La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
Desde 1968 en Sinaloa, México, apareció una de las bandas más iconicas del regional mexicano que ha transcendido su música en toda Latinoamérica. Los Tigres del Norte le han dado vida a canciones como "Ni Parientes Somos", "La Mesa del Rincón", "La Puerta Negra", "Pedro y Pablo", entre otras, que han conectado con miles de personas en Colombia.Ahora, la leyenda viva de la música norteña: Los Tigres del Norte, volverán a rugir en Colombia con una cita histórica con su regreso al estadio El Campín en 2026. En entrevista con Blu Radio, la agrupación mexicana compartió su emoción por volver al emblemático escenario bogotano, reafirmando los lazos culturales que unen a México y Colombia.El Campín, una casa para Los TigresDurante la entrevista, la agrupación expresó el profundo significado que tiene presentarse en El Campín, uno de los escenarios más emblemáticos de América Latina. “Estamos muy contentos, significa mucho para nosotros poder regresar al Campín. Ya estuvimos hace algún tiempo ahí, pero ahora regresamos Los Tigres del Norte con nueva música”, afirmó uno de los integrantes, destacando que esta presentación será una verdadera celebración con el público colombiano.Para Los Tigres del Norte, Colombia ha sido un pilar fundamental en su trayectoria internacional. “Durante muchos años, Colombia ha catapultado a Los Tigres del Norte a muchos otros países de Latinoamérica. Este país lo consideramos como nuestra segunda casa”, dijeron.La cita está pactada para el 7 de noviembre de 2026, una fecha que, según los miembros de la agrupación, estará llena de sorpresas y estrenos. “Estamos preparando algo muy bonito. Vamos a tener canciones nuevas, vamos a tener muchas sorpresas que se van a dar para ese momento”, adelantaron, con la promesa de entregar un espectáculo inolvidable.Precios de Los Tigres del Norte en BogotáPalco Hospitality: $14.900.000 / $19.900.000Palco Jefe de Jefes: $8.900.000 / $10.900.000Palco La Banda del Carro Rojo: $6.900.000 / $8.490.000Palco Ni Parientes Somos: $5.900.000 / $6.900.000Palco Reina del Sur: $4.900.000 / $5.900.000Palco Golpes en el Corazón: $3.900.000 / $4.890.000Palco Pedro y Pablo: $2.900.000 / $3.490.000Palco La Mesa del Rincón: $1.900.000 / $2.375.000Palco Señor Locutor: $900.000 / $1.125.000Occidental Baja: $225.000 / $280.000Occidental Alta: $195.000 / $240.000Occidental Alta VIP: $210.000 / $262.500Oriental Baja: $149.000 / $179.000Oriental Alta: $129.000 / $149.000Norte Alta: $119.000 / $139.000Gramilla: $89.000 / $109.000Colombia, la segunda casaLa banda llenó de elogios al público colombiano, que ha sido clave en su internacionalización. “El público colombiano siempre es muy alegre, grita, avienta la cerveza para arriba, le gusta tomar, pide canciones, baila. Desde la primera vez que vinimos nos han demostrado un cariño muy grande”, destacaron.Además, revelaron que no tienen una ciudad favorita, porque: “Colombia entera es una maravilla del mundo (...) Hasta las carreteras, cuando vas por ahí, hay paisajes muy bonitos, restaurantes en la orilla... aquí encuentras de todo", expresaron.El regreso de la banda al Campín se enmarca en un momento de auge global para la música mexicana: “México está mucho más presente en la música, llenando estadios. Todos los artistas están en las principales listas, y nosotros llevamos décadas poniéndolos a cantar”.
El bus en el que se desplazaba la mujer habría salido de la ciudad de Bogotá y se dirigía a la capital del departamento del Meta.Un lamentable hecho enluta una familia en pleno diciembre, luego de que un bus de la empresa Morichal chocara fuertemente contra una de las barandas del puente vehicular sobre la quebrada Coloradita en el kilómetro 73+500.El grave accidente de tránsito dejó como saldo una mujer sin vida que se desplazaba como pasajera y quien presuntamente por el impacto contra las barandas del puente habría fallecido.Cuatro pasajeros resultaron heridos, los cuales fueron evacuados por puertas y ventanas tras el fuerte impacto que generó la colisión del vehículo de transporte de pasajeros, los heridos fueron atendidos en el lugar del accidente por el personal médico.La policía de tránsito y transportes inicia las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente que deja como saldo una mujer fallecida y cuatro personas heridas.Las autoridades hacen un llamado contundente a los conductores para que respeten las normas de tránsito y respeten los límites de velocidad.
A falta de dos semanas para que termine el año, muchas personas buscan diferentes alternativas de movilidad para cumplir con la agenda tan apretada que se tiene durante las festividades y actividades de estos últimos días del 2025, ya sea movilidad para la compra de aguinaldos, desplazamiento para reunirse con familiares y amigos o dar un paseo para disfrutar de los alumbrados.El sistema masivo de transporte Metro, pensando en dar una alternativa de movilidad, tomó la decisión de ampliar su horario comercial para algunas de sus líneas y mejorar la movilidad de los habitantes del Valle de Aburrá, apostando al ahorro de tiempo y dinero en sus desplazamientos y contribuyendo con el medio ambiente.Durante este fin de semana, el Metro extenderá la operación comercial los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre hasta las 12:00 de la noche en las líneas: A, B, T, H, J, K, M y P, garantizando las transferencias. Además, tendrá cambios en sus horarios los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026, así lo explicó Liliana Gutiérrez, Jefa del Sistema Operativo del Metro."El Metro ampliará la operación comercial viernes y sábados, hasta las 12 de la noche. El miércoles 24 y 31 de diciembre, el servicio comercial finalizará a las 10 de la noche, y los días jueves 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, iniciará la operación comercial a las cinco de la mañana", declaró.Con el fin de facilitar y agilizar los ingresos, la empresa recordó a los usuarios tener recargado su medio de pago, sea la tarjeta Cívica o la App para facilitar el ingreso en las estaciones.
El candidato presidencial Roy Barreras, exsenador de la República, lanzó una denuncia directa sobre presiones armadas en zonas rurales del país que, según dijo, buscan incidir en las próximas elecciones.En una entrevista con Blu Radio, Barreras centró su mensaje en lo que considera una falla estructural de la política de “paz total” y en los riesgos que, a su juicio, hoy enfrenta la democracia en territorios donde los grupos armados mantienen control social y armado.Elecciones en Colombia y denuncias de constreñimiento electoralBarreras aseguró que acaba de llegar de regiones como Caquetá y que lo que encontró fue una ciudadanía agotada por la violencia y la extorsión. “La gente está mamada de la extorsión, mamada. Hasta a los médicos los están extorsionando”, afirmó al relatar lo que escuchó en territorio.Pero la advertencia más sensible estuvo relacionada con el proceso electoral. El candidato denunció que grupos armados estarían forzando inscripciones masivas de cédulas en zonas rurales bajo su control. “No solamente están intentando someter el territorio, sino someter la democracia”, dijo textualmente al describir lo que ocurre, según él, en puestos de votación rurales de Cartagena del Chairá y San José del Donello.Barreras pidió de manera directa al registrador nacional y a las autoridades electorales que anulen esas inscripciones, conocidas como trashumancia electoral. “Que trasladen esos puestos electorales a las ciudades capitales donde los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho y no con un fusil en la nuca”, reclamó.Seguridad, paz total y control territorialEl candidato fue especialmente crítico con el enfoque actual de los diálogos con grupos armados ilegales. Según Barreras, las mesas donde no se exige dejación de armas han permitido que esas estructuras crezcan. “Esas son unas mesas de diálogo eternas donde han hecho esos tipos sino crecer y controlar territorios”, aseguró.Al referirse al ELN y a otros grupos, fue contundente: “Eso es puro traquetismo y eso implica que el Estado desde la fuerza pueda someterlos a la justicia”. Aunque dijo creer en la paz, dejó claro que esta no puede significar tolerancia con el crimen ni debilitamiento de la fuerza pública.Recordó además que tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 hubo mejoras visibles en regiones como Caquetá y Cauca, pero que ese avance se perdió. “Eso se perdió porque el Estado no llegó y los grupos criminales volvieron a tomar el territorio”, afirmó.Roy Barreras y la consulta presidencial de 2026En el plano político, Barreras ratificó que competirá en la consulta del Frente Amplio y descartó cualquier posibilidad de bajarse de la carrera. “Voy a ir a la consulta y la voy a ganar”, dijo, respondiendo a versiones que lo ubican como eventual fórmula vicepresidencial.Cerró con un mensaje de unidad y una promesa de campaña: “Colombia necesita un gobierno que le dé garantías a todos, que no odie a nadie y que sea capaz de hacer consenso y diálogo”. Para Barreras, el reto no es solo ganar una elección, sino evitar que el miedo y las armas decidan por los ciudadanos.
A la sede de Medicina Legal en Bucaramanga fueron trasladados los cuerpos de los siete soldados que murieron tras el atentado terrorista perpetrado por el ELN contra una base del Ejército en la vereda El Juncal, en el municipio de Aguachica, Cesar.En este centro forense se adelantan los procedimientos de necropsia, identificación plena y verificación de las causas de muerte, además de la recolección de elementos probatorios que hacen parte de la investigación judicial y militar. Una vez concluidos estos trámites, los cuerpos serán entregados a sus familiares para las respectivas honras fúnebres.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó de manera contundente el ataque y expresó su solidaridad con las familias de los siete soldados fallecidos. El mandatario aseguró que desde la administración departamental se brindará acompañamiento y apoyo a los familiares de las víctimas, e hizo un llamado a la ciudadanía a unirse en un gesto de solidaridad frente a lo que calificó como “un dolor muy grande” para el país.Entre las víctimas se encuentra Brandon Daniel Valderrama Martínez, joven oriundo de Bucaramanga que prestaba su servicio militar y que perdió la vida en medio del ataque armado.Como acto de homenaje y solidaridad, el viernes en la noche se realizó una velatón en las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en Bucaramanga, en la que participaron integrantes de la fuerza pública, familiares y ciudadanos.Para este sábado está prevista una nueva velatón en el mismo lugar, con el fin de continuar rindiendo homenaje a los soldados fallecidos y acompañar a sus familias en medio del duelo.Durante estos actos simbólicos, los asistentes han encendido velas en señal de luto y rechazo a la violencia, reafirmando el compromiso ciudadano con la memoria de las víctimas y con la paz del país.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.
La Casa de la Selección busca estrenar estadio en 2027 y para ello ya fueron adjudicadas las obras de remodelación y ampliación del Metropolitano por parte de la Alcaldía de Barranquilla, siguiendo el cronograma establecido en el proceso de licitación.Los trabajos, que aumentarán la capacidad del estadio Metropolitano Roberto Meléndez a más 60.000 sillas y lo adecuarán con todas las especificaciones de un escenario internacional, fueron adjudicados por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde publicó un video que proyecta el moderno diseño que tendrá el ‘Metro’, con una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED, un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad, pasando de 45.994 sillas a 60.013. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.El mandatario barranquillero le informó a la hinchada rojiblanca que, aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero el estadio abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.Los partidos de la Copa Libertadores podrían disputarse en Cartagena; sin embargo, se está a la espera de que se anuncie oficialmente una decisión, manifestó el alcalde Alejandro Char.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a las otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.
La crisis en la Universidad del Atlántico parece no tener fin, pese al reciente nombramiento como rector encargado por un periodo de hasta un año, del economista Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien llegó en reemplazo de Leyton Barrios, luego de que fuera apartado del cargo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.La decisión del Ministerio de Educación de nombrar a Castillo para superar el periodo de inestabilidad académica y administrativa ya genera controversia, pues el profesional, quien en años anteriores ya había asumido el cargo de rector de manera temporal, tiene una sanción disciplinaria vigente que ordena su suspensión por 4 meses.Dicha sanción, según el registro de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, mediante decisión adoptada el 21 de febrero de 2025, de la cual no se habría recibido notificación de su cumplimiento.Iván Cancino, abogado de Leyton Barrios, cuestionó el nombramiento e indicó que esta sanción está reportada ante el Ministerio de Educación y que podrían estar incurriendo en un delito con este nombramiento“Están designando a una persona que está inhabilitada al parecer hoy en día por la Procuraduría General de la Nación por hechos irregulares que cometió precisamente siendo rector de la universidad de la cual hoy se encarga. Eso es muy grave porque esa sanción en lo que conocemos aparece vigente y reportada al Ministerio de Educación. Es decir, que el funcionario que informa al señor ministro o que le da la información errada al Ministro de Educación, puede estarlo haciendo incurrir en una falta grave”, precisó el abogado. La medida de suspensión está relacionada con los mismo hechos que llevaron a que el 12 de septiembre de 2023, la Procuraduría lo inhabilitara por 10 años por extralimitarse en sus funciones.Cabe destacar que la inhabilidad fue revocada, sin embargo la medida de suspensión sigue vigente y no ha sido notificada ante el Ministerio Público su aplicación.La sanción disciplinaria tiene su origen cuando en siendo rector encargado de la Universidad el Atlántico, otorgó al docente de la facultad de ciencias económicas, Wendell Graham Archibold Barrios, una comisión de servicio remunerada para viajar a Argentina y asistir a las clases del Doctorado en Contabilidad en la Universidad Nacional de Rosario.
A cinco días de conocerse la decisión del Ministerio de Educación de suspender durante un año a Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico, finalmente pudo ser notificada la decisión al docente, quien no podrá seguir fungiendo en la institución, por lo menos mientras rige la medida o se da un reversazo a esto. En su lugar será nombrado Rafael Castillo Pacheco, quien, en años anteriores, también ha asumido el cargo de manera temporal. Para el caso, indica el Ministerio de Educación a través de la resolución 024488 del 17 de diciembre que Castillo tiene la misión de implementar las medidas que correspondan para superar en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a esta decisión. Inicialmente, Castillo deberá concertar con los estudiantes el retorno a clases, siendo que desde hace siete semanas está vigente un paro de actividades que ha impedido terminar clases del segundo semestre de 2025. Le puede interesar: Radican tutela para inhabilitar suspensión de Leyton Barrios como rector de UniatlánticoPara esto, concertó para este jueves un encuentro con los líderes del paro y también con docentes para concertar una reorganización del calendario académico. Sobre Castillo Pacheco se conoce que en 2023 fue sancionado por la Procuraduría por extralimitarse en sus funciones al aprobar recursos para el viaje de un docente a Argentina. Dicha situacion le costó una sanción por inhabilidad por 10 años.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos concluirá este viernes, a las 2:00 de la tarde, con la decisión del juez Jorge Ortiz, que terminó de escuchar a las partes para definir si envía o no a prisión al hijo mayor del presidente, por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.El último en intervenir hoy fue el abogado Alejandro Carranza, defensa del exdiputado, quien insistió en que este no se va a fugar y que "prueba de ello es que él le ha dado la cara al país todo el tiempo, respondiendo a la justicia y hasta a los medios de comunicación".Carranza recordó que la inclusión de Nicolás Petro en la lista Ofac tampoco permitiría que él se fugara, como lo plantea la Fiscalía.“Ningún país del mundo le va a dar asilo a Nicolás porque le temen a Trump, porque le temen al gobierno americano, porque respetan esas directrices o FAC. Y eso está bien, cada país se autodetermina”, dijo.El abogado también negó que Nicolás haya instrumentalizado a Day Vásquez, como lo manifestó la fiscal del caso, y por el contrario afirmó que "Pedro Name fue quien le pidió a ella unirse a la Fundación Conciencia Social, porque ambos tenían una relación", de la cual inclusive nació un hijo. Además, Carranza dejó ver que Vásquez es comadre de la ex gobernadora Elsa Noguera, pues la ex mandataria fue quien bautizó a su hijo.Así las cosas, Carranza destacó que "las relaciones previas con la ex gobernadora mostrarían que cualquier relación de tráfico de influencias sería de Daysurys y no de Nicolás, y que lo mismo sucede con Pedro Name”. Insiste en que Petro Burgos no tenía poder para determinar contrataciones y que “todo el país sabe que Nicolás no ejercía ningún poder sobre Day”.La defensa destaca que en la declaración que Day Vásquez rindió en septiembre de 2023 sobre los cuestionados contratos con la Fundación Conciencia Social, ella no hizo mención de Nicolás Petro y que esto sería "una prueba relevante de que, según la misma versión de la testigo, el procesado no habría tenido ninguna relación con dicha fundación".“A lo largo de esa declaración, Daysurys del Carmen no vinculó a Nicolás Petro con la fundación, no lo menciona como intermediario, influenciador o partícipe de los contratos, decisiones o ejecución del proyecto y no reporta indicio alguno de que él haya recibido dinero, haya dado instrucciones o que él haya recibido beneficios derivados de los contratos de la fundación”, dijo.El defensor aseguró que la Fiscalía sustentó su solicitud de medida de aseguramiento en pruebas que no fueron debidamente acreditadas, que señalan a otras personas y que no se presentaron completas al juez. Cuestionó por qué otros involucrados no están siendo procesados, si según la Fiscalía detrás de este escándalo de corrupción hubo un acuerdo criminal entre varios.
Una tragedia se presentó en las vías del departamento del Atlántico en medio de unos piques ilegales que se estaban desarrollando a las afueras de Barranquilla, lo que estaba siendo liderado por motorizados que, al parecer, no tenían luminarias encendidas. Esto dejó un muerto y cuatro personas heridas. En el accidente murió Ricardo Ballestas de la Hoz, de 20 años, quien estaba conduciendo una motocicleta, pese a no tener licencia de conducción.A su vez, cuatro personas más resultados heridas. Entre estas se encuentra Yesid Pérez, de 20 años, quien está hospitalizado por los golpes que sufrió. A su vez, una joven de 23 años, identificada como Scarlet Judith Torres, presenta posible fractura de columna, quienes iban en un vehículo particular en la vía que conecta desde el corregimiento La Playa hasta Galapa.En la misma situación se encontraban Sheril Tatiana Mandón de 21 años y Jesús Daniel Viera de 26 años, ambos heridos y hospitalizados por politraumatismos. Estos también iban en un vehículo particular.Según la reconstrucción de los hechos realizada por el personal de tránsito de la Policía del Atlántico, el carro en el que iban Sheril y Jesús terminaron chocando de frente con una caravana de motos que venían a alta velocidad y sin luminarias encendidas, lo que lleva al conductor a perder el control y arrollar una motocicleta y el vehículo en el que se encontraban Scarlett y Yesid.Como consecuencia de esto, el conductor de la motocicleta murió y su moto se incineró. Algo similar sucedió con el carro en el que iban Sheril y Daniel, siendo que estos lograron salir a tiempo del automotor, evitando lesiones en la piel.
En el despacho del Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla ya está una tutela que fue radicada por la defensa de Leyton Barrios, con la que busca frenar la suspensión que fue ordenada en su contra por el Ministerio de Educación por presuntos incumplimientos en el manejo de la crisis académica de esta institución.Sobre este acto ya hay una primera respuesta del Juzgado, en la que se especifica que no habrá una resolución en firme hasta el próximo 21 de enero de 2026, dado a que los tiempos de su trámite se cruzan con la suspensión de actividades de los despachos judiciales.“Con fundamento en lo anterior, se deja constancia de que, aunque la presentación de tutela debe tramitarse y decidirse en el término de diez (10) días hábiles, dicho término se suspenderá durante la vacancia judicial comprendida entre el 20 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2026. Los términos se reanudarán el 13 de enero de 2026, fecha en la cual se abrirán los despachos judiciales, por lo que la decisión de fondo se adoptará el día 21 de enero de 2026”, se puede leer.Así las cosas, quedarían en limbo los cerca de 1.200 estudiantes que se preparan para su grado profesional este viernes, teniendo en cuenta la inhabilitación temporal del Gobierno a su actual rector y las demoras por nombrar una nueva persona a cargo, derivadas de que no ha sido posible notificar personalmente al mismo Leyton.Iván Cancino, quien lidera la defensa del rector Leyton Barrios, insiste en que la resolución violó la autonomía universitaria en una elección adelantada, según él, legítimamente y que dicha resolución solo puede tomar vigencia con una notificación personal hacia su defendido.“Esa resolución ni siquiera está firme o aplicable, lo que quiere decir que Leyton Barrios sigue siendo el rector de la Universidad del Atlántico, obviamente porque se violaron todos los derechos a la autonomía universitaria y una cantidad de garantías al debido proceso o el derecho a la defensa. Esperamos que con la acción de tutela se haga justicia y que el doctor Leyton pueda seguir ejerciendo la rectoría de manera tranquila y legal, como fue obtenida con todos los requisitos”, dijo a Blu Radio.De hecho este lunes hubo un Consejo Superior Universitario en el que tampoco se dio la presencia del delegado del ministerio, Juan Carlos Bolívar.Por otro lado, la puja por ser el designado del Gobierno parece estar entre Jorge Senior y Rafael Castillo, este último ya con experiencia como rector de la Uniatlántico. Además, hay otros nombres como Eduardo Bermúdez, actual miembro del Consejo Directivo; Rachid Nader, secretario Jurídico de la Gobernación de Atlántico, entre otros.Finalmente, y para no aplazar los grados de estos más de 1.000 estudiantes, la posibilidad que es analizada hasta el momento por los directivos es que sus diplomas vayan firmados por la secretaria del Consejo Superior, Josefa Cassiani. No obstante, hay que esperar para verificar si esa opción logra concretarse.
En proceso de identificación y estabilización médica se encuentran tres costarricenses, dos adultos y un menor de edad, que llegaron deshidratados en la madrugada de este miércoles 17 de diciembre hasta las playas de Salgar, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, luego de naufragar por más de cinco días en el mar Caribe.Blu Radio conoció que estos estaban a bordo de una embarcación con más de 12 tanques llenos de gasolina en su interior, de los cuales aún no se sabe hacia qué rumbo se dirigían.El personero municipal, John Jairo Rodríguez, declaró que estas personas fueron encontradas puntualmente en un sector llamado Playa Escondida y que, como ya mencionamos, los reportes iniciales apuntaron a una fuerte deshidratación.“Fue un sector conocido como Playa Escondida. Unidades del cuadrante cuando iban por la vía se percataron de estos tres personajes, que les hicieron señas de auxilio y pues reaccionaron. Ellos manifestaron lo que ya conocemos, que habían naufragado y que por las fuertes brisas fueron arrastrados hasta terminar en el sector de Puerto Colombia, corregimiento de Salgar”, dijo inicialmente.“Se puso en conocimiento del alcalde Plinio Cedeño y, a través de la secretaría de salud, con la gerencia de la ESE y la personería han brindado la respectiva ayuda con la estabilización de estas personas. De igual manera, Migración está realizando la plena identificación de ellos”, agregó.A su vez, Rodríguez dice que el caso está siendo acompañado por Migración Colombia para tramitar todo lo relacionado con su regreso a Costa Rica.“Aquí lo primordial en estos momentos es estabilizar su salud. No están muy afectados, pero hay que tener en cuenta el tema que duraron entre cinco a siete días a la deriva. Hay que atenderlos hasta que su estado de salud sea el idóneo para realizar el respectivo regreso. No sabemos cuánto tardará el proceso, decir una fecha sería impreciso, pero esperamos que sea lo más pronto posible”, declaró.La embarcación involucrada quedó en manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla para verificar su legalidad, mientras que la Alcaldía de Puerto Colombia reportó que este es el primer caso similar que se registra en el año. Para ello, activaron la ruta correspondiente.
Barranquilla y el departamento del Atlántico se sumergieron en un carnaval anticipado tras la undécima estrella obtenida por el Junior, un título que, según sus hinchas, se logró "sin tener que vivir un partido de infarto", ya que el cuadro barranquillero mantuvo una amplia ventaja.La celebración, que comenzó inmediatamente después del triunfo, se extendió en caravanas no solo en Barranquilla sino en las calles y hasta carreteras del Atlántico. Los aficionados corearon que "a Junior se respeta".El recibimientoEl fervor de la hinchada del Junior se mantuvo hasta la madrugada para recibir a sus campeones. El equipo partió desde el aeropuerto de Ibagué y llegó al Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde fueron recibidos inicialmente por el carro de bomberos.Posteriormente, a las 2:00 de la mañana, el equipo arribó al hotel Dann Carlton, donde miles de personas se congregaron a las afueras para esperar y celebrar con el equipo. La magnitud de la fiesta fue tal que miles de hinchas esperan que el alcalde de Barranquilla declare día cívico para que la celebración pueda continuar en la "Arenosa".Vea en video imágenes de la celebración:
El triunfo de la onceava estrella del Junior desató una celebración masiva en Barranquilla y los municipios del Atlántico.El cielo se iluminó con juegos pirotécnicos y las calles se convirtieron en ríos de personas, mientras otros salieron en caravanas de motocicletas para festejar el anhelado triunfo del equipo ‘tiburón’."Un partido sufrido. Ahora vamos por la copa libertadores, expresaron varios de los hinchas", indicó uno de los seguidores del rojiblanco.Los seguidores del Junior que no pudieron viajar a Ibagué, al duelo ante el Tolima, estallaron en felicidad a la distancia y no dejaron de dar gracias por este triunfo que ya lo sienten como un regalo de Navidad anticipado."En 33 años de vida que tengo, primera vez que ganamos una estrella así de bien. Gracias tiburón" expresó otro hincha.En Barranquilla, la Policía Metropolitana dispuso un dispositivo especial de seguridad con 1.300 uniformados para acompañar las celebraciones.La vigilancia también se dio por aire con la ayuda de Inés y del helicóptero Alcón.Se espera que Junior salga de Ibagué rumbo a Barranquilla hacia la media noche de este martes para festejar durante todo el miércoles junto a su afición.
¡Carnaval de campeones!. La ciudad de Barranquilla y los municipios del Atlántico han sido testigos de una verdadera explosión de júbilo y alegria, con el cielo iluminado de rojo por la celebración de la hinchada del Junior.La razón es la obtención de una nueva estrella para el equipo, tras llevarse el título de campeón del fútbol colombiano este martes.El ambiente festivo se hizo palpable, incluso, minutos antes de que culminara el decisivo partido Junior-Tolima, generando gran expectativa en las inmediaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla. Minutos después del triunfo, salieron caravanas de motocicletas en medio de la celebración por el triunfo del Junior. Por ello, se conoció que las autoridades organizaron todo un dispositivo para garantizar la seguridad en toda la ciudad y municipios del departamento.Solo en Barranquilla hubo más de 1.300 policías desplegados por toda la ciudad.
La Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, aclaró que la libertad condicional otorgada a Emilio José Tapia Aldana, condenado por el escándalo de Centros Poblados, no fue una decisión de su despacho, sino el cumplimiento estricto de una orden de segunda instancia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el pasado 24 de octubre.Mediante un comunicado a la opinión pública, la jueza explicó que el Tribunal Superior decretó la nulidad de actuaciones previas del proceso por errores procedimentales ajenos a ella, y ordenó expresamente “retrotraer la actuación manteniendo "los efectos sustanciales a favor del sentenciado", tales como el tiempo de privación de la libertad y el periodo de prueba”.Afirma que, en acatamiento a la orden del Tribunal, fue necesario realizar un nuevo cómputo jurídico de la pena, conforme a lo establecido en la ley. En ese ejercicio se determinó que Tapia Aldana ya había cumplido 90 meses y 10 días de prisión, superando ampliamente el requisito legal de 70 meses y 18 días, equivalentes a las tres quintas partes de la condena exigidas para acceder a la libertad condicional.A esto se le suma un certificado de buena conducta. Por lo que la jueza dice que pasar por alto toda esta información, habría constituido “una vía de hecho y una ilegalidad.