El pasado fin de semana la cantante Shakira terminó su gira por Centroamérica, cerrando con cinco fechas en El Salvador. Después de esto la barranquillera llegó en un vuelo charter a su ciudad natal que estaba en plena época de Carnaval.El arribo lo hizo junto a sus dos hijos Milan y Sasha para aprovechar y visitar a sus padres, pero también con otro objetivo y era el de grabar un video músical junto con el cantante Beéle. El también barranquillero que el sábado de Carnaval se presentó se presentó en el Metroconcierto.Lo que se conoce es que los artistas acordaron grabar el video de una canción que aún no se conoce.Blu Radio logró conocer que en avanzados horas de la noche del martes fue cerrado el paso por una zona del Malecón y se vieron a lo lejos unas cámaras. El rumor de la presencia de la artista en la ciudad aumentó luego de que sus seguidores vieran que en las redes de integrantes del equipo de producción de Shakira, estos compartieron fotos en Barranquilla.Una de las publicaciones fue hecha por Keityn, el productor de Shakira, quien en su cuenta de Instagram publicó una fotografía tomada en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, además de otra imagen en un reconocido restaurante de la ciudad.Una de las locaciones escogidas para grabar el video fue el Barrio Abajo, en un sector conocido como el Museo Abierto, zona que recientemente fue dispuesta al turismo. Hasta allí logró llegar Blu Radio y encontró el montaje de lo que sería la nueva producción musical.Este medio conoció además que integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, quienes estuvieron desfilando por la vía 40 durante El Carnaval haciendo un homenaje al sombrero vueltiao, están participando de la filmación
Cartagena de Indias se prepara para recibir a 9.500 corredores de 15 países en la novena edición de la Media Maratón del Mar 2026, programada para el próximo domingo, 22 de febrero. Con este evento, la ciudad heroica abrirá el calendario del running en Colombia mezclando deporte, turismo y proyección internacional.Más del 80 % de los inscritos llegarán desde más de 30 departamentos del país, mientras cerca de 400 atletas serán extranjeros. El flujo de visitantes convierte la carrera en una prueba logística para la capital de Bolívar.Recorrido Media Maratón del Mar 2026El recorrido partirá desde el Puerto de Cartagena y atravesará corredores urbanos y turísticos emblemáticos. Es una de las pocas competencias de media maratón en el mundo que inicia en un entorno portuario, un rasgo que refuerza su identidad.Logística, Expo y movimiento económicoLos días 20 y 21 de febrero se realizará la Expo Media Maratón del Mar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Allí se entregarán los kits oficiales y participarán cerca de 85 marcas vinculadas al deporte, la salud y el bienestar.La organización espera alrededor de 20.000 visitantes durante la feria, lo que impactará sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio. La carrera se consolida como un motor de turismo deportivo en temporada alta.El evento también incluye la MMM Kids, con recorridos de 1 y 2 kilómetros para niños y niñas. La apuesta amplía el alcance familiar y fortalece la cultura del running en la ciudad.Medalla, camisetas y presencia éliteLa edición 2026 presentó su medalla inspirada en el faro del Club Naval de Cartagena, símbolo de guía y perseverancia. El diseño integra elementos gráficos asociados al mar Caribe y al movimiento.Las camisetas oficiales fueron desarrolladas por ASICS, aliado técnico del evento durante los últimos cuatro años. La marca también tendrá en competencia a figuras como Kellys Arias y David Gómez González.El reto del clima y la preparación médicaMás allá del número de participantes, el principal desafío será el clima cálido y la alta humedad de Cartagena. La dirección médica recomendó llegar con al menos 48 horas de anticipación, priorizar la hidratación y evitar esfuerzos intensos previos.Durante la carrera, síntomas como mareos, náuseas o visión borrosa deben tomarse como señales de alerta. El operativo contará con ambulancias medicalizadas, desfibriladores y personal de atención prehospitalaria en distintos puntos del recorrido.
Las graves afectaciones que dejan las fuertes lluvias en Bolívar mantienen en alerta a las autoridades, que tras un Consejo de Gestión del Riesgo declararon la calamidad pública en el departamento.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que esta declaratoria busca acelerar acciones de atención, mitigación y recuperación de las poblaciones afectadas.“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, explicó el gobernador Arana.De acuerdo con el Consejo de Gestión del Riesgo, especialmente en el sur de Bolívar, se registran inundaciones activas en varias zonas, erosión acelerada y amenazas de sequía que “ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”.Asimismo, según la Gobernación de Bolívar, actualmente hay 15 declaratorias de calamidad pública en municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. En el departamento, aunque continúa el censo de afectaciones, hay más de 15 mil personas damnificadas.
Hasta el despacho de la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, llegó una carta firmada por el alcalde Alejandro Char en la que se solicita tener en cuenta el interés de esta administración de operar, mantener y culminar las obras alrededor del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.La solicitud se basa en que esta infraestructura es catalogada como la principal puerta de ingreso de los turistas que llegan a la ciudad, y ahora mismo, según la Alcaldía, está generando una impresión desfavorable y tampoco corresponde al estándar que Barranquilla busca proyectar.Son tres millones de usuarios los que, según la autoridad, se mueven por este aeropuerto con fallas en los sistemas de climatización, limitaciones en la sala de recibo de equipajes y una prestación insuficiente de servicios básicos, especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje.Por eso, dice la Alcaldía que tienen el interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras, con las que se quiere posicionar a la ciudad como hub turístico.“En ese marco, el Distrito de Barranquilla manifiesta su interés y capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con un enfoque de gestión orientado a resultados verificables. El propósito es concreto: mejorar niveles de servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria cerrar brechas operativas derivadas de obras inconclusas, bajo estándares exigibles y coordinados con la autoridad aeronáutica, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable”, se puede leer en el comunicado.Así las cosas, la carta termina con una invitación a participar en mesas técnicas en las que se avancen en las gestiones para este fin.“En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla, así como, de encontrarse procedente, la estructuración y eventual suscripción del instrumento jurídico correspondiente. Del mismo modo, el Distrito manifiesta su disposición para participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones necesarias que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna”, culminan.
Terminó una de las temporadas más emocionantes en la historia del Desafío del Canal Caracol. En Cartagena, y luego de una larga travesía, el deportista Anthony Zambrano se quedó con el rótulo de ganador de la edición del 2026.El atleta olímpico logró llegar primero que su rival 'Rata' a la cima del edificio en la ciudad amurllada y así tocar el trofeo para quedarse con el jugoso premio del Desafío Siglo XXI.¿Cuánto dinero ganó Zambrano?Luego de recibir una tarjeta débito gigante, Zambrano agradeció a Andrea Serna tras confirmarse que se llevó 600 millones de pesos, de los cuales, un porcentaje será para su compañera de esta recta final Myrian.De acuerdo con su declaración en las redes oficiales del Desafío, Zambrano aseguró que le dará el 50 % de su premio a su actual pareja, es decir, Myrian ganó 300 millones de pesos."Se lo merece, una mujer que luchó, lloró conmigo, estuvo en las buenas y en las malas", dijo Zambrano.Asimismo, Zambrano contó que con ese dinero pagará algunas deudas que tenga, le dará una sorpresa a su mamá, un regalo a sus familiares. También montar un negocio para su madre.Por su parte, Myrian quiere arreglar su casa, viajar con su hijo y montar su negocio.Premio sorpresaAdemás, Andrea Serna los sorprendió con una cajita que contenía la camiseta de la Selección Colombia y la confirmación de un viaje a México con todos los gastos pagos para ver un partido de la tricolor de la fase de grupos del Mundial de la Fifa 2026 que se desarrollará en junio.
En una final histórica que mantuvo a todo el país en vilo, el deportista olímpico Anthony Zambrano, conocido simplemente como Zambrano en ‘La Ciudad de las Cajas’, se alzó con el título de ganador del ‘Desafío Siglo XXI’. El triunfo se selló este 17 de febrero durante la emisión del capítulo 138 del Desafío, tras superar un extenuante recorrido que culminó en las playas de Cartagena.Sobre la final dividida La Gran Final del reality se definió en dos etapas cruciales. La primera parte consistió en una exigente prueba en el Box Negro, donde el competidor, conocido como Rata logró imponerse, llevándose un premio de 600 millones de pesos y una motocicleta. Sin embargo, el destino del trofeo principal y de los otros 600 millones de pesos se definiría en una travesía de largo aliento desde Tobia hasta la “Heroica”.El giro inesperado: sanción y remontada A pesar de que Rata inició la segunda fase con ventaja gracias a la moto obtenida, un error reglamentario cambió el rumbo de la competencia. Rata y su compañera Valentina recibieron una sanción por romper una regla durante el trayecto a Cartagena, lo que les hizo perder la delantera.Esta situación fue aprovechada por Zambrano, quien junto a Myrian, logró sobrepasar a sus rivales en el camino. Un beso de celebraciónTras un maratónico recorrido que terminó con un beso de celebración al llegar a la meta, el atleta olímpico ratificó su resistencia y estrategia, logrando que su nombre sea grabado para siempre en la copa de los vencedores.Con esta victoria, Zambrano no solo se consolida como un referente del deporte, sino también como el máximo triunfador del reality más importante de los colombianos.
De cara a las elecciones 2026, la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, en diálogo con Recap de Blu Radio aseguró que, de ser elegida presidenta, quiere sentar a todos los sectores para construir país sin importar los ideales, incluso, meses atrás en redes sociales aseguró que “estaba casada con un mamerto”.“Las personas consideran que las diferencias ideológicas lo hacen a uno incompatible personalmente y es una cosa ridícula. Vengo de una familia donde mi tía/abuela era no solo gobernadora, sino ministra del general Rojas Pinilla y mi abuelo era conservador y hacía oposición, el hermano de ellos era comunista. La otra era hermana era liberal y un domingo podrían conversar. Mi marido sigue siendo mamertico, ya no porque vota por mí”, dijo la precandidata entre risas.Paloma Valencia se confiesa: ¿su esposo votó por Petro?Entre risas, la precandidata dijo que no, su esposo no votó por Petro, pero tampoco lo hizo por Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, sino que en aquella ocasión le depositó su confianza en la primera vuelta a Sergio Fajarda y mencionó que, si actualmente no fuese candidata, seguramente lo volvería a hacer.“Si usted lo dejara, él habría votado mucho más… Votó en blanco, no quiso hacerlo por Rodolfo ni por Fico. Votó por Fajardo en ese momento (…) Es como de centro izquierda, algo por el estilo, pero creo que estar casada con alguien que piensa distinto a uno, pues le da a uno ocasión de pensar más ampliamente y de no estigmatizar. La política interesante es la que conversa”, dijo.¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?Tomás Rodríguez, esposo de la precandidata, ha construido su camino lejos de la política y se ha dedicado a la docencia, investigación y familia, conociéndola en la Universidad de los Andes.Hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente; su madre, Carme Barraquer, médica e investigadora, de una dinastía médica de origen catalán.Él se graduó de Economía en la universidad y hoy es docente de esta, forjando cada día un camino en la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.
La Compañía Energética de Occidente denunció que trece técnicos de la empresa contratista Union de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.Los hechos se registraron en la vía que conecta al casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto hará que las condiciones de seguridad se restablezcan para realizar estas actividades.En el documento se indicó que, "este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona".Las autoridades en el municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible.
Este 17 de febrero, la gran final del Desafío del Siglo XXI, de Caracol Televisión, sorprendió al conocerse el nuevo ganador. Tras un recorrido maratónico que puso a prueba la resistencia física y la estrategia mental, el atleta olímpico Zambrano se convirtió en el gran ganador al llegar de primero a Cartagena de Indias, acompañado por Miryan, su aliada en la recta definitiva.El cierre fue emotivo: un beso de celebración al cruzar la meta selló una victoria que ratificó el temple competitivo del deportista y aseguró que su nombre quedara grabado para siempre en la copa de los vencedores.La emoción aumentó cuando Andrea Serna confirmó el botín del triunfo: 600 millones de pesos. Sin dudarlo, Zambrano anunció que entregará el 50 % del premio a su actual pareja, Miryan, quien así se lleva 300 millones de pesos por su papel clave en la final de la competencia.Pero el premio no terminó ahí. La dupla también recibió un viaje a México con todo incluido para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026 —aunque aún no se ha confirmado el partido específico—, además de dos motos y dos teléfonos celulares.¿Quién es Zambrano?Con 26 años, Zambrano es un atleta olímpico nacido en La Guajira y criado en Barranquilla. Ingresó al proyecto de Caracol Televisión y fue seleccionado por Gio para integrar Gamma, la casa que se convirtió en su identidad a lo largo de la competencia, aunque también tuvo paso por Omega.
De las 16.800 llamadas que recibió la Policía a su línea de emergencia durante el Carnaval, 1.325 fueron por riñas registradas en Barranquilla y municipios del Atlántico, y más de 900 por otras situaciones relacionadas con alteración del orden público.Solo en la ciudad y su área metropolitana se impusieron 1.026 comparendos por violar el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 332 personas debieron ser conducidas a la UCJ por mal comportamiento, sin obviar que se desmontaron 73 picós que estaban amenizando fiestas sin autorización y a muy alto volumen.A lo anterior también se suman capturas por diferentes delitos e incautaciones de armas, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla."Podemos informar que se han producido 118 capturas por diversos delitos, una de ellas por orden judicial y las demás en flagrancia. Se ha logrado la incautación de 18 armas de fuego y 345 armas cortopunzantes o blancas, mientras que cuatro vehículos y cuatro motocicletas han sido recuperadas", indicó el oficial frente a los operativos realizados en Barranquilla y su área metropolitana.En el resto de los municipios del Atlántico se realizaron 19 capturas en flagrancia y se logró la incautación de cuatro armas de fuego, una arma traumática y 32 armas blancas. Además, se realizaron 65 comparendos, de los cuales 20 fueron por riñas, contribuyendo a la prevención de hechos de intolerancia.En materia de movilidad hay que decir que en todo el departamento se impusieron 1.998 comparendos de tránsito y se inmovilizaron 162 vehículos por diferentes infracciones, entre esas conducir en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que de las más de 80 pruebas de alcoholemia practicadas, más de 50 resultaron positivas.
Barranquilla demostró una vez por qué su Carnaval es la fiesta más grande de Colombia al acoger y poner a gozar a más de 6 millones de personas hasta el miércoles de Ceniza, una temporada en la que se llevaron a cabo más de 500 eventos, de los cuales 380 fueron gratuitos y donde se lucieron más de 800 expresiones culturales.La ciudad recibió a más de 820.000 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas nacionales y el 23% internacionales, provenientes de países como Alemania, Estados Unidos, México, España, Brasil y Australia; razón por la que la ocupación hotelera alcanzó un 90% y el movimiento económico superó los 840.000 millones de pesos durante los días de fiesta.Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó el auge de este Carnaval que, además, generó 195.000 empleos directos e indirectos."Nuestro Carnaval brilló como ese patrimonio que tiene una proyección global y esta vez sin precedentes. Tuvimos de verdad un aforo impresionante. Fueron más de 6 millones de espectadores que disfrutaron de nuestro Carnaval tanto presencial como a través de las diferentes plataformas", expresó Aljure en diálogo con Blu Radio.Y es que Barranquilla y su Carnaval 2026 lograron un impacto mediático y digital histórico, alcanzando más de 500 millones de usuarios en el ecosistema digital. Con cerca de 9.000 publicaciones en medios de comunicación y una conversación internacional que llegó a 48 países en entornos digitales, manteniendo un 80% de tono positivo.Más de 42 toneladas de residuos recogidasUna operación liderada por la Alcaldía y Carnaval de Barranquilla para mantener los espacios limpios y seguros permitió recolectar 42.3 toneladas de residuos sólidos durante los eventos de precarnaval y Carnaval.Se trató de una iniciativa que involucró a 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones y quienes trabajaron por el aprovechamiento de estos residuos sólidos, reincorporando materiales a la economía circular y evitando su disposición en el relleno sanitario."Apostamos por un Carnaval incluyente y sostenible. Desde el punto de vista de la sostenibilidad fueron más de 42 toneladas de residuos que nosotros recuperamos, trabajamos con más de 200 recicladores que estuvieron siempre ahí. Yo acompañé en la carroza de la triple A, estuvimos con nuestros escobitas, esos hombres y mujeres que se levantan todos los días y están bajo sol o lluvia trabajando por tener una ciudad limpia y linda", destacó Aljure.La funcionaria resaltó que el compromiso ambiental también se reflejó en la reducción del 40% en el uso de icopor, sustituido por papel, cartón y materiales reciclables, así como en la instalación de 60 puntos ecológicos, la entrega de 5.000 bolsas de recolección y la capacitación de 3.890 personas en buenas prácticas.
El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales. “Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo. “Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias. “Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades. “Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas. En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, permanecerá cerrado. La medida quedó consignada en la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y responde a un escenario que las autoridades califican como “condiciones de riesgo público” al interior del área protegida.La decisión se toma después de varios episodios de tensión en los accesos al parque, especialmente en el sector de El Zaino y en la zona de Cañaveral. Según el acto administrativo, en las últimas semanas se registraron bloqueos, cobros no autorizados a visitantes, ingreso irregular de turistas sin controles oficiales y actos de intimidación contra el personal del parque, al punto de impedirles la entrada e incluso exigir que no portaran sus uniformes.El detonante más reciente fue la intervención realizada el 11 de febrero en Cañaveral, donde Parques Nacionales, con apoyo de autoridades judiciales, adelantó medidas contra ocupaciones y construcciones turísticas ilegales dentro del área protegida. Tras ese operativo, comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas directas contra la jefe del área y su equipo, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los funcionarios y de los propios visitantes.El 16 de febrero, la situación escaló: desde primeras horas de la mañana se reportaron bloqueos en la entrada de El Zaino y luego en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el acceso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes por afectaciones en senderos e infraestructura a causa de las recientes lluvias. Ante este escenario, el personal de Parques se vio obligado a retirarse de los accesos, quedando sin control efectivo sobre quién entraba y en qué condiciones al Tayrona.La resolución recuerda, además, que el territorio del parque y su zona de influencia ya habían sido identificados como escenario de riesgo por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025, donde se advierten amenazas a la vida, integridad y seguridad de servidores públicos y comunidades por parte de grupos armados ilegales que ejercen control territorial en áreas protegidas. Ese contexto, sumado a las intimidaciones recientes, llevó a Parques Nacionales a concluir que la permanencia de turistas y trabajadores al interior del Tayrona supone hoy un riesgo inaceptable.En consecuencia, el artículo primero de la resolución ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona “con el fin de minimizar los riesgos a la vulneración de los derechos constitucionales y fundamentales a la vida, la integridad física, psíquica y moral, la seguridad y la libertad” de guardaparques, personal de la entidad, turistas y cualquier persona dentro del área. El segundo artículo prohíbe expresamente el ingreso de visitantes y de prestadores de servicios ecoturísticos mientras esté vigente la medida.El cierre no tiene una fecha fija de reapertura. La resolución señala que la medida se mantendrá hasta que se evidencie una mejora en la seguridad y la gobernanza al interior del parque, y condiciona su levantamiento a un concepto técnico favorable que deberá emitir la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales.En paralelo, la Dirección Territorial Caribe deberá coordinar espacios de diálogo con instituciones públicas, actores privados y comunidades para construir salidas que permitan normalizar la operación turística sin poner en riesgo a quienes habitan o visitan el Tayrona.El Gobierno convocó a varios actores a rodear la decisión: Ministerios de Ambiente e Interior, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerza Pública, Guardacostas y autoridades indígenas de la Sierra Nevada, entre otros, fueron notificados formalmente del cierre y deberán apoyar su implementación y seguimiento en terreno.Mientras tanto, la instrucción es clara: no habrá preventa de boletería ni acceso al área protegida, y la prioridad será restablecer el control institucional y las condiciones de seguridad en uno de los parques más visitados del país, que ahora se encuentra en pausa forzada por cuenta de un conflicto donde se cruzan intereses turísticos, comunitarios, ambientales y de seguridad en el Caribe colombiano.
En Montería se intensifican las lluvias. La tarde de este martes, una tormenta eléctrica llevó a la suspensión de un partido de fútbol, mientras que la hidroeléctrica Urrá alertó a la comunidad para que este atenta, pues se ha dado un incremento de las precipitaciones en la cuenca aportante al embalse.Por el momento, las autoridades no reportan nuevas emergencias.La caída de un torrencial aguacero acompañado de tormenta eléctrica en Montería, llevó esta tarde a la suspensión del partido entre Jaguares de Córdoba y el Independiente Santa Fe, a los 10 minutos de haber iniciado el encuentro en el estadio Jaraguay.La intensidad de las lluvias también llevó a que la hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado alertando a la comunidad que se han incrementado las lluvias en la cuenca aportante al embalse, por lo que se recomienda a las comunidades ribereñas estar alerta ante eventuales incrementos en los niveles de agua del río Sinú.Debido a esta condición, reiteraron a las comunidades que se mantengan alertas en las zonas ribereñas del río Sinú, y atender las recomendaciones de las autoridades de riesgo y organismos de socorro.Vale decir que el reporte del ideam advierte que estás lluvias intensas sobre toda la cuenca del río, se mantendrán hasta el jueves. Al respecto el meteorólogo Cristian Arango."Nuestros sensores detectaron precipitaciones a lo largo del río Sinú y para esa zona, desafortunadamente, por lo menos hasta el jueves nos vamos a mantener este tipo de lluvias", Arango.Las lluvias también persistirán en Sucre, el centro y sur de Bolívar y varios municipios del Cesar.
Un grupo de por lo menos 15 estudiantes de la Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione de Riohacha, resultaron gravemente afectados en sus cuerpos debido a que al parecer uno de sus compañeros le roció hidróxido sódico o soda cáustica, la cual se utiliza para destapar cañerías.La mayoría de estos niños entre los 10 y 13 años de edad fueron remitidos a la Clínica Cedes de la capital guajira donde algunos registran pérdida de cabello por efecto del potente ácido; otros tienen quemaduras de segundo y tercer grado en los ojos, partes de la cara, la espalda y las extremidades.“Tenemos el reporte de un niño que hasta el momento es el que registra más gravedad porque el ácido le cayó en la boca y alcanzó a tomar parte de este”, expresó uno de los galenos que atiende a los niños.La molestia de los familiares de los menores hospitalizados es que la institución hasta ahora no se ha pronunciado frente al grave hecho."Hay uno con bastante gravedad porque ingirió porque respiró. Hay niños que les afectó la vista, sin embargo no son de gravedad, pero sí les ha manifestado la vista. Tengo a mi hija tengo a mi hija que tiene quemaduras en el hombro derecho en la parte de la cara y dentro del ojo no les afectó la córnea, pero sí, le afectó la parte de las pupilas y todo eso”, dijo Heneris Mejía, madre de una niña con quemaduras en su cuerpo.La Alcaldía de Riohacha y la Secretaría de Educación Distrital tampoco se han pronunciado sobre el hecho.
Se confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario que un juez determinó sobre Jhordan David Rosales Guzmán, quien sería responsable del delito de homicidio agravado, durante una riña en Barranquilla.La investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Atlántico, da cuenta de que el pasado 2 de junio el ahora implicado en medio de una riña, al parecer, habría asesinado con arma blanca a un amigo en el barrio Rebolo, ubicado en el suroriente de Barranquilla.El ataque, al parecer, se produjo ante el llamado de atención que le hiciera la víctima de 47 años a Ojeda Rodríguez para que dejara de hurtar las pertenencias de las personas que transitaban por el sector.Según la Fiscalía el procesado huyó del lugar, pero por orden judicial la Policía Nacional materializó su captura el pasado 2 de septiembre en el barrio Santo Domingo de Guzmán de la capital de Atlántico.En las audiencias de control de garantías, el hombre de 19 años no aceptó su responsabilidad en el delito imputado.Cabe recordar que hay preocupación en el Atlántico por una ola de violencia que, por ejemplo, en las últimas horas acabó con la vida de una niña de 11 años en el municipio de Baranoa, Atlántico, que fue alcanzada por una bala pérdida cuando se encontraba en la terraza de su casa.El lamentable hecho se registró hacia las 9:15 de la noche del jueves en el barrio La Primavera, cuando sicarios que se movilizaban en un motocarro, atentaron contra dos cobradiarios o ‘gota a gotas’ que transitaban por el sector en una moto, quienes resultaron heridos.De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los proyectiles siguió otra trayectoria e impactó a la niña que se encontraba en la terraza de su casa. La mejor fue remitida a la clínica Reina Catalina de Baranoa, donde horas después falleció.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó a la exsecretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación de Atlántico, Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz; y al subsecretario de Gestión Agropecuaria de Atlántico, Martín Rafael Atencio García, como posibles responsables de las irregularidades detectadas en el proceso de contratación de cascos en fibra de vidrio para lanchas de pesca artesanal. A los exfuncionarios, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, informó el ente que se les atribuye los delitos de contratos sin cumplimientos de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Adicionalmente, a Sarmiento Ortiz le fueron formulados cargos por falsedad en documento privado y fraude procesal. La exsecretaria de Desarrollo Económico, en mayo de 2014 de acuerdo a la autoridad, ordenó abrir una licitación por 1.000 millones de pesos para el suministro de 170 cascos. El valor de cada elemento se fijó en su momento en algo más de 5’800.000 pesos, desconociendo una consultoría previa que estableció un costo menor. Este proceso finalmente fue declarado desierto por falta de oferentes. Posteriormente, el 10 de julio de 2014, la exfuncionaria dispuso poner en marcha un mecanismo de selección abreviada para la compra de 200 cascos. En ese sentido, el 12 de septiembre de 2014, fue suscrito con una fundación privada un contrato por 980 millones de pesos. “Las evidencias dan cuenta de que Sarmiento Ortiz habría acordado favorecer a un contratista que no cumplía con los requisitos legales exigidos, no tenía experiencia ni capacidad suficiente para elaborar las lanchas, carecía de un astillero en Atlántico y de musculo financiero. En ese sentido, fueron modificados los pliegos de condiciones, el comité evaluador calificó indebidamente la propuesta comercial, se validaron documentos con información falsa y, a través de un contrato de prestación de servicios por 17 millones de pesos, se vinculó a un profesional para que brindara asesorías al adjudicatario”, se puede leer en un comunicado de la Fiscalía. “En el curso de la investigación se conoció que, el 24 octubre de 2014, un día antes de acabar el plazo de entrega, el contratista tan solo había suministrado 32 de los 200 cascos que se comprometió a fabricar en 29 días. Por lo anterior, las partes acordaron suspender el contrato con el supuesto argumento de afectaciones por la fuerte temporada de lluvias, sin establecer el tiempo del aplazamiento para permitir a la fundación elaborar los elementos restantes. Para el 12 de diciembre de 2014, fue reactivado el contrato y se entregaron los 168 cascos que faltaban”, agregan. A su vez, Atencio García, como integrante del comité evaluador, presuntamente valoró los documentos presentados por el contratista, otorgó una calificación superior a la real y recomendó asignar el contrato por encima de otros oferentes más competentes. El entonces subsecretario de Gestión Agropecuaria, según la Fiscalía durante la ejecución del objeto previsto, fue nombrado supervisor del contrato y, ante el incumplimiento de la fundación, no alertó sobre las demoras y dejó que pasaran los días para que el contratista cumpliera.
Consolidar los diamantes de seguridad para los candidatos presidenciales, de modo que se pueda establecer el mejor esquema según sus niveles de riesgo, hace parte de las tareas en las que hoy está enfocada la Policía, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección."La intención es consolidar la seguridad individual, consolidar la seguridad en los desplazamientos y toda esa estrategia implica que tenemos más policías, mejor seguridad, más articulación con la Unidad Nacional de Protección", manifestó el general Carlos Fernando Triana, director nacional de la Policía, durante su visita a Barranquilla."Al final, la idea aquí es que no pase absolutamente nada, garantizar la seguridad de todas estas personas que son líderes por naturaleza en los territorios", agregó.El pronunciamiento del director de la Policía se da en medio de la alerta que lanzó el Gobierno sobre que no hay suficientes vehículos blindados para proteger a los candidatos.Al respecto, el general Triana insistió en que la Policía seguirá reforzando las estrategias para garantizar la integridad de cada uno de los que participan en estos comicios.Antes, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, también ha dicho que se están buscando varios caminos, entre ellos, recurrir a acuerdos con gobiernos extranjeros para suplir las necesidades de vehículos blindados.
Este martes Barranquilla clausuró su Carnaval 2026 con los tradicionales desfiles que representan el entierro de Joselito. El primero de estos recorridos se cumplió en el norte de la ciudad con cortejos fúnebres, danzas y disfraces.Los tradicionales desfiles de “Joselito se va con las cenizas”, marcó el cierre de una temporada carnavalera y, con letanías y demás expresiones culturales, los barranquilleros le dieron el último adiós al Carnaval 2026.En varias calles de la ciudad, los barranquilleros, a su manera, despidieron a Joselito Carnaval. Una de estas manifestaciones se pudo ver en el barrio La Magdalena, donde un grupo de personas simuló un entierro con ataúd y todo en despedida al tradicional personaje de las carnestolendas.Un luto cargado de diseño y tradiciónEl cortejo fúnebre simbólico estuvo liderado por la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, quien cautivó a los asistentes luciendo el traje ‘El luto es venganza’. Esta pieza, diseñada y confeccionada por estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe, se convirtió en un tributo a la creatividad local y a la formación académica del diseño en la región.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
Lo que debía ser un accidente de tránsito menor en plena zona turística de El Rodadero terminó convertido, según una denuncia ciudadana, en un episodio de intimidación armada. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo chocó contra una tricimoto y que, en lugar de que la situación fuera atendida por agentes de tránsito o la Policía, al lugar llegaron cinco hombres armados que se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Moisés relató que estos hombres asumieron el rol de “autoridad” en la vía y, bajo presión, le habrían exigido a su hijo el pago de 1,5 millones de pesos para no “llevárselo para la Sierra Nevada”. El defensor señaló que este episodio no sería un caso aislado, sino la muestra de cómo esa estructura ilegal estaría manejando conflictos cotidianos en El Rodadero, desde choques simples hasta disputas entre particulares, por fuera de cualquier marco institucional.La denuncia también revive las alertas por el control territorial y la extorsión en este corredor turístico de Santa Marta, donde comerciantes, pequeños operadores y conductores han reportado cobros ilegales y presencia visible de hombres armados. “Para muchos, ellos son la máxima autoridad en el sector”, advirtió Moisés en su testimonio.Horas después de que se conociera el caso, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra difundieron un comunicado en el que negaron haber participado en el hecho y rechazaron las amenazas denunciadas. Sin embargo, en el mismo texto reconocen lo siguiente:"Por décadas hemos ejercido un control territorial de área por la inasistencia de los gobiernos”, fue la declaración que reaviva el debate sobre la capacidad real del Estado en esta zona de la región Caribe.Ante la gravedad de la denuncia, la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación de Santa Marta, Jennifer del Toro, pidió la intervención de la Fiscalía y de unidades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido, establecer si se trató efectivamente de hombres pertenecientes a esa estructura armada y garantizar medidas de protección para la familia de Moisés y otros posibles denunciantes.Desde Blu Radio se consultó a las autoridades sobre este caso. Hasta el momento no se han entregado detalles públicos sobre avances de la investigación, pero el llamado de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es claro: que el Estado recupere el control institucional en El Rodadero y que ningún grupo armado imponga su ley en uno de los principales destinos turísticos del país.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, tras una auditoría a los dineros del Sistema General de Participaciones para educación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la infraestructura educativa de la vigencia 2024. El organismo de control determinó hallazgos fiscales por 17.394 millones de pesos.El caso más grave tiene que ver con la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en El Banco, donde la obra está inconclusa y abandonada, pese a una inversión cercana a 9.150 millones de pesos. Según la Contraloría, hubo incumplimientos reiterados del contratista, fallas en la gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena.En Santa Marta, el ente de control puso la lupa sobre el convenio para el apoyo a las Fiestas del Mar 2024, por más de 5.206 millones de pesos. Aunque en los informes se reporta una ejecución del 100 %, la Contraloría advierte que no hay evidencia documental suficiente que demuestre que todas las actividades contratadas se llevaron a cabo, lo que impide verificar el uso real de los recursos y configura un posible hallazgo fiscal. La falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Secretaría de Cultura Distrital es uno de los puntos señalados.El informe también encontró un detrimento por 818 millones de pesos en el departamento, al pagarse con recursos del Sistema General de Participaciones – Educación los salarios y prestaciones de nueve docentes con permiso sindical permanente, que no habrían desempeñado funciones propias del cargo durante 2024. Para la Contraloría, esto evidencia fallas en el control de la nómina y en la aplicación de los criterios de necesidad y razonabilidad para la concesión de estos permisos.En el contrato 0792 de 2024 del PAE en el Magdalena, el organismo halló pagos por concepto de intereses sin soportes claros, así como movimientos por 1.000 millones de pesos en la cuenta del operador UT PAE Magdalena, sin justificación suficiente. La interventoría financiera tampoco habría reportado estos pagos, lo que configura un posible detrimento por 1.520 millones de pesos y refleja una supervisión deficiente del programa.La Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, y pidió mejorar de manera urgente la gestión financiera y administrativa para garantizar que los recursos destinados a educación e infraestructura escolar lleguen efectivamente a la comunidad.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.