Justo cuando se encontraban en una casa ubicada en la carrera 9J con calle 68, del barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, cobrando la cuota diaria de un préstamo, dos gota a gotas fueron atacados a tiros por sicarios que se acercaron en una moto y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.El atentado se registró a las 9:30 de la noche. Los cobradiarios, quienes murieron en el lugar de los hechos, respondían a los nombres de Javier Enrique Soto Rodríguez, de 35 años, a quién le propinaron nueve disparos y Kenny De la Hoz Jung, de 48 años, asesinado de cuatro tiros.En el mismo ataque resultó herida de un disparo en una pierna y otro en un brazo Sugeidys Milena Palacio Padilla, una ama de casa de 49 años, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrieron los hechos.De acuerdo con el reporte de la policía, las víctimas no tenían anotaciones judiciales de ningún tipo.Se cree que el atentado está relacionado con el no pago de una extorsión, toda vez que días antes los dos hombres asesinados habían recibido llamadas en las que miembros de una banda delincuencial les pedía dinero a cambio de permitirles desarrollar su actividad económica.El atentado ocurrió en una zona que es de injerencia de la banda criminal Los Costeños, bajo el mando de un delincuente conocido con el alias de ‘La Hormiga’.
Finalmente, estudiantes de la Universidad del Atlántico tienen luz verde para poder culminar el segundo semestre del 2025 que se vio interrumpido por el paro generado tras la elección del nuevo rector. Esto, luego de que el Consejo Académico aprobara por mayoría el calendario de las clases.De acuerdo con este calendario, las clases se reanudarán el próximo 15 de enero de 2026 y el segundo semestre finalizará el 6 de febrero del mismo año. Durante este tiempo, la comunidad universitaria desarrollará actividades como exámenes finales, habilitaciones y digitación de notas.El Consejo Académico también dio luz verde a la publicación de los resultados de los aspirantes admitidos para el periodo 2026-1, los cuales estarán disponibles a través del sitio web oficial de la Universidad del Atlántico, el cual es https://www.uniatlantico.edu.co/.Hay que decir que, para el próximo semestre, la Universidad del Atlántico reportó un total de 15.651 aspirantes inscritos, quienes competirán por 4.311 cupos ofertados, lo que refleja una alta demanda de ingreso a la universidad pública del departamento.Le puede interesar: “No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de ProcuraduríaTodo esto hace parte del proceso de normalización para los cuales fue designado el rector Rafael Castillo, por el Ministerio de Educación.Los ajustes al calendario académico, que fueron analizados en detalle por los miembros del Consejo, se aplicaron teniendo en cuenta los días de cese de actividades por parte de estudiantes y docentes.
La racha violenta que dejó cuatro personas asesinadas en 48 horas en el sur de Bolívar, sigue sumando víctimas.La Alcaldía del municipio de San Pablo confirmó el asesinato del líder comunitario Jairo Díaz Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona apartada en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo.Díaz Salazar, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la verdad El Jardín, habría sido sacado a la fuerza de su finca y retenido por hombres armados desde el pasado domingo 21 de diciembre.Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que detrás de este hecho, que causado conmoción en la comunidad, estaría la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo que delinque en la zona.A través de un comunicado la Alcaldía de San Pablo, condenó el secuestro y posterior asesinato del líder comunal, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de la comunidad.“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, amigos y comunidad de la víctima, y a todas las personas que hoy sufren las consecuencias de la violencia que atenta contra la vida, la convivencia y el tejido social de nuestro municipio. Como institución, reiteramos que la violencia no tiene justificación alguna y que estos actos criminales vulneran los derechos fundamentales, generan miedo en la población y afectan gravemente los procesos comunitarios y de desarrollo local”, indicaron.Indepaz destacó que Díaz Salazar era un reconocido líder social y comunal, que además se desempeñó como presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro activo de Asamisur, organización campesina vinculada a Fedeagromisbol, en el municipio de San Pablo.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
Luego de la emboscada que cobró la vida del intendente Guillermo Martínez y dejó herido al patrullero Juan Camilo Perdomo, en el corregimiento de La Balsa, zona rural de Santander de Quilichao, Cauca, mientras realizaban labores de investigación, el Gobierno Nacional anunció medidas para dar con los responsables.Por este hecho, el Ministerio de Defensa ofreció una millonaria recompensa a quienes suministren información que permita identificar y capturar a los autores del ataque.“La invitación es a que nos suministren información sobre quiénes cometieron estos crímenes. Se ofrecen hasta 20 millones de pesos por información que permita la identificación de los responsables y hasta 200 millones de pesos por su captura. No vamos a parar hasta encontrarlos”, dijo Pedro Sánchez, ministro de Defensa.Así mismo, las autoridades informaron que fueron enviados grupos especiales de inteligencia e investigación de la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias de la emboscada que provocó la muerte del uniformado.“Iban en un vehículo con todas las capacidades y cumpliendo los protocolos del equipo de investigación judicial. Lamentablemente, estos hechos se ejecutaron en contra de ellos y asesinaron a nuestro intendente Guillermo Martínez. Los detalles específicos hacen parte de la investigación”, expresó el ministro.Tras la emboscada, se registraron enfrentamientos en los límites entre los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, Cauca, como parte del despliegue de la Fuerza Pública para ubicar a los responsables de este nuevo hecho de violencia contra la fuerza pública.
La fractura en la izquierda colombiana quedó más expuesta tras la decisión de Carlos Caicedo de no participar en la consulta presidencial impulsada por sectores afines al Gobierno. En entrevista con Recap Blu, el exgobernador del Magdalena explicó que su retiro responde a profundas diferencias políticas y a lo que calificó como “incoherencias” dentro del llamado Pacto Amplio, espacio que agrupa principalmente a figuras que han sido ministros, embajadores o congresistas del presidente Gustavo Petro.Caicedo intentó construir una consulta alternativa junto a Luis Carlos Reyes y el exmagistrado Jaime Araújo Rentería. Sin embargo, el proceso no avanzó por falta de avales y requisitos formales. Aunque él logró recoger cerca de 2,6 millones de firmas, los otros precandidatos no contaban con el respaldo necesario, lo que obligó a tomar una decisión antes del plazo legal.Las "incoherencias" para CaicedoEl exmandatario también confirmó que recibió una invitación directa del senador Iván Cepeda para sumarse al Pacto Amplio, propuesta que declinó tras una llamada ocurrida días atrás. Según Caicedo, participar en esa consulta implicaba respaldar sin matices al actual Gobierno, algo incompatible con su postura crítica. "Estar en una consulta de lo que llaman el Pacto Amplio es la consulta de todos los sectores que han sido o senadores, gracias al presidente Petro, o ministros o embajadores y les corresponde hacer una defensa a ultranza del Gobierno (...) Se la pasaron saltando de partido en partido, porque más que progresistas son gobernistas y son hoy inclusive los portavoces del propio Gobierno", afirmó.En sus declaraciones, Caicedo fue más allá y cuestionó alianzas recientes del Gobierno en escenarios regionales, particularmente en el Magdalena, donde denunció acuerdos con sectores tradicionales como Cambio Radical y el Centro Democrático. Para él, estas decisiones contradicen el discurso progresista del Ejecutivo y explican por qué muchas reformas no han avanzado. "El pueblo colombiano votó por el cambio y ese cambio para que fuera posible necesitaba coherencia al momento de integrar el gabinete y de impulsar las diversas iniciativas de gobierno y por eso, en buena medida, es que no ha podido avanzar y se ha quedado en buena parte en discursos que son absolutamente plausibles”, sostuvo, al tiempo que criticó el centralismo del Gobierno y la falta de resultados concretos en las regiones.Finalmente, Caicedo defendió su propuesta como la de una “izquierda diferente”, enfocada más en resultados que en discursos. Aseguró que, aunque valora algunos logros del actual Gobierno, Colombia no puede quedarse en lo que llamó “una transición inconclusa”. Por eso, reiteró que seguirá adelante con su candidatura presidencial, abierto a eventuales coincidencias programáticas con otros sectores, pero firme en su decisión de no “maquillar errores ni legitimar falsas unidades” dentro de la izquierda.
Esta semana Bogotá inauguró la primera Casa MAS Bienestar, un espacio diseñado para acompañar la recuperación de pacientes que ya no requieren hospitalización, pero que tampoco cuentan con las condiciones necesarias para continuar su tratamiento en casa.Esta primera sede está ubicada en el sector de Chircales, en el sur de la ciudad, y funciona como un hogar transitorio de recuperación, bajo un enfoque de hospitalización domiciliaria.De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, se trata de un punto intermedio entre el hospital y el hogar, pensado para personas que necesitan cuidados médicos, acompañamiento profesional y un entorno seguro mientras culminan su proceso de recuperación.El secretario de Salud encargado, Luis Alexander Moscoso, explicó que esta estrategia pone a las personas en el centro del sistema de salud.La casa de Chircales es la primera de cuatro casas que se tienen previstas para entrar en funcionamiento en diferentes localidades de Bogotá. Ubicada en la localidad Rafael Uribe, cuenta con 12 cupos para usuarios que serán alojados de manera temporal mientras completan su tratamiento.Los beneficiarios tendrán acceso a alojamiento, alimentación, servicios de limpieza y acompañamiento asistencial permanente. Esto incluye la administración de medicamentos, controles médicos, cuidados postquirúrgicos y la presencia constante de los equipos de salud de la Subred correspondiente.Este modelo está dirigido especialmente a personas que, aunque pueden continuar su tratamiento en modalidad domiciliaria, no cuentan con viviendas en condiciones adecuadas de habitabilidad ni acceso a servicios públicos básicos que les permitan recibir atención las 24 horas en su hogar.Para ser beneficiarios, los pacientes que ya se encuentran hospitalizados en alguna de las Subredes de Servicios de Salud de Bogotá deben cumplir tres criterios principales: que su condición médica permita continuar el tratamiento de manera extramural, que cuenten con una red de apoyo familiar o social que pueda visitarlos y acompañarlos, y que tengan vivienda, pero esta no ofrezca condiciones óptimas para una hospitalización domiciliaria segura.La selección de los usuarios se realiza directamente desde las unidades hospitalarias, como parte del proceso de atención médica, por lo que no se manejará como una postulación abierta al público.Aunque no se ha definido la fecha de entrega, además de la sede de Chircales, el Distrito tiene previstas otras tres Casas MAS Bienestar distribuidas así: en el sector de Boston, la Subred Sur Occidente habilitará una casa con 32 camas; en Usme, la Subred Sur contará con 22 camas; y en Emaús, la Subred Norte dispondrá de 12 cupos adicionales.
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 23 de diciembre:En su alocución, el presidente Gustavo Petro defendió decreto de emergencia económica y anunció proyecto para ConstituyenteUn niño de dos años, residente en Medellín, es el primer caso de H3N2 en Colombia tras ser confirmado con una prueba por el Ministerio de Salud.Carlos Caicedo explicó que su retiro a la consulta responde a profundas diferencias políticas y a lo que calificó como “incoherencias” dentro del llamado Pacto Amplio.Donald Trump aparece repetidamente en los últimos documentos publicados del caso Epstein.Venezuela denuncia ante la ONU que Estados Unidos quiere imponer una colonia con bloqueo de petroleros.
El llamado de auxilio que recibió personal de la Armada a través del canal VHF Marino, alertó la presencia de tripulantes de una embarcación artesanal que se encontraba a la deriva en aguas del Caribe colombiano.De forma inmediata, unidades de la Estación de Guardacostas de San Andrés desplegaron una Unidad de Reacción Rápida hacia el sur de la isla, a una distancia aproximada de 13 millas náuticas, con el fin de ubicar la motonave y brindar asistencia a sus ocupantes que llevaban varias horas siendo arrastrados por el mar luego de que su embarcación sufriera un daño en el motor.Una vez localizada la embarcación, personal de la Institución Naval lograron salvarle la vida a los tres afectados, quienes manifestaron haber perdido el gobierno de la nave durante su retorno, luego de adelantar faena de pesca en el sector de Cayo Albuquerque.Finalmente, la embarcación fue remolcada hasta un sitio seguro donde pudieron realizarles las reparaciones correspondientes.
Un trágico suceso se registró en el departamento del Cesar, luego de que una familia fuera abordada por dos personas que se movilizaban en motocicleta y dispararan contra dos adultos y una menor de 12 años, en un hecho que hoy genera consternación en la región.Ante esta situación, las autoridades designaron un grupo especial para esclarecer lo ocurrido en el triple homicidio, registrado en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, hacia el corregimiento de Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Río de Oro.El ataque ha conmocionado a la comunidad, que aún se pregunta cuáles fueron los móviles del crimen contra las tres personas. De hecho, uno de los familiares de las víctimas aseguró que no se tiene claridad sobre lo ocurrido ni sobre las razones que habrían llevado a los responsables a tomar esta decisión.Así mismo, el alcalde de Río de Oro, Cesar, Arnoldo Osorio, se refirió al caso y expresó su preocupación por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio. “De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias, cuando hace apenas unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, comentó el mandatario.¿Quiénes eran las víctimas del sicariato en Cesar?Las víctimas regresaban de una novena cuando fueron interceptadas por los atacantes. Entre ellas se encontraban una madre y su hija de 12 años, identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, además de Anderson Rocha Núñez, pareja sentimental de la mujer. Los tres fueron blanco de múltiples impactos de bala.Aunque la menor logró ser trasladada a un centro médico con la ayuda de la comunidad, debido a la gravedad de sus heridas no logró mantenerse con vida, lo que incrementó la indignación entre los habitantes del sector.Acusan responsabilidad a grupos armados ilegalesEl director general de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó que por ahora no existe una hipótesis clara para determinar las razones detrás del ataque. Sin embargo, aseguró que en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley con intereses relacionados con el narcotráfico.Además, indicó que en la jurisdicción de Río de Oro, específicamente en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por hombres armados, cuando intentaron detener la marcha de un tractocamión en el que transportaba huevos y otros productos alimenticios. Estos hechos refuerzan la preocupación de las autoridades por la situación de orden público en el sur del Cesar.
Las autoridades designaron un grupo especial de investigación criminal para esclarecer el triple homicidio registrado en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar.Entre las víctimas se encuentran madre e hija de 12 años, las cuales fueron identificadas como Nelly Geraldine García y la menor Melissa López García, así como la pareja sentimental de la mujer, Anderson Rocha Núñez, todos siendo blanco de múltiples impactos de bala.De hecho, la menor alcanzó a llegar hasta un centro médico con la ayuda de la comunidad. Sin embargo, la gravedad de sus heridas no le permitió mantenerse con vida.El alcalde de ese municipio, Arnoldo Osorio, lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados y otros 33 resultaron heridos.“Lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro, sobre todo en estas fechas en las que se supone que debemos estar en alegría y celebrando, pero miren cómo dañan la tranquilidad del municipio. Esto que sucedió está a escasos kilómetros del batallón en El Juncal, donde atentaron contra la vida de siete soldados de la patria”, dijo inicialmente.“Le hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que, por favor, dialoguen, se sienten con el Gobierno Nacional y busquen una salida negociada. Ya está bueno de tantos daños. Esta cadena de tragedia afecta en todos los sentidos”, agregaron.Por estos mismos hechos, el director general de la Policía Nacional, Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, manifestó desde Sincelejo que aún no existe una ruta clara para determinar las razones detrás del ataque, pues del sitio solo saben que hay grupos al margen de la ley con intereses en el narcotráfico.Los reportes de las autoridades hablan de que la pareja y la pequeña Melissa no pudieron escapar al verse interceptados por múltiples hombres armados cuando se movilizaban en su motocicleta.En la misma jurisdicción de Río de Oro, pero en la vereda El Carbonal, un joven campesino de 19 años se salvó de ser secuestrado por grupos armados cuando intentaron detener la marcha del tractocamión en el que llevaba huevos y demás productos.Afirma la Policía que la víctima aceleró su vehículo y embistió a otro automotor que estaba cruzado en la vía para impedir su paso. Al llegar a la estación de policía más cercana, pidió ayuda, y volviendo hacia el punto, encontraron el carro utilizado totalmente incinerado.
No cayó bien en el Atlántico la emergencia económica por decreto que ya fue firmada por el Gobierno, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre todo en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde la calificaron como una “medida irresponsable".La presidenta de Acopi en este departamento, Rosmery Quintero, dice que con esa medida solo se alejarán los recursos y posibilidades del sector productivo, el cual ayuda a mantener los indicadores económicos y cerrar las brechas sociales.“Este nivel de incertidumbre que genera este Gobierno simplemente lo que hace es aplazar los proyectos o que se aseguren los recursos de otra manera. Sencillamente, es un alto nivel de irresponsabilidad estar hablando de una posibilidad de un 5x1.000 más impuestos al patrimonio, a la propiedad privada, entre otros; con eso no se va a lograr nada”, aclaró.Además, pese a que más del 50 % de los empresarios han mantenido su nivel de inversión durante el presente año, la incertidumbre generada según Quintero solo pone en peligro la llegada de estos ingresos en el futuro próximo.Por su parte, Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que posibles medidas como el 5x1.000 o impuestos para el licor y cigarrillo golpearían el flujo de caja de las empresas e incentivarían el contrabando y la informalidad.“Por ejemplo, un eventual impuesto al licor podría afectar a los consumidores y a los sectores comerciales, gastronómicos y de venta como lo son gastrobares, licorerías, estaderos. También con esas medidas se afectará el flujo de caja de las empresas, y esto va a traer como consecuencia el aumento del manejo del efectivo en las transacciones, hablando solo del 5x1.000”, apuntó inicialmente.“En general, este aumento de los impuestos podría afectar la economía nocturna y el empleo en el sector gastronómico, y también va a seguir incentivando el contrabando y la informalidad”, agregó.Mientras tanto, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jimènez, considera que debe existir un acuerdo entre el Congreso y la rama ejecutiva para que haya una gran reforma tributaria que no dé lugar a que todos los años se necesiten cambios o ajustes.
La gestión del nuevo rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, seguirá en firme a pesar de las versiones de la Procuraduría General de la Nación que hablan de una suspensión de cuatro meses en su contra por haber pagado con recursos de la universidad los estudios en el extranjero de otro docente.Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que no tiene ninguna inhabilidad y que, en su tiempo, consideró la sanción como injusta, ya que sí fue aprobada esa comisión para el maestro involucrado, pero fueron recursos de su mismo salario.“En este momento no tengo ninguna sanción, tampoco una inhabilidad para ejercer cargo público. Y si nos centramos en el alcance de la resolución, entonces el tiempo de la misma ya se cumplió. La universidad no le hizo pagos al profesor diferentes al salario que devengaba, estamos hablando de una cuantía que si acaso llegará a los tres millones de pesos. El fallo de la Procuraduría obviamente no era proporcional”, dijo inicialmente.Contó que la suspensión era inicialmente por 10 años; no obstante, tras una apelación se redujo a cuatro meses. Dentro de la misma, no se especificó sanción económica y, al haberla cumplido, se atrevió a tomar el reto presentado por el Ministerio de Educación.Del mismo modo, Rafael intenta terminar con la incertidumbre de los más de 1.200 estudiantes graduados este viernes, a los que se les entregó sus diplomas con su firma estampada en ellos. Promete que estos no perderán validez.“Mal haría yo en comprometer un documento de tan valiosa condición como es un diploma, firmándolo en este caso sin tener la representación legal de la institución”, agregó.Las directrices que le dio el Ministerio de Educación fueron claras: poner a funcionar plenamente a la Universidad, establecer los calendarios académicos, asignar las responsabilidades administrativas y fortalecer el componente financiero.Por eso, espera levantar en las próximas semanas el paro académico que sostenían la mayoría de facultades.“Hay un ambiente de optimismo en la universidad, en el sentido de rehacer toda su actividad académica y abrir las actividades para garantizar su funcionamiento pleno tanto ahora que termina el año como al comienzo del 2026”, remarcó.Castillo sostiene que le apuesta a incorporar a todos los actores universitarios en los procesos de decisiones, así que ya adelanta acercamientos con estudiantes y docentes.
Por el río Sinú ya están en marcha las embarcaciones Betancí y Yapel, que hacen parte del proyecto Businú, con el que Montería se convirtió en el primer municipio de Colombia con un Sistema de Transporte Público Fluvial.El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, resaltó el profundo significado que tiene Businú para la historia y el futuro de la ciudad, al señalar que “hablar hoy de Businú no es simplemente hablar de un proyecto de transporte; es hablar de volver a nuestras raíces para avanzar hacia el futuro”, recordando que Montería nació mirando al río Sinú, que durante décadas fue su principal vía de conexión y desarrollo.Afirmó que, aunque la iniciativa atravesó múltiples dificultades técnicas y financieras, se logró sacar adelante una primera etapa con una inversión de 9.300 millones de pesos: “Nada que valga la pena se construye sin resistencia. Este proyecto tuvo críticas, tropiezos y decisiones difíciles, pero jamás se abandonó la visión de ciudad”.Montería tomó una decisión histórica, pagarse su propio sistema de transporte fluvial, porque no podíamos permitir que este sueño se quedara a mitad de camino”, expresó.Por su parte, el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa, presidente de Cotecmar, resaltó la importancia del proyecto para el país y para el desarrollo de la industria naval colombiana: “Businú representa un hito para Colombia, al convertirse en el primer sistema de transporte público fluvial de pasajeros concebido bajo un enfoque intermodal, respondiendo a necesidades reales de movilidad, integración y desarrollo sostenible”.Con la entrada en funcionamiento de Businú, se potenciará el desarrollo urbano alrededor del río Sinú, fortaleciendo las zonas comerciales, dinamizando la economía local y promoviendo una nueva forma de habitar y conectarse con el río, que históricamente ha sido parte fundamental de la identidad monteriana.La construcción de las embarcaciones tomó cerca de 11 meses, periodo durante el cual se emplearon aproximadamente 36 toneladas de acero y más de 35.000 horas hombre, generando 90 empleos directos y alrededor de 270 empleos indirectos e inducidos.
La ola de violencia que se vive en San Andrés Islas y Providencia, y con la que ya se han registrado más de 30 homicidios en el presente año, obligó a la realización de una reunión virtual de seguridad, en la que el Ministerio de Defensa acordó redoblar y reforzar la presencia de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.Entre las decisiones tomadas dentro del encuentro está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia y otros cinco a policía judicial, además de un refuerzo adicional del GAULA para combatir la extorsión y otros delitos“El Ministerio de Defensa lideró una reunión virtual de seguridad con el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Baquero, y el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo, con la participación de oficiales de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional”, se puede leer en un comunicado.“Por solicitud de la Gobernación, se acordó redoblar y reforzar el trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en horarios y zonas específicas de la isla. Durante el encuentro se evaluó la situación de orden público y se definió una estrategia articulada para contener el aumento del homicidio en el departamento, priorizando acciones de control territorial y presencia institucional sostenida”, agrega.De hecho, anunció el viceministro de Defensa, Javier Baquero, que habrá planes de presencia permanente de la fuerza pública en la zona céntrica de San Andrés, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia a partir de enero y la mejor articulación con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de los actores criminales.Según datos recolectados por Blu Radio, en el presente año se han registrado 38 homicidios dentro del archipiélago de San Andrés, lo que es una gran diferencia teniendo en cuenta los 25 acumulados en 2024.
Bajo la lupa de las autoridades policiales en Sucre se encuentra el homicidio de Manuel David Franco Barragán, joven de 17 años al que varios sujetos armados según reportes se le infiltraron en su vivienda en las últimas horas ubicada en el barrio El Cangrejo, del municipio de Santiago de Tolú.Relata la Policía que allí lo acorralaron y le dispararon en varias ocasiones y también dejaron herida a una niña de solo 11 años, en hechos registrados en las horas de la noche de este viernes, más puntualmente en la calle 22 con carrera 5.La menor de edad sigue bajo estricta observación médica por un disparo en su glúteo derecho, por el que fue autorizada su remisión hacia un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas. Mientras tanto, el deceso de Manuel se confirmó en la IPS Tolú Salud.Hasta el momento no han sido determinadas las razones que propiciaron este ataque y hay activo un operativo para dar con el paradero de los responsables.La Policía en Sucre también adelanta planes de registro y control de manera simultánea en los 26 municipios del departamento.“Estas acciones operativas se desarrollan en zonas urbanas y rurales, con presencia permanente de uniformados en vías principales, barrios, parques, establecimientos abiertos al público y puntos estratégicos, priorizando aquellos sectores con mayor afluencia de personas. Los planes cuentan con la participación de las diferentes especialidades y grupos de la Institución, quienes trabajan de forma articulada desde su misionalidad”, expresan en un comunicado.“Durante los operativos se realizan solicitudes de antecedentes, verificación de personas y vehículos, controles a establecimientos comerciales y patrullajes preventivos, con el propósito de anticiparse a la comisión de delitos y fortalecer la percepción de seguridad en la ciudadanía”, finalizan.
La Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico emitió un fallo en el que revoca en segunda instancia la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito, en la que se había declarado como improcedente la tutela que buscaba suspender la llegada de Leyton Barrios a la rectoría de la Uniatlántico, hasta que se hiciera una verificación de si cumplía con todos los requisitos para hacer parte de dichas elecciones.En otras palabras, el Tribunal declaró que la intención del Comité Electoral de la institución sí tiene validez —en ese entonces era no realizar la sesión del Consejo Superior Universitario hasta revisar lo referenciado— y que ahora podrá avanzar en la nulidad de la postulación previa de Barrios si así lo decide.“Revocar el fallo de tutela de fecha 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, declaró improcedente el amparo solicitado y ordenó como medida transitoria la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la Resolución No 002 del 7 de noviembre de 2025, expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico, mediante la cual declaró la nulidad de la elección del rector, para en su lugar”, se puede leer inicialmente.“Declarar la carencia actual de objeto frente a las pretensiones de la acción de tutela, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente, de conformidad con los expuesto en esta sentencia”, agrega.Explica Jeofrey Troncoso, abogado conocedor del proceso, que el Comité Electoral ahora podría proponer dejar sin efecto la postulación de Leyton Barrios, para así, abrir la posibilidad de que el Consejo Superior analice el quitarlo definitivamente del cargo y llevar a cabo un nuevo proceso de escogencia entre los otros cuatro candidatos con los que compitió.“A raíz de esta decisión, el ejercicio cobra vigencia. Por consiguiente, Leyton Barrios tendrá cinco días para interponer recursos de reposición, solicitar y aportar pruebas y, con base en ello, de nuevo el Comité Electoral deberá pronunciarse. De confirmarse la decisión, pasará al Consejo Superior para que se pronuncie si revoca o no la designación de ese rector”, dijo Troncoso.“De darse, significa que el Comité Electoral tendrá que hacer una recomposición de la lista de elegibles. No habrá necesidad de convocar unas nueva elecciones, pues se podrá asignar al nuevo rector de acuerdo a esos candidatos”, sumó a sus palabras.La tutela de los ex candidatos a la rectoría Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández había sido presentada con el argumento de que se habrían vulnerado los derechos al “debido proceso y a la igualdad durante el proceso de designación”.Los accionantes alegaron que Barrios no cumplía con el requisito de experiencia docente mínima exigida por el Estatuto General de la Universidad y que su inscripción se habría sustentado en certificaciones contradictorias emitidas por la Corporación Universitaria Americana. Esta institución aclaró posteriormente que el vínculo del candidato fue de carácter civil y ad honorem, sin relación laboral ni contractual, lo que avivó las dudas sobre la validez de la experiencia acreditada.Finalmente, el Tribunal concluyó que la controversia es de naturaleza legal y administrativa, y que existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir el acto de elección, como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Además, la Sala señaló que se configuró una “carencia actual de objeto por hecho sobreviniente”, dado que al momento de resolver la impugnación ya se habían producido decisiones administrativas definitivas que cambiaron el escenario inicial planteado en la tutela, dado que —como ya mencionamos— el Comité Electoral no tenía competencia para anular la elección del rector una vez el Consejo Superior Universitario había expedido el acto definitivo de designación.
La Universidad de la Costa, con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, otorgó este jueves un doctorado honoris causa en Industrias creativas y emprendimiento cultural al cantante estadounidense Nicky Jam."¡Bienvenido a la familia de la Universidad de la Costa, Nicky Jam! Con orgullo otorgamos el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural a Nicky Jam, cantante y compositor que ha dejado huella en la música a nivel mundial", señaló la institución en un mensaje publicado en sus redes sociales.La Universidad celebró la "historia de perseverancia y resiliencia" del artista, de origen puertorriqueño y dominicano, y dijo que es un "ejemplo de cómo los sueños se alcanzan con disciplina y pasión"."¡Felicitaciones, Nicky! Tu alma mater se enorgullece de este nuevo logro", agregó la Universidad de la Costa, que publicó un video del artista recibiendo el diploma.El cantante, al dar un discurso de aceptación del título, recordó que viene "de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos no están vivos, es un barrio muy difícil para criarse"."Estar aquí para mí es un honor. He ganado grammys, diferentes premios y nada es tan gratificante como este reconocimiento que me están dando aquí esta tarde. La realidad de la situación es que mucha gente piensa que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que hace pobre a la gente del barrio", añadió.
Tras la decisión del comité electoral de la Universidad del Atlántico de reanudar las votaciones a rectoría, pese a que el Ministerio de Educación ordenó suspenderlas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo un enérgico llamado al gobernador Eduardo Verano.El jefe de la cartera del interior le pidió al gobernador del Atlántico, como presidente del Consejo Superior de la UniAtlántico, no ser cómplice de situaciones que estarían “viciadas”.“Desde hace como dos semanas vengo diciendo que hay problemas, y que va a haber problemas con la votación y las hubo. Estamos revisando los videos, parece que hace parte de una facción de un candidato que está aspirando, que tiene que ver con la rectoría, lo cual sería muy grave, porque lo que estaba tratando era de impedir una votación y que solamente querían una facción votara. Verano que es el presidente del Consejo Superior, debería pararle bola a eso y no ser cómplice de ese tipo de situaciones. Entonces, el Ministerio dijo que se suspendiera pero el comité electoral, siguió adelante con la elección, todo eso parece viciado y raro”, dijo en declaraciones a medios de comunicación desde Cartagena.La jornada electoral en la Universidad del Atlántico estuvo marcada este jueves por fuertes desmanes y disturbios, que incluso, habrían dejado varios estudiantes heridos.
Una vez la Creg expidió la resolución 101-082 de 2025, en la que le da vía libre a Air-e para comprar energía de manera directa, la intervenida empresa empezó a convocar públicamente a todos los generadores del país, térmicos, hídricos o renovables, y a los comercializadores con energía disponible, para que participen en dicho proceso de contratación directa.Antes de que saliera esta resolución, Air-e estaba expuesta a comprar en bolsa la energía que no obtenía a través de los contratos con las generadoras, lo que podría desencadenar alzas en las tarifas; sin embargo, ahora con esta nueva medida la empresa espera “garantizar contratos que estabilicen los precios de la energía para los años 2026 y 2027, y proteger a los usuarios frente a la volatilidad del mercado”.“Este mecanismo, diseñado con reglas claras y condiciones favorables, brinda a los oferentes un marco de garantías que asegura el cumplimiento de los contratos y los pagos, tal como ha sucedido con los actuales contratos a largo plazo, frente a los cuales Air-e intervenida se encuentra al día”, afirmó Air-e a través de un comunicado.La compañía informó que los generadores y comercializadores con energía firme disponible podrán consultar los pliegos en la página web de Air-e y presentar sus ofertas hasta el miércoles, 8 de octubre.De esta manera, Air-e pidió a todos los actores del sector eléctrico sumarse a este proceso y asumir de manera conjunta la tarea de asegurar la energía de los usuarios del Caribe, en especial de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde esta empresa presta sus servicios.“Con esta resolución de la Creg y la convocatoria abierta, se marca el inicio de una etapa en la que Gobierno, sector energético y comunidad trabajan unidos para garantizar que el Caribe cuente con la energía que merece: confiable, transparente y orientada al desarrollo de la región”, dijo la compañía.
En un amplio operativo que se desplegó en plena vía pública de Valledupar, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos capturaron a José Antonio Márquez Morales, señalado integrante del ‘Tren de Aragua’ y requerido en Venezuela por terrorismo, homicidios, entre otras conductas delictivas.Las autoridades informaron que “Márquez Morales sería uno de los cabecillas de ‘Los Caracas’, una estructura armada del grupo delictivo delincuencial ‘Tren de Aragua’ y el principal articulador logístico y financiero de esta organización en la frontera colombovenezolana”.Este hombre era buscado a nivel internacional con una circular roja de Interpol y, según la solicitud de captura emitida por un juzgado del Área Metropolitana de Caracas. "Habría participado en el atentado con armas de fuego a un establecimiento de comercio en el estado de Zulia, donde resultaron heridas varias personas, el 18 de febrero de 2023”, indicaron.Márquez Morales debe responder por cargos relacionados con terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y homicidio calificado, por lo que la Fiscalía General de la Nación informó que, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, adelantará las respectivas comunicaciones a efectos de que Venezuela formalice la petición de extradición.
Optimistas se ha mostrado los pequeños comerciantes, en especial el gremio de tenderos, por el cese de actividades ilícitas que estará vigente hasta después de la temporada de fin de año, tras el acuerdo al que llegaron los máximos cabecillas de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, responsables de más del 90 % de los crímenes que se registran en Barranquilla y su área metropolitana.Orlando Jiménez, directivo de Undeco, afirmó que el gremio recibe de la mejor manera cualquier esfuerzo que conlleve a disminuir los índices de criminalidad en el Atlántico, en especial delitos de alto impacto como la extorsión que los está llevando a la quiebra y a cerrar sus negocios desde 2019."Cualquier acción o estrategia que se lleve a cabo, bienvenida sea, si la misma contribuye a que se pueda controlar y erradicar la problemática que venimos padeciendo fuertemente desde el año 2019, como es la extorsión que ha causado muertes, heridos, afectación psicológica, venta de negocios a bajo precio, cierre de los mismos y otra serie de situaciones que no se las deseamos a nadie", expresó Jiménez.Sin embargo, entre los expertos en materia de seguridad hay recelo frente a este proceso y piden que lo vean con “calma y moderación”. Luis Trejos, investigador del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, llamó la atención en que todavía no hay una coordinación con las instancias distritales y departamentales y, más complejo aún, no existe todavía un marco jurídico que regule las interacciones entre el Gobierno y los grupos criminales."El problema que tiene esto es que, probablemente por el contexto y el tiempo en el que se están dando las cosas, se esté usando la mesa más bien con fines electorales, de cara a la elección de Congreso en marzo y las dos vueltas presidenciales en mayo y junio del próximo año, que realmente buscando un desarme y desmovilización en pleno de estas estructuras, porque no hay un marco jurídico que sirva para respaldar lo que eventualmente vaya a hacer el Gobierno en esas mesas", manifestó Trejos.Bajo estas consideraciones, Trejo cuestionó si más allá de que se esté negociando una paz, lo que simplemente se está negociando es “un apaciguamiento de los grupos” criminales.
Ante la Comisión Seccional de Disciplina del Atlántico se compulsaron copias para que se investiguen las circunstancias en las que un juzgado otorgó libertad por vencimiento de términos a Jorge Leonardo Piña Rodríguez, señalado por el feminicidio de su expareja sentimental.La víctima en este caso es la docente Nalfi Esther Blanco Olmos, quien en noviembre de 2024 fue asesinada en su propia casa, ubicada en el municipio de Sabanalarga (Atlántico), donde al parecer fue su expareja el que la empujó, hizo que se golpeara la cabeza y luego la habría asfixiado con sus propias manos.Este hombre inicialmente huyó, pero al poco tiempo él mismo se entregó a las autoridades y fue encarcelado, hasta esta semana cuando el juez Segundo Promiscuo Municipal de Sabanalarga ordenó su libertad, al considerar que se expidió el tiempo para iniciar el juicio oral.Esta decisión es la que ahora se investiga para esclarecer si se incurrió en alguna falla disciplinaria, informó el magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.“Este fue un hecho que enlutó a la población de Sabanalarga y que generó mucho descontento y preocupación en la ciudadanía. Ante esos hechos graves, se ha pedido entonces que sea la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico que investigue y determine si con ocasión a esos hechos hay lugar o no a la comisión de una falta disciplinaria y, por supuesto, para que también se identifiquen a los presuntos autores de dicho comportamiento”, manifestó el magistrado.La familia de Nalfi cuestiona que la audiencia en la que se ordenó la libertad de Jorge Piña se realizó sin la presencia del delegado de la Procuraduría y que la Fiscalía no presentó recursos para apelar la decisión.Afirman que el juicio empieza el próximo 10 de octubre y que esto apenas se dará, debido a las presuntas dilaciones que habría cometido la defensa del procesado, por lo que considera injusto esta libertad por vencimiento de términos.