“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
Desde $10.000, cualquier persona puede sumarse al Concierto Cultura Solidaria y apoyar a miles de familias afectadas por la temporada de lluvias en el departamento de Córdoba y en la región de Urabá. La donación se puede realizar comprando la boleta a través de la página de Tuboleta, incluso por un monto superior. El evento se llevará a cabo este domingo 22 de febrero, desde las 3:00 de la tarde, en el Teatro Colón de Bogotá, en Bogotá, y contará con la participación de más de 10 artistas nacionales e internacionales.https://tuboleta.com/es/eventos/concierto-cultura-solidaria“En Colombia, cuando más duele, la cultura se levanta como fuerza solidaria. Este domingo, artistas de todo el país estarán en el escenario con una convicción: ninguna familia debe enfrentar sola una emergencia”, afirmó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona.La jornada busca movilizar a la ciudadanía en torno a la causa humanitaria urgente. Entre los artistas invitados están Ana del Castillo, Cabas, César Mora, Ilona, Delfina Dib, Gabriela Ponce, Lucio Feuillet, Kei Linch, María Fuell, Nicolás Fella, la Orquesta Sinfónica Nacional, Yoky Barrios, El Barragán y 1280 Almas, quienes se unen para transformar el escenario en un espacio de solidaridad.La iniciativa cobra especial relevancia en medio de una emergencia que ya deja más de 69.000 familias afectadas en al menos 16 departamentos del país. En Córdoba, cerca del 80 % de los municipios han sufrido impactos por inundaciones, con unas 150.000 personas damnificadas y más de 11.200 hectáreas de cultivos afectadas. En Urabá, al menos 7.000 familias han resultado perjudicadas por las lluvias.“Hay hogares que necesitan nuestro apoyo, gente que resiste en medio de calles y cultivos inundados. Artistas y músicos nos uniremos por un mismo propósito: darle una mano a nuestro pueblo. Acompáñennos”, afirmó César Mora, actor y músico colombiano.El total de los recursos recaudados será entregado a la Cruz Roja Colombiana, que ejecutará directamente en territorio acciones de asistencia humanitaria, agua y saneamiento, salud, albergue y recuperación de medios de vida.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 20 de febrero de 2026:El exjugador y técnico argentino Rubén Capria se refirió al presente del colombiano Juan Fernando Quintero y analizó su rendimiento.Debate por el rumor de que Falcao García pueda jugar el Mundial con Colombia si cumple ciertos requisitos.Radamel Falcao García sufrió una leve lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, pero alcanzaría a llegar al duelo frente a Atlético Nacional.Este fin de semana arranca la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor.Junior puso en la mira a Grêmio y Botafogo por retrasos en los pagos de José Enamorado y Jordan Barrera, respectivamente.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
El consumo de lácteos en Colombia mostró una recuperación durante 2025, marcando un punto de inflexión para un sector que venía de atravesar años complejos. De acuerdo con el índice de gasto de los hogares de Raddar, el consumo de leche y derivados creció 3,5 % al cierre del año, consolidándose como el repunte más importante de los últimos cuatro años.En 2024 el aumento fue leve, de apenas 0,9 %, mientras que en 2023 y 2022 se presentaron caídas pronunciadas del 6 % y 9 %, respectivamente. Estos descensos encendieron las alertas dentro de la industria, que tuvo que responder con estrategias enfocadas en fortalecer la cadena productiva, innovar en la oferta y promover información basada en evidencia sobre los beneficios nutricionales de estos productos.Según Asoleche, gremio que agrupa a la industria láctea, junto con el Ministerio de Agricultura se adelantó un estudio para entender las razones detrás de la reducción en el consumo. El análisis reveló que uno de los principales factores fue la influencia de recomendaciones difundidas por figuras públicas y creadores de contenido en redes sociales.“Encontramos dos fenómenos preocupantes. Primero, profesionales de la salud que, incluso sin un diagnóstico clínico que lo justifique, eliminan sistemáticamente los lácteos de la dieta de sus pacientes. Segundo, influencers y figuras públicas que, sin ningún sustento científico, desaconsejan el consumo de leche en redes sociales”, explicó Ana María Gómez, presidente ejecutiva de Asoleche.Desde el gremio insisten en que la nutrición debe abordarse desde el equilibrio y no desde la prohibición. Recuerdan que los lácteos aportan proteínas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D, fósforo y grasas esenciales para el funcionamiento del organismo.Con este repunte en 2025, el sector lácteo no solo evidencia una recuperación económica, sino también un cambio en la dinámica de consumo de los hogares colombianos, que vuelven a incluir estos productos de manera más activa en su dieta diaria.
El documento establece topes máximos para la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), y obliga a los vendedores a mantener el precio de las viviendas sociales en pesos, sin atarlo al salario mínimo, desde el momento en que el comprador manifieste su interés.El Gobierno nacional publicó un borrador de decreto que modifica el marco regulatorio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con el objetivo de fortalecer la protección de los hogares de menores ingresos y garantizar una mayor transparencia en la comercialización de proyectos habitacionales.Uno de los cambios más relevantes es la obligación para los oferentes de informar el precio total de la vivienda en pesos colombianos desde el momento en que el comprador manifieste su intención de adquirirla, ya sea mediante promesa de compraventa, encargo fiduciario u otros mecanismos contractuales. Ese valor será el único exigible durante la ejecución del contrato, con el fin de evitar incrementos asociados al salario mínimo que no reflejen los costos reales de construcción.La norma establece que el precio máximo de la Vivienda de Interés Social será de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), mientras que la Vivienda de Interés Prioritario tendrá un tope de 90 salarios mínimos. En el caso del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se mantiene un régimen excepcional que permite precios de hasta 280 salarios mínimos para vivienda rural, debido a sus condiciones territoriales y logísticas.El decreto también introduce el principio de interpretación favorable al consumidor y refuerza las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio, que verificará el cumplimiento de las nuevas reglas.Según el Ministerio de Vivienda, la medida busca reducir los riesgos financieros para los hogares de menores ingresos, mejorar la transparencia del mercado inmobiliario y garantizar el acceso efectivo al derecho constitucional a una vivienda digna.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Una actuación preventiva fue la que inició la Procuraduría General de la Nación para verificar las denuncias sobre supuestas irregularidades que habría cometido en materia administrativa, contractual y financiera el hoy ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, cuando fungió como agente especial de la empresa Air-e Intervenida.Para ello, la Procuraduría le envió una solicitud a la Superintendencia de Servicios Públicos para que en un plazo máximo de cinco días hábiles, que se cumplen este viernes, envíe al ente de control información sobre el proceso de intervención de Air-e que inició en septiembre de 2024.Puntualmente, el Ministerio Público pide información sobre 11 ítems relacionados con nombramientos y conflictos de interés, contratos y uso de recursos públicos, y manejo del Fondo Empresarial y pagos efectuados en medio de esta intervención.Palma es cuestionado por contratar a familiares y amigos de él cuando estuvo en la intervenida empresa de energía, por lo que la Procuraduría pide “allegar relación de todos los nombramientos en cargos directivos, gerenciales y de confianza en Air-e desde septiembre de 2024”.De hecho, pide a Superservicios confirmar si tenía “conocimiento de vínculos entre Edwin Palma y Juan Pablo Nieto Egea previo al nombramiento” de este último como gerente de contabilidad de Air-e Intervenida y de quien se conoció que es primo del alto funcionario.En relación al uso de recursos públicos la Procuraduría solicita, entre otras, “detalle completo de contratos suscritos entre octubre de 2024 y agosto de 2025, incluyendo objeto, contratista, valores, modalidades de selección, recursos empleados y estado de ejecución”.Además, pide información sobre “montos totales girados por el Fondo Empresarial a Air-e desde septiembre de 2024, desglose y destino específico de dichos giros (proveedores, acreedores, etc.) y criterios para priorización de pagos y existencia de beneficiarios recurrentes o favorecidos de manera sistemática”.Al final, el ente afirma “la actuación preventiva tiene como objetivo anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública”, pero que ello “no implica, en modo alguno, la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”.
En medio de la conmoción que rodea a la familia Canro y Martínez por la muerte de tres de sus miembros el pasado 11 de julio, en medio de un paseo que estaban realizando en San Andrés para celebrar el día del padre, finalmente se conoció el resultado de la necropsia de Medicina Legal, el cual apuntó que se trató de una anoxia por inhalación de fosfina, un gas incoloro que en altas cantidades puede causar la muerte. Ante esto, el hotel Portobelo, en el cual se registró la tragedia, compartió un comunicado este 28 de agosto en el que lamentaron lo sucedido y manifestaron estar bajo conocimiento del informe del instituto. "De acuerdo con la información oficial, el químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livinsgton & Company E. U., en flagrante violación de los protocolos establecidos. La empresa contratada, en quien confiábamos por su experiencia, reportó haber utilizado sustancias diferentes a las halladas por Medicina Legal en la necropsia, lo que evidencia inconsistencia en su actuación", expuso la administración del hotel. Agregan que la actuación del contratista va en contra de los protocolos que maneja la empresa y también de la normatividad vigente para el caso de fumigaciones. A su vez, manifiestan su disposición en seguir atendiendo cualquier procedimiento dentro de la investigación. De acuerdo con lo dicho por Orlando Canro, padre de una de las víctimas, el olor presentaba un olor como a podrido, pero no les autorizaron el traslado de habitación debido a la alta ocupación que había. Posterior a la tragedia, le indicaron que el cuarto en el que ellos se encontraban no había sido objeto de fumigación, sino el del lado, por lo que piden explicaciones sobre el uso de este químico. Último mensaje Este informe coincide con el último mensaje que Viviana envió a su hija Marjori, a través de una nota de voz, a quien le contó que se sentía incómodos porque la atención no era la mejor y por un mal olor que se percibía en el lugar. "Acabamos de llegar. Este hotel está mohoso. Huele a mojo. No tienen toallas uy no, me dio pena. Me sentí mal con mis papás", contó Viviana en el audio."Yo le dije a la muchacha que por favor me cambiara de cuarto, pero me respondieron todo feo y me dijeron que hoy no, que de pronto mañana. Yo bajé a portería a reclamar. Es que ni siquiera nos llevaron al cuarto", contó la mujer a su hija en lo que fue su última comunicación.
Luego de mes y medio de la muerte de tres miembros de una familia en un hotel de San Andrés, el padre de una de las víctimas dio a conocer el resultado de la necropsia practicada por Medicina Legal, el cual indicó que Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga, y su hijo Kevin Matías Martínez Canro, de 4 años, fallecieron por intoxicación exógena por fosfina. Se trata de una intoxicación por inhalación de un gas que tiene un olor desagradable, parecido al pescado podrido, y el cual, tras una exposición a altas cantidades, puede provocar la muerte falla respiratoria y cardiovascular, asociados a síntomas como vómito, dolor abdominal, dificultad respiratoria y afectaciones al sistema nervioso. Este diagnóstico coincide con la información entregada por Orlando Canro, asociada a una queja por un mal olor que se sentía en la habitación, el cual llevó a Viviana a pedir un cambio a la administración del hotel, lo que no fue concedido de inmediato debido a una alta demanda de turistas.Para Orlando Canro, padre de Viviana, quedan muchas preguntas en torno a este resultado en el que se advierte que los tres murieron por anoxia, es decir, por falta de oxígeno."Yo que llevo años trabajando en obras civiles, entre diferentes químicos, nunca había escuchado de este químico, por lo que para mí queda una duda de esto. Nunca había escuchado de este material. Eso es que hicieron una fumigación, dijeron algo. Que lo habían hecho en el cuarto 405, al lado del de ellos, y que se pasó el olor", indicó.Según indica el informe de Medicina Legal, los cuerpos no presentaban lesiones por golpes, mientras que el de Liliana se hallaba desnudo. Para el caso de los cuerpos de Tito y su hijo Kevin, ambos se encontraban sobre la cama.
Un doloroso hecho causa conmoción en el municipio de Fundación, Magdalena, luego de que una pequeña de solo 3 años perdiera la vida en medio del ataque de dos sicarios en el barrio Rosales. En los mismos hechos resultó herida una adolescente de 17 años, tía de la niña y un joven de 21 años que es su pareja sentimental.El atentado se registró a las 2 de la tarde de este miércoles. Blu radio conoció que los criminales venían persiguiendo al joven de 21 años, quien habría reconocido a los sicarios por lo que corrió a buscar refugio en su vivienda.Los criminales ingresaron al inmueble, pero el joven usó como escudo a la niña y su pareja, lo que no impidió que dispararan.“Se presentó un hecho sicarial dirigido contra un adulto de 21 años. En el violento ataque de manera colateral resultó herida la niña de 3 años y su tía de 17. Aunque fueron trasladadas al centro de salud más cercano, la menor ingresó sin signos vitales”, detalló el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante de la Policía del Magdalena.El estado de salud del joven de 21 años contra quién iba dirigido el atentada es delicado luego de le propinaran cuatro disparos. De la adolescente se conoció que su estado de salud por el momento es estable.La Policía y autoridades locales convocaron un consejo extraordinario de seguridad en el que se espera fijar el monto de una recompensa que permita dar con la captura de los responsables de este crimen cuyo principal móvil apunta a disputas entre el grupo de delincuencia común organizado 'Los Primos' y el grupo armado organizado Clan del Golfo.“La Policía Nacional de manera inmediata desplegó todas sus capacidades institucionales en inteligencia, policía judicial y grupos especiales para dar con el paradero de esos delincuentes y llevarlos ante la justicia. De acuerdo con las primeras hipótesis, hace referencia a disputas criminales entre el denominado grupo delincuencia común organizado' Los Primos' y el grupo armado organizado clan del Golfo. Hacemos un llamado a toda la comunidad para informar a las autoridades la ubicación de los responsables de este hecho delictivo”, detalló el oficial.La Policía habilitó las líneas de teléfonos celulares 3203024329 – 3213945224 para entregar información en absoluta reserva que permita capturar a los asesinos.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.
Indignación en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, por mujer que fue sorprendida transportando a dos menores de edad en una patineta eléctrica.Este hecho quedó registrado en un video captado por conductores que se transportaban por la calle 30 de Barranquilla, una de las vías más transitadas de la capital del Atlántico.Lo que más sorprendió de la grabación fue que una de las menores transportadas en el vehículo eléctrico llevaba en sus brazos a una pequeña niña acostada sobre ella mientras la patineta se movilizaba.Hasta este viernes se desconoce la identidad de la mujer que cometió este hecho, sin embargo, en redes sociales han pedido a las autoridades más control con este tipo de vehículos eléctricos.Vea el video aquí:
En Barranquilla, una convocatoria de Therian en la Plaza de La Paz causó revuelo entre decenas de personas que llegaron para ver a los humanos que dicen sentirse animales. En medio de los que llegaron con máscaras a modo de "mamadera de gallo", no faltó una animalista que dijo sentirse como una gata.En medio de la multitud, aparecieron varios con máscaras de animales, pero a diferencia de los Therian, estos solo querían "mamar gallo" con la tendencia, como el caso de David Álvarez, un joven que llevaba puesta una careta de caballo."Vine a apoyar a la gente que se identifica y por el parche. Respeto mucho esto de los Therian y si las personas son felices siendo así pues que sean felices", dijo Álvarez.En el sitio también aparecieron unos influencer que aprovecharon para grabar el supuesto enfrentamiento entre dos perros Therian. Esto causó risas entre la multitud.Pero a diferencia de estos que llegaron a mamar gallo, como se dice en la costa, en medio de la "recocha", una mujer con el rostro pintado, dijo que desde la pandemia ella siente que es una gata. "Los gatitos son portadores de buena energía. Me siento gata desde la pandemia, pero ahorita vengo a hacer portadora del mensaje de no al maltrato animal, sí a la vida", indicó Linda Heikera, animalista.