan, quedando solo dos acuerdos pendientes por firmar.Pier Angeli Velasco, gerente de la ESE Hospital de Ponedera, resaltó la necesidad de mejorar las tarifas contractuales por parte de las EPS al momento de contratar con las Empresas Sociales del Estado. "Los gerentes de los hospitales tenemos que preocuparnos por mejorar las tarifas, porque si tenemos una mejor tarifa, un mejor pago, vamos a prestar unos servicios con mayor calidad", puntualizó.Asimismo, se estableció la necesidad de garantizar servicios básicos de consulta externa y apoyo diagnóstico en cada municipio, incluyendo medicina general, odontología, laboratorio clínico, rayos X y atención complementaria como psicología, nutrición y terapias.
Tras un Consejo Extraordinario de Seguridad, autoridades en Bello anunciaron recompensa de 30 millones de pesos por información para esclarecer los homicidios de Sandra Cecilia Nogales, lideresa social, y Mariana Ballesteros Restrepo, mujer trans asesinada esta semana en el municipio.La reunión contó con la participación de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Gobernación de Antioquia y diferentes dependencias de la Alcaldía de Bello y se analizaron los homicidios ocurridos el 5 y 7 de mayo en los barrios Las Vegas y Villa Linda respectivamente.A parte de la recompensa, la reunión entre autoridades sirvió para exponer avances en las investigaciones de los dos homicidios como lo detalló la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina."Durante este Consejo Extraordinario de Seguridad, la SIJIN de la Fiscalía y el CTI de la Fiscalía expusieron las líneas de investigación que permitirán identificar a quiénes serían los responsables de estos asesinatos, además de las hipótesis sobre sus móviles", explicó la mandataria.Como parte de las medidas adoptadas tras el Consejo de Seguridad, las autoridades anunciaron el refuerzo de los operativos de control y seguridad en los sectores donde ocurrieron los crímenes, con acciones como patrullajes conjuntos y permanentes entre la Policía y el Ejército.Además, la alcaldía informó que este año no se han activado rutas de atención para líderes comunales ni para población LGBTIQ+ en el municipio. Sin embargo, desde la Gobernación de Antioquia se propuso implementar medidas de protección para los familiares de Sandra Nogales.Pese a estos dos mencionados homicidios, las autoridades aseguran que el municipio pasó de 13 a 8 asesinatos frente al mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución del 38,46 % en este delito.
Dos hombres fueron condenados en Santander por hechos de violencia ocurridos en Bucaramanga y Barrancabermeja, luego de aceptar su responsabilidad en ataques que dejaron personas heridas y que fueron investigados por la Fiscalía General de la Nación.En uno de los casos, un juez de conocimiento condenó a 9 años y 6 meses de prisión a Julián Enrique Ballestas Ramírez, señalado de participar en un ataque armado ocurrido el 11 de enero de 2026 en inmediaciones del barrio Colombia, en Barrancabermeja.Según la Fiscalía, el hecho fue atendido por uniformados de la Policía que se encontraban cerca del lugar y que iniciaron una persecución contra los presuntos responsables, quienes escapaban en motocicleta. Durante el procedimiento, las autoridades observaron que Ballestas Ramírez lanzó un objeto hacia una vivienda, el cual posteriormente fue identificado como un arma de fuego.El procesado aceptó cargos por homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, mediante un preacuerdo avalado por un juez.En otro caso, Brennis Alexis Martínez Díaz, de 23 años, fue condenado a 8 años y 7 meses de prisión por intentar asesinar a otro hombre en Bucaramanga. Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2025 en el sector de Café Madrid.La investigación estableció que Martínez Díaz atacó a la víctima con un arma cortopunzante y, aunque las heridas fueron de gravedad, la rápida atención médica permitió salvarle la vida.El hombre aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, a través de un acuerdo con la Fiscalía que posteriormente fue aprobado por el juez del caso.Las autoridades judiciales han reiterado que este tipo de condenas hacen parte de las acciones para enfrentar los delitos violentos en Santander, donde en los últimos meses se han incrementado los casos relacionados con ataques armados, riñas y hechos de intolerancia en Bucaramanga, Barrancabermeja y otros municipios del departamento.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, SNTT de Colombia, denunció el grave deterioro, abandono e inseguridad que enfrenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, en el área metropolitana de Bucaramanga. A través de una comunicación enviada a entidades nacionales, departamentales y municipales, el sindicato advirtió sobre posibles riesgos para usuarios y trabajadores, así como un eventual detrimento patrimonial por el estado de la infraestructura del sistema.La organización sindical señaló que estaciones, portales y zonas de acceso del sistema presentan problemas de vandalismo, hurtos y presencia permanente de habitantes de calle y delincuencia común. Entre los puntos críticos mencionados están las estaciones de Provenza, San Mateo, los portales de Girón, Piedecuesta, Norte y UIS, donde incluso se han registrado incendios recientes y daños a la infraestructura pública.Según el documento, los usuarios que utilizan las rutas complementarias y el esquema transitorio SITME deben exponerse diariamente a condiciones inseguras para movilizarse. El sindicato advirtió que algunas estaciones se encuentran deterioradas y sin condiciones mínimas de salubridad, vigilancia y mantenimiento, mientras que trabajadores de taquillas y personal administrativo también enfrentan riesgos durante sus jornadas laborales.El sindicato de Metrolínea aseguró que la crisis financiera se ha agravado por retrasos en la transferencia de recursos por parte de entidades territoriales. En particular, mencionó dificultades relacionadas con el Convenio Interadministrativo 119 de 2025, firmado entre la Alcaldía de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga para financiar la primera fase de transición del sistema con recursos superiores a los 8.300 millones de pesos.De acuerdo con el sindicato, los retrasos en el desembolso de recursos han generado problemas en el pago de salarios y honorarios de conductores y personal operativo, situación que ha provocado suspensiones parciales del servicio y protestas laborales.La denuncia también cuestiona la falta de voluntad política y la ausencia de metas claras sobre Metrolínea en algunos planes de desarrollo municipales, lo que, según el sindicato, dificulta la obtención de recursos para garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte masivo.En el documento, el SNTT pidió a la Procuraduría abrir investigaciones disciplinarias por posibles omisiones de funcionarios públicos y solicitó a la Contraloría adelantar auditorías e investigaciones fiscales por el deterioro de la infraestructura financiada con recursos públicos. Además, pidió a la Policía Metropolitana reforzar la seguridad en estaciones y portales, y a los concejos municipales y la Asamblea de Santander realizar debates de control político sobre la crisis del sistema.La organización sindical también solicitó a las alcaldías del área metropolitana y al Área Metropolitana de Bucaramanga garantizar recursos para cubrir el déficit operativo de Metrolínea y adoptar medidas contra el transporte informal y la piratería.La crisis de Metrolínea se mantiene como uno de los principales desafíos de movilidad en Bucaramanga y su área metropolitana. Durante los últimos años, el sistema ha enfrentado problemas financieros, reducción de flota, cierre de estaciones y dificultades operativas que han afectado a miles de usuarios en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Un grave hecho de intolerancia se registró en la vereda Ejidos, zona rural del municipio de Vélez, donde una situación que inició con el ataque de un canino terminó escalando hasta la muerte del animal y la captura de un hombre de 30 años.El caso comenzó cuando un perro de raza criolla mordió a una mujer de 61 años, generando la intervención de la Policía. Uniformados acudieron al sitio y, en aplicación de la Ley 1801 de 2016, impusieron un comparendos a la propietaria del animal por la falta de control y responsabilidad.Sin embargo, horas después se presentó el hecho más grave. Según las autoridades, el hijo de la mujer afectada ingresó de manera violenta a la vivienda donde se encontraba el canino y le causó la muerte utilizando un arma, en un acto que fue calificado como justicia por mano propia.La reacción de la Policía permitió la captura en flagrancia del señalado agresor, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su proceso de judicialización.El caso generó rechazo por parte de las autoridades, quienes advirtieron sobre las consecuencias de este tipo de conductas.“Ninguna situación justifica la justicia por mano propia ni el ensañamiento contra un ser sintiente. La violencia solo agrava los conflictos y constituye un delito”, señaló el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.El hecho ha causado impacto en la comunidad, no solo por la muerte del animal, sino por la forma en que una situación de convivencia terminó convertida en un proceso penal.
Un trágico hecho se registró en el municipio de Barichara, Santander, donde perdió la vida Néstor Vesga Chaco, sobrino del exalcalde Iván Alfonso López Vesga, luego de sufrir un aparente paro cardíaco mientras participaba en un partido de microfútbol.De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, la emergencia ocurrió en medio del encuentro deportivo, cuando el hombre, de 37 años, se desplomó en la cancha, generando la reacción inmediata de las personas presentes.El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, Marcos Angarita, confirmó la atención: "Se realizaron maniobras de reanimación en el sitio, para posteriormente trasladarlo al centro asistencial del municipio". Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento".El hecho ha generado consternación en Barichara, donde el fallecido era ampliamente reconocido y apreciado por la comunidad.En redes sociales, familiares, amigos y conocidos han expresado su profundo dolor por la repentina partida. En múltiples mensajes lo recuerdan como una persona trabajadora, sencilla y comprometida con su familia y su oficio.“Cómo quedamos los amigos, tanta vida que tenía por delante, que Dios ilumine a todo aquel que conoció a Néstor”, se lee en una de las publicaciones, donde también lo describen como “un buen muchacho de Barichara, trabajador y muy apreciado”.En otros mensajes, allegados lo evocan como un hombre noble y cercano: “Me quedo con el muchacho que disfrutaba de la vida en las cosas más sencillas, con el trabajador, con el que quería superarse, con el buen hijo, el excelente amigo, el buen hermano y el buen papá”.Las muestras de solidaridad continúan en redes sociales, donde la comunidad acompaña en el dolor a su familia en este momento de duelo.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años al exconcejal de Lebrija, Santander, Alexander Porras Marín, tras hallarlo responsable de apropiarse irregularmente de recursos públicos mientras se desempeñaba como presidente del Concejo Municipal.En el fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga concluyó que entre julio y agosto de 2023 el entonces cabildante dispuso irregularmente de dinero perteneciente a la corporación, mediante el giro de dos cheques debitados de la cuenta corriente institucional que se encontraba bajo su custodia y administración.El Ministerio Público determinó que con estas actuaciones el exconcejal vulneró los principios de moralidad y legalidad en la función pública, calificando la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.El exconcejal Alexander Porras Marín habría utilizado su posición como ordenador del gasto para apropiarse indebidamente de siete millones de pesos, a través de la expedición de dos cheques.Según las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales, entre los meses de julio y agosto de 2023, Porras Marín habría utilizado su posición como ordenador del gasto para apropiarse indebidamente de siete millones de pesos, a través de la expedición de dos cheques.La Fiscalía determinó que dichos cheques fueron cobrados por la entonces secretaria del concejo, Jennifer Angarita, quien también fue judicializada por su posible responsabilidad en estos hechos.Por este caso, la Fiscalía General de la Nación imputó a Porras Marín y a Jennifer Angarita por los delitos relacionados con presuntos actos de corrupción en el manejo de los recursos del Concejo de Lebrija. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias adelantadas ante un juez de control de garantías.La decisión de la Procuraduría se conoce en medio de varios escándalos por presuntas irregularidades administrativas y casos de corrupción que han sido investigados en diferentes corporaciones públicas de Santander.
El brote de hantavirus, identificado en el crucero MV Hondius y que ha generado atención internacional, volvió a poner sobre la mesa la importancia de la prevención, la información basada en evidencia científica y la vigilancia epidemiológica frente a este tipo de infecciones.El doctor Carlos Solórzano, infectólogo del Hospital Internacional de Colombia, HIC, explicó que el hantavirus no es una enfermedad nueva y que desde hace décadas se han identificado casos en diferentes países del continente americano.“El hantavirus, básicamente, es un virus que se transmite por medio de la inhalación de excremento y orina de las ratas. Tiene una ubicación geográfica específica, sobre todo en Sudamérica, especialmente en Argentina”, señaló el especialista.Según explicó el médico, el brote reportado en el crucero internacional estaría relacionado con la cepa Andes, una variante particular del virus que sí tiene capacidad de transmisión entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado.“En este caso, como ocurrió en este barco, las personas están mucho más juntas y eso facilita la transmisión. La cepa Andes tiene mayor capacidad de transmisión persona a persona”, indicó.El especialista aclaró que, aunque puede tratarse de una infección grave, actualmente las autoridades sanitarias mantienen seguimiento epidemiológico y monitoreo permanente de las personas expuestas.Además, insistió en que la prevención sigue siendo la herramienta más importante para reducir riesgos de contagio, especialmente en espacios cerrados o con alta concentración de personas.“Lo que nos enseñó el COVID es que, independientemente del riesgo de viajar, hay infecciones que comparten mecanismos de transmisión persona a persona. Por eso el lavado constante de manos y el uso de mascarilla en lugares concurridos siguen siendo medidas útiles”, afirmó.El infectólogo también hizo un llamado a evitar la desinformación y no generar pánico a partir de cadenas, audios o publicaciones sin respaldo científico.“Debemos hacer conciencia, pero no alarmarnos. Es importante consultar fuentes oficiales como el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud o la Organización Mundial de la Salud y no basarnos en videos o publicaciones sin justificación científica”, puntualizó.Finalmente, el especialista reiteró que el conocimiento, la prevención y la información verificada continúan siendo las principales herramientas para enfrentar este tipo de enfermedades infecciosas.
Luego de más de dos días de angustiosa búsqueda en el páramo de Santurbán fue encontrado con vida Luis Frederick David Escobar, estudiante de Biología de la Universidad Industrial de Santander, quien había desaparecido el pasado viernes durante una salida académica en zona rural del municipio de Santa Bárbara, Santander.La desaparición del joven de 21 años ocurrió mientras realizaba prácticas universitarias junto a otros estudiantes en el ecosistema altoandino. Según las versiones conocidas, Luis decidió continuar el ascenso hacia una zona más alta del páramo y, tras separarse del grupo, no volvió a tener contacto con sus compañeros.Desde el mismo viernes en la noche comenzaron las primeras labores de búsqueda por parte de campesinos y habitantes de Santa Bárbara, quienes recorrieron caminos rurales, montañas y zonas boscosas tratando de ubicarlo en medio de las difíciles condiciones del terreno y las bajas temperaturas del páramo.Durante toda la jornada del sábado, la comunidad continuó la búsqueda de manera incansable hasta cerca de las 11:30 de la noche. Los habitantes utilizaron señales de pólvora y luces para intentar comunicarse con el estudiante y alertarle que estaban buscándolo. Además, marcaron sectores ya recorridos para descartar zonas y concentrar el rastreo en los puntos donde existía mayor probabilidad de encontrarlo.La emergencia llevó a que desde las 6:00 de la mañana del domingo se activara un operativo especializado de búsqueda y rescate con apoyo del Ejército Nacional, Defensa Civil, Ponalsar, operadores de drones, Gestión del Riesgo, Alcaldía de Santa Bárbara, comunidad campesina y personal de la UIS.En total, 74 personas participaron en el operativo coordinado desde un Puesto de Mando Unificado, PMU, instalado por organismos de socorro y la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres antes del ingreso a la zona paramuna.Finalmente, las labores permitieron ubicar al joven en el punto geográfico 7°02'27.0"N - 72°52'55.2"W, en una zona montañosa de difícil acceso del páramo de Santurbán.Uno de los momentos más conmovedores ocurrió, cuando Luis Frederick logró enviar audios a su abuela relatando lo sucedido.“Me caí por un precipicio y llevo varios días caminando, pero ya estoy bien. Creo que encontré el camino. Te amo mucho y siempre te pensé mientras caminaba”, expresó el estudiante entre lágrimas.En la base del PMU permanecían ambulancias y personal médico preparados para asistirlo una vez fuera localizado. Sin embargo, Luis Frederick logró descender por sus propios medios hasta el punto de encuentro instalado por las autoridades.Según el reporte preliminar de los organismos de socorro, el estudiante se encuentra estable de salud tras sobrevivir varios días en el páramo de Santurbán.
Incertidumbre y desesperación vive una familia en el municipio de Girón, Santander, tras la desaparición de una adolescente de 13 años de quien no se tiene información desde el pasado 7 de mayo, en la vereda Acapulco.Según relató Emerson Sanabria, tío de la menor, la niña salió de su vivienda, luego de pedir permiso a su madre para encontrarse con unas amigas, como lo hacía habitualmente,sin embargo, nunca regresó a casa.“Aproximadamente, a las 5:00 de la tarde, le pidió permiso a la mamá para salir con unas amigas, la mamá le dijo que sí y le dio dinero para que comieran algo, incluso la mamá habló con ella sobre las 5:40 y la niña le dijo que ya iba para la casa, pero no llegó”, explicó el familiar.La preocupación aumentó cuando la madre comenzó a llamarla insistentemente sin obtener respuesta, desde ese momento, la familia inició la búsqueda y dio aviso a las autoridades.La única pista conocida hasta ahora es que varias personas aseguraron haber visto a la menor abordando un vehículo de transporte conocido como “flota Cachira” hacia las 6:00 de la tarde del mismo día de su desaparición, en la vereda.La adolescente tiene 13 años, piel blanca con pecas y cabello castaño claro, sus familiares piden apoyo ciudadano para obtener información que permita establecer su paradero.“Ya se informó a las autoridades, con la Sijín y la Policía se inició la búsqueda, sin embargo, también hemos recibido llamadas extorsivas con información falsa de personas tratando de aprovecharse de la situación”, denunció Emerson Sanabria.Las autoridades avanzan en la recolección de cámaras de seguridad, entrevistas y rastreo de información para tratar de ubicar a la menor, se habló con la amiga con la que estaba, mientras la familia hace un llamado urgente a la ciudadanía para reportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.
Un preocupante panorama de expansión de grupos armados ilegales y aumento de la violencia en Santander fue advertido por el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso, que alertó sobre el fortalecimiento del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y la persistencia del ELN en varias regiones del departamento.Según Juan Esteban Arenas Pérez, analista del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso, el informe anual de violencia de 2025 evidenció un aumento del control territorial de estructuras armadas ilegales ligadas a economías ilícitas, especialmente en la provincia Yariguíes, Bajo Rionegro y zonas del Magdalena Medio santandereano.“El informe anual de 2025 sobre violencia en Santander evidencia, a través de la categoría de violencia política, la presencia de actores ilegales y las economías ilícitas que confluyen en el departamento”, explicó el analista.Arenas Pérez aseguró que el Clan del Golfo mantiene presencia y control sobre amplias zonas rurales, mientras las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada avanzan hacia esos mismos territorios, configurando un escenario de riesgo por posibles confrontaciones armadas.“Ya hemos visto posicionamiento y control de grupos armados, específicamente del Clan del Golfo, y la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada configura un escenario donde puede darse un escalamiento abierto de la violencia”, indicó.La alerta se conoce luego de que se reportaran cuatro asesinatos en tres corregimientos de Bajo Rionegro, hechos que, según el observatorio, reflejan una reconfiguración del conflicto armado en Santander.El Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso también denunció que en algunas zonas rurales los grupos ilegales estarían imponiendo normas de conducta, amenazas y castigos contra la población civil, afectando principalmente a líderes comunales, comerciantes, ganaderos y campesinos.“Incluso, el Clan del Golfo ha desplegado normas de conducta para la población y metodologías de control social enfocadas en amenazas y castigos. Muchas de estas situaciones no se denuncian porque son territorios aislados y con poca presencia institucional”, agregó.Además, el informe advierte sobre la permanencia del ELN en el sur y suroccidente de Santander, donde se han registrado secuestros y asesinatos en municipios como Coromoro.Finalmente, la Corporación Compromiso hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades para reforzar la presencia institucional y evitar una escalada mayor de violencia en el Magdalena Medio y otras regiones del departamento.
Luis Frederic Escobar, estudiante de 21 años de la Universidad Industrial de Santander, completa más de 48 horas desaparecido en zona del páramo de Santurbán, en jurisdicción del municipio de Santa Bárbara, Santander, mientras participaba en una salida académica de biología.El joven realizaba labores de recolección de muestras del ecosistema junto a otros seis estudiantes cuando, según versiones entregadas por la comunidad, decidió apartarse del grupo para continuar el ascenso hacia una zona más alta del páramo y desde entonces se desconoce su paradero.Janet Tarazona, líder del municipio, confirmó que habitantes de la zona se han unido a las labores de búsqueda junto con organismos de socorro y autoridades.“Sobre las 11:30 de la noche se avistó una linterna o una luz en la parte alta de una montaña. Estamos a la espera de más grupos de búsqueda. Ya inició la búsqueda en volcanes, es una zona muy boscosa y con diversidad de páramos”, indicó.De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los siete estudiantes llegaron hasta un punto del recorrido donde Luis Frederic manifestó su intención de continuar subiendo hacia el páramo mientras el resto del grupo esperaba su regreso. Sin embargo, el joven no volvió al sitio acordado y sus compañeros decidieron retornar y alertar a las autoridades.La comunidad también reveló que el estudiante habría alcanzado a comunicarse con su abuela, a quien le manifestó que ya había ascendido cerca de 3.600 metros y que pretendía llegar a los 4.000 metros de altura para alcanzar la Laguna de Los Tutos.Las labores de búsqueda se extendieron hasta las 3:00 de la madrugada con apoyo de habitantes del sector, quienes utilizaron pólvora y señales visuales para intentar marcar zonas ya recorridas y orientar la ubicación del joven, quien permanece a la intemperie.“Él está acompañado de dos perros de la zona, pero no lo hemos podido ubicar. Ya llegó la Defensa Civil al parque principal del municipio”, agregó la líder comunitaria.Este domingo, las operaciones de rastreo fueron reanudadas por organismos de socorro, Defensa Civil y comunidad campesina en medio de las difíciles condiciones del terreno y las bajas temperaturas características del complejo páramo de Santurbán.
Casi un mes después de que el paro campesino bloqueara por seis días consecutivos las vías principales de Santander, la revisión de los avalúos catastrales motivo central de la protesta comienza a mostrar resultados. El gobernador del departamento, Juvenal Díaz, confirmó que ya se registra la verificación de estos valores en 16 municipios de la región.El mandatario departamental aseguró que, tras un trabajo articulado con los alcaldes locales, se han logrado reducciones significativas en los cobros que los manifestantes tildaron de "desorbitantes". Díaz Mateus puso como ejemplo casos críticos donde el valor de la propiedad se disparó de forma irracional."En 16 municipios se han corregido estos atropellos. Se ha logrado reducir en un 3000 %; fincas que estaban en 200 millones estaban en 3.000 millones, una cifra impagable en 10 años. Los alcaldes pusieron el grito en el cielo y ya se ha solucionado", enfatizó el gobernador.Municipios con ajustesSegún el reporte oficial, las localidades que ya registran soluciones en este proceso son Lebrija, Barichara, Páramo, San Gil, Galán, Gámbita, Güepsa, Charalá y Rionegro.A pesar de estos avances, la emergencia fiscal para los habitantes del campo santandereano no ha terminado. El gobernador advirtió que aún hay 92.000 familias afectadas en todo el departamento, por lo que el equipo técnico continuará trabajando en el resto de los municipios para normalizar la situación catastral y cumplir con los acuerdos que permitieron levantar los bloqueos en el mes de abril.
En el municipio de San Andrés avanza la construcción del puente El Congreso, una obra clave para restablecer la conectividad de más de 2.000 familias campesinas, que durante más de tres años han tenido que cruzar el río Congreso por pasos improvisados y estructuras artesanales, ante la ausencia de una vía segura.Habitantes de Laguna de Ortices y varias veredas de San Andrés arriesgan sus vidas para poder cruzar por una tarabita y terrenos inestables, tras la pérdida del puente El Congreso, una situación que durante este tiempo ha afectado la movilidad de campesinos, estudiantes y adultos mayores.La emergencia se originó tras un deslizamiento de tierra que dejó incomunicado el sector rural. Desde entonces, niños, adultos mayores y trabajadores agrícolas enfrentan a diario el riesgo de atravesar zonas inestables para poder llegar a escuelas, centros de salud o movilizar sus productos como café y panela, base de la economía local.En varias ocasiones, estos pasos han colapsado, dejando comunidades aisladas por días. El alcalde de San Andrés, Fredy Antonio Ramírez Ortiz, confirmó que la obra ya entró en fase de intervención técnica en el terreno.“Hay que hacer unas terrazas primero debido a la inestabilidad del terreno y la humedad del mismo”, explicó el mandatario, al referirse a los trabajos de estabilización que permitirán continuar con la estructura del puente.El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Gobernación de Santander y la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, que apoyan con maquinaria amarilla tipo oruga para acelerar las labores en una zona de difícil acceso. Las autoridades reiteraron que la obra es prioritaria y deberá avanzar sin más retrasos, mientras la comunidad espera que por fin se garantice una conexión segura y permanente.
Un ataque sicarial se registró este sábado, 9 de mayo, en el barrio Villa Helena, sector Villa Norte en Bucaramanga. El hecho dejó como saldo la muerte de dos hermanos en inmediaciones de la calle 16 con carrera 28, muy cerca de la estación de buses del sector.Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Jorge y Jaime Galvis, quienes habrían sido atacados en plena vía pública tras escucharse varias detonaciones en la zona. El hecho generó pánico entre residentes y personas que se encontraban en el lugar, quienes corrieron a resguardarse en sus viviendas por temor a quedar en medio del tiroteo.Minutos después, al salir de su casa, la madre de los jóvenes se habría encontrado con la desgarradora escena, mientras vecinos del sector intentaban dar aviso a las autoridades ante la gravedad de lo ocurrido.De acuerdo con la información inicial, los agresores habrían huido tras cometer el ataque, mientras unidades de la Policía llegaron al sitio, acordonaron el área y adelantaron la inspección técnica del lugar para la recolección de material probatorio.Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables de este doble homicidio que mantiene en alerta a la comunidad del sector Villa Norte.
Tropas del Ejército Nacional hallaron cuatro válvulas ilegales instaladas sobre el poliducto Galán – Sebastopol, en zona rural de Barrancabermeja.Las estructuras eran utilizadas para la extracción ilícita de hidrocarburos y, según las autoridades, generaban cerca de 400 millones de pesos mensuales para financiar economías ilícitas de grupos armados organizados que delinquen en la región.La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6 Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, en las veredas Tenerife y Cuatro Bocas, mediante labores de monitoreo y vigilancia apoyadas por el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI).El coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada, aseguró que, en desarrollo de operaciones en el área general de Barrancabermeja, en las veredas Tenerife y Cuatro Bocas, se logra la ubicación de estas válvulas ilegales. "De esta forma protegemos la población civil, el medio ambiente y reducimos amenazas en la región”, recalcó. Tras el hallazgo, personal técnico de CENIT realizó las reparaciones correspondientes sobre la infraestructura petrolera, mientras que los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.El Ejército indicó que en los últimos diez días ya han sido ubicadas seis válvulas ilegales en esta zona del Magdalena Medio, afectando las finanzas de estructuras criminales dedicadas al hurto de hidrocarburos y evitando posibles afectaciones ambientales y riesgos para las comunidades cercanas.La Quinta Brigada invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética, los recursos del Estado y la seguridad de la región.
La Fiscalía General de la Nación imputó a la exdirectora del Banco Inmobiliario de Floridablanca, Laura Carolina Manrique Becerra, y a los exfuncionarios Julio César González García y Jairo Enrique Ordóñez Torres, por presuntas irregularidades en una licitación cercana a los $1.100 millones para la construcción de cerramientos perimetrales en áreas de cesión del municipio.De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 durante el proceso contractual identificado como LP-BF-02-16, adelantado por el Banco Inmobiliario de Floridablanca para recuperar zonas de cesión en diferentes barrios del municipio.La Fiscalía señaló que durante la licitación se habrían presentado inconsistencias en los estudios previos y técnicos relacionados con los lugares donde serían construidos los cerramientos. Además, el ente acusador indicó que durante el proceso se realizaron modificaciones presupuestales, cambios en las condiciones de pago y ajustes en fechas y anexos técnicos.Según la investigación, estas modificaciones habrían generado ambigüedades en las reglas para la presentación de ofertas y permitido la participación de nuevos proponentes, incluido el contratista que finalmente obtuvo el contrato.Las presuntas irregularidades ya habían sido advertidas en 2017 por uno de los participantes de la licitación, quien presentó observaciones ante el comité evaluador y posteriormente interpuso una queja ante la Procuraduría General de la Nación.Por estos hechos, los tres exfuncionarios fueron imputados por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ninguno aceptó los cargos durante la audiencia realizada ante un juez de control de garantías de Bucaramanga.