En el municipio de Juárez, en México, fue encontrado con vida Leonardo Ariel Escobar Barrio, el docente barranquillero, de 42 años, del que no se tenían rastros de vida desde el pasado 2 de enero cuando había sido detenido en el aeropuerto de ese país por presuntas faltas “faltas administrativas”.La noticia fue confirmada tanto por familiares como por la Fiscalía de Nuevo León, la cual en sus redes sociales escribió que el hallazgo se debió gracias “a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación”.Escobar Barrio trabaja en la Universidad Iberoamericana Puebla, pero fue retenido dos días en Monterrey, cuando regresaba en un vuelo directo de Bogotá, donde estuvo pasando vacaciones con su familia.El caso tuvo gran relevancia tanto en Colombia como en tierras mexicanas, por lo que abogados del Sistema Universitario Jesuita, al que pertenece la institución en la que trabaja, están solicitando detalles exactos de lo que fue su retención.Elvira Romero Escobar, prima del profesor, contó hace unos días a Blu Radio que al parecer tuvo un problema con Migración al llegar al aeropuerto, pero nadie daba razón de él.“Leonardo estuvo en diciembre acá en vacaciones, no llegó a Barranquilla, solo en Bogotá, pues estaba departiendo con su papá, mi tío. Como él regresaba el 30 (de diciembre) pues Leonardo se devuelve esa misma fecha para México”, dijo inicialmente.“Al parecer ocurre algo, no sé, como un tema de migración, y a Leonardo en un filtro lo detienen. Posteriormente manifiestan que lo liberan el día dos de enero, esa misma fecha se comunica con Lina, su hermana y también me deja unos audios en donde decía lo que pasó. Me decía que le contestara, pero a Lina si le dijo que lo había liberado”, agregó especificando que esa fue la última conversación que habían tenido.
Tanto el presidente Gustavo Petro como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmaron la suspensión de los traslados que se preparaban para Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', y varios integrantes de Los Costeños hacia Barranquilla, debido a las denuncias de falta de garantías en estos penales.Precisamente, Verano aprovechó para reunirse privadamente este viernes con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y aclararle que antes de eso debe haber un sistema institucional sólido y un buen acompañamiento de la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo.“Evidentemente creemos que si nosotros vamos a hacer escenario, como el que se está solicitando, de conversaciones de paz entre una serie de organizaciones delictivas, pues sería importante que también hubiese paralelamente la construcción de un sistema institucional muy sólido de parte del Gobierno Nacional. Una conversaciones deben tener presencia de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo para poder tener realmente posibilidades de llevarlas a cabo”, dijo inicialmente.“Estaríamos de pronto abriendo las puertas de unas conversaciones que no solamente dificultan la seguridad, sino que tendríamos acá la invasión —por decirlo de alguna manera— de una serie de organizaciones delictivas en nuestras cárceles que no están preparadas. No tienen cámaras de seguridad, ni sistemas de seguridad internos, por lo que pensamos primero en lo que se requiere para poder hacer la propuesta del Comisionado de Paz”, agregó.En la cita no se tomaron decisiones concretas, sin embargo, agendará Verano una segunda reunión para analizar el balance de la tregua entre 'Pepes' y 'Costeños'.Otty Patiño quiso reunirse también con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para hablar sobre este tema, aunque hasta el momento eso no ha sido posible. Asimismo, el barranquillero ha sido uno de los principales contradictores de esta medida.Del mismo modo, la suspensión del traslado también fue confirmado por el mismo presidente Gustavo Petro, quien en sus redes sociales escribió que primero se debe profundizar en el “compromiso con la paz de estas personas".Terminó diciendo que la mediación quedará en manos de Cyrillus Swinne, más conocido como el padre Cirilo, y que hasta ahora el proceso de desactivación ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, declaró este viernes desde Barranquilla que le solicitó a Ecopetrol e Indumil iniciar nuevamente la verificación de una posible compra de la empresa Monómeros; esto teniendo en cuenta la toma que Estados Unidos realizó en los primeros días del año sobre Venezuela.El jefe de esta cartera afirmó ante los medios de comunicación que el primer paso será determinar cuánto cuesta la importante petroquímica con sede en la capital del Atlántico."Le he pedido a Ecopetrol e Indumil, que eran las dos empresas públicas interesadas, iniciar nuevamente en este contexto el estudio de la valoración de lo que consideramos cuesta la compañía para mirar si transitamos, así como lo ha querido el presidente Gustavo Petro, a que Monómero sea adquirida por una empresa nacional", fueron sus palabras.Jocosamente el primero en contestarle fue el gobernador Eduardo Verano: “¿Y por qué no se la entrega a la Gobernación del Atlántico?”, a lo que Palma respondió entre risas que debían ir conversando.Recordemos que Monómeros siempre ha sido un deseo para el actual Gobierno nacional, aunque una eventual compra se ha dificultado a causa de las sanciones de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.En los últimos avances que se tuvieron, hubo gestiones con el embajador en Washington para que la administración estadounidense permitiera una extensión o reactivación de licencias especiales que diera pie a una compra sin violar normativas internacionales.De hecho, se alcanzó a hablar de una firma de acuerdo de confidencialidad, en el que se permitiría intercambiar información con la que actualmente es propiedad de Pequiven, filial de PDVSA (Venezuela), y cuyo valor estimado oscila entre los 70 y 350 millones de dólares.Monómeros ha sido vista como una empresa estratégica para Colombia, para el agro, para los alimentos y para los campesinos, al ser una de las principales proveedoras de fertilizantes del país.
La actuación de la jueza Carmen Luisa Terán en torno a la decisión de darle libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López el pasado 29 de diciembre, por supuestamente presentar buena conducta y estar estudiando y trabajando mientras cumplía con su medida en prisión, está siendo revisada.De acuerdo con la Comisión Judicial de Disciplina, es necesario investigar la conducta de la funcionaria, para lo que solicitaron que el caso sea sometido a reparto “lo más pronto posible en la primera instancia disciplinaria”.Según resume este tribunal, la jueza ha estado asociada desde su despacho del juzgado sexto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla a varias decisiones. Inicialmente le redujo la condena de 39 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir a 29 años.Además, posteriormente le dio la libertad condicional, lo que fue revertido por orden de un segundo juzgado, lo que lo llevó a regresar a la Penitenciaría El Bosque.“Aunque la decisión judicial adoptada antes de finalizar 2025 estaría soportada bajo argumentos de buen comportamiento, arraigo familiar, trabajo y estudio en prisión, la Comisión de Disciplina Judicial considera que hay méritos para revisar esa actuación”.
El calendario astronómico de 2026 se perfila como uno de los más fascinantes de la década. Los entusiastas de la observación estelar tienen ante sí un despliegue de eventos que incluyen dos eclipses solares, dos lunares, una serie de superlunas y, como broche de oro, una alineación de seis planetas que, por su configuración, no volverá a ocurrir hasta el año 2040.El "Anillo de Fuego" sobre la AntártidaLa actividad comenzará temprano en el año. El 17 de febrero de 2026, un eclipse solar anular captará la atención del mundo científico. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero debido a su distancia, no logra cubrir el disco solar por completo. El resultado es el espectacular efecto de "anillo de fuego", donde un borde dorado rodea la silueta lunar.Este evento tendrá una duración máxima de 2 minutos y 20 segundos en su punto álgido. Aunque la visibilidad completa estará reservada para las gélidas latitudes de la Antártida y bases de investigación como Concordia y Mirny, las fases parciales podrán disfrutarse desde el sur de África y el extremo meridional de Sudamérica.La "Luna de Sangre" de marzoPoco después, el 3 de marzo, el cielo nos regalará un eclipse lunar total. Durante este proceso, la Luna adquiere un tono rojizo característico —conocido popularmente como Luna de Sangre— debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.Este eclipse será visible en su totalidad desde la costa occidental de América del Norte, Oceanía y gran parte de Asia. La fase de totalidad se extenderá durante aproximadamente 58 minutos, ofreciendo una ventana amplia para la fotografía y la observación detallada.El gran eclipse total: La cita obligatoria en EspañaSin duda, el evento más esperado es el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Se trata del primer eclipse total de sol que cruzará Europa continental en más de dos décadas. La trayectoria de la totalidad comenzará en el Ártico, pasará por el este de Groenlandia e Islandia —rozando su capital, Reikiavik— y descenderá hasta la Península Ibérica.En España, el eclipse atravesará el tercio norte y el centro del país, finalizando en las Islas Baleares. Ciudades como La Coruña, Oviedo, Bilbao, Zaragoza y Valencia se encontrarán en la franja de oscuridad total. En su punto máximo, frente a Islandia, la oscuridad durará 2 minutos y 18 segundos, ofreciendo una oportunidad única para observar la corona solar.La danza de los planetas y el cierre del añoMás allá de los eclipses, 2026 destaca por una alineación inusual de seis planetas. Este "desfile planetario" permitirá observar a Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno posicionados en una misma región del cielo. Es una configuración geométrica de enorme rareza que no se repetirá en las mismas condiciones hasta dentro de 14 años.Finalmente, el año cerrará su ciclo de eclipses el 28 de agosto con un eclipse lunar parcial. En esta ocasión, la Tierra cubrirá el 96.2% de la superficie lunar, un fenómeno que será visible en casi toda América, Europa y África, cerrando un ciclo astronómico que quedará grabado en los registros de la ciencia moderna.
Los gobernadores de al menos 17 departamentos del país evalúan los caminos jurídicos para no iniciar el recaudo de los impuestos creados por el Gobierno nacional en los últimos días, al amparo de la declaratoria de emergencia económica, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.Dentro de la baraja de opciones que tienen en su mano los gobernadores están la posibilidad de acudir a una tutela, pedirle a la Corte que tumbe la Emergencia y la herramienta más controvertida que evalúan los gobernadores está en aplicar la figura de la denominada excepción de inconstitucionalidad.Esa figura contempla la posibilidad de que un servidor público decida no cumplir un decreto o una ley, por considerar que viola expresamente la Constitución, en este caso, los gobernadores ubican dentro de esa categoría varios decretos mediante los cuales el gobierno creó nuevos impuestos que ellos consideran perjudiciales para los departamentos, porque dijeron que pone en riesgo su sostenibilidad financiera.La mayor preocupación de los gobernadores está en el aumento del impuesto al consumo y el incremento al IVA del 5 al 19% a los licores, pues consideran que estos tributos van a ocasionar la disminución en el consumo, lo cual podría poner en riesgo la atención de necesidades básicas como salud y educación.En ese choque de trenes, estaría en riesgo el recaudo de entre 3 y 5 billones de pesos por parte del gobierno nacional desde los departamentos, específicamente frente al impoconsumo y el aumento del IVA a los licores, sumado a que algunos gobernadores como Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca, lamentan que esta medida pueda disparar el contrabando, disminuye los ingresos departamentales y el recaudo a nivel central.Por supuesto, el Gobierno salió al paso del anuncio de los gobernadores, criticándolos severamente, anunciando desde ya denuncias penales por prevaricato en su contra. El ministro del Interior Armando Benedetti dice que los gobernadores dan mal ejemplo invitando a no acatar la ley, olvidando que el mal ejemplo provino del mismo Ejecutivo, cuando en junio del año pasado intentó pasar por encima del No del Senado a la Consulta Popular, apelando a una supuesta excepción de inconstitucionalidad, que es la misma figura que hoy le aplican los gobernadores en esta rebelión.
El cantante británico Robbie Williams ha lanzado por sorpresa su nuevo álbum titulado 'Britpop', el decimotercero de su carrera, anunció el artista en su perfil de Instagram.Según la revista Billboard, el camino hacia el lanzamiento de este nuevo trabajo musical del ex componente de Take That ha estado lleno de altibajos.Anunciado inicialmente en mayo pasado, el disco tenía previsto su lanzamiento para el 10 de octubre, aunque posteriormente se retrasó hasta el 6 de febrero debido a problemas de calendario.Las once canciones editadas por Williams, que pretenden ser un homenaje a la música de su país, ya se encuentran disponibles en todas las plataformas de "streaming"."Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop (pop británico) y una época dorada para la música" de su país, indicó el cantante en un mensaje publicado en su perfil de Instagram el pasado mes de mayo al anunciar su lanzamiento."He trabajado con algunos de mis ídolos en este álbum; es crudo, tiene más guitarras y es un álbum aún más alegre y con un toque más de himno de lo habitual", subrayó el cantante de "Feel".El álbum marca el primer conjunto de canciones originales de Williams desde "The Heavy Entertainment Show" de 2016 y su estreno se apoyará en una serie de conciertos en el Reino Unido el próximo mes de febrero.
Los gobernadores de los 32 departamentos estudian los instrumentos jurídicos que pueden utilizar para frenar el decreto de emergencia del Gobierno, publicado el pasado 22 de diciembre luego de que el Congreso hundiera el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo.La Federación Nacional de Departamentos (FND) señaló en un comunicado que demandará la propuesta gubernamental al considerar que hay un "riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte".En ese sentido, el Gobierno señaló que busca recaudar 11,1 billones de pesos adicionales en 2026 con los impuestos que decretará en el marco de la emergencia económica declarada la semana pasada para equilibrar la "situación financiera" del país.En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya se refirió a la reunión y el inconformismo por cuenta de las medidas económicas del Gobierno y sobre las cuales, aseguran que se verían gravemente afectadas las finanzas de las regiones. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, confirmó que el próximo lunes 8 de enero a las 8:00 a. m. se llevará a cabo una reunión clave entre los mandatarios departamentales y el Ministerio de Hacienda. El encuentro busca mitigar el descontento generalizado provocado por un decreto de emergencia económica que, según los gobernadores, afecta gravemente las finanzas territoriales al modificar el recaudo de impuestos sobre licores y cigarrillos."Inconformismo" regionalA pesar de que sectores de opinión y algunos mandatarios locales han calificado la postura de las regiones como una "rebelión" o "insubordinación", el gobernador Amaya prefirió definir la situación como un profundo inconformismo. Según Amaya, fue él quien solicitó directamente la reunión al ministro de Hacienda tras la asamblea de gobernadores, argumentando que el Gobierno nacional no puede tomar decisiones de este calibre sin concertar previamente el impacto fiscal en los departamentos.El punto de discordia radica en que los departamentos dependen casi exclusivamente de las rentas provenientes del impuesto a los licores, la cerveza, los cigarrillos y los juegos de azar. El nuevo decreto nacional pondría en riesgo estos ingresos, fundamentales para cumplir con los planes de desarrollo locales.Impacto financiero en las regionesLas cifras en juego son considerables. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia ha señalado que su departamento tendría que trasladar cerca de 700.000 millones de pesos al Gobierno Nacional bajo las nuevas directrices. En el caso de Boyacá, el impacto se estima en unos 32.000 millones de pesos.Amaya subrayó que, aunque el aguardiente es un producto cultural y económico vital —mencionando marcas como el Líder y el Ónix 100 de Boyacá o el Amarillo de Manzanares en Caldas—, el debate de fondo es si las regiones deben seguir financiándose con este tipo de impuestos "viciosos" o si es hora de una reforma que fortalezca los impuestos territoriales de manera estructural.Escuche aquí la entrevista:
Hoy se cumple un año desde que estalló la crisis en el Catatumbo tras el recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33. El informe de la Defensoría del Pueblo reconstruye cómo, en medio de los enfrentamientos, el miedo se instaló en la vida cotidiana: el temor a quedar “en medio de las balas, a perder sus vidas”, o a que reclutaran a sus hijos llevó a familias enteras a salir de manera masiva hacia Ocaña, Cúcuta y Tibú, incluso caminando durante días.De acuerdo con el informe, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas a 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras.Un año después, la crisis es una realidad que sigue empujando a la gente a desplazarse, a vivir bajo amenaza y a tomar decisiones sin garantías. La entidad advierte que, pasada la tensión inicial, muchas familias intentaron retornar para recuperar sus tierras y sus animales, pero varias tuvieron que salir otra vez.“Los catatumberos cuentan que los grupos armados ilegales llegan a sus casas y les dicen que mantengan sus maletas listas porque en cualquier momento les toca volver a salir”, aseguran en el informe.El mismo informe subraya que, aproximadamente, un 27% de la población total del Catatumbo tuvo que desplazarse en el marco de estos enfrentamientos, en un escenario que califica como desplazamiento masivo proscrito por el derecho internacional.Además, deja constancia de que no hay certeza sobre la población que pudo desplazarse hacia Venezuela: para el 24 de enero de 2025, la OIM estimaba 5.789 personas, de las cuales 75% serían de nacionalidad venezolana.El informe recoge denuncias sobre reglas impuestas a la vida cotidiana: restricciones de movilidad, retenes con revisión de celulares y la obligación de “informar” salidas y retornos.“Si usted va a ir a una cita médica, debe mostrarles el papel de la cita, o, por ejemplo, si va a ir a mercar, cuando regrese tiene que mostrarles lo que compró para que ellos miren que realmente si estaba haciendo mercado", relató un labriego para el informe.Además se reportan controles sobre rutas y horarios, y prácticas de inspección de teléfonos que, según el documento, se han intensificado, afectando incluso a funcionarios, organizaciones y representantes de la Iglesia que deben mostrar sus celulares para poder continuar.La Defensoría documenta relatos de familias que, al huir, encontraron después sus bienes en manos de los grupos armados, con prohibición de reclamar lo que antes era suyo."Yo me enteré que mi casa ya estaba habitada por personas cercanas al ELN. Además, supe que usaron mis animales de granja como las gallinas y los cerdos para alimentar las tropas, y me dañaron todos los cultivos que tenía. En total, perdí como 12 millones de pesos de un proyecto productivo que tenía. Ahora estoy endeudado y sin con qué trabajar”, subrayó una lideresa para el informe.En esa misma línea, el informe señala que el ELN ha condicionado el retorno a “filtros impuestos por el grupo armado, lo que compromete el principio de retorno seguro y voluntario”. Y en materia de tierras, consigna que a abril de 2025 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 411 solicitudes para proteger predios abandonados por sus propietarios o tenedores.La Defensoría integra datos que muestran la dimensión del daño a la población civil: en el periodo citado se incluyen 12 niños, niñas y adolescentes reclutados, 20 personas víctimas de tortura y 22 víctimas por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.El consolidado reporta 163 homicidios, incluidos 6 firmantes, al menos 3 líderes sociales y 10 menores de 18 años. A esto se suman los impactos sobre mujeres: entre el 16 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la Defensoría dice haber conocido 634 casos de violencias basadas en género, con 151 asociados a trata de personas por explotación sexual, matrimonio servil y trabajos forzosos.Los drones y explosivos improvisados aparecen como una amenaza permanente. Con base en datos del Comando General de las Fuerzas Militares, entre abril de 2024 y el 21 de diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones (275 en 2025), con 2 menores de 18 años y 24 integrantes de la Fuerza Pública muertos, además de 43 civiles heridos y 265 miembros de la Fuerza Pública lesionados.La Defensoría recoge que las comunidades viven con la zozobra de que “en cualquier momento” un dron ataque viviendas o parcelas; incluso relata que, durante una visita humanitaria en septiembre, comunidades dijeron que los drones se escuchaban sobrevolando las aulas o aparecían cerca de las escuelas, al punto de que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos por temor a una detonación.En paralelo, el secuestro sigue siendo una práctica de poder y presión. La Comisión Humanitaria informó que participó en 29 liberaciones, desarrolladas en misiones humanitarias, y que en 2025 se logró la libertad de 121 personas; sin embargo, la Defensoría, regional Norte de Santander, reportó que 59 personas permanecían secuestradas. La Unidad para las Víctimas incluyó 108 eventos de secuestro y 162 personas por hechos ocurridos entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025; el informe agrega que, según datos de la Defensoría, al menos 180 personas habrían estado secuestradas en el Catatumbo durante 2025.El negocio de la coca, con ganancias “exorbitantes”, es descrito como motor de la confrontación. En el informe se cita que, según fuentes de inteligencia militar, ese negocio puede dejar cerca de 10.000 millones de pesos al año. En esa línea, el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, adviertió que “para acabar la guerra debemos acabar primero que todo con el combustible de la guerra. Y el combustible de la guerra son los cultivos ilícitos”. A esto se suma el dato de UNODC-SIMCI (2025), citado en el informe, según el cual el Catatumbo pasó de 42.043 hectáreas sembradas con coca en 2022 a 43.867 en 2023; y que Tibú concentra el 52% del total regional, con 23.029 hectáreas.En medio de esa economía, la Defensoría registra que las comunidades describen extorsiones a comerciantes, cobros por pasos irregulares y mecanismos de control como “carnetización” o exigencias simbólicas, además de presiones sobre obras comunitarias.Además advierte indicios de llegada de nuevos actores armados a la confrontación, como Autodefensas de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), en un territorio estratégico por su frontera porosa con Venezuela y los corredores hacia el Magdalena Medio y la Costa Atlántica.Las consecuencias también se han sentido fuera de los límites rurales. El informe señala que Cúcuta, además de recibir desplazados, enfrenta disputas de estructuras armadas y normas impuestas en barrios: fronteras invisibles, restricciones de movilidad y riesgos de reclutamiento, especialmente en el área urbana. Y en el propio Catatumbo, el documento resalta impactos sobre pueblos indígenas como los Barí, cuyo confinamiento y riesgo de enfrentamientos han alterado su vida y su seguridad alimentaria.Sin embargo, el informe es enfático en señalar que, para las comunidades, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Los habitantes del Catatumbo denuncian que, pese a los anuncios y a la declaratoria del estado de conmoción interior a comienzos de 2025, las promesas no se tradujeron en cambios reales en el territorio. Relatan que la presencia institucional fue temporal y que, una vez se retiró la fuerza pública, las condiciones de inseguridad y abandono persistieron.La Defensoría recoge el descontento de líderes y comunidades que aseguran que el problema no fue la declaratoria de la conmoción interior, sino que las medidas anunciadas “se quedaron en promesas” y con el paso del tiempo “se diluyeron, volviendo al estado de abandono estatal en el que han estado sumidos por décadas”.A ello se sumó la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los decretos que permitían la financiación de proyectos estratégicos, lo que, según el informe, anuló las posibilidades materiales del Gobierno para concretar las intervenciones prometidas.El informe también advierte sobre las dificultades estructurales que enfrenta cualquier intento de transformación del territorio. El propio Gobierno nacional reconoció, al establecer medidas para financiar las necesidades de seguridad y sociales durante la conmoción interior, que no existen recursos suficientes para cubrir los proyectos que requiere la región.A esto se suman las condiciones de seguridad, que obstaculizan el desarrollo de obras y programas, pues los actores armados limitan el acceso al territorio o imponen cobros a contratistas para permitir el ingreso.Pese a este panorama, el informe señala que los habitantes del Catatumbo no han renunciado a su deseo de vivir en un territorio en paz. Las comunidades insisten en que los actores armados participen en las negociaciones y le demandan al Estado el cumplimiento efectivo de los acuerdos que se puedan alcanzar en esos escenarios.Otro reclamo recurrente es la necesidad de contar con medios de vida alternativos a la economía de la coca, así como avances reales en la construcción y mantenimiento de vías en condiciones óptimas que les permitan comunicarse entre municipios y con los centros urbanos, y sacar sus productos de manera segura.En materia de derechos, las comunidades insisten en la urgencia de garantizar el acceso a salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y crédito, como condiciones mínimas para permanecer en el territorio.Los afectados reclaman una respuesta estatal imparcial, especialmente por parte de las instituciones encargadas de la protección y la atención a víctimas. Finalmente, demandan atención psicosocial para enfrentar el miedo, la zozobra y el profundo malestar que ha dejado esta crisis.A pocos meses de concluir el mandato del Gobierno nacional, el Catatumbo continúa a la espera de que los proyectos anunciados se materialicen y se implementen conforme a las circunstancias del territorio.
Hay expectativa en Barranquilla porque en la tarde de este viernes se estará reuniendo el alto comisionado para la paz Otty Patiño con el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano para buscar un acuerdo en torno a los traslados de algunos miembros de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ a centros carcelarios de la capital del Atlántico antes del 20 de enero.Para esto, el funcionario del Gobierno nacional solicitó durante la semana las citas para estos encuentros que realizará por separado; primero con el alcalde y luego con el gobernador.Al respecto, Blu Radio conoció que ya el gobernador Eduardo Verano confirmó el encuentro, sin embargo, no está confirmado si el alcalde Alejandro Char, uno de los más críticos a estos traslados, lo recibirá en su despacho. Patiño buscará acercarse a las autoridades locales del Atlántico, luego de los reclamos que se produjeron el pasado fin de semana porque no había sido socializada la intención de trasladar a líderes como 'Castor', 'El Negro Ober', entre otros, a cárceles de Barranquilla, lo que para el alcalde Alejandro Char dejaba expuesta a la ciudad. "En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente", manifestó el alcalde a través de su cuenta de X el pasado lunes. Patiño explicaría a los mandatarios el objetivo de estos traslados y buscaría realizar acuerdos para involucrarlos en el proceso de diálogo y acercamiento que lidera el Gobierno con estos grupos delincuenciales que operan en la zona urbana de Barranquilla y su área metropolitana.
La calidad del servicio de energía en la región Caribe mostró un cambio durante 2025. Atlántico, Magdalena y La Guajira registraron el mejor desempeño de los últimos años en los indicadores que miden las interrupciones del suministro eléctrico, un avance que impactó de manera directa a más de cinco millones de usuarios entre hogares, comercios e industrias atendidos por Air-e Intervenida.De acuerdo con las cifras consolidadas de la compañía, en promedio la luz se fue 38,21 horas durante todo 2025 en estos tres departamentos. Este dato, medido a través del indicador SAIDI, representa una reducción del 36,6 % frente a 2024, cuando el promedio anual era de 60,33 horas sin servicio. En términos prácticos, los usuarios pasaron menos tiempo a oscuras, una de las principales quejas en esta zona del país.Por otro lado, el indicador SAIFI, que mide cuántas veces se interrumpe el servicio en el año, bajó de 31,58 a 29,96 interrupciones, lo que equivale a una reducción del 5,12 %. Aunque el número de cortes sigue siendo un reto, la tendencia descendente confirma una mayor estabilidad en la operación del sistema eléctrico.A este avance en calidad se suma la estabilidad de la tarifa, anunciada como parte del esfuerzo por aliviar el impacto económico en los usuarios y recuperar la confianza ciudadana. De cara a 2026, la empresa aseguró que continuará ejecutando obras priorizadas, gestionando nuevos recursos con el apoyo del Gobierno y promoviendo una cultura de corresponsabilidad, en la que el pago oportuno y el uso adecuado del servicio sean claves para mantener y mejorar el suministro eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Hacia un centro penitenciario en Barranquilla será trasladado Álvaro Felipe Rivera Ramírez tras la medida de aseguramiento de detención preventiva que le ordenó el Juzgado 07 Penal Municipal por ser el presunto autor material del feminicidio agravado contra su expareja Valentina Cepeda Rodríguez, luego de su hallazgo en un apartamento en abril de 2024.El togado se acogió a la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía, aunque aclaró que esta no es una condena anticipada, pues solo busca proteger los fines de orden constitucional y el avance de las investigaciones. Además, aclaró que en el juicio el procesado podrá utilizar todas sus pruebas para defenderse.“Imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario en contra de Álvaro Felipe Rivera Ramírez, acorde al artículo 307 de la Ley 906 de 2004, como presunto autor material a título de dolo de la conducta punible de feminicidio agravado. Contra la presente decisión proceden los recursos de ley”, expresó durante la audiencia.En medio de la diligencia, el juzgado especificó como clave el dictamen emitido por Medicina Legal en el que no se evidencia ninguna marca en el cuello de Valentina, proveniente del columpio de Aeroyoga aparentemente utilizado.“¿Y qué traduce esto? Que fue una fuerza extrínseca, una fuerza externa de tal magnitud la que ocasionó la lesión a la laringe. Es decir, que no fue el producto de un ahorcamiento en el columpio de aeroyoga, sino de una fuerza externa de digitopresión. Es decir, que en el caso concreto la versión de la defensa se va difuminando”, añadió.La decisión fue apelada por la defensa de Álvaro Felipe Rivera Ramírez.Recordemos que Valentina Cepeda, en su tiempo, fue llevada hacia la clínica Portoazul en Puerto Colombia. La explicación que entregó su pareja es que le tomó una foto pensando que estaba molestando y minutos después se percató que no respiraba.El fiscal Nicolás Busto señaló que contra la víctima se ejercía violencia económica y física. Del mismo modo, declaró que, al parecer, la controlaba como hombre dominador a través de llaves de jiu-jitsu, un deporte de arte marcial desarrollado en Brasil en el que se busca inmovilizar cuerpos por medio de derribos y estrangulamientos.
Antes de convertirse en un sello de Barranquilla, Curramba fue una solución periodística. Surgió de la necesidad de comunicar con claridad y de evitar confusiones en una época en la que las abreviaturas eran parte esencial del ejercicio informativo. Detrás de esa palabra estuvo el periodista barranquillero Juan Eugenio Cañavera, y hoy, décadas después, su legado encuentra continuidad en una nueva generación que apuesta por contar esa historia más allá de las fronteras.¿Quién era Juan Eugenio Cañavera?Trabajó en medios escritos y radiales en tiempos en los que la precisión del lenguaje era determinante. En ese contexto, era frecuente la confusión entre Barranquilla y Barrancabermeja, ciudades cuyos nombres se abreviaban de forma similar en los sistemas telegráficos y periodísticos. Mientras Barrancabermeja se identificaba como Barranca, Barranquilla aparecía abreviada como Barranq. Para evitar errores, el periodista recurrió a un recurso muy propio del habla barranquillera: invertir las palabras. Así, Barranq pasó a leerse como Qrramba, término que con el tiempo evolucionó a Curramba y terminó instalándose en el lenguaje cotidiano.Lo que comenzó como una solución práctica se transformó en identidad. Curramba dejó de ser una abreviatura invertida para convertirse en una forma de nombrar a la ciudad y a su gente, cargada de sentido de pertenencia, orgullo y carácter caribe. Una palabra que hoy sigue viva en el habla popular y en la memoria colectiva.Legado periodístico a través de su sobrina Daniela Castillo CañaveraEse legado periodístico marcó profundamente la historia profesional de su sobrina, Daniela Castillo Cañavera, una comunicadora social y periodista barranquillera, con más de 15 años de experiencia en el gremio, decidió desde muy joven seguir el camino del periodismo, convirtiéndose en la única integrante de la familia Cañavera que continuó esa vocación de manera profesional. Su cercanía con Juan Eugenio Cañavera, hermano mayor de su abuelo, y las historias escuchadas desde la infancia, sembraron en ella la convicción de que las palabras tienen poder y que la narrativa construye identidad.A lo largo de su carrera, Daniela ha trabajado en importantes casas periodísticas y en el campo de la comunicación estratégica y las relaciones públicas, consolidando un perfil marcado por la narrativa, el análisis y la construcción de mensajes con impacto social. Su trayectoria le ha permitido entender el periodismo no solo como un ejercicio informativo, sino como una herramienta para preservar memoria, conectar comunidades y generar sentido colectivo.Ella asegura que su propósito se mantiene intacto, cuando se decidió por continuar el legado periodístico de su tío y aseguró que su más grande anhelo es seguir contando historias que expliquen quiénes somos. En ese camino, ha asumido la tarea de documentar y proyectar el origen de "Curramba", no como un ejercicio nostálgico, sino como una apuesta cultural hacia el futuro.Para reconstruir esa historia, Castillo ha recopilado información y testimonios colegas, amigos y familiares, entre ellos los relatos conservados por su prima Martha Aimée Cañavera, guardiana de múltiples anécdotas sobre la vida y obra de Juan Eugenio. Ese ejercicio de documentación busca darle rigor y contexto a una palabra que hoy muchos usan, pero pocos conocen en su origen.Llevar el nombre de "Curramba" más allá de Barranquilla Daniela pretende reforzar, especialmente entre las nuevas generaciones, el valor del lenguaje, del dialecto y de la jerga como expresiones de identidad.“Como barranquilleros, es importante apropiarnos de nuestras raíces, de nuestro dialecto y de nuestra idiosincrasia. Cuando conocemos el origen de las palabras que usamos, entendemos su valor y fortalecemos nuestra identidad”, señaló.Desde la comunicación, los espacios culturales y el ejercicio permanente del periodismo, Daniela Castillo Cañavera, trabaja por extender ese legado y demostrar que una palabra nacida del ingenio periodístico puede seguir creciendo y dialogando con el mundo.“Barranquilla es una ciudad hermosa , llena de tanta historia, y como barranquillera me siento orgullosa que parte de esa historia venga de mi familia”, expresó Daniela.Finalmente, hay que decir que Curramba nació de una inversión de letras, pero se sostuvo gracias a una inversión emocional profunda en la ciudad y su gente. Hoy, esa historia continúa escribiéndose a través de nuevas voces que entienden que el periodismo, cuando se ejerce con conciencia y pasión, puede trascender generaciones y fronteras.
Desde el 20 de diciembre, 440.000 afiliados de la Nueva EPS en el Atlántico enfrentan la interrupción en la entrega de medicamentos, situación que ha encendido una alerta sanitaria en el departamento. La entidad atribuye la crisis a problemas de liquidez y embargos judiciales, que generaron una deuda cercana a $75.000 millones con el gestor farmacéutico Éticos, quién terminó cerrando todos los puntos de dispensación de medicamentos.El impacto es mayor en pacientes crónicos y de alto riesgo, como Aida Luz Madero, trasplantada de riñón. La crisis de salud que afecta al sistema, la tiene enfrentando una batalla con su cuerpo, sus finanzas y Cafam, el gestor farmacéutico alterno de Nueva EPS, el cual desde hace cuatro meses no le responde por los medicamentos que, mal contados, le cuestan mensualmente $2.600.000 pesos si los asume de su bolsillo.“Hace casi 4 meses que no me entregan la medicación. Tengo pendientes para reclamar y algunos ya se consideran vencidos. Entonces, son medicamentos que prácticamente no vamos a obtener y a otras instancias como la Supersalud, tenemos tutela, tenemos desacatos, pero nada de eso ha sido suficiente para la entrega de medicamento”, expresó en una entrevista con medios de comunicación.Por el momento, Nueva EPS informó que se encuentra en proceso de contratación de un nuevo gestor farmacéutico de Sincelejo, el cual cuenta con 48 puntos de atención. Sin embargo, sigue la preocupación para la Secretaría de Salud dado que no hay claridad sobre la presencia de este gestor en los 22 municipios del departamento.Ante esto, la Nueva EPS planteó realizar "entregatones" masivas y el uso de un link virtual para la captura de fórmulas, una vez se designe el nuevo gestor, a fin de cumplir con los requerimientos de los pacientes.
Continúa la conmoción en la isla de San Andrés tras el hallazgo de tres personas muertas al interior de una habitación del hotel Portobelo Convención, ubicado en pleno sector turístico de la isla. El trágico suceso ocurrió en las últimas horas y ya es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.Según informó el coronel James Evelio Totena, comandante del Departamento de Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las víctimas son dos adultos y un menor de edad, quienes, al momento de ser encontrados, ya no presentaban signos vitales.“Cuando las unidades se acercaron al lugar, evidenciaron dos cuerpos de dos personas adultas y un menor de edad, los cuales ya no tenían signos vitales. Al ver que tampoco tenían signos de violencia, se procedió al acordonamiento del sitio con el personal de nuestra seccional de investigación judicial y acompañamiento al CTI de la Fiscalía que adelantó los actos urgentes”, señaló el oficial.De igual manera, la Policía de dicha jurisdicción aseguró que al no tener signos de violencia será Medicina Legal quien determine las causas de muerte, por lo que en estos momentos se llevan a cabo diferentes labores forenses.Fuentes cercanas al caso le confirmaron a Blu Radio que, por petición expresa de los familiares, las identidades de los fallecidos no han sido reveladas. Sin embargo, se conoció que las edades de las víctimas serían de 42, 45 y 4 años. Se presume que se trataba de turistas procedentes de Bogotá, quienes habían llegado recientemente a la isla para pasar vacaciones.La habitación del hotel fue asegurada por las autoridades, mientras continúan las labores técnicas de recolección de pruebas. El caso sigue siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía y la Policía Judicial, que trabajan de manera conjunta para esclarecer los hechos que rodean esta dolorosa pérdida.
Hasta el Hogar Granja Asilo San José llegó en las últimas horas el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, para solidarizarse con las hermanas que administran este lugar en el que se registró un incendio durante la noche del jueves que acabó con la vida de dos adultos mayores.El mandatario departamental aseguró en el sitio que asumirán los gastos necesarios para volver a comprar los implementos calcinados, con el fin de que la operación no se detenga en el asilo, donde hoy atienden a más de 60 residentes.“Queremos decirles que no están tan solos. Todo el departamento, toda Barranquilla está presente en estos momentos de dificultad y de dolor. No les hará falta nada. Seguiremos entregando los recursos, los elementos que sean necesarios para atender a las más de 60 personas de avanzada edad que están en este lugar”, fueron las palabras de Verano.De la misma manera, la hermana Leticia Peña, una de las directoras del recinto, explicó que las llamas se presentaron en el pabellón donde reposan las personas que requieren mayor cuidado y aunque reaccionaron con rapidez, fue imposible salvarle la vida a las víctimas.“Nuestros abuelitos son como la familia de nosotros. Ellos no tienen a más nadie que los atienda, que los quiera. Para nosotros es difícil, pero mi Dios está con nosotros y nos ayuda en todo momento, en los momentos en que más necesitamos”, mencionó a los medios de comunicación.“Queremos enviar un mensaje de fortaleza y consuelo a las familias de las personas mayores fallecidas. Nos unimos a su dolor, lo hacemos nuestro, y elevamos nuestras oraciones con la esperanza puesta en la promesa de vida eterna. A las familias de los demás residentes, a nuestros colaboradores, Laicos Madre Marcelina, y a toda la comunidad del Hogar Granja San José, les reiteramos nuestro compromiso indeclinable con el cuidado, la seguridad, la dignidad de cada persona mayor que habita entre nosotros”, se aseguró en otro comunicado.Los fallecidos fueron identificados como Eliecer Ríos de la Rosa, de 92 años, y José Isabel Vizcaíno Acosta, de 66 años, quien recientemente había sufrido un accidente cerebro vascular. Ambos tenían problemas para caminar.Mientras tanto, desde el lugar confirmaron que dos enfermeras y una cuidadora resultaron afectadas por la inhalación de humo al intentar salvaguardar la vida de los residentes, por lo que fueron trasladadas al Hospital Universidad del Norte donde se encuentran actualmente fuera de peligro, en recuperación y ya en sus respectivos hogares.
Las alarmas se encendieron en las últimas horas en la región Caribe debido a las muertes de Adaluz Pérez Santana y Alcides Rincón Molina, al parecer ambos casos relacionados con el delito de la extorsión en Barranquilla, Atlántico y Ciénaga, Magdalena, respectivamente.De acuerdo a los informes de la Policía Metropolitana, la mujer de 27 años falleció en la madrugada de este sábado 12 de julio en las instalaciones de la Clínica Adelita de Char, a la que fue llevada luego de ser baleada en un restaurante llamado Arroz Paisa, en el sur de Barranquilla, mismo que había recibido amenazas extorsivas por parte de bandas criminales.Pérez Santana, según los reportes de fuentes judiciales, en realidad es nativa del Plato Magdalena, sin embargo llegó a Barranquilla hace varios meses para conseguir el sustento de su familia, aprovechando la oportunidad de ser mesera en el recinto mencionado.Es por ello que estaba en el sitio cuando el responsable fingió ser un cliente y le propinó un balazo en su cabeza. Blu Radio conoció que allí ya se había entregado un panfleto intimidante proveniente de 'Los Costeños', y hace un año se había hecho efectivo el pago de un dinero por extorsión.Impotencia y dolor sintió el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, luego de enterarse de este caso, por lo que se pronunció en sus redes sociales para enviar un mensaje de condolencia y solidaridad a las familias víctimas de estos hechosEl mandatario escribió en sus redes que “ya era hora que la Policía empiece a dar resultados”, puesto que han entregado motos, patrullas, CAI móviles y estaciones de Policía y aun la gente vive con el temor de la extorsión”La violencia no se detuvo hasta llegar a Ciénaga, Magdalena, donde en las últimas horas fue ultimado el tendero Alcides Rincón Molina, al parecer cuando intentaba abrir su negocio conocido como El Aventurero, en hechos que son materia de investigación para las autoridades.La esquina de la carrera 36A con calle 18C, de donde escaparon los sicarios en una motocicleta, fue rápidamente rodeada por unidades de la Policía, pese a que aún no hay mucha claridad en el tema.Finalmente, y al margen de estos dos casos, Blu Radio conoció que hubo otro deceso en la capital del Atlántico, esta vez teniendo como víctima a Farit Taborda Montaña, persona que recibió varios disparos cuando dejaba a su pareja sentimental en su casa en el barrio El Rubí.Tanto el vehículo como el rastro de los sicarios es materia de estudio para los investigadores a cargo del caso.
Flotando en el río Sinú, a la altura del sector Puerto Platanito, en el municipio de Montería, Córdoba, fue encontrada sin vida en las últimas horas la joven de 19 años llamada Yilse Mena Canchila, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado miércoles 9 de julio.La misma comunidad fue la encargada de alertar a las autoridades, quienes se acercaron al sitio para practicar las labores forenses y trasladar el cuerpo hasta la sede de Medicina Legal, evidenciando que el mismo estaba semidesnudo.En consecuencia, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, no demoró en lamentar los sucedido y anunciar que las autoridades ya estaban al frente de la situación.“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Yilse Mena Canchila, una joven de 19 años hallada sin vida en el río Sinú, a la altura del sector Puerto Platanito”, escribió inicialmente.“Nuestra solidaridad con su familia en este difícil momento. Las autoridades ya trabajan para esclarecer los hechos”, agregó en su cuenta oficial de X (antes twitter).Hay que decir que hasta el momento no han sido revelados los móviles de este deceso o si habría sospechosos detrás del mismo.
Hay alerta en Barranquilla, luego del ataque a bala en el que murieron Andrés Manuel Jimenez De La Hoz, de 35 años, y Antonio David Severiche Fruto, de 29, hechos ocurridos en la urbanización Las Gardenias y en los que también resultó gravemente herido Antonio David Moreno Polo, de 48 años.De acuerdo al reporte de las autoridades, estos se encontraban en un punto de mototaxistas, cuando fueron abordados por un desconocido vestido con camisa blanca y bermuda que repentinamente les disparó en varias ocasiones.Las víctimas quedaron en el suelo y el agresor logró escapar en una motocicleta que lo esperaba más adelante.“Lo mató, lo mató, ayudénlo, ayudénlo, llevénlo a una clínica”, fueron las palabras que se pudieron escuchar de la comunidad que salió al instante hacia el sitio para socorrer a los baleados.Gracias a los reportes de la Policía Metropolitana, Blu Radio conoció que los hechos estarían presuntamente relacionados con una venganza por el homicidio registrado en horas de la mañana de Yessid Geovanni Catalán Mantilla, en el barrio Villa Lozano, del municipio de Soledad.Al parecer, Yessid Geovanni Catalán era escolta de alias 'Marlon', quien, según las autoridades, sería el encargado del tráfico de estupefacientes en el conjunto número 7 de Las Gardenias.El caso fue asumido por agentes del CTI de la Fiscalía, los cuales reportaron que Andrés Manuel Jiménez, una de las víctimas de esta doble matanza, registraba una anotación judicial por el delito de homicidio en 2022.Cabe resaltar que en el área metropolitana de Barranquilla, puntualmente en el barrio La Alboraya, también se registró un ataque recientemente en el que resultaron heridos José Gabriel Ramos Solano, de 26 años y Cristian Antonio Orozco Mena, de 41, tras la interceptación a un vehículo Suzuki de placas NER 747.De José Gabriel Ramos Solano se sabe que recibió al menos tres balazos, uno de ellos en la parte derecha de su abdomen, y que tiene seis anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre esos el de fuga de presos.Del mismo modo, en agosto del año 2025, también había sido víctima de un atentado del que logró mantenerse con vida.
Los casos de violencia intrafamiliar siguen generando alertas en el departamento de Bolívar, en donde, en lo corrido de este 2026, ya se han registrado seis capturas por este delito.Precisamente, uno de los casos que más ha generado conmoción entre las organizaciones y redes de mujeres, es el de una mujer en el municipio de Magangué, cuya expareja intentó prenderle fuego a la vivienda en la que ella se encontraba junto a su pequeño hijo.De acuerdo al reporte de la Policía de Bolívar, el agresor llegó en horas de la madruga a la vivienda e intentó incendiarla desde la puerta.“En horas de la madrugada, el hombre habría llegado hasta la vivienda donde residía la víctima junto a su hijo, menor de edad y, de manera violenta, roció gasolina en la entrada del inmueble y prendió fuego, ocasionando un principio de incendio que puso en grave riesgo la vida de ambos. Gracias a la rápida reacción de la víctima, quien logró percatarse de las llamas y apagar el fuego, se evitó una tragedia mayor”, explicó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, subcomandante de la Policía de Bolívar.Esta no habría sido la primera agresión que sufrió la mujer y su hijo, pues días antes, según la denuncia, esta persona la habría golpeado en plena vía pública.“Ante la gravedad de los hechos, la denuncia fue instaurada de inmediato y se adelantaron las labores investigativas correspondientes, permitiendo a la Fiscalía solicitar ante un juez de control de garantías la orden de captura, al considerar que el indiciado representaba un peligro inminente para la vida e integridad de la víctima y su hijo”, detalló el oficial.Tras su captura, el agresor fue enviado a la cárcel por el delito de violencia intrafamiliar violencia intrafamiliar agravada.
La crisis del sector salud golpea a Orleth Flórez y a su hijo Eddwin Torres, madre e hijo barranquilleros, quienes en la mañana de este jueves 15 de enero fueron retirados de la sala de urgencias del Hospital Mental de la red hospitalaria del Atlántico ante la falta de respuestas de la EPS Familiar de Colombia, a la cual le solicitaron desde hace una semana el traslado del paciente a un centro psiquiátrico.Según le manifestó la psiquiatra en turno a Flórez, estos debían irse, porque ya no podían esperar más por la llegada de una ambulancia. La mujer cuenta que suplicó para que no los retiraran, pues, incluso, manifestó que teme ser agredida por su hijo, quien en los últimos días hasta le prohibió el ingreso a su propia casa, pero lo que recibió de respuesta fueron las pertenencias de su hijo, empacadas en una bolsa, para que se retiraran del sitio.EPS no responde“Los psiquiatras dicen que tienen que dar la salida. Que como están llamando a la EPS y no responde, entonces dijeron que se fuera. Él se me va, se me va para el mar. La última vez estaba en el puente Pumarejo. Tengo miedo de llevármelo. Él no me deja llegar a mi casa. Puede intentar agredirme en medio de esta crisis. La EPS Familiar de Colombia no responde. Ellos no llaman ni nada”, contó la madre del hombre.Pese a que la Personería de Barranquilla intervino para que la EPS Familiar de Colombia enviara una ambulancia, la mujer y su hijo completan varias horas, sentados con sus pertenencias en mano, a las afueras del hospital mental porque fueron retirados.
La mesa exploratoria en la que está participando Digno Palomino, como líder de la banda delincuencial 'Los Pepes', enfrenta un momento de tensión, luego de que Palomino no llegara a un acuerdo con la Dirección Nacional de Inteligencia ni con la Oficina del Comisionado de Paz, debido a unas condiciones que le plantearon para que se cumpla el traslado de él, y de varios miembros de su banda, hacia cárceles de Barranquilla. Según información que conoció Blu Radio, desde el Gobierno se les estaría solicitando a 'Los Pepes' y 'Los Costeños' que reconozcan responsabilidad directa sobre zonas específicas de Barranquilla en las que tendrían mayor injerencia. La exigencia incluye que, una vez concentrados o trasladados a las cárceles de la capital del Atlántico, no se presente ningún tipo de accion violenta en dichas áreas. De acuerdo con información conocida por este medio, esa fue la razón por la que no fue incluido en el primer grupo de 17 personas que iba a ser trasladado el pasado sábado a la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, pues manifestó su inconformidad ante esta condición y decidió no dar información al respecto. Este habría manifestado que ni él ni sus hombres pueden asumir una responsabilidad absoluta sobre la seguridad en esos sectores, teniendo en cuenta que hay otros grupos delincuenciales que operan en la ciudad y que cualquien hecho realizado por estos, podría ser atribuido automáticamente a su estructura, lo que pondría en riesgo el proceso y su seguridad jurídica.Por lo pronto hay expectativa por una reunión que se adelantaría en próximos días para lograr un acuerdo frente a la realización de estos traslados hacia Barranquilla, como parte de la previa para la instalación de una mesa de diálogo formal entre el Gobierno y estos grupos delincuenciales.
La salida de Jorge Lemus de la Dirección de Nacional de Inteligencia no dejaría en el limbo el avance de las conversaciones entre el Gobierno y los líderes de las bandas 'Los Pepes' y 'Los Costeños', pese a que hay tensión en el proceso por la suspensión de unos recientes traslados que iban a ser realizados a la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. Así lo reveló Lemus en entrevista en Mañanas Blu, quien explicó que las mesas exploratorias continúan. "Eso sigue. Se están haciendo todas las cuestiones logísticas para la reunión que se tiene que hacer antes del 20 de enero antes que se acaba la tregua que ellos tienen. Eso sigue", explicó. Al respecto, manifestó que fue él quien solicitó la suspensión de los traslados que iban a iniciar el pasado 10 de enero, de un grupo inicial de 14 personas, entre las que se encontraba Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', y Ober Ricardo Martínez, alias 'El Negro Ober'. "Nosotros les dijimos que íbamos a hacer un proceso con ellos e íbamos a llevar a algunos privados de la libertad que estaban en diferentes cárceles del país para sentarnos con el gobierno Distrital y el gobierno departamental del Atlántico, pero los empezaron a trasladar desde el Inpec. Entonces yo me atreví a escribirle al del Inpec que no los trasladaran, que los dejaran quietos mientras hacíamos el traslado correspondiente que todavía no es", explicó el director saliente quien se quedará al frente de la UIAF. Manifestó que el traslado no debe involucrar a los 45 reclusos que solicitaron los líderes de estas bandas. Que puede ser un número inferior.
El incremento en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional no solo golpea al sector financiero, sino también al trabajo de resguardo de animales que se realiza en el Zoológico de Barranquilla, donde tuvieron que incrementar el precio de las entradas para este nuevo año.Farah Ajami, directora del zoológico, expresó que este año el aumento de las entradas subió un 20% dado que su operación depende principalmente del salario y no del IPC.“Tenemos una gran cantidad de personal operativo que es el que cuida a los animales y los atiende, hace la rutina de limpieza, de alimentación. Además de eso, pues tenemos otros gastos que se ven afectados por el incremento del salario mínimo como vigilancia, aseo, jardinería, mantenimiento”, expresó en medio de su entrevista.Así las cosas las entradas pasaron de costar 30 mil a $36.900 para los niños que midan entre 80 y 150 centímetros y para adultos de $35.000 a $42.900.Esta operación es permanente e independiente de que el Zoológico esté abierto o no al público, porque implica el cuidado diario de 700 seres vivos. A esto se suman otros costos también presionados por el aumento salarial, como vigilancia, y un mantenimiento cada vez más costoso, debido a una infraestructura con más de 70 años de antigüedad.Del mismo modo, la directora Farah Ajami especificó que necesitan un impulso en las visitas que diariamente reciben en estas instalaciones, puesto que el 70% de su sostenimiento depende de ello. Por estos motivos, no miran con malos ojos una reubicación urgente del zoológico, pues es un proyecto que lleva años discutiendo.Afirma Ajami que aunque “hoy funciona como un gran parque y pulmón verde para Barranquilla al estar en un entorno urbano”, no tienen posibilidades de expansión.Desde tiempos anteriores a la pandemia, este lugar estaba acostumbrado a recibir cerca de 305.000 visitantes anuales, sin embargo con el pasar del tiempo los rublos bajaron hasta 143.000, siendo más grave el último año donde hubo solo 134.000 que llegaron hasta este punto.