La aparición de hasta 300 tarjetones de más en varias mesas de votación es una irregularidad que no solo está llevando a la destrucción masiva de votos al azar durante los escrutinios, sino que está afectando a partidos como el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Aico, que denuncia la anulación de más de 70.000 sufragios que tenía a su favor en Barranquilla, Bucaramanga y varios municipios del Valle del Cauca.El inconformismo lo manifestó inicialmente Rafael Esguerra, representante jurídico del partido Aico, durante los escrutinios que se realizan en el centro de eventos Puerta de Oro en Barranquilla. Aseguró que lo que está ocurriendo en este lugar y en otras zonas del país es un acto de “discriminación indirecta”, pues afirma que están siendo castigados junto a la circunscripción nacional, siendo que ellos son una circunscripción especial.Si bien la ley obliga a hacer un nuevo conteo y a destruir los votos en exceso cada vez que el número de sufragios supere la cantidad de votantes por mesa, el abogado Esguerra sostiene que la circunscripción indígena merece un tratamiento especial.“Hoy se están metiendo en la misma bolsa dos circunscripciones totalmente distintas, la nacional y la especial indígena. Los votos de la circunscripción indígena no afectan ni el umbral ni la cifra repartidora. Es decir, ni le suman ni le restan votos a la circunscripción nacional. Se están destruyendo también nuestros votos, castigando a una minoría política por un problema que no nos corresponde, ya que el problema viene de las mesas”, declaró.El abogado insiste en que la falta de capacitación de los jurados puede ser una de las causas por las que se están dando estas irregularidades.Lo cierto es que estas inconsistencias, como votos que superan el número de votantes inscritos por mesa, motivaron a la Procuraduría a abrir una investigación en contra de cuatro jurados de votación en Barranquilla que, pese a no estar vinculados a ninguna entidad pública, están siendo procesados como funcionarios públicos, pues su labor como jurado los convirtió en servidor del Estado por un día.Más molestiasOtro de los que habló del tema fue el candidato al Senado Rubén Marino, del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), quien sostuvo que solo en Barranquilla le anularon cerca de 12.000 votos.“En Barranquilla saqué algo más de 9.000 votos y me anularon 12.000, me anularon más de los que registraron buenos y nadie responde”, dijo Marino.“El problema no es solamente una candidatura. Aquí estamos hablando de la representación política de las comunidades indígenas, una minoría que durante años ha sido excluida y que hoy ve cómo su votación está siendo afectada en medio del proceso electoral”, agregó.Para Marino, lo más preocupante es la ausencia de respuestas por parte de las autoridades responsables de garantizar la transparencia del proceso electoral.“No hay una explicación del registrador, no hay respuesta de los organismos de control. Estamos hablando de decenas de miles de votos de ciudadanos que confiaron en este proyecto político y que hoy no aparecen reflejados en los resultados”, indicó.El candidato insistió en que lo que está en juego no es únicamente una aspiración electoral, sino la posibilidad de que las comunidades indígenas cuenten con una representación real en el Congreso.
Las alarmas siguen encendidas en la Policía del departamento de Cesar tras la detonación de un artefacto explosivo, al parecer tipo petardo, contra un puesto de control de esta autoridad que estaba ubicado en la entrada al municipio de Curumaní.Según el reporte inicial de las autoridades competentes, los hechos no registraron personas heridas y se abrió una investigación para determinar qué grupo armado pudo estar detrás de ese atentado.El episodio fue rechazado por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, quien ordenó el aumento de unidades del Ejército en la zona para restablecer la movilidad vehicular.“Un nuevo hecho de violencia ocupa a nuestro departamento. Un artefacto explosivo fue detonado hace algunas horas en la vía Curumaní - San Roque, hecho que rechaza la gobernadora Elvia Milena Sanjuan y a partir del cual articula nuevas acciones con la fuerza pública”, escribieron por sus redes sociales.“El ataque no dejó lesionados, ni daños a la infraestructura vial, pero llevó al aumento de Policía y Ejército en la zona. A esta hora se registra tránsito normal”, agregó.Del mismo modo, el alcalde Hermes Martínez, analiza en estos momentos la realización de un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas al respecto.Como ya informamos, los hechos son materia de investigación para las autoridades.
Luz Mendoza García todavía puede recordar la última llamada que el pasado 28 de diciembre tuvo con sus hermanos Manuel María (51 años) y Alfonso Manuel (49 años), en la que le dijeron que tenían que salir, junto con sus primos Pablo Guillermo (42 años) y Darío Miguel Vides García (52 años), desde una base militar en Rusia hacia una zona llamada el área, uno de los puntos en los que se libra la guerra de este país con Ucrania.La mujer tomó con preocupación la noticia de que “estarían incomunicados por lo menos hasta enero de este año”, mucho más ahora que transcurren tres meses del 2026 y todavía no hay rastro de ellos.Desde su casa en Soledad, Atlántico, declaró a Blu Radio que sus allegados fueron reclutados con la promesa de ganar mucho dinero en la logística del ejército ruso. Sin embargo, tras un par de semanas de entrenamiento les entregaron fusiles y los sacaron a “una realidad muy diferente”.“Hemos hecho de todo. Mandamos una carta a la embajada de Rusia, a la de Colombia en ese país, a Polonia. Incluso opté por ingresar a un grupo ucraniano para pedir información y ni así. Lo único que me dicen es que no aparecen en la lista de nada. Si no aparecen entre los muertos, ni entre los desaparecidos, ni en lista de heridos, tampoco en hospitales, ¿entonces dónde están?”, dijo inicialmente.Para ella esto es anormal, pues desde el 10 de noviembre que partieron hacia Moscú, siempre mantuvieron comunicación por la plataforma de Telegram. De hecho, la alcanzaron a tranquilizar explicándole que solo cuidarían las ciudades bajo el dominio ruso. Aun así, aclara que su única esperanza ahora es volver a verlos.“Es horrible no saber lo que le pasa a tu familia. No tener ni idea de si está vivo o muerto. Angustioso. Estamos agarrados de la fe de Dios. Por lo menos le pido que me dé la oportunidad de que mis hermanos aparezcan. Hay veces en las que pierdo la esperanza, porque todo está como muy difícil”, agregó entre lágrimas.Manuel trabajaba con la empresa Brasilia en Maicao, La Guajira; Alfonso se ganaba la vida haciendo oficios varios en La Jagua de Ibirico, en Cesar, mientras que Darío y Pablo laboraban juntos en un restaurante ubicado en la playa de El Rodadero, en Santa Marta.Su vuelo salió desde Bogotá hacia París, Francia, para posteriormente tomar rumbo hacia Estambul, Turquía, y finalmente, Moscú.Hoy Luz Mendoza García suplica una ayuda del Gobierno nacional para volver a ver a sus hermanos y primos.
La demolición de los terraplenes ilegales, como estrategia para restaurar el flujo natural del agua de las ciénagas y evitar futuras inundaciones como las que ya dejan a miles de damnificados en Córdoba, es una tarea que ya han puesto en marcha la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ejército Nacional.En las últimas horas, el director de la ANT, Felipe Harman, indicó que sostuvo una reunión con el Ejército, en la que esta institución alistó "todo un equipo de ingenieros y dispuso el acompañamiento operativo y técnico para demoler de forma clara y concreta distintos obstáculos que no han permitido la interconexión hidráulica en la Ciénaga Grande y demás ciénagas del departamento"."Ya establecimos un plan general, que le agradecemos a estos hombres del Ejército, y a partir de este ejercicio inicia también la operatividad para avanzar en la recuperación de la ciénaga y los playones de este departamento, lo cual ha sido una orden presidencial en función de atender la situación de calamidad que se está presentando en esta región", dijo el director Harman.De acuerdo con el plan trazado, se empleará maquinaria amarilla para derribar los jarillones ubicados en los puntos críticos previamente identificados en terrenos comunales, un trabajo que se realizará de la mano de los campesinos y pescadores que hacen parte de la Junta de Baldíos."Esta intervención en los sitios que están afectando al departamento de Córdoba es una estrategia unificada en la que vamos a poner todas nuestras capacidades para cumplir con el propósito final, como lo es mejorar las condiciones de vida de la población que está siendo afectada actualmente", manifestó el Ejército.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado que su país y Venezuela pedirán su adhesión al Mercosur como miembros plenos, un día después de la reunión que sostuvieron en Caracas ministros de los dos países, que calificó de "supremamente exitosa"."Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012 pero en 2017 el bloque invocó la "cláusula democrática", es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspenderlo por la represión a las protestas populares contra el Gobierno de Nicolás Maduro.En el caso de Colombia, fue aceptada como Estado asociado en 2004 pero no es miembro pleno.El pasado 17 de enero, durante la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, celebrada en Asunción, algunos de los países hicieron votos por el retorno de la democracia a Venezuela tras la captura de Maduro, situación que podría facilitar su regreso al bloque como miembro pleno.En su mensaje de hoy, Petro también destacó que la integración energética con Venezuela avanza y añadió que esperan el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos mediante la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), "para lograrlo"."Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional" entre Colombia y Venezuela, agregó Petro al señalar otro logro de la reunión de ayer en Caracas.Petro subrayó además que "se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera", algo que ya había comentado anoche cuando señaló que los dos países van "a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela".En el encuentro de ayer en Caracas, los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron celebrar una reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad el próximo 23 y 24 de abril, mientras se espera que Petro y la presidenta encargada de la nación caribeña, Delcy Rodríguez, confirmen una nueva fecha para su encuentro, luego de que se cancelara el que tenían previsto para el viernes."El próximo 23 y 24 de abril en la ciudad de Maracaibo (estado de Zulia) se dará el encuentro de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, cancilleres, queremos despliegue de esa agenda binacional para la unión y para la integración", dijo Rodríguez en el encuentro con la delegación de ministros de Colombia.
La Procuraduría General de la Nación expidió la Resolución No. 01916 de 2025 para atender la crisis de desabastecimiento de combustible que se vive desde enero en el departamento del Vaupés. Con la medida se logró que la Aeronáutica Civil habilitara el transporte de combustible en aeronaves monomotor, una alternativa que permitiría garantizar el abastecimiento en comunidades y resguardos indígenas del territorio.Por ahora iniciará operaciones y la ejecución de vuelos únicamente la empresa ARO S.A.S., bajo el cumplimiento de los estándares de seguridad. La Procuraduría señaló que esta medida se tomó en respuesta ante el riesgo de una afectación grave a derechos fundamentales, como la salud y la educación, y que esperan que otras empresas del sector regularicen su operación próximamente.La intervención articulada de la Procuraduría se da justamente porque, desde los primeros días de enero, diferentes sectores económicos habían alertado sobre la situación crítica de desabastecimiento de combustibles en la región, especialmente en los departamentos de Guainía y Vaupés.Esta situación ha sido crítica, especialmente porque las dos capitales hacen parte de las Zonas No Interconectadas (ZNI) a la red eléctrica de Colombia. Esto quiere decir que son altamente dependientes del diésel y la gasolina para el funcionamiento de plantas eléctricas, transporte fluvial, atención en salud, seguridad, abastecimiento de alimentos y el desarrollo general de la vida económica y social de las comunidades.
De acuerdo con los reportes preliminares, las precipitaciones han provocado afectaciones principalmente en zonas rurales y vías secundarias, donde campesinos han reportado pérdidas de cultivos y dificultades para movilizar sus productos. Entre los municipios que registran mayores impactos se encuentran Rionegro, San Vicente de Chucurí, Galán, La Paz y Barrancabermeja, donde se han intensificado los monitoreos ante posibles emergencias.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo en Santander, Eduard Sánchez, hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades locales para extremar las medidas de prevención frente a las condiciones climáticas que se vienen presentando.“Queremos hacer recomendaciones a las personas a tener precaución al momento de desplazarnos, a los Consejos Municipales a estar atentos ante cualquier eventualidad. Nos podemos ver con emergencias como pérdidas de calzada, caída de rocas y las familias ribereñas deben estar pendientes porque se pueden presentar crecientes súbitas”, señaló el funcionario.El director también pidió a la comunidad seguir los pronósticos del Ideam, que permiten anticipar acciones frente a posibles emergencias derivadas de las lluvias, especialmente en zonas cercanas a ríos y quebradas.Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían continuar en los próximos días, lo que mantiene la vigilancia sobre varias cuencas hídricas del departamento ante el riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos, especialmente en sectores rurales y en vías donde el terreno es inestable.Ante este panorama, los organismos de socorro y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo mantienen monitoreo permanente en puntos críticos del departamento. Equipos de bomberos, Defensa Civil y autoridades locales permanecen atentos para atender cualquier emergencia que se pueda presentar.Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar transitar por zonas de riesgo, estar atentos al comportamiento de ríos y quebradas y reportar de inmediato cualquier situación que pueda poner en peligro a las comunidades, mientras continúan las lluvias en varias regiones de Santander.
En el Urabá chocoano y antioqueño siguen las acciones de las autoridades contra el narcotráfico, pues se trata de una región clave para su cadena logística y envío al norte del continente americano.Durante la más reciente operación desarrollada en zona rural del municipio de Acandí, efectivos del Ejército, la Armada y la Policía lograron la incautación de más de dos toneladas de cocaína que pertenecerían a la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.Durante la intervención llevada a cabo en una vivienda, ubicada en la vereda Chugandicito, también capturaron a una persona que estaría al cuidado del cargamento y deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Este nuevo golpe de las autoridades contra el tráfico de drogas se conoce a menos de tres semanas que incautaran más de una tonelada de marihuana en Bahía Solano atribuidas al mismo grupo ilegal y que serían exportadas por rutas del Pacífico.
Los propietarios de la finca La Novillera, ubicada entre los sectores de Río Claro y Ampudia, en zona rural de Jamundí, Valle, están elevando un llamado de atención tanto a las comunidades de la zona rural como a las autoridades, para ponerle fin a las invasiones que se han venido registrando en este predio.El hecho más reciente ocurrió hace dos días, cuando sujetos armados con fusiles llegaron al cultivo de piñas de este lote y lo destruyeron asegurando que iban siguiendo órdenes de “los de arriba”, refiriéndose a integrantes de la disidencia 'Jaime Martínez', que delinquen en esa zona del municipio.A través de un comunicado, los propietarios de La Novillera señalaron que este lugar no tiene relación alguna con la Sociedad de Activos Especiales ni la Agencia Nacional de Tierras, y tampoco han cedido terrenos para la ubicación del batallón de Alta Montaña u otra instalación militar, por lo que no deberían ser objeto de estas invasiones.Los dueños de este lugar aseguran que esta propiedad lleva más de 90 años en esa región, generando actualmente más de 100 puestos de trabajo en ganadería, piscicultura en cultivos de piña, limón, mandarina, guayaba; incluso comprende una reserva ambiental, la cual corre riesgo por estas constantes ocupaciones irregulares.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado respecto a la última invasión, hecho que aumenta la incertidumbre de los propietarios del predio. Por su parte, el concejal de Jamundí, Luigi Morales, aseguró que esta falta de respuesta estatal lo que hace es incentivar más estas invasiones."Hace varios meses hemos venido viendo cómo algunos predios de nuestro municipio han sido invadidos por diferentes personas, tanto del territorio como otras ajenas que han sido incentivadas por grupos armados o también por tomadores ilegales de predios que ya tienen eso como un negocio. Esto agudiza la situación de orden público en nuestro municipio", indicó el concejal.
Este jueves 30 de enero en Barranquilla se llevará a cabo una nueva movilización en la que ciudadanos exigirán la reducción de los costos de la energía haciendo un especial llamado a las generadoras.La convocatoria es organizada por el Movimiento Nacional por la Democracia Energética e impulsada por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en esta región, la Liga de Usuarios del Caribe, que ha estado siempre en la lucha por la disminución de la tarifa, se mostró en desacuerdo con esta movilización y decidieron no apoyarla, pues consideran que "tiene tintes políticos y esto le que le quita independencia y autonomía a los participantes".Yamil Cárdenas, líder de la liga de usuarios de Sucre, dice que la solución la tiene el Gobierno y este le miente a los usuarios.“En estos momentos el Gobierno contradice su posición. En mano del Gobierno es donde está que se le dé solución a la problemática energética de la región Caribe y del país, porque es que no ha querido desmontar la opción tarifaria y entonces le echa mentira a los usuarios y ya nosotros estamos cansados de eso”, dijo Cárdenas.Insisten en que el presidente no ha querido cumplir con el pago de la opción tarifaria como se comprometió el 7 de mayo pasado en Barranquilla.Entre tanto, no se descarta que el propio presidente Gustavo Petro viaje a Barranquilla para participar en la movilización. Esto, luego de que fuera cancelada la reunión de Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños que se llevaría a cabo en Honduras.Los que sí confirmaron su asistencia fueron el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y la senadora María José Pizarro.
La Superintendencia de Servicios Públicos ordenó separar del cobro de las facturas de servicios públicos, los montos adicionales que son recaudados para pagos de impuestos o créditos, que nada tienen que ver con la naturaleza del servicio cobrado.Para esto, a través de una circular externa expedida el pasado 17 de enero, la entidad declaró como “obligatorio” la totalización “por separado” de cada servicio extra que es cobrado a través de estas facturas, de tal modo que no podrá ser suspendido el servicio si no se cancelan estos conceptos adicionales. Esto, por ejemplo, implica un cambio relevante en el modo en el que procederá el cobro de facturas para los usuarios del servicio de Air-e, siendo que a estos les cobran mensualmente el impuesto de tasa de seguridad a través de dicha facturación. Es decir, será elección del usuario cumplir con este aporte, sin que el no pago del mismo comprometa la continuidad en la prestación del servicio de energía. Para el caso del recaudo del impuesto de alumbrado público, desde la SuperServicios se plantea que este puede ir como un concepto adicional en la factura de energía, pero que aún así, su no pago no puede ser causal de suspensión del servicio. Ante esto, plantean como posibilidad de que se sume como una sobretasa al impuesto predial. Esta situación podría generar un impacto en las dinámicas de recaudo que se manejan en varias zonas del país, incluyendo el departamento del Atlántico, ante el retiro de la obligatoriedad en el cumplimiento de estos pagos para evitar suspensiones.
Autoridades y organismos de socorro avanzan en la búsqueda de un bañista que desapareció en el mar de Puerto Colombia, Atlántico, la tarde de este martes, 28 de enero, al parecer, tras ser vencido por el alto oleaje que se está presentando en el Caribe colombiano.La desaparición se reportó en Playa Pescador, ubicada en el sector de Miramar, desde donde se han intensificado las labores de búsqueda, una vez se conoció el caso.Y es que los vientos de hasta 70 km/h y las olas que alcanzan los cuatro metros de altura en el Caribe central llevó al Ideam a emitir alerta roja en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, según informó el meteorólogo del Instituto Daniel Useche."En este instante se esperan condiciones todavía de amenaza para la navegación menor, con una velocidad del viento que podría variar entre aproximadamente los 50 km/h y hasta 30 km/h, y la altura del oleaje que podría alcanzar de 3 a 4 metros (...) Les recomendamos a todos los pescadores, a los turistas y a los usuarios de pequeñas embarcaciones consultar con las capitanías de puerto antes de zarpar", sugirió.En el resto de la región Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, también hay alerta naranja por estas condiciones marinas, en las que se han reportado olas de hasta 3 metros de altura.
A unos días de que inicie el juicio por corrupción a exfuncionarios de la Universidad Metropolitana de Barranquilla fue denunciada la desaparición de unos documentos que podrían darle un vuelco a este caso que tiene confrontadas a dos familias que buscan quedarse con el control de esta institución. La pérdida de los documentos fue advertida por los abogados de Carlos Jaller, quien fue rector del alma mater entre 2014 y 2016, a quien procesan por el detrimento patrimonial de $8.000 millones, pues, según alegan, lo extraviado correspondería a material que probaría cuál fue el destino de parte de esos recursos. La defensa alegó, durante una audiencia realizada el pasado 27 de enero, que el mismo fiscal había reconocido en una comunicación escrita que no encontraba dichos documentos. "Dentro de todas las irregularidades se perdieron evidencias y así lo certificó el fiscal aquí presente, que pedí un descubrimiento probatorio. Se perdió una evidencia que no se sabe dónde está, que es el resultado de unas investigaciones que hizo la Fiscalía. Vamos a tener un juicio con unas evidencias perdidas", indicó el abogado Jhonatan Peláez en el desarrollo de la audiencia. Es de recordar que Carlos Jaller e Ivonne Acosta, actualmente, son requeridos por la justicia, pero no se han presentado durante el desarrollo de este proceso judicial, a lo que han enviado a sus abogados.
Tras el recorte de 710.000 millones de pesos del presupuesto general de la Nación al proyecto de restauración del Canal del Dique, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, aseguró que esta es una “condena” para todas las poblaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre que atraviesa este cuerpo de agua.“Suspender la inversión de $700.000 millones en el proyecto de recuperación del Canal del Dique es condenar a la bahía de Cartagena, a la ciénaga de Barbacoas y a todas las poblaciones por las que atraviesa este cuerpo de agua a seguir padeciendo por muchas décadas más. Miles de caribeños en riesgo de inundaciones, atraso socioeconómico y contaminación.”, señaló.El gobernador Arana, a su vez, hizo un llamado al Gobierno a “reconsiderar” su decisión y a los congresistas de la costa Caribe a unirse para defender el bienestar de la región.“Invito al Gobierno nacional a reconsiderar esta decisión con una visión de largo plazo. Recuperar el Canal del Dique es una apuesta por la sostenibilidad, la reducción de vulnerabilidades ante el cambio climático y la construcción de un Caribe más próspero. Es una obra que beneficiará a todo el país y que debe ser entendida como una prioridad nacional”, sostuvo.Por su parte, el senador cartagenero, Jorge Benedetti, quien fue uno de los primeros en reaccionar al recorte de los recursos asignados del presupuesto general de la Nación al Canal del Dique, calificó la medida como “inadmisible” y “preocupante”.“Esto lo que reafirma es el menosprecio que tienen por el proyecto. Nosotros estamos haciendo un seguimiento muy minucioso a este proyecto y podemos decir que desde que el presidente Petro asumió el poder se ha hecho todo lo posible por pararlo. Frenaron toda la licitación, se inventaron que el proyecto requería licencia ambiental y que no podía adelantarse hasta que la ANLA le expidiera la licencia y ahora aplaza recursos de manera indefinida”, dijo.El senador Benedetti también indicó que el megaproyecto del Canal del Dique no es una simple obra de ingeniería, sino el mayor esfuerzo ambiental que se requiere en el Caribe para frenar los efectos del cambio climático.“Este proyecto ayudaría a prevenir desastres, ayudaría a proteger a más de 1.5 de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, de graves inundaciones cómo las que se dieron en 2010 y el aplazamiento de presupuesto de inversión para este proyecto pone en grave riesgo la vida de estas personas y la estabilidad ambiental de la región Caribe”.El proyecto de restauración del Canal del Dique, adjudicado en 2022 con acta de inicio fue firmada en junio de 2023, se encuentra en etapa de preconstrucción con serios retrasos en su cronograma de ejecución.En entrevista en Blu radio en noviembre de 2024, los voceros de Sacyr, empresa encargada del proyecto del Canal del Dique, explicaron que la etapa de preconstrucción, que dura 18 meses y debía finalizar en diciembre de 2024, se ha visto afectada por la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental adicional, cuya duración estimada es de 14 meses, más un tiempo de aprobación de tres a cuatro meses. Esto significa que la construcción, inicialmente planeada para comenzar a inicios de 2024, se podría postergar hasta 2026.
Un juez en Montería tomó la decisión en las últimas horas de enviar a prisión a un hombre señalado de aprovechar su rol de padrastro para acercarse a una menor de solo 10 años y abusar en reiteradas ocasiones de ella.La Fiscalía le imputó los delitos acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados, por vejamenes que se registraron según indica la autoridad desde el año 2017 hasta el 2021.“Por solicitud de una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la seccional Córdoba, un juez impuso medida de aseguramiento intramural a un hombre presuntamente responsable en los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados”, informó la autoridad a través de un comunicado en sus plataformas oficiales.“Labores de policía judicial determinaron que la menor, al parecer, vendría siendo víctima de vejámenes sexuales por parte de su padrastro. Se presume que el procesado se habría aprovechado de su cercanía con la joven”, agregaron.Dice el ente acusador que producto de esos abusos sexuales la niña quedó en embarazo cuando tenía 10 años, y en la actualidad tiene un hijo.Los episodios al parecer tuvieron lugar en el barrio La Palma en Montería, mismo sitio en el que el procesado fue interceptado por las autoridades esta semana, exactamente el pasado lunes 9 de marzo.
Un desconocido que caminaba por el sector de El Boliche, en el centro de Barranquilla, fue el encargado de perpetrar el homicidio contra Luis Alberto Donado Benavides, un cobradiario de 39 años al que ni siquiera hubo tiempo de llevar hasta un centro asistencial para intentar salvarle la vida.La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una investigación para encontrar al responsable y confirmar las razones del crimen, aunque el ataque podría ir en línea con las confrontaciones que se libran entre prestamistas en el Atlántico por el control de las rutas de cobro.Al momento de su muerte, Luis Alberto realizaba la recaudación de sus préstamos, por lo que las autoridades entrevistaron a los comerciantes de la zona en busca de nuevas pistas.La víctima tiene cuatro anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por porte ilegal de armas de fuego, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar.Otras muertesEstos no fueron los únicos hechos violentos registrados en la capital del Atlántico, puesto que en la jurisdicción se sumaron dos homicidios más en las últimas 24 horas. Sus nombres son Jullders Moisés Mejía Hernández, de 24 años, y Luis José Sanjuan Boneth, de 17, también conocido como ‘Mamby’.El adolescente fue alcanzado por las balas en la terraza de su vivienda en el barrio Villa Rica, en el municipio de Malambo. Mientras tanto, Jullders alcanzó a llegar a un centro asistencial pero no pudo recuperarse del atentado del que fue blanco en el barrio Bajo Valle, suroccidente de Barranquilla.Relatan las autoridades que su asesino entró en su casa y le disparó ante la mirada de sus familiares. De él solo se sabe que tenía una anotación judicial por tráfico de drogas.Hay que informar también que en Galapa, atentaron contra la vida de Kira Paola Meola Pernett, de 30 años. Cuenta la víctima que a su casa llegó un hombre con el uniforme de la empresa Gases del Caribe y, tras unos minutos de charla, sacó un arma para propinarle dos disparos. Hasta el momento su estado de salud es estable.
En un operativo realizado por una unidad especial del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado de Zulia, en Venezuela, fue abatido el joven Fabián Nava Díaz, a quien le seguían la pista desde febrero pasado, cuando se vio involucrado en el doble crimen de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicolle Fernández Noriega, las adolescentes de 14 y 17 años halladas muertas en el municipio de Malambo, Atlántico.Según los testimonios recopilados durante la investigación, Fabián mantenía una relación sentimental con Keyla y fue quien invitó a ella y a su hermana a una fiesta el pasado martes de Carnaval, un encuentro que se llevó a cabo en la casa de la mamá de él en Malambo y que terminó con el sangriento asesinato de ambas menores.Todo apunta a que horas después del doble crimen, Fabián huyó hacia Venezuela, pero las autoridades de ese país fueron alertadas del caso por las colombiana y lograron ubicarlo en Maracaibo. El procedimiento consistía en establecer el paradero del adolescente, pues este aún no tenía una orden de detención en su contra.Le puede interesar: Revelan confesión de uno de los implicados en la muerte de las hermanas Hernández en MalamboEl joven, según informó la misma Policía de Zulia, fue localizado en inmediaciones de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, del sector El Despertar; sin embargo, al ver la presencia de los uniformados, quienes buscaban establecer su plena identidad, él corrió y se escondió en una vivienda.Cuentan las autoridades que estando en esa casa, al verse rodeado, Fabián sacó un arma y disparó contra los informados, quienes respondieron al ataque y lo hirieron de gravedad. Pese a ser llevado de urgencia al Centro de Diagnóstico Integral La Chamarreta, allí los médicos certificaron su muerte minutos después.Vale mencionar que, según el testimonio de uno de los confesos asesinos de las menores, el crimen se habría cometido en represalia ante un supuesto plan que tenían las víctimas para entregar a Fabián a 'Los Costeños' y que esta banda lo asesinara.
Las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica aún persisten y continúan afectando a miles de familias en Córdoba, y así lo ha advertido el gobernador Erasmo Zuleta, quien está solicitando al Gobierno Nacional ampliar por 30 días esta medida extraordinaria.Rodeado de los alcaldes de los municipios más afectados, durante una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado, el gobernador aseguró que todavía falta adoptar medidas excepcionales y realizar movimientos presupuestales que faciliten la atención de la emergencia y la recuperación de los territorios, pues este un proceso que podría extenderse durante varios meses."No puede quedar en el ambiente nacional ni en el ambiente departamental que la emergencia pasó, porque vayan a ver cómo están las familias. Yo hoy sí quiero hacer un llamado responsable y con respeto; no desestimemos la emergencia", manifestó Zuleta. "Hemos tenido conversaciones y solicitudes de mesas técnicas para que desescalemos el Puesto de Mando Unificado y pasemos a sala de crisis, pero ni por ahí, porque la sala de crisis no genera las condiciones de articulación", criticó.Entre las propuestas planteadas por el mandatario departamental se encuentra la implementación de mecanismos como Obras por Impuestos, que permitirían vincular al sector privado en los procesos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas.Los alcaldes respaldaron la solicitud del gobernador, quien ha sido enfático en que si bien hoy la gente “está medianamente tranquila”, aún no hay claridad y en cuestión de dos o tres meses “los problemas sociales y económicos van a ser tremendos”. “Y todo eso termina en problemas de seguridad, porque la gente no se va a morir de hambre”, sentenció.
El vuelo 244 de Avianca, que cumplía la ruta entre Bogotá y Nueva York, se vio obligado este jueves a desviarse de su trayectoria original tras declarar una emergencia médica de un pasajero en pleno vuelo.La aeronave activó la alerta 7700, el código transpondedor estándar internacional para indicar una emergencia general a bordo. Ante la activación del protocolo, el avión se dirigió hacia el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, que sirve a la ciudad de Barranquilla, donde aterrizó para garantizar la salud del pasajero que presentó quebrantos de salud.
En una vivienda ubicada en el sector de La Ye, zona rural del municipio de Sahagún (Córdoba), fue hallado un cuerpo en avanzado estado de descomposición, el cual había sido enterrado en el patio para intentar mantener oculto el crimen.Sin embargo, pese al esfuerzo del responsable por encubrir el cadáver, el olor fétido del cuerpo emanó a los días y alertó al dueño de la vivienda, quien llegó la tarde del pasado miércoles a hacer inspección y aseo, luego de haber entregado su casa en arriendo por un tiempo.Según se ha podido conocer, en la casa vivía un hombre arrendado desde hacía un mes y justo se le perdió el rastro esta semana, lo que lo convierte en el principal sospechoso.Justamente, al no tener noticias de su inquilino, el dueño de la vivienda llegó a revisar su casa, pero al entrar, percibió un fuerte olor que enseguida le permitió dar con el cuerpo enterrado y dar aviso a las autoridades.La víctima aún no ha podido ser identificada debido al avanzado estado de descomposición en el que fue hallada; sin embargo, sus prendas de vestir apuntan a que se trata de una mujer.La Policía afirma que en este territorio no se han reportado personas desaparecidas, pero junto al CTI de la Fiscalía investigan para identificar a la víctima, establecer móviles y dar con el paradero del responsable.
Después de una larga negociación con la Fiscalía, finalmente Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, firmó un preacuerdo con el ente acusador y fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por los ataques sicariales que él ordenó como máximo cabecilla de la banda delincuencial Los Costeños, los cuales dejaron más de un centenar de víctimas.En la negociación, avalada por un juez penal especializado de conocimiento de Barranquilla y socializada a los familiares de más de 130 víctimas en una macrodiligencia reciente, alias ‘Castor’ admitió ser el responsable de 95 asesinatos y de otros múltiples ataques armados que dejaron 38 personas heridas en Barranquilla y el vecino municipio de Soledad.Durante la investigación “se estableció que las acciones sicariales fueron ordenadas por alias ‘Castor’ como parte de una confrontación violenta con otras estructuras delictivas por el control de las rentas ilegales en el área metropolitana de Barranquilla”, informó la Fiscalía.Inclusive, en su largo prontuario criminal también se reporta un caso en 2023, cuando amenazó a un funcionario de la Fiscalía, a través de mensajería instantánea, por las acciones judiciales que este adelantaba contra la organización delincuencial de ‘Los Costeños’.Como se recordará, ‘Castor’ fundó la banda Los Costeños en 2012 y desde entonces lideró esta peligrosa estructura criminal, ordenando asesinatos y extorsiones, y controlando la venta de estupefacientes al menudeo en Barranquilla y su área metropolitana, con la instrumentalización de niños y adolescentes en este territorio.Huyó hacia Venezuela y en mayo de 2019 fue capturado en el vecino país, donde permaneció en prisión durante cuatro años hasta que en abril de 2023 se logró su extradición a Colombia, que lo requería y hasta ofrecía por él 500 millones de pesos de recompensa.Desde entonces, ‘Castor’ ha estado tras las rejas y en la actualidad se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Tras su condena, deberá permanecer en prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, estas dos conductas agravadas; porte ilegal de armas de fuego, porte ilegal de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y amenazas a servidor público.
Momentos de terror vivió la familia de un comerciante en el municipio de Santo Tomás, Atlántico, luego de que fueran intimidados por hombres encapuchados en la madrugada de este jueves, en medio de un robo avaluado hasta la hora en una suma cercana a los 100 millones de pesos.Los delincuentes forzaron con sigilo la reja de una vivienda de dos pisos en el barrio El Barrizal, mientras que luego dañaron la puerta principal para así infiltrarse hasta la habitación principal.Unos le apuntaron con armas a las víctimas, al tiempo que los otros recogieron todo el dinero en efectivo, objetos de valor, joyas y hasta celulares que había en la vivienda.De hecho, los criminales llegaron a preguntar por los dineros que tenían en sus cuentas bancarias, aunque prefirieron escapar del lugar antes de alertar a los vecinos. Con ellos, también se llevaron el monitor de las cámaras de seguridad para no dejar rastro.Las autoridades competentes ya fueron alertadas por lo sucedido, por lo que se adelanta un operativo para ubicarlos y capturarlos.Investigan homicidioComo Javier Enrique González Núñez fue identificado el tendero de 34 años que, en la noche de este miércoles, fue asesinado a tiros cuando estaba atendiendo en su tienda llamada La Cubana, ubicada en el corregimiento de Puerto Giraldo, jurisdicción de Ponedera, Atlántico.Los hechos ocurrieron a eso de las 8:50 de la noche, cuando, según la Policía, la persona fue abordada por dos sujetos movilizados en una motocicleta.Entre otras cosas, la víctima alcanzó a ser trasladada hasta el hospital municipal, donde luego se confirmó su deceso por la gravedad de sus heridas.Las autoridades, a esta hora, intentan determinar la veracidad de las versiones que indicarían que Gonzalez Nuñez recibió esta semana un panfleto en el que lo obligaban a pagar extorsiones.
Han sido meses de angustia para los familiares de Maria Angelica Castañeda Morales, una mujer de 53 años que llegó hasta la clínica Reina Catalina en Barranquilla, tras la falta de especialistas que había en su natal Cartagena para tratarle una masa que le identificaron en su páncreas.Sin embargo, su diagnóstico en esta ciudad ascendió de masa a tumor y ahora se le suma una perforación que le iniciaron en su intestino delgado, momentos en los que la preparaban para una biopsia con la que iniciarían su tratamiento.Dice su hijo Esteban Bossio Castañeda a Blu Radio que ahora mismo la Supersalud ni su EPS Salud Total ni los médicos que la atendieron les dan una respuesta, mientras que su estado de salud se agrava, debido a que lleva varios días sin comer y con un intenso dolor de estómago.“Mi mamá ha bajado demasiado de peso. Ella estaba pesando casi 70 kg y ahora está en menos de 40 kg. Está entre 35 y 33 kg. Nosotros hemos puesto quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud. Llamamos a Salud Total, pero nadie nos da respuesta”, declaró inicialmente.De hecho, a María Angelica le dieron salida ambulatoria con la promesa de que en los primeros días de marzo iban a recibirla para ingresarla a urgencias. Sin embargo, a su llegada nuevamente al centro asistencial les señalaron que su orden no tenía validez.Lo único que les han dicho hasta el momento es que esa perforación hubiera ocurrido en cualquier clínica de la ciudad, por lo que Esteban teme que la situación se salga de las manos y su madre muera.“Nos sentimos de brazos cruzados ante una salud en el país que está deplorable. Nunca habíamos sentido el golpe o que el sistema nos respirara en la nunca. No lo digo solo por mi mamá, es un llamado de atención. ¿Cuántas otras madres, padres, abuelos o hermanos han muerto por falta de una atención oportuna? quizás por una ecografía o por una biopsia. Nos dijo que nos quería ver, que nos extrañaba, como ella habrá miles de personas pasando por lo mismo. Como hijo siento que me están arrancando algo de mi corazón”, agregó.Sus deseos son simples, tener acceso a una nueva biopsia para tratar el tema del tumor y corregir la fisura generada en el intestino.
Suspendido por un año de sus funciones permanecerá el juez décimo civil municipal de Cartagena, Ramiro Eliseo Flórez Torres, por haberse negado a celebrar en 2020 una boda civil entre dos mujeres porque, según él, esto atentaba su moral cristiana al considerar que entre la ley humana y la “ley de Dios”, debía prevalecer esta última.La decisión fue tomada en días pasados por la Comisión Nacional de Disciplina tras una revisión en segunda instancia, en la que se insistió en la importancia de amparar el derecho de los demás. Pese a que el juez alegó el derecho a ejercer la objeción de conciencia, desde la Comisión alegaron que este no se aplica a los jueces cuando se trata de negar el acceso a la justicia a terceros, pues no podía desconocerse o retrasar la aplicación de un derecho que tiene precedente constitucional de obligatorio cumplimiento como el matrimonio igualitario.Aunque el juez Flórez Torres fue sancionado en primera instancia con destitución y 15 años de inhabilidad, tras una revisión en segunda instancia, la Comisión decidió absolverlo de algunos cargos disciplinarios relacionados con el desconocimiento del precedente constitucional y reducir la suspensión e inhabilidad de 15 a un año.Sin embargo, se sentó un precedente en torno a la defensa de las parejas del mismo sexo, para que no sea negada la realización de sus ceremonias de unión, pese a las objeciones religiosas que se tengan al respecto.