Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.
En un operativo conjunto adelantado en la localidad de Usme, las autoridades descubrieron un depósito clandestino destinado a la fabricación artesanal de artefactos explosivos improvisados (AEI). La diligencia de registro y allanamiento fue liderada por la Policía Nacional, a través de la Dijín, con apoyo de la Fiscalía, el Gaula Militar y cooperación internacional de la DEA.Durante el procedimiento fueron capturadas en flagrancia dos personas y se incautó un amplio arsenal de piezas y materiales utilizados para la elaboración de explosivos. Entre los elementos hallados se encuentran cuerpos cilíndricos y granadas de 60 mm; un lanzagranadas artesanal calibre 40 mm; 897 cartuchos calibre 5.56 mm; y componentes para ensamblar sistemas tipo MGL, además de partes de armas de fuego.Las autoridades también encontraron cerca de un kilo de pólvora negra y aproximadamente cinco kilos de insumos químicos para mezclas explosivas, que aún están en proceso de análisis pericial. Según fuentes de inteligencia, con las piezas incautadas se podrían ensamblar más de 70 artefactos explosivos improvisados.De acuerdo con información preliminar obtenida por fuente humana, el material estaría destinado a la ejecución de acciones terroristas en Bogotá, especialmente durante la jornada electoral prevista para el próximo 8 de marzo. Las investigaciones señalan como responsable al Frente de Guerra Urbano del ELN, estructura que opera mediante redes milicianas en entornos urbanos.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las indagaciones para establecer la red logística detrás del depósito clandestino y determinar el alcance real de los posibles planes que, según las autoridades, fueron neutralizados de manera oportuna.
El dolor y la controversia rodean a la familia del secretario de Gobierno municipal, Thales Machado, luego de que su madre decidiera romper el silencio y hablar públicamente sobre la tragedia que acabó con la vida de su hijo y de sus dos nietos, de tan solo 8 y 12 años. Entre lágrimas y en medio de las honras fúnebres, la mujer aseguró que siempre tuvo un presentimiento negativo sobre el matrimonio de su hijo con Sarah Tinoco, afirmando que nunca estuvo de acuerdo con esa unión.Los hechos, que han generado conmoción nacional, ocurrieron en el municipio de Itumbiara, ubicado en el estado de Goiás. De acuerdo con las primeras versiones, Machado habría tomado la decisión de quitarles la vida a sus hijos y posteriormente la suya, luego de atravesar una fuerte crisis personal relacionada con su vida matrimonial. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer todos los detalles y determinar con precisión qué ocurrió antes del crimen.¿Qué dijo la madre del secretario municipal?Durante su pronunciamiento, la madre del funcionario aseguró que desde el primer encuentro con su nuera sintió que esa relación no traería estabilidad. “El corazón de una madre nunca falla… Nunca aprobé ese matrimonio”, expresó, visiblemente afectada, en declaraciones recogidas por el medio local Expresso News. Según explicó, su intuición le advertía que esa relación terminaría causando un profundo daño emocional a su hijo.Uno de los elementos que ahora analizan las autoridades es el viaje que Tinoco realizó recientemente a São Paulo, donde fue captada en video en compañía de otra persona. Ese material, que habría sido obtenido por un detective privado, es considerado dentro de la investigación como parte del contexto que rodeaba el estado emocional del funcionario en los días previos a la tragedia.Este es el video de la infidelidadLa madre de Machado también manifestó su inconformidad frente a las muestras de apoyo que, según ella, ha recibido su nuera. Aseguró que, aunque la mujer enfrenta el dolor por la muerte de sus hijos, ella también vive el duelo por la pérdida de su hijo, a quien describió como una persona que atravesaba una situación emocional compleja. Para la mujer, la situación afectó profundamente la dignidad y la estabilidad emocional de su familia.Otro punto clave dentro del proceso es un mensaje que Machado publicó en sus redes sociales antes de los hechos y que luego fue eliminado. En ese texto, el funcionario hacía referencia a problemas personales y a una presunta traición, lo que ahora es considerado por los investigadores como un posible indicio del deterioro emocional que enfrentaba.La dimensión del caso también ha generado impacto en el ámbito político, debido a que Tinoco es hija del actual alcalde de Itumbiara, Dione Araújo, quien habría respaldado la carrera pública de Machado y apoyado su proyección política.Mientras avanzan las investigaciones, el caso continúa generando conmoción y múltiples reacciones. La familia, por su parte, enfrenta un proceso de duelo marcado por el dolor, las preguntas sin respuesta y las declaraciones que han puesto en evidencia las profundas fracturas personales que antecedieron a la tragedia. Las autoridades han reiterado que el proceso investigativo sigue en curso y que será clave para esclarecer completamente los hechos.
La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió a la pregunta de quién sería su vicepresidente. Valencia aclaró que, aunque aún no ha tomado esa decisión, considera que Álvaro Uribe Vélez sería la mejor opción.“Todo el mundo me anda preguntando que quién va a ser mi vicepresidente, yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas, todavía nos falta ganar esa consulta”, dijo Valencia.La senadora agregó que “lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él”.Es importante recordar que la senadora Paloma Valencia irá a la Gran Consulta por Colombia, una coalición que cuenta con nueve candidatos.El acuerdo que han hecho en la Gran Consulta es que el ganador del 8 de marzo será apoyado por todos los otros candidatos en la primera vuelta.En esta coalición están:Mauricio CárdenasDavid LunaVicky DávilaJuan Manuel GalánPaloma ValenciaJuan Carlos PinzónAníbal GaviriaEnrique PeñalosaJuan Daniel Oviedo
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
Dos artefactos explosivos improvisados fueron detectados por la Policía y el Batallón de Ingenieros de Explosivos en zona rural del municipio de Curumaní, en el sur del Cesar.El hallazgo, según informaron las autoridades, se produjo en inmediaciones del corregimiento de Las Vegas, donde unidades antiexplosivos y un guía canino especializado logró ubicar este "material de alto riesgo para la población y la infraestructura de la región".El coronel William Morales Vargas, comandante de la Policía del Cesar, detalló que "los artefactos contenían aproximadamente 15 kilogramos de explosivos artesanales cada uno, y estaban diseñados con un sistema de ignición eléctrica y activación por línea de mando".“Gracias al profesionalismo de nuestras unidades antiexplosivos y la oportuna información suministrada, se evitó una tragedia de grandes proporciones que hubiese podido afectar tanto a la población civil como a la infraestructura energética del país. En estas zonas rurales hay presencia del ELN”, afirmó el coronel Morales.El oficial añadió que ambos artefactos "fueron desactivados y posteriormente destruidos de manera controlada en una zona segura, siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos".En mayo pasado, en este mismo municipio también se registró un ataque terrorista que destruyó más de 30 máquinas amarillas que eran utilizadas para la construcción de un importante corredor vial. A su vez, ese mismo mes, un militar del Ejército murió tras la activación de un artefacto explosivo improvisado en la vía entre Río de Oro y Aguachica, sur del Cesar. Todos estos atentados son atribuidos a la guerrilla del ELN.
Dos presuntos integrantes de la banda ‘Los Costeños’ en Barranquilla fueron capturados y otros siete fueron notificados en diferentes centros carcelarios, luego de que unidades de la Seccional de Investigación Criminal recopilara información que los vincula con extorsiones a comerciantes, homicidios, amenazas y hasta tráfico de drogas y armas.De acuerdo con el trabajo de investigación, los capturados hacen parte del Grupo Delincuencial Común Organizado “Los Costeños”, bajo el mando de alias ‘Castor’, máximo cabecilla de esta estructura criminal.Jorge Eliecer Paso Ortiz, alias ‘Hormiga’, es uno de los señalados delincuentes a los que le notificaron su vinculación a una nueva investigación. Esta persona, según la Policía, sería uno de los jefes de zona de ‘Los Costeño’ y tendría la función de ordenar sicariatos, extorsiones, además de controlar las rentas criminales en un sector del suroccidente de Barranquilla. Solo esta persona tiene 11 anotaciones judiciales.“Dentro de los capturados se encuentra alias La Hormiga, uno de los principales dinamizadores de la extorsión y de los homicidios selectivos ordenados desde la cárcel. También fue notificada alias Charo, quien es encargada de adelantar toda la logística y de dirigir el dinero producto de las extorsiones y de los homicidios, así como del tráfico de estupefacientes”, informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía MetropolitanaDice el oficial que las personas notificadas y capturadas lograban reunir en promedio unos 500 millones de pesos mensuales, producto de las rentas criminales.Entre todo suman 48 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, extorsión, fuga de presos, hurto y violencia intrafamiliar.Se les investiga, además, por su presunta participación en cinco asesinatos y dos tentativas de homicidio. Durante los allanamientos les incautaron dos revólveres y una pistola, 65 cartuchos calibre 9 milímetros y seis cartuchos calibre 38.
Acordonado y con presencia de la Policía y la Fiscalía se encuentra el sector conocido como el “Sombrero Vueltiao”, en la vía al mar, a la altura del municipio de Juan de Acosta, luego de que la madrugada de este viernes delincuentes en una camioneta instalaran explosivos dentro de un cajero automático para robarlo.El hecho ocurrió hacia las 5:00 de la madrugada y, según se observa en cámaras de seguridad, uno de los delincuentes bajó del vehículo, ingresó al cajero automático, instalando los explosivos que luego fueron detonados, todo con la intención de abrir las cajas donde se encontraba depositado el dinero.Por la explosión, la estructura colapsó y en el sitio quedaron varios billetes quemados.De acuerdo con la Policía del Atlántico, un personal de técnicos de Bancolombia está a la espera de verificar y determinar si los delincuentes finalmente lograron llevarse parte del dinero, toda vez que las cajas donde se deposita los billetes aún están alojadas en la estructura afectada.Los delincuentes huyeron en el vehículo con rumbo a Cartagena, sin embargo, a la altura del corregimiento de Cascabel la camioneta fue dejada abandonada.La Policía Nacional ha determinado un grupo de investigadores de la Seccional de Investigación Criminal y Antiexplosivos, quienes se encuentran realizando la recolección del material probatorio necesario para orientar la investigación y dar con la captura de los responsables de este hecho.Intento de robo anteriorEste cajero electrónico de Bancolombia ya se encontraba en la mira de los delincuentes, quienes hace más de un mes intentaron robarlo.En ese momento los asaltantes con herramientas de soldadura intentaron abrir la caja fuerte del cajero, sin embargo, algunos ciudadanos lograron percatarse de lo ocurrido y avisaron a las autoridades, quienes frustraron el robo.
La empresa Air-e no solo enfrenta los cobros de las empresas generadoras de energía por deudas que superan los $1.5 billones, sino también por numerosos requerimientos que la Fiscalía le está realizando por posibles sobrecostos en la operación que impactarían en el presunto manejo irregular de cerca de $400 mil millones de pesos. Se trata de una investigación por presunto hurto de alta cuantía se da a partir de una denuncia que interpuso el pasado 25 de abril el abogado Jaime Lombana, vinculado en el pasado como representante de Alberto Ríos Velilla, quien, como se recordará, era socio de la empresa antes de la intervención.Según el abogado, durante la administración de los agentes interventores Carlos Diago y Edwin Palma se habrían presentado irregularidades multimillonarias, asociadas a posibles solicitudes de coimas, manejos asociados a corrupción y que sobre el tema ya le habrían negado la entrega de información a la Contraloría."Todo indica que el hurto y la apropiación de recursos, que son de los ciudadanos, van a repercutir en un posible apagón y resquebrajamiento de las finanzas de la empresa. Esto puede traducirse en una no prestación del servicio", explicó. En consecuencia con esta denuncia, la Fiscalía ha solicitado documentos como estados financieros correspondientes al periodo de la intervención (septiembre - octubre de 2024), copias de los contratos de vinculación de los 11 nuevos cargos directivos creados durante la intervención, copia del acuerdo de pago celebrado con Interaseo para el pago de más de $148.000 millones que hacían parte de una deuda que estaba en litigio. "La Fiscalía ya sacó unas ordenes de policía judicial, en el sentido de dar a establecer lo sucedido. Lo que es más grave, lo que más preocupa a la ciudadanía, es que Air-e no entrega información, ni siquiera a los entes de control", señaló el abogado.
El nombramiento de un nuevo agente interventor en la empresa Air-e levantó principal atención en la Procuraduría General de la Nación, ente que informó que seguirá vigilando de manera especial tanto la realidad administrativa de la compañía como sus deudas con el sector energético y de gas.En ese mismo sentido, y junto a la Contraloría General de la República, se elevó una solicitud hasta el Gobierno nacional en el marco de la Mesa de Diálogo sobre la sostenibilidad financiera, cobertura, calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y gas domiciliaria, para implementar soluciones estructurales y una mejor focalización de los llamados subsidios.El ente de control reconoce importantes avances en el giro de los subsidios hechos por el Gobierno a los sectores de energía y gas, y “valoró positivamente el anuncio del ministro de Minas y Energía de ponerse al día, describiendo eso como “un avance significativo para la estabilidad financiera del sector y que garantiza la continuidad en la prestación de estos servicios esenciales”.Recordemos que el Ministerio Público intervino en la acción de cumplimiento que buscaba gestionar el pago de los subsidios por un valor cercano a los $2.5 billones, los cuales estaban retrasados hasta hace algunos días.En el mismo sentido, la entidad recalcó la importancia de que el proceso de pago se refuerce con medidas de transparencia frente a los saldos adeudados y las etapas asociadas, implementando un tablero de control que le permita a la ciudadanía tener información en tiempo real.Finalmente, solicitó a los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público evitar que esta situación se repita este año, y anunció la posibilidad de iniciar procesos disciplinarios en relación con los temas de la deuda pública.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Son inquietantes las imágenes que se han hecho virales por las redes sociales en las que un avión de Satena, cuyas matrículas son HK-4806, tiene que luchar contra los fuertes vientos que azotan la isla de Providencia esta semana para poder aterrizar, en medio de un nuevo frente frío que llega hasta el Caribe. Los pilotos necesitaron tres intentos para poder descender con todas las medidas de seguridad hacia la pista de aterrizaje, aunque el miedo abordó a los varios pasajeros, quienes indicaron que lo que pronosticaban como un viaje de solo 17 minutos terminó siendo un susto que duró más de media hora. Blu Radio pudo conocer el testimonio de Jeimy De Ávila Watson, una de las pasajeras que estuvo en ese vuelo junto con su hijo de solo 11 años, describiendo ambos que es la primera vez que pasan por algo similar. “Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas que les ha tocado devolverse a San Andrés, el avión le ha tocado devolverse con pasajeros. La verdad, el día está un poquito gris, espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, fueron sus primeras palabras. Recordó Jeimy que durante mucho tiempo ha escuchado las experiencias de otro, pero en esta ocasión le tocó vivirlas en carne propia.“Hace un mes se cayó un avión de Satena, hace como 15 días a otro le tocó volver a San Andrés por cuestiones vientos, son pensamientos negativos lo invaden a uno. Dan miedo, comienza entonces a pedirle a Dios que guíe a los pilotos, que lleguemos sanos y salvos. Él es grande y nos dio fortaleza. Después del tercer intento, aterrizamos”, dijo.“El piloto se comunicó desde cabina y dijo que era el último intento. Si no se lograba aterrizar, nos devolvemos para San Andrés. Gracias a Dios por la tripulación, la azafata fue muy amable. Nos tranquilizó y dijo que estaba atenta a cualquier cosa”, agregó.Al mismo tiempo, contó que su hijo vivió el momento con mucho más miedo, le palpitaba el corazón bastante fuerte, aunque pudo calmarlo conforme pasaban los minutos.Vea el video aquí:
Dos jóvenes con apariencia de ser menores de edad serían los autores del asesinado de un trabajador de la empresa Cootransoriente registrado la mañana de este miércoles. La víctima es Rafael Ángel Osorio Peralta.El hombre fue atacado cuando se encontraba en su puesto de trabajo en la carrera 38 con calle 38, barrio San Roque de Barranquilla, despachando los buses que cubren los municipios ubicados sobre la vía Oriental.Testigos afirman que el sicario y su cómplice se le acercó caminando al trabajador y le propinó un solo disparo que lo impactó en el cuello. Mal herido, Osorio fue subido a un bicitaxi y llevado de urgencias al Hospital Barranquilla, ubicado a solo unas cuadras, sin embargo poco después se produjo su deceso.El atentado perpetrado en una zona donde opera una terminal de buses que viajan hacia municipios del centro y sur del Atlántico, generó zozobra entre el gremio transportador, pues no se descarta que este hecho pueda estar relacionado con cobro de extorsiones a las empresas de buses.Aunque la Policía y la empresa Cootransoriente aún no han emitido ningún pronunciamiento sobre el reciente ataque, este hecho trae a la luz otro atentado cometido contra funcionarios de la empresa transportadora.En el año 2023 sicarios asesinaron de varios disparos al entonces gerente de la compañía Jorge Meriño Mercado. En el mismo atentado perpetrado a las afueras de la empresa Cootransoriente, en el municipio de Santo Tomás, resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía.En su momento el comandante de la Policía del Atlántico informó que el gerente de Cootransoriente, una de las empresas de buses intermunicipales más grande del Atlántico, había denunciado extorsiones, pero por recomendación de los abogados, desistieron de la investigación.El alto oficial reveló que el transportador había recibido un panfleto amenazante en días pasados.
En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Controles más estrictos, en los que inclusive prime la revisión de antecedentes judiciales, es lo que están exigiendo los taxistas en Barranquilla para aquellos conductores que deseen sumarse al gremio.Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, asegura que las autoridades deben ser más exigentes a la hora de otorgar permisos para conducir vehículos de servicio público, pues ello evitaría que delincuentes se valgan de dicho medio de transporte para atrapar víctimas, robarlas, drogarlas y someterlas a todo tipo de vejámenes.Insiste en que la licencia de conducción, aun cuando tenga la categoría correspondiente, no basta para obtener pase libre para conducir taxi."Debido a este caso ocurrido en Bogotá con la joven Diana Ospina y a muchas otras situaciones que han pasado, exigimos que cambien las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón para un nuevo taxista, que los antecedentes se exijan y que el taxista no reciba el tarjetón inmediatamente, sino a los dos, tres o cuatro días, cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona", sugirió Guerrero. "No es mentira, el gremio del taxismo está permeado por la delincuencia", sostuvo.Al respecto, Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta entidad “ejerce inspección, vigilancia y control para que estos vehículos porten los documentos que sustente la operación”. Agregó, no obstante, que las empresas también deben valorar los antecedentes de los conductores."Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos", dijo.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.