Justo cuando se encontraban en una casa ubicada en la carrera 9J con calle 68, del barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, cobrando la cuota diaria de un préstamo, dos gota a gotas fueron atacados a tiros por sicarios que se acercaron en una moto y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.El atentado se registró a las 9:30 de la noche. Los cobradiarios, quienes murieron en el lugar de los hechos, respondían a los nombres de Javier Enrique Soto Rodríguez, de 35 años, a quién le propinaron nueve disparos y Kenny De la Hoz Jung, de 48 años, asesinado de cuatro tiros.En el mismo ataque resultó herida de un disparo en una pierna y otro en un brazo Sugeidys Milena Palacio Padilla, una ama de casa de 49 años, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos.De acuerdo con el reporte de la policía, las víctimas no tenían anotaciones judiciales de ningún tipo.Se cree que el atentado está relacionado con el no pago de una extorsión, toda vez que días antes los dos hombres asesinados habían recibido llamadas en las que miembros de una banda delincuencial les pedía dinero a cambio de permitirles desarrollar su actividad económica.El atentado ocurrió en una zona que es de injerencia de la banda criminal Los Costeños, bajo el mando de un delincuente conocido con el alias de ‘La Hormiga’.
Finalmente, estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen luz verde para poder culminar el segundo semestre del 2025 que se vio interrumpido por el paro generado tras la elección del nuevo rector. Esto, luego de que el Consejo Académico aprobara por mayoría el calendario de las clases.De acuerdo con este calendario, las clases se reanudarán el próximo 15 de enero de 2026 y el segundo semestre finalizará el 6 de febrero del mismo año. Durante este tiempo, la comunidad universitaria desarrollará actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas.El Consejo Académico también dio luz verde a la publicación de los resultados de los aspirantes admitidos para el periodo 2026-1, los cuales estarán disponibles a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico, el cual es https://www.uniatlantico.edu.co/.Hay que decir que, para el próximo semestre, la Universidad del Atlántico reportó un total de 15.651 aspirantes inscritos, quienes competirán por 4.311 cupos ofertados, lo que refleja una alta demanda de ingreso a la universidad pública del departamento.Le puede interesar: “No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de ProcuraduríaTodo esto hace parte del proceso de normalización para los cuales fue designado el rector Rafael Castillo, por el Ministerio de Educación.Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.
La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, encendió las alarmas tras conocer el decreto de emergencia económica, que incluiría disposiciones tributarias dirigidas a las organizaciones gremiales del país.Fenalco advirtió que, más allá del impacto financiero, la iniciativa podría convertirse en un mecanismo para debilitar y silenciar a organizaciones que han cuestionado las políticas económicas del gobierno. En ese sentido, el gremio sostuvo que la carga tributaria no puede utilizarse como herramienta de presión política ni como castigo frente a la crítica legítima.El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que incluso en estados de excepción, la Constitución protege la libertad de asociación y expresión.“Esto es verdaderamente una retaliación, utilizar la carga tributaria como instrumento de silenciar. Las críticas que desde los gremios se le hacen al mal manejo económico del gobierno no son justificables de ninguna manera”, afirmó Cabal.Desde el gremio se insistió en que la autonomía gremial no es un privilegio, sino una garantía constitucional que permite la existencia de una sociedad civil independiente frente al poder del Estado.Por ello, hizo un llamado a los gremios y a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se mantengan vigilantes frente a eventuales medidas que afecten la libertad gremial.
Un nuevo ataque de las disidencias de las Farc contra la fuerza pública sacude al norte del departamento del Cauca. En el hecho, registrado este martes 23 de diciembre, fue asesinado un intendente de la Policía Nacional y otro uniformado resultó gravemente herido tras una emboscada ejecutada en zona rural del municipio de Santander de Quilichao.Los hechos ocurrieron en cercanías al corregimiento de Quinamayó. Hasta ese punto se desplazó un grupo especial antiterrorismo de la Dijín con el objetivo de verificar el contenido de un vehículo que había sido reportado como abandonado en una vía del sector. Durante el procedimiento de inspección judicial, los uniformados fueron sorprendidos por una arremetida con ráfagas de fusil y explosivos.Fuentes oficiales confirmaron a Blu Radio que la víctima mortal es el intendente Luis Guillermo Martínez. Por su parte, el patrullero Juan Camilo Perdomo resultó herido en medio del hostigamiento y fue evacuado de urgencia hacia un centro asistencial del norte del Cauca, donde permanece bajo pronóstico reservado.Este atentado se suma a la compleja situación de orden público que atraviesa el suroccidente del país, donde las estructuras de las disidencias de las Farc mantienen una fuerte presencia y han intensificado sus acciones contra las autoridades en las últimas semanas.A esta hora, las unidades militares y de policía en la zona se encuentran en máxima alerta para prevenir nuevos ataques y tratar de dar con los responsables del crimen del intendente Martínez.
El accidente de tránsito registrado el pasado 14 de diciembre en el nordeste antioqueño dejó en evidencia graves fallas en los controles de seguridad del transporte de turismo. Ese día, un bus que prestaba servicios de turismo y trasladaba a un grupo de estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitó a un abismo de más de 40 metros en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica a los municipios de Segovia y Remedios.El accidente ocurrió cuando los jóvenes regresaban de su excursión de grado en Tolú, Sucre, y dejó un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas 16 menores de edad y el conductor del vehículo. Además, otras 20 personas resultaron heridas y fueron atendidas en centros asistenciales de la región.Tras las labores de rescate y recuperación del automotor, la Superintendencia de Transporte adelantó una inspección técnica que arrojó resultados alarmantes. Según informó el superintendente Alfredo Piñeres, el vehículo no cumplía ni siquiera con el 20 % de los requisitos técnico-mecánicos exigidos por la normativa vigente. Según el superintendente, estas fueron las principales fallas encontradas:Deficiente estado exterior del vehículo, visible en la inspección sensorial externa.Llantas en mal estado, según lo observado en los registros en video.Sillas sin cinturones de seguridad para los pasajeros.Ausencia de extintores dentro del vehículo.Falta de equipos de emergencia para las salidas de evacuación.Deficiencias en el sistema de frenos, detectadas en la revisión técnica.Problemas en la suspensión, que no cumplían con las condiciones exigidas.Hay que recordar que uno de los sobrevivientes del siniestro, David Rua, quien avisó al conductor de una tractomula que el bus acababa de accidentarse, habló en Noticias Caracol sobre el accidente. Según dijo, vio cómo reparaban la batería antes de iniciar el trayecto. “El aire estaba muy pesado, no se alcanzaba a respirar bien, y sentí que algo andaba mal”, afirmó el menor.Pese a estas condiciones, el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Servisúper había emitido un certificado de revisión técnico-mecánica que autorizaba la circulación del vehículo, omitiendo irregularidades que ahora son materia de investigación.Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la suspensión por seis meses tanto de la empresa Precoltur, propietaria del bus, como del CDA que avaló su operación. Paralelamente, continúan las investigaciones que podrían derivar en la cancelación definitiva de las licencias de funcionamiento.En cuanto a los sobrevivientes, la Secretaría de Salud de Antioquia confirmó que seis jóvenes permanecen hospitalizados en centros de alta complejidad como el Hospital San Vicente Fundación y la Clínica Las Américas, donde reciben atención especializada y presentan una evolución lenta pero estable.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
De nuevo se registró una agresión contra la misión médica en Antioquia, esta vez, en las urgencias del hospital Venancio Díaz de Sabaneta, un centro asistencial público que se encuentra en remodelación y donde tres hombres borrachos, que llegaron heridos tras una riña, siguieron la pelea en el lugar en el que les iban a brindar atención en salud.Según reportó el mismo centro asistencial, los pacientes no estaban satisfechos con tener que esperar, por lo que primero agredieron al vigilante que intentó contener la situación y, posteriormente, a cuatro personas que se desempeñan en el área de triage del hospital. Así lo relató el gerente Luis Fernando Restrepo."Al momento del vigilante tratar de intervenir para que estos pacientes tuvieran calma y no fueran tan agresivos, este fue víctima de un ataque por parte de uno de ellos. Literalmente, estaba ahorcando. Fueron demasiado agresivos, nos dañaron una puerta, quebraron vidrios, dañaron algún algún material médico, agredieron a un médico, agredieron a tres auxiliares de enfermería", indicó el directivo.Restrepo también lamentó que se registraran daños a la infraestructura hospitalaria e insumos que son fundamentales para la atención de urgencias.Por lo pronto, y con base en videos del sistema de vigilancia del centro asistencial, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a dos señalados agresores, de 31 y 34 años de edad, por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno. El hecho ha generado rechazo en esa localidad del Sur del Valle de Aburrá; el Concejo de Sabaneta emitió un comunicado pidiendo de manera urgente respeto, convivencia y cuidado de lo público.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
En estado crítico, y bajo pronóstico reservado, se encuentra una menor de tan sólo 9 años que resultó herida en la cabeza por una bala perdida en el barrio Villa Fanny, al suroriente de la ciudad de Cartagena.De acuerdo al reporte de las autoridades, la menor se encontraba jugando sobre las 11:30 de la noche de este domingo 12 de octubre en la terraza de su vivienda cuando fue impactada por el proyectil.“La narración que hace la madre de la niña que se encontraba con ella, se encontraban departiendo en la parte externa de la vivienda, estaba un grupo familiar, cuando de repente ven que la niña estando sentada se desploma; ellos pensaron que inicialmente era una lesión con una piedra, sin embargo uno de los familiares se percata que la niña tiene una herida profunda y había perdido todo su sentido, es cuando la socorren y la trasladan a un centro asistencial y se puede establecer que la niña tiene una herida producida por arma de fuego en su cabeza”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.El oficial a su vez detalló que hay algunas hipótesis sobre de dónde provino el disparo, pero por el momento todo es materia de investigación.“La Policía inicia un despliegue con toda su capacidad, investigativa, de inteligencia, de Policía judicial, para poder tener unas primeras versiones, y lo único que se ha podido establecer allí es que efectivamente es lo que llaman una bala perdida, y tenemos varias informaciones, varios hipótesis, porque lo paradójico es que allí no habían fiestas, no había absolutamente nada que sacara de lo normal el orden público en ese sector de la ciudad”, agregó.La Alcaldía de Cartagena ofreció una recompensa hasta de 40 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables de este lamentable hecho.“Rechazamos profundamente este acto de irresponsabilidad que hoy tiene a una niña luchando por su vida y a una familia sumida en la angustia. No descansaremos hasta que este individuo responda ante la justicia. El alcalde Dumek Turbay Paz ordenó ofrecer una recompensa que permita dar con este sujeto que, de forma irresponsable, realizó disparos al aire. Agradecemos a quienes tengan información hacerlo a través de la línea 123 de la Policía Nacional, el único canal autorizado para brindar datos precisos”, afirmó por su parte, el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández.El Hospital Infantil Casa del Niño, informó que la menor fue ingresada al centro hospitalario durante la madrugada del lunes 13 de octubre remitida desde otro centro de salud, y se encuenta en la Unidad de Cuidados Intensivos Doña Pilar.“Nuestro equipo multidisciplinario brinda toda la atención médica, humana y tecnológica necesaria para su manejo y acompañamiento a la familia en este difícil momento”, añadió.
Un hecho lamentable tiene en luto a los habitantes de Sabanalarga, en el Atlántico, tras conocerse un atentado a Dayana Díaz Carrillo, de 40 años, quien sería la nueva víctima que cobra la violencia en el departamento.Testigos narran que la mujer se encontraba dentro de su casa, ubicada en la carrera 25A Nro. 70-31, en el barrio Las Quintas, en Sabanalarga, cuando alrededor de las 9:20 de la noche del pasado viernes un hombre se acercó caminando hasta la fachada y, desde allí, disparó en repetidas ocasiones hacia el interior de la vivienda, impactando con tres proyectiles a Díaz Carrillo.La víctima fue auxiliada inicialmente por sus parientes y llevada al hospital local del municipio, pero, debido a la gravedad de las lesiones, fue remitida a una clínica en Barranquilla, donde finalmente murió este sábado a altas horas de la noche.Según las investigaciones iniciales, el ataque estaría relacionado con un presunto caso de extorsión del que era víctima otro familiar de la fallecida y contra el que iba dirigido el atentado.La Policía del Atlántico, en coordinación con la Sijin y la Sipol, adelantan las investigaciones que permitan esclarecer los hechos e identificar y capturar a los responsables.Comentarios de familiares y amigos en redes sociales afirman que Dayana era una mujer trabajadora, dedicada al cuidado de su hogar y de su hija.
El regreso a casa en estas vacaciones estará pasado por agua. Así lo advierte el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para este lunes festivo en el que miles de vehículos circulan por las vías del Caribe colombiano.Así las cosas, según el Instituto se mantendrá la alerta naranja para el centro y oriente del mar Caribe colombiano por tiempo lluvioso con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento fuertes.Resaltan los expertos que “las alertas meteomarinas se mantienen en nivel naranja en la cuenca del Caribe nacional con posibilidades de tormentas eléctricas y rachas de viento”, por lo que se recomienda a pescadores y usuarios de embarcaciones menores tener prudencia y consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar, para evitar situaciones de alto riesgo.Le puede interesar: Plan retorno en Antioquia: hay restricciones en vías y reversibles este lunes festivoHay que tener en cuenta que las lluvias más fuertes para hoy se prevén en horas de la tarde y noche, en áreas del sur de Cesar y Magdalena, Bolívar, Sucre, sur de Córdoba y Urabá. En el sur de La Guajira y el Atlántico se pronostican lloviznas.De esta manera, los consejos de las autoridades a los conductores es a manejar con precaución, ya que lo más probable es que las vías se encuentren mojadas. Agregan que no deben exceder los límites de velocidad y, sobre todo, no dejar para último momento su regreso a casa.
Este domingo, 12 de octubre, el bus en el que viajaba la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, quien lidera el grupo junto al acordeonero Juank Ricardo, sufrió un accidente a la altura de San Alberto, en el departamento del Cesar.Por fortuna, el hecho solo generó un “susto”, como lo contó en redes sociales Ricardo Rodríguez, mánager del conjunto vallenato, que se dirigía a la ciudad de Santa Marta para presentarse en el Festival Mar de Acordeones, evento que se está desarrollando en esa ciudad.“Gracias a Dios solo fue un susto. Todos los integrantes estamos bien, buscamos otro bus y seguimos nuestro viaje”, escribió Rodríguez.Por las fotos que circulan en redes, la cabina del bus quedó semidestruida tras chocar contra un árbol. Al parecer, el percance se habría provocado por la maniobra imprudente de otro vehículo.Tras el accidente, el propio Samuel Morales envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores a través de redes sociales.“Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al todopoderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes. Los quiero con todo mi corazón y me da tanta paz saber que todos están bien y fuera de peligro (…) Somos una agrupación respaldada por Dios que nos acompaña en todo momento. Gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros”.Cabe recordar que el 24 de agosto de 2005, Kaleth Morales, conocido como el “rey de la nueva ola vallenata”, falleció en un accidente de tránsito cuando viajaba entre Montería y Valledupar junto a su hermano Keyner, precisamente rumbo a una presentación, como ocurrió ahora con su hijo, aunque sin el mismo saldo trágico que lamentar.Keyner Morales, quien era corista de su hermano y permaneció 15 días en coma a raíz del accidente, contó en su momento que aquel día fatídico no iban “ni suave ni rápido; sin embargo, había llovido y cuando Kaleth alcanza a ver un hueco lleno de agua, frena”. El carro dio vueltas y ambos salieron expulsados por el vidrio panorámico.“Yo duré 15 días en coma y en ese lapso no recuerdo nada. Cuando abro los ojos empiezo a comprender que Kaleth había muerto porque veo a mi mamá vestida de negro y con los ojos hinchados”, narró Keyner.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.