Finalmente, estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen luz verde para poder culminar el segundo semestre del 2025 que se vio interrumpido por el paro generado tras la elección del nuevo rector. Esto, luego de que el Consejo Académico aprobara por mayoría el calendario de las clases.De acuerdo con este calendario, las clases se reanudarán el próximo 15 de enero de 2026 y el segundo semestre finalizará el 6 de febrero del mismo año. Durante este tiempo, la comunidad universitaria desarrollará actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas.El Consejo Académico también dio luz verde a la publicación de los resultados de los aspirantes admitidos para el periodo 2026-1, los cuales estarán disponibles a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico, el cual es https://www.uniatlantico.edu.co/.Hay que decir que, para el próximo semestre, la Universidad del Atlántico reportó un total de 15.651 aspirantes inscritos, quienes competirán por 4.311 cupos ofertados, lo que refleja una alta demanda de ingreso a la universidad pública del departamento.Le puede interesar: “No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de ProcuraduríaTodo esto hace parte del proceso de normalización para los cuales fue designado el rector Rafael Castillo, por el Ministerio de Educación.Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.
La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Aumentó cinco la cifra de personas fallecidas, una no localizada y dos rescatadas con vida, tras el desplome de una aeronave de la Marina mexicana durante una misión médica, en las inmediaciones de Galveston, Texas (Estados Unidos), según informó este lunes la Armada de México.En un comunicado, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, informó este lunes por la noche que de los ocho tripulantes de la aeronave dos personas se encuentran con vida, cinco fallecidas, y una aún no localizada, misma que se encuentra en labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades."Se continúan las coordinaciones con el Consulado General de México en Houston, para los trámites correspondientes", indicó y reiteró sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este trágico siniestro.En la aeronave de la Armada mexicana viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles. Previamente se había informado que de al menos dos personas muertas, dos no localizadas y otras cuatro rescatadas.Los hechos ocurrieron durante una misión de apoyo médico junto con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.Tras el desplome, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a seis personas, dos de ellas sin vida, apuntó la Secretaría de Marina (Semar), en un comunicado."Continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada", agregó.La autoridad mexicana no precisó la identidad de las víctimas y señaló que la aeronave "se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado"."Una aeronave tipo King Air ANX 1209 perteneciente a esta institución, realizaba una misión de apoyo en el marco de 'Plan Marina' en coordinación con la Fundación Michou y Mau, misma que presentó un accidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos", detalló la institución en un boletín previo.Indicó que inmediatamente se activaron "los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, quienes han rescatado hasta el momento a seis personas, cuatro con vida y dos lamentablemente se confirma su deceso, asimismo, continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada".Finalmente, aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas de los hechos, al tiempo de que se mantiene en coordinación con el consulado de México en Houston para los trámites necesarios.La Fundación Michou y Mau, creada en 1998, atiende las necesidades de miles de niños mexicanos que han sido víctimas de quemaduras, además de concienciar sobre las necesidades del quemado y establecer programas asistenciales en beneficio de los menores.
El gerente general del Centro de Convenciones Neomundo, Tomás León Mendoza, presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo, decisión que será efectiva a partir del 23 de diciembre, tras permanecer 38 días al frente de la entidad.En una carta dirigida a los miembros de la junta directiva de la Corporación Centro de Convenciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga – Neomundo, el gerente expone que el corto tiempo transcurrido desde su vinculación no permite realizar una evaluación objetiva de resultados.En el documento, León Mendoza señala que, tras el cambio de administración, se pretendía adelantar una “valoración” de su gestión en condiciones que, a su juicio, no garantizan imparcialidad ni rigor técnico, razón por la cual decidió apartarse del cargo para proteger su buen nombre, su trayectoria profesional y el ejercicio bajo el cual fue vinculado.“El carácter netamente político que se ha configurado alrededor de mi gestión hace evidente que no existen las condiciones para continuar desempeñando el cargo”, manifestó el ahora exgerente, quien aseguró haber actuado con transparencia, rigor y compromiso institucional durante su permanencia en la entidad.En la carta, León Mendoza recordó que su propósito al asumir la gerencia era trabajar de manera articulada con los sectores público y privado para posicionar a Neomundo como uno de los principales hubs del turismo MICE del país, bajo objetivos estratégicos como la eficiencia operacional, el fortalecimiento de la infraestructura, la gobernanza y la sostenibilidad institucional, en un período de gestión de un año, tal como lo establecen los estatutos.Finalmente, agradeció al equipo de trabajo de Neomundo por el respaldo y profesionalismo durante lo que calificó como un corto, pero impecable, ejercicio de gestión.
Una joven de 19 años falleció en la madrugada de este fin de semana luego de caer desde el techo de un edificio abandonado en Atlanta, un inmueble que en años recientes fue utilizado como escenario para la serie Stranger Things. El hecho ocurrió mientras la víctima exploraba el lugar junto a otras personas.Según informaron las autoridades locales, el accidente se registró poco antes de la 1:00 de la mañana en el edificio conocido como Briarcliff, una antigua estructura hospitalaria de cinco niveles ubicada dentro de una propiedad privada asociada a terrenos de la Universidad Emory. La joven, identificada como Leah Palmirotto, fue declarada muerta en el sitio por los equipos de emergencia que acudieron tras el reporte de la caída.Los primeros informes indican que el grupo habría ingresado al inmueble tras superar una valla metálica, pese a que el lugar se encuentra cerrado al público debido a su deterioro y a los riesgos estructurales que presenta. Aunque el edificio ha ganado notoriedad por haber sido utilizado en producciones audiovisuales, el acceso está restringido y no cuenta con condiciones de seguridad para visitantes.La policía señaló que, hasta el momento, no existen indicios de un hecho criminal ni se han formulado cargos contra terceros. No obstante, la investigación continúa abierta con el fin de establecer con precisión cómo ocurrió la caída. Las autoridades aprovecharon para reiterar el llamado a no ingresar a edificaciones abandonadas, incluso aquellas que se han vuelto populares por su vínculo con el cine o la televisión.Tras la muerte de la joven, el inmueble permanece bajo vigilancia permanente por parte de personal de seguridad y fue retirado de los listados oficiales de locaciones disponibles para rodajes. Las autoridades insistieron en que se trata de una propiedad privada y potencialmente peligrosa.Familiares y personas cercanas indicaron que la joven tenía un marcado interés por explorar y fotografiar edificios abandonados, una afición que practicaba con frecuencia. También disfrutaba asistir a exhibiciones de automóviles y tomar fotografías que luego compartía con propietarios y amigos.El padre de la víctima manifestó a medios locales que cree que su hija ya había visitado el lugar con anterioridad, aunque reconoció los riesgos que implican este tipo de exploraciones, especialmente durante la noche. Asimismo, expresó su deseo de que la muerte haya sido inmediata, para evitarle sufrimiento.Amigos y familiares han recordado a la joven como una persona activa, sociable y amante de las actividades al aire libre. En su memoria, se anunció la realización de una vigilia conmemorativa, mientras continúa el acompañamiento a sus seres queridos.Un edificio icónico, pero de acceso restringidoEl edificio Briarcliff fue construido en la década de 1960 y funcionó durante años como hospital psiquiátrico. Tras quedar fuera de operación, pasó a ser propiedad de la Universidad Emory y, con el tiempo, fue alquilado como locación para distintas producciones audiovisuales.
El accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 14 de diciembre sigue conmocionando al departamento de Antioquia, luego de que un bus de servicios de turismo se precipitara a un abismo de aproximadamente 60 metros en el sector El Chispero, en la vía que comunica a Segovia con Remedios. El siniestro dejó un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas el conductor y 16 estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de una excursión de fin de curso en Tolú y Coveñas.A ,ás de una semana del hecho, seis estudiantes continúan hospitalizados en centros asistenciales de Medellín y Yolombó, con pronóstico reservado y procesos de recuperación complejos. El fin de semana, las autoridades lograron extraer los restos del vehículo del fondo del barranco, procedimiento clave para avanzar en las investigaciones técnicas que permitan establecer las causas del accidente.La investigación tomó fuerza tras las denuncias de los familiares, quienes aseguraron que el bus presentó fallas mecánicas reiteradas durante el trayecto de regreso. Según los testimonios, el vehículo se detuvo en varias ocasiones y los estudiantes habrían advertido que “venía varado”, solicitando un cambio de automotor que, presuntamente, no fue autorizado por la empresa responsable. En uno de los momentos más emotivos que ha dejado la tragedia, la familia y especialmente la mascota de Mariana Galvis, una de las menores que perdió la vida, la siguen recordando.En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo su perro, de raza chihuahua color negro con café, permanece con la mirada triste sentado en la tumba de la menor, rodeado de flores y familiares.Este es el videoPor su parte, la Superintendencia de Transporte determinó que el bus no cumplía ni siquiera con el 20 % de los requisitos exigidos en la revisión técnico-mecánica.Ante la gravedad de las irregularidades, el Gobierno ordenó la suspensión preventiva por seis meses de la empresa Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur) y del Centro de Diagnóstico Automotriz Comercializadora Servisuper. Según las autoridades, el CDA habría alterado los resultados de la inspección para aprobar de manera irregular el vehículo de placas SON847, reportando información inconsistente al RUNT, pese a fallas en frenos, llantas y salidas de emergencia. Lista de fallecidos en el accidente del Liceo AntioqueñoSegún la Alcaldía de Bello, las personas que perdieron la vida en el siniestro fueron identificadas como:Carlos CardonaDaniel Arismendy FernándezJosé Manuel Orrego PalacioJuan Andrés HincapiéLaura SalazarMaría Camila Pérez SánchezMaría Fernanda Londoño JiménezMariana Galvis AriasMariana Upegui EscobarMateo Castaño LópezMathías Berrío CardonaPaulina Anduquia BuilesSara Escobar MeraSusana Arango MejíaValeria LópezYeraldin YepesJohnatan Alexander Taborda (conductor)
La reciente decisión del Gobierno Nacional de declarar el estado de emergencia económica ha generado un sismo político en el Congreso de la República. Diversos legisladores han expresado su rechazo tajante, calificando la medida no solo como un golpe al bolsillo de los ciudadanos a través de nuevos impuestos, sino como un intento de eludir el debate legislativo tras el hundimiento de la ley de financiamiento.Un "bypass" al Congreso y la institucionalidadPara el senador Carlos Abraham Jiménez, esta maniobra es "previsible" y refleja una tendencia del presidente Gustavo Petro de imponer por decreto lo que no logra concertar en el legislativo. Jiménez señaló que el mandatario actúa "a las patadas", emitiendo decretos que, a su juicio, la Corte Constitucional terminará declarando inexequibles.Según el senador, estas acciones demuestran una improvisación que busca destruir la economía formal en Colombia. Asimismo, criticó que el presidente de la Cámara, al ser afín al gobierno, no facilitará sesiones para analizar este desconocimiento del Congreso.El "aguinaldo" de impuestos y el impacto ruralDesde el Centro Democrático, el senador Carlos Meisel describió la declaratoria como un "regalo de Navidad" amargo para los colombianos. Meisel denunció que la medida traerá más carga tributaria, incluyendo un aumento en las transacciones bancarias al 5 por 1000, afectando la formalidad económica.El legislador alertó sobre las graves consecuencias para el sector rural, explicando que el impuesto al patrimonio, sumado a los altos avalúos catastrales, golpeará a pequeños productores del campo con predios de 30 o 40 hectáreas."Un ciudadano vulnerable... no tiene con qué hacerle frente a un impuesto al patrimonio" bajo estas condiciones, afirmó Meisel, quien hizo un llamado urgente a la Corte Constitucional para que sesione de manera extraordinaria y suspenda lo que calificó como un "despropósito".Argumentos de inconstitucionalidad por falta de planeaciónPor su parte, el senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, fue enfático al tildar la medida como un "acto de profunda irresponsabilidad". Según Lemos, la emergencia no responde a un hecho imprevisible, sino a una mala planeación fiscal y al desespero del Gobierno tras la caída de la ley de financiamiento.Lemos recordó que existe un precedente jurídico claro: la sentencia 383 de 2023, mediante la cual la Corte Constitucional tumbó la emergencia en La Guajira, advirtiendo que este mecanismo no puede usarse si no hay una situación imprevisible que ponga en riesgo la estabilidad. Para el senador, el Gobierno está violando la Constitución al imponer cargas excesivas sobre una base inconstitucional, por lo que confía en que la Corte declarará inexequible esta "emergencia económica aberrante".Escuche aquí la entrevista:
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
Después de varios meses de rumores y litigio, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó públicamente su intención de reconocer a Steven Castellanos Ramos como su hijo, luego de que este hombre de 33 años emprendió un largo proceso judicial para demostrar que el mandatario es su verdadero padre biológico y hacer que este aceptara su paternidad.El caso escaló hasta el Juzgado Primero de Familia de Bogotá, que el pasado 9 de octubre emitió una sentencia en la que declaró que Steven Castellanos Ramos no es hijo de Jorge Eliécer Castellanos, como constaba en su registro civil, sino hijo de Alejandro Char Chaljub y que ahora el demandante deberá ser “filiado y nombrado como Steven Char Ramos”.Este fallo sería resultado, a su vez, de un memorial con fecha del 20 de agosto de 2025, en la que el alcalde le solicitó a su abogado y al juzgado en mención hacer un “reconocimiento voluntario”.“En dicho documento manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, informó Char en un comunicado, no sin antes aclarar que él desconocía sobre la existencia de este hijo.“Es importante destacar que solo después de 33 años tuve conocimiento de la existencia de Steven, quien contaba con reconocimiento paterno de otra persona, y tras cumplir todos los trámites pertinentes ante los requerimientos de ley, procederé de conformidad a lo que ordena dicha autoridad”, agregó.En los antecedentes de la sentencia reposa que es fruto de “una relación afectiva, sentimental y amorosa entre los señores Alejandro Char y Diana Magali Ramos Saavedra”.“El señor Alejandro Char llevaba a la señora Diana a la Universidad La Gran Colombia y pasado algún tiempo se generó una relación afectiva, dado que ambos comenzaron a compartir en las viviendas de cada uno de ellos, principalmente en el apartamento del señor Char y demás salidas en pareja”, dice el documento.Y añade: “a finales del año 91, el señor Char tuvo que salir del país y en el primer trimestre del año 1992, el señor Char informó a la madre de la señora Diana que regresaría a Bogotá, manifestando la intención de conversar con ella; sin embargo, la señora Diana ya se encontraba en estado de embarazo. Producto de esa relación el día 17 de junio de 1992 nació en Bogotá el señor Steven Castellano Ramos”.
A la recta final entró el juicio que se le sigue a la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, siendo que este martes, 14 de octubre, terminaron los alegatos de la defensa con la intervención de la misma acusada, quien rompió en llanto mientras insistía en su inocencia.Cepeda fue asesinado en agosto de 2003 y años después se acusó a Gette Ponce como presunta determinadora del crimen, a partir de testimonios entregados por paramilitares que la señalaron de haber dado la orden de acabar con la vida del ganadero por un aparente lío de herencia con su hijastra María Paulina Ceballos, esposa de la víctima y con quien Gette debía compartir el legado de Mario Ceballos Araújo, fundador de Uniautónoma.Sin embargo, entre lágrimas, la exrectora, de 74 años, aseguró que todo ha sido una persecución en su contra para apoderarse de la universidad y que se vio envuelta en todo este lío judicial por no acceder a las extorsiones del paramilitarismo."El legado de Mario Ceballos Araújo era repartido entre los que se orquestaron todo esto. Yo era un estorbo, pues conmigo ahí jamás lograrían lo orquestados ni el montaje donde estoy sumergida. Claro que mi único problema real fue no pagar las extorsiones realizadas por estos paramilitares, así como lo señaló alias Don Antonio en varias ocasiones. Si hubiese pagado, no estaría en estas. Tal vez ese fue mi error", dijo.Insistió en que no existe una prueba contundente que la relacione con el paramilitarismo ni mucho menos con este crimen."Pido que se muestre una fotografía, una conversación o tan solo algún alguien pruebe que se me ha visto algún día en algún escenario compartiendo con alguien de este grupo criminal. Yo no tengo motivo para mandar a asesinar a Fernando Cepeda. Señoría, yo no mandé a matar a Fernando Cepeda, de verdad", expresó.Agregó que la Universidad Autónoma del Caribe siempre fue el fortín que se disputó en todo esto y por el que se buscó su salida de la institución."La Universidad Autónoma del Caribe fue el fortín económico y político que se disputó en todo esto y no fue hasta no verla acabada, saqueada y enriqueciéndose a manos llenas de quienes tuvieron por propósito repartírsela con ocasión a mi salida. Esto era el fin perseguido, porque no siendo rectora, yo hubiera podido seguir mi vida con mis tres hijos sin ser perseguida", manifestó.Hasta llegaron a tener la osadía de denunciarme acusándome que yo había matado mi legítimo esposo pase padre de mis tres hijos que lo había envenenado siempre acusada por tantas infamias.Durante esta jornada la defensa de Gette también pidió al juez que revise la versión del exparamilitar Jhonny Rafael Acosta Garizábalo, al asegurar que mintió en su declaración.
Las calles de Barranquilla y en general del departamento del Atlántico vivieron un puente festivo marcado por la violencia. Entre el viernes 10 y la noche de este lunes 13 de octubre, las autoridades registraron al menos 12 muertes violentas, siendo que Barranquilla concentró al menos cinco de los casos, seguida por Soledad con otros cuatro más. Sabanalarga con dos, en donde una de las víctimas es una mujer que estaba siendo extorsionada y otro asesinato más se registró en Juan de Acosta.Otro de los homicidios se registró al interior de la Cárcel Distrital El Bosque. Allí, fue asesinado en medio de una riña entre interno, Douglas Vergara, de 43 años, preso hace cuatro años por hurto.Guadalupe Vergara, hermana de la víctima, pide a las directivas del penal explicaciones sobre lo ocurrido.“Queremos esclarecer la muerte de mi hermano, porque de la cárcel no hemos recibido ningún reporte. Nosotros nos enteramos por la llamada de un tercero. Mi hermano este mes estaba esperando una audiencia para solicitar libertad por vencimiento de términos”, expresó Guadalupe.Con estas cifras, el mes de octubre ya acumula 26 muertes violentas en Atlántico, incluyendo hechos de alto impacto como el asesinato con sevicia de un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la masacre en el asentamiento Pinar del Río, en la que tres personas fueron asesinadas en un episodio vinculado con el cobro de préstamos gota a gota.
Los menores de edad se convirtieron en las principales víctimas de los hechos violentos que marcaron este puente festivo en Cartagena. Tres jóvenes, entre 16 y 17 años resultaron muertos en hechos aislados en los barrios Olaya Herrera, Manuela Vergara de Curi y el sector Zapatero del barrio El Bosque. Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Breiner Yesid Contreras, de 16 años, y quien fue asesinado el sábado 11 de octubre en medio de un sicariato cuando se movilizaba en una motocicleta. De acuerdo a la Policía, el joven se encontraba evadido del Centro de Asociación para Reeducación de Menores (Asomenores), donde fue recluido por el delito de porte ilegal de arma de fuego.La segunda víctima de esta lamentable racha violenta fue Andrés David Pérez Zambrano, también de 16 años, y quien resultó herido, al parecer, por una bala perdida durante un hurto la noche de este domingo 13 de octubre.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, en medio de un asalto a un hombre que se encontraba en un establecimiento comercial en el barrio Manuela Vergara de Curi, el delincuente empezó a forcejar con la víctima, le dispara en la pierna.El hombre intentó huir hacia un callejón y el delincuente volvió a accionar el arma de fuego, impactando a Pérez Zambrano, que se encontraba en el lugar, y murió minutos después en un centro asistencial a donde fue trasladado.La tercera víctima de esta seguidilla de muerte es Yesepeth Porras Gutiérrez, de 17 años, quien habría sido asesinado durante una riña en el sector Zapatero del barrio el Bosque sobre las 10:50 de la noche de este lunes. En este mismo hecho un joven fue aprehendido por la Policía y otro más resultó herido en uno de sus brazos.Autoridades buscan a responsablesUno de los hechos que más ha causado conmoción en la ciudad de Cartagena es el de una niña de tan solo 9 años, quien resultó herida en la cabeza por una bala perdida en el barrio Villa Fanny.La menor se encontraba jugando en la terraza de su casa durante la noche del domingo 13 de octubre, cuando fue sorprendida por el proyectil.Debido a la gravedad de la lesión, la menor fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Casa del Niño, en estado crítico y con pronóstico es reservado.La alcaldía ofreció una recompensa de hasta de 40 millones de pesos por información para dar con el responsable de que esta pequeña hoy se debata entre la vida y la muerte.“La Policía Nacional ha destacado un equipo especial sólo para hacer las averiguaciones pertinentes con el fin de avanzar en el proceso investigativo de este caso que hoy conduele a la ciudad entera por la situación que vive esta pequeña niña de 9 años. Tenemos un despliegue de inteligencia, de Policía Judicial, hasta el momento no tenemos un avance significativo, estamos también apelando a la solidaridad ciudadana, no solo porque haya una recompensa, sino porque es un deber ciudadano que quien tengan conocimiento de quien fue la persona que ocasionó esta situación la aporte a las autoridades”, señaló el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.