El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno llegó a la discusión del salario mínimo con la intención de mantener un incremento que esté muy por encima de la inflación, la cual actualmente está en 5.2, “de tal manera que este se convierta en un aumento real en los ingresos de los trabajadores”.“El gobierno y el presidente quieren que el incremento sea un incremento real, incluso más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido en este año 2025 que termina”, expresó.Sanguino enfatizó en que el Gobierno está examinando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la organización internacional del trabajo de mina como salario vital para tomar una decisión y si no se logra un acuerdo definitivamente establecería el aumento por decreto.“El gobierno está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital que no siempre coincide con el salario mínimo mismo, que es aquel salario que permita que una familia de un trabajador cubra sus necesidades básicas a fin de tomar una decisión y si no hay acuerdo, definitivamente con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, puntualizó.Las declaraciones fueron hechas desde Barranquilla en medio de un evento de formalización laboral de más de 1.700 trabajadores de la IPS Viva 1A.Vale decir que los trabajadores están pidiendo un aumento del 16 por ciento, mientras que los empresarios piden por diversas razones que esté sea del 7.21%.
El exdiputado Nicolás Petro no irá a la cárcel, por ahora, en medio del proceso en su contra por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico, del que es investigado por, supuestamente, utilizar la Fundación Conciencia Social, durante los años 2021 y 2022, para recibir recursos para solventar asuntos personales suyos, de su entonces esposa Daysuris Vásquez y de Pedro Name.El juez de control de garantías, Jorge Ortiz, argumentó este viernes que pese a la posible inferencia razonable en dos de los delitos imputados, el ex diputado no es un peligro para la sociedad ni despierta riesgo de fuga u obstrucción a la justicia.Concretamente, manifestó el togado que sólo halló inferencia razonable en dos delitos: peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Caso contrario a las imputaciones por falsedad en documento público, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, donde apunta que la Fiscalía no envió la totalidad de las pruebas presentadas para su posterior análisis.“La tesis del despacho indica que si bien existe inferencia razonable sobre la presunta participación de Nicolás Fernando Petro Burgos en la comisión de al menos dos delitos de peculado por apropiación e interés debido a la celebración de contratos, no fue acreditada la necesidad de ninguna medida de aseguramiento ante la inexistencia, por lo menos en este momento, de riesgo de fuga, reiteración de la actividad delictiva o de obstrucción a la justicia”, dijo inicialmente.“En éxito de lo expuesto este juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de barranquilla resuelve no imponer medida de aseguramiento alguna contra el ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos”, agregó.Entre esos faltantes están las declaraciones de Daysuris Vásquez ante la Fiscalía, los contratos de la Fundación Fucoso con la Gobernación del Atlántico y el certificado de existencia de representación legal de Conciencia Social, lo que las excluyó del material con el que se tomó la decisión.Ortiz apuntó que, al no tratarse de una judicialización con presencia de bandas criminales o grupos armados, tiene competencia para la liderar este caso y analizar la adjudicación de dos contratos en los que se señala a Nicolás Petro de, al parecer, apropiarse inicialmente de 72 millones de pesos y luego de $39 millones.Su decisión fue apelada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La fiscal Lucy Laborde insiste en que se revoque esta medida y sea enviado a prisión en Barranquilla para que pueda asistir de forma presencial a su juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Mientras tanto, su abogado Alejandro Carranza defiende que esa solicitud no tiene validez dado a que el juez del otro proceso, Hugo Carbonó, es consciente de la inclusión de Petro Burgos en la llamada lista Clinton. Además, habla de una doble incriminación hacia su protegido por la relación entre las pruebas de ambos procesos.
Tras la realización de un consejo extraordinario de seguridad en el comando de Policía del departamento del Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán lamentó y condenó el hostigamiento y ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, en donde murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.La mandataria indicó que los criminales utilizaron cilindros bombas que fueron arrojados con drones y hostigaron a los soldados con ráfagas de fusil.Pero hay algo igual de lamentable fue de denunciado por la gobernadora, quién aseguró que, la noche del jueves, luego del ataque fueron sobrevolados con drones por más de tres horas, varias estaciones de Policía del sur de ese departamento, incluso, el comando central de Policía del Cesar.“Ya lo hemos escalado y en este momento de la intervención me permito emitirlo como una denuncia pública. La noche de ayer han sido sobrevoladas estaciones de policía de los municipios de San Martín, Gamarra, San Alberto, Becerril, Codazzi y justo el comando de policía del departamento del Cesar en el que nos encontramos. Por más de tres y cuatro horas, proporcionalmente han sido sobrevolados drones sobre estas estaciones de Policía”, denunció .La gobernadora indicó que, con la denuncia, no buscaba sembrar más zozobra, pero sí decir que se sienten vulnerables a la hora de tener que responderle a los ciudadanos por la seguridad del Cesar.“El Estado representado en los gobiernos departamental y locales estamos completamente de pie. Nuestras fuerzas militares están completamente de pie. Ahora necesitamos tocar la solidaridad de la sociedad civil. No sabemos de dónde están despegando los drones. No sabemos desde donde están conociendo y reconociendo los territorios vulnerables del Cesar para atacarlos. Necesitamos una sociedad civil vigilante que se atreva a informarnos en donde se están produciendo y despegando estos drones que están atacando al territorio del Cesar, ” detalló.En cuanto al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar equipos anti drones para contrarrestar estos ataques, la gobernadora indicó que celebra la desición, pero lamenta “que tenga que ser en razón de una contramedida cuando se están poniendo siete vidas a la aceleración del conflicto en el departamento del Cesar y en el país”.Sanjuán indicó que, ahora es urgente que esos elementos lleguen al territorio, “pues los bandidos no pueden estar teniendo más elementos que la institucionalidad”.
La controversia sigue rodeando la rectoría de la Universidad del Atlántico debido a las respuestas que pide la Procuraduría General de la Nación por haber sido nombrado en el cargo un docente que tenía una medida de suspensión. Al respecto, el gobernador Eduardo Verano indicó que debe ser el Ministerio de Educación el que dé respuestas por este tema, al ser quienes lo promovieron en el cargo.Se trata de Rafael Castillo Pacheco, quien es docente de tiempo completo y en el pasado fue rector durante seis meses. Precisamente por ese encargo fue investigado disciplinariamente por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente. En consecuencia, en marzo de este año ordenaron una suspensión durante cuatro meses de su cargo y de cualquier puesto en el sector público, sin embargo, a la fecha, esto no habría sido cumplido. Incluso, Blu Radio conoció que fue presentada por la Procuraduría una queja disciplinaria contra el exrector Danilo Hernández y el Ministerio de Educación por no hacer cumplir la medida y generar una impunidad institucional. Aunque ahora mismo se solicitan las razones que han impedido la ejecución de esa sanción, impuesta puntualmente por una aparente extralimitación de sus funciones al autorizar la comisión de servicio remunerado de un docente hacia Argentina, dice el mandatario departamental que, mientras eso sucede, seguirá como rector encargado.“Ya la parte de si cumplío o no con algunos requerimientos de la Procuraduría es lo que él mismo tendrá que responder y establecer, pero fue escogido como interventor por parte del Ministerio de Educación. Seguramente se resolverán los asuntos que estén pendientes”, dijo a Blu Radio.De hecho, al margen de esa solicitud, Rafael Castillo fue posesionado desde muy temprano este viernes y con eso se dio luz verde para los grados de los cerca de 1.200 estudiantes que estaban a la deriva en el recibimiento de sus diplomas. No obstante, aún no ha sido publicada dicha acta, pues el proceso habría sido realizado por el Ministerio de Educación y no por el consejo superior de la institución. Esas ceremonias, manifiesta el gobernador Verano, iniciaron desde las 8:00 de la mañana en el Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, y sus diplomas llevan la firma del nuevo rector encargado.“Tenemos ya la posesión de Rafael Castillo, está en la universidad y se van a estar firmando todos los diplomas que se tienen. Son cerca de 1.200 que serán entregados en varias ceremonias. Son citas de al menos 100 graduados, cerca de seis ceremonias hay agendadas para hoy”, agregó.Recordemos que Rafael Castillo llegó como designado por el Ministerio de Educación en reemplazo temporal (por un año inicialmente) de Leyton Barrios, a quien se le investiga por irregularidades en su escogencia.A pesar de que Rafael Castillo Pacheco se posesionó esta mañana como rector de la Universidad del Atlántico, hay incertidumbre jurídica frente a la validez de su firma en estos diplomas, pues desde la Procuraduría advierten que la sanción sí está vigente.
La JEP condenó al coronel en retiro Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se dieron mientras él comando el Batallón La Popa con sede en Valledupar.“Declarar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutierrez penalmente responsable por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Artilleria La Popa No 2 de Valledupar como coautor de los delitos que se cometieron en el marco de la primera modalidad del patron de macrocriminalidad consistente en una alianza entre el ilegal aparato organizado de poder bajo su mando con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la JEP.Las conductas punibles que cometió Mejia, según la JEP, son homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada, entre otros.El coronel en retiro Hernán Mejía deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y no se le concederá prisión domiciliaria ni medidas alternativas.Es importante recordar que Mejia ha negado su responsabilidad en estos casos de falsos positivos y tuvo que enfrentar un juicio en la JEP.Esta es la primera condena de la JEP en la que un compareciente enfrenta la cárcel.
La teoría de la justicia en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo es que se creó una organización delincuencial que tenía como objetivo, torcer o mover la voluntad de un grupo de congresistas para que apoyaran la gestión y los proyectos del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.Durante la audiencia en la que decidió sorpresivamente enviar a la cárcel a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y del Interior, Luis Fernando Velasco, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Rosero, afirmó que la actuación de quienes fueran dos de los alfiles del presidente Petro, “responde a la misma lógica instrumental orientada a asegurar gobernabilidad mediante el uso de recursos públicos y la incidencia ilegítima sobre el legislativo”.En el caso del exministro Ricardo Bonilla, la justicia tiene elementos que demostrarían que facilitó y participó en el direccionamiento de tres contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 90 mil millones de pesos para satisfacer el apetito de seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el fin de que los parlamentarios emitieran conceptos que eran indispensables para que el gobierno pudiera tramitar empréstitos internacionales para la Nación.Según la justicia, el exministro Luis Fernando Velasco habría desempeñado el rol de “articulador político” de la estructura dedicada a la compra de conciencias en el Congreso a cambio de contratos. Según el exdirector de Gestión de Riesgo Olmedo López, Velasco le dio instrucciones precisas para direccionar los contratos hacia congresistas que ofrecieran respaldo a la agenda legislativa del Gobierno. El caso puntual que hoy tiene en la cárcel a Luis Fernando Velasco es el del senador Julio Elías Chagüi, que, según los testimonios, habría recibido contratos sin justificación de urgencia o necesidad.Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son los funcionarios de mayor rango del gobierno Petro detenidos por este escándalo, pero no son los únicos, se suman a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, que está presa y en etapa de juicio y a los prófugos Carlos Ramón González y César Manrique, que fueron hombres muy cercanos a su gobierno.Carlos Ramón González fue director del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia, habría ordenado entregar 3 mil millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado Iván Name y mil millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, hoy es prófugo de la justicia y pasa sus días bailando vallenato en su exilio dorado en Nicaragua. César Manrique fue director de la Función Pública y actualmente está prófugo de la justicia, presuntamente en Venezuela.La otra pata del escándalo está en el Congreso: están detenidos los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle y están a la espera de saber si son llamados a juicio o no por la Corte Suprema los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Liliana Bittar. También están a la espera de su llamado por la justicia los congresistas Julio Elías Chagüi y Martha Peralta.Tras la captura de los exministros Bonilla y Velasco, el país necesita que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema envíe un mensaje claro anticorrupción en el momento en el que defina el llamado a juicio a seis congresistas que habrían estado involucrados en el mismo escándalo. También es el momento para que el presidente Gustavo Petro responda a las afirmaciones del exministro Luis Fernando Velasco, quien dijo ante la justicia que toda la operación política que él adelantó, fue conocida y autorizada por el jefe de Estado y aseguró que la entonces directora del DAPRE, Laura Sarabia, le ordenó contratar a Olmedo López, pieza clave del escándalo, por instrucción directa del presidente Petro.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
En un puesto de control instalado por tropas de la Novena Brigada, en el sector de la vereda Panorama, sobre la vía La Plata–Inzá–Popayán, occidente del Huila, fue detenido un vehículo de carga tipo turbo, en el cual hallaron 550 kilos de marihuana que habrían sido aforados en el departamento del Cauca.De acuerdo con las autoridades, este cargamento de marihuana pertenecería al bloque central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc y, al parecer, pretendían llevarlo hacia el exterior, principalmente a Brasil, donde su valor aumentaría de manera significativa en el mercado internacional.El teniente coronel Cristian Arturo Fajardo, comandante del Batallón Cacique Pigoanza de la Novena Brigada, confirmó que durante la incautación del alucinógeno el conductor del vehículo inspeccionado fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación y tráfico de estupefacientes.“En el procedimiento de verificación fue hallada en el automotor una carga compuesta por 549 paquetes, para un peso total de 549 kilos de marihuana. Este estupefaciente pertenecía al grupo armado residual bloque central Isaías Pardo de las Farc, frente Hernando González Acosta, y como resultado de la operación un hombre fue capturado”, afirmó el teniente coronel Fajardo.Es importante mencionar que, en lo corrido del año 2025, las autoridades han incautado alrededor de 28 toneladas de marihuana y base de coca en las carreteras del Huila, estupefacientes que en su mayoría provienen de estructuras criminales y grupos armados ilegales que delinquen en el Cauca y el sur del país.
La Procuraduría le formuló cargos a un patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá por uso excesivo de la fuerza durante el estallido social de 2021. El uniformado habría generado daños físicos a una mujer que ya estaba detenida por las autoridadesLa Procuraduría General de la Nación decidió formular pliego de cargos en contra del patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Cristián Camilo Santander Castillo, quien es señalado de usar presuntamente la fuerza de manera excesiva en medio de las protestas que hubo en Medellín durante el estallido social de 2021.Según destacó el Ministerio Público, lo que se busca establecer es si durante las jornadas de manifestaciones ocurridas en abril de 2021, Santander Castillo le causó daños físicos a una joven que ya estaba retenida por las autoridades competentes cuando el servidor público presuntamente lo agredió.De momento, la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá será quien determine con exactitud si el patrullero de la Policía Nacional se extralimitó en sus funciones y si ocasionó algún perjuicio de manera intencional a la mujer con su supuesto uso excesivo de la fuerza en hecho ocurridos el 28 de abril de 2021.Mientras avanzan las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público, el ente de control calificó provisionalmente la falta del uniformado como gravísima a título de dolo y en dado caso de ser hallado culpable, incluso, podría ser suspendido y retirado de la institución.Hay que destacar que por los hechos ocurridos en todo el país durante el estallido social, la Procuraduría General de la Nación ha abierto más de 300 investigaciones disciplinarias contra policías por presuntos abusos y excesos durante las manifestaciones que se extendieron durante más de un año.
Solo entre el 16 y 17 de diciembre, posterior al campeonato de Junior en la Liga Colombiana, se registraron 18 casos de personas quemadas con pólvora en Barranquilla y el Atlántico, donde miles salieron a festejar la onceava estrella con pirotecnia, haciendo caso omiso a las prohibiciones e ignorando el alto riesgo que representa para la vida la manipulación de estos elementos.En el caso de Barranquilla fueron siete las personas afectadas con pólvora durante estos días de festejo, lo que representa un incremento de más del 500 % en comparación con las mismas fechas del año anterior. En total, a lo largo de diciembre ya van 30 quemados con pólvora en la ciudad, de los cuales 8 son menores de edad.En los municipios del Atlántico hubo otros 11 quemados entre el martes y miércoles, cuando se dio la celebración, lo que representa un incremento de más del 900% si se compara con los mismos días del año pasado. El total de lesionados en los municipios, a lo largo de la temporada, asciende a 35, de los cuales 9 son menores de edad.Así está el panorama de quemados con pólvora en AtlánticoLos municipios con más casos siguen siendo Soledad con 11 quemados, le sigue Santo Tomás con 5 y Sabanagrande con 4. En la lista continúan Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suan, con dos casos cada uno, y Baranoa, Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí, con un caso cada uno.
La Casa de la Selección busca estrenar estadio en 2027 y para ello ya fueron adjudicadas las obras de remodelación y ampliación del Metropolitano por parte de la Alcaldía de Barranquilla, siguiendo el cronograma establecido en el proceso de licitación.Los trabajos, que aumentarán la capacidad del estadio Metropolitano Roberto Meléndez a más 60.000 sillas y lo adecuarán con todas las especificaciones de un escenario internacional, fueron adjudicados por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, integrado por Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S., Engenieria S.A.S.El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde publicó un video que proyecta el moderno diseño que tendrá el ‘Metro’, con una fachada vanguardista lograda con iluminación y pantallas LED, un techo que cubrirá las tribunas, mientras que adentro se bajará el nivel de la cancha 1.8 metros y se eliminará la actual pista atlética para aumentar su capacidad, pasando de 45.994 sillas a 60.013. Esto, a su vez, permitirá un aforo para conciertos de 75.000 personas.El mandatario barranquillero le informó a la hinchada rojiblanca que, aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero el estadio abrirá sus puertas para el partido que jugarán Junior y Santa Fe por la Superliga, un “último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará a otro nivel”.Los partidos de la Copa Libertadores podrían disputarse en Cartagena; sin embargo, se está a la espera de que se anuncie oficialmente una decisión, manifestó el alcalde Alejandro Char.La propuesta del consorcio Metro Estadio, con un puntaje de 99,5621086, superó en la licitación LP-017-2025 a las otros dos oferentes, que fueron Consorcio Nuevo Estadio Tricolor y Consorcio Desarrollo Deportivo.
La crisis en la Universidad del Atlántico parece no tener fin, pese al reciente nombramiento como rector encargado por un periodo de hasta un año, del economista Rafael Ángel Castillo Pacheco, quien llegó en reemplazo de Leyton Barrios, luego de que fuera apartado del cargo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.La decisión del Ministerio de Educación de nombrar a Castillo para superar el periodo de inestabilidad académica y administrativa ya genera controversia, pues el profesional, quien en años anteriores ya había asumido el cargo de rector de manera temporal, tiene una sanción disciplinaria vigente que ordena su suspensión por 4 meses.Dicha sanción, según el registro de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, mediante decisión adoptada el 21 de febrero de 2025, de la cual no se habría recibido notificación de su cumplimiento.Iván Cancino, abogado de Leyton Barrios, cuestionó el nombramiento e indicó que esta sanción está reportada ante el Ministerio de Educación y que podrían estar incurriendo en un delito con este nombramiento“Están designando a una persona que está inhabilitada al parecer hoy en día por la Procuraduría General de la Nación por hechos irregulares que cometió precisamente siendo rector de la universidad de la cual hoy se encarga. Eso es muy grave porque esa sanción en lo que conocemos aparece vigente y reportada al Ministerio de Educación. Es decir, que el funcionario que informa al señor ministro o que le da la información errada al Ministro de Educación, puede estarlo haciendo incurrir en una falta grave”, precisó el abogado. La medida de suspensión está relacionada con los mismo hechos que llevaron a que el 12 de septiembre de 2023, la Procuraduría lo inhabilitara por 10 años por extralimitarse en sus funciones.Cabe destacar que la inhabilidad fue revocada, sin embargo la medida de suspensión sigue vigente y no ha sido notificada ante el Ministerio Público su aplicación.La sanción disciplinaria tiene su origen cuando en siendo rector encargado de la Universidad el Atlántico, otorgó al docente de la facultad de ciencias económicas, Wendell Graham Archibold Barrios, una comisión de servicio remunerada para viajar a Argentina y asistir a las clases del Doctorado en Contabilidad en la Universidad Nacional de Rosario.
A cinco días de conocerse la decisión del Ministerio de Educación de suspender durante un año a Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico, finalmente pudo ser notificada la decisión al docente, quien no podrá seguir fungiendo en la institución, por lo menos mientras rige la medida o se da un reversazo a esto. En su lugar será nombrado Rafael Castillo Pacheco, quien, en años anteriores, también ha asumido el cargo de manera temporal. Para el caso, indica el Ministerio de Educación a través de la resolución 024488 del 17 de diciembre que Castillo tiene la misión de implementar las medidas que correspondan para superar en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a esta decisión. Inicialmente, Castillo deberá concertar con los estudiantes el retorno a clases, siendo que desde hace siete semanas está vigente un paro de actividades que ha impedido terminar clases del segundo semestre de 2025. Le puede interesar: Radican tutela para inhabilitar suspensión de Leyton Barrios como rector de UniatlánticoPara esto, concertó para este jueves un encuentro con los líderes del paro y también con docentes para concertar una reorganización del calendario académico. Sobre Castillo Pacheco se conoce que en 2023 fue sancionado por la Procuraduría por extralimitarse en sus funciones al aprobar recursos para el viaje de un docente a Argentina. Dicha situacion le costó una sanción por inhabilidad por 10 años.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos concluirá este viernes, a las 2:00 de la tarde, con la decisión del juez Jorge Ortiz, que terminó de escuchar a las partes para definir si envía o no a prisión al hijo mayor del presidente, por presunta corrupción en contratos con la Gobernación del Atlántico.El último en intervenir hoy fue el abogado Alejandro Carranza, defensa del exdiputado, quien insistió en que este no se va a fugar y que "prueba de ello es que él le ha dado la cara al país todo el tiempo, respondiendo a la justicia y hasta a los medios de comunicación".Carranza recordó que la inclusión de Nicolás Petro en la lista Ofac tampoco permitiría que él se fugara, como lo plantea la Fiscalía.“Ningún país del mundo le va a dar asilo a Nicolás porque le temen a Trump, porque le temen al gobierno americano, porque respetan esas directrices o FAC. Y eso está bien, cada país se autodetermina”, dijo.El abogado también negó que Nicolás haya instrumentalizado a Day Vásquez, como lo manifestó la fiscal del caso, y por el contrario afirmó que "Pedro Name fue quien le pidió a ella unirse a la Fundación Conciencia Social, porque ambos tenían una relación", de la cual inclusive nació un hijo. Además, Carranza dejó ver que Vásquez es comadre de la ex gobernadora Elsa Noguera, pues la ex mandataria fue quien bautizó a su hijo.Así las cosas, Carranza destacó que "las relaciones previas con la ex gobernadora mostrarían que cualquier relación de tráfico de influencias sería de Daysurys y no de Nicolás, y que lo mismo sucede con Pedro Name”. Insiste en que Petro Burgos no tenía poder para determinar contrataciones y que “todo el país sabe que Nicolás no ejercía ningún poder sobre Day”.La defensa destaca que en la declaración que Day Vásquez rindió en septiembre de 2023 sobre los cuestionados contratos con la Fundación Conciencia Social, ella no hizo mención de Nicolás Petro y que esto sería "una prueba relevante de que, según la misma versión de la testigo, el procesado no habría tenido ninguna relación con dicha fundación".“A lo largo de esa declaración, Daysurys del Carmen no vinculó a Nicolás Petro con la fundación, no lo menciona como intermediario, influenciador o partícipe de los contratos, decisiones o ejecución del proyecto y no reporta indicio alguno de que él haya recibido dinero, haya dado instrucciones o que él haya recibido beneficios derivados de los contratos de la fundación”, dijo.El defensor aseguró que la Fiscalía sustentó su solicitud de medida de aseguramiento en pruebas que no fueron debidamente acreditadas, que señalan a otras personas y que no se presentaron completas al juez. Cuestionó por qué otros involucrados no están siendo procesados, si según la Fiscalía detrás de este escándalo de corrupción hubo un acuerdo criminal entre varios.
Una tragedia se presentó en las vías del departamento del Atlántico en medio de unos piques ilegales que se estaban desarrollando a las afueras de Barranquilla, lo que estaba siendo liderado por motorizados que, al parecer, no tenían luminarias encendidas. Esto dejó un muerto y cuatro personas heridas. En el accidente murió Ricardo Ballestas de la Hoz, de 20 años, quien estaba conduciendo una motocicleta, pese a no tener licencia de conducción.A su vez, cuatro personas más resultados heridas. Entre estas se encuentra Yesid Pérez, de 20 años, quien está hospitalizado por los golpes que sufrió. A su vez, una joven de 23 años, identificada como Scarlet Judith Torres, presenta posible fractura de columna, quienes iban en un vehículo particular en la vía que conecta desde el corregimiento La Playa hasta Galapa.En la misma situación se encontraban Sheril Tatiana Mandón de 21 años y Jesús Daniel Viera de 26 años, ambos heridos y hospitalizados por politraumatismos. Estos también iban en un vehículo particular.Según la reconstrucción de los hechos realizada por el personal de tránsito de la Policía del Atlántico, el carro en el que iban Sheril y Jesús terminaron chocando de frente con una caravana de motos que venían a alta velocidad y sin luminarias encendidas, lo que lleva al conductor a perder el control y arrollar una motocicleta y el vehículo en el que se encontraban Scarlett y Yesid.Como consecuencia de esto, el conductor de la motocicleta murió y su moto se incineró. Algo similar sucedió con el carro en el que iban Sheril y Daniel, siendo que estos lograron salir a tiempo del automotor, evitando lesiones en la piel.
En el despacho del Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla ya está una tutela que fue radicada por la defensa de Leyton Barrios, con la que busca frenar la suspensión que fue ordenada en su contra por el Ministerio de Educación por presuntos incumplimientos en el manejo de la crisis académica de esta institución.Sobre este acto ya hay una primera respuesta del Juzgado, en la que se especifica que no habrá una resolución en firme hasta el próximo 21 de enero de 2026, dado a que los tiempos de su trámite se cruzan con la suspensión de actividades de los despachos judiciales.“Con fundamento en lo anterior, se deja constancia de que, aunque la presentación de tutela debe tramitarse y decidirse en el término de diez (10) días hábiles, dicho término se suspenderá durante la vacancia judicial comprendida entre el 20 de diciembre de 2024 y el 12 de enero de 2026. Los términos se reanudarán el 13 de enero de 2026, fecha en la cual se abrirán los despachos judiciales, por lo que la decisión de fondo se adoptará el día 21 de enero de 2026”, se puede leer.Así las cosas, quedarían en limbo los cerca de 1.200 estudiantes que se preparan para su grado profesional este viernes, teniendo en cuenta la inhabilitación temporal del Gobierno a su actual rector y las demoras por nombrar una nueva persona a cargo, derivadas de que no ha sido posible notificar personalmente al mismo Leyton.Iván Cancino, quien lidera la defensa del rector Leyton Barrios, insiste en que la resolución violó la autonomía universitaria en una elección adelantada, según él, legítimamente y que dicha resolución solo puede tomar vigencia con una notificación personal hacia su defendido.“Esa resolución ni siquiera está firme o aplicable, lo que quiere decir que Leyton Barrios sigue siendo el rector de la Universidad del Atlántico, obviamente porque se violaron todos los derechos a la autonomía universitaria y una cantidad de garantías al debido proceso o el derecho a la defensa. Esperamos que con la acción de tutela se haga justicia y que el doctor Leyton pueda seguir ejerciendo la rectoría de manera tranquila y legal, como fue obtenida con todos los requisitos”, dijo a Blu Radio.De hecho este lunes hubo un Consejo Superior Universitario en el que tampoco se dio la presencia del delegado del ministerio, Juan Carlos Bolívar.Por otro lado, la puja por ser el designado del Gobierno parece estar entre Jorge Senior y Rafael Castillo, este último ya con experiencia como rector de la Uniatlántico. Además, hay otros nombres como Eduardo Bermúdez, actual miembro del Consejo Directivo; Rachid Nader, secretario Jurídico de la Gobernación de Atlántico, entre otros.Finalmente, y para no aplazar los grados de estos más de 1.000 estudiantes, la posibilidad que es analizada hasta el momento por los directivos es que sus diplomas vayan firmados por la secretaria del Consejo Superior, Josefa Cassiani. No obstante, hay que esperar para verificar si esa opción logra concretarse.
En proceso de identificación y estabilización médica se encuentran tres costarricenses, dos adultos y un menor de edad, que llegaron deshidratados en la madrugada de este miércoles 17 de diciembre hasta las playas de Salgar, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, luego de naufragar por más de cinco días en el mar Caribe.Blu Radio conoció que estos estaban a bordo de una embarcación con más de 12 tanques llenos de gasolina en su interior, de los cuales aún no se sabe hacia qué rumbo se dirigían.El personero municipal, John Jairo Rodríguez, declaró que estas personas fueron encontradas puntualmente en un sector llamado Playa Escondida y que, como ya mencionamos, los reportes iniciales apuntaron a una fuerte deshidratación.“Fue un sector conocido como Playa Escondida. Unidades del cuadrante cuando iban por la vía se percataron de estos tres personajes, que les hicieron señas de auxilio y pues reaccionaron. Ellos manifestaron lo que ya conocemos, que habían naufragado y que por las fuertes brisas fueron arrastrados hasta terminar en el sector de Puerto Colombia, corregimiento de Salgar”, dijo inicialmente.“Se puso en conocimiento del alcalde Plinio Cedeño y, a través de la secretaría de salud, con la gerencia de la ESE y la personería han brindado la respectiva ayuda con la estabilización de estas personas. De igual manera, Migración está realizando la plena identificación de ellos”, agregó.A su vez, Rodríguez dice que el caso está siendo acompañado por Migración Colombia para tramitar todo lo relacionado con su regreso a Costa Rica.“Aquí lo primordial en estos momentos es estabilizar su salud. No están muy afectados, pero hay que tener en cuenta el tema que duraron entre cinco a siete días a la deriva. Hay que atenderlos hasta que su estado de salud sea el idóneo para realizar el respectivo regreso. No sabemos cuánto tardará el proceso, decir una fecha sería impreciso, pero esperamos que sea lo más pronto posible”, declaró.La embarcación involucrada quedó en manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla para verificar su legalidad, mientras que la Alcaldía de Puerto Colombia reportó que este es el primer caso similar que se registra en el año. Para ello, activaron la ruta correspondiente.
Barranquilla y el departamento del Atlántico se sumergieron en un carnaval anticipado tras la undécima estrella obtenida por el Junior, un título que, según sus hinchas, se logró "sin tener que vivir un partido de infarto", ya que el cuadro barranquillero mantuvo una amplia ventaja.La celebración, que comenzó inmediatamente después del triunfo, se extendió en caravanas no solo en Barranquilla sino en las calles y hasta carreteras del Atlántico. Los aficionados corearon que "a Junior se respeta".El recibimientoEl fervor de la hinchada del Junior se mantuvo hasta la madrugada para recibir a sus campeones. El equipo partió desde el aeropuerto de Ibagué y llegó al Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde fueron recibidos inicialmente por el carro de bomberos.Posteriormente, a las 2:00 de la mañana, el equipo arribó al hotel Dann Carlton, donde miles de personas se congregaron a las afueras para esperar y celebrar con el equipo. La magnitud de la fiesta fue tal que miles de hinchas esperan que el alcalde de Barranquilla declare día cívico para que la celebración pueda continuar en la "Arenosa".Vea en video imágenes de la celebración:
En un operativo llevado a cabo por agentes de la Dijin en Barranquilla y el municipio de Sabanalarga, fueron capturados este lunes dos funcionarios del CTI de la Fiscalía y el hijo de una reconocida fiscal de la ciudad.Estas tres personas estarían vinculadas a una presunta red que extorsionaba a alcaldes y funcionarios públicos con información para exigirles millonarios pagos a cambio de cerrar investigaciones en su contra.Los detenidos son Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del grupo de Administración Pública del CTI Barranquilla; Yarin Ernesto Pareja Marimón, un investigador del CTI y Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de la fiscal Betzaida Guerra Martínez, quién es señalado dentro de la investigación como el agente corruptor, es decir como la persona que entregaba el dinero a los funcionarios públicos.Blu Radio conoció que, tanto Margarita, como Yarín, fueron sacados del grupo de administración pública en enero. A ella la dejaron en la URI de Barranquilla, mientras que a su compañero lo enviaron a la Fiscalía en Sabanalarga.Una de las denuncias que llevó a la captura de los funcionarios tiene que ver con la realización de una diligencia judicial en julio de 2024 a la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena, con supuestas órdenes de la Policía Judicial que resultaron ser falsas.En su momento, los funcionarios de la Fiscalía indicaron que la diligencia se llevaba a cabo con la intención de obtener información sobre los contratos firmados por la administración municipal.La sorpresa llegó tiempo después cuando supuestamente los hoy capturados empezaron a presionar al alcalde de Sitionuevo, Alfredo Navarro Manga, a quién le exigieron 140 millones de pesos a cambio de no continuar con una investigación por supuestos actos de corrupción detectados durante la revisión de los contratos.Los tres detenidos deberán responder ante la fiscalía por los delitos de concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra la administración pública.
De luto se encuentran los salseros en Barranquilla por la muerte de Edwin ‘Guayacán’ Madera, propietario del estadero La Troja, considerado un patrimonio de la salsa en la capital del Atlántico.Madera, oriundo de Cereté (Córdoba), falleció a sus 68 años en la Clínica del Caribe, tras presentar quebrantos de salud, mismos que en los últimos meses le impidieron seguir comandando su negocio como solía hacerlo.La Troja es reconocida por los amantes de la salsa como uno de los sitios históricos y principales promotores del género musical a nivel nacional, aguardando entre sus reliquias una amplia colección de discos de vinilo y CD's, que encuentran una perfecta mezcla entre los sonidos clásicos y contemporáneos.‘Guayacán’, como lo llamaban de cariño, se enorgullecía de la marca reconocida que construyó a partir de lo que en un comienzo fue un quiosco de comidas y mecatos, y que con los años se consolidó como un emblema para los amantes de la buena salsa.Fue la misma organización La Troja la que confirmó su lamentable muerte este lunes y aseguró que “sus exequias y velación serán informadas posteriormente una vez que se adelanten todos los trámites”.
Con una inversión que esta vez fue estimada en 146.000 millones de pesos por parte de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se llevaría a cabo a partir del 2026 la anhelada de deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, cuyo proceso requeriría ser desarrollado por etapas debido a su envergadura."Hay una proyección de inversiones planteada a varios años, porque imagínense que hacer ese procedimiento es bastante caro, así que toca dividirlo en aproximadamente 5 años e ir haciéndolo por fases, arrancando el próximo año", anunció la misma ministra en su reciente visita a Barranquilla, al tiempo que dejó claro que se mantiene la idea de solo retirar la parte central del viejo puente para sacarle provecho a los extremos de la estructura.Rojas aseguró que el próximo 20 de noviembre estará de regreso en Barranquilla para asistir a un evento de Asoportuaria y que espera aprovechar la ocasión para hacer una visita en el antiguo puente que permita establecer el paso a paso de cómo sería la intervención durante los próximos cinco años.Recursos para mantenimiento del ríoDesde Barranquilla, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que para la vigencia 2026 se invertirán $248.633 millones en la navegabilidad del río Magdalena, a través de un dragado permanente que permita garantizar sus óptimas condiciones y consolidarlo como el gran corredor fluvial del país.Según el Gobierno, con estos recursos, de los cuales el 83 % son aportados por la Nación, se busca proteger la operación portuaria y fluvial, reducir riesgos de cierre y defender la economía de los territorios conectados por el principal afluente del país."El río Magdalena volvió a ser prioridad nacional. Con esta inversión aseguramos su navegabilidad, protegemos el empleo portuario y respaldamos la competitividad del Caribe. Nuestro compromiso es garantizar un río vivo, útil y permanente para la economía y las comunidades que dependen de él", afirmó la ministra.La funcionaria detalló que $116.257 millones se destinarán al canal de acceso al puerto de Barranquilla; $40.853 millones serán para el canal navegable Barrancabermeja–Barranquilla y $14.500 millones, para el Brazo de Mompox; así como partidas adicionales para seguimiento ambiental, seguridad fluvial, dragado, equipos y operación continua del río.
Una vez informado sobre la elección del abogado Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que no le gustó "absolutamente nada" esta noticia, pues no está de acuerdo con que esta rectoría siga quedando en manos de “la misma casa política”, haciendo una clara alusión a la familia Char, que respaldó al candidato escogido.Si bien el alto funcionario aclaró que no tiene ninguna pelea con los Char, manifestó que él desea para Uniatlántico un rector “que se destaque por traer la ilustración otra vez o porque va a traer más academia, no porque corresponda a X o Y sector político”. Advirtió, en ese sentido, que se vendrían medidas contra la elección: "Las universidades no están para que queden en las casas políticas y yo creo que Leyton está inhabilitado, porque no cumplió los cuatro años que tenía que tener de docencia". "Me imagino que se demandará ante la Procuraduría y muy seguramente vendrán sanciones, porque el Ministerio de Educación dijo que por favor no se votara el día de hoy (lunes), pero el afán era del gobernador", agregó.Este martes no se descartan protestas en la universidad por parte de los grupos estudiantiles que rechazan esta elección, a lo cual el ministro Benedetti dio su visto bueno, siempre y cuando no haya actos de violencia."Que protesten, pero sin violencia, porque la violencia termina acabando cualquier perspectiva de lo que se quiere, de lo que se anhela o de lo que se quiere denunciar. Que lo hagan, pero por favor sin violencia, sin reventar vidrios, sin hacer quemas, etc", manifestó.
Cuando realizaba compras en la concurrida plaza de mercado de Cartagena, fue capturado alias ‘el Costeño’, uno de los presuntos autores del brutal asesinato de Gabriel Ángel Taborda, un vigilante de 70 años en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.‘El Costeño’, junto a seis personas más, es señalado de golpear al adulto mayor mientras este cumplía sus labores de vigilancia durante la madrugada del 8 de diciembre de 2024, en un sector conocido como Los Guayacanes.El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, en las que se observa cómo los atacantes golpean a la víctima hasta dejarla inconsciente, para luego robarle sus pertenencias.“En su momento, el adulto mayor fue trasladado hasta el centro asistencial de Ciudad Bolívar; no obstante, la gravedad de las heridas hizo que Taborda fuera remitido con urgencia hasta Medellín, donde batalló por su vida hasta las últimas horas, cuando confirmaron su deceso (domingo 12 de octubre), casi diez meses después del despiadado ataque”, señaló la Policía durante el anuncio de la captura.De acuerdo con las investigaciones, el violento ataque contra Taborda fue una retaliación, pues la víctima habría frustrado un intento de robo a un local comercial.El comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña, explicó que alias ‘el Costeño’ es el sexto capturado por este aberrante hecho que causó indignación en el departamento: “Este sujeto fue capturado en el marco del ‘Plan Cazador’, en el ejercicio de solicitud de antecedentes. Efectivamente, en nuestro sistema, en el sector de Bazurto, fue ubicado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Él estaba deambulando en un sector muy concurrido, y lo que se ha podido establecer es que huyó a Cartagena porque tiene algún arraigo y porque le estaban siguiendo los pasos muy de cerca en el departamento de Antioquia”, señaló el oficial.Alias ‘el Costeño’ presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto y homicidio.
El abogado Leyton Barrios fue nombrado como rector de la Universidad del Atlántico, luego de la puja que durante 17 días tuvo en suspensión esta elección que confrontó a la casa Char con el Gobierno, saliera finalmente a favor del grupo local. Su designación se dio, luego de que cinco de los nueve miembros del consejo superior votaran este lunes al mediodía, tras haber sido citados desde las 8:00 de la mañana para deliberar la selección de un rector. No obstante, la jornada se desarrolló en medio de discusiones, pues unos sectores reclamaban esperar por la respuesta de la Procuraduría ante las recusaciones presentadas por el presunto no cumplimiento del perfil por parte de Barrios, quien supuestamente habría presentado documentos falsos sobre su experiencia laboral como docente en la Corporación Universitaria Americana. Pese a esto, la reunión continuó, lo que obligó que cuatro de los nueve miembros de levantaran de la mesa, entre los que se encontraban el representante de los exrectores, la representante de Presidencia, el representante de los docentes y del Ministerio de Educación. Sin embargo, al tener cinco de los nueve votos, el del gobernador Eduardo Verano; el del representante de los egresados; de la representante de los estudiantes; de gremios y del representante de las directivas académicas. Con esto pudieron cumplir con la elección, lo que llevó a que resultaran Leyton Barrios como ganador. Leyton Barrios es abogado egresado de la Universidad del Atlántico, quien se desempeñó como representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico.