A partir de este sábado 31 de enero, varias zonas del Caribe colombiano comenzarán a sentir los efectos del tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica hacia el noroeste del mar Caribe, informó la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar).Este fenómeno provocará fuertes vientos, aumento del oleaje y lluvias en el mar Caribe, especialmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en las islas cayos del norte como Roncador, Serrana y Serranilla. También habrá impacto en zonas costeras de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Antioquia.De acuerdo con la Dimar, a partir de este sábado se espera que los vientos se intensifiquen y alcancen velocidades entre 46 y 55 kilómetros por hora, acompañados de olas de hasta 3 metros de altura en el sector insular del Caribe.Resaltó la Autoridad Marítima que el periodo más crítico se espera entre la tarde y la noche del domingo 1 de febrero y la mañana del lunes 2 de febrero, cuando el oleaje podría llegar hasta 4 metros, especialmente en el suroccidente del mar Caribe.Durante estos días también se prevén lluvias de variada intensidad, indicó el Teniente de Navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional en el Caribe.Dijo el oficial que como consecuencia de estas condiciones, no se descarta la presencia de oleaje atípico, conocido como mar de fondo, en las costas del Caribe colombiano, lo que podría generar posibles desbordamientos costeros entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero. “Por lo anterior, se recomienda a la comunidad marítima y costera en general extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de sus actividades marítimas”.La Dimar recomendó al gremio marítimo y a la población en general extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas. De igual manera, sugirió seguir las directrices y lineamientos de las autoridades y consultar con antelación los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad y en el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).
Barranquilla se consolidó durante 2025 como la ciudad del país que más recibe tractocamiones vacíos en busca de carga, de acuerdo con un análisis presentado por Asoportuaria, basado en cifras del Registro Nacional de Despachos de Carga del Ministerio de Transporte.El estudio, enfocado en los flujos de tractocamiones revela que más de 11.400 vehículos de este tipo arribaron sin carga a la capital del Atlántico, superando a ciudades como Tocancipá, Bogotá y Cali.Lejos de representar una debilidad, este comportamiento logístico, según indica Lucas Ariza, directivo de Asoportuaria, confirma el papel estratégico de Barranquilla como centro de redistribución de carga para la región Caribe y el resto del país, gracias a su infraestructura portuaria, industrial y de servicios.Asoportuaria iindicó que existen dos factores principales que explican este fenómeno. El primero de ellos tiene que ver con los flujos unidireccionales desde Barranquilla hacia otras ciudades de la Costa, donde muchos vehículos salen cargados desde la capital del Atlántico, pero no encuentran carga de retorno, obligándolos a regresar vacíos.El segundo factor es el reposicionamiento desde el interior del país, ya que una parte importante de la carga que se moviliza hacia ciudades costeras termina generando el traslado natural de camiones hacia Barranquilla, donde los transportadores encuentran mayores oportunidades para asegurar un nuevo despacho.Atlántico, líder en balance positivoEl análisis por departamentos muestra que el Atlántico es el segundo territorio que más camiones vacíos recibe, después de Cundinamarca. No obstante, ocupa el primer lugar en balance positivo, al recibir muchos más vehículos vacíos de los que envía, lo que confirma la fortaleza logística del departamento y su rol como punto de origen y destino de múltiples tipos de carga, impulsado por su actividad industrial y portuaria.En el ranking de ciudades destino de viajes vacíos, Barranquilla encabeza la lista con 11.416 arribos, seguida por Tocancipá (9.422), Bogotá (6.097) y Cali (4.902).Un mercado atractivo para el transporte terrestreLa llegada de camiones vacíos a Barranquilla refleja que los transportadores encuentran carga de retorno con relativa facilidad, tanto hacia otras ciudades de la Costa como hacia el interior del país. Por esta razón, históricamente se han reconocido fletes compensatorios, ya que los vehículos no deben recorrer grandes distancias sin carga ni esperar largos periodos para asegurar un nuevo despacho con carga.
Los grandes debates del presente ocuparon la agenda de conversatorios del segundo día del Hay Festival Cartagena, que este viernes tuvo en un mismo escenario a tres de los figuras más esperadas de esta edición 2026: la escritora argentina Leila Guerriero; el colombiano Juan Gabriel Vásquez y el cubano Leonardo Padura.Los tres, junto al exdirector de el periódico el País, Javier Moreno, hablaron sobre los desafíos periodismo en la era de las redes sociales y la Inteligencia Artificial, y la necesidad de contar historias desde lo local que conecten con el mundo y los contextos actuales.Precisamente en medio de este conversatorio, el galardonado escritor Leonardo Padura habló sobre su preocupación tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, lo agudizaría la ya difícil situación que afrontan los habitantes de la isla.“Una de las consecuencias que he pensado es que, y es la única que voy a decir, la situación en Cuba se va a poner muy complicada y esa situación muy complicada va incluso a afectar a mi madre que tiene 98 años. Entonces, es doloroso, es doloroso, entonces quiero hacerlo con mente fría, que no sea algo de un discurso, quiero que sea un poquito un análisis”, dijo el autor de ‘Fiebre de caballo’, ‘Las cuatro estaciones‘ y ‘El hombre que amaba los perros’.El también ganador del premio ‘Princesa de Asturias’ indicó además que lo que le puede pasar a Cuba, es lo que viven hace mucho tiempo los haitianos y africanos.“Lo que lo que nos pasa o nos puede pasar a los cubanos a partir de ahora les está pasando desde hace no sé cuántos años a los haitianos y nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de ellos y está pasando en muchos países de África y nadie se acuerda de ellos”, sostuvo.La agenda del segundo día también tuvo espacio para el análisis internacional con el escritor Fernando Arancón y su perspectiva sobre las fuerzas que mueven el mundo contemporáneo, al igual que el ensayista Pankaj Mishra, que propone una lectura crítica del orden global tras la crisis reciente en Oriente Medio. Asimismo, las autoras Karen Hao y Carissa Véliz, abordaron los costos humanos, sociales y políticos de la automatización.Entretanto, los personas con cédula expedida en el departamento, podrán ingresar gratuitamente a todos los eventos del festival los días sábado y domingo.“El cierre del festival reafirma su vocación pública e incluyente: todos los eventos del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero son gratuitos para personas con cédula expedida en el departamento de Bolívar, previa solicitud de boletas de cortesía, garantizando que las ideas y las conversaciones estén al alcance de toda la ciudadanía”, anunciaron los organizadores del evento literario.
Tres llamativas alianzas se mueven por estas fechas en la región Caribe de cara a los comicios electorales del próximo 8 de marzo, en las que llama la atención la unión de reconocidas casas políticas. Estas se encuentran especialmente concentradas en el departamento de Córdoba. Una de ellas es la unión entre la familia Torres de Puerto Colombia y la familia Calle de Córdoba, pues durante las últimas semanas se le vio a Gabriel Calle de correría por varios municipios del departamento cordobés, con miembros de este grupo político. Se trata de una unión para apoyar a Camilo Torres, quien hasta hace unos meses fue diputado del Atlántico, y actualmente es aspirante al Senado por el Partido Liberal.Es importante tener en cuenta que la familia Calle perdió a un alfil importante en el Congreso: Andrés Calle. Este llegó a ser representante a la Cámara y presidente de esta corporación, pero actualmente se encuentra preso por estar presuntamente implicado en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. También allí, en el departamento cordobés, está la alianza de la familia Besaile con la lista del precandidato presidencial Roy Barrera. Para el caso, Milena Flórez, quien es esposa del condenado exsenador, hace parte de la lista del frente amplio unitario de Barreras. En tercer lugar aparece la actual congresista por el partido de la U Saray Robayo Bechara, quien recientemente hizo pública su relación con el polémico contratista Emilio Tapia. Al parecer, esto le habría generado problemas con sus aliados políticos, por lo que terminó apoyando a un candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Por esta situación, a Robayo se le ha visto hacer campaña con la camiseta de este partido, lo que motivó un comunicado por parte del colectivo partidista indicando que ella “no tiene ninguna relación política, organizativa ni programática" con ellos. Incluso, su apoyo a la lista de este partido motivó una comunicación por parte del partido de la U, el cual confirmó que no lanzaron una lista propia a la Cámara de Representantes, pero que retiraban su " llamado al respeto, al debate político constructivo y al reconocimiento de las decisiones democráticas que se toman en el marco de la coyuntura electoral".
La investigación que se lleva a cabo por el envenenamiento que causó la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá continúa abriendo nuevos capítulos y revelando detalles cada vez más perturbadores. A casi un año de la dolorosa tragedia ocurrida en abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación podría demostrar que el crimen estuvo precedido por amenazas directas contra la familia de Juan de Bedout. De hecho, un episodio ocurrido en el exterior ahora cobra una relevancia clave y ha despertado la intriga de muchos.Amenazan al hijo de De Bedout: una llamada fue la claveUno de los hallazgos más sensibles se remonta a enero de 2024, durante un viaje familiar a Estados Unidos. De acuerdo con la declaración rendida ante la Fiscalía, un hijo de Juan de Bedout recibió una llamada en su celular mientras se encontraba en Nueva York. Del otro lado de la línea, un hombre con acento no identificado pronunció una frase que encendió las alertas: “De Bedout, lo vamos a matar”, según el periódico El Tiempo.En ese momento, el joven interpretó la comunicación como una posible broma de mal gusto. Sin embargo, tras la muerte de las menores, la llamada pasó a ser considerada una prueba técnica. El número telefónico ya fue entregado a las autoridades, que ahora tienen la tarea de rastrear su origen y establecer posibles vínculos con los sospechosos del caso.La Fiscalía no solo investiga el envenenamiento por frambuesas contaminadas con talio, sino la posible existencia de un patrón previo. Alicia Graham, esposa de De Bedout y madre de una de las niñas, habría presentado síntomas graves años antes de su muerte. En 2020, médicos habrían diagnosticado una intoxicación por talio, un metal altamente tóxico y prohibido en Colombia desde los años setenta.Entre los indicios que hoy se analizan están:Caída severa del cabello.Dolores intensos que le impedían caminar.Deterioro progresivo del sistema inmunológico.Aunque Graham falleció en 2021 por un cáncer agresivo, especialistas consideran que la intoxicación previa pudo debilitar su organismo y agravar su estado de salud.Las pruebas que comprometen a Zulma GuzmánEl proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, quien figura como la principal sospechosa, avanza actualmente en el Reino Unido. La empresaria, con quien De Bedout habría mantenido una relación extramatrimonial, es señalada de haber enviado las frutas contaminadas. Su captura en Londres incluyó un intento de fuga al lanzarse al río Támesis y, posteriormente, la intención de viajar a Brasil.Entre las pruebas que analiza la Fiscalía se encuentran:Un GPS que habría intentado instalar en el vehículo de De Bedout.La tarjeta SIM hallada en ese dispositivo.La posible conexión entre la amenaza en Nueva York y el crimen de 2025.Las autoridades buscan establecer ahora si la advertencia telefónica fue el anuncio de una tragedia que, meses después, terminaría por hacerse realidad.
La violencia en Bucaramanga ha generado alarma entre los líderes comunitarios. Doce ediles y varios presidentes de juntas de acción comunal han denunciado amenazas de grupos armados que buscan imponer su control en barrios estratégicos afectados por el narcotráfico y la minería ilegal, según señalaron líderes locales.Julio César Ortega Herrera, presidente de la JAC del barrio Balconcitos, explicó que la situación ha llevado a que siete de los once presidentes de la Comuna 17 consideren presentar su renuncia debido a la falta de garantías y a la demora en los estudios de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección. “Actualmente tenemos 12 ediles amenazados en el área metropolitana y tres presidentes de juntas comunales bajo riesgo. La demora de las entidades de protección nos deja vulnerables”, indicó Ortega Herrera.El líder comunal denunció además que algunos grupos utilizan alcantarillas y quebradas de la ciudad, como la zona bajo el Puente La Novena y la quebrada del Lorito, para realizar extracciones ilegales de oro y transportar drogas. Según Ortega Herrera, en los últimos días se registraron explosiones nocturnas con tacos de dinamita, que si bien eran pequeñas, reflejan la intensidad de la actividad ilegal en estos sectores.Entre los grupos armados que han emitido amenazas directas se encuentra el Clan del Golfo, acusado de intimidar a los ediles y considerarlos “objetivos militares”. Ortega Herrera aseguró que, pese a las denuncias realizadas ante la Fiscalía y el SIJIN, la respuesta de las autoridades ha sido lenta, generando temor entre los líderes comunitarios y sus familias.La comunidad advierte que en Bucaramanga hay al menos 140 ediles en riesgo, y muchos no se atreven a reportar las amenazas por temor a represalias. Frente a esta situación, el comandante de la Policía Metropolitana, William Quintero, indicó que 80 uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GODES) se encuentran desplegados en los sectores más vulnerables para fortalecer la presencia policial y prevenir delitos de alto impacto.Adicionalmente, la administración municipal anunció inversiones millonarias en cámaras de seguridad con tecnología avanzada, que permitirán monitorear los barrios estratégicos y capturar a los responsables de homicidios, amenazas y delitos relacionados con la minería ilegal. Las autoridades aseguran que la combinación de presencia policial, vigilancia tecnológica y denuncia comunitaria es clave para garantizar la seguridad y proteger a los líderes comunales de la ciudad.
La suspensión del decreto de emergencia económica que afectaba el Impoconsumo fue celebrada por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien advirtió que la medida había generado un fuerte impacto en los recursos destinados a la salud y los programas sociales del departamento.“El decreto estaba generando un efecto directo sobre el recaudo. Nosotros le advertimos al Gobierno nacional que subir el Impoconsumo y llevarse esos recursos iba a afectar directamente los fondos de los departamentos. Si ese impacto se da, se comprometen recursos para la salud, programas de apoyo a los municipios como Placa Huella, PAE, y otras iniciativas que se financian con este impuesto”, aseguró Díaz Mateus.Según el gobernador, solo en el mes de enero, la aplicación del decreto provocó una reducción de más de 5.000 millones de pesos en el recaudo del Impoconsumo, además de afectar las facturas de compra, que pasaron de 39.000 a 34.000, generando un golpe directo a los recursos del sector salud y al presupuesto del departamento.Díaz Mateus destacó que la decisión del Gobierno Nacional de suspender el decreto no solo protege la sostenibilidad de los programas sociales, sino que también garantiza la atención en salud de los santandereanos, especialmente en los municipios más vulnerables. “Es fundamental que las decisiones económicas a nivel nacional consideren los impactos en los departamentos, porque cualquier afectación al Impoconsumo repercute directamente en los servicios y programas que llegan a la comunidad”, agregó.El mandatario regional también aprovechó para hacer un llamado a la transparencia y planificación fiscal, instando a que las medidas tributarias se analicen cuidadosamente antes de aplicarlas, para evitar que afecten la recaudación local y los servicios básicos que dependen de estos recursos.Con la caída del decreto, se reactivan en Santander los programas de alimentación escolar, mantenimiento de infraestructura en municipios y proyectos de inversión social.
La Universidad Industrial de Santander (UIS) inauguró un nuevo acceso vial en los alrededores de su sede principal, en un esfuerzo por mejorar la movilidad y la seguridad de estudiantes, docentes y residentes de cinco barrios del sector.La intervención, que hace parte del proyecto de recuperación de la malla vial del campus, abarcó 485 metros cuadrados en la intersección de la carrera 25 con calle Sexta, un punto estratégico para el tránsito interno y externo del campus universitario.La universidad explicó que esta obra no solo busca facilitar el flujo vehicular y peatonal, sino también disminuir la congestión en las vías aledañas y garantizar rutas más seguras para quienes transitan diariamente por el sector.Se prevé que en los próximos meses se extiendan los trabajos de recuperación de la malla vial, impactando a cientos de estudiantes y consolidando la zona como un entorno más accesible y conectado.Con estas acciones, la UIS demuestra su compromiso con la comunidad, integrando infraestructura y desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida en los barrios circundantes y fortalecer la experiencia académica de quienes hacen parte del campus.
Un juez admitió una acción de tutela presentada por el senador Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que sus recientes declaraciones sobre Jesucristo vulneraron los derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la dignidad humana y el principio de laicidad del Estado.La tutela se originó tras unas afirmaciones hechas por el jefe de Estado el pasado 27 de enero, durante un acto público en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. En ese escenario, el presidente Petro se refirió a Jesucristo con expresiones de carácter personal y religioso, entre ellas: " yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”.De acuerdo con el fallo, el juez consideró que estas manifestaciones no fueron hechas por Gustavo Petro como ciudadano particular, sino en su condición de presidente de la República, lo que le da un carácter institucional a su pronunciamiento. El fallo señaló que las declaraciones se refieren de manera directa a aspectos centrales del dogma cristiano y a la figura de Jesucristo, eje fundamental de la fe de millones de colombianos, lo que les otorga una especial sensibilidad.Además, frente a la tutela el mandatario se tendría que abstener de emitir, desde su investidura como presidente de la República, declaraciones que involucren interpretaciones teológicas o doctrinales. Con esta decisión, el proceso entra ahora en una nueva etapa mientras se define el alcance y cumplimiento de las órdenes judiciales.El juez también advirtió que, al reinterpretar públicamente creencias religiosas y atribuir conductas no reconocidas por la doctrina cristiana ni respaldadas por fundamentos históricos o teológicos, el presidente habría afectado la libertad religiosa y de conciencia de quienes profesan esa fe. Por lo que recordó que el jefe de Estado tiene la obligación constitucional de mantener la neutralidad religiosa y respetar el carácter laico del Estado colombiano.Frente al panorama, como medida de reparación simbólica el presidente Gustavo Petro realice un acto público en donde “deberá precisarse que tales manifestaciones no representan la posición oficial del Estado colombiano, y reafirmarse el respeto por la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el principio de laicidad del Estado.” tal como se menciona en la tutela.
Un adolescente de 15 años enfrenta, junto a su madre, una reclamación ante Nueva EPS por la que llevan tres meses esperando respuesta. Desde noviembre del año pasado están solicitando autorización para el retiro de un clavo quirúrgico que le fue implantado para corregir una doble fractura, pero, según denuncian, les están negando el procedimiento. Todo se deriva de una lesión que el menor sufrió en septiembre del año pasado, lo que le dejó una fractura de cúbito y radio en la mano derecha mientras se encontraba en su colegio. En su momento, debido a la naturaleza del accidente, el seguro estudiantil cubrió la atención médica, incluida la cirugía en la que fue necesario colocarle un clavo para estabilizar el hueso.Sin embargo, la bolsa del recurso económico se agotó y quedó pendiente el procedimiento para retirar el clavo. Fue entonces cuando Katherine Pérez, la madre del menor, empezó un proceso de reclamación ante Nueva EPS para que estos se encargaran del retiro del implante, algo por lo que no tiene respuesta. "Es un silencio administrativo el que he recibido de vuelta. Yo voy, pregunto qué sucede y nadie me contesta. Mientras tanto veo cómo se coloca el brazo de mi hijo. Ya va a cumplir cinco meses con eso en el brazo y en cualquier momento se le puede infectar. Incluso, ya se ve como si se estuviera malformando el brazo en esa zona", indicó la madre desesperada. La Clínica Portoazul, que fue donde se le brindó toda la atención al menor, advierte que además el seguro no alcanzó a cubrir un recurso, el cual debe ser cancelado cuánto antes, ya sea por la familia del adolescente o por la EPS. Sin embargo, frente a esta solicitud la mujer asegura que tampoco tiene respuesta. Mientras persiste la demora en esta atención, la salud del adolescente continúa deteriorándose.
En Villa Betel, un barrio al sur de Santa Marta, la campaña política no la marca el calendario electoral, sino las órdenes de un grupo armado ilegal. Así lo denunció el líder social y ambientalista Luis Miguel Moisés, quien aseguró que el brazo urbano de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra habría prohibido a los habitantes instalar afiches, pendones o cualquier tipo de publicidad de su candidato a las elecciones al Congreso de la República.Según el relato del líder, hombres que se identifican como integrantes de esa estructura criminal llegaron al barrio y ordenaron retirar toda la propaganda política visible, bajo la advertencia de que en el sector no se permitiría ningún tipo de manifestación electoral. La comunidad, dice Moisés, acató por miedo a represalias, quedando prácticamente “silenciada” en plena antesala de la contienda."Pasaron por el barrio y ordenaron quitar la publicidad sin importar que el político sea de izquierda o de derecha aludiendo que ninguno les ha pagado para poder a hacer política en su barrio", relato Moisés.Pero la intimidación no se limita al tema electoral. Moisés también habló del “flagelo de la extorsión” que afecta a Villa Betel, donde, de acuerdo con su denuncia, comerciantes y familias viven bajo la presión de pagos ilegales exigidos por estas estructuras."La gente, como en muchos barrios de la ciudad, paga 2.000 por cada casa, 15.000 por motocarro y hasta 20.000 por tiendas, esto es un desastre", afirmó el ambientalista.Esa combinación de amenazas, control territorial y restricciones a la participación política ha generado un ambiente de miedo que, según los vecinos, se siente en cada cuadra del barrio.Blu Radio intentó obtener una posición oficial de la Policía Metropolitana de Santa Marta sobre estos señalamientos. Desde la oficina de comunicaciones indicaron inicialmente que no tenían conocimiento formal de la situación, pero que comenzarían a indagar el caso. Es de resaltar que este barrio colinda con la Estación Central de la Policía Metropolitana de Santa Marta.Mientras tanto, los habitantes de Villa Betel aseguran que permanecen atrapados entre el temor a los grupos armados y la sensación de desprotección institucional, en un momento clave para la democracia en la ciudad y en el país.
Carlos Mario Zuluaga dijo que la indagación preliminar es a la anterior gobernación de Elsa Noguera y la actual administración de Eduardo Verano de la Rosa, y se hace para determinar si todos los hechos que han sido denunciados por la veeduría ciudadana “tienen una incidencia o responsabilidad fiscal” por quienes han administrado los recursos públicos.El anuncio lo hizo en el recorrido que hizo este viernes en la mañana por la obra, a la altura del centro comercial Le Champ, en el corredor universitario, al norte de Barranquilla.Detalló el funcionario que en la vigilancia especial que el ente de control ha realizado a este proyecto estratégico en el Atlántico, han percibido las afectaciones al comercio, incluso, con la quiebra de algunos negocios, embotellamientos en la movilidad vehícular y en general a la desmejora en la calidad de vida de la comunidad.“Aquí hay que tener en cuenta la concordancia entre la ejecución de la obra en su avance físico con la ejecución financiera. Hemos percibido que en los últimos meses Edubar ha tenido retrasos en los pagos, y a pesar de que hoy está al día queremos que exista una simbiosis que permita que haya concordancia entre el avance físico y el financiero”.Recordó Zuluaga que hace un año se instalaron unas mesas para inspeccionar el avance del proyecto, luego se hizo una vigilancia especial y ahora se hace la apertura de una indagación preliminar.El vicecontralor resaltó que también se van a revisar las obras adicionales o de urbanismo que no están contempladas en el proyecto, valoradas en 15.000 millones de pesos, para que se incorporen y no queden en el aire.“La Gobernación debería sentarse con el contratista y revisar con la interventoría la justificación de poder incorporar estos recursos de manera inmediata y que permita que el contrato esté culminado en su totalidad en el mes de junio, como está propuesto en el último cronograma de trabajo, que se entregó a la Contraloría el pasado 27 de diciembre”, comentó Zuluaga.Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, manifestó que la comunidad se ha visto muy afectada por los retrasos con el cierre de varios negocios comerciales, inseguridad en el sector, falta de alumbrado público y riesgos en la movilidad de peatones.“Ya tenemos más de cuatro años en esta lucha que ha sido muy difícil para la comunidad. El transporte público se ha visto muy afectado, los estudiantes de las universidades Atlántico, San Martín y Libre. No tenemos vías de acceso. Esperamos que con esta visita del Vicecontralor muchas cosas se empiecen a solucionar y se le garantice el pago de los recursos al contratista, porque uno pasa por aquí y no ve que se estén haciendo los trabajos”.La obra de la Gran Vía tiene su punto más crítico a la altura del centro comercial Le Champ, que comunica con las universidades San Martín, Atlántico, parte de Villa Campestre y la Urbanización la Playa, al norte de Barranquilla.Según el vicecontralor Zuluaga, los trabajos programados para 18 meses ya llevan 3 años, o sea que cumplen un 100% de tiempo adicional de ejecución. Eso no solo afecta el presupuesto, por ejemplo en la variación de precios de los materiales, sino que dificulta el impacto social en la comunidad”.
La preocupación por el dengue volvió a encender las alarmas en Santa Marta. Mientras los casos de la enfermedad aumentan más de un 53 % en la ciudad y el Magdalena, la capital del departamento quedó por fuera del primer grupo de territorios priorizados para recibir la vacuna, decisión que la Personería Distrital considera incomprensible frente a la realidad social y sanitaria del Distrito.Por eso, el personero de Santa Marta, Edwar Orozco Oñate, radicó una solicitud formal ante el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para que se implemente, de forma urgente, una jornada de vacunación masiva contra el dengue en la ciudad, con un enfoque especial en las poblaciones más vulnerables. “Hemos solicitado una implementación urgente para que se inicie un proceso de vacunación contra el dengue, priorizando obligatoriamente a nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, específicamente de los estratos 1, 2 y 3 con registro en Sisbén, por las situaciones que hoy nos están afectando”, explicó el personero.Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público local es que en Santa Marta el riesgo no solo está en las cifras, sino en las condiciones estructurales: la crisis de agua obliga a miles de familias a almacenar líquido en pimpinas, tanques y recipientes improvisados, justo el escenario ideal para la reproducción del mosquito transmisor. A eso se suma el rebosamiento permanente de aguas residuales y un sistema de alcantarillado obsoleto en varios sectores de la ciudad.“Nos afecta la escasez de agua, el rebosamiento permanente de aguas de alcantarilla y las condiciones bioclimáticas que sirven como generadores en la transmisión de este virus en comparación con otros territorios del país”, advirtió Orozco, al insistir en que Santa Marta debería tener un trato prioritario en la estrategia nacional de vacunación.La Personería también cuestionó que municipios como Neiva, Palermo y Rivera ya hayan recibido y distribuido miles de dosis, mientras Santa Marta sigue esperando. “Nos preguntamos si esos municipios tienen las mismas condiciones que incrementan la transmisión del virus. ¿Allá también hay escasez de agua que obligue a comprar pimpinas? ¿Allá la gente tiene que almacenar agua lluvia? ¿Tienen un sistema de alcantarillado obsoleto con rebosamientos permanentes como el que tenemos hoy en Santa Marta?”, planteó el personero.Otro punto clave del llamado es el componente económico. Según la Personería, la mayoría de las familias de estratos 1, 2 y 3 no pueden pagar una vacuna que cuesta alrededor de 460.000 pesos en el mercado privado, cuando el salario mínimo para 2026 es de 1.750.905 pesos. “Estas personas no pueden comprarla. Con lo que ganan no les alcanzaría, porque además deben asumir gastos como la compra de pimpinas de agua y el sostenimiento de sus familias”, agregó Orozco, al pedir que la vacuna llegue primero a quienes no tienen cómo costearla.Hasta el momento, el Distrito no ha recibido respuesta del Ministerio de Salud ni del INS frente a esta solicitud. Mientras tanto, la Personería insiste en que Santa Marta necesita una intervención diferencial y urgente, no solo campañas de prevención, sino una estrategia de vacunación que tenga en cuenta su realidad: una ciudad con alta circulación del virus, crisis de agua, problemas de alcantarillado y una población que, en gran parte, vive al límite de sus ingresos.
Devastados están los familiares en Valledupar de Maira Alejandra Avendaño Rincón, una de las 15 víctimas que sumó el trágico accidente de la aeronave de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el Norte de Santander, debido a que este viernes 30 de enero estaría cumpliendo 49 años.En su casa del barrio La Guajira, en la capital del Cesar, ya hay un pequeño altar armado por sus allegados, los cuales están a la espera de una directriz clara desde el Gobierno Nacional para saber el avance de la necropsia.“Ya regresaba de la misión. Ella volvió y hubo una turbulencia. Varias veces había pasado por esos percances porque vivía montada de avión en avión. Salía de un lugar a otro en las aeronaves. Tenía 10 años de estar allá. Está trabajando con el Consejo Noruego para Refugiados. Una mujer luchadora, valiente, emprendedora y echada para adelante”, fueron las palabras que dijo su tía María Luquez con voz entrecortada.Precisamente, relata esta familiar que desde que se graduó como abogada de la Universidad Popular del Cesar, siempre estuvo vinculada a los derechos humanos y más a la violencia de género. Este no era su primer accidente, pues aclara María Luquez que sufrió otro hace seis meses también con el Consejo Noruego para Refugiados.Le puede interesar: Interferencia, una de las hipótesis de Aerocivil sobre accidente de Satena en Norte de Santander“Hace como unos 6 meses, tuvo un accidente en la camioneta del Consejo noruego. Rodaron a 40 metros de distancia. Desde niña fue una mujer que luchaba por los derechos y que nunca se quedó en su puesto”, agregó.Hasta su casa también llegaron representantes del colectivo ‘Párala Ya nada justifica la violencia contra las mujeres’, cuya presidenta Carmen Rivera agredeció todo el apoyo que les brindó en vida y las insistencia para que los casos de violencia fueran denunciados.“Lo único que tenemos para decirle a Maira desde el cielo es gracias por todo lo que hiciste por la red, por tu apoyo, por ese tesón, por tu compromiso. Se nos quiebra la voz, pero te queremos y siempre vas a estar en nuestros corazones. A su familia un abrazo”, culminó.Por su parte, a la también víctima cesarense María Torcoroma Álvarez Barbosa la esperan en su natal municipio de Río de Oro, sur del departamento. Allí era conocida por ser comerciante y dueña de un restaurante llamado El Tigre.
A tiros y a plena luz del día fue asesinado el patrullero Víctor Julio Marín Londoño, adscrito a la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla.La víctima caminaba de civil por la calle 47C con carrera 27, barrio San Isidro de Barranquilla, cuando pistoleros que iban en motocicleta le dispararon en varias ocasiones hasta dejarlo malherido en plena vía pública.Los asesinos huyeron una vez cometieron el crimen; sin embargo, mientras la víctima yacía en el pavimento, cuatro hombres llegaron y le robaron el celular, sus prendas y otras pertenencias.Luego, estas personas fueron las primeras capturadas por el crimen, toda vez que la Policía fue tras ellos y no solo les halló en su poder las pertenencias del patrullero, sino también sangre en la ropa que vestían, pues literalmente mancharon sus manos cuando robaron a la víctima, dejaron sus huellas en la escena y se convirtieron en implicados en el asesinato.Entretanto, las autoridades avanzan en la búsqueda de los pistoleros para la cual se está ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos, informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Más y más detalles continúa revelando la Fiscalía en torno a las pruebas que existen contra Nicolás Petro Burgos, quien sigue compareciendo esta semana en la audiencia preparatoria de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.En la jornada de este miércoles, la fiscal del caso Lucy Laborde expuso que en un chat entre Daysurys Vásquez Castro con Michelle Romero hacen mención del señor Euclides Torres, de quien dicen que financió la campaña presidencial de Gustavo Petro y afirma que le entregó un apartamento en Bogotá al exdiputado del Atlántico, como parte de un “favor o contentillo”.Asegura que en las conversaciones, además, se menciona una relación con Armando Benedetti, Euclides Torres y Pedro Flórez, quienes también estarían presuntamente inmersos en la financiación de la campaña presidencial."El señor Nicolás Fernando Petro Burgos recibía dineros de terceras personas y, en este caso, del empresario Euclides Torres, el cual financió toda la campaña presidencial, los apartamentos que recibió Nicolás Petro, como el de Bogotá, que fue un favor o contentillo", indicó la fiscal."No obstante, su señoría, esos dineros recibidos incrementaron el patrimonio del señor Nicolás Fernando Petro Burgos y no fueron reportados en la declaración de renta, por lo cual se puede inferir que el señor Nicolás conocía que no era posible justificar ese dinero de manera legal", agregó.La representante del ente acusador manifestó que, entre las pruebas que espera que le sean avaladas para el juicio, también se detalla cómo Gabriel Hilsaca habría entregado 400 millones de pesos en efectivo y que este dinero habría sido custodiado y guardado en el inmueble donde residía Nicolás con su entonces esposa, Daysurys Vásquez, en el norte de Barranquilla.En su intervención, Laborde también mencionó al dirigente político Máximo Noriega, asegurando que él también haría parte de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), a través de la cual “se habrían adquirido unos dineros, como sobrefacturación por servicios prestados por algunos funcionarios o personas que trabajan para esta fundación”.Vale decir que como parte del material probatorio también está la información extraída de los computadores de Nicolás y de su actual pareja Laura Ojeda, ambos incautados durante el operativo de allanamiento y captura del hijo mayor del presidente. Ese día, además, se logró la incautación de 24.900.000 pesos, el cual también será utilizado por la Fiscalía como prueba, al considerar que esto “da fe de que el señor Nicolás Petro guardaba su dinero en efectivo en su casa”.
La búsqueda de una mayor autonomía para las regiones y la identificación de las mismas como un ente territorial se convierte en tema de discusión para gobernadores de varios departamentos del país, quienes se dieron cita en Barranquilla este 26 de marzo para promover un Voto Nacional por las Regiones que resulte en la convocatoria de un referendo para el próximo 8 de marzo de 2026. Le puede interesar: De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien es promotor de esta iniciativa, el objetivo del encuentro es discutir y analizar cómo será esa propuesta de referendo por las regiones, colocando la mira en que no solo se haga por el Caribe, sino que también se fortalezcan otros procesos que se están adelantando como el de Los Santanderes y la región Central, donde ya hay establecidas Regiones Administrativas y de Planificación (RAP). "Nosotros en el Caribe estamos interesados en hacerlo y lo vamos a promover y estamos invitando a que las otras regiones del país participen de ese gran referendo. Yo creo que cada región tiene su proceso en esto, precisamente autónomo. De eso se trata que cada cual vaya realizando los pasos que considere importantes para su futuro ordenamiento y coordinación. Entonces, en el Caribe estamos interesados, lo vamos a adelantar. Estamos invitando a las otras regiones para hacerlo un proceso ordenado, participativo", explicó el mandatario. En cumplimiento con lo que plantea la Constitución Política, siguiendo los artículos 306 y 307, es importante que los departamentos hagan una revisión para pasar de ser una RAP a una Región Ente Territorial (RET), esto en medio del cumplimiento de los pasos sugeridos por la ley colombiana para procesos de autonomía desde los territorios. "Se convocó a una mesa de trabajo en la que además de los gobernadores estarán presentes los presidentes de las asambleas departamentales quienes recibirán un borrador de proyecto de ordenanza mediante el cual los diputados autorizan a las gobernaciones a dar inicio a la transición de la RAP a la Región como Ente Territorial (RET)", indicó la Gobernación del Atlántico en un comunicado. De esta manera no solo se espera que haya un primer acuerdo frente a lo que sería el referendo para las elecciones de marzo de 2026, sino que también se establezca un apoyo para que se generen, desde las Asambleas de cada departamento, las ordenanzas requeridas para avanzar en este proceso.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, socializó en Barranquilla uno de los decretos con los que busca el gobierno poner en marcha algunos de los artículos de la hundida reforma laboral, con el objetivo de dar a conocer algunos cambios que dentro de algunas semanas empezarán a regir en el país. Le puede interesar: Para el caso se trata de un decreto con el que formalizará el trabajo en las universidades públicas del país para docentes catedráticos, docentes ocasionales y personal administrativo. Según el cálculo del ministro, esto corresponde a más de 38.000 personas que serán vinculadas a través de contrato indefinido. "Como este habrá nueve decretos más que ya estamos en las puertas de hacer públicos. Nueve decretos adicionales y el resto serán la columna vertebral de la consulta popular, a propósito del proyecto de reforma laboral que fue negado en la Comisión Séptima del Senado", indicó el ministro Sanguino. Explicó que este decreto ya está firmado por él también por el ministro de Educación, Daniel Rojas, pero que está pendiente para la firma del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, no precisó la fecha de cuándo será esto."Aspiramos a hacerlo en todas las universidades públicas del país y del Caribe colombiano y, sobre todo, aspiramos a que su proceso de implementación arranque una vez el presidente de la República, con su firma, reprende la expedición de este decreto que ya ha sido firmado por el ministro de educación Daniel Rojas y por el ministro del trabajo Antonio Sanguino", manifestó.
El inhabilitado exmagistrado Jorge Mola Capera acaba de ser acusado por la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de presuntas irregularidades cometidas en 2018 para dilatar un proceso contra el exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla Juan José Acosta Osío y y el exalto consejero del centro de educación superior Alberto Enrique Acosta Pérez. De acuerdo con el ente acusador, Mola Capera es presuntamente responsable por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y heterogéneo, y fraude procesa. Le puede interesar: Según el expediente, el exmagistrado habría afectado el curso normal de un proceso que estaba pendiente por audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Acosta Osío, para suspenderlo, pero, además habría dispuesto interrumpir el desarrollo y cesar los efectos jurídicos de una audiencia de restablecimiento de derechos que cursaba en otro juzgado. "En decisiones tomadas durante el estudio de una tutela suspendió dos audiencias que se surtían ante jueces de control de garantías, una de imposición de medida de aseguramiento y otra de restablecimiento de derechos", indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa. Mola Capera actualmente se encuentra destituido e inhabilitado por 10 años por este mismo proceso, siendo que en 2023 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que este tomó decisiones contrarias a la ley para favorecer al exrector y a varios miembros de su grupo administrativo. Lo anterior, en torno a la puja por el manejo de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano.
Vacante amaneció este viernes 30 de enero el cargo de agente interventor de la empresa Air-e en la región Caribe, debido a la renuncia de Nelson Javier Vásquez, cuyas funciones llegaron hasta este jueves 29 de enero y se convierte en el cuarto funcionario que pasa por esta compañía desde septiembre de 2024, sin lograr una solución a la grave crisis económica que enfrenta la compañía. Pese a que Vásquez anunció con una semana de anticipación su salida, la no posesión de una persona en el cargo llevó a los trabajadores del área administrativa a suspender sus funciones para realizar un plantón durante todo el día para exigir al Gobierno una solución empresarial y el cese de esta intervención que ya completa un año y cuatro meses. Le puede interesar: Renuncia agente interventor de Air-e: es el cuarto en año y medioEl presidente del sindicato, Eduardo Remolino, se reunió en Bogotá con funcionarios del Ministerio de Minas y Energía el pasado jueves para proponerles que sean los mismos empleados los que se encarguen de la operación de la energética. Sin embargo, no recibió respuestas, sino que le programaron una reunión con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la cual quedó prevista para el sábado 31 de enero. Ahora bien, los trabajadores exigen menos corrupción en el proceso de intervención, de cara a que se estarían realizando millonarias contrataciones en asesores y personal que solo va una semana a trabajar y que poco aportaría al desarrollo de la empresa. Aunque no descartan del todo aceptar el nombramiento de un nuevo agente interventor, resaltan que no permitirán que esta persona imponga sus intereses políticos y que realice contrataciones sin justificaciones. "No queremos más a esa gente que solo viene una vez a la semana y que recibe millonarios pagos. No pueden estar haciendo de esto un negocio político", mencionó uno de los manifestantes presentes en el encuentro.
La Plaza de la Paz está lista para coronar este sábado a los reyes del Carnaval de la 44. Una tarima de más de 20 metros de ancho y un proscenio de 36 de largo son algunas de las características del escenario que sostendrá el espectáculo, asi lo contó Duverney Castaño, director general de Lights Now, empresa que se está encargando del montaje del escenario.Castaño también resaltó que el show que se presentará en el evento de Coronación de la reina del Bordillo, Sharon Hurtado Esquiaqui y su rey momo, Luis Aragón, y los reyes infantiles Ashey Gómez y Germán Palomino, tendrá un montaje ambicioso de luces y sonido en el que el público tendrá una interacción directa con la historia que se va a contar, además de una pasarela de más de 4 metros de ancho que estará entre el público presente.Como lo cuenta Édgar Blanco, director del Carnaval de la 44, el espectáculo titulado 'Barranquilla, la gran experiencia' es dirigido por Mauricio Cheques, contará con bailarines, danzas, disfraces y arrancará a las 6:00 de la tarde. También tendrá artistas como Elder Dayan, Wilfrido Vargas, La familia André, Juan Piña y La Nomina del Pin, entre otros.Así las cosas, este sábado 31 de enero los accesos a las personas estarán abiertos al público desde las 3 de la tarde y el espectáculo arrancará desde las 6 de la tarde. Igualmente, el Carnaval de la 44 contó a través de sus redes sociales que Telecaribe transmitirá el evento desde las 8 de la noche por su señal premiun y su canal de Youtube.
A Gustavo Osorio, alcalde de Pedraza (Magdalena) lo sorprendieron en la noche de este jueves, 29 de enero, dos hombres que dispararon contra él mientras estaba abasteciendo de gasolina su vehículo en una estación de servicio ubicada en el norte de Barranquilla. Los hechos se presentaron alrededor de las 7:50 de la noche, en la carrera 46 con calle 87. Al parecer, el alcalde estaba dirigiéndose a una residencia que tiene en la capital del Atlántico, cuando fue alcanzado por dos hombres que iban en motocicleta. Estos empezaron a disparar contra el carro mientras estaba estacionado. No obstante, el alcalde, quien estaba al interior del carro, logró salir ileso debido a que el vehículo es blindado. Aún así, en los vidrios y las puertas quedaron las marcas de las balas. Los hombres se marcharon de inmediato del sitio, al parecer, con sentido norte, hacia el municipio de Puerto Colombia. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero de los mismos. El caso se presentó a dos calles de un CAI de la Policía, lo que facilitó la rápida llegada de unas patrullas que revisaron la situación y reportaron lo sucedido. Por el momento, está siendo objeto de investigación lo ocurrido, con el fin de establecer las causas detrás del ataque, mientras que el alcalde resultó ileso ante el ataque. Inseguridad electoral Este atentado se produce en medio de la alerta generada en el Atlántico por los problemas de seguridad que enfrenta el actual proceso electoral, siendo que en varios barrios del suorccidente de Barranquilla hay temor a colocar publicidad política, por posibles ataques de grupos delincuenciales. Al respecto, desde la Gobernación pidieron un comité electoral permanente para hacer seguimiento a todos estos casos asociados a posible violencia política.
El pasado lunes 26 de enero fue reportado el hallazgo de un hombre sin vida y otro gravemente herido en el corregimiento de Tomarrazón, zona rural del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira, quienes no habían sido identificados hasta la fecha.Sin embargo, en las últimas horas de este jueves el Comando de la Décima Brigada de la Primera División del Ejército Nacional informó que la persona herida es uno de sus soldados, perteneciente al Grupo de Caballería Mecanizado N.° 2, y quien ahora mismo está bajo pronóstico reservado debido a serias heridas por impacto de bala en su cuerpo y signos de tortura.Aseguró la entidad que los hechos se registraron cuando el militar estaba de permiso, tiempo en el que integrantes de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada aprovecharon su estado de indefensión en zona rural del municipio de Dibulla y lo sometieron a torturas durante varios días."De acuerdo con información de inteligencia, habría sido sometido a torturas durante varios días", fue como lo especificaron.El Ejército condenó estos hechos y se solidarizó con la familia del soldado, cuya identidad aún no ha sido revelada. El nombre de la persona que sí apareció muerta tampoco es de conocimiento, ni si tenía vínculos con las fuerzas armadas.“La institución acompaña de manera cercana y solidaria a la familia del soldado, ratificando su compromiso de brindar el apoyo integral requerido y de contribuir plenamente con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones correspondientes”, escribieron en un comunicado.“Así mismo, el Ejército Nacional condena vehementemente este hecho criminal que transgrede el derecho internacional humanitario y representa una grave violación a los derechos humanos”, agregaron.La violencia en esta zona del departamento de La Guajira se encuentra desbordada por la lucha territorial que libran los grupos armados del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachencas.
“Estoy nervioso por tanta fama”, dijo el popular ‘John Valdez’ a su llegada a un centro comercial en Barranquilla, donde lo esperaban admiradores y periodistas. Ángel Miguel Balaguera Jaimes, de 73 años, llegó sin su tradicional vestimenta que lo identifica como ‘John Valdez’, de la mano de representantes de la marca de café colombiano más reconocida en el mundo.Como lo adelantó la marca Juan Valdez en sus redes sociales, este jueves programaron un encuentro con el santandereano que vive en Barranquilla desde 1978, para reconocer su labor y creatividad. Uno de los motivos del encuentro era mostrarle, por intermedio de expertas de Juan Valdez, cómo optimizar su producto que ha popularizado en su bicicleta en las calles y parques del norte de Barranquilla.“Me siento tremendamente halagado, porque de café yo sé lo que aprendí como campesino en Santander, pero esto es de frente, profesional”, dijo el hombre nacido en el municipio de Mogotes.La sorpresaCon los ojos tapados, una funcionaria de Juan Valdez hizo que John se levantara de su silla en el centro comercial. Después de unos pasos y ya con la mirada despejada, el vendedor de tinto más famoso por estos días en la Costa se encontró con una moto eléctrica que le obsequió la marca.Conmovido hasta las lágrimas, Ángel Miguel Balaguera Jaimes agradeció con voz entrecortada el regalo que ahora le permitirá tener más comodidad para vender su producto, además de visitar a sus clientes a domicilio en su otro oficio de peluquero.“Déjeme verlo, déjeme verlo, cómo así”, se preguntó ‘John’, notoriamente emocionado.Además de la moto y la capacitación para preparar y mantener mejor su producto, desde Juan Valdez confirmaron que también le van a proveer el café de la marca por un año.Hay que recordar que la historia de Ángel Miguel Balaguera Jaimes se volvió viral, luego de que lo grabaran pedaleando en su bicicleta por un sector del norte de la ciudad, transportando varios termos de café. En su camisa blanca y su gorra se podía leer el nombre ‘John Valdez’, lo que llamó la atención de miles de personas.Desde ese momento, y con su aparición en varios medios de comunicación, las ventas ambulantes del café de la marca Juan Valdez que comercializa se multiplicaron y hoy es un personaje en el Caribe colombiano.