A Nelson Estiven Ortega Rojas, de 24 años, su asesino lo llegó buscando a su casa en el barrio Villa Carmen II, del municipio de Soledad. El joven estaba al interior de su vivienda cuando el sicario se acercó hasta la puerta y lo llamó varias veces por su nombre, hasta que al verlo le dio un disparo que le entró por un costado del pecho.Nelson alcanzó a ser llevado al hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, pero allí dio su último respiro mientras médicos hacían lo imposible para salvarlo.Allegados a la víctima contaron a las autoridades que el joven, quien se ganaba la vida como albañil trabajando como ayudante de su papá, había sido amenazado semanas atrás por presuntos miembros de la banda Los Costeños, quienes le exigían que colaborara con ellos en la estructura criminal, realizando cobros de extorsiones y la venta de estupefacientes.Pese a su resistencia a vincularse con la actividad criminal, los delincuentes no cesaron en las intimidaciones hasta acabar con su vida.Otros casos En el barrio, suroccidente de Barranquilla un joven de 19 años fue asesinado mientras se encontraba visitando a su novia.La víctima es Anthony De Jesús Frías Pérez, quien fue baleado de cinco tiros cuando se encontraba en la terraza de una casa hablando con su joven pareja. Posteriormente fue llevado hasta el P.A.S.O El Bosque, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Autoridades investigan un posible ajuste de cuentas.
El pasado fin de semana, Oscar Arévalo y Juan Diego Arévalo, padre e hijo, murieron tras la detonación de un explosivo del ELN mientras se movilizaba por zona rural de Pailitas, Cesar, exactamente en la vereda La Paz. De acuerdo con las autoridades, este ataque del ELN, presuntamente, tenía como blanco original a la Fuerza Pública.Las víctimas eran oriundos de Ocaña, Norte de Santander, pero poseían una propiedad ganadera en la zona desde hace más de 15 años. Al momento de la explosión, se desplazaban hacia su finca para realizar labores de supervisión durante el fin de semana.El alcalde del municipio, Alexander Toro, entregó declaraciones clave sobre los detalles del ataque y la identidad de las víctimas en Blu radio."Lamentamos la situación que aconteció el día sábado en horas de la noche, donde dos ciudadanos fueron víctimas de un atentado terrorista originado por grupos al margen de la ley. Tenían propiedad ahí en la vereda, iban hacia hacia su finca a supervisar su propiedad y la explotación ganadera que tenían en el sitio hace mucho rato, ya más de 10, 15 años, tenían esa propiedad aquí en el municipio donde venían con frecuencia", indicó Toro. El "error" en el blanco terroristaAunque se presume que el objetivo era la Fuerza Pública, el alcalde aclaró que no había uniformados cerca en ese momento."Fuerza pública no había por ahí en esos momentos no sé por qué pasó esa situación, no sé, de pronto hubo alguna confusión ahí con la gente que estaba pendiente de esa situación", informó el mandatario. A pesar de que no había patrullas del Ejército o la policía en el sector al momento del estallido, el alcalde Toro señaló que la zona es objeto de patrullajes frecuentes ,debido a la presencia de infraestructura del poliducto Galán, donde se suelen cometer extracciones ilícitas de combustible. Se presume que los atacantes detonaron la carga por una confusión, debido a la oscuridad de la noche, pensando que se trataba de un vehículo oficial."Eso no es un hecho de desconocerse aquí porque estamos muy cerca del Catatumbo. Entre los municipios de Curumaní, Pailitas y Pelaya, pues es un corredor fuerte de este grupo subversivo",aseveró.Escuche la entrevista aquí:
Cartagena de Indias se alista para despedir a Salvo Basile, el italiano más cartagenero que algún día bromeó en vida con ser enterrado en la isla del Pirata, ubicada en la Isla del Rosario, con una pepa de mango entre las piernas en una ceremonia muy íntima y privada. Para esto, la familia comunicó que a partir de las 8:00 de la mañana iniciará la velación en la sala número 4 de Jardínes de Cartagena. De acuerdo con la información entregada, hacia las 4:00 de la tarde será realizada la ceremonia de exequias, mientras que el servicio de inhumación será en el cementerio Jardínes de Cartagena a las 4:30 de la tarde. Este actor y gestor cultural que falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero, a los 85 años, generó un profundo vínculo con esta ciudad que adoptó como hogar. Incluso tan cartagenero se volvió que en algún momento intentó ser concejal de esta ciudad. Todo como parte de un amor y un agradecimiento que en vida siempre Salvo profesó por el país.Se sabe que en vida pidió que fuera una ceremonia muy íntima y discreta, tal y como lo pidió en varias ocasiones a través de diferentes entrevistas que entregó. Como parte de los homenajes póstumos, Cartagena le rendirá un tributo especial en el marco de la versión 65 del Festival de Cine, el cual se desarrollará entre el 14 y 19 de abril. Precisamente, fue Salvo quien impulsó por muchos años el desarrollo cinematográfico para esta ciudad siendo una de las caras visibles del festival, liderando procesos de desarrollo de pensamiento crítico y transformación social a través del cine.
Como Yosman Herazo fue identificado el hombre capturado en las últimas horas por la Policía en Córdoba, luego de protagonizar una persecución en su contra por ser el presunto responsable del asesinato de su pareja sentimental, Yuliana Martínez.De acuerdo con los reportes de las autoridades competentes, ambos habrían tenido una discusión, al parecer, por el proceso de separación que estaban adelantando, por lo que el hombre optó por degollarla en una vivienda del barrio San José, en el municipio cordobés de Sahagún.El hombre, relata la Policía de esa jurisdicción, se dio a la huida en un Chevrolet Sail negro, de placas ZXW-442, con rumbo hacia el departamento de Sucre, donde luego fue interceptado mediante un plan candado de las autoridades, que también buscaban proteger la vida de su hija de tres años, a quien aparentemente obligó a marcharse con él.El alcalde de Sahagún, Jairo Andrés Balmaceda, rechazó lo sucedido por medio de un comunicado en sus redes sociales y envió sus condolencias a los familiares.“Desde la administración municipal lamentamos la muerte de Yuliana Martínez, una madre, una hija, una emprendedora que, a manos de un feminicida, hoy partió antes de tiempo. Nos solidarizamos con los familiares de Yuliana, que hoy lloran su partida, y le pedimos al Todopoderoso que los acompañe en este dolor”, dijo en un video el mandatario.“Este atroz hecho enluta a toda la comunidad, que hoy se solidariza con la familia de la víctima en la búsqueda de consuelo y justicia. En medio de la consternación, el Gobierno local emite un parte de tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que, gracias a la rápida reacción de las autoridades, se ha logrado la captura del presunto feminicida, quien ya se encuentra bajo custodia para responder por sus actos”, se escribió allí.El hombre capturado se encuentra actualmente en poder de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelanta su judicialización por los delitos de feminicidio agravado y secuestro de una menor de edad.Mientras tanto, la niña de solo tres años recibió valoración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y luego fue entregada a sus familiares.
En la tarde de este lunes 26 de enero, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá se reunirá para resolver el conflicto de reparto que se ha presentado en la apelación contra la medida de aseguramiento impuesta a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, privados de la libertad por su presunta participación en el entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías. La situación se produjo luego de que el magistrado Ramiro Riaño también manifestara que no es competente para conocer el recurso.En esta nueva sesión, los magistrados deberán definir a qué despacho se le asigna la apelación o si el asunto se resuelve mediante un nuevo reparto, con el fin de destrabar el trámite judicial. El debate se enmarca en la aplicación de la Ley 2477 de 2025, que introdujo cambios en el conocimiento de las apelaciones de medidas de aseguramiento contra aforados, como ocurre en el caso de los exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.La Sala de Gobierno está integrada por el presidente y el vicepresidente del Tribunal Superior de Bogotá, así como por los presidentes de la Sala Penal, la Sala Laboral, la Sala Civil y la Sala de Familia, quienes deberán fijar una hoja de ruta clara para la aplicación de la nueva ley y definir el despacho competente en este caso concreto.El conflicto surgió luego de que la magistrada Catalina Guerrero Rosas declarara la falta de competencia para conocer la apelación presentada por las defensas de Bonilla y Velasco, y ordenara trasladar el expediente a otro magistrado del Tribunal.Sin embargo, una vez recibió el expediente, el magistrado Ramiro Riaño también concluyó que no es competente para decidir la apelación, lo que generó el actual conflicto de reparto que ahora deberá resolver la Sala de Gobierno. Entre tanto, la apelación presentada por los abogados de los exministros busca revocar la decisión que los envió a prisión, para que puedan afrontar el proceso en libertad mientras se surte el juicio que deberá adelantarse ante la Corte Suprema de Justicia.La definición que adopte el Tribunal será clave no solo para el futuro inmediato de los exfuncionarios, sino también para sentar un precedente sobre la forma en que se aplicará la Ley 2477 de 2025 en los procesos contra aforados, en medio de uno de los escándalos de corrupción más sensibles que enfrenta actualmente el Gobierno.
Julián Silva es presidente de Asodiplo y está denunciando cientos de contratos al interior de la Cancillería: contratistas que estarían reemplazando a funcionarios con amplia experiencia en la cartera, no solo provisionales, sino también de planta.“Existe, por ejemplo, una gran proliferación de contratos y de contratistas nuevos en distintas áreas de la Cancillería. Nosotros teníamos información de alrededor de unos 100, pero no sabemos exactamente cuántos, y así se habla de otros contratos en otras áreas de la entidad: alrededor de 80 en la Dirección de Cooperación Internacional y otros 60 en la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, a nosotros nos preocupa enormemente, primero porque no sabemos los montos de contratación”, dijo.Asodiplo también advierte sobre declaraciones de insubsistencia en consulados y embajadas, así como cambios súbitos de personal de apoyo y la eventual llegada de personas sin experiencia. Esto se agrava si se tiene en cuenta que este año esas oficinas deberán hacerse cargo de la organización del proceso para que seis millones de colombianos en el exterior puedan votar.“La información con la que se cuenta inicialmente dice que efectivamente es un criterio político. El asunto es cambiar personas que no pertenecen a una cuerda política por otras que sí lo son. Sin embargo, de nuevo, al no conocer cuáles son las convocatorias, por ejemplo, para los contratistas, ni los perfiles en su totalidad, es muy complicado entender por qué se están llevando a cabo estos cambios”, agregó.En 2026 no solo habrá elecciones, también se realizará el Mundial en tres países con alta presencia de colombianos, por lo que el trabajo de los consulados en esos puntos será clave.Consultamos a la Cancillería sobre estos movimientos y aseguran que se trata de reubicaciones permitidas por la ley y realizadas a discrecionalidad de la canciller. Sobre la contratación, señalan que el 70 % del ministerio funciona con contratos de prestación de servicios y que esto no implica ninguna irregularidad.
Un cargamento de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína fue incautado en la mañana de este lunes en aguas del Caribe colombiano, a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta, durante una operación conjunta de la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La droga era transportada en un buque mercante que había zarpado desde Cartagena y tenía como destino final el puerto de Algeciras, en España. La operación se extendió por más de 18 horas y se activó tras información de inteligencia que alertó sobre la posible contaminación del navío.Para garantizar la seguridad de la tripulación, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguimiento aéreo mientras una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas abordó la embarcación. Durante la inspección, fue ubicado un contenedor en cuyo interior se hallaron 81 bultos con la sustancia ilícita, presuntamente perteneciente a una organización de crimen transnacional.El cargamento fue trasladado al muelle de Guardacostas de Santa Marta, donde unidades antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron la prueba preliminar que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con las autoridades, la droga tendría un valor cercano a los 200 millones de dólares en el mercado ilegal europeo.Esta incautación se convierte en la más grande reportada en los primeros días de 2026 en el Caribe colombiano y representa un nuevo golpe a las rutas marítimas del narcotráfico que utilizan buques mercantes para camuflar grandes cargamentos con destino internacional.
Bogotá, el epicentro económico y social de Colombia, se encuentra en una encrucijada estadística y social. Durante el año 2025, la ciudad logró un avance significativo en materia de orden público: 9 de los 11 indicadores de delitos de alto impacto reportaron una tendencia a la baja. Sin embargo, en las calles de localidades como Chapinero, Kennedy o Suba, el sentimiento de vulnerabilidad persiste. Esta desconexión entre los datos oficiales y la vivencia diaria es el núcleo del debate actual sobre la seguridad urbana.Como bien señala el exconcejal Nelson Cubides, el éxito de una política de seguridad no puede limitarse a gráficos de barras. “La seguridad no se mide solo en estadísticas; se mide en la tranquilidad de la gente cuando sale de su casa y regresa sana y salva”, afirma Cubides, subrayando que la paz mental del ciudadano es el verdadero indicador de éxito.El déficit crítico de pie de fuerzaUno de los obstáculos más persistentes para la administración distrital es la cantidad de uniformados disponibles. Actualmente, Bogotá cuenta con 16.153 policías, una cifra que, aunque parece robusta, es insuficiente para una metrópoli que supera los 8 millones de habitantes. Según los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una ciudad debería contar con al menos 300 efectivos por cada 100.000 habitantes.Bajo esta premisa, Bogotá enfrenta un déficit superior al 32 %. Esta carencia limita la capacidad de reacción inmediata y la vigilancia preventiva en puntos calientes de la ciudad. “No es razonable exigir mejores resultados cuando seguimos operando con un déficit histórico de pie de fuerza”, advierte Nelson Cubides. Para el excabildante, el crecimiento demográfico y la expansión urbana de la capital no han sido compensados con un fortalecimiento proporcional de la institución policial.Antecedentes y contexto: La sombra de los homicidiosLa preocupación no es infundada. El año 2024 dejó una herida abierta en la ciudad al registrar 1.204 homicidios, la cifra más alta en los últimos ocho años. Si bien el 2025 mostró señales de recuperación y control, el problema se percibe como algo estructural que requiere más que paños de agua tibia.Para Cubides, este no es un tema de tintes políticos, sino una prioridad de supervivencia urbana. “Más policías no es una postura ideológica, es una necesidad urgente para proteger la vida y la libertad de los ciudadanos”, sostiene, haciendo un llamado a que la seguridad sea tratada como una política de Estado que trascienda los periodos gubernamentales.La tecnología como multiplicador de fuerzaAnte la dificultad de cerrar la brecha de personal de forma inmediata, la ciudad ha volcado sus esfuerzos hacia la transformación digital de la vigilancia. La integración del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) ha sido fundamental. La estrategia actual no solo contempla la expansión de cámaras de videovigilancia, sino la implementación de:Análisis de video con IA: Para identificar comportamientos sospechosos automáticamente.Geolocalización avanzada: Para optimizar las rutas de patrullaje.Sistemas privados conectados: La integración de cámaras de establecimientos comerciales y conjuntos residenciales al sistema central.Modernización de la Línea 123: Inclusión de videollamadas en tiempo real y el "chat silencioso" para situaciones de riesgo extremo.Hacia una estrategia integralEl futuro de la capital colombiana depende de una fórmula que combine la presencia física con la precisión del dato. La prevención, más que la reacción, debe ser el norte de las autoridades. Cubides concluye que la eficiencia del gasto público es determinante: “Cada peso invertido en seguridad debe traducirse en más presencia en la calle y en sistemas que anticipen el delito, no solo que reaccionen cuando ya ocurrió”.Bogotá se encuentra en un momento decisivo. La meta es clara: transitar de una ciudad que sobrevive al miedo a una que prospera en la confianza, apoyada en una política pública que fusione la fuerza humana, la tecnología de punta y la colaboración ciudadana activa.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró este lunes la liberación de presos en Venezuela y dio las gracias al Gobierno de Delcy Rodríguez por "acceder a este importante gesto humanitario", un mensaje que llega el mismo día en que Caracas aseguró haber excarcelado a 808 personas en los últimos meses."Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas", escribió Trump en su red social Truth Social, donde añadió que quiere "dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario!.El texto del presidente estadounidense se publica horas después de que el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre".Las liberaciones de personas encarceladas en Venezuela se ha acelerado desde la operación estadounidense que capturó al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.El Gobierno Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de "estabilización" que está gestionando EE.UU..Trump ha agradecido en varias ocasiones las excarcelaciones y ha alabado el trabajo de la presidenta encargada y su Gabinete, al que advirtió con lanzar un ataque similar a la que detuvo a Maduro si no se "portaba bien".Distintos grupos de derechos humanos han denunciado que la liberación de presos en Venezuela está siendo muy inferior a la que publicita el Gobierno que, por boca del propio Cabello, negó hoy que existan presos políticos en el país.
La zozobra en la que se encuentran los habitantes del suroccidente de Barranquilla, a causa de las amenazas que los obligaron a quitar las publicidades políticas que tenían en las fachadas de sus casas, al parecer no vendría de bandas criminales, sino de grupos políticos, según la más reciente denuncia de Estefanel Gutiérrez, exconcejal y candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.El aspirante aseguró que está siendo víctima de presiones e intimidaciones sistemáticas para afectar el desarrollo de su campaña política.“Hay unos indicios muy claros por las formas y los mensajes que también me han llegado personalmente. Les molesta el discurso y que digamos lo que estamos haciendo, que llevemos un mensaje a Barranquilla. En muchos de ellos me dicen ‘negro vendido’, me quieren obligar a que yo piense distinto”, dijo a Blu Radio.Del mismo modo, indicó que ya elevó el clamor ante la Policía para garantizar la seguridad, tanto suya como de la comunidad.“El mensaje es claro para todas las autoridades. Le hemos pedido acompañamiento a la Policía, a las autoridades locales y nacionales para que brinden todas las garantías. Estamos frente a una de las decisiones más importantes de nuestro país. Se toma el próximo 8 de marzo. Necesitamos que brinden las garantías; no se pueden volver a repetir episodios de violencia en los que el Estado no pudo ni siquiera garantizar la seguridad a un senador de la República, como Miguel Uribe Turbay. Hay que dejar que la gente vote libremente, que escuche las propuestas y decida a quién va a acompañar”, agregó.Cabe recordar que las amenazas mencionadas en Barranquilla tomaron relevancia este fin de semana, cuando residentes de barrios como La Manga, Me Quejo y Las Malvinas, entre muchos otros, escucharon audios en los que eran declarados objetivo militar por tener en las fachadas de sus viviendas publicidad política.Según los involucrados, la única forma de mantenerlas era mediante el pago de dos millones de pesos como “multa” o, de lo contrario, matarían “hasta al más pequeño de sus casas”.
Una pareja conformada por hombre y una mujer, de 37 y 24 años años, respectivamente, fueron capturados en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, cuando pretendían abordar un vuelo con destino a España con más de cuatro kilos de cocaína.De acuerdo a la Policía Metropolitana de Cartagena, actividades de vigilancia y perfilamiento de pasajeros permitieron detectar a la pareja que tenía escondidas las cuatro láminas de estupefacientes en dos maletas.“Nuevamente la Policía Nacional, gracias a sus controles en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cartagena, capturan a dos personas oriundas del departamento de Santander, los cuales, en dos maletas, pretendían engañar los controles y sacar del país en unas maletas de doble fondo hacia España dos kilos de cocaína cada uno en dos maletas, para un total de cuatro kilos de cocaína”, señaló el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.El oficial también señaló que se investiga si estas personas ya habían realizado este tipo de prácticas, pues al hombre le registra un viaje a Brasil.“Estas personas son capturadas por la Policía Nacional y puestas a disposición de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía por el tráfico de estupefacientes. En este momento están enfrentando las respectivas audiencias para la legalización de su captura y definir su situación jurídica”, agregó.Según la Policía, con este este resultado se logra evitar la comercialización de más de 10.000 dosis de cocaína, que está avaluada en 156.000 dólares, unos 560 millones de pesos en el mercado internacional.
En poder de las autoridades competentes ya están los tres presuntos responsables del atentado en el que, este fin de semana, perdieron la vida los primos Hans Acosta Suárez, de 50 años de edad, y Erasmo Viloria Suárez, de 48, cuando estaban en la terraza de una vivienda en Puerto Colombia, Atlántico.Así lo dio a conocer el mismo alcalde Plinio Cedeño, luego de un consejo de seguridad extraordinario en el que se acordó avanzar en el esclarecimiento de los hechos y reforzar la seguridad en la población.“Gracias a Dios y a la acción inmediata por parte de la Policía Nacional y por la institucionalidad de Puerto Colombia, se logró la captura de tres personas y la incautación de una motocicleta donde se cometió el hecho. Avanzan las labores de investigación y hoy las autoridades pertinentes tienen los elementos materiales probatorios para sacar adelante esta investigación”, dijo inicialmente el mandatario.“Queremos enviarle un parte de tranquilidad que junto a las autoridades aquí presentes continuamos trabajando de manera ardua, de manera permanente para que prevalezca la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos porteños. Estén tranquilos que seguimos trabajando de manera ordenada y articulada con todas las fuerzas para la tranquilidad de todas las familias”, agregó Cedeño.Los capturados fueron ubicados, según conoció Blu Radio, en el sector invasivo de Villa Caracas. Sin embargo, aún la Policía no ha revelado sus identidades.Sobre estos hechos se analiza la hipótesis de que al parecer estarían relacionados con la reciente muerte de otro hombre en Puerto Colombia identificado como Javier Carrillo Mieles. No obstante, los investigadores no quieren descartar otras líneas de indagación.La Alcaldía de Puerto Colombia aseguró que en 2025 se lograron 251 capturas, siendo 238 de ellas en flagrancia y 8 relacionadas con el delito de homicidio. Además, 34 armas de fuego quedaron en poder de las autoridades.
Este martes 27 de enero, la JEP llevará a cabo la audiencia preparatoria del juicio adversarial transicional contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, quien fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, cuando comandaba el Batallón ‘La Popa’.Según la acusación, estos hechos dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 de tortura.La diligencia, que se realizará ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, será clave para definir el curso del proceso, pues el tribunal deberá establecer si Figueroa mantiene su negativa frente a los cargos o si decide aceptar responsabilidad.No obstante, en los días previos a la audiencia, la defensa del excomandante remitió un escrito a la JEP en el que manifestó la disposición del compareciente de aceptar responsabilidad.En el documento, María Paulina Gómez, abogada del exoficial, sostiene que su inasistencia a diligencias anteriores no obedeció a falta de voluntad, sino a que se encontraba fuera del país y no tuvo conocimiento oportuno de las citaciones.“En aquel escrito informé que el coronel Figueroa Suárez se encontraba fuera del país y que, precisamente por esa razón, no tuvo conocimiento de las citaciones anteriores”, indicó la abogada del exoficial, María Paulina Gómez, en un documento enviado a la JEP.La defensa también aseguró que Figueroa Suárez está dispuesto a suministrar información “exhaustiva, veraz y útil” y a “reconocer las responsabilidades que le correspondan”, reiterando su voluntad de colaborar con el proceso de justicia transicional y con las víctimas.La audiencia preparatoria permitirá a los magistrados definir el conjunto de pruebas que serán debatidas, la participación de las víctimas y el calendario de las siguientes sesiones. Además, se evaluará el alcance procesal de la manifestación presentada por la defensa y si esta tiene efectos inmediatos dentro del trámite.Este proceso contra Figueroa hace parte del caso 03, que investiga los falsos positivos. Por estos mismos hechos, la JEP ya impuso una sanción de ocho años a 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ que reconocieron responsabilidad y condenó a 20 años de prisión al también coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien fue antecesor de Figueroa en el mando de la unidad y negó su participación en los crímenes.
Una insólita situación se vivió este lunes 26 de enero en Barranquilla, previo a que decenas de usuarios de la Nueva EPS se encontraran para desarrollar una manifestación a las afueras de una de las sedes de la entidad. A pesar que, durante el fin de semana habían coordinado su salida a la calle, finalmente ninguno de los líderes pudo seguir con el proceso, pues gran parte de ellos y de los asistentes amanecieron con problemas de salud. "Hablé con mis compañeros y unos están de urgencia. Yo estoy en la cama sin aliento para hablar y otros compañeros dijeron sentirse demasiado débiles", contó una de las líderes a Blu Radio. De acuerdo con ella, esto se debe al retraso en la entrega de medicamentos, lo que los tiene afectados desde hace cinco meses, pero con el agravante de que hace un mes no tienen dispensario en el cual reclamar sus medicinas en Barranquilla ni en ningún municipio del Atlántico. "Los pacientes que requerimos medicamentos por tener enfermedades de alto riesgo tenemos llenas las urgencias. Nos estamos descompensando hasta por falta de pastillas para la presión, es inhumano lo que nos están haciendo", contó Andrés Meza, otro paciente afectado por esta crisis. La protesta, que quedó postergada, aún no tiene fecha de realización, sin embargo, los usuarios alertan que esto es efecto de la crisis que golpea especialmente a pacientes con cáncer, a los transplantados y a quienes tienen enfermedades de alto riesgo.
Santa Marta volvió a llenarse de uniformes, bolsos escolares y filas a la entrada de los colegios. Este lunes, más de 90 mil estudiantes regresaron a clases en las 182 sedes oficiales del Distrito, dando inicio al calendario académico 2026 en medio de un dispositivo especial de seguridad y con una novedad clave: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) empezó a operar desde el primer día.La secretaria de Educación Distrital, Sandra Muñoz, aseguró que la jornada arrancó sin contratiempos y resaltó que este año la instrucción fue no esperar semanas para poner en marcha el Plan de Alimentación Escolar que supera una inversión de 56.000 millones de pesos.“La directriz de nuestro alcalde Carlos Pinedo ha sido clara de mejorar la calidad educativa, y garantizar la alimentación escolar es parte de poder brindarles a nuestros niños y jovenes mayores garantías para aprender y permanecer en el colegio, ”, explicó la funcionaria, al destacar que el objetivo es que los estudiantes encuentren en los colegios un entorno más seguro y con garantías básicas desde el inicio del año escolar.El regreso a clases estuvo acompañado por un despliegue de más de 200 policías en los alrededores de los colegios, como parte del plan de seguridad “Regreso a Clases”, articulado entre la Policía Metropolitana y la Alcaldía. Uniformados de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria, Gaula y otros grupos especializados realizaron controles antes, durante y después de la jornada para prevenir delitos, riñas, consumo de sustancias y situaciones que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes.“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, protección y bienestar de la niñez y la adolescencia, trabajando de manera permanente para fortalecer la convivencia y la tranquilidad en los entornos educativos de Santa Marta”, señaló el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante operativo de la Policía Metropolitana. Las autoridades insistieron además en recomendaciones básicas para padres y estudiantes: acompañar los recorridos, no aceptar ayuda de desconocidos, cuidar la información que se comparte en redes y mantener una comunicación cercana en casa.Sin embargo, no todo es tranquilidad. En instituciones como el colegio San Fernando, sede San Jorge, la comunidad educativa prendió las alarmas: llevan tres meses sin servicio de agua, lo que pone en riesgo la higiene, el funcionamiento de los baños y, en últimas, el normal desarrollo del calendario académico si no se soluciona en el corto plazo. Blu Radio se comunicó con la Empresa de Servicios Públicos Essmar, pero no entregaron declaraciones sobre esta situación.Entretanto, muchos padres de familia recibieron el regreso a clases con una mezcla de esperanza y preocupación. Esperan que 2026 sea un año más estable, sin la cadena de paros de maestros y suspensiones que, año tras año, terminan afectando el aprendizaje de los estudiantes.Santa Marta empieza un nuevo año escolar con salones llenos, vigilancia reforzada y la promesa institucional de garantizar alimentación y seguridad. El reto será que esas garantías se mantengan durante todo el calendario y que problemas como la falta de agua no terminen pasando la cuenta de cobro a miles de niños y jóvenes del Distrito.
Al rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, le abrió la Procuraduría una investigación disciplinaria por presuntamente no cumplir con una suspensión de cuatro meses que le fue ordenada por el Ministerio Público en febrero de 2025, tras un fallo en segunda instancia. Al parecer, Castillo Pacheco asumió el cargo como rector, a pesar de que debía primero cumplir con la sanción antes de ejercer cualquier cargo dentro de la misma universidad que fuera diferente al de docente. Sin embargo, no queda claro si este cumplió con la suspensión de sus funciones durante cuatro meses, sin que hubiese sido suspendido el pago de su salario ni notificado el Ministerio Público. "La entidad también ordenó investigar a los jefes de la Oficina Jurídica, Control Interno Disciplinario y Talento Humano de esa institución educativa: María Andrea Bocanegra Jiménez, José Waldir Hoyos Franco y Salomón Elías Mejía Sánchez, respectivamente, quienes, al parecer, no habrían certificado la ejecución de la sanción o el pago de la misma convertida en salarios", expone la Procuraduría en un comunicado. En caso tal, la Procuraduría insiste que Castillo no debió asumir el cargo si tenía vigente la sanción, lo que podría dar lugar a una segunda amonestación. "La Procuraduría señaló que, mediante estas investigaciones, verificará la ocurrencia de la conducta, establecerá si se configuró falta disciplinaria y determinará la eventual responsabilidad de los investigados", indica la entidad. NombramientoRafael Castillo Pacheco llegó al cargo de rector encargado de la Universidad del Atlántico el pasado 17 de diciembre, tras la suspensión de Leyton Barrios del cargo, a partir de un proceso de vigilancia especial que el Ministerio de Educación declaró, ante los problemas de gobernabilidad que enfrentaba el plantel por un paro indefinido que realizaron los estudiantes. Castillo podrá estar durante un año en el cargo, siendo que ya es la segunda vez que él ocupa este cargo. Precisamente, fue en 2023 cuando estuvo en una situación similar y se extralimitó en sus funciones al autorizar una comisión de servicio remunerada a un docente de la facultad de ciencias económicas para que viajara a Argentina a cursar estudios de doctorado. Según la Procuraduría, esta conducta fue objeto de la sanción que actualmente tiene al funcionario bajo la mira.
Con la noticia de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aceptó la renuncia de Nelson Vásquez al cargo de agente especial de la empresa Air-e, aumenta la preocupación en los más de 5 millones de usuarios que tiene la compañía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.Para Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios, con esta renuncia el Gobierno sigue dando tumbos en el manejo de la empresa, que ha empeorado su situación financiera, aumentando la deuda con las generadoras de 500 mil millones de pesos a 2,5 billones, y el paso de cuatro agentes interventores en solo un año y medio desde que el Gobierno Nacional tomó el control de la compañía.“Esto le sube otro grado de incertidumbre a la situación eléctrica en la Región Caribe, particularmente donde atiende Air-e: Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde hay más de 5 millones de caribeños”.Alarcón agregó que la renuncia de Nelson Vásquez “se da en un momento en que el Gobierno pretende aumentar las cargas de los usuarios de todo el país a través de una tasa de 8 pesos por kilovatio”, que desde la Liga de Usuarios han “rechazado de manera rotunda”.Se conoció que la renuncia de Nelson Vásquez, que tomó por sorpresa a muchos empleados de la empresa, fue formalizada mediante una resolución firmada por el superintendente Felipe Durán Carrón.Por el cargo que dejó vacante Vásquez pasaron en un año Carlos Diago, el actual ministro de Minas, Edwin Palma, y Diana Bustamante. Vásquez se mantendrá en el cargo hasta el próximo 29 de enero.
En alerta están las autoridades por los hechos violentos que afectan el municipio de Galapa, en el área metropolitana de Barranquilla, por los dos atentados sicariales que dejaron igual número de víctimas este viernes.En el primer caso, un hombre identificado por las autoridades como Víctor Hugo Acosta Mercado fue asesinado por sicarios que se movilizaban en motocicleta y le propinaron varios impactos de bala.El hecho se presentó pasadas las 6:30 de la tarde en la Avenida Cordialidad con carrera 12, barrio Tres de Mayo.Según el reporte de los investigadores, un sujeto vestido de negro que se movilizaba en una motocicleta del mismo color, aprovechó cuando la víctima se detuvo a comprar varias cervezas en un establecimiento comercial. En ese momento, el homicida aprovechó y le disparó varias veces, impactando uno de sus hombros, el tórax y el mentón. El hombre murió dentro del vehículo que conducía.Registros de las autoridades dan cuenta que Víctor Hugo Acosta Mercado fue detenido en 2007 cuando era sargento de la Policía, por estar presuntamente vinculado a la banda ‘Los 40’, al servicio del paramilitarismo en el Caribe colombiano.El segundo caso se presentó a las 8:50 de la noche en la calle 20 con carrera 43, Barrio Mundo Feliz.Según testigos, la víctima, de nombre Juan Carlos Barros Padilla, de 26 años, se encontraba en su lugar de residencia cuando llegaron dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, lo llamaron por su nombre y cuando salió a la entrada, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó repetidamente.Barros Padilla alcanzó a llegar con vida a la clínica Reina Catalina de Baranoa, donde murió por la gravedad de las heridas.
Un nuevo caso de maltrato animal causa indignación en Cartagena. A través de redes sociales se conoció el video de un grupo de jóvenes, en el barrio Chino, al nororiente de la ciudad, que utilizaban caballos para hacer carreras en plena vía pública.El video muestra como en medio de esta especie de “piques”, uno de los animales termina en el suelo, visiblemente maltratado, mientras se escuchan las risas de los espectadores apostados en la calle.Tras difundirse las imágenes, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y la Policía Ambiental realizaron un operativo para rescatar a los animales.Durante el procedimiento cinco cabellos y un burro fueron aprehendidos, y están ahora en poder del Distrito.“Este operativo se realizó gracias a una denuncia ciudadana y con el acompañamiento de la Policía Ambiental. Queremos recordarle a todos que aquí, en Cartagena, los animales se respetan. No vamos a permitir prácticas que impliquen maltrato, explotación o uso indebido de ningún ser vivo. Seguiremos actuando con firmeza, atendiendo cada denuncia y protegiendo a quienes no tienen voz”, señaló Adolfo Pérez, director de la Umata.Los animales reciben atención veterinaria en un centro especializado para verificar su estado de salud y garantizar su protección.
La Fundación Santo Domingo abrió una convocatoria para jóvenes entre los 18 y los 28 años que vivan en Barranquilla y su área metropolitana, que quieran acceder a una beca para perfeccionar su inglés en corto tiempo y trabajar una vez terminen sus estudios.Como lo explica Daniel Gonzales, director de inversión social de la Fundación Santo Domingo, la convocatoria 'Cuando sabes inglés se nota' de GitLab Foundation, en alianza con Compartamos con Colombia y operada por Eurocentres, combina formación en inglés con un enfoque orientado al fortalecimiento de habilidades laborales, y, sobre todo, proporcionar a empresarios de Colombia y otras partes del mundo personal capacitado en la capital del Atlántico para empezar a trabajar una vez culminen su proceso de formación.Gonzales destaca que entre los requisitos para acceder a esta oportunidad se necesita que el aspirante viva en la ciudad o su área metropolitana, sea colombiano o migrante venezolano con Permiso de Protección Temporal o cédula de extranjería, estar afiliado a Sisben 4 categoría C y tener un nivel de inglés A2.Especificó el Director de inversión social de la Fundación Santo Domingo que para esta convocatoria están buscando generar inclusión productiva para jóvenes en condición de vulnerabilidad.“Hay unos buenos programas de bilingüismo en Barranquilla, de entrenamiento para el empleo. También vemos un apetito de empleadores internacionales, sobre todo en áreas de tecnología que están buscando el talento, pero esos elementos no se han logrado combinar de manera efectiva. Entonces este programa busca que las personas en un periodo muy corto de tiempo, en unas pocas semanas logren fortalecer sus habilidades en el manejo del inglés y sus habilidades técnicas, además de garantizar que efectivamente logren el empleo”.Enfatizó Gonzalez que este programa “tiene un mecanismo de pago por resultados donde Eurocentre se compromete a que las personas que participen van a conseguir empleo".El link de la página para que los interesados se inscriban, ojalá antes de este 28 de enero, día en el que se cierran las inscripciones, es cacenglish.com.co.
En la ciudad de Montería hubo revuelo la muerte masiva de palomas que fueron encontradas la mañana de este viernes en el parque de la calle 27, ubicado frente a la Catedral de la capital de Córdoba.Ante el hecho transeúntes dieron aviso a las autoridades ambientales, quienes de inmediato desplegaron un operativo para verificar lo que estaba ocurriendo y recomendaron a la población abstenerse de tener contacto directo con las aves, pues se desconoce lo que originó la mortandad.El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV, de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS informó que fueron 130 las palomas muertas y otras que fueron encontradas agonizando.“Por sus trastornos neuromusculares posiblemente, probablemente puede ser una intoxicación masiva. Sin embargo, en coordinación de esta autoridad ambiental con el ICA y la alcaldía municipal que en el área de zoonosis ya se embalaron los cadáveres y las que están vivas se les va a hacer muestra de toxicología. Se les va a hacer una prueba de también de encefalitis, de neocástle y de otra enfermedad para hacer el diagnóstico diferencial y determinar cuál fue el causante, porque nosotros pensamos que es una intoxicación masiva, pero de todas maneras hay que hacer los exámenes de rigor desde el punto de vista de lo que tiene que ver con patología”, expresó Alberto Muñoz Rojas, Profesional Especializado del CAV -CVS.El funcionario indicó que no tenían registro de un evento simular registrado en la ciudad de Montería.
A poco más de un mes de las elecciones del próximo 8 de marzo, en las que el bloque de la centro-izquierda elegirá su candidato presidencial a través de la Consulta del Pacto Amplio, Roy Barreras suma apoyos en la región Caribe en su carrera por llegar a la Casa de Nariño. Como parte de su campaña, aterrizó el pasado 22 de enero a Barranquilla, donde compartió con cientos de personas en un salón del Hotel Country Internacional, ubicado al norte de esta ciudad. Allí se le vio acompañado de Camilo Torres, exalcalde de Puerto Colombia y hermano del empresario Euclides Torres. Mientras Barreras estaba dando su discurso, Camilo estuvo muy cerca a él en la tarima principal, donde luego tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. De acuerdo con la información entregada desde la familia Torres a Blu Radio, se trata de un apoyo que en solitario entrega el exalcalde, sin que esto comprometa a Camilo Torres Villalba, su hijo, quien es aspirante al Senado por el partido Liberal. A su vez, Barreras también fue visto en un restaurante reunido con el senador del Partido de la U José David Name, quienes estuvieron conversando sobre varios temas. Name confirmó el encuentro a través de declaraciones que entregó a un medio local en Barranquilla, donde explicó que ambos tienen unos empresarios que los están apoyando en común y que se sentó a escucharlo.
Bajo “riesgo extraordinario” se encuentra el juez segundo penal de Barranquilla, Hugo Carbonó, quien está llevando a cabo el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente. Según pudo comprobar la UNP, el togado ha sido víctima en los últimos meses de seguimiento por parte de desconocidos, mientras este se desplaza entre su casa y su trabajo.Además, ha recibido mensajes de amenazas en diferentes ocasiones y hasta su hija fue víctima de hostigamiento, a la salida de su residencia en Bogotá, por parte de personas que le advirtieron que "sabían" lo que estaba haciendo su papá.Es por esto que fue ordenado el fortalecimiento de su esquema de seguridad, el cual constaba de una camioneta blindada y un escolta, pero que ahora será de dos escoltas, una camioneta blindada y un chaleco antibalas que deberá usar en cada desplazamiento.Entre las consideraciones presentadas por la UNP para declarar este alto nivel de riesgo fue tenida en cuenta la exposición mediática que le ha generado el manejo del caso de Nicolás Petro, lo que se suma a las amenazas que, en el pasado, le realizaron alias 'El Negro Ober', y alias 'Tommy Masacre', reconocidos lideres delincuenciales que operan en Barranquilla y su área metropolitana.A pesar del preocupante estado en el que se encuentra la seguridad del juez, vale la pena mencionar que su proceso estuvo bajo revisión durante cerca de seis meses, que fue la fecha en la que reportó los últimos seguimientos, que no solo notó él, sino también su esquema de seguridad.No obstante, según conoció Blu Radio, no habría sido sino hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó una publicación sobre los jueces en Latinoamérica que más expuestos están, en la que Carbonó fue incluido, que avanzó el proceso, dando como resultado final esta orden que ya está bajo cumplimiento por parte de las autoridades.
La nueva Estacion de Buceo y Salvamento de la Armada, en Santa Marta, marca un refuerzo directo a las labores de rescate, seguridad marítima e inspecciones subacuáticas en una de las zonas más sensibles para el tráfico ilegal y la actividad portuaria del país.La estación estará conformada por buzos especializados y tendrá como misión principal la protección de la vida humana en el mar. Desde esta base se coordinarán búsquedas y salvamentos marítimos y fluviales, atención de emergencias, respuesta a desastres naturales, asistencia humanitaria y soporte hiperbárico para operaciones de alto riesgo bajo el agua.Uno de los frentes más sensibles será el control de la seguridad portuaria y la lucha contra el narcotráfico. La nueva estación permitirá ampliar las inspecciones subacuáticas en puertos, muelles y embarcaciones, una tarea clave para detectar cargamentos de droga adheridos a los cascos de los buques o escondidos en estructuras sumergidas, una modalidad cada vez más usada por las redes criminales.Además, la unidad tendrá un componente técnico orientado a operaciones offshore. A través de robótica submarina, los buzos apoyarán labores de prospección, georreferenciación y mantenimiento especializado de estructuras en aguas profundas, fortaleciendo la protección de infraestructura estratégica en el Caribe.Durante la activación de la estación, el comandante de la Armada de Colombia, almirante Juan Ricardo Rozo, destacó el valor estratégico de estas capacidades concentradas en Santa Marta. “El trabajo que realizan nuestros buzos desde las profundidades representa una capacidad estratégica diferencial al servicio de la nación, que permite una reacción inmediata ante emergencias marítimas, ambientales, accidentes y contingencias, fortaleciendo la protección de la vida humana”, afirmó.El almirante Rozo también subrayó que la nueva estación integra capacidades clave como la robótica submarina, la inspección subacuática de seguridad portuaria y antinarcóticos, el mantenimiento de estructuras en aguas profundas y el funcionamiento de cámara hiperbárica. “Todas esas capacidades van a estar concentradas en esta nueva Estación de Buceo y Salvamento de Santa Marta”, señaló.Con esta activación, Santa Marta se consolida como un punto neurálgico para el control subacuático en el Caribe colombiano, en un escenario donde el mar sigue siendo una ruta estratégica para el narcotráfico, pero también un espacio crítico para el rescate, la protección de la infraestructura y la seguridad marítima nacional.