Justo cuando se encontraban en una casa ubicada en la carrera 9J con calle 68, del barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, cobrando la cuota diaria de un préstamo, dos gota a gotas fueron atacados a tiros por sicarios que se acercaron en una moto y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.El atentado se registró a las 9:30 de la noche. Los cobradiarios, quienes murieron en el lugar de los hechos, respondían a los nombres de Javier Enrique Soto Rodríguez, de 35 años, a quién le propinaron nueve disparos y Kenny De la Hoz Jung, de 48 años, asesinado de cuatro tiros.En el mismo ataque resultó herida de un disparo en una pierna y otro en un brazo Sugeidys Milena Palacio Padilla, una ama de casa de 49 años, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos.De acuerdo con el reporte de la policía, las víctimas no tenían anotaciones judiciales de ningún tipo.Se cree que el atentado está relacionado con el no pago de una extorsión, toda vez que días antes los dos hombres asesinados habían recibido llamadas en las que miembros de una banda delincuencial les pedía dinero a cambio de permitirles desarrollar su actividad económica.El atentado ocurrió en una zona que es de injerencia de la banda criminal Los Costeños, bajo el mando de un delincuente conocido con el alias de ‘La Hormiga’.
Finalmente, estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen luz verde para poder culminar el segundo semestre del 2025 que se vio interrumpido por el paro generado tras la elección del nuevo rector. Esto, luego de que el Consejo Académico aprobara por mayoría el calendario de las clases.De acuerdo con este calendario, las clases se reanudarán el próximo 15 de enero de 2026 y el segundo semestre finalizará el 6 de febrero del mismo año. Durante este tiempo, la comunidad universitaria desarrollará actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas.El Consejo Académico también dio luz verde a la publicación de los resultados de los aspirantes admitidos para el periodo 2026-1, los cuales estarán disponibles a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico, el cual es https://www.uniatlantico.edu.co/.Hay que decir que, para el próximo semestre, la Universidad del Atlántico reportó un total de 15.651 aspirantes inscritos, quienes competirán por 4.311 cupos ofertados, lo que refleja una alta demanda de ingreso a la universidad pública del departamento.Le puede interesar: “No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de ProcuraduríaTodo esto hace parte del proceso de normalización para los cuales fue designado el rector Rafael Castillo, por el Ministerio de Educación.Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.
La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, analizó la situación de orden público en el departamento tras los incidentes registrados en la vía que comunica a Pasto con Chachagüí. El mandatario calificó las acciones de los grupos armados como parte de una "guerra híbrida", la cual busca generar una percepción de control territorial que, según sus declaraciones, estas organizaciones no poseen.Vía PanamericanaFrente a los reportes de población civil atrapada en combates, el gobernador aclaró que lo ocurrido fue una respuesta controlada del Ejército Nacional ante el hallazgo de un artefacto explosivo ubicado en una alcantarilla. Escobar enfatizó que, gracias a la inteligencia militar y policial, se logró detectar la amenaza y detener el tráfico de forma preventiva.Para sustentar su visión de seguridad, el gobernador presentó cifras comparativas: de 63 eventos ocurridos en la vía Panamericana, 60 han tenido lugar en el departamento del Cauca y solo tres en Nariño, los cuales han sido controlados. En este contexto, destacó como un golpe contundente a las estructuras criminales la reciente captura de alias 'Jimmy', un líder terrorista de alto impacto en la región.Procesos de paz y el reto de la sustituciónA diferencia de la situación en departamentos vecinos, Escobar resaltó que en Nariño avanzan dos procesos de paz con los grupos Comuneros del Sur y la 'Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, involucrando el tránsito a la vida civil de unos 260 combatientes. No obstante, reconoció que la columna Franco Benavides, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), no hace parte de estos diálogos y es la responsable de los intentos de ataque en la zona de la cordillera.En cuanto al problema de las drogas ilícitas, el panorama sigue siendo desafiante. Nariño cuenta con aproximadamente 65,000 hectáreas de hoja de coca. Aunque existe un plan para sustituir 20,000 hectáreas, el gobernador admitió que hasta el momento solo se han sustituido entre 400 y 500 hectáreas voluntariamente. Escobar defendió la inversión en infraestructura, como la carretera Roberto Payán-La Guayacana, como el camino para hacer viables productos lícitos como el cacao y la palma.Oposición al glifosato y enfoque en insumosEl mandatario departamental manifestó su rotunda oposición al uso de glifosato mediante drones, asegurando que aún no ha sido notificado oficialmente de tal medida por el Ministerio de Justicia. En su lugar, propuso una estrategia basada en la inteligencia económica."El problema no es el glifosato, el problema es la gasolina y el cemento", afirmó Escobar, explicando que estos son los insumos críticos para la producción de cocaína. Según el gobernador, el control estricto del flujo de combustible y materiales de construcción en zonas de frontera sería suficiente para desarticular el negocio del narcotráfico sin necesidad de disparar un solo tiro.Escuche aquí la entrevista:
El cobro por circular en las principales vías del país vuelve a estar en el centro de la discusión pública. Mientras el Gobierno revisa contratos viales antiguos y analiza alternativas al modelo de concesiones, ya está definido un ajuste que impactará el valor que pagan los conductores en las estaciones de peaje.El incremento no está ligado a nuevas obras ni a decisiones discrecionales de las concesiones, sino a una regla que se aplica cada año y que, para 2026, ya tiene fecha de entrada en vigencia.¿Cuánto subirán los peajes en 2026?La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el incremento de los peajes para 2026 se calculará con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como lo establece la ley. En diálogo con Valora Analitik, la funcionaria explicó que “ese ajuste corresponde a una actualización por costo de vida y se aplica de manera general”.De acuerdo con el Dane, el IPC cerró en 5,30 % anual en noviembre de 2025, cifra que sirve como referencia para la actualización de las tarifas.¿Cuándo aplica el alza de peajes en 2026?Según el Ministerio de Transporte, el ajuste general empezará a aplicarse a partir del 16 de enero y cobijará a todas las concesiones viales del país. Rojas señaló que, pese a algunas medidas de alivio adoptadas en casos puntuales, el incremento asociado al IPC sí entrará en vigencia en esa fecha, en cumplimiento de la normativa vigente.La ministra aclaró que el Gobierno ha buscado reducir el impacto inmediato en ciertos corredores. “En algunos casos, peajes que debían subir en una fecha determinada se han postergado o se ha dividido el aumento en tramos para que no represente un golpe fuerte para la ciudadanía”, indicó.De acuerdo con el Ministerio, ya se han aplicado distintos esquemas, que varían según el tipo y la antigüedad del contrato de concesión:Tarifas diferenciales para ciertos usuariosAplazamientos en la fecha del incrementoAumentos graduales divididos en varios tramosAun así, el ajuste general ligado al IPC se mantiene para enero.Los peajes más caros del país tras los últimos aumentosEl incremento se da en un contexto de inconformidad ciudadana, especialmente en corredores con tarifas elevadas. Tras los ajustes autorizados por Invías, estos serían algunos de los peajes con los valores más altos del país:Pipiral (vía Villavicencio): $26.400Túnel del Oriente (Antioquia): $25.000Cisneros: $24.600Aburrá: $24.107Guaico (San Cristóbal): $23.800El aumento de tarifas coincide con una revisión más amplia del sistema vial. El Gobierno analiza contratos firmados hace más de una década y evalúa si el esquema concesionado sigue siendo adecuado en corredores donde ya no hay grandes obras por ejecutar.Rojas afirmó que “una concesión tiene sentido cuando hay grandes obras por construir. Para solo administrar y operar, el Estado podría hacerlo directamente”, al referirse a casos como el de Devimed, en Antioquia.En paralelo, el senador Guido Echeverri (ASI) radicó en julio de 2025 un proyecto de ley para reformar el sistema nacional de peajes. “Las regiones no pueden seguir pagando peajes sin saber cómo se invierte cada peso”, afirmó, al pedir mayor control ciudadano y transparencia.
Los organismos de socorro reportaron un grave incendio estructural que se presentó en horas de la madrugada de este miércoles en el centro de Neiva, donde según el reporte oficial hay tres personas que murieron calcinadas al interior del inmueble.La jefe de Gestión de Riesgo del Municipio Nancy Monje Trujillo, confirmó que tan pronto fueron alertados de la conflagración de inmediato se desplazaron dos máquinas y unidades del cuerpo de bomberos oficiales quienes lograron controlar las llamas que consumieron un segundo de la residencia afectada.“Sobre las cuatro y 30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en el barrio San Pedro en el centro de Neiva, las unidades de Bomberos oficiales al llegar al lugar y cuando lograron mitigar el incendio encontraron tres personas fallecidas, entre ellas dos adultos mayores y también dos caninos”, informó la funcionaria de emergencias de Neiva.Agregó la funcionaria de la oficina de gestión de riesgo Nancy Trujillo, que unidades especializadas en incendios del cuerpo de Bomberos avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas que originaron esta grave emergencia que deja a tres víctimas fatales en plena celebración de la Navidad.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial llegaron hasta el lugar de la emergencia para adelantar los actos urgentes y la inspección judicial de los cuerpos que quedaron prácticamente calcinados y poder establecer la identidad de las víctimas.
Una tragedia sacudió la noche del martes 23 de diciembre al municipio de Facatativá. En el barrio Cartagenita, cuatro personas fueron halladas sin vida al interior de una vivienda, en un hecho que, de manera preliminar, estaría relacionado con una intoxicación por gas. El caso generó conmoción entre los vecinos del sector, quienes aún intentan asimilar lo ocurrido en plena temporada decembrina.Según relataron habitantes del barrio, un familiar de las víctimas llegó hasta la casa luego de no lograr comunicarse con ellas durante varias horas. Al ingresar al inmueble, percibió un fuerte olor a gas y encontró los cuerpos sin signos vitales. De inmediato alertó a la comunidad y dio aviso a las autoridades, que se desplazaron al lugar para atender la emergencia.Cuatro personas murieron por presunta intoxicación con gas en FacatativáLas víctimas eran cuatro adultos de nacionalidad venezolana que residían en la vivienda. Tras el llamado de auxilio, unidades de la Policía y organismos de socorro acordonaron la zona mientras se adelantaban las primeras verificaciones. De forma preliminar, las autoridades informaron que no se evidenciaron signos de violencia ni desorden al interior del inmueble, por lo que la principal hipótesis apunta a una intoxicación accidental.El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que iniciaron los procedimientos técnicos y forenses correspondientes para establecer con precisión las causas de la muerte. La vivienda permanece bajo custodia mientras se adelantan las investigaciones.Qué se sabe de la emergencia ocurrida en el barrio CartagenitaDe acuerdo con la información recopilada por las autoridades, la tragedia podría haberse originado por una estufa que habría quedado encendida. Al parecer, una olla se quemó, lo que provocó que la llama se apagara, pero el gas continuó fluyendo sin que los ocupantes del inmueble lo notaran. Esta situación habría generado una acumulación peligrosa del gas y la posterior intoxicación de las cuatro personas.Ante lo ocurrido, las autoridades locales insistieron en la importancia de la prevención en el uso de gas domiciliario, especialmente durante las festividades. Entre las principales recomendaciones están:Revisar periódicamente las instalaciones de gas.Verificar el buen estado de estufas, mangueras y válvulas.Evitar dejar artefactos encendidos sin supervisión.Ventilar adecuadamente los espacios cerrados.La tragedia dejó un profundo impacto en la comunidad de Cartagenita, que se ha solidarizado con los familiares de las víctimas mientras avanza la investigación.
Colombia confirmó el primer caso del virus de influenza A (H3N2), una noticia que encendió las alertas sanitarias, aunque sin generar, por ahora, un escenario de alarma. De acuerdo con el Ministerio de Salud, se trata de un caso importado con antecedente de viaje desde Estados Unidos. La detección se realizó en el departamento de Antioquia y, según las autoridades, hasta el momento no se ha evidenciado un aumento inusual en las infecciones respiratorias en el país.Desde la aparición del covid-19, la vigilancia frente a las enfermedades respiratorias se ha intensificado. Cualquier nuevo reporte despierta inquietud por la posibilidad de otra pandemia. En ese contexto, el virus H3N2, conocido popularmente como la “supergripe”, ha ganado notoriedad en las últimas semanas debido a una serie de mutaciones que lo han hecho más contagioso frente a otras cepas de influenza estacional.Su rápida propagación llevó a que países como México y Chile emitieran alertas y recomendaciones de autocuidado desde comienzos de diciembre. En Europa, el panorama tampoco ha sido menor: en España, el H3N2 provocó una fase epidémica desde finales de octubre, presionando los servicios de salud durante varias semanas.Ante la confirmación del primer caso en Colombia, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de reconocer los síntomas y reforzar las medidas de prevención, especialmente en los grupos con mayor riesgo de complicaciones.¿Cuáles son los síntomas del virus H3N2? Según información de CARE Hospitals, el subtipo de influenza A (H3N2) es una cepa relevante de la gripe estacional que surgió tras un cambio genético del virus H2N2. Aunque muchos de sus síntomas pueden confundirse con los de una gripe común, existen particularidades que conviene tener en cuenta.Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:Fiebre alta, generalmente superior a los 38 °C.Tos seca persistente, que puede extenderse hasta por dos semanas.Dolor de garganta y molestias al tragar.Dolores musculares y corporales intensos.Fatiga severa y sensación de debilidad.Dolor de cabeza constante.Congestión nasal o secreción persistente.Escalofríos y sudoración.Las autoridades recomiendan extremar precauciones al interactuar con personas que presenten estos síntomas, con el fin de reducir la propagación del virus. Además, algunos grupos deben tener especial cuidado debido a su mayor riesgo de complicaciones:Mujeres embarazadas, especialmente en el segundo y tercer trimestre.Niños menores de cinco años.Adultos de 65 años o más.Personas con enfermedades crónicas.Cómo prevenir el contagio del virus influenza A (H3N2)La prevención del H3N2 no depende de una sola medida. Si bien la vacunación es una herramienta clave, no siempre resulta suficiente, por lo que se recomienda combinarla con acciones de autocuidado que reduzcan la transmisión.Entre las principales recomendaciones están:Mantener una higiene adecuada de manos mediante lavado frecuente.Usar mascarilla en espacios cerrados o concurridos.Evitar el contacto cercano con personas infectadas.Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.Desinfectar con regularidad las superficies de uso frecuente.Por ahora, el llamado de las autoridades es a la calma, sin bajar la guardia. El seguimiento oportuno y la prevención siguen siendo las principales herramientas para evitar que el H3N2 se convierta en un problema mayor de salud pública en Colombia.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Los torrenciales aguaceros que han caído en los últimos días en la cima de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente en la cuenca alta, media y baja del río Guatapurí, han aumentado la turbiedad del agua en la zona de captación o bocatoma del acueducto de Valledupar, a tal punto que han tenido que suspender el servicio por varias horas para evitar que el preciado líquido llegue con dudoso aspecto a los hogares.José Luis Palomino, agente especial de Emdupar, advierte que en los próximos días esta intervenida empresa de acueducto podría verse en la necesidad de realizar nuevos cortes de agua, ya que los pronósticos indican un 75 % de probabilidades de lluvias para las próximas 72 horas y esto podría seguir disparando los niveles de turbiedad del río Guatapurí."La turbiedad se ha elevado ostensiblemente a más de 2.000 NTU (valores superiores a 5 NTU pueden indicar problemas en el agua o afectar la desinfección). Por ello se ha informado a la ciudadanía que es pertinente reservar agua en sus residencias, porque es eminente que por la creciente siga subiendo la turbiedad y nos veamos obligados a suspender el servicio", expresó el funcionario.Agregó que en estos momentos Emdupar, la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar están gestionando “la construcción del reservorio de agua cruda que permitiría, tanto en invierno como en verano, tener una importante reserva para el municipio de Valledupar”.Situación en SincelejoPero si en Cesar llueve, en Sucre no escampa y es por eso que en Sincelejo siguen padeciendo con los estragos que han causado las lluvias al acueducto municipal, tanto así que la empresa Veolia continúa la entrega de agua con carrotanques para poder abastecer a los barrios afectados y garantizar que las comunidades puedan satisfacer sus necesidades básicas.Se esperaba que el servicio de agua estuviera restablecido por completo el pasado fin de semana; sin embargo, la contingencia se mantiene y por ella la empresa Veolia sostiene que continuará el suministro apoyándose en los envíos de carrotanques.
El asesinato de Kelly Johana de Arco Hurtado este lunes en el conjunto residencial Metrocentro, donde ella residía en el sur de Barranquilla, parecía una tragedia que ya estaba anunciada.La víctima, de 35 años, ya había denunciado amenazas de muerte por parte de su expareja sentimental, Eduard Alfonso Castro Daza y conocido con los alias del ‘Negro’ o ‘Máquina’, quien se presentó ante las autoridades después del crimen y hasta entregó el arma con el que habría disparado en contra de la mujer.Familiares de la víctima cuentan que, ocho días antes, Kelly sostuvo una fuerte discusión con este hombre y él hasta llegó a golpearla."Él esperó que ella saliera para, luego, él entrar a su apartamento y romperle sus cosas. Hay videos, evidencias de eso, además le quitó el celular y empezó a amenazar a varias personas, amigos y contactos de ella, diciendo que él era de la banda 'Los Costeños' y hasta mandó un video donde tenía un arma", contó la hija de Johana."Él también le dañó varios electrodomésticos, le rompió la cama, le quitó toda la ropa y ese día también la golpeó, la agredió y ella tenía moretones rojos en el cuello", agregó.La joven indicó que su madre llamó a las autoridades para instaurar la denuncia por la agresión y la amenaza; sin embargo, no pasó nada con ese llamado. A partir de estos testimonios y pruebas recaudadas, la primera hipótesis en torno el crimen apunta a un ataque de celos tras la ruptura de la relación, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego."Todo esto se debió, al parecer, a una situación de celos, una relación que había terminado hace poco más de un mes. Esa persona ya tenía otra pareja, estaba con otra persona y no fue aceptado por su ex, quien en un acto, digo yo, de locura, atentó contra ella, le quitó su vida y una hora y media más tarde se presentó en las instalaciones de la Policía", contó el oficial.Homicidio, porte ilegal de arma de fuego y lesiones personales son algunas de las anotaciones judiciales que tiene alias ‘El Negro’. Pese a haber confesado el asesinado de su expareja, el hombre quedó detenido solo por porte ilegal de armas de fuego, sin embargo, este miércoles la Fiscalía podría expedir orden de captura por feminicidio.
Si bien el alcalde de Barranquilla Alejandro Char indicó que el Distrito está dispuesto a acompañar los diálogos de paz urbana entre Los Costeños y Los Pepes, quienes anunciaron una tregua hasta el próximo 20 de enero en la que harían un cese de homicidio, extorsiones y hurtos, el mandatario cuestionó que mientras se sigue hablando de este proceso, las estructuras delincuenciales continúan cometiendo crímenes en la ciudad y su área metropolitana, mencionado el triple asesinado registrado la noche del viernes en el sector de Pinar del Río.El mandatario fue enfático en decir que primero está la ley y la institucionalidad y que continuarán combatiendo fuerte el delito.“Hablamos de paz, y en un local comercial, donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo les pagamos a esas madres esa pérdida?“, dijo el mandatario.El enérgico cuestionamiento del alcalde fue realizado este 6 de octubre durante la entrega de un CAI a la Policía Metropolitana en la Urbanización Puerta Dorada, suroriente de la ciudad, donde la inseguridad ha estado desbordada. InsistióEl mandatario insistió en que todo acto de paz será siempre “bienvenido”, pero siempre que las intenciones sean sinceras. “Por supuesto nos alegra la voluntad de diálogo, la voluntad de paz, acompañamos el proceso, pero mientras se metan con el barranquillero aquí estaremos firme construyendo los espacios que den tranquilidad y que permitan dormir en paz al barranquillero”, enfatizó el alcalde.El mandatario dejó ver que continuarán la fuerte ofensiva contra las estructuras criminales que operan en la ciudad como ‘Los Pepes’, ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Costeños’.La reacción del presidente Gustavo Petro a esta crítica no se hizo esperar y horas después en su cuenta de X trinó al respecto indicando que “qué seguridad va a haber, si las bandas tienen poder político y electoral en Barranquilla. Ahora sí empezamos a disminuir los homicidios en la ciudad sin contar con la alcaldía”.Esto haciendo referencia a las cifras de reducción de homicidios tras la firma del primer cese al fuego entre ‘Los Pepes’ y ‘Costeños’ durante el pasado mes de septiembre.El presidente dijo además que “¿Por qué empresas de seguridad de Barranquilla escoltaban grandes criminales que aprehendemos y porque tenían permiso oficial para portar armas. Porque las relaciones llegan hasta los juegos en línea que protegieron las comisiones económicas del Congreso y su presidente en el senado?”.
La Gobernación del Atlántico rechazó tajantemente la intención de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de entregar el peaje Papiros y los 12 kilómetros de la vía al Mar que abarca, solo si asumen el pago de una indemnización al concesionario encargado, lo cual según la misma administración va en contra de los acuerdos previamente alcanzados en las mesas de trabajo.El gobernador Eduardo Verano no solo describe la iniciativa como absurda, al estar ligada a un contrato nacional que tampoco ha sido socializado con el departamento, sino que cuestiona que en cada cambio de presidencia en la ANI o en el Ministerio de Transporte se truncan los avances gestionados y se reactivan las tensiones sociales en la zona.“Resulta absurdo que ahora la ANI pretenda que la Gobernación del Atlántico asuma el pago de una indemnización al concesionario, cuando dichos recursos hacen parte de un contrato de Concesión cuya estructuración y alcances no han sido socializados ni conocidos por la administración departamental. Esta exigencia no estaba contemplada en los acuerdos previamente pactados con la entidad nacional, y desconoce el principio de buena fe institucional que ha guiado todas las actuaciones del gobierno del Atlántico”, manifestó el gobernador Verano.Al respecto habló el secretario de interior departamental, Jose Antonio Luque: “Consideramos Sin embargo, consideramos inaceptable que la Agencia Nacional de Infraestructura pretenda desconocer los acuerdos alcanzados con la comunidad y con el gobierno departamental e incluso trasladar al Atlántico responsabilidades económicas que no le corresponden”.“Resulta preocupante que ahora se intente imponer condiciones no pactadas como el pago de una supuesta indemnización al concesionario cuyo valor y sustento desconocemos y que estaría sujeta a inversiones realizadas bajo un contrato de concesión cuya estructuración no ha sido socializada con esta administración”, agregó.Ejemplo de las diferencias con la comunidad mencionadas, es la manifestación que ya fue convocada para el próximo 26 octubre por miembros del Comité No Más Peaje, hoy molestos por el anuncio de la reanudación de los cobros a vehículos particulares a partir de noviembre.“Es por eso que estamos invitando a toda la comunidad porteña que el día 26 del presente mes hagamos una marcha. Tomamos la vía Puerto Colombia a Barranquilla como protesta por la determinación unilateral tomada por Óscar Torres, director de la ANI. Vamos a la calle para seguir reclamando nuestros derechos”, sostuvo.Estos argumentos dichos por la Gobernación son contrarios a los informados por la ANI en su comunicado, en el que solo se refieren a que no se acreditó la disponibilidad de recursos asociados al mantenimiento y las operaciones a ejecutarse en el tramo.Sin embargo, la Gobernación reiteró su disposición de llegar a un acuerdo siempre y cuando se respeten los acuerdos firmados entre las entidades.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.